Una región, todas las voces

El imaginario político argentino y la gestión del futuro

La política y, por ende, los gobiernos que se suceden elección tras elección, tiene la función de resolver los problemas coyunturales y estructurales de una sociedad. Los problemas que atraviesa una sociedad en una coyuntura electoral se definen en ese presente a la vez que se arrastran cuestiones que vienen del pasado. Se trata de cuestiones que, acorde a su duración e impacto, a veces determinan situaciones críticas aunque parezcan expresarse en un presente político.

Este cruce entre cuestiones estructurales, es decir, cuestiones que permanecen, se redefinen y acumulan, y problemas que parecen ser solo una expresión del presente, es lo que confiere los nudos álgidos a la política. Para las sociedades, son temas presentes que el gobierno electo debe resolver. Pero para los gobiernos, se trata de temas arduos que cuesta desentrañar y mucho más explicar a la sociedad. Se trata de un entrecruzamiento complejo entre la gestión del futuro cercano y el imaginario social y político de la ciudadanía, o al menos de la ciudadanía que se involucra en la política.

Las culturas políticas que las sociedades van trazando generación tras generación, juegan un rol importante al definir y situar esos imaginarios en el continuo histórico de cada país. En Argentina, la gestión de los problemas que aparecen en un presente político electoral, se definen desde un imaginario basado en el pasado para luego proyectarse a futuro. Este es un problema político importante para los gobiernos de turno.

Los problemas que Argentina arrastra hace años, claramente expresados en ciclos económicos no virtuosos y su impacto en las cuestiones sociales más álgidas como el empleo, distribución del ingreso o bienestar social, se piensan y definen desde un imaginario del pasado donde esa relación entre economía y bienestar social se había resuelto positivamente. Es decir, los años del peronismo. Después de todo, un eslogan clásico de la política argentina es: “Los años más gloriosos fueron peronistas”.

Si la cuestión es la economía y el eterno ciclo irresuelto entre crecimiento y recesión, el discurso apela a las décadas en las que había políticas industriales, empresas públicas proveedoras de infraestructura, importantes empresarios nacionales, inversiones públicas y privadas. Si el tema es el progresivo aumento del desempleo y la informalidad laboral, se recurre a un pasado de pleno empleo, convenios colectivos,  formalidad laboral y salarios suficientes. Cuando nos enfocamos en la cuestión social, nuevamente la imagen retrocede a épocas de pobreza prácticamente insignificante, movilidad social, bienestar progresivo y generalizado.

La misma lógica se repite al analizar las profundas deficiencias institucionales que afectan al país desde hace décadas. Ámbitos como la educación pública, las universidades, la salud, la vivienda y el cuidado de las infancias muestran un deterioro evidente, producto del mal funcionamiento del Estado. Pero antes de centrarnos en una reforma estatal que fortalezca políticamente y financieramente su estructura institucional, volvemos a pensar en los tiempos en los que había salud pública de calidad para todos, las escuelas ofrecían educación real y movilidad social, las universidades formaban profesionales para el desarrollo nacional, y el crédito estatal impulsaba obras de infraestructura y ampliaba el acceso a la vivienda.

La memoria histórica es un dispositivo político de primer orden en términos de impulsar demandas de la sociedad hacia la política y comprometer a ésta con el bienestar público. El problema es cuando esa memoria se cristaliza y se utiliza como vector único de direccionamiento de la política. Los problemas políticos del presente exigen un diagnóstico temporal acorde para proyectar, desde ese estado y posibilidad de cosas, un futuro posible de reordenamiento y mejora.

Esta es una de las claves de la política argentina. La variable principal no es gestionar los problemas que una y otra vez se repiten definiéndolos en sus características y relaciones causales contemporáneas, sino volver a un pasado lejano donde esas cuestiones se resolvieron dentro de determinaciones internas y externas que se volatilizaron hace décadas. El resultado neto, gobierno tras gobierno, es la frustración social y una vuelta a empezar.

Esto no quiere decir que los gobiernos operen dentro de esa lógica en términos de negociaciones, acuerdos y diseño de políticas públicas. Pero sí, gran parte del imaginario social, se posa no en el resultado posible de esas políticas, sino en lo que debiera ser ya que así alguna vez fue.

En el contexto latinoamericano actual, donde la política comparada ofrece un instrumental metodológico de primer orden para analizar situaciones nacionales, pero con la prudencia de no minimizar las enormes diferencias, un contraejemplo es la política brasileña. Si bien la complejidad de la política brasileña es aún mayor, dado su rol regional y geopolítico, esta se resuelve absolutamente imaginando el futuro. Un futuro que cambiará si a la definición presente de una cuestión específica se le aplican las recetas -políticas públicas- diseñadas.

Quién sabe si esa modalidad política de tratar los problemas sea la más efectiva. Pero, aunque no de los resultados esperados, probablemente no genera la frustración que produce esperar que en el futuro las cosas sean como en el pasado.

Barrios brujos y favelas: un siglo de informalidad urbana en América Latina

La Huelga Inquilinaria de 1925 fue la primera gran crisis social del siglo XX en Panamá. Esta huelga se originó debido al hacinamiento, la precariedad y la falta de alternativas de vivienda que sufrían miles de extrabajadores del Canal en las ciudades terminales de la Ruta Transístmica. A esta volátil situación se le sumó el aumento desmesurado de los alquileres por parte de los casatenientes. El estremecimiento causado por esta crisis fue tal que llevó al gobierno a solicitar la intervención militar de las tropas estadounidenses acantonadas en la antigua Zona del Canal con el fin de contener la revuelta.

El aumento de los alquileres fue consecuencia de la crisis económica y fiscal que vivía Panamá debido a la finalización de la construcción del Canal y al mal manejo de las finanzas públicas por parte de los gobiernos que tuvo el país durante su primer cuarto de existencia. A esta crisis local se sumó el impacto económico global de la Gran Depresión de inicios de la década de 1930. Debido a las presiones inflacionarias y a la situación de abuso por parte de los casatenientes, las tensiones sobre este tema se mantuvieron entre 1925 y 1932. Estas tensiones se reflejaron en una serie de acciones como protestas en las calles, huelgas de no pago e incluso una toma de tierras.

El barrio de Boca La Caja —como se conoció a esta primera toma de tierras de 1932— surgió de la ocupación realizada por 72 familias de pescadores en el borde costero próximo a la servidumbre de lo que sería el aeropuerto de Paitilla. Construido en 1934, este sería el primer aeropuerto de la ciudad de Panamá, fuera de la Zona del Canal, de acuerdo con lo que describe el arquitecto Álvaro Uribe en el libro Ciudad fragmentada (1989). 

El temprano surgimiento de los asentamientos informales durante el siglo XX no fue una situación exclusiva de Panamá. A este barrio le antecede la ocupación por soldados desmovilizados del Morro de Providencia, en Río de Janeiro, en 1897, el asentamiento informal más antiguo de la región. Le seguirían otras tomas similares, marcando una primera expansión urbana en América Latina. Favela Rocinha, también en Río de Janeiro (finales 1920), Villa 31 en Buenos Aires (1932), Las Yaguas en La Habana (1930s) y Boca La Caja en ciudad de Panamá serían los primeros asentamientos de esta temprana oleada.

Estos asentamientos pioneros serían el precedente de la explosiva ocupación de tierras que caracterizó el crecimiento urbano de las ciudades latinoamericanas entre la década de 1940 y finales del siglo XX. Barrio Petare en Caracas (1940), Ciudad Nezahualcóyotl en México (1950), Villa 21-24 en Buenos Aires (1950), Ciudad Bolívar, Bogotá (1950), Victoria en Santiago de Chile (1957), Cantegril en Montevideo (1954), La Limonada en Guatemala (1958) y La Ciénaga en Santo Domingo (1958) conforman la segunda oleada de un fenómeno que se extendería con fuerza hasta finales de la década de los 90.

