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Una región, todas las voces

China y el Canal de Panamá: ¿negocios o dominio estratégico?

Por
César Eduardo Santos
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Después de que Donald Trump declarase, en más de una ocasión, que Estados Unidos recuperaría el control del Canal de Panamá frente al avance de China en el hemisferio, varios sectores de la opinión pública se mostraron dubitativos. Incluso entre algunos especialistas latinoamericanos con quienes comparto foros de discusión saltaba la interrogante sobre si las declaraciones de Trump acerca de la apropiación china del Canal están bien fundadas o, por el contrario, son trampas retóricas para obligar al gobierno de José Raúl Mulino a alinearse con la agenda estadounidense. 

Por paradójico que parezca, creo que se trata de una mezcla de las dos cosas. Como muestran algunos informes del centro Expediente Abierto sobre la influencia de China en Panamá y la presencia de compañías estatales chinas en Centroamérica, es evidente el aumento de operaciones que el Estado-partido chino ha desplegado en la región durante la última década. Por otro lado, es difícil asegurar que algunas entidades vinculadas a Hong Kong respondan a los intereses del Partido Comunista Chino (PCCh), como sí lo hacen las empresas con base en China continental. 

El estatus de Hutchison Holdings

En el discurso de Trump, como en el de Marco Rubio durante su audiencia de confirmación como Secretario de Estado, parece que la preocupación fundamental en torno al Canal de Panamá son las operaciones de Hutchison Ports PPC, una empresa hongkonesa que controla los puertos de Cristóbal y Balboa en los dos extremos del corredor transoceánico. 

No obstante, la propiedad de esta compañía, cuyos orígenes remontan al siglo XIX, ha sido históricamente privada. Hutchison Ports PCC es una filial de CK Hutchison Holdings Limited —antes Hutchison Whampoa— a la que, en 1997, le fue otorgada la concesión para operar los puertos ya mencionados. Esto ocurrió algunos meses antes de la Declaración Conjunta Sino-Británica, mediante la que Reino Unido cedía la soberanía de Hong Kong a la República Popular China.

Así, desde julio de 1997, Hong Kong forma parte inalienable de Pekín, bajo el mecanismo de un país, dos sistemas. Debido a ello, la región disfrutó, por casi dos décadas, de autonomía política —consagrada en la Basic Law— y libertad financiera. Este hecho permitió la conformación de un sistema de partidos, la emergencia de movimientos sociales como el escolarismo, y la proyección de Hong Kong como un centro financiero global, con una de las bolsas de valores más importantes del mundo. Fue en este entorno político, cultural y de negocios que Hutchison Ports desarrolló buena parte de sus operaciones, después de haberle sido concedida la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

No obstante, tras su ascenso como líder del PCCh en 2013, y sobre todo en los años previos a la pandemia del Covid-19, Xi Jinping desplegó varios esfuerzos por asfixiar la autonomía política hongkonesa. El más efectivo fue la Ley de Seguridad Nacional de 2020, que desarticuló los movimientos prodemocráticos en la otrora Región Administrativa Especial, suprimió libertades y posibilitó el encarcelamiento de líderes autonomistas. Posteriormente, Xi también puso en marcha el proyecto de “la Gran Área de la Bahía”, con el fin de asimilar los territorios de Hong Kong y Macao con el resto de China. Así, el atractivo hongkonés como un oasis de libertad en medio del dominio comunista ha sido paulatinamente derruido. 

Por motivos tales, es sumamente difícil determinar en qué medida el PCCh tiene injerencia sobre las decisiones de Hutchison Ports. Es incontestable que el gobierno de Xi Jinping ha reducido la iniciativa privada nacional al mínimo, no solo mediante una economía centrada en las “nuevas fuerzas productivas” y los grandes subsidios a las compañías estatales, sino también con la captura de las mesas directivas de varias empresas transnacionales chinas. 

