Una región, todas las voces

La derrota electoral en Buenos Aires expone las fisuras de La Libertad Avanza de Milei

El domingo se llevaron a cabo los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, un escenario que, más allá de su importancia territorial y demográfica, siempre marca el pulso político a nivel nacional. Una primera lectura de lo acontecido en estas elecciones subnacionales permite vislumbrar algunas tendencias clave: en la mayoría de los distritos, los oficialismos lograron ratificarse en el poder, salvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Propuesta Republicana (PRO) sufrió una derrota contundente que reconfigura el mapa político porteño. Esta combinación de continuidad en varios territorios y retroceso en un distrito estratégico deja un saldo heterogéneo para el análisis.

Otro dato que no puede pasarse por alto es el nivel medio/bajo de participación electoral. Mientras Corrientes exhibió la mayor concurrencia a las urnas, los índices más bajos se registraron en Santa Fe y CABA, revelando un creciente desinterés o desencanto ciudadano en algunos de los distritos más relevantes del país. En paralelo, se hace patente una dificultad persistente del oficialismo nacional: la incapacidad de consolidar un partido con verdadero arraigo territorial, un déficit que limita su capacidad de proyectar poder de manera orgánica y sostenida en todo el país.

Ha sido precisamente en el principal distrito electoral, la provincia de Buenos Aires (PBA), donde se han puesto de manifiesto en toda su dimensión las dificultades políticas del gobierno nacional. La Libertad Avanza (LLA) fue derrotada por una diferencia de trece puntos frente a un heterogéneo Frente Patria (FP). Mientras el oficialismo nacional se impuso únicamente en dos de las ocho secciones electorales de la provincia, el Frente Patria logró la victoria en las seis secciones restantes.

Un triunfo del peronismo o una derrota autoinfligida de La Libertad Avanza

En efecto, el gobierno ha demostrado una inusual capacidad de autoprovocarse crisis que, si bien no han afectado aún la frágil gobernabilidad, pueden sin duda contribuir a su erosión si persiste en esa tesitura. Entre los ejemplos más notorios se encuentran la alocución del presidente Milei en el Foro de Davos; el episodio del denominado “Criptogate”; la inauguración del período de sesiones legislativas, que terminó otorgando centralidad al encontronazo entre el “ingeniero del caos” Santiago Caputo y el diputado radical Facundo Manes, y no al discurso presidencial de comienzos de marzo; así como una ingeniería electoral basada en el intento de someter a los actores políticos aliados del gobierno mediante una oferta imposible de rechazar —“al estilo Vito Corleone en la película El Padrino”. Y la lista continúa.

Un gobierno débil, pero al mismo tiempo con una inocultable vocación hegemónica, y un presidente bifronte que no ha logrado resolver el dilema entre el profeta de vocación y el político pragmático de profesión, podrían ayudar a comprender esa tensión entre la capacidad de construir una frágil gobernabilidad y, al mismo tiempo, de autoinfligirse daños innecesarios.

El político pragmático reconoce los límites y restricciones para llevar a cabo la misión, lo que conduce al presidente a un esquema de negociación (no declarada) con diferentes actores con capacidad de veto, y a la vez lo obliga a garantizar las herramientas necesarias para impulsar la ambiciosa agenda presidencial mediante una combinación de premios y castigos (o amenazas de ellos). Como se suele bromear en X (ex Twitter): “Decime que estás negociando con la casta política sin decirme que estás negociando con la casta política”.

El Milei profeta/ciudadano, en cambio, se percibe como un mandatario destinado no solo a cumplir un período presidencial, sino a llevar adelante una misión que excede los estrechos límites de cualquier mandato constitucional. Ese profeta se plantea una profunda reformulación del Estado, la sociedad y los tradicionales alineamientos de la Argentina con el resto del mundo.

Todo ello ha impactado en el desempeño electoral del oficialismo nacional tanto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires como en la mayoría de los comicios celebrados hasta ahora. A excepción del triunfo de LLA en la Ciudad de Buenos Aires y en Chaco —en alianza con la oficialista Unión Cívica Radical (UCR) del gobernador Leandro Zdero—, La Libertad Avanza no logró imponerse, o lo hizo solo de manera parcial, en los distritos restantes: Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y San Luis.

Estos resultados dejan en evidencia las tensiones internas del oficialismo: un gobierno que combina debilidad estructural —carente de soporte territorial, legislativo y técnico; sin gobernadores provinciales o referentes locales propios; sin control de la calle en manos de los movimientos sociales; y con un apoyo condicional del mercado y de la opinión pública— con una vocación hegemónica que todavía no logra traducir su narrativa en una construcción territorial sólida.

Entre triunfos aislados y derrotas contundentes, el oficialismo se enfrenta hoy al desafío de transformar esa vocación de hegemonía en una gobernabilidad efectiva.

México: extraditados y extraditables

La gran noticia no son los 26 capos que fueron extraditados este agosto a Estados Unidos para ser juzgados por crímenes cometidos en México y contra las sociedades de los dos países; tampoco que en febrero extraditaran a los primeros 29 capos y nos quedáramos con la imagen del capo Rafael Caro Quintero cabizbajo e incrédulo después de haberse librado de la prisión estadounidense por décadas (ahora, se dice, espera inquieto la pena de muerte por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena).

No, la gran noticia es lo que no dice la narrativa del oficialismo ante el envío de esos 55 personajes cuidadosamente seleccionados por las autoridades estadounidenses. Y es que en esos grupos no va ni una sola persona de la base política que les permitió operar con absoluta libertad a lo largo y ancho del territorio nacional, dejando una estela de miedo y muerte. ¿Acaso, pregunto, esa complicidad es un mito, una leyenda urbana, un invento periodístico?

Ahí está la sólida investigación académica de Luis Astorga sobre los vínculos entre política y crimen organizado durante el siglo XX y el trabajo del periodismo de investigación, que ha dejado constancia de nombres que han estado y están detrás de los cárteles y que siguen operando pese a bajas, arrestos y extradiciones.

Algunos nombres han trascendido en prensa por la presión que ejercen Donald Trump y sus mensajeros para que sean entregados algunos personajes activos en funciones de gobierno. Sin embargo, solo se extradita a exponentes del brazo operativo del crimen organizado. 

La pregunta que nos hacemos muchos observadores es hasta cuándo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, podrá seguir sin entregar a algunos de ellos o, mejor, a cambio de qué no va a entregar a presuntos narcopolíticos señalados por las agencias de seguridad estadounidenses.

Sheinbaum habla todos los días de salvaguardar la soberanía y afirma, vehemente, que se trata de algo innegociable, pero lo que estamos viendo es lo contrario: se entrega soberanía en materia de migración cuando destinamos recursos públicos para contener la marcha hacia el vecino del norte, se entrega soberanía cuando cedemos en materia de comercio afectando a nuestros productores, y por supuesto se entrega soberanía en materia de seguridad cuando a los extraditados se los envía a la justicia estadounidense en vez de ser juzgados por los delitos cometidos en territorio nacional.