Estas dos primeras oleadas de asentamientos informales marcan la expansión de la vivienda autoconstruida como forma de hacer ciudad en Latinoamérica, tanto en sus aspectos narrativos como sociales y físicos. Los asentamientos informales dieron origen a una jerga muy latinoamericana que estigmatiza su condición de pobreza y precariedad. Términos como favelas en Brasil, villas miseria en Argentina, barriadas de emergencia o barriadas brujas en Panamá, cantegril en Uruguay, callampas en Chile o tugurios en Costa Rica son parte de los americanismos que dan nombre a este fenómeno.

En conjunto, todos estos casos reflejan un patrón común: profundas crisis (bélicas o económicas) expulsaron a poblaciones vulnerables —soldados desmovilizados, migrantes rurales e inmigrantes extranjeros pobres, u obreros desempleados— hacia las periferias urbanas, en números crecientes, hasta constituir una parte considerable en la formación de las ciudades latinoamericanas.

Físicamente los asentamientos informales se ubicaron en zonas periféricas y marginales de las ciudades. Cerros, áreas pantanosas, zonas industriales cercanas a puertos o ferrocarriles e incluso basureros, entre otros espacios, que permitían residir cerca de los centros de empleo pero en tierras que eran poco atractivas para el desarrollo urbano formal.

En general, de estos primeros asentamientos, pocos fueron eliminados totalmente. Algunos gobiernos optaron por la erradicación y la reubicación —caso de Cuba con Las Yaguas en 1960—. Más frecuente ha sido la regularización progresiva: dotación de servicios, reconocimiento legal de la tierra, y en algunos casos, cierto grado de integración urbana. Por ejemplo, en Villa 31 en Buenos Aires se han construido espacios públicos que buscan una mayor integración con la ciudad. 

Volviendo a Boca La Caja, en Panamá, este barrio continúa siendo, en la actualidad, una comunidad de pescadores y gente de clase trabajadora. Enclavado en el borde costero —y rodeado de rascacielos y centros comerciales construidos durante lo que va del siglo XXI—, se ha convertido en un espacio apetecido por el desarrollo real estate de la ciudad. Bajo este panorama ha surgido una reciente propuesta por parte de las autoridades de planificación urbana de la ciudad para asignar, por primera vez en su historia, códigos de zonificación a este barrio. 

Esta propuesta ha generado malestar en la comunidad. El origen del descontento es que la propuesta asigna un uso de suelo de viviendas individuales al conjunto de lotes que conforman este barrio. Los moradores de Boca La Caja exigen que se les asigne un uso de alta intensidad, que permite la construcción de edificios de hasta 20 pisos, ya que este tiene un mayor valor de mercado que el de la vivienda individual. Una estrategia que parece estar destinada a lograr mejores precios de venta de sus propiedades, en caso de que se vean forzados a dejar su comunidad.

Boca La Caja ejemplifica el reto de la ciudad latinoamericana, en la que ya no es viable mantener los asentamientos informales en el limbo entre el olvido institucional y la amenaza constante del desalojo. La ciudad latinoamericana necesita generar modelos innovadores para reducir la expulsión de la población hacia la periferia. La informalidad en la vivienda y el hábitat es una condición estructural que afecta a otros aspectos económicos y sociales de la ciudad, como el trabajo informal, el desempleo, la delincuencia, el malestar social, la salubridad y el bienestar en general, por lo que urge atenderla si no queremos precipitar el colapso urbano.

En 1996, el informe de la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre asentamientos humanos señalaba: “La pobreza urbana bien puede constituir el problema político y económico más explosivo de la región en el próximo siglo. Entre 1970 y 1990, el porcentaje de la población urbana en estado de pobreza absoluta subió de 29 % a 39 %”. Treinta y cinco años después, estas cifras no han hecho más que agravarse. Según el PNUD para 2022, “el 72% de las personas que viven en áreas urbanas son pobres”. 

Los más de 120 millones de habitantes en la región que aún viven en la precariedad de estos asentamientos son un claro indicador de lo poco que se ha hecho en los últimos 100 años para dar respuesta a uno de los problemas fundamentales de la ciudad latinoamericana: brindar calidad de vida, oportunidades y dignidad a sus habitantes.

El rol del derecho internacional en la lucha contra el cambio climático

Nos encontramos en un momento de grandes cambios y tensiones en la escena internacional en que se está cuestionando el papel del Derecho internacional. Sin embargo, a pesar de sus imperfecciones y fragilidad, como sucede también con la democracia, es la única vía para hacer frente a los desafíos de la comunidad internacional, entre ellos, la degradación ambiental del planeta o lo que Naciones Unidas ha denominado la triple crisis planetaria: crisis climática, pérdida de diversidad biológica y contaminación.

Desde hace más de 30 años, la comunidad científica nos viene facilitando información sobre la realidad del cambio climático con evidencias científicas demoledoras. Un claro ejemplo es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, creado en 1988, cuyo primer informe de evaluación publicado en 1990 ya hacía referencia a los efectos del calentamiento global que hoy sufrimos, como son los fenómenos meteorológicos extremos- olas de calor, sequías o lluvias torrenciales-, el derretimiento de los casquetes polares o la acidificación de los océanos.  Dicho informe impulsó las negociaciones para una convención sobre esta materia que fue firmada tan solo dos años después en Río de Janeiro como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La CMNUCC es una respuesta jurídica ante un problema global.

En aquella ocasión, el derecho internacional fue por delante de la preocupación de la sociedad, porque en aquellos años la sociedad no sentía la necesidad urgente de actuar. Tras la entrada en vigor de la CMNUCC, se negoció y adoptó el Protocolo de Kioto en 1997 que, por ejemplo, en su primer período de aplicación (2008-2012) logró que los países desarrollados redujeran sus emisiones en un 16% cuando el compromiso era de 5,2%. Sin embargo, las emisiones mundiales aumentaron en ese período un 50% debido al crecimiento de las economías emergentes en África, Asia y Latinoamérica, ya que los países en desarrollo no tenían compromisos de reducción de emisiones de GEI bajo dicho Protocolo ni en aquel período ni en el segundo (2013-2020).

A pesar de ello, gracias al Protocolo de Kioto se sentaron las bases para el desarrollo de políticas y medidas para combatir el cambio climático que impulsaron las energías renovables, la eficiencia energética, la protección de los sumideros de carbono como son los bosques o la reducción de las emisiones de metano, por citar algunas.

Algunas de las experiencias del Protocolo, fueron incorporadas en el Acuerdo de París, firmado en 2015, hace ya diez años, por el que toda la comunidad internacional, tanto países desarrollados como en desarrollo, en base al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, está obligada a tomar medidas para lograr sus principales objetivos.

Algunos de estos objetivos eran: limitar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales; aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de GEI.

Para ello, la medida más importante es que todos los estados contratantes del Acuerdo deben adoptar las denominadas contribuciones nacionalmente determinadas (CND), en las que cada estado contratante del Acuerdo debe establecer las medidas que va a adoptar para reducir sus emisiones de GEI, incluyendo sus objetivos de reducción cuantificados, y adaptarse al cambio climático.

Estas medidas tienen que aplicarse en un período de diez años y deben revisarse cada cinco. De hecho, en 2025 los países contratantes están obligados a presentar una nueva NDC. Asimismo, cada revisión debe representar un avance con respecto a la anterior, es decir, la ambición debe ser mayor, es lo que se conoce como el principio de no regresión. Por tanto, el Acuerdo de París no establece objetivos específicos de mitigación para cada país, sino que cada país debe presentarlos ante el secretariado de la CMNUCC como parte de su CND.

