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Una región, todas las voces

Cada persona con talento es un acto de cuidado colectivo

Por
Bernardo Cañizares
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En un debate sobre el reciente cierre del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Ecuador, uno de los asistentes definió el proceso creativo como un acto colectivo de cuidado; detrás de cada talento hay una comunidad que lo sostiene, y lo acoge. Entonces, este “cuidado colectivo” se construye a partir de procesos, espacios y políticas públicas; es decir, a través de un ecosistema que nutre a estos talentos para que fructifiquen.

¿El reciente cierre del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador implica la desaparición de una institución que sostiene procesos, fomenta espacios, e impulsa políticas públicas? Sin matices, la respuesta es afirmativa. El gobierno de Daniel Noboa, como parte de sus políticas de optimización del estado, identificó de acuerdo a su criterio, que dicho Ministerio no aportaba valor añadido a la sociedad, más allá de su rol burocrático. Lo fusionó con el Ministerio de Educación, le dio un papel menor y lo ciñó a una dependencia administrativa que limita aún más su escuálido accionar.


Dicha liquidación revirtió a la institucionalidad cultural ecuatoriana, a un estadio similar al de los años 2000. Hasta la llegada de Rafael Correa, la política cultural del estado tuvo un rango subsidiario, complementado por organismos adjuntos como el Consejo Nacional de Cultura y otros “autónomos” como la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

El cierre de dicho Ministerio, fue tanto el resultado de una posición política, que Javier Milei lo identificó en su cuenta de X como un “fenómeno barrial” y ejemplo de que su política radical de achicamiento del estado se repetía en la región, así también como resultado del agotamiento del modelo que lo sostuvo.

Según el antropólogo y gestor cultural Fabián Saltos, los ministerios de Cultura en la región nacieron de una lógica afrancesada, entendidos como instituciones centrales públicas que organizan y guían el acto creativo. Pero bajo la lógica populista nacionalista del gobierno ecuatoriano de 2007 a 2017, que creó dicha institución, la estructura burocrática define en sí misma el alcance de la política pública. Es decir, lo importante es tener el Ministerio, el resto vendría por añadidura o por la misma sinergia de los eventos sociales y políticos.

Bajo esos parámetros, la institución fue una barca que, sin rumbo claro, logró subsistir por cerca de veinte años las continuas tormentas económicas de un país, cuyo abultado déficit fiscal, lo lleva periódicamente a revisar la lista de instituciones innecesarias que deben ser cortadas de tajo, o bajo la cuchilla de la motosierra.

Hay un dicho popular en Ecuador que dice: “a cada chancho, le llega su hornado”, lo que traduce en que a cada cerdo le llega su estofado, y eso fue lo que le sucedió al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los grupos más reaccionarios pidieron que muriera el mismo día de su creación, pero muchos años después finalmente fue el gobierno de Noboa quien lo degradó a Viceministerio; nuevamente dependiente del mismo Ministerio de Educación del cual inicialmente se desprendió, y con un presupuesto aún más magro.

¿Podemos decir que la razón de su democión institucional es el resultado de una visión política particular del gobierno de turno? La respuesta no es tan sencilla, y el ajuste fiscal no es la única razón. Las responsabilidades son compartidas. En un país ahogado por la violencia criminal y el desgarramiento del tejido social, dicha institución nunca ejerció ni comprendió su rol estratégico. Mientras los grupos de delincuencia organizada acechan cada aspecto de lo cotidiano, el Ministerio de Cultura debió tener un rol vital para la seguridad pública, en el mismo rango que Defensa, Interior o Gobierno; pero eso nunca ocurrió.

Desde su creación, la institución fue rehén de intereses particulares que, de acuerdo a su cercanía con el poder, manipulaban e influían sin mayor visión que el corto plazo. Se realizaban gastos para la producción de un disco del cantante popular de turno, similares al presupuesto anual de un museo local. Además, el régimen político que lo creó, con su modelo de endeudamiento compulsivo que sostuvo una falsa sensación de bienestar, lo usó como herramienta para mantener a las “hienas” que acechaban a su presa lo suficientemente contentas como para para siguieran apoyando el “proyecto”.

Su creación tuvo un trasfondo coyuntural, más que simbólico. Es decir, la institución no se originó desde la respuesta política estatal al apoyo del talento y creación artística, sino para ayudar a sostener la narrativa propagandística del nuevo país. Bajo esa lógica, lo segundo era subsidiario de lo primero.

Además, el nuevo Ministerio fungía como un ente rector en el papel, pero el devenir de las penurias económicas lo convirtió en un administrador. Administraba tarde, mal o nunca organismos adjuntos como museos, institutos u orquestas; siempre ajustado de dinero y de real capacidad transformadora.

Tercero, los fondos concursables que manejaba por medio de institutos conexos se fueron convirtiendo paulatinamente en lo más visible de la esquelética administración de turno. Fue una institución vertical y jerarquizada que tardó en adaptarse a los cambios vertiginosos propios de la creación cultural y de sus gestores, de quienes renegaba.

Finalmente, no tuvo verdadera presencia territorial y no se pudo constituir como una alternativa a instituciones culturales “independientes” de base local con financiamiento público, quienes a pesar de su decadencia y clientelismo político aún subsisten.

La desaparición de esta institución, ha pasado desapercibida para la gran mayoría, pero puede dejar grandes enseñanzas para la región. Una institución que desarrolla su gestión en el ámbito de lo creativo, debe saber adaptar su modelo de administración a la lógica de la creación artística y sus industrias; su rol primario debe ser el de disparador de procesos conceptuales que, si bien deben velar por el bienestar material de sus creadores, debe aportar a la creación de nuevas narrativas y desmitificar caducos atavismos.

Finalmente, su presencia debe ser territorial y local de manera activa para comprender que más que una institución de naturaleza social, es un organismo estratégico de seguridad. Sobre todo, debe comprender su papel en el acto de cuidado colectivo de talentos presentes y futuros.

Del beneficio privado al costo colectivo: la explotación de los recursos comunes en América Latina

Por
David Castells-Quintana
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El cambio climático ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad que marca la vida cotidiana de todos. En América Latina, los incendios en la Amazonía, las inundaciones en Centroamérica y los huracanes cada vez más intensos en el Caribe son señales claras de un problema que se agrava año tras año, mientras que el verano europeo ha marcado temperaturas récord, superando los 46 °C en España y Portugal. En 2025, la Amazonía ha perdido cientos de miles de hectáreas de bosque, un ecosistema vital no solo para la región, sino también para el equilibrio climático del planeta. La degradación de este pulmón verde evidencia que estamos frente a un recurso común cuya destrucción afecta a toda la humanidad. 

Los impactos del cambio climático, además, no se distribuyen de manera equitativa. Las poblaciones más vulnerables son quienes sufren con mayor intensidad sus consecuencias, precisamente porque carecen de infraestructura adecuada, apoyo estatal o seguros que les permitan afrontar los desastres. En México, comunidades rurales pierden cosechas enteras durante sequías prolongadas; en Perú, el retroceso de los glaciares compromete el suministro de agua para millones de personas; en Centroamérica, los temporales borran en pocas horas las inversiones de años. En este sentido, el cambio climático no solo destruye ecosistemas, sino que actúa como un amplificador de la desigualdad, profundizando la pobreza y aumentando la brecha entre quienes tienen recursos para adaptarse y quienes carecen de ellos.

 Recursos comunes y externalidades negativas

Para comprender estas dinámicas resulta útil recordar los conceptos de recursos comunes y externalidades. La biosfera, que incluye la tierra, los océanos y la atmósfera, constituye tal vez el principal recurso común del cual depende la vida humana. El problema surge cuando su uso se da de manera desregulada: cada actor actúa en función de su beneficio inmediato, pero el costo de la destrucción recae sobre la colectividad. Esta situación, descrita como “la tragedia de los recursos comunes”, se observa, por ejemplo, de manera dramática en la Amazonía, donde la tala ilegal y la expansión agrícola benefician a unos pocos en el corto plazo, mientras los costos ambientales y sociales se reparten entre comunidades locales, países vecinos y la humanidad entera.