¿Acaso sigue valiendo el argumento de que el Poder Judicial “está podrido” y es el culpable de que los delincuentes que cometieron los peores crímenes contra la sociedad tras un tiempo entre rejas vuelvan a las calles cuando estamos por inaugurar el nuevo sistema judicial con jueces, magistrados y ministros electos “democráticamente por el pueblo de México” que evitarán que se siga reproduciendo esa dinámica perversa? 

¿O es que la presión que ejerce Kristi Noem, por señalar a uno de los mensajeros que han llegado a Palacio Nacional, es tal que no se le puede decir que no?

Cierto, en política siempre se toman decisiones entre inconvenientes privilegiando el bien mayor para un país, pero, ese bien mayor, ¿tiene nombre y apellido? ¿De eso estamos hablando cuando se toma la decisión de que en este nuevo paquete de extraditados no vaya ningún presunto narcopolítico? ¿Acaso hay un intercambio para no afectar la estructura del poder político? 

Y si existe tal intercambio, está claro que a la presidenta mexicana ya le tomaron la medida y la administración Trump sabe dónde apretar para seguir obteniendo beneficios. Entonces, eso que proclama Sheinbaum de tomar decisiones con la “cabeza fría” es otra pieza de propaganda que inmediatamente repite y aplaude la representación y comentocracia oficialista.

Estamos ante una cesión constante de soberanía. Obviamente, ya no es como en los tiempos de Antonio López de Santana, cuando entregamos la mitad de nuestro territorio a los Estados Unidos, sino que se trata de algo más sutil mediante acuerdos en materia de migración, comercio y seguridad nacional. Eso sí, con un discurso soberanista, cuando las decisiones y acciones se están tomando en el mejor estilo pragmático para proteger los intereses del grupo gobernante visible e invisible.

Entonces, al ver las imágenes de los extraditados, en otro tiempo distinguidos por la soberbia y la prepotencia de saberse poderosos y protegidos por sus jefes de cuello blanco, me imagino el pesar y la impotencia que deben de sentir por saberse despojados de todo o casi todo, cuando algunos de ellos llevan sus bienes en una bolsa de plástico. Seguramente incuban el sentimiento de traición que antes sintieron los extraditados en febrero al saberse sacrificados mientras otros gozaban de impunidad.

Deben de sentir la presión de ir a lo desconocido, aunque con la esperanza de ser absueltos, como ha sucedido con iguales o mayores capos que ahora son testigos protegidos. Estos, no hay que dudarlo, van a hablar, y mucho, sobre la narcopolítica en México.

Y eso significará mayor presión sobre la presidenta Sheinbaum, que cada día tendrá menos margen para defender a su gente y, sospecho, terminará entregando a al menos algunos de los suyos como jugada política para consolidar su poder, hoy ensombrecido con la declaración de Trump de que México “hace lo que le pide Estados Unidos”. 

Los tiempos de la administración Trump están claramente definidos en la agenda bilateral. Hasta ahora, han logrado cumplir sus objetivos, y van por más. En algunos temas se cuidarán las formas y en otros, simplemente, tomarán decisiones unilaterales llevando al traste aquello de que “a México se le respeta”.

A diferencia de Sheinbaum, a quien esta presión le quita el sueño, los presidentes Vladimir Putin o Emmanuel Macron, e incluso Lula da Silva, tienen mayor margen de maniobra, lo que les permite tomar aire y resistir los embates estadounidenses para dejar pasar el tiempo y negociar en mejores condiciones.

Si no, que la presidenta Sheinbaum responda: ¿qué ha ganado México en estos meses de relación tormentosa? Que no diga que tiempo.

La gestión migratoria del gobierno de Petro: más promesas que resultados

Colombia está en pleno año electoral. En marzo y mayo del 2026, respectivamente, se elegirán el nuevo Congreso y presidente de la República para los siguientes cuatro años. Así, los balances de lo que hasta ahora se ha logrado están en el orden del día para el gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro. Los temas por revisar serían muchos, desde la Paz Total hasta la política energética de Colombia. La gestión de la migración, particularmente la de personas provenientes de Venezuela, hace parte de esta lista de temas por revisar, aunque solo por el hecho de que en Colombia se encuentran cerca de 3 millones de venezolanos. Este es el mayor número de nacionales venezolanos en la región latinoamericana y a nivel global que están fuera de su país. Entonces, ¿qué se ha logrado en temas migratorios en estos tres años largos? ¿Ha habido avances importantes, retrocesos, oportunidades perdidas? 

Para responder a estas preguntas, hay que recordar, ante todo, la herencia que dejó el anterior gobierno y el hecho de que, desde el 2017 hasta hoy, la migración hacia Colombia ha cambiado. Solo así es posible tener un balance, si no definitivo, por lo menos ilustrativo de cómo va este gobierno en la gestión migratoria a menos de un año de las elecciones.

La herencia del gobierno de Iván Duque en la gestión migratoria

Como decíamos, ningún balance de la gestión de la migración en Colombia sería ni correcto ni justo si no se empezara por recordar lo hecho por el gobierno liderado por Iván Duque en este tema. De hecho, fueron realmente los gobiernos anteriores que tuvieron que repensar el derecho migratorio colombiano para hacer frente a la llegada de nacionales venezolanos al país. Para entender esto es suficiente decir que, según datos oficiales, los nacionales venezolanos en Colombia pasan de ser 400.000 en 2017 a cerca de 1.771.000 en 2019, esto es, un aumento del 343% en solo dos años. 

Así, merece la pena recordar la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela desde febrero del 2019 hasta agosto del 2022. Esto significa que, por más de dos años, para los nacionales venezolanos en Colombia no fue posible realizar trámites ante las autoridades oficiales de su país, como, por ejemplo, la expedición de pasaportes o el registro de los nacimientos ocurridos en territorio colombiano. Así que Colombia, por ejemplo, empezó a aceptar pasaportes venezolanos vencidos desde 2019, así como otros documentos sin las formalidades requeridas a los demás extranjeros, como la apostilla o la legalización. En este mismo año se adopta la medida conocida como Primero la Niñez, que establece que los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos serán nacionales colombianos. Esta medida, que acaba de ser extendida hasta el 2027, responde a la situación de apatridia en la que se encuentran estos niños ante la imposibilidad de acceder a la nacionalidad de sus padres por derecho de sangre. Se calcula que, hasta marzo de 2025, 138.200 niños habían accedido a la nacionalidad colombiana por Primero la Niñez.

Finamente, la medida que quizás marcó la gestión migratoria bajo el gobierno de Iván Duque es, sin lugar a duda, la adopción, en 2021, del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Así, Colombia pasa de dar permisos especiales a los nacionales venezolanos de dos en dos años, bajo la idea de que su permanencia en Colombia era pasajera, a otorgarles un permiso que será válido hasta 2031. A diciembre de 2024, casi 2 millones de nacionales venezolanos tenían este permiso.