Al mismo tiempo, el Acuerdo de París permite que, para a aplicar sus CNDs, los países puedan cooperar voluntariamente a través de acuerdos y de proyectos. Esto es una muestra más de la necesidad de la cooperación internacional para hacer frente al cambio climático.

Asimismo, dado que los países en desarrollo no cuentan con recursos suficientes para hacer frente al cambio climático, desde la CMNUCC los países desarrollados deben facilitar financiación, transferir tecnología y capacitar a los primeros. En 2009, se acordó un objetivo de financiación de 100.000 millones de dólares estadounidenses para el año 2020 que debían aportar los segundos.  Esto se logró en 2023.

En 2024, en la COP 29 de Bakú, se acordó un nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación de 300.000 millones para el año 2035 destinado a la acción climática de los países en desarrollo, junto con un llamado a todos los actores a alcanzar un nivel de financiación de 1.3 billones de dólares, para ese año, procedente de fuentes públicas y privadas a destinar a dicha acción. Para lograr esos 1.3 billones se adoptó la Hoja de Ruta Bakú-Belém con el objetivo de que en la COP de Belém se sienten las bases para ese propósito. De hecho, se ha logrado algún paso en el Compromiso de Sevilla alcanzado en la 4ª Cumbre de Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla en julio de 2025, al integrar la financiación climática en el marco de financiación para el desarrollo en lugar de considerarla como un asunto separado, haciendo un llamamiento para “la provisión y movilización de medios de aplicación en consonancia con los objetivos y compromisos respectivos en virtud de la CMNUCC y el Acuerdo de París”. 

Esos compromisos logrados en el plano internacional deben aplicarse en el plano nacional, por eso el derecho internacional es tan importante ya que impulsa la acción en el plano nacional lo que es parte de la denominada gobernanza multinivel. Cuando se adoptan esos compromisos internacionales, los gobiernos en todos los planos: federal, regional (provincias, estados o comunidades autónomas) y municipal deben actuar pues muchas competencias relativas a la lucha contra el cambio climático corresponden a diferentes niveles de gobierno. 

Es cierto que la temperatura global del planeta aumenta a niveles alarmantes y nos hemos adentrado en el 1,5ºC. Pero también es cierto que, de no contar con la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, probablemente ya habríamos superado los 2ºC. Esto es una muestra de que el derecho internacional y la acción concertada de la comunidad internacional es la vía más adecuada para para combatir el cambio climático, pues las emisiones de GEI que no se reducen en un país producen impactos en todo el planeta. Todo ello a pesar de su imperfección y de ciertos personajes.

*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.

Mientras las democracias se erosionan, los milmillonarios de América Latina se enriquecen 

América Latina y el Caribe se enfrenta a una paradoja tan indignante como peligrosa. Mientras las democracias de la región muestran signos claros de debilitamiento, una élite económica de ultrarricos con fortunas de más de mil millones de dólares se concentra en apenas 106 personas y sus familias y ha acumulado más de US$565 mil millones en riqueza conjunta. Solo durante los primeros seis meses de 2025, el patrimonio de los milmillonarios latinoamericanos creció a un ritmo doce veces mayor que el producto interno bruto regional de 2024. Mientras tanto, la mitad más pobre de la población sigue sin ver mejoras en su calidad de vida: 170 millones de personas viven en situación de pobreza y 66 millones, en pobreza extrema. 

Esta desigualdad no es solo una tragedia social, sino también una amenaza directa a nuestras democracias. Las grandes fortunas no son solo la acumulación de dinero, son la acaparación del poder. Poder para influir en decisiones políticas, financiar campañas, moldear la opinión pública y bloquear reformas fiscales. En nuestras democracias formales —donde cada voto vale lo mismo—, el acceso al poder político está cada vez más mediado por la riqueza. Lo que debería regirse por la regla de “una persona, un voto”, se rige cada vez más por la lógica de “un dólar, un voto”. 

Los últimos informes del Latinobarómetro alertan sobre una recesión democrática en la región. Hoy, solo el 48 % de la ciudadanía apoya la democracia como sistema de gobierno, frente al 63 % en 2010. Una de las principales razones es la creciente percepción de que los gobiernos no representan el interés de las mayorías, sino que responden a los privilegios de unos pocos. No es una percepción infundada. Las políticas de austeridad, la baja inversión social y la falta de voluntad para gravar a los más ricos refuerzan la idea de que el Estado está capturado por intereses privados. 

La regresividad de nuestros sistemas tributarios es parte central de este problema. En la mayoría de los países de América Latina, el 1 % más rico paga proporcionalmente menos impuestos que el 50 % más pobre. Los impuestos al consumo, como el IVA, son generalizados; en cambio, los impuestos al patrimonio, a las herencias o a las grandes fortunas son escasos o insignificantes. Apenas cinco países de la región tienen impuestos al patrimonio neto, y solo nueve gravan las herencias. Además, la evasión y elusión fiscal —que beneficia casi exclusivamente a las rentas altas y a las grandes corporaciones— equivale al 6,7 % del PIB regional, unos US$433 mil millones anuales. Es el mismo monto que, según la Organización Panamericana de la Salud, deberían invertir los países de la región en los sistemas públicos de salud. 

Esta arquitectura fiscal no solo agrava la desigualdad, también socava la base material de nuestras democracias. Sin ingresos suficientes, los Estados no pueden garantizar derechos básicos ni sostener servicios públicos de calidad. La falta de inversión en salud, educación, vivienda, cuidados o protección social deteriora el vínculo entre ciudadanía e instituciones. Así, la desigualdad se convierte en desafección democrática y la desafección, a su vez, en terreno fértil para discursos autoritarios. 

Frente a este escenario, la solución es clara: tenemos que avanzar de manera urgente hacia sistemas fiscales progresivos, que graven a quienes más tienen y fortalezcan la capacidad redistributiva del Estado. La política fiscal no puede seguir siendo tratada como una cuestión técnica o secundaria. Es una herramienta profundamente política. Si no está orientada a garantizar derechos, termina reproduciendo —e incluso ampliando— las injusticias que debería corregir. 

Tras el lanzamiento por parte de los gobiernos de Brasil y España —con respaldo de Chile y Sudáfrica— de la Plataforma de Acción de Sevilla para promover una iniciativa para impulsar a nivel mundial una mayor tributación de los superricos, la reciente Cumbre por la Democracia, celebrada hace apenas unos días en Chile, reafirmó la necesidad de poner este tema en el centro del debate regional. No se puede hablar seriamente de fortalecer la democracia sin discutir cómo se distribuye el poder económico y político. No se puede proteger la institucionalidad democrática mientras se permite que una élite concentre riqueza, influya en decisiones clave y bloquee cualquier intento de justicia fiscal. El momento para la justicia fiscal es ahora.

Una mirada asiática a la paradoja latinoamericana: paz sin guerra, violencia sin tregua

América Latina encarna una de las paradojas más profundas del mundo contemporáneo: una región prácticamente libre de guerras entre Estados, pero devastada por una violencia interna letal y persistente. A diferencia de Europa del Este, Medio Oriente o partes del sudeste asiático, aquí no caen bombas, no hay trincheras ni ejércitos enfrentados. Y, sin embargo, las cifras de muertes violentas en tiempos de «paz» superan con creces las de muchos escenarios de guerra abierta.