El cambio climático puede entenderse como la mayor externalidad negativa de la historia. Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por empresas y consumidores no se reflejan en el precio de los bienes y servicios, lo que distorsiona la eficiencia del mercado. Esta desconexión entre beneficio privado y costo social genera un fallo estructural: los incentivos individuales llevan a decisiones que resultan colectivamente destructivas. Así, la explotación intensiva de recursos naturales en Bolivia o la dependencia de los combustibles fósiles en México y Venezuela no solo afectan a esos países, sino que tienen impactos regionales y globales. El clima, la biodiversidad y la seguridad alimentaria se ven comprometidos por decisiones que rara vez consideran su alcance real.

En este escenario, la intervención pública y la fortaleza institucional son indispensables. Los recursos comunes necesitan ser regulados para evitar su deterioro, y las externalidades deben ser corregidas mediante políticas públicas efectivas. A nivel local, los municipios tienen un papel clave en la protección de parques, cuerpos de agua y áreas naturales. A nivel nacional, los gobiernos están llamados a imponer impuestos ambientales, controlar la deforestación y promover incentivos a las energías limpias. Pero el cambio climático no reconoce fronteras, y por eso la cooperación internacional se vuelve esencial. Instrumentos como la Agenda 2030 o el Acuerdo de París no son meros compromisos simbólicos: representan la única vía para coordinar esfuerzos en un problema que ningún país puede resolver en soledad.

Una desigualdad estructural

Sin embargo, América Latina enfrenta condiciones particulares que complican esta tarea. La desigualdad económica, la informalidad laboral y la corrupción limitan la capacidad de muchos gobiernos para implementar políticas ambientales de largo plazo. En este contexto, la justicia económica se vuelve inseparable de la acción climática. No basta con hablar de adaptación y mitigación si no se aborda al mismo tiempo la reparación de los daños históricos que han marcado a la región, desde la concentración de tierras hasta la explotación de recursos naturales por intereses transnacionales. Las comunidades indígenas, a menudo marginadas de los procesos de decisión, son quienes han soportado gran parte de los costos ambientales y sociales. Reconocer y reparar estas injusticias es parte esencial de cualquier estrategia climática seria.

Pese a la urgencia, no faltan voces que niegan la gravedad del cambio climático o rechazan la intervención estatal. Estas posturas, comunes en sectores políticos conservadores, no sólo desprecian la evidencia científica acumulada, sino que perpetúan un modelo de desarrollo basado en beneficios inmediatos a costa del bien común. Negar la externalidad negativa de las emisiones de CO2 o rechazar acuerdos internacionales equivale a sostener un egoísmo colectivo que pone en riesgo la vida de millones de personas y compromete el futuro del planeta.

Aun así, hay experiencias alentadoras que muestran que el cambio es posible. Costa Rica, por ejemplo, ha logrado recuperar grandes extensiones de bosque gracias a políticas de conservación, incentivos económicos y programas de educación ambiental. En Chile, la apuesta por energías renovables ha transformado la matriz energética y abierto oportunidades para un crecimiento más sostenible. Estos casos demuestran que, con voluntad política y recursos suficientes, las instituciones pueden evitar la tragedia de los recursos comunes y convertir externalidades negativas en oportunidades de desarrollo justo y equitativo.

La necesidad de un compromiso colectivo

El desafío, sin embargo, exige pensar en clave regional y global. La Amazonía no pertenece solo a los países que la contienen; su importancia para el clima mundial obliga a un compromiso colectivo. Los incendios que arrasan en Brasil o Bolivia alteran patrones climáticos que repercuten en todo el continente. De la misma manera, las emisiones de un país afectan directamente a sus vecinos. En este contexto, la cooperación internacional no puede basarse únicamente en la diplomacia, sino en principios de justicia y equidad que garanticen una distribución justa de los costos y beneficios de la acción climática.

En el fondo, el cambio climático actúa como un espejo de nuestras sociedades. Refleja las desigualdades, la concentración de poder y los fallos de gobernanza, problemas que caracterizan a muchos países de nuestra región. Afrontarlo implica reconocer que los bienes comunes no son infinitos y que las externalidades negativas tienen un costo real que no puede seguir siendo ignorado. Significa también aceptar que la justicia económica y la reparación histórica no son elementos secundarios, sino pilares centrales de cualquier agenda ambiental seria.

América Latina necesita, hoy más que nunca, fortalecer sus instituciones, promover la cooperación regional y global, y asegurar políticas públicas que integren costos ambientales en la toma de decisiones. La redistribución justa de los beneficios es clave para garantizar que nadie quede excluido del derecho a un ambiente sano. Negar esta realidad no es solo un error político: es un atentado contra el futuro colectivo. Si la tragedia de los recursos comunes no se enfrenta con visión y solidaridad, corre el riesgo de convertirse en una tragedia para toda la humanidad.

El cambio climático no puede abordarse como un lujo ni como un gesto filantrópico. En América Latina, enfrentarlo es una necesidad vital para preservar la vida, reducir desigualdades y construir un futuro digno. La biosfera es un bien común que requiere de acción colectiva para su protección. Los fallos de mercado y las externalidades negativas son realidades urgentes, y la justicia económica es una condición ineludible para avanzar hacia sociedades resilientes. Ignorar estas lecciones, o ceder a los intereses cortoplacistas, solo nos condenará a repetir la tragedia de los recursos comunes en escala global, con consecuencias irreversibles para el planeta y para las generaciones futuras.

La desintoxicación política de Brasil

Por
Carlos A. Gadea
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El jueves 11 de septiembre, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado de derecho, organización criminal armada, daños agravados y daños a un edificio protegido. Esta es la primera vez que un expresidente del país es condenado por delitos contra el Estado de derecho democrático establecido por la Constitución de 1988.

La condena de Bolsonaro tuvo repercusión internacional inmediata. The New York Times se pronunció claramente al afirmar que «Brasil triunfó donde Estados Unidos fracasó». Por su parte, el periódico británico The Guardian declaró que Bolsonaro fue condenado a «27 años de prisión por liderar una conspiración criminal para anular las elecciones de 2022 y ‘aniquilar’ la democracia mediante un golpe de Estado». El mundo fue testigo del desenlace de un «golpe de Estado» que, para muchos, era previsible y esperado, pero que para muchos otros sería la materialización de un «régimen de excepción» instaurado en el país bajo el control del Poder Judicial. 

No cabe duda de que Brasil sigue estando políticamente polarizado, aunque con una disminución significativa del clima político exacerbado y tenso de hace unos meses. Las manifestaciones de apoyo a Bolsonaro se limitan cada vez más al círculo de simpatizantes convocados por las iglesias evangélicas, lideradas especialmente por el pastor Silas Malafaia. Las manifestaciones más recientes en São Paulo no superaron los 40.000 simpatizantes. De hecho, tras la condena, no hubo movilizaciones callejeras masivas en apoyo a un expresidente «injustamente tratado»; nadie salió a las puertas de los cuarteles militares, como antes, para exigir una «intervención militar». Solo los diputados federales más activos a favor de Bolsonaro recurrieron a las redes sociales para expresar su indignación, captando la atención de su «burbuja» virtual de simpatizantes. 

Es precisamente este «ambiente» político y social tras la condena del expresidente lo que nos permite reflexionar, en particular, sobre la posible necesidad de una «desintoxicación política» del país, algo de lo que se viene hablando desde 2022. En aquellos años, se hizo referencia al daño causado por la polarización política y al aumento de la intolerancia, el discurso político agresivo y la violencia política en general. El país se percibía «intoxicado» por la irracionalidad de la polarización, por la incapacidad de reflexionar en un espacio público que a veces requiere consenso y la escucha de diferentes voces. De hecho, la polarización se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad, generando conflictos y dañando amistades. 