Ahora bien, el gobierno anterior dejó también deudas importantes en la gestión migratoria. El sistema de refugio colombiano, por poner solo un ejemplo, respondió de manera absolutamente insuficiente a la necesidad de protección internacional de las personas que llegaban a Colombia desde Venezuela y otros países, pero nunca fue modificado. Tanto es así que, en 2023, la Corte Constitucional de Colombia tuvo que ordenar al gobierno nacional reformar el sistema de refugio para resolver sus múltiples falencias.

Gobierno Petro: qué se ha hecho y cuáles son las deudas pendientes en materia migratoria

El gobierno liderado por Gustavo Petro es el que ha tenido que reaccionar a las nuevas dinámicas de la migración, así como a los cambios en la gestión migratoria del gobierno de los Estados Unidos. Aunque la población venezolana en Colombia se ha mantenido estable entre 2022 y 2024, con 2.800.000 venezolanos en el territorio según los datos oficiales, la migración de tránsito por el país ha aumentado exponencialmente. Solo entre 2023 y 2024, más de 940.000 personas en tránsito han salido de Colombia. Fueron en su mayoría nacionales venezolanos que, por el Tapón del Darién, buscaban llegar a Panamá y, de allí, a la frontera sur de los Estados Unidos. La drástica bajada de estos números en 2025 —menos de 92.000 personas han usado las mismas rutas para salir de Colombia en lo que va de año— ha coincido con las medidas migratorias restrictivas adoptadas por el segundo gobierno de Donald Trump. Así, Colombia ahora no es solo un país que recibe flujos inversos, es decir, de extranjeros que regresan de algún punto de su ruta migratoria por la imposibilidad de continuar con su viaje, sino que también recibe migración de retorno de sus propios nacionales que están siendo deportados de los Estados Unidos en números nunca vistos antes. Todo esto, además, coincidió con el fin de los proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia.

Ante esta situación, ¿cuál fue la apuesta del gobierno Petro en materia migratoria? El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos sigue en pie —más por necesidad que por convicción, se podría pensar— pero no se ha hecho nada significativo para resolver sus deficiencias, como la imposibilidad de acceder a este mecanismo para los adultos que ingresaron irregularmente a Colombia después de enero de 2021. Aunque en octubre de 2024 se creó un permiso especial para los padres de niños venezolanos regularizados bajo el Estatuto, su reglamentación tardó 10 meses en llegar. Además, este permiso solo podrá solicitarse hasta abril 2026, es decir, hasta la finalización del mandato de este gobierno. La visa especial que se creó en diciembre de 2024 solo para nacionales venezolanos es un mecanismo insuficiente y de difícil acceso para muchos, como bien se ha dicho, en el marco de una política de visa que carece de cualquier enfoque diferencial. La reforma del sistema de refugio, no obstante la orden dada por la Corte Constitucional en 2023, no ha avanzado significativamente. El país no tiene un marco normativo para proteger a las personas migrantes en tránsito, como lo ha dicho la Corte Constitucional hace poco, o para responder a las necesidades de sus propios nacionales deportados.

A menos de un año de las elecciones, el balance en materia migratoria del gobierno Petro revela más promesas que resultados. La lentitud en la implementación de varias medidas y la ausencia de protección para los más vulnerables muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar una migración digna.

La semana laboral de 4 días: ¿más carga sobre las mujeres?

La reducción de la jornada laboral a cuatro días por semana o a un máximo de 32 horas manteniendo el salario ha sido recientemente objeto de experimentos exitosos en países como Islandia, Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido y España. En Islandia, entre 2015 y 2019, un proyecto piloto que involucró a más de 2.500 trabajadores mostró que la reducción de horas mejoró la productividad y el bienestar y además fomentó una mejor conciliación entre vida laboral y personal (Haraldsson y Kellam, 2021).

La mayoría de los trabajos formales implican ocho o más horas diarias en la oficina —sin contar traslados—, lo que representa más de la mitad del tiempo activo del día. A esto se suma el hecho de que muchas personas pasan cinco o seis días a la semana trabajando, y solo uno o dos en tiempo familiar pleno. Así, se termina compartiendo más tiempo, conversaciones e incluso emociones con colegas que con nuestras parejas, hijos, padres o amistades. Ha sido parte de un modelo de vida que cada vez está siendo más cuestionado, sobre todo por las nuevas generaciones.

En 2021 la OMS y la OIT dieron a conocer que las jornadas laborales prolongadas provocan cerca de 745.000 muertes al año en el mundo, derivadas de accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas, lo que representa un tercio de total de muertes relacionadas con el trabajo. Trabajar seis días por semana, con jornadas que a menudo superan las ocho horas, significa casi no tener tiempo para descansar, para estar con la familia, para el ocio o el cuidado personal.

Específicamente en América Latina el promedio de horas trabajadas supera las 44 horas semanales y en muchos casos las y los trabajadores cumplen ciclos de seis días, con todas las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que tal carga genera. 

Sin embargo, ya se están dando pasos para reducir la duración de las jornadas laborales en países como Chile (en 2023 se aprobó la reducción de 45 a 40 horas), Uruguay (aunque no ha reducido la jornada legalmente, existe un fuerte movimiento sindical que discute el tema como parte de una agenda laboral progresista), Colombia (en 2021 se aprobó una ley que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual hasta 2026) y México (se discute una reforma constitucional para reducir de 48 a 40 horas semanales de trabajo, pero aún no ha sido aprobada aunque hay una fuerte presión social y sindical para lograrlo).

Aun cuando los avances no son homogéneos, en muchos países de América Latina la discusión sobre la disminución de la carga horaria laboral se está abriendo espacio en las agendas políticas, sobre todo cuando se la asocia a problemas como reducción de la natalidad y otros temas demográficos.

Por qué el enfoque de género en esta política de reducción de carga horaria es clave

La excesiva carga laboral está lejos de ser neutra al género, pues golpea con especial fuerza a las mujeres, quienes, además de enfrentar condiciones laborales adversas, cargan con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. 

Para muchas latinoamericanas, trabajar no termina en la puerta de la empresa o la fábrica; hay otro trabajo que comienza al llegar a casa, en una doble jornada agotadora e invisibilizada. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las mujeres en la región dedican en promedio 4 horas y 25 minutos diarios al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres apenas 1 hora y 23 minutos. Esto significa que las mujeres hacen más del triple de ese trabajo. Y no es cualquier cosa: son tareas esenciales para la reproducción de la vida y el sostenimiento de las familias y comunidades, pero que el sistema económico tradicional ni siquiera contabiliza o entiende como trabajo.

Esta diferencia de casi tres horas diarias revela una desigualdad estructural que limita la autonomía económica y personal de las mujeres, pero sobre todo las expone a mayores niveles de estrés, agotamiento y exclusión social.