Desde 1990, menos de 1.000 personas han muerto en conflictos interestatales en América del Sur, en comparación con más de 330.000 a nivel mundial. Solo tres guerras interestatales han marcado el siglo pasado en la región: la Guerra del Chaco (1932–1935), la Guerra de las Malvinas (1982) y el Conflicto del Cenepa (1995). A diferencia de Asia, donde tensiones entre India y Pakistán, China y Taiwán, o las dos Coreas han mantenido vivo el riesgo de conflicto abierto, América Latina ha apostado por la resolución diplomática: el caso del Canal Beagle entre Argentina y Chile en 1978, o el litigio marítimo entre Perú y Chile resuelto en La Haya en 2014, son ejemplos emblemáticos.

Incluso en el terreno nuclear, América Latina ha demostrado una voluntad singular de desescalada. Argentina y Brasil, que en los años 70 y 80 desarrollaron programas nucleares con fines potencialmente bélicos, finalmente optaron por la cooperación en lugar de la carrera armamentista. En 1991 fundaron la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), una entidad binacional única en el mundo que supervisa el uso exclusivamente pacífico de sus programas nucleares. Este modelo contrasta fuertemente con las tensiones nucleares no resueltas en el sur de Asia (India, Pakistán, China), Medio Oriente (Israel-Irán), o incluso Europa del Este (Rusia-Ucrania). La firma del Tratado de Tlatelolco en 1967 —el primero en prohibir armas nucleares en una región entera— refuerza esta trayectoria pacifista.

Una región sin guerras… pero mortal

Pero si América Latina ha evitado la guerra tradicional, no ha escapado a otra forma de devastación: la violencia cotidiana, persistente e internalizada. En términos de homicidios intencionales, la región figura como una de las más peligrosas del planeta. Según la ONU, América Latina concentra el 29% de todos los homicidios del mundo, pese a representar solo el 8% de la población global.

Las cifras son alarmantes: Ecuador registra hoy 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más alta del mundo, solo detrás de Jamaica. México tiene aproximadamente 19, Colombia 25, Venezuela más de 40. En contraste, la guerra en Ucrania, en su momento más cruento (2022), produjo una tasa de entre 6 y 8 muertes por cada 100.000 personas. Es decir, un ciudadano de Guayaquil o Acapulco enfrenta un riesgo de muerte violenta significativamente mayor que un habitante promedio de Kiev.

¿Y la pobreza, la desigualdad, la urbanización?

Comúnmente se citan la pobreza, la desigualdad o la urbanización desordenada como causas estructurales. Pero esto no basta. India, por ejemplo, tiene un coeficiente de Gini (medida de desigualdad) similar al de muchos países latinoamericanos, y enfrenta profundas disparidades sociales y urbanas. Sin embargo, su tasa de homicidios es de apenas 2,8 por cada 100.000 habitantes. En Indonesia es de 0,6, en Filipinas entre 4 y 8, y en Tailandia alrededor de 3,2. ¿Por qué entonces América Latina es tan desproporcionadamente letal?

La descomposición institucional y la herencia posautoritara

Una diferencia clave está en la historia de construcción estatal. En buena parte de América Latina, la transición desde dictaduras militares coincidió con reformas neoliberales que debilitaron aún más la capacidad del Estado. En lugar de construir burocracias eficaces o fuerzas de seguridad profesionales, muchos países optaron por modelos de gobernabilidad personalista y fragmentada. En contraste, países asiáticos como India —con una democracia continua desde la independencia— o Indonesia —que mantuvo estructuras administrativas robustas tras la caída de Suharto— lograron conservar o reconstruir aparatos estatales funcionales. Esta divergencia histórica ayuda a explicar por qué en América Latina la democracia llegó muchas veces sin Estado.

Crimen como poder paralelo

Otra diferencia crucial es el rol del crimen organizado. En América Latina, no solo desafía al Estado: en muchos casos lo sustituye. En ciudades como Caracas, Rosario o Tegucigalpa, los grupos armados no solo delinquen, sino que ejercen funciones estatales: regulan mercados, imponen normas, cobran tributos y ejecutan justicia. Son “micro-Estados” ilegítimos, pero funcionales, que ocupan vacíos dejados por la retirada institucional.

Fragmentación urbana y cohesión social

La disolución del tejido comunitario en las periferias urbanas latinoamericanas —erosionado por décadas de desplazamientos forzados, urbanización caótica y abandono estatal— ha dejado espacios sociales sin contención. En cambio, en muchas ciudades asiáticas, subsisten redes tradicionales (castas, clanes, asociaciones religiosas o clientelares) que actúan como mecanismos informales de regulación y prevención del crimen.

La impunidad: oxígeno de la violencia

Además, la impunidad es el combustible. En México, el 90 % de los homicidios quedan sin resolver. En Brasil, apenas el 20 % termina en condena. En contraste, India investiga el 65 % de los casos, acusa formalmente al 72 %, y condena al 57 % de los acusados. La tasa específica de condenas por asesinato llega al 42,4 %. En países como Indonesia, con tasas de homicidio inferiores a 0,6 por 100.000, el crimen organizado enfrenta un mayor riesgo de castigo, lo que actúa como freno estructural.

Armas por doquier: la letalidad como norma

En América Latina, la omnipresencia de armas agrava el panorama. Brasil tiene 8,3 armas por cada 100 habitantes, México 12,9, Uruguay 34,7. India tiene solo 5,3; Indonesia, 0,6; Filipinas, 3,6. Además, el tráfico ilegal desde EE.UU. dota a los cárteles latinoamericanos de armamento de guerra, superior incluso al de muchas policías locales.

El factor externo: Estados Unidos como parte del problema

La influencia de Estados Unidos ha sido ambivalente: como principal consumidor de drogas, su demanda financia el crimen transnacional, mientras que sus políticas antidrogas —como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida— han contribuido a militarizar el enfoque sin resolver los problemas estructurales. En lugar de fortalecer al Estado, muchas de estas iniciativas lo han fragmentado aún más. En contraste, países asiáticos han aplicado lógicas más centralizadas y menos dependientes de agendas externas.

La ciudad como epicentro de la batalla

La violencia en América Latina es, sobre todo, urbana. Y las ciudades son el nuevo campo de disputa por el control territorial. Rosario, por ejemplo, registró en 2023 más de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, en gran parte vinculados a disputas entre bandas como “Los Monos” y grupos emergentes. En ciudades como Arica o Guayaquil, las alcaldías carecen de control sobre las policías, y enfrentan amenazas armadas sin herramientas institucionales suficientes. En cambio, en urbes como Mumbai (1,3 homicidios) o Manila (3,3), las autoridades locales mantienen redes de contención social y coordinación policial más efectivas.

Violencia sin destino… pero no irreversible

América Latina vive atrapada en un espejismo: paz sin guerra, pero con violencia sin tregua. Como advirtió Roque Dalton, “la violencia no es el problema, sino el estado natural del alma latinoamericana”. Pero esa supuesta “naturaleza” es, en realidad, una construcción. Superarla exige reconstruir instituciones, profesionalizar la justicia penal, recuperar la legitimidad estatal y reconstituir las redes sociales desde abajo. Compararse con Asia muestra que la violencia no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, sociales e históricas. Y por tanto, puede ser desarmada.

Del aula al ministerio: cómo Chile está integrando la voz infantil en la gobernanza digital

¿Qué tienen en común un laboratorio escolar, un centro de datos de última generación y un consejo formal de niñas, niños y adolescentes? La respuesta es cada vez más clara: las infancias digitales tienen capacidad para aportar visiones frescas y fundamentadas e incidir en decisiones que marcarán su futuro.

El 30 de junio de 2023, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile (MinCiencia) creó el primer Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes (CNNA), con 16 representantes; el CNNA se renovará este año y tendrá representatividad de todas las regiones y garantizará paridad de género.