Como menciona el profesor Yong Deng en su libro China’s Strategic Opportunity (2022), hacia 2018 cerca del 50% de las empresas privadas de China habían establecido un comité con miembros del PCCh, en comparación con un 4% en 1993. No obstante, Hutchison Holdings parece mantener sólidos niveles de transparencia, pudiendo incluso consultarse quiénes son sus directivos desde su página web. La decisión del gobierno panameño para iniciar una auditoría a las actividades de esta empresa en el Canal busca aclarar cualquier duda sobre el rol del PCCh al respecto.

Las otras entidades chinas en el Canal

Más allá de las inquietudes sobre el potencial vínculo de Hutchison Holdings con el PCCh, alrededor del Canal de Panamá existen algunos proyectos operados por compañías estatales chinas. China Communications Construction Company (CCCC), a través de subsidiarias y joint ventures, se ha involucrado en la construcción y gestión de infraestructura en el corredor transoceánico. Como es casi de dominio público entre quienes estudiamos las operaciones globales de China, CCCC ha enfrentado sanciones del Banco Mundial por llevar a cabo prácticas fraudulentas. 

En Panamá, CCCC fue la encargada de construir la terminal de cruceros de Amador, a través de un consorcio formado por su filial, China Harbour Engineering Company (CHEC), y la empresa belga Jan de Nul. Esta obra se encuentra en la entrada del Canal por el Pacífico y, si bien es un puerto de uso turístico, en fechas recientes se reportó que han aparcado ahí tanqueros de gas licuado de petróleo.

Por otro lado, en el Consorcio Panamá Cuarto Puente, encargado de llevar a cabo el cuarto puente vehicular sobre el Canal de Panamá, también participa CHEC. A pesar de que el proyecto se encuentra aún en etapa inicial, ya ha presentado irregularidades. De acuerdo con la prensa panameña, la adjudicación de esta obra a la filial de CCCC ocurrió en medio de sospechas de sobornos.

Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá, se reunió durante el proceso de licitación del proyecto con altos funcionarios de dichas corporaciones. En septiembre de 2017 lo hizo con Tang Qiaoling, gerente general de CHEC, y, en noviembre del mismo año, con Chen Fen Jian, presidente de CCCC. Finalmente, en junio de 2018 se concesionaron las obras del cuarto puente a estas empresas, no obstante haber recibido el puntaje más bajo en la evaluación técnica. 

Mientras que el estatus de Hutchison Holdings respecto a China es aún difícil de conocer, las actividades de empresas depredadoras como CCCC y CHEC deben llamar la atención no solo del gobierno de los Estados Unidos sino también de Panamá. Estas compañías dependientes del Estado-partido chino han buscado ampliar sus operaciones sobre infraestructura crítica en la nación canalera y en el resto de América Latina. 

Así lo demuestra la intención fallida de CCCC por construir la terminal de contenedores Panamá Colón Container Port, cuya concesión fue retirada a las empresas chinas Shanghai Georgeous y Landbridge Group por incumplimiento contractual. También es notable su expansión en países como El Salvador, donde CHEC desarrolló el hace poco inaugurado muelle turístico del puerto La Libertad, o en Colombia, donde la iniciativa en marcha de la primera línea del metro de Bogotá está a cargo de la misma compañía.

Milei y la construcción de un partido que le haga perdurar

Por
Fernando Domínguez Sardou
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La construcción de partidos para los dirigentes outsiders es esencial para su supervivencia y la experiencia argentina demuestra que para sobrevivir en política, es necesario integrar un partido político. Consciente de ello, a lo largo de su primer año de gobierno, uno de los objetivos de Javier Milei ha sido la construcción de su partido para poder seguir siendo competitivo electoralmente.

El año 2025 es un año de particular relevancia para la presidencia de Javier Milei. No solo por el contexto internacional o por la visibilidad que ha ganado en la agenda mediática y política global. Lo es porque en 2025 deberá superar la primera prueba electoral. En las elecciones de 2021 y 2023, el hoy presidente argentino se postuló como un “candidato antisistema”. Es decir, concentró sus propuestas a partir de una clásica formulación de “nosotros contra ellos”, donde el “ellos” era la clase y el sistema político en su conjunto, al que denominó “casta”. Sin embargo, una vez que estos movimientos y líderes llegan al gobierno tienen la necesidad de reinventarse, pues ya encabezan el sistema.