Sin embargo, estos episodios que llevaron a la condena del expresidente Bolsonaro, cuyo corolario sería la violenta manifestación en Brasilia el 8 de enero de 2023, sugieren que la «intoxicación» política y cultural de Brasil no se limita a la polarización en las disputas electorales. Este “momento populista” se basa en una caracterización sociocultural de mediano y largo plazo que merece ser resaltada para entender la “intoxicación” actual.

No debe pasarse por alto la existencia de un legado antirrepublicano en el país, vinculado a la internalización generalizada del autoritarismo político y a una dudosa asociación de la figura social del militar, del uniformado, con los atributos del «buen ciudadano». La vida civil y democrática exige la necesaria superación de un legado sociocultural forjado por la dictadura cívico-militar de las décadas de 1960 y 1970. Fue esta dictadura la que creó términos tan recurrentes hoy en día, como «vagabundo» o «criminal», para describir a disidentes, críticos u opositores. El país ha avanzado poco en el desarrollo de una cultura política que se distancie del legado autoritario y militarista, y de todo su repertorio antidemocrático, racista y prejuicioso. 

Es importante comprender que, actualmente, Jair Bolsonaro, en la práctica, mantiene una fuerte influencia sobre el 20% del electorado, ese «núcleo duro» de simpatizantes, compuesto por individuos esencialmente conservadores que ya existían antes de su aparición pública y mediática. Bolsonaro, en realidad, no lideró un movimiento de masas amplio y organizado de derecha y extrema derecha, con una ideología y objetivos centrados en él; simplemente representó la síntesis de un proceso sociocultural supuestamente instrumentalizado por los detentadores históricos del poder económico y político. Es posible que pronto encuentren un sustituto a la altura de los nuevos desafíos históricos.

No debemos pasar por alto el papel dañino y «tóxico» que el uso de las redes sociales y la desinformación han desempeñado en el desarrollo de ideas y conceptos en una sociedad que se ha politizado rápida y frágilmente en los últimos años. Las estrategias políticas basadas en TikTok, las noticias falsas y la circulación de imágenes falsas atribuidas a orígenes dudosos han reemplazado por completo la práctica del debate y las ideas políticas, funcionando como una ficción capaz de consolidarse como verdad. Las personas han llegado a aceptar contenido falso y engañoso como válido a cambio de un firme sentido de pertenencia a un grupo social y político; contenido que explota los contrastes culturales y los consiguientes sentimientos de aversión y odio. Desintoxicar una sociedad politizada por las redes sociales virtuales sin duda requerirá un esfuerzo considerable.

Finalmente, es importante comprender que el «bolsonarismo» se compone más de frases hechas que de un sofisticado compendio de ideales políticos. Estos ideales a menudo aluden al entorno sociocultural y cotidiano que se vive en las iglesias evangélicas más influyentes del país. La referencia política a la presencia de Dios como actor político que habría elegido un líder y un grupo de ciudadanos capaces de dirigir el destino del país es un claro ejemplo de cómo la esfera pública, de hecho, posee una «matriz antisecular» en lo que respecta al debate político y la vida pública democrática. 

Más allá de la libertad de culto del país, debe reconocerse que la influencia de las iglesias evangélicas más poderosas ha estado socavando el anhelado secularismo de toda sociedad política durante décadas, «intoxicando» mentes y cuerpos con un repertorio religioso que no es necesariamente compatible con lo que se espera de una República moderna y próspera.

Por lo tanto, con Bolsonaro condenado y su arresto a punto de ser ordenado, parece estar emergiendo un nuevo entorno político. Quizás la persistente polarización no siga enmascarando una necesaria desintoxicación política del país, superando el persistente legado autoritario, pero sí incorpora el secularismo al sistema político. Simbólicamente, el arresto de Bolsonaro podría representar el fin de este legado y un paso más en la secularización de la sociedad política.

Los desafíos de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU en su 25 Aniversario

Por
Manuela Mesa
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En 2025 se cumplen 25 años de la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Este instrumento constituye un hito histórico al reconocer el papel y agencia de las mujeres como constructoras de paz. En él se subraya el impacto diferencial que los conflictos armados tienen sobre las mujeres y niñas y se señala la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en la mayoría de los conflictos armados. Además, la Resolución insta a la comunidad internacional a adoptar medidas para la prevención y protección de esas formas de violencia. El documento contó con el respaldo y el empuje de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres, que durante muchos años reivindicaron la incorporación de la perspectiva de género en la agenda internacional.

Se trata de una agenda de carácter político que ha favorecido el compromiso de numerosos gobiernos en promover la igualdad de género en contextos de conflicto y posconflicto. A lo largo de estos años, se han ido adoptando 10 resoluciones complementarias, que han profundizado en diversas dimensiones clave como la participación de las mujeres en los procesos de paz, la financiación y la rendición de cuentas.

En este marco, muchos gobiernos han elaborado Planes de Acción Nacionales (PAN) para facilitar su implementación, tanto a nivel nacional como local, y han contado con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. España se encuentra actualmente en proceso de elaboración de su III Plan de Acción y el gobierno colombiano ha elaborado recientemente su I Plan de Acción, entre otros países.

Avances alcanzados

A lo largo de estos años se han alcanzado logros importantes. En primer lugar se ha consolidado un marco normativo robusto, tanto a nivel multilateral como nacional, que promueve la prevención de las violencias, la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y de negociaciones de la paz, y la protección y socorro ante la violencia sexual y otras formas de violencia.

También se ha articulado un movimiento internacional de mujeres por la paz y la igualdad, que ha contribuido a visibilizar su “agencia” como actoras de paz. Este activismo se refleja cada año en las actividades organizadas con motivo del Debate abierto del Consejo de Seguridad sobre la Resolución 1325.

Otro logro es la implementación del uso de la resolución como herramienta de incidencia por parte de organizaciones de mujeres en contextos de conflicto. Tal es el caso de Colombia, donde las organizaciones lograron un espacio en la mesa de negociación entre las FARC y el Gobierno, o el de Liberia, donde las mujeres desempeñaron un papel central en el fin de la guerra y en la elección de Ellen Johnson-Sirleaf como primera presidenta del país.

El propio proceso de definición de la agenda por los diversos actores ha permitido abordar debates muy importantes en torno a la seguridad, la justicia de género, los vínculos entre el patriarcado y el militarismo, entre otras cuestiones.

Como afirma la coordinadora de Global Network of Women Peace Builders, Mavic Cabrera: “La resolución se ha convertido en el instrumento más fuerte y movilizador para las mujeres”. Por primera vez, el liderazgo de las mujeres se señala como clave en la construcción de la paz y es que la resolución 1325 ha dado una plataforma para globalizar las cuestiones de género. Se ha cambiado la percepción de las mujeres como víctimas de los conflictos, para percibirlas como actores de paz, ofreciéndoles herramientas concretas de acción y una plataforma regional e internacional para la acción.

Obstáculos y desafíos

A pesar de los avances, aún existen importantes obstáculos que sortear. En primero lugar, el marco normativo no ha sido suficiente para mejorar de manera sustancial la vida de las mujeres en contextos de conflicto. La impunidad de la violencia sexual persiste y la participación de las mujeres en los procesos de paz es muy reducida. Esto plantea la pregunta de si es posible construir una paz sostenible sin tener en cuenta a las mujeres.

En segundo lugar, los Planes de Acción Nacionales, si bien han permitido avanzar en la coordinación entre gobiernos y sociedad civil, presentan importantes debilidades: compromisos vagos, ausencia de presupuestos asignados y desigualdades en su alcance y efectividad. Las experiencias han sido muy desiguales, pero comparten estas limitaciones. Existe un desajuste entre los ideales declarados y la acción es una de las brechas más claras en la implementación de la agenda de MPS.

Además,la falta de institucionalización de la agenda ha provocado retrocesos ligados a cambios de gobierno o a variaciones en las prioridades políticas en materia de paz e igualdad.

En este contexto, es necesaria una mejor comprensión sobre las implicaciones de la integración de la perspectiva de género en el ámbito de la paz y la seguridad, y en particular en el diseño y desarrollo de políticas. La perspectiva de género sigue siendo percibida con frecuencia como la mera inclusión de mujeres, sin cuestionar ni transformar las estructuras de desigualdad y poder que llevan a la exclusión tanto de las mujeres.