Este hito va más allá del simbolismo: reconoce que los “nativos digitales” no solo consumen tecnología, sino que también pueden diseñar políticas más sostenibles e inclusivas. Comprenden intuitivamente los riesgos y oportunidades del entorno digital, y, lo más importante, quieren ser escuchados, representar sus ideas y ser factor de cambio, en la toma de decisiones políticas. 

Con esta iniciativa, Chile da un paso firme hacia el cumplimiento del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que establece el derecho de niñas y niños a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten.

Y razones no faltan: la infraestructura digital del país ha crecido de forma exponencial, con una capacidad instalada de centros de datos que pasó de 35 MW en 2013 a 198 MW en 2023. Se prevé que esta cifra se triplique en cinco años. Para enfrentar este auge, el Gobierno sometió a consulta ciudadana el Plan Nacional de Data Centers. También lanzó en 2021 la Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático (EDTTCC), orientada a la carbono neutralidad en 2050, y un marco metodológico que integra actores estatales, sociedad civil y ciencia. Pero en estos procesos, las voces de niños, niñas y adolescentes (NNA) han estado ausentes.

Los NNA de hoy son nativos digitales, cuya socialización y aprendizaje han ocurrido en entornos hiperconectados. 

Un informe de UNICEF de 2021 estimó que uno de cada tres usuarios de internet es menor de edad y subrayaba la necesidad de incorporar sus perspectivas para equilibrar riesgos y oportunidades de la era digital. No se trata de ceder decisiones complejas, sino de aprovechar su experiencia directa: conocen mejor que nadie las brechas de acceso, las fallas de privacidad y los límites y posibilidades de la inteligencia artificial. Su participación no es solo un derecho, es una oportunidad para enriquecer el diseño de políticas públicas.

Chile, al formalizar un consejo de NNA, marca un ejemplo regional; además, ha comenzado a institucionalizar esa participación también a través del programa Explora del MinCiencia, que desde hace 30 años promueve la socialización del conocimiento y el pensamiento crítico en la comunidad educativa y que este 2025 cumple 30 años desde su creación.

Quienes afirman que “los niños no tienen la madurez suficiente” suelen subestimar el poder de una buena metodología participativa. La experiencia de Finlandia demuestra que, con formación y acompañamiento adecuados, niñas, niños y adolescentes pueden contribuir de manera rigurosa y efectiva. Un ejemplo es el proyecto RuutiBudjetti, que desde 2013 amplió el presupuesto participativo de la ciudad de Helsinki al ámbito juvenil, permitiendo que mayores de 12 años propusieran y votaran el uso de fondos públicos. Lejos de ser un caso aislado, Finlandia ha institucionalizado espacios de co-diseño con jóvenes, mostrando que la combinación de preparación técnica y apoyo experto genera propuestas creativas y factibles.

Para que otros países puedan seguir el ejemplo de Chile, es necesario avanzar en la creación de espacios reales de participación para niñas, niños y adolescentes (NNA) en sectores clave como la energía, el uso de datos o el cambio climático. Estos espacios deben asegurar una representación diversa, por regiones, género y condiciones socioeconómicas, y contar con metodologías adaptadas a sus edades y contextos. 

Esto implica ofrecer talleres previos de formación técnica en lenguaje accesible, combinados con encuestas virtuales y diálogos presenciales moderados por expertos. De hecho, el propio Ministerio de Ciencia de Chile ha comenzado a institucionalizar esta lógica participativa en su Plan de Acción 2024-2032, bajo el marco de la Ley N.º 21.430 de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Pero no basta con oírlos: sus propuestas deben incorporarse formalmente en políticas públicas, leyes marco e informes oficiales, y debe publicarse con transparencia qué tanto de lo sugerido por los NNA se implementa realmente. Además, este impulso puede ampliarse si se construyen redes internacionales de consejerías juveniles, articulando esfuerzos entre ministerios de ciencia de América Latina, Europa y Norteamérica para compartir experiencias, metodologías y proyectos conjuntos. 

Estas acciones no solo son necesarias, sino perfectamente viables. Chile ya ha demostrado que es posible convocar y estructurar un consejo de niñas, niños y adolescentes con respaldo institucional. Finlandia, por su parte, ha probado que invertir en formación y participación juvenil genera resultados concretos en términos de transparencia y bienestar colectivo.

Lo que ambos casos evidencian es que las infancias no son simples destinatarias de políticas públicas, sino agentes con saberes propios, inquietudes legítimas y derechos que ejercer. Incorporar sus voces no solo enriquece los procesos de toma de decisiones, sino que aporta creatividad, legitimidad democrática y una visión de largo plazo.

El futuro tecnológico y climático se está definiendo ahora mismo. Y es posible que sus protagonistas más visionarios aún no hayan cumplido 18 años. ¿Estamos dispuestos a escucharlos?

Co-autora: María Schmukler es investigadora y profesora especializada en ciencia, tecnología y política. Asesora en cambio ambiental global, participación comunitaria y políticas de género, equidad, diversidad e inclusión.

La interferencia corporativa en la salud pública alimentaria: una lucha continental

La salud alimentaria en América Latina no está determinada únicamente por decisiones personales o culturales, sino que está profundamente condicionada por la interferencia sistemática de las corporaciones de productos ultraprocesados en las políticas públicas. Este fenómeno se ha vuelto un obstáculo estructural que impide avanzar hacia dietas saludables. En el reciente foro Interferencia de la industria alimentación en las Políticas Alimentarias en América Latina, organizado por la ONG El Poder del Consumidor en la ciudad de México el pasado 16 de julio, expertos de la región denunciaron el poder político de la industria y su rol en la epidemia de obesidad y enfermedades no transmisibles.

Un foro necesario: el poder detrás del plato

El evento reunió a voces clave de Brasil, Colombia, Ecuador y México. Se abordaron estrategias utilizadas por corporaciones para impedir o debilitar las políticas públicas que protegen la salud. Ana María Maya, del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), expuso cómo el marketing dirigido a niños, las alianzas con gobiernos y la captura de espacios públicos se han convertido en herramientas para posicionar productos ultraprocesados. Desde FIAN Colombia, Alejandra Niño subrayó la dimensión de los derechos humanos: el acceso a una alimentación adecuada es un derecho vulnerado por intereses privados. La industria desplaza alimentos frescos con productos hipercalóricos y poco nutritivos.

También se señaló el peso del comercio internacional y los tratados de libre comercio en la configuración de entornos alimentarios desfavorables. Las políticas de etiquetado, impuestos saludables o restricciones publicitarias son frenadas o debilitadas bajo presión empresarial.

El contexto epidemiológico: obesidad como síntoma de un sistema enfermo

Entre 1990 y 2016, la prevalencia de obesidad infantil y adolescente se triplicó en América Latina. Este aumento no es casual. Se dio en paralelo a una transformación radical de la dieta y el entorno alimentario.

El auge de los productos ultraprocesados —bebidas azucaradas, snacks salados, cereales endulzados— está vinculado directamente al avance del modelo neoliberal. Un modelo que, en nombre del libre mercado, permitió que las corporaciones ingresen sin restricciones en escuelas, universidades, hospitales, comunidades rurales y urbanas.

Hoy, seis de cada diez muertes en la región se relacionan con enfermedades no transmisibles, muchas derivadas de dietas inadecuadas. Cada año, más de 600.000 personas mueren por causas atribuibles a la mala nutrición.

Barreras políticas: cuando el dinero manda más que la salud

Uno de los temas centrales del foro fue la dificultad para implementar políticas públicas efectivas. Aunque existen recomendaciones internacionales claras —como impuestos a bebidas azucaradas, etiquetado frontal, regulación del marketing dirigido a niños—, su implementación es escasa o débil.