Reducir la jornada laboral a cuatro días por semana no debería ser simplemente una medida para descansar más o mejorar la productividad. Antes bien, podría ser una herramienta política que contribuya a redistribuir el tiempo y a romper con las cadenas que atan a las mujeres a la doble o triple jornada. Además, puede abrir espacios para la corresponsabilidad en los cuidados, un trabajo que apenas el pasado 7 agosto fue finalmente reconocido como derecho humano por la Corte Interamericana.

Reducir horas sin considerar la desigualdad puede replicar o incluso agravar las brechas de género

No se trata solo de ganar horas, sino de abrir espacio para que la corresponsabilidad en el cuidado sea real y efectiva. Si un trabajador utiliza el día libre para descanso o actividades personales y la trabajadora para realizar labores del hogar, la desigualdad se perpetúa. Sin un enfoque de género que reconozca las desigualdades estructurales, el día libre puede terminar siendo un día más de trabajo invisible para las mujeres.

Por eso, la reducción de la jornada laboral formal debe ir acompañada de políticas públicas robustas que reconozcan y redistribuyan el trabajo de cuidados: guarderías y centros de atención infantil universales y accesibles que permitan a las mujeres participar plenamente en el mercado laboral; licencias parentales iguales e intransferibles para mujeres y hombres, para fomentar que ambos compartan la responsabilidad del cuidado; campañas educativas y culturales para promover la corresponsabilidad en el hogar y desmontar los estereotipos patriarcales que naturalizan que las mujeres sean las cuidadoras exclusivas, entre otras.

No hacerlo incrementa el riesgo de que la reducción de jornadas termine reproduciendo la sobrecarga sobre las mujeres, porque ellas usarán ese tiempo para seguir haciendo el trabajo doméstico y de cuidado que el Estado y el mercado no proveen.

No podemos aceptar que, en pleno siglo XXI, millones de mujeres latinoamericanas sigan cargando con jornadas interminables que les impiden desarrollarse plenamente y que limitan grandemente su participación política y económica, sin poder acumular riqueza ni bienestar.

La transformación del tiempo de trabajo debe ser también una lucha contra la cultura patriarcal que naturaliza que las mujeres seamos las principales cuidadoras y que el trabajo doméstico sea invisible. Ojalá se den discusiones que nos permitan diseñar e imaginar nuevas formas de organización social donde el cuidado sea un asunto colectivo y valorado.

No es solo trabajar menos, sino trabajar mejor y vivir de forma más igualitaria y justa entre mujeres y hombres.

La paradoja cuántica de América Latina

A finales del año 2024, Chile anunció la intención de ser líderes en la región en el desarrollo de las tecnologías cuánticas. En los últimos meses, Colombia ha sorprendido con anuncios en torno a la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías cuánticas, coincidiendo con la proclamación por parte de Naciones Unidas del 2025 como año de las tecnologías cuánticas. Estas tecnologías, aún hoy en etapa de experimentación, cuentan con capacidades de procesamiento muy superiores a la de los ordenadores convencionales y, en consecuencia, con un enorme potencial para experimentación y desarrollo de nuevos productos y aplicaciones. 

El pasado mes de abril, el Ministerio de Ciencia colombiano lanzó la convocatoria ColombIA Inteligente 2025, con una inversión cercana a los cuatro millones y medio de dólares que financiará proyectos de investigación en IA y ciencias cuánticas priorizando aquellos cuyo lugar de ejecución sea municipios que hagan parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial y particularmente afectados por el conflicto armado. 

La iniciativa suena paradójica: ¿tiene sentido hablar de tecnologías cuánticas en un país que aún no garantiza acceso básico a electricidad o internet en vastas zonas rurales? La paradoja es evidente. Mientras que regiones como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran más del 50% del PIB nacional, departamentos como Guainía, Chocó o Vaupés apenas participan en la economía formal. En estas zonas, la desigualdad estructural en acceso, infraestructura y talento digital es tan profunda que cualquier agenda digital mal planteada corre el riesgo de profundizar la exclusión.

Apostar por lo espectacular sin resolver lo elemental puede llegar a ser peligroso. Estudios recientes confirman que el uso de internet en América Latina está estrechamente correlacionado con el desarrollo humano (IDH), pero en particular señalan que debe priorizarse el acceso a la banda ancha y el incremento del uso de internet. En este sentido, es clave diseñar estrategias regionales adaptadas, que respondan a las condiciones específicas de zonas rurales o menos densamente pobladas, donde la brecha digital es más pronunciada. Si no hay inclusión digital efectiva —infraestructura, educación, alfabetización tecnológica—, las promesas de la IA o la computación cuántica serán irrelevantes para la mayoría de la población. 

El futuro cercano del desarrollo en computación cuántica es híbrido. Los procesadores cuánticos, aún con capacidades limitadas, funcionan como aceleradores para tareas específicas, mientras que los sistemas clásicos de computación gestionan la mayor parte del flujo de datos. Esto genera una necesidad imperativa: latencia mínima y alta integración entre los dos mundos. En este sentido, el desarrollo de ecosistemas de innovación regional y la proximidad de grandes hubs de datos no es un lujo, sino una condición clave para el desarrollo de investigación cuántica. 

La investigación cuántica requiere laboratorios y equipos costosos, aún lejos de la capacidad presupuestaria de varios países de la región. Los computadores cuánticos requieren condiciones muy especiales para su funcionamiento (temperaturas extremadamente bajas, aislamiento electromagnético y una muy alta demanda energética); al mismo tiempo, el acceso a centros de datos cercanos permite cerrar este ciclo con mínimos cuellos de botella, mejorando la eficiencia investigativa y reduciendo la frustración que acompaña el trabajo remoto con plataformas externas o compartidas. Tener un centro de datos cercano no es imprescindible, pero sí estratégicamente deseable. 

Adicionalmente, estas supercomputadoras gestionarán volúmenes importantes de datos sensibles, propiedad intelectual y proyectos con aplicaciones críticas. Cuando estos datos están en servidores externos, aumenta la exposición a fugas o ciberataques, mientras que mantener el procesamiento y almacenamiento local permite controlar la cadena de custodia del conocimiento. En el contexto geopolítico actual, la soberanía tecnológica se juega también en el control de esta infraestructura.

La brecha cuántica plantea un desafío estratégico para Colombia, pues corre el riesgo de profundizar desigualdades regionales si la inversión en esta tecnología se concentra únicamente en unos pocos polos de desarrollo. A ello se suma el impacto ambiental de la infraestructura necesaria —desde centros de datos hasta sistemas de criogenia de alto consumo energético—, que nos obliga a pensar en modelos sostenibles. En este escenario, se trataría de la generación de ecosistemas de innovación inclusivos, donde la clave es garantizar la inversión en infraestructura básica digital y atender a la creciente demanda energética asegurando primero que esta llegue también a regiones apartadas. 