Y es que la Resolución 1325 no cuestiona las estructuras de seguridad, que están fuertemente masculinizadas, y que se asocian a la capacidad para ganar la guerra o para hacer uso de la fuerza en lugar de actuar en la resolución pacífica de los conflictos y en la diplomacia.

En este 25 aniversario, además, emergen movimientos reaccionarios que amenazan los derechos de las mujeres y cuestionan los marcos del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil reivindican la necesidad de proteger los derechos de las mujeres en su conjunto, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la participación plena en la vida política y pública, y el derecho a vivir libres de toda forma de violencia.

Del mismo modo, exigen promover el desarme y la reducción de los gastos militares, así como detener la transferencia de armas cuando exista riesgo de su uso para cometer violencia de género, crímenes de guerra o violaciones graves de derechos humanos, de conformidad con el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).

Conclusión

Como ha señalado el NGO-Working Group para la Agenda de MPS, persisten la falta de voluntad política, las limitaciones propias del Consejo de Seguridad, la escasez de recursos financieros y, sobre todo, el bajo impacto en la vida cotidiana de las mujeres en zonas de conflicto.

El papel de la sociedad civil continúa siendo indispensable: fue el motor que impulsó la adopción de la Resolución 1325, ha mantenido viva su agenda a lo largo de estos años y sigue exigiendo rendición de cuentas, financiación y resultados tangibles. Sin esta presión, la resolución corre el riesgo de vaciarse de contenido.

En un contexto de retrocesos y amenazas a los derechos humanos, defender y revitalizar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es hoy más importante que nunca.

El auge evangélico se modera: el Censo de 2022 muestra un Brasil más plural y menos predecible 

Por
Nelson Lellis  |   Roberto Dutra   |   Wania Mesquita
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El Censo de 2022 ofrece una imagen precisa de cómo ha cambiado el panorama religioso en Brasil durante la última década. Si bien la mayoría de la población continúa identificándose como católica, la proporción de creyentes ha vuelto a caer significativamente, lo que confirma una tendencia continua de pérdida de dominio. Los evangélicos, por su parte, siguen creciendo, pero a un ritmo más lento de lo que algunos analistas proyectaban. Al mismo tiempo, tanto el número de ciudadanos que se declaran sin religión como el de seguidores de religiones afrobrasileñas están creciendo, lo que refuerza la idea de un Brasil cada vez más plural en términos de fe.

En comparación con 2010, el catolicismo perdió varios puntos porcentuales y ahora representa poco más de la mitad de la población. Los movimientos espiritistas también disminuyeron ligeramente. Por otro lado, aumentó el número de evangélicos, al igual que el de seguidores de religiones afrobrasileñas, que registró un crecimiento significativo, y el de quienes se declaran apátridas, que ya supera el 9% de los brasileños. Si bien las cifras absolutas son importantes, el aspecto más interesante reside en la dinámica de estos cambios: ya no es posible hablar de un único proceso de sustitución religiosa, sino de una progresiva diversificación del panorama religioso brasileño.

Estos resultados refutan la tesis del demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, de la Universidad Federal de Minas Gerais, quien proyectó que los evangélicos serían mayoría para la década de 2030. Para Alves, el descenso constante de los católicos y el rápido crecimiento de los evangélicos harían inevitable este escenario. Sin embargo, la realidad reveló un panorama más complejo. Como ha argumentado el sociólogo Paul Freston, de la Universidad Federal de São Carlos, en diversas encuestas, es improbable que los católicos desciendan por debajo del 40% de la población, y los evangélicos nunca superarán el 35%. La idea de una transición lineal hacia una mayoría evangélica ignora la naturaleza reflexiva y activa de las dinámicas sociorreligiosas: los actores no son meros receptores de tendencias, sino que reaccionan y adaptan sus prácticas, alterando el curso de las proyecciones.

Más allá de las cifras, lo que el Censo confirma es que la religión en Brasil está en un proceso de reconstitución, con profundas consecuencias políticas y sociales. El segmento evangélico, incluso sin alcanzar la mayoría, ha consolidado una considerable influencia política. El Frente Parlamentario Evangélico (FPE), también conocido como el «Caucus Bíblico», es considerado por analistas como la socióloga Christina Vital —en artículos publicados en O Globo— como uno de los grupos más cohesionados e influyentes del Congreso Nacional. Su agenda conservadora ha marcado debates clave sobre educación, familia, derechos reproductivos y políticas públicas en los últimos años. Magali Cunha, en un análisis publicado en Carta Capital, coincide en que este grupo parlamentario puede influir más allá de la proporción demográfica de evangélicos, gracias a su capacidad organizativa y presencia territorial.

El Censo también proporciona datos reveladores sobre la composición interna de las comunidades religiosas. Las religiones afrobrasileñas, históricamente vinculadas a la población negra, han atraído a un número creciente de creyentes blancos en la última década, prácticamente triplicándose entre 2010 y 2022. Por otro lado, se ha observado un aumento de la población negra en las iglesias evangélicas, lo que indica una mayor movilidad y permeabilidad entre las diferentes tradiciones religiosas. Estas intersecciones mitigan la idea de bloques rígidos y homogéneos, mostrando en cambio un campo religioso dinámico y en constante cambio.

El perfil educativo de los evangélicos también ilustra el alcance social de este grupo. Si bien se ha observado un aumento en los niveles de educación secundaria y superior incompleta, los evangélicos siguen teniendo una presencia destacada entre los sectores con bajos niveles de educación. Esto los conecta estrechamente con las poblaciones más vulnerables, donde su influencia se extiende más allá de lo espiritual. Abrir una iglesia en Brasil es un proceso sencillo: solo en 2019, se abrieron más de 6300 nuevas iglesias evangélicas, lo que equivale aproximadamente a 17 iglesias al día. Esta expansión territorial permite a muchas congregaciones ofrecer no solo servicios religiosos, sino también asistencia social: distribución de canastas de alimentos, tutorías, asesoría legal y apoyo profesional. El lenguaje sencillo y directo de los pastores también facilita la comunicación con comunidades con bajo nivel educativo, reforzando el sentido de pertenencia y apoyo.

Sin embargo, esta proximidad también genera paradojas. Si bien las iglesias prometen prosperidad y crecimiento personal, en muchos casos funcionan como espacios donde la ausencia de políticas públicas se compensa con discursos de resiliencia y aceptación. La promesa de «conformarse con lo que se tiene» reemplaza parcialmente las demandas de transformaciones sociales más estructurales. Este fenómeno ayuda a comprender por qué los evangélicos mantienen una base sólida entre los sectores populares, incluso cuando sus condiciones de vida no mejoran sustancialmente.

Al mismo tiempo, otra categoría está cobrando prominencia: los no religiosos. Su crecimiento constante, aunque menos espectacular que el de los evangélicos en décadas pasadas, refleja transformaciones culturales más amplias. Para la economista Deborah Bizarria, en una columna publicada en Folha de S. Paulo, este grupo no solo cuestiona la tesis de una «explosión evangélica», sino que también introduce nuevas variables en el análisis económico y social. Los no religiosos influyen en el mercado de consumo y en las dinámicas culturales, obligando a repensar la relación entre religión, economía y política en el Brasil contemporáneo. El panorama que emerge del Censo es, por lo tanto, el de un país menos homogéneo y más pluralista en términos religiosos. La hegemonía católica continúa en declive, pero sin desaparecer; el evangelicalismo mantiene su influencia y poder político, aunque su crecimiento ha perdido el impulso que lo proyectaba como una mayoría inevitable; las religiones afrobrasileñas demuestran vitalidad y atractivo más allá de sus bases históricas; y las religiones no religiosas avanzan de forma constante, transformando el panorama.

Brasil se convierte así en un laboratorio donde la religión, la política y la economía se entrelazan cada vez más. La «explosión evangélica» no se ha materializado en los términos que algunos anticipaban, pero el pluralismo religioso ya es una realidad ineludible. Y en este pluralismo reside, quizás, la clave para comprender las tensiones y posibilidades del Brasil del futuro.