¿Por qué? Porque enfrentan un poder económico convertido en poder político.

Las corporaciones financian campañas, presionan a legisladores, siembran dudas científicas, se infiltran en instituciones educativas y promueven discursos de responsabilidad individual. Así se neutralizan políticas basadas en evidencia científica. Los países que han logrado avances, como México con el etiquetado de advertencia, han enfrentado batallas legislativas, judiciales y mediáticas. La industria no se limita a cabildear: amenaza, litiga y desinforma.

Estrategias de interferencia: un manual no escrito, pero ejecutado

Durante el foro se identificaron patrones comunes en la región. Entre ellos se encuentra la captura de políticas públicas, que ocurre mediante fundaciones filantrópicas a través de las cuales las corporaciones logran sentarse en las mesas de decisión. También se destacó el uso del discurso de responsabilidad individual, que culpabiliza al consumidor e invisibiliza los determinantes estructurales. Otro patrón es el marketing agresivo dirigido a niños, que convierte a las escuelas en canales de distribución de productos no saludables. Además, se señaló la disuasión científica, donde las corporaciones financian estudios que contradicen la evidencia pública. Por último, se mencionaron las campañas de desinformación, que manipulan redes sociales y medios tradicionales con el objetivo de erosionar el apoyo ciudadano.

Estas tácticas no son improvisadas. Forman parte de una estrategia regional coordinada. La industria opera con inteligencia y sin ética.

Hostigamiento digital y presión institucional: nuevas formas de intimidación

Durante el foro, Alejandro Calvillo, fundador de El Poder del Consumidor, denunció el creciente uso de redes sociales como herramienta de ataque por parte de la industria alimentaria. Mencionó que activistas y académicos críticos han sido blanco de campañas sistemáticas de desprestigio y troleo digital, destinadas a silenciar voces incómodas. Por su parte, Christian Torres, coordinador del área de interferencia de esta misma organización, alertó sobre formas más graves de intimidación: desde amenazas legales hasta el uso de software de espionaje en contra de quienes impulsan políticas basadas en evidencia. Ambos coincidieron en que estas acciones buscan sembrar miedo, desmovilizar la participación ciudadana y debilitar la vigilancia pública. La intimidación no es un efecto colateral; de hecho, es una estrategia deliberada para preservar el status quo del poder corporativo. 

¿Qué sigue?: recuperar el control público de la alimentación

El foro concluyó con un llamado urgente a repensar la gobernanza alimentaria, resaltando que la salud de la población no puede quedar en manos del mercado. Se destacó la necesidad de construir una nueva arquitectura política que priorice el interés público por encima del lucro privado. Esto implica asegurar la independencia científica y regulatoria, blindar las políticas públicas frente a los conflictos de interés mediante mecanismos de transparencia, prevención y mitigación, garantizar presupuestos suficientes para la educación alimentaria y revalorizar los sistemas alimentarios locales y sostenibles.

Una narrativa que debemos cambiar

La historia de la alimentación en América Latina ha sido escrita por quienes tienen el poder. Es hora de cambiar la narrativa. De poner en el centro la vida, no el capital.

Como se afirmó en las ponencias, no se trata solo de un problema de salud pública. Es un tema de justicia social, de democracia alimentaria, de dignidad. La región tiene recursos, conocimientos y movimientos para resistir. Lo que falta es decisión política y presión social organizada. Y eso es precisamente lo que este foro buscó construir: un espacio de encuentro para la indignación informada y la acción colectiva.

Colombia en la encrucijada: la salida de la OTAN y sus consecuencias

El pasado 16 de julio, el presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia abandonaría su estatus como país socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El mandatario justificó esta decisión en el marco de su crítica al papel de algunos gobiernos europeos en el conflicto en Gaza y a la provisión internacional de armas a Israel. Esta iniciativa plantea implicaciones muy sustanciales para la modernización de la defensa colombiana y su integración en la escena global, especialmente en el contexto de la rápida evolución de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la seguridad.

Colombia ha mantenido una relación con la OTAN desde 2017, cuando ingresó como socio global. Solo siete países, Australia, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda, Pakistán y Colombia, son socios globales. Un status que no implica obligaciones militares, pero sí permite el acceso a una cooperación invaluable en áreas como la transparencia en defensa, el intercambio de información, la modernización de las fuerzas armadas, la participación en actividades de capacitación o el acceso a proyectos en materia de seguridad civil basada en la investigación científica, la innovación y el intercambio de conocimientos.

La Reforma del Sector Seguridad y en consecuencia los proyectos de transformación de las fuerzas armadas en Colombia comenzaron en el año 2012, como un proceso de transformación para preparar a la Fuerza a las nuevas realidades materiales y políticas.  La seguridad humana, eje del Plan de Desarrollo del gobierno Petro, ha sido un motor central y un principio rector de estos procesos. Un proceso no solo de transformación estratégica, táctica y operativa, sino también la aplicación de principios de buena gobernanza, transparencia, y de fortalecimiento del estado de derecho. Organizaciones como Naciones Unidas y particularmente la OTAN han permitido que Colombia y sus fuerzas armadas, como socios, hayan alineado parte de su transformación con estos principios, y ha permitido a las Fuerzas Armadas colombianas acceder a entrenamiento, modernización, logística y mando alineados con estos estándares internacionales.

En estos momentos de tensión geopolítica, la alianza de la OTAN facilita el apoyo y la cooperación en el fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y seguridad estratégica, aspectos clave en estos momentos para hacer frente a nuestras propias amenazas, como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado o la lucha contra el narcotráfico. La salida en estos momentos implicaría una pérdida de credibilidad internacional, una reducción clave en la cooperación con aliados estratégicos, sino sobre todo una pérdida invaluable en nuestras capacidades de defensa y seguridad. Para Colombia, la OTAN representa una plataforma clave en materias como interoperabilidad tecnológica, acceso e intercambio de información y de capacitación en defensa cibernética y doctrina de ciberconflicto.

La OTAN, la Unión Europea y los estados miembros han instado a establecer mecanismos para garantizar un control humano significativo sobre los sistemas autónomos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Ejemplo de ello es como el programa Ciencia para la Paz y la Seguridad (SPS) de la OTAN ha apoyado iniciativas de investigación clave, «Clicking the pause: The role of Transatlantic cooperation in AI Supervision», un seminario internacional de investigación sobre la supervisión ética de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la defensa, organizado por la Universidad de Salamanca y la Universidad de La Sabana (Colombia), dirigido a fomentar la cooperación académica y política en torno al uso responsable de la IA en contextos tan importantes como la seguridad y la defensa.  La participación de Colombia como socio global de la OTAN facilita el acceso a estas capacidades y conocimientos avanzados en SSR y en la integración ética de la IA, lo que es vital para la continuación exitosa de su propia transformación militar, especialmente en la lucha contra amenazas de guerra irregular.

Colombia se ha posicionado como un pionero en la formulación de estrategias de IA en América Latina, ocupando los niveles más altos en materia de políticas y prácticas de Inteligencia Artificial, que ha lanzado la Estrategia Nacional de IA y que ha establecido un marco de principios y directrices para incentivar el avance de la IA y desarrollar una gobernanza regulatoria basada en la autorregulación, en lugar de una estructura rígida de reglas. Si Colombia mantiene su estatus de socio global de la OTAN, puede seguir siendo un puente vital para la inserción de América Latina en las discusiones globales sobre la gobernanza de la IA en la defensa y la seguridad.