Sin mejoras en conectividad y educación digital la agenda cuántica permanecerá desconectada de las necesidades urgentes de la población. La apuesta por las tecnologías cuánticas no es en sí misma un error, pero hacerlo sin atender a lo más elemental, esto es, la desigualdad estructural en acceso, infraestructura y habilidades básicas digitales, puede profundizar la exclusión. Sin centros de datos cercanos y acceso básico a infraestructura, el discurso de “formar talento cuántico local” será simple retórica.

Cisnes negros en Bolivia

Dos cisnes negros aparecieron el 17 de agosto en Bolivia. Se trata del candidato a la presidencia, Rodrigo Paz, y del candidato a la vicepresidencia, el excapitán de la policía Edmand Lara, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Fueron impredecibles para el análisis político y superaron a los candidatos favoritos de las encuestas: Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. 

Todos los analistas políticos —me incluyo— consideraban tres escenarios para la ineludible e histórica segunda vuelta electoral: Samuel Doria Medina contra Jorge Quiroga, o uno de estos dos contra Andrónico Rodríguez (joven cocalero e hijo político de Evo), el candidato más representativo de la izquierda en la coyuntura preelectoral boliviana de 2025. Ninguno de los tres escenarios imaginados se dio. Los analistas políticos pronosticamos lo obvio basándonos en las tendencias que marcaban las encuestas. Sin embargo, los votantes ocultos desencantados con el MAS, Evo, Arce y Andrónico tenían otros planes, un cuarto escenario: Rodrigo Paz contra Jorge Quiroga, o un progresista contra un conservador que se pueden sentar en una mesa a charlar. Es decir, entre dos adversarios, no enemigos.

Este cuarto escenario implicó un salto de Rodrigo Paz por encima de Quiroga, Doria Medina y las encuestas. El 17 de agosto no fue un domingo cualquiera para los bolivianos: fue un domingo de sorpresas dulces para la izquierda huérfana de partido con legitimidad, pero sin azúcar para la derecha, con dos líderes en disputa. Este salto dejó con la boca abierta a militantes, simpatizantes y dirigentes de las alianzas supuestamente con mayor apoyo ciudadano (Libre, de Jorge Quiroga, y Unidad, de Doria Medina). Fue un salto con garrocha de Rodrigo Paz y el excapitán Lara, que ganaron la medalla de oro en la primera vuelta.

De acuerdo con un grupo de opinadores, la medalla de oro en primera vuelta tenía que darse a Doria Medina; otro grupo consideraba a Jorge Quiroga merecedor de este premio. Este último ganó la de plata; el primero, ni la de bronce. De hecho, Doria Medina ocupó el tercer lugar de acuerdo con los votos válidos, pero si consideramos el total de votos emitidos, el número de votos nulos (garabatear la papeleta de sufragio como muestra de desacuerdo con la elección) fue superior a los que consiguió él. El voto nulo fue incentivado por Evo Morales. De acuerdo con los datos oficiales, ha superado el millón de votos, casi el 20%. Doria Medina también superó el millón de votantes, pero en menor medida respecto a los votos nulos incentivados por Evo. En síntesis, los opinadores quedaron solos con sus predicciones: Morales dio un paso de parada, Rodrigo un salto y Lara un discurso radical populista atacando a sus adversarios con palabras soeces.

El ex capitán Edmand Lara tiene una formación doctrinaria policial, pero un discurso político radical antiderecha que encaja con las preferencias electorales de sectores populares e indígenas de la parte occidental del país. Los resultados electorales del 17 de agosto demuestran que su base social es prácticamente la misma que apoyó a Evo y Arce en diferentes momentos electorales. El surgimiento del excapitán Lara en el escenario político nacional puede considerarse como accidental para representantes políticos del MAS que gobernaron Bolivia entre 2006 y 2025. Es decir, como la aparición de un hombre del campo nacional popular que interinamente ha salvado las papas para representar en el poder ejecutivo a quienes se ubican en lado del extremo izquierdo del espectro político nacional. 

Vale aclarar que Rodrigo Paz se ubica en el centro izquierda del espectro político nacional. Tiene una narrativa patriótica y de unidad nacional. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). Quizás fue el único candidato que recorrió más de 200 municipios del país en cuatro años. El capitán Lara se ubica en el extremo de la izquierda, en la posición desde donde se interpela al otro extremo, a los de la derecha. Su doctrina policial lo condiciona teóricamente, y su naturaleza de clase lo conecta con sectores populares indígenas que antes apoyaban al MAS. Es un fenómeno en TikTok para sectores populares porque baila y condena a sus enemigos ideológicos. Los dos candidatos se complementaron de forma exitosa en primera vuelta: uno visitaba municipios y el otro era viral en redes sociales.     

Esa conexión natural del excapitán Lara con los sectores populares indígenas lo hace singular en relación con Rodrigo Paz, Jorge Quiroga y Juan Pablo Velasco (candidato a vicepresidente con Quiroga). Es decir, encarna el factor sociocultural arraigado en los espacios de poder en Bolivia desde inicios del siglo XXI. Es el actor político ideal que encaja con la narrativa del proceso de cambio inaugurada por Evo Morales. Por eso la votación por la dupla Rodrigo-Lara ha sido predominante en el occidente del país, donde el MAS ganaba con goleada. El factor sociocultural ha dado una singularidad a Lara que nadie reconoció antes del 17 de agosto porque todos —me incluyo— la identificaban en Andrónico Rodríguez, el candidato de la facción del MAS que se distanció de Evo —a pesar de ser su hijo político—, no quiso nada con el presidente Arce y perdió de manera humillante (menos del 9% de votación). El excapitán de la policía encarnó electoralmente lo que el joven cocalero no pudo conseguir. 

En síntesis, Rodrigo Paz y Lara eran improbables hasta el 17 de agosto, pero las consecuencias de los resultados electorales serán muy importantes hasta el 19 de octubre, fecha de la segunda vuelta electoral. La atención mediática estaba en Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Andrónico Rodríguez, no en el hijo del expresidente de Bolivia y el excapitán de la policía. No fueron tomados en serio en la campaña de primera vuelta porque se puso más interés en los más reconocidos, que marcaron las encuestas. A pesar de que todos los opinadores y analistas han hecho el intento de explicar desde el día lunes lo que pasó el domingo, nadie imaginó lo imposible el día sábado.

Rodrigo Paz y Edmand Lara son dos cisnes negros, pero eso no significa que hayan surgido con las soluciones mágicas, legitimidad suficiente y narrativa encantadora. La crítica situación económica del país requiere del aporte de expertos en economía, una narrativa que justifique las decisiones políticas y, sobre todo, acuerdos políticos en la Asamblea Plurinacional, que estará conformada por cinco fuerzas parlamentarias, ninguna con mayoría absoluta. Salir de la crisis económica y tener estabilidad política en 2026 no es todavía seguro. Bolivia es un país que a veces es extraño para sus propios habitantes, al que sus vecinos entienden poco y al que el mundo mira con asombro.