Milei ganó las elecciones de 2023 con una candidatura ad hoc, sin un partido, con una alianza débil llamada “La Libertad Avanza”. En términos de apoyos de estructura partidaria, La Libertad Avanza (LLA) resultaba desconocida para el electorado argentino, y en las elecciones primarias y generales, tuvo múltiples problemas para tener representantes en las mesas electorales. De hecho, para la segunda vuelta, el principal aporte de Mauricio Macri al sector mileísta fue brindarle gran parte de la estructura de fiscalización de su partido, Pro, a nivel nacional. Ello convirtió a Milei en un candidato viable, y eventualmente ganador. A partir de su triunfo en noviembre de 2023, uno de los grandes esfuerzos de Milei ha sido el de conformar una fuerza política.

Bajo el liderazgo de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y el estratega del gobierno, Santiago Caputo, La Libertad Avanza comenzó un camino de construcción partidaria, que tuvo distintos pasos. Uno de los primeros pasos fue una purga, que incluyó la solidificación de los relativamente pequeños bloques oficialistas en el Congreso Nacional, y la conformación de una fuerte disciplina partidaria. Esto llevó al surgimiento de bloques alternativos, ajenos a LLA, con integrantes originalmente elegidos por el oficialismo. Los casos más destacados son la expulsión del bloque del senador Francisco Paoltroni, y las salidas de los diputados Zago y Arrieta, en el marco de conflictos con el gobierno. En algunos casos, estos diputados siguieron acompañando al Ejecutivo y en otros se han convertido en opositores. Y en otros casos, como el de Carolina Píparo, han salido del bloque oficialista y han vuelto tiempo después.

Una vez que se consolidó la base mileísta, se dieron dos situaciones simultáneos en la construcción partidaria: la formalización de un partido político como figura legal para competir electoralmente -y no depender de alianzas con otros partidos-, y la estructuración y consolidación de bloques partidarios propios en las distintas legislaturas provinciales (de manera análoga a lo ocurrido a nivel nacional). Esto evidencia un elemento crucial de la construcción partidaria: como todo partido, LLA tiene líneas internas. Dos ejemplos de ello son la conflictividad interna en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entre el sector liderado por Ramiro Marra, y un sector alineado con Karina Milei; y las elecciones internas partidarias desarrolladas en enero en  Entre Ríos, donde hubo ciertos niveles de conflictividad, pero un proceso reconocido internamente por todas las partes.

A partir de allí, Milei comenzó a trazar su estrategia para las elecciones de 2025, diferenciándose de sus aliados, en particular el Pro y Mauricio Macri. Los objetivos de ambos partidos son distintos: mientras que LLA necesita ganar las elecciones para refrendar su gestión y aumentar su contingente legislativo, Pro piensa en retener sus cuotas de poder e influencia, y particularmente, hacer una buena elección en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque en alguna medida estos objetivos pueden ser convergentes, la presión de Pro resulta contraria a la necesidad de LLA de liderar el proceso. Por ello, en los últimos días se han observado roces entre ambas fuerzas, y en simultáneo, para reforzar su poder territorial, LLA salió a conquistar dirigentes de Pro. La primera pieza trascendente de esto es el líder del distrito de Tres de Febrero, en el conurbano bonaerense, Diego Valenzuela.

Para que Milei, quien llegó como un outsider logre mantenerse en el tiempo es esencial que construya su propio partido. Lo mismo sucedió con José Antonio Kast en Chile, que en su proceso disidente de las fuerzas políticas tradicionales de derecha, tuvo que crear su “Partido Republicano”, y desde allí, salir a competir en procesos electorales donde no era -ni podía ser- candidato. Aunque perdió caudal electoral (y respaldo en la opinión pública) en ese proceso, la construcción partidaria le permitió estructurar su oferta y hacerla más nítida.

La contracara de este proceso es el bolsonarismo que de forma análoga a la de Javier Milei, intentó construir un partido político desde el gobierno. Sin embargo, dada la naturaleza del sistema partidario y del federalismo brasileños, le resultó imposible. Su estructura sigue poblada de coaliciones de liderazgos de derecha a lo largo de toda la geografía brasileña. Esto no impide que Bolsonaro y el bolsonarismo no hayan mantenido una posición competitiva, cambiando el eje de la política brasileña.