Las sombras de la soberanía en México

Por
Ernesto Hernández Norzagaray
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En México, la soberanía se defiende en conferencias de prensa, pero también se erosiona en los silencios del poder. 

Así, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum habla de “cooperación con Estados Unidos bajo el respeto a nuestra soberanía”, Ismael El Mayo Zambada —invisible para el Estado, al contrario de lo que representa—pone su propio sello desde la Corte de Justicia de Brooklyn. Y es que el capo más longevo del Cártel de Sinaloa hasta su secuestro y extradición volvió a aparecer con declaraciones que, más que confesiones, son recordatorios del poder establecido. 

Su sola palabra —dada en la penumbra, nunca bajo los reflectores— pesa mediática y simbólicamente como la de un presidente en turno. Mientras Sheinbaum insiste en que la relación con Washington tiene límites claros, El Mayo lanza un mensaje entre líneas: lo que él representa sigue marcando el rumbo.

La paradoja es brutal. La presidenta habla de soberanía frente a Estados Unidos, pero en la práctica el gobierno mexicano camina con pies de plomo. La DEA sigue investigando, el Departamento del Tesoro congela cuentas y los fiscales federales esperan la pieza adecuada para exhibir las complicidades. México coopera, sí, pero solo hasta donde el equilibrio político interno lo permite.

El caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y actualmente purgando una condena en Estados Unidos, dejó una lección: Washington puede derrumbar narrativas enteras si decide sentar a un funcionario mexicano en el banquillo de los acusados. 

Por eso, cuando 55 capos son entregados con expedientes que rozan a políticos activos —sobre todo de Morena—, se diluye la retórica del respeto mutuo. La línea roja es evidente: no tocar a los narcos políticos aliados del régimen, al menos mientras la Casa Blanca no lo exija.

Pero la soberanía, esa palabra tan repetida, luce cada vez más desgastada. En los territorios del norte y del sur, en las ciudades fronterizas y en las comunidades del Pacífico, quien decide no es el gobierno federal, sino el crimen organizado. 

En Washington los expedientes sobre México son usados como fichas de negociación migratoria y comercial. Así, el discurso oficial sobre la soberanía se queda en un eslogan que no alcanza a tapar ni la injerencia ni el vacío de poder.

Las declaraciones de El Mayo y de Sheinbaum, vistas en paralelo, dibujan una verdad incómoda: en México la soberanía no está en Palacio Nacional, sino repartida entre tres fuerzas. 

La primera es el Estado mexicano, que habla con voz de diplomacia para las clientelas políticas; la segunda es el crimen organizado, que habla desde la clandestinidad y actúa abiertamente sembrando terror; y la tercera es Estados Unidos, que no necesita hablar mucho porque acumula información y la utiliza como arma política para presionar un día sí y otro también, como todo indica que sucedió con la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional.

En ese tablero, Sheinbaum juega con márgenes estrechos de operación política. Puede repetir insistentemente que la cooperación con Washington tiene límites, pero sabe que esos límites se corren al ritmo de las presiones de la Casa Blanca. 

El Mayo Zambada, en cambio, no necesita hacer precisiones: con unas cuantas palabras deja claro que ese poder paralelo sigue ahí, tan presente y tan activo como las limitaciones del propio Estado mexicano.

Y así, la soberanía mexicana se ha vuelto un campo de sombras: proclamada en el discurso reiterativo de Palacio Nacional, disputada en los territorios controlados por los cárteles que saben dónde radica su fuerza y condicionada desde las salas de la Casa Blanca, las agencias de seguridad, los medios de comunicación y los tribunales estadounidenses.

La presidenta Sheinbaum no se sale del guión de sus asesores y proclama, unas veces con vehemencia y otras con tribulación, la defensa de la soberanía nacional. Mantiene el discurso de López Obrador de “respeto mutuo” y “no-intervención” pero sabe que su margen de operación política es estrecho. 

Washington no necesita imponer hasta ahora la fuerza militar; le basta insinuar que hay expedientes abiertos contra políticos para que Sheinbaum ceda en los temas de interés estadounidense y, ante esto, el gobierno ajusta su narrativa para no desatar tormentas.

El Mayo representa simbólicamente la otra sombra. Se sabe que sigue siendo un actor de poder, y lo dice cuando declara ante la Corte de Brooklyn que para operar en su larga carrera dio dinero a “policías, militares y políticos” hasta su secuestro y extradición. 

Recordemos únicamente que traía como guardia de su seguridad a un agente de la fiscalía sinaloense. Esta sombra del crimen no solo cubre territorios enteros sino, también, esferas de poder donde están al acecho los narcopolíticos, esas figuras híbridas que no responden al partido en el poder, ni al gobierno, sino al financiamiento y protección de los cárteles. 

Y así, cuando la presidenta Sheinbaum habla de soberanía, esa sombra se filtra. Como declaró lapidariamente Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, en una entrevista off the record con el periodista Salvador García Soto: “No nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos… Fui a pedirles el apoyo”.

Finalmente, como decíamos, Estados Unidos no necesita desplegar fuerzas militares en territorio mexicano para marcar límites: le bastan sus tribunales. Esta sombra opera como un recordatorio permanente: el gobierno mexicano puede hablar de soberanía, pero la justicia estadounidense se reserva el derecho de exhibir lo que en México se calla para conservar los equilibrios. 

Las sombras se superponen y la soberanía mexicana ya no es una luz clara, sino una penumbra. El Estado se sostiene en un discurso desgastado, el crimen en el control del territorio y Estados Unidos en los expedientes judiciales. Y ahí, en medio de las sombras que dialogan, chocan y pactan, la ciudadanía está atrapada.

En definitiva, por ahora México no vive bajo una soberanía plena, sino en campos de sombras donde todos se ocultan, todos se protegen y todos, en silencio, se necesitan.

Javier Milei y los límites del antagonismo permanente en política

Por
Hernán Pablo Toppi
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Javier Milei llegó a la presidencia argentina no solo como un “outsider” sino también a partir de un discurso “antiestablishment” frente al conjunto de la “casta política”. Esto le permitía mostrarse (inicialmente) como un referente que presentaba una “doble” novedad a la sociedad argentina: venía de afuera de la política y se insertaba en el terreno político por fuera de los partidos tradicionales. Era algo nuevo, distinto, incluso disruptivo. 

Rápidamente Milei logró cosechar expectativas electorales gracias a la existencia de la coyuntura más favorable para perfiles de este estilo: una crisis (política y económica), escenario perfecto para la proliferación del “voto bronca”.

Ahora bien, una cosa es construir un discurso “antiestablishment político” desde el cual mostrarse totalmente diferente al mismo, y otra cosa es sostenerlo en la práctica y desde el gobierno de una democracia. Esto puede suceder únicamente en escenarios de mayoría propia, sin requerimiento de consensos políticos con otros partidos. Este no ha sido el escenario con el que se ha encontrado Milei desde que llegó a la presidencia. Su gobierno ha sido y es minoritario (carece de mayoría en las dos cámaras del Congreso Nacional).

El resultado de lo anterior es que, tarde o temprano, el estilo confrontativo del actual gobierno argentino encontraría mayores resistencias. La pregunta era cuándo. 

Popularidad como salvaguarda a la minoría

La llegada de la Libertad Avanza y de Milei al gobierno en 2023 sucedió en un contexto de minoría en todos los niveles políticos (sin gobernadores y minoritario en el Congreso), pero de alta popularidad (ha llegado a estar entre los gobernantes de mayor popularidad en el mundo). 

Esta popularidad se construiría gracias a la impopularidad y desorden de la oposición, pero también a los logros “macroeconómicos” (bajada de inflación y pobreza). Como se suele plantear en la literatura, la ausencia de coordinación de la oposición y la popularidad del gobernante incrementan los costos de oposición. 