¿Nuevas oportunidades o prosperidad precaria? Las dos caras de la economía gig en América Latina

En las esquinas de Ciudad de México, Bogotá o Lima, es común ver repartidores con mochila en forma de cubo a los hombros esperando la próxima notificación en sus celulares. Esta imagen resume la promesa del trabajo digital: independencia, movilidad y conexión digital. Para muchos, esta modalidad laboral representa una vía de escape frente al desempleo o la informalidad tradicional. Sin embargo, tras la narrativa de modernidad se esconde una realidad ambigua.

La economía gig se refiere a un mercado laboral caracterizado por empleos de corto plazo y con pagos por tarea, coordinados a través de plataformas digitales, que conectan a trabajadores con clientes. Estas tareas pueden incluir entregas, transporte, asistencia doméstica o servicios profesionales en línea. En América Latina y el Caribe, este tipo de empleo ha crecido con rapidez en los últimos años, impulsado por la expansión de internet, la falta de empleo formal y, sobre todo, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Así, en una región sin mecanismos universales de seguro de desempleo, el trabajo en plataformas digitales funcionó como un salvavidas.

Oportunidad para unos, barrera para otros

En América Latina y el Caribe la transformación tecnológica avanza con fuerza, pero no siempre de manera equitativa. Tal como advierte el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo abre oportunidades, al mismo tiempo que profundiza vulnerabilidades existentes.

No hay duda de que estas plataformas han abierto oportunidades donde antes había obstáculos. Jóvenes sin experiencia laboral, migrantes con dificultades para convalidar títulos, mujeres con responsabilidades de cuidado y habitantes de ciudades pequeñas encuentran en estas apps una forma de generar ingresos. Su atractivo radica en la flexibilidad y los bajos requisitos de entrada. Poder conectarse en los horarios disponibles, combinar actividades y evitar los filtros del empleo formal ofrece una adaptabilidad valiosa en contextos de alta vulnerabilidad. 

Sin embargo, el potencial de generación de ingresos y las amenidades que ofrecen esconden profundas carencias estructurales. El trabajo gig se caracteriza por ingresos bajos y volátiles, falta de contrato laboral y ausencia de protección social. Se trata de un modelo donde la plataforma asume el rol de intermediaria en la relación laboral, conectando trabajadores independientes con clientes. Esto significa que los trabajadores no cuentan con un empleador y, por lo tanto, la protección que la legislación laboral promueve para los trabajadores asalariados no es aplicable a los trabajadores gig.

En Montevideo, por ejemplo, un conductor de Uber puede ganar menos que un taxista convencional si se contabilizan las horas efectivas de trabajo, el combustible, el mantenimiento del vehículo y el tiempo de espera. Además, el pago por tarea implica que parte del tiempo destinado a actividades como conectarse, esperar pedidos y preparar propuestas, no es remunerado. En plataformas como Workana –que conecta a freelancers con clientes que buscan servicios digitales o que se realizan de manera remota— los trabajadores destinan hasta un tercio de su jornada a actividades no pagadas, y aun así enfrentan dificultades para acceder a proyectos si no tienen una buena calificación o si compiten con freelancers de países donde los costos son más bajos.

A esto se suma el poder de monopsonio de las plataformas: pocas empresas determinando las reglas del juego y las condiciones de acceso al trabajo de millones de personas. La reputación digital se convierte en moneda de cambio, pero es frágil y opaca. Malas calificaciones, desconexiones arbitrarias o cambios en los algoritmos pueden dejar a un trabajador sin ingresos ni explicaciones, y sin ningún mecanismo efectivo de apelación.

Nuevas formas de exclusión

Aunque inclusiva en algunos aspectos, la economía gig también refuerza desigualdades ya existentes. El acceso a internet, a dispositivos digitales y a habilidades tecnológicas sigue siendo muy desigual en la región. Las personas que viven en zonas rurales o con infraestructura limitada encuentran barreras casi insalvables para integrarse.

La participación femenina, al mismo tiempo, cae drásticamente en plataformas que requieren presencia física, donde los riesgos de acoso y la falta de condiciones de seguridad desincentivan su participación. Además, los trabajadores con bajo nivel educativo o con limitado dominio del inglés quedan excluidos de las mejores oportunidades que ofrecen las plataformas globales.

La paradoja es evidente: quienes más necesitan estas oportunidades son también quienes enfrentan más obstáculos para acceder a ellas. Y al operar en un vacío regulatorio, estas plataformas amplifican el riesgo de que el trabajo gig se convierta en una nueva cara de la vieja informalidad.

De la excepción a la norma

El trabajo en plataformas digitales ya no es una novedad. Se ha consolidado como una forma de empleo urbano en la región. Pero su expansión sin regulación está erosionando los principios básicos de protección del trabajo digno. No se trata de frenar la innovación, sino de encauzarla. De reconocer que la tecnología puede ser un habilitador del desarrollo, pero solo si se acompaña de políticas públicas que garanticen condiciones mínimas de dignidad, protección y equidad.

Repensar el marco normativo del trabajo digital es urgente. Esto implica reconocer jurídicamente la relación laboral en los casos que corresponda, ampliar los mecanismos de protección social para trabajadores independientes, garantizar transparencia algorítmica y promover la organización colectiva en este nuevo ecosistema laboral. Sin estas acciones, el trabajo en plataformas seguirá siendo un espejismo; una promesa de inclusión que, en la práctica, reproduce la exclusión con una nueva interfaz.

En última instancia, la pregunta no es si las plataformas digitales deben quedarse, sino cómo queremos que se queden. Si como herramienta de prosperidad o como engranaje de una precariedad más sofisticada. Y esa respuesta, más que tecnológica, dependerá de las decisiones de política pública.

Este artículo se basa en los hallazgos del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.

Del sargazo a la economía azul: una oportunidad para el Gran Caribe

En los últimos años, las extensas floraciones de sargazo se han convertido en una fuerza cada vez más disruptiva en el Gran Caribe. Antaño símbolo de la biodiversidad marina en alta mar, esta macroalga ahora cubre playas desde Barbados hasta México, amenazando el turismo, los medios de vida, los ecosistemas y, fundamentalmente, la salud pública.

A medida que el cambio climático calienta los océanos y modifica los flujos de nutrientes de ríos como el Amazonas, el sargazo prospera. Pero cuando llega a la costa y comienza a descomponerse, emite gases tóxicos, sobre todo sulfuro de hidrógeno y amoníaco, lo que supone riesgos crecientes para la salud humana, además del enorme impacto que implica para el turismo en la región.