Su liderazgo en la formulación de una estrategia nacional de IA y su enfoque en la autorregulación y la ética, combinado con su experiencia en seguridad multidimensional y guerra irregular, ofrecen un modelo y conocimientos que pueden beneficiar no solo a Colombia sino a otros países de la región. La salida contrarrestaría este proceso y minaría la credibilidad de Colombia como un actor clave en la seguridad y tecnología global.

Tarifazo digital: el nuevo rostro del postotalitarismo cubano

Un régimen político es un sistema duradero y coherente, una estructura de reglas y normas formales e informales, que regulan las relaciones entre los gobernantes y los gobernados en una jurisdicción dada, normalmente un Estado soberano reconocido. Para su estudio se utilizan cuatro dimensiones analíticas: liderazgo, pluralismo, movilización e ideología. Además, para analizar regímenes como el cubano, totalitario y de inspiración soviética en sus orígenes, se emplea el concepto de cambios no transicionales. Se los cataloga así porque persevera el monopolio del Partido Comunista de Cuba (PCC). Por ello, no es posible argumentar la existencia de una transición democrática mientras este partido controle el régimen e impida el pluralismo político, con independencia de que se registren transformaciones económicas y sociales.

El pluralismo se define como la capacidad de autonomía y de competencia de la sociedad, de la economía y de la política en un Estado. En el totalitarismo, el monopolio del poder anula, tanto de hecho como de derecho, la autonomía económica, social y política por completo, mientras que en su fase postotalitaria se aprecia cierto grado de pluralismo económico y social que es insuficiente para establecer la presencia de competencia política. El último ámbito sobre el cual desapareció el control totalitario en Cuba fue el informativo, debido a la expansión del acceso a internet mediante datos móviles. 

A partir de diciembre de 2018, las autoridades cubanas comenzaron a perder el monopolio de la información consumida por los ciudadanos y se generaron espacios independientes del control estatal que incluyen desde medios de prensa hasta grupos de personas que interactúan mediante las redes sociales y sistemas de mensajería. Desde entonces ha crecido esa manifestación de pluralismo social como parte de una cultura paralela, a pesar de lo costoso del acceso a internet, la mala calidad de la conexión, la censura y la represión de las autoridades, que han restringido pero no han logrado desconectar a los ciudadanos, en particular a los más jóvenes. Los espacios de socialización generados mediante el acceso a internet se han reprimido por el gobierno, incluso mediante la desconexión completa del país, como ocurrió después de las manifestaciones de julio de 2021

No obstante, las personas emplean internet cotidianamente. De ahí que el “tarifazo” implementado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba Sociedad Anónima (ETECSA) constituya un ataque directo a esas formas de pluralismo social surgido por la expansión de internet y en las que se involucran los jóvenes universitarios cubanos. El primer aspecto a considerar es que el aumento y la dolarización de las tarifas de ETECSA no es una medida corporativa, sino política, y que anunció el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en 2024. Tampoco es solo una acción de tipo económica, porque es interpretable como parte de una estrategia política para al menos restaurar algo de control totalitario sobre uno de los pocos espacios donde las autoridades perdieron el poder absoluto: el acceso a internet y a la información.

El “tarifazo” impone ahora un retroceso profundo. Los precios dolarizados y los salarios en moneda nacional condenan a gran parte de la población, en especial a los jóvenes sin acceso a remesas, a la desconexión o al silencio. Pero lo más preocupante no es solo el costo, sino el objetivo político que subyace a la medida: vaciar de contenido crítico el espacio digital mediante la exclusión económica. Este mecanismo encaja perfectamente en una lógica que es posible denominar postotalitarismo con efectos neoliberales, el cual se impone mediante una fórmula que combina control político total con exclusión social por vía del mercado. Quien no pague en dólares no accede a internet. No se trata de restringir el acceso a un lujo, sino a un espacio que permite la realización de derechos con la menor intermediación estatal posible.

Además, el “tarifazo” se integra en un proceso más amplio de dolarización de la economía cubana, donde bienes y servicios esenciales solo están disponibles en divisas extranjeras, combinado con recortes presupuestarios en áreas socialmente sensibles, la eliminación de subsidios y el aumento de precios en productos y servicios de primera necesidad. Este modelo fragmenta la ciudadanía entre quienes tienen acceso a dólares u otras monedas extranjeras, ya sea por la vía de las remesas, los negocios privados o los vínculos con personas residentes en el exterior, y quienes solo disponen de moneda nacional. La igualdad social, si alguna vez existió como horizonte del modelo cubano, se ha descartado sin pudor alguno en la medida que se ha consolidado el régimen postotalitario.

Otro de los efectos más interesantes y al mismo tiempo reveladores del “tarifazo” es el malestar que generó en sectores donde antes solo se practicó, al menos públicamente, la obediencia a la verticalidad propia de las organizaciones subordinadas al PCC. La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), una de las tradicionales “poleas de transmisión” del partido único para la legitimación del régimen y la movilización de sus partidarios, mostró por primera vez en mucho tiempo fisuras internas. Mientras la dirección nacional de la organización mantuvo su lealtad a la postura y discurso oficiales, varias direcciones de base expresaron su desacuerdo. Incluso se solicitó la renuncia del presidente nacional de la FEU. Los estudiantes llamaron a un paro, crearon espacios de discusión, hicieron declaraciones públicas en las redes sociales y, sobre todo, dejaron claro que la exclusión del espacio digital viola sus derechos por la vía de la discriminación económica.

Estas contradicciones internas evidencian una realidad que desde el poder se intenta negar: la sociedad cubana ya no encaja en los moldes verticales del totalitarismo clásico. El pluralismo social, por limitado y reprimido que sea, penetró las grietas del régimen político. Aunque no se permite el pluralismo político propio de una democracia, internet permitió que muchas personas desarrollaran una conciencia crítica sin partidos u organizaciones autónomas bien estructuradas, pero con más claridad que nunca. El “tarifazo” de ETECSA pretende cerrar ese espacio, pero ya es tarde. La brecha no es solo digital; es generacional, política y simbólica.

Los jóvenes que cuestionaron las tarifas, denunciaron las incoherencias del sistema, emplazaron a las autoridades universitarias y padecieron la represión más o menos evidente del aparato de seguridad cubano mientras reclamaron como su derecho a acceder a internet, confirman la ilegitimidad del régimen político, incluso a lo interno de las organizaciones de masas e instituciones docentes. En definitiva, el “tarifazo” de ETECSA representa una política deliberada de exclusión para silenciar el pluralismo social que emplea internet como vía de expresión. 

En un país donde el pluralismo político sigue prohibido, restringir el acceso a una esfera donde existe cierta diversidad de pensamiento revela no solo el miedo de la élite política, sino también la fragilidad de su poder. Sin embargo, como demostraron los estudiantes universitarios, incluso en condiciones adversas, las fisuras en el sistema de control no dejan de expandirse, y a veces esas pequeñas grietas anticipan los derrumbes más inesperados.

Corrupción institucionalizada en Ecuador: los desafíos del gobierno de Noboa

El año 2025 representa un punto decisivo para Ecuador en su lucha contra la corrupción, que ya no puede considerarse un fenómeno aislado sino un sistema institucionalizado que ha socavado el Estado de derecho, la democracia y el desarrollo nacional. La reciente actualización de la sentencia contra Jorge Glas en el caso Reconstrucción de Manabí y la reactivación del caso Arroz Verde confirman la persistencia de redes corruptas que trascendieron gobiernos y consolidaron un sistema estructural de abuso y captura del Estado.

Estos hechos evidencian no solo el alcance del saqueo al erario público, sino también la vulnerabilidad de las instituciones frente a prácticas sistemáticas de impunidad y protección política. En este contexto, el gobierno de Daniel Noboa enfrenta el desafío de desmantelar este entramado histórico y restaurar la confianza ciudadana, trascendiendo la judicialización de casos emblemáticos para impulsar una transformación profunda y sostenida.