Estos dos factores le permitieron en el primer año de su gobierno cosechar respaldo subnacional de los gobiernos provinciales (incluso algunos peronistas) y en parte de la oposición (dialoguista, fundamentalmente el PRO) para aprobar algunas de las reformas que promovía (Ley Bases, por ejemplo) y sostener vetos ante proyectos aprobados en el Congreso y que rechazaba bajo el relato del déficit cero (como el presupuesto universitario o el aumento de las jubilaciones). 

En cierto modo, estos logros también han sido fruto de una “adaptación contextual a medias” del mileísmo en línea con lo que se decía arriba: el discurso “nosotros versus ellos”, propio de la lógica “antiestablishment”, era imposible de sostener con toda la oposición en un contexto de minoría en el gobierno. Desde la “tabula rasa” post primera vuelta electoral, el mileísmo acudió por momentos a la negociación.

No obstante, dicha negociación periódica (propia de la realpolitik) con gobernadores y parte de la oposición ha coexistido con un discurso públicamente y en redes que ha seguido siendo antagónico (incluso muchas veces con aquellos actores con los que buscaba acuerdos). Por supuesto esto fue aún más notorio con quienes han planteado reparos o críticas al modelo. Los perfiles “opositores” han sido muy variados: personas de la cultura, jubilados, universitarios, medios de comunicación, personal de la salud, diputados y senadores (que no votan como el gobierno quiere) en general y los kirchneristas en particular, incluso los discapacitados. Todos estos actores no serían parte de los “argentinos de bien”. Son el “ellos”, básicamente.

El problema: nada es eterno 

La “popularidad” del discurso disruptivo y chocante (insultante respecto a los diversos sectores que mostraban algún grado de cuestionamiento) ha comenzado a mostrar desgaste y cansancio. El “ya no voy a insultar” de Milei sería una muestra inicial del reconocimiento oficial de esta situación. De acuerdo con el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, la administración de Milei se encontraría actualmente en el nivel más bajo de aprobación desde el inicio de su mandato. 

Sumado a este desgaste, se han sucedido una serie de eventos que atentan contra la popularidad del gobierno y su discurso “novedoso”. Los logros macroeconómicos (bajada de inflación, por ejemplo) no se transforman en beneficios microeconómicos (los ingresos, así como el consumo, están mayoritariamente aplanados). También han aparecido denuncias de corrupción contra integrantes del gobierno que afectan a una de las banderas básicas de la Libertad Avanza: que eran diferentes de las élites previas (ligadas popularmente y jurídicamente a delitos de ese estilo). El “nosotros versus ellos”, así, se devalúa.  

En otras palabras, los límites de los resultados económicos alcanzados, el desgaste del discurso chocante y las denuncias de corrupción evaporan el carácter novedoso del sector político que actualmente gobierna en la Argentina. Esta situación demostraría una cuestión central en la política contemporánea mundial: el clivaje establishment-antiestablishment es tan volátil y de corto plazo como el personalismo político.

El desafío creciente: Congreso, gobernadores y votos

Si el razonamiento es correcto, esta situación debería tener una serie de consecuencias varias: la pérdida de popularidad incrementaría la probabilidad de desafíos hasta ahora paralizados (una muestra de ello es lo que ha sucedido en el Congreso con el veto a la ley de discapacidad, la aprobación de la ley de presupuesto universitario); incrementaría las dudas y desafíos en hasta ahora aliados internos (se han incrementado los desafíos desde los gobernadores, a tal punto que han comenzado a coordinar una alternativa electoral federal propia) y externos (el mercado ha mostrado tensiones en estas últimas semanas respecto al dólar, por ejemplo), y debería tener impacto negativo en el respaldo electoral (lo sucedido en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires así lo demuestra).

El gobierno de Milei es hoy más débil que cuando llegó al poder. Su discurso se debilitó y su capacidad de imposición respecto al “ellos” también tiene hoy menor capacidad de evitar las resistencias que actualmente se observan. Esta situación, entonces, demuestra otra de las debilidades del antagonismo permanente en democracia: el nosotros versus ellos es “difícil” de sostener en un escenario de fragmentación política, e “imposible” en uno de pérdida de popularidad. 

¿Significa esto que el gobierno de Milei está terminado? Para nada, más cuando le quedan dos años de mandato. Sí creo que la evidencia actual nos permite señalar que el estilo de gobierno llevado hasta este momento ha encontrado sus límites de vigencia. Exige una adaptación congruente con la relación de fuerzas existente en la Argentina actual. Menos insultos y “juego de la gallina”; más acuerdos en una Argentina federal y fragmentada.

Estados Unidos o el olvidado arte de negociar

Por
Jeffery A Tobin   |   Adam Ratzlaff
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En La historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides escribió: “Los fuertes hacen lo que quieren, y los débiles sufren lo que deben”. Durante mucho tiempo la política exterior estadounidense ha interiorizado este ethos, especialmente en el trato con estados menos poderosos. Sin embargo, la observación de Tucídides pasa por alto una realidad definitoria de la diplomacia moderna: que la política interna condiciona a todo el mundo. Los líderes deben lidiar con sentimientos nacionalistas complejos y exigencias de legitimidad. 

Por esta razón, cuando los responsables políticos estadounidenses ignoran esos límites, sus iniciativas fracasan. Y, lo que es peor, provocan consecuencias no deseadas que terminan socavando los intereses estadounidenses a largo plazo. La administración Trump ha ofrecido varios ejemplos de manual de este patrón autodestructivo. En lugar de forzar concesiones, las acciones de Trump generaron més resistencia y alimentaron las reacciones contra Washington. Una diplomacia eficaz requiere más que dominar o cerrar acuerdos: requiere comprender que los líderes operan dentro de limitaciones que no pueden ignorarse. Requiere reconocer cuándo la opinión pública castigará una concesión. Estados Unidos sigue siendo el actor más poderoso del hemisferio, pero la fuerza sin empatía no es estrategia. Es provocación.

Canadá y el fortalecimiento de los liberales

La retórica y las tácticas de Trump hacia Canadá muestran cómo interpretar mal la política interna de un aliado puede volverse en tu contra. Aprovechando los bajos índices de popularidad del primer ministro Justin Trudeau, Trump impuso aranceles masivos, supuestamente para reducir los déficits comerciales y exigir un control más estricto en la frontera de la inmigración y el tráfico de fentanilo.

Canadá respondió con rapidez. En represalia, Trudeau anunció aranceles sobre unos 30.000 millones de dólares en productos estadounidenses. Inicialmente se había planeado más, pero la repetida sugerencia de Trump de que Canadá debería convertirse en el “estado 51” cruzó la línea entre la fanfarronería y la ofensa. Los canadienses lanzaron un boicot generalizado a los productos y viajes estadounidenses, y más del 90% apoyó reducir la dependencia económica del país vecino. Además, trasladaron su rechazo a Trump en las urnas, y Mark Carney, del Partido Liberal, ganó unas elecciones que meses antes parecían una victoria prácticamente segura del Partido Conservador. Al asumir el cargo, Carney buscó diversificar la economía canadiense para reducir la dependencia de Estados Unidos fomentando tanto reformes internas como alianzas internacionales.

Los responsables políticos estadounidenses no previeron la reacción política que se generaría en Canadá. Lo que Trump percibía como una palanca de presión termino provocando un rechazo interno y reforzó la determinación de los canadienses. El resultado: una polarización más profunda y menos influencia de Estados Unidos.

Reavivando el orgullo nacionalista en Brasil

Más al sur, Trump está cometiendo el mismo error de cálculo. Mientras los tribunales brasileños lidian con las consecuencias del fallido intento de destituir al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por parte de seguidores de Jair Bolsonaro —un episodio con sorprendentes similitudes con la insurrección del 6 de enero en Estados Unidos—, Trump impuso aranceles a las importaciones brasileñas y sancionó a Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil. El presidente estadounidense presentó estas medidas como respuesta a lo que él calificó de “caza de brujas políticamente motivada” contra Bolsonaro.