En los últimos años, las comunidades de toda la región reportan picos de enfermedades respiratorias, especialmente entre grupos vulnerables como ancianos, niños y personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En Martinica y Guadalupe, estudios han vinculado la exposición crónica a las emisiones de sargazo con dolores de cabeza, náuseas, irritación ocular e incluso complicaciones del embarazo como preeclampsia e hipertensión gestacional. La carga recae desproporcionadamente sobre las comunidades costeras, que a menudo carecen de acceso a servicios de salud adecuados y dependen del mar para obtener ingresos.

A pesar de la magnitud y la gravedad del problema, los impactos del sargazo en la salud siguen siendo un tema desatendido en la agenda global sobre clima y salud. La mayoría de los debates se centran en el estrés térmico, las enfermedades transmitidas por vectores o la inseguridad alimentaria; sin embargo, las implicaciones toxicológicas y ambientales del sargazo están, en gran medida, poco investigadas. 

La historia del sargazo, sin embargo, no se trata solo de un peligro emergente, sino también de una oportunidad. En lugar de esperar a que el sargazo se pudra en las costas y contamine el aire, varios estados del Caribe están explorando técnicas sostenibles de recolección y procesamiento previo. Cuando se cosecha antes de su descomposición, el sargazo puede transformarse en productos de alto valor: bioplásticos, fertilizantes, alimento para animales, cosméticos e incluso biocombustibles. 

Empresas de República Dominicana, México y Barbados ya están implementando estas innovaciones de forma piloto. La cosecha temprana también ayuda a preservar los compuestos bioactivos de las algas, que muestran potencial para su uso en productos farmacéuticos naturales e ingredientes funcionales, abriendo nuevas puertas para la innovación en salud y el descubrimiento de fármacos.

Este enfoque se alinea plenamente con la visión de una economía azul justa: aquella que aprovecha los recursos marinos sin comprometer los ecosistemas ni las comunidades que dependen de ellos. Si se aborda con cuidado, la recolección de sargazo podría impulsar el empleo costero, apoyar el emprendimiento local e introducir nuevas industrias en biotecnología y manufactura ecológica.

Tenemos la oportunidad de fomentar la alfabetización ambiental y la resiliencia climática en toda la región. Los programas escolares, los centros de capacitación y las campañas de educación pública pueden utilizar el problema del sargazo para enseñar sobre la biodiversidad marina, los impactos del calentamiento de los mares y la urgente necesidad de cooperación regional. 

Igualmente importante, puede ayudar a las personas a comenzar a establecer conexiones más profundas entre el clima y la salud humana, una relación que a menudo se pasa por alto. Cuando las personas ven cómo el aumento de las temperaturas oceánicas y la perturbación ecológica pueden traducirse en enfermedades respiratorias, complicaciones en el embarazo y angustia mental, el cambio climático se convierte en un problema personal y tangible. Al fomentar esta conciencia, el Caribe puede ayudar a liderar un cambio hacia soluciones políticas climáticas y sanitarias más integradas.

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) desempeña un papel fundamental en el avance de la cooperación regional en la gestión del sargazo a través de su programa SARGCOOP II, que promueve el monitoreo compartido y las estrategias de reutilización sostenible. Si bien la integración de la salud ha estado en gran medida ausente de estos esfuerzos, la AEC ha comenzado a abordar esta deficiencia apoyando las conversaciones sobre la implementación de una Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del Caribe para abordar los impactos asociados en la salud. Las recientes reuniones de coordinación en Guadalupe podrían servir de plataforma para ampliar este enfoque multisectorial e incluir a los ministerios de salud y a expertos en salud pública. En un discurso virtual, la Secretaria General de la AEC, Noemí Espinoza Madrid, enfatizó en la urgente necesidad de cooperación regional en materia de sargazo y reafirmó el compromiso de la organización con la colaboración transfronteriza.

Abordar la crisis del sargazo requiere un enfoque transdisciplinario que reúna a oceanógrafos, climatólogos, expertos en salud pública, economistas, médicos, actores del sector turístico, líderes comunitarios, legisladores e innovadores para desarrollar conjuntamente soluciones integrales que protejan los ecosistemas, reduzcan los riesgos para la salud, sustenten las economías locales y preserven la vital industria turística del Caribe. El Gran Caribe se encuentra en una posición privilegiada para liderar en este frente. Ha enfrentado lo peor de la crisis del sargazo y ahora cuenta con las herramientas para revertir la situación, si priorizamos la salud, la equidad y la sostenibilidad ecológica. 

Imaginemos un futuro donde las mismas algas que una vez ahogaron nuestras costas se conviertan en un símbolo de innovación y renovación. Para lograrlo, debemos actuar juntos, guiados por la ciencia transdisciplinaria, la solidaridad y un profundo compromiso con el bienestar de nuestra gente y los océanos.

El negacionismo que permanece: cómo el legado bolsonarista moldea la política brasileña

El gobierno de Bolsonaro convirtió el negacionismo en un eje estructurante de su acción política. Al negar evidencias científicas, relativizar consensos históricos y minimizar amenazas ambientales, no solo gobernó bajo una lógica de desinformación, sino que consolidó un método que sigue vivo en la política brasileña. Incluso tras el cambio en el Ejecutivo, las huellas de ese proyecto permanecen evidentes en el Congreso Nacional, influyendo en las agendas y dificultando avances sociales y ambientales.

El negacionismo, en este contexto, no es un simple desacuerdo frente a los hechos, sino un intento deliberado de redefinir qué es la verdad y quién tiene autoridad para decirla. Durante la pandemia de COVID-19, esto se tradujo en ataques a las vacunas, promoción de tratamientos ineficaces y desprecio por las recomendaciones de organismos internacionales. En el ámbito ambiental, la negación de la crisis climática y el desmantelamiento de órganos de fiscalización abrieron espacio a actividades depredadoras en biomas estratégicos.

Esta agenda no se limitó al Ejecutivo. Fue sostenida por una base parlamentaria cohesionada, compuesta por sectores de la bancada ruralista, representantes de intereses mineros y parte de la bancada evangélica. En conjunto, avanzaron en proyectos que flexibilizaron el licenciamiento ambiental, incentivaron la explotación de tierras indígenas y debilitaron la protección legal de áreas sensibles. El resultado fue la institucionalización del negacionismo, transformando discursos en normas, recortes presupuestarios y políticas públicas regresivas.

El cambio de gobierno no revirtió de inmediato esa lógica. En el Legislativo, la correlación de fuerzas sigue favoreciendo agendas que fragilizan el medio ambiente. Propuestas urgentes para enfrentar la emergencia climática tropiezan con una resistencia organizada, mientras las narrativas heredadas del bolsonarismo continúan marcando el debate. La duda sistemática sobre los datos ambientales, por ejemplo, sigue utilizándose como justificación para flexibilizar regulaciones y priorizar intereses económicos de corto plazo.