El contexto histórico y político: raíces profundas de un sistema corrupto

La corrupción en Ecuador no es un fenómeno reciente ni aislado; sus raíces se hunden en décadas de prácticas clientelares y captura estatal que han permeado múltiples gobiernos. Sin embargo, fue durante la década del correísmo (2007-2017) cuando estas prácticas se institucionalizaron y adquirieron un nivel sin precedentes de sistematización y complejidad.

Durante este período, la corrupción dejó de ser un conjunto de actos individuales para transformarse en un entramado estructural que combinó financiamiento ilícito de campañas, manipulación coordinada de contrataciones públicas y la cooptación de órganos de control, justicia y regulación. Este proceso consolidó un sistema que garantizaba impunidad y sostenía redes clientelares mediante el uso del aparato estatal para intereses partidarios.

El caso Arroz Verde, que abarca de 2012 a 2016, ejemplifica esta dinámica. Empresas nacionales y extranjeras pagaron sobornos sistemáticos para obtener contratos en sectores estratégicos, utilizando empresas fachada, falsificación de documentos y triangulación financiera para ocultar el origen ilícito de los fondos. La corrupción se convirtió así en un mecanismo para perpetuar el poder político y desviar recursos que debían destinarse al desarrollo social y económico.

El caso Arroz Verde: sobornos y financiamiento ilícito en el corazón del Estado

El caso Arroz Verde revela cómo la corrupción institucionalizada operó como un sistema articulado entre actores públicos y privados para lucrarse con recursos estatales mediante mecanismos complejos. Empresas que aspiraban a contratos en sectores como energía, telecomunicaciones e infraestructura entregaban sobornos a funcionarios y operadores políticos para asegurar adjudicaciones, incluso en detrimento del interés público.

Para ocultar estos flujos ilícitos, se emplearon empresas fachada que emitían facturas falsas y triangulaciones financieras que dificultaban el seguimiento del dinero, incluyendo movimientos hacia paraísos fiscales y el uso de prestanombres. La investigación, iniciada tras un reportaje periodístico en 2019, logró vincular a altos funcionarios como Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas, y determinó un perjuicio fiscal superior a 39 millones de dólares.

Este esquema reveló un círculo vicioso en el que recursos públicos desviados financiaban campañas electorales y redes clientelares, debilitando las instituciones y minando la gobernabilidad democrática.

La tercera condena de Jorge Glas: corrupción en la reconstrucción de Manabí

En junio de 2025, la Corte Nacional de Justicia impuso una condena de 13 años de prisión y 25 años de inhabilitación política a Jorge Glas y Carlos Bernal por peculado vinculado a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. La sentencia determinó que desviaron fondos hacia proyectos innecesarios, priorizando intereses políticos y clientelares por encima de las necesidades de las víctimas.

Esta tercera condena confirma un patrón reiterado de abuso de poder, tráfico de influencias y estructuras paralelas en la contratación pública, presente también en casos como Odebrecht y Sobornos 2012-2016. El proceso estuvo marcado por controversias, incluida la negativa a apartar a jueces y un conflicto diplomático tras la captura de Glas, evidenciando la complejidad y tensiones que rodean la persecución judicial de altos funcionarios.

Corrupción institucionalizada: más allá de las personas, una estructura que desmantelar

Los casos mencionados reflejan una estructura de corrupción institucionalizada que ha funcionado como un sistema dentro del Estado ecuatoriano, caracterizado por la captura del Estado, redes clientelares, cooptación de poderes, impunidad persistente y ausencia de controles efectivos.

La evolución del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional confirma esta realidad. Por ejemplo, en 2012 Ecuador alcanzó 42 puntos sobre 100, pero en años posteriores descendió a niveles cercanos a 35, reflejando el aumento en la percepción ciudadana de corrupción sistemática. A pesar de mejoras recientes, los niveles siguen siendo bajos y evidencian un problema estructural.

Informes de la Contraloría General y auditorías han identificado irregularidades recurrentes en obras públicas, salud y telecomunicaciones, incluyendo contratos inflados y adjudicaciones directas sin transparencia, corroborados por investigaciones judiciales y periodísticas. La impunidad y la politización judicial han sido obstáculos críticos, dificultando procesos y erosionando la confianza pública.

Desmontar este sistema requiere más que sancionar individuos; implica reformas integrales para erradicar la impunidad, fortalecer la independencia judicial y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

El desafío de Daniel Noboa y el Plan Nacional de Integridad Pública 2024-2028

Ante este escenario, el gobierno de Daniel Noboa ha asumido la responsabilidad de enfrentar la corrupción mediante el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, presentado en diciembre de 2024. El plan se basa en tres ejes: prevención y sanción, transparencia y rendición de cuentas, y participación ciudadana.

Destaca el fortalecimiento de la Función de Transparencia y Control Social, con sistemas digitales para monitorear procesos de contratación pública en tiempo real, facilitando el acceso ciudadano a información y la denuncia de irregularidades. Se implementó un canal seguro para denuncias, junto a campañas de formación para servidores públicos en ética e integridad.

Además, impulsa reformas legales para agilizar procesos judiciales anticorrupción y capacitar a jueces y fiscales, y se apoya en la Ley de Integridad Pública, que establece obligaciones claras en transparencia, conflictos de interés y declaratorias patrimoniales. Esta norma, junto a políticas actualizadas de contratación, busca cerrar brechas legales y reducir la captura institucional.

Sin embargo, la independencia judicial sigue siendo un desafío clave. El plan propone controles ciudadanos sobre la Función Judicial y la meritocracia en la selección de jueces para mitigar la politización. La cooperación entre Contraloría, Fiscalía y Secretaría de Integridad se ha intensificado, con operativos en sectores vulnerables.

La participación activa de la sociedad civil y medios, como Transparencia Ecuador, es fundamental para vigilar y exigir rendición de cuentas, evitando retrocesos. Asimismo, el plan aborda nuevos retos como el lavado de activos mediante plataformas digitales y la infiltración de redes delictivas, promoviendo la cooperación internacional.

El éxito del plan dependerá de la capacidad del gobierno para transformar estos compromisos en reformas estructurales efectivas que aseguren transparencia, independencia judicial y sanciones rigurosas.

Conclusiones: la necesidad imperativa de una transformación estructural

La corrupción en Ecuador no es una desviación del sistema: es el sistema mismo cuando las instituciones son capturadas, los controles neutralizados y el poder público se convierte en instrumento de lucro privado. Los casos Arroz Verde y reconstrucción de Manabí no son anomalías, sino expresiones reveladoras de un modelo de funcionamiento estatal basado en la opacidad, el clientelismo y la impunidad. Ignorar esta realidad estructural equivale a perpetuarla.

Enfrentar esta forma de corrupción requiere mucho más que la sanción de actores individuales. Mientras no se desmantele el entramado que posibilita su reproducción incluyendo la cooptación de la justicia, el uso político de los órganos de control y los mecanismos informales de asignación de poder, cualquier esfuerzo seguirá siendo reactivo y limitado. No basta con castigar a los responsables de hoy si no se previene la emergencia de nuevos operadores mañana.

El gobierno de Daniel Noboa tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica de liderar un quiebre con ese pasado. Esto exige voluntad política firme, reformas institucionales irreversibles, transparencia radical y el empoderamiento efectivo de la ciudadanía y la prensa independiente como contrapesos reales al poder. Sin estos elementos, el Plan Nacional de Integridad Pública corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico más. Ecuador no necesita promesas: necesita una refundación ética del ejercicio del poder.