Esto desató un fuerte aumento del sentimiento nacionalista en Brasil. Lula rechazó las medidas de Trump y las calificó de violaciones a la soberanía del país. Brasil presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio y activó su nueva “Ley de Reciprocidad Comercial” para anunciar aranceles de represalia. La Suprema Corte se comprometió públicamente a resistir cualquier injerencia de Estados Unidos, y los líderes brasileños subrayaron repetidamente que ninguna presión de Washington los haría ceder en los procesos legales internos.

Lejos de aislar al gobierno, la agresiva postura de Trump terminó reforzando la popularidad de Lula: el presidente brasileño se posicionó como un defensor pragmático de la democracia y del orgullo nacional, lo que hizo crecer notablemente sus índices de aprobación. Incluso algunos líderes empresariales, pese a las dificultades que los aranceles suponían para sus exportaciones, anunciaron públicamente su respaldo a la postura de Lula.

Panamá y el riesgo de ir demasiado lejos

La insistencia de Trump en la “recuperación” por parte de Estados Unidos del Canal de Panamá ha provocado rechazo y podría debilitar aún más la estabilidad regional. Si bien es cierto que Estados Unidos apoyó la independencia panameña —principalmente a cambio de concesiones para lo que se convertiría en la Zona del Canal— y construyó el Canal de Panamá, la intervención estadounidense es desde hace mucho tiempo un punto conflictivo en las relaciones regionales.

Trump compartió su intención de “recuperar” el Canal de Panamá antes de asumir la presidencia, un gesto que provocó rechazo no solo en Panamá, sino en toda la región. Por su parte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, se ha visto obligado a hacer equilibrios entre las presiones geopolíticas y locales. Aunque ya había hecho pasos para reexaminar la relación con China, la administración Trump exigió que Mulino hiciera más para contrarrestar la actividad económica del país asiático. Como respuesta, Mulino hizo concesiones inmediatas a Washington: salir de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, firmar un acuerdo de seguridad que otorga acceso a las tropas estadounidenses en instalaciones panameñas y supervisar a los operadores portuarios vinculados a Pekín. 

Si bien estos movimientos muestran alineamiento con la agenda hemisférica de Trump, el apoyo político con el que cuenta Mulino se está erosionando, y la resistencia social está aumentando. Mulino asumió el cargo con un mandato basado en parte en distanciar a Panamá de China, pero la presión de Estados Unidos está socavando su capital político. En la Ciudad de Panamá se produjeron protestas masivas tras el pacto de seguridad con Estados Unidos, descrito por los críticos como una “invasión camuflada”.

Los riesgos de ignorar las políticas de otros Estados

No se trata solo de un problema de Trump. A lo largo de distintas administraciones, tanto demócratas como republicanas, la política exterior hacia el hemisferio occidental ha tendido a reducir las relaciones a instrumentos de presión o negociaciones a corto plazo. La administración Biden, si bien retóricamente estaba más comprometida con las normas democráticas, se apoyó en un discurso securitizado sobre la migración y en acercamientos a regímenes cuya legitimidad era cuestionada. Las inconsistencias en el tono y un énfasis excesivo en contrarrestar a China no hicieron sino profundizar el escepticismo.

Tanto el gobierno de Biden como el de Trump exageraron gravemente los riesgos que representaba China, sin ofrecer alternativas viables. Biden habló de “competencia controlada” y de la formación de coaliciones, pero esas declaraciones no se tradujeron en inversiones significativas ni en iniciativas de poder blando en la región. Washington suele plantear dilemas simples: o se está con Estados Unidos o se está con China, no hay más opción. Sin embargo, muchos países latinoamericanos han buscado un camino más pragmático manteniendo relaciones con ambas potencias en lugar de ceder ante la presión estadounidense.

Cuando los responsables políticos estadounidenses asumen que la fuerza garantiza obediencia, pasan por alto los incentivos políticos que enfrentan sus homólogos. La diplomacia estadounidense  hacia el hemisferio tiende con demasiada frecuencia a tratar a los líderes como agentes dóciles, y no como autoridades electas que responden a un electorado nacional sólido. Esta lectura equivocada no alimenta la cooperación, sino la resistencia.

Conclusión

Las acciones de la administración Trump ponen de relieve un dilema estratégico: Washington sigue interpretando la región a través de la lógica de la coerción, subestimando la profundidad con la que las dinámicas políticas locales determinan los resultados. La postura agresiva de Trump demuestra que la fuerza por sí sola no genera cooperación; provoca resistencia, fortalece las narrativas nacionalistas y socava la influencia a largo plazo. Aunque Estados Unidos aún ostenta un poder inigualable en el hemisferio, el poder sin comprensión pierde legitimidad rápidamente. Para forjar resultados sostenibles en las Américas, Washington debe reaprender el arte de negociar, fundamentado en la conciencia política y la estrategia a largo plazo, y no únicamente en el poder transaccional.

América Latina atrapada en la trampa de los recursos

Por
José Luis Sampietro Saquicela
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América Latina sigue atrapada en un modelo económico que la condena a depender de la exportación de productos primarios. Mientras China, Estados Unidos y la Unión Europea sostienen su desarrollo sobre manufacturas de alto valor agregado, innovación tecnológica y servicios, nuestra región continúa vendiendo petróleo, cobre, soya, café y minerales como si el tiempo no pasara. Más de la mitad de nuestras exportaciones son materias primas, con escasa transformación local. Y aunque hay excepciones, como México en el sector automotriz o Brasil con la industria aeronáutica, el patrón regional es claro, vivimos de lo que la tierra y el subsuelo nos dan, pero no de lo que nuestras universidades y centros de innovación logran construir.

Este rezago no es casualidad, sino consecuencia directa de un sistema educativo que no responde a las necesidades del siglo XXI, de una inversión pública insuficiente y de una visión de desarrollo que nunca priorizó el conocimiento como motor central. Según datos de la UNESCO, América Latina invierte en promedio 4,3 % del PIB en educación, muy por debajo del 6 % recomendado. Países como Haití apenas alcanzan 1,2 %, mientras otros como Bolivia se acercan al 8 %, pero con serias deficiencias de calidad. La consecuencia es que casi un tercio de los adolescentes no completa la secundaria y que, entre los más pobres, las probabilidades de terminar la escuela se reducen drásticamente. Es decir, formamos sociedades donde la educación sigue siendo un privilegio y no un derecho efectivo.

Una región que educa mal, que abandona a sus jóvenes en el camino y que no conecta universidades con industrias, está destinada a ser proveedora de materias primas. No sorprende entonces que nuestra productividad laboral esté estancada, que el 70 % de la fuerza de trabajo sobreviva en la informalidad y que el empleo formal con proyección sea escaso. Según el Banco Mundial, casi el 30 % de las empresas en América Latina no puede crecer por falta de trabajadores calificados. Esa carencia es la consecuencia de un sistema que nunca se modernizó ni entendió que el desarrollo del capital humano es la única vía para competir en un mundo donde la innovación manda.

El problema se agrava con la fuga de cerebros. Cuando se logra formar a un profesional de excelencia, las oportunidades en la región son tan limitadas que el talento emigra. Estados Unidos, Europa y, más recientemente, China se convierten en receptores de científicos, ingenieros, médicos e investigadores latinoamericanos. Basta ver lo ocurrido en Venezuela, en donde según estudios recientes, una proporción considerable de los migrantes venezolanos cuenta con educación universitaria o posgrado; por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo señala, que más de la mitad de quienes emigraron de Venezuela tiene educación universitaria o de posgrado. Una fuga de talento que dejó hospitales sin médicos, universidades sin profesores y empresas sin ingenieros.

Si bien Venezuela es un caso extremo, el patrón se repite en países como Argentina, Perú o Colombia, donde la migración calificada supera el 10 % de los profesionales formados. Exportamos petróleo y cobre, pero también exportamos cerebros, y en ambos casos el valor agregado lo capturan otros.

Esta combinación de baja educación de calidad, fuga de talento y falta de inversión en investigación impacta directamente en el empleo. No es coincidencia que la región tenga tasas persistentes de pobreza, incluso en ciclos de bonanza de precios. Y es que los empleos que se generan en sectores extractivos o agrícolas suelen ser inestables, mal pagados y con escasas oportunidades de crecimiento. Al no diversificar hacia industrias más complejas, dejamos a millones de trabajadores atrapados en actividades de bajo valor.