La persistencia de esta lógica se apoya en dos pilares principales: la movilización de afectos como el miedo y el resentimiento contra grupos identificados como “enemigos” —ambientalistas, pueblos indígenas, científicos, el Poder Judicial en la figura de los ministros del Supremo Tribunal Federal y periodistas—, y la convergencia de intereses con sectores económicos que se benefician de la erosión de las protecciones ambientales. A esto se suma el modelo de comunicación digital del bolsonarismo, aún activo, que alimenta la desinformación y presiona a los parlamentarios a través de redes sociales altamente polarizadas.

No se trata solo de evaluar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el bolsonarismo, sino de comprender que la disputa por el sentido de la verdad y por la legitimidad de la palabra sigue en curso. El negacionismo no es un fenómeno episódico: fue incorporado como práctica política y discursiva, con capacidad de reproducirse y transformarse. Su permanencia en el Congreso Nacional demuestra que no basta con derrotar a un gobierno para desmontar una gramática política autoritaria.

Enfrentar esta herencia exige una acción coordinada en tres frentes. En el ámbito institucional, es necesario recomponer y fortalecer los órganos ambientales y científicos, garantizando autonomía técnica y presupuesto adecuado. En el ámbito legislativo, se requiere articular mayorías capaces de frenar retrocesos y aprobar leyes que consoliden derechos y protecciones ambientales como cláusulas pétreas. En el ámbito cultural y comunicacional, urge disputar la narrativa pública, combatir la desinformación y reconstruir la confianza social en la ciencia y en las instituciones democráticas.

El negacionismo, como estrategia de poder, erosiona la capacidad del sistema democrático para responder a las crisis. Al debilitar instituciones y generar desconfianza pública, crea un terreno fértil para nuevas embestidas autoritarias. Romper con esa herencia requiere más que acciones puntuales: es necesario recomponer la estructura institucional, articular mayorías legislativas comprometidas con la protección socioambiental y disputar la narrativa pública para restablecer la confianza en la ciencia y en la democracia.

Sin ese esfuerzo coordinado, Brasil seguirá atrapado en un proyecto político que, incluso fuera del Palacio del Planalto, continúa moldeando decisiones e impidiendo avances urgentes para el futuro del país.

Experiencia democrática y tentaciones autoritarias en América Latina

A finales de julio, el Congreso de El Salvador, con la mayoría oficialista, aprobó la reelección indefinida, extendiendo el mandato presidencial de 5 a 6 años y estableciendo elecciones simultáneas sin segunda vuelta. En Ecuador, a mediados de agosto, el presidente Daniel Noboa encabezó y alentó una marcha contra los jueces de la Corte Constitucional, después de que frenasen propuestas que violaban la Constitución y, por ende, la institucionalidad del país. Llegó incluso a publicar las fotografías de los magistrados que vetaron sus iniciativas. En Chile, el candidato de extrema derecha José Antonio Kast declaró textualmente en el seminario de Moneda Patria Investments 2025: “El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”, dejando claro que, en caso de no contar con mayoría sustantiva, gobernaría mediante decretos.

En los tres casos la lógica es similar: ordenar y disciplinar a los demás poderes del Estado para ajustarlos a las necesidades del ejecutivo, ya sea desde el poder, como Bukele y Noboa, o desde la aspiración a ejercerlo, como Kast. Son medidas y discursos que pueden inscribirse en el terreno de lo iliberal, cercanos a las prácticas de líderes autoritarios. Sin embargo, más allá de las acciones de estos actores políticos, hay un elemento central que no podemos pasar por alto: la adhesión ciudadana a este tipo de medidas, celebradas en las calles y amplificadas en redes sociales.

Esto plantea un interrogante profundo sobre cómo estamos percibiendo y experimentando la democracia en la región. Los datos del Barómetro de las Américas muestran que el apoyo a la democracia como “la mejor forma de gobierno” alcanzó su punto máximo en 2008 con un 69% a nivel regional. Entre 2016 y 2019, este respaldo descendió al 58%. No es una variación menor: refleja un cambio en cómo las personas entienden su vida en sociedad y su relación con el régimen democrático.

Si miramos casos específicos: en Chile, el apoyo tuvo picos del 80% en 2010 y 2014, pero cayó a un 61% en 2016-17, para luego recuperarse a un 70% en 2023. En Ecuador, el máximo se dio en 2014 con un 67%, y el mínimo en 2023 con un 51%. En El Salvador, el pico fue en 2021 con un 73% y el más bajo en 2016 con un 55%.

Más preocupante aún son las respuestas a preguntas directas: en Chile, en 2023, un 19% aceptaría que el ejecutivo gobernara sin el Congreso. En Ecuador, un 33% considera justificable que el presidente disuelva la Corte Suprema. Sumando los casos de estos tres países, solo un 48% de la ciudadanía se declara satisfecha con la democracia.

Estos datos sugieren que las demandas ciudadanas han mutado: vivimos en sociedades más polarizadas, con una creciente predisposición hacia valores autoritarios, alimentada por crisis de seguridad e identidad (Inglehart & Norris, 2019). Esto nos obliga a repensar la defensa democrática desde un enfoque más situado: no basta con reforzar instituciones en abstracto, sino que debemos comprender cómo las personas viven y experimentan la democracia en su cotidianidad.

La experiencia democrática no es solo el acto de votar ni la existencia de contrapesos formales; es también la sensación de inclusión, de representación y de confianza en que las reglas del juego garantizan derechos y libertades para todos. Cuando esa experiencia se erosiona, la democracia deja de ser un espacio de encuentro para convertirse en un terreno de frustración social. Allí es donde germina la aceptación de liderazgos que prometen orden a cambio de reducir libertades.

La tarea, entonces, es reconstruir puentes entre los arreglos institucionales y la experiencia democrática. Esto implica un esfuerzo conjunto de partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil para frenar propuestas o acciones autoritarias antes de que se normalicen. Como advirtió Adorno (1950), el riesgo no es únicamente la eliminación formal de la democracia, sino su vaciamiento desde dentro: un orden que conserva la fachada democrática pero deja de cuidar y representar a la sociedad.

Revertir esta erosión no es una tarea abstracta ni reservada a declaraciones formales: exige acciones deliberadas. Los partidos políticos deben abrir canales reales de participación ciudadana y dejar de concebir la política solo como competencia por el poder. Los poderes del Estado, en todos sus niveles, tienen que mostrar que la democracia produce resultados tangibles en la vida cotidiana: seguridad, justicia, servicios públicos de calidad. Y la sociedad civil debe asumir un rol activo en la vigilancia y defensa de los derechos, no solo reaccionando cuando estos se ven amenazados, sino promoviendo una cultura democrática que se viva en las escuelas, en los barrios y en las redes sociales. Sin esta reconexión entre arreglos institucionales y experiencia vivida, cualquier estructura democrática será un cascarón vacío, vulnerable a líderes que ofrecen orden a cambio de libertad. La verdadera defensa de la democracia empieza en la forma en que la sentimos y ejercemos día a día.