El tiempo, y este año en particular, nos mostrarán si Milei está más cerca del “modelo Kast” o del “modelo Bolsonaro”. Dicho de otro modo, si estamos frente a un líder que busca dejar una idea nítida, o buscar coaliciones que le hagan sostenible su acción de gobierno.

El potencial de la región para liderar la transición hacia una economía azul sostenible

Por
Larisse Faroni-Perez
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América Latina y el Caribe (ALC) alberga el 19 % de las ecorregiones marinas del mundo. Bañadas por el Caribe, el Atlántico, la Antártida y el Pacífico, estas aguas juegan un papel central en la regulación del clima global y se encuentran entre los mayores reservorios de biodiversidad marina del planeta. Además, concentran el 25 % de la biodiversidad marina mundial.

Los manglares brasileños y del Caribe son viveros de vida, que almacenan miles de millones de toneladas de carbono en el suelo y en los árboles, incluidas hojas, troncos y raíces, conocido como carbono azul. Estos ecosistemas pueden almacenar hasta cuatro veces más carbono por hectárea que los bosques tropicales y también actúan como barreras naturales contra las tormentas tropicales, protegiendo a las comunidades costeras. En el Pacífico, la Corriente de Humboldt, una de las más productivas del mundo, es responsable de alrededor del 20 % de la captura mundial de peces, sustentando las economías de Chile y Perú. Solo en Brasil, la economía azul representa aproximadamente el 20 % del PIB, y destaca como un sector estratégico.

Sin embargo, la acidificación de los océanos, causada por el aumento de la absorción de CO₂ atmosférico por el agua de mar, amenaza a organismos como corales, crustáceos y moluscos, y afecta a procesos biológicos esenciales como la reproducción, la formación de conchas y esqueletos, la señalización química y el comportamiento alimentario. Millones de toneladas de plástico, fertilizantes agrícolas y pesticidas contaminan el océano, mientras que la sobrepesca y la pérdida de hábitat amenazan los ecosistemas marinos. Estas presiones acumulativas comprometen la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida de millones de personas, lo que desencadena un efecto dominó sobre la vida marina y sectores clave como el turismo y la pesca, pilares económicos de la región.

Además, la minería en aguas profundas, que carece de una regulación internacional efectiva y está impulsada por la creciente demanda de minerales raros, puede liberar sedimentos tóxicos y metales pesados. Esta actividad ocurre en un entorno complejo, donde los impactos se propagan en varias direcciones, lo que afecta tanto al fondo marino como a las corrientes oceánicas que conectan diferentes regiones del planeta. Al mismo tiempo, la exploración y el transporte de petróleo en alta mar, esenciales para el comercio mundial, aumentan los riesgos de derrames de petróleo y la introducción de especies invasoras y patógenos.

El cambio climático aumenta los desafíos a la biodiversidad, pero sus efectos también comprometen las economías y las vidas humanas. En toda la región, las comunidades costeras e insulares enfrentan una peligrosa combinación de impactos, incluido el calentamiento de los océanos, el aumento del nivel del mar, olas de calor, mareas ciclónicas extremas, lluvias torrenciales e inundaciones, tornados, huracanes y erosión costera. Estos fenómenos amenazan la supervivencia de quienes habitan estos territorios, y ponen en riesgo pilares económicos como el turismo y la infraestructura portuaria, lo que sacude toda la cadena productiva de la región.

Las crisis climáticas y de biodiversidad necesitan un planeta azul

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO ha colaborado con 23 países de la región en la implementación de la Planificación Espacial Marina (PEM), un proceso público de análisis y organización de las actividades humanas en las áreas marinas. El PEM busca conciliar, de manera políticamente negociada, los objetivos ecológicos, económicos y sociales, siendo esenciales para la gobernanza global de los océanos y para el cumplimiento de las metas de los acuerdos internacionales, como el Clima y la Biodiversidad.

Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN), como la restauración de ecosistemas y las iniciativas de economía regenerativa, son esenciales para revertir el colapso de los servicios de los ecosistemas marinos y garantizar la sostenibilidad socioeconómica.

La integración de PEM y SBN ofrece un camino transformador para alinear los objetivos climáticos y de biodiversidad, acelerando los esfuerzos para mapear, restaurar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros y promoviendo tanto la resiliencia climática como la conservación de la biodiversidad.

Mecanismos y oportunidades financieras

Alrededor del 23,2 % de las áreas marinas de América Latina y el Caribe (ALC) están bajo alguna forma de conservación, pero la expansión y la implementación efectiva de las Áreas Marinas Protegidas son cruciales para equilibrar el crecimiento económico y la conservación de la biodiversidad.

Iniciativas como el reciente acuerdo de “deuda por naturaleza” de Ecuador, que utiliza bonos azules para destinar 12 millones de dólares anuales a la conservación en las Islas Galápagos, resaltan el potencial de los mecanismos financieros innovadores. En 20 años, la iniciativa movilizará US$450 millones, estableciendo así un modelo prometedor para la región.

Los bonos azules surgen como instrumentos poderosos para financiar la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, alineando la preservación con la reducción de la deuda soberana. Ejemplos como el Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental, que conecta áreas protegidas en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, demuestran cómo las colaboraciones multilaterales fortalecen la conectividad ecológica y la conservación.

En Brasil, los manglares, los arrecifes amazónicos y el banco de rodolitos más grande del mundo resaltan el potencial del país para iniciativas de carbono azul y créditos de biodiversidad. Además, la región de Abrolhos y Vitória-Trindade, candidata a Reserva de la Biosfera, reafirma su potencial para los bonos azules y refuerza la posición de América Latina como guardiana de ecosistemas únicos y estratégicos en el planeta.

Las políticas de pago por servicios ambientales pueden incluir a las comunidades tradicionales y a los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad, integrándolos en los planes y estrategias nacionales y regionales. Estas iniciativas promueven la economía regenerativa y la justicia socioambiental y reconocen el papel activo de estas comunidades en la conservación de la naturaleza, y también pueden apoyar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y la implementación de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP).

El futuro azul de América Latina y el Caribe: ¿colapso o innovación?

La creciente vulnerabilidad de la riqueza marina a las presiones globales exige una acción urgente y coordinada. Con una gobernanza sólida y alianzas público-privadas, América Latina y el Caribe tiene el potencial de liderar la transición hacia una economía azul sostenible. La ampliación de las Áreas Marinas Protegidas y el uso de instrumentos financieros innovadores fortalecen la conservación de la biodiversidad, dinamizan la economía regional y se integran con los planes nacionales y regionales alineados con los acuerdos globales, como los de Clima y Biodiversidad.

Este modelo orquesta una transición para aprovechar el capital natural del Sur Global y brindar servicios ecosistémicos esenciales, garantizando el sustento de millones de personas y la salud del planeta. ¿Serán América Latina y el Caribe víctimas de un colapso inminente o líderes de una transformación?

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

“Contra esto y aquello”: reacción al nuevo gobierno de Trump

Por
Armando Chaguaceda
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Este 20 de enero Donald Trump ha tomado nuevamente posesión de la presidencia del país más poderoso del planeta. Con sus arranques neoimperiales, su desprecio por los migrantes, los gobiernos aliados y el multilateralismo, este Trump 3.0 está ya afectando a la reputación de USA y el sistema de alianzas de Occidente, pilar del poder global estadounidense. Las narrativas de la ambición china y la agresividad rusa encuentran, en las torpes bravuconadas trumpistas, su mejor legitimación. México, mi país adoptivo, inmerso aún en plena borrachera de la hegemonía populista criolla, pasará pruebas severas en lo comercial y lo geopolítico. Inevitable recordar, de nuevo, la frase atribuida a Don Porfirio.

Y es que la agenda de política exterior del grupo dominante dentro del nuevo gobierno de EEUU -incluido el propio Presidente- es una mezcla poco coherente de mercantilismo, aislacionismo y revisionismo iliberales. Obra de un populismo que, alcanzado el Gobierno, busca colonizar el