Mientras que América Latina envía al mundo barcos de soya, mineral de hierro, cobre o petróleo crudo, China exporta más del 90 % en manufacturas, como electrónica, maquinaria, textiles, productos químicos. La Unión Europea supera el 70 % en manufacturas de alto valor, con industrias como la farmacéutica, la automotriz o la aeronáutica. Estados Unidos, además de exportar manufacturas, se ha convertido en el gran exportador de servicios tecnológicos y financieros.

La dependencia de productos primarios no solo nos hace más pobres, sino más vulnerables. Somos rehenes de ciclos de materias primas que no controlamos. En cambio, quienes apuestan por la innovación y la manufactura generan resiliencia, pues su valor no depende del clima o de un conflicto geopolítico, sino de la capacidad de sus industrias y su gente.

¿Podemos salir de este ciclo?

Sí, pero no será rápido. Los ejemplos internacionales muestran que un proceso de transformación productiva basado en educación e innovación requiere al menos una década sostenida de inversión. Para empezar, América Latina debería aumentar su gasto educativo al 6 % del PIB, mejorar la calidad docente, reducir la deserción y vincular mucho más la universidad con la empresa. Al mismo tiempo, se necesita destinar mayores recursos a investigación y desarrollo. Hoy apenas invertimos 0,7 % del PIB en I+D, mientras la OCDE invierte en promedio 2,4 %.

Superar la dependencia primaria implica también políticas de retención y retorno de talento. No basta con formar profesionales, hay que darles oportunidades reales para que investiguen, creen empresas o lideren industrias desde aquí. Algunos países del Este de Europa lograron revertir la fuga de cerebros cuando empezaron a generar entornos competitivos, infraestructura de calidad y apoyo al emprendimiento. América Latina debería aprender de esas experiencias. El camino no es fácil, pero es inevitable.

Invertir en educación, ciencia y tecnología no es un lujo, es una urgencia. Y aunque los resultados cuantitativos no serán inmediatos, un compromiso sostenido durante una generación podría cambiar el destino de la región.

América Latina no carece de talento ni de recursos, pero si de visión. Mientras no entendamos que el petróleo y el litio valen menos que una patente, que una tonelada de cobre genera menos riqueza que un software, y que un campo de soya nunca reemplazará a un centro de innovación, seguiremos condenados a vivir del pasado. La historia no se cambia sola, se cambia con decisión política. Solo así dejaremos de ser exportadores de materias primas y de cerebros, para ser finalmente exportadores de conocimiento.

Entre el palacio y el banquillo: política y justicia en América Latina

Por
Ángel Arellano
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La historia política de América Latina está marcada por una constante tensión entre el poder y la justicia. Desde los años 70 hasta hoy, decenas de expresidentes han enfrentado procesos judiciales por delitos que van desde corrupción y fraude hasta violaciones de derechos humanos. Esta realidad no solo refleja una debilidad institucional crónica, sino también una cultura política que ha normalizado el abuso de poder.

Veinticinco expresidentes latinoamericanos han sido sometidos a procesos judiciales entre 1970 y 2025 categorizados como corrupción, lavado de dinero, conspiración, entre otros. La tabla que registra estos incidentes es un testimonio contundente del problema.

Hay nombres como Evo Morales (Bolivia), Álvaro Uribe (Colombia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Rafael Correa (Ecuador) y Ricardo Martinelli (Panamá). Todos estuvieron involucrados en procesos judiciales que sacudieron sus países. Algunos fueron condenados, otros investigados, y unos pocos absueltos. Pero el patrón es claro: el poder presidencial en América Latina ha sido, con demasiada frecuencia, una plataforma para el enriquecimiento personal, la manipulación institucional y la impunidad.

La justicia llega tarde, pero llega

Uno de los aspectos más llamativos de esta lista es que muchos de los procesos judiciales se inician una vez que los mandatarios dejan el poder. Esto revela una justicia que parece débil durante el ejercicio presidencial pero que se activa cuando el poder político se desvanece. Es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por administración fraudulenta, y de Álvaro Uribe, quien enfrenta prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. En otros casos, como el de Lula da Silva, la condena fue anulada por irregularidades procesales, lo que plantea dudas sobre la independencia judicial.

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Por un lado, muestra que la justicia puede funcionar, aunque con lentitud. Por otro, evidencia que los sistemas judiciales están expuestos a presiones políticas, lo que mina la confianza ciudadana en las instituciones. La percepción de que los poderosos solo enfrentan consecuencias cuando ya no tienen poder es corrosiva para la democracia.

¿Más de lo mismo?

En 2025, América Latina sigue enfrentando escándalos de corrupción y crisis institucionales. Por ejemplo, en Guatemala, el Ministerio Público es acusado de perseguir a jueces y fiscales independientes. En Perú, la inestabilidad política ha llevado a la sucesión de varios presidentes en pocos años, muchos de ellos investigados por corrupción. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por el uso político de la fiscalía general. Y en Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 dejó al descubierto los vínculos entre política y crimen organizado.

Estos hechos actuales confirman que la relación entre política y justicia sigue siendo conflictiva. La impunidad, la manipulación judicial y la falta de transparencia continúan siendo obstáculos para el fortalecimiento democrático. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, reclama cambios profundos que permitan construir instituciones sólidas y confiables.

¿Cómo enfrentar el problema?

La producción de recetas para luchar contra la fragilidad institucional latinoamericana no es cosa nueva. En la región, han proliferado procesos de reforma estatal y se han firmado cientos de convenios con agencias internacionales y otros gobiernos para mejorar las capacidades de los estados. Sin embargo, es evidente que las tareas pendientes son muchas.

Es necesario fortalecer la independencia judicial y garantizar que los jueces y fiscales puedan actuar sin presiones políticas. Esto implica reformas en la selección de magistrados, mecanismos de control ciudadano y protección para los administradores de justicia. La independencia judicial no es solo un principio democrático, sino una condición necesaria para combatir la corrupción.

La opacidad es aliada de la impunidad. Por eso los gobiernos deben implementar políticas de transparencia activa, facilitar el acceso a la información pública y promover el periodismo de investigación. La ciudadanía debe tener herramientas para fiscalizar a sus representantes y exigir rendición de cuentas.

La lucha contra la corrupción no se gana solo en los tribunales, sino también con educación cívica. Es necesario fomentar una cultura democrática que valore la ética pública, el respeto a la ley y la participación ciudadana. La educación cívica debe ser parte central de las políticas públicas y no un accesorio nostálgico.

Estas recomendaciones, que reúnen las bases indispensables de la democracia occidental liberal, no están escritas en piedra. Requieren una actualización constante. A medida que el mundo avanza, crecen también las tareas para resolver. Así, las leyes que sirvieron en el pasado para garantizar la independencia de poderes y evitar la corrupción, hoy pueden estar obsoletas.

Oportunidad para cambiar

La relación entre política y justicia en América Latina ha sido históricamente difícil, pero no está condenada al fracaso. Los procesos judiciales contra expresidentes, aunque tardíos, son señales de que la impunidad puede ser enfrentada. Sin embargo, para que estos casos no sean excepcionales, se requiere un compromiso firme con la institucionalidad, la transparencia y la participación ciudadana.

América Latina tiene la oportunidad de transformar su cultura política. Sorprendentemente, a pesar de la creciente presencia del crimen organizado y de la violencia, sigue siendo una región de paz y mayoritariamente democrática. Ese valor es un diferencial ante otras regiones que, por paradójico que parezca, tienen mayor influencia en la agenda internacional.

La ciudadanía está más alerta, los medios más activos, y las redes sociales han democratizado la información. Si se logra fortalecer la justicia, educar en valores democráticos y exigir transparencia, la consecuencia esperable es la de sociedades en las que el poder no sea sinónimo de impunidad, sino de responsabilidad.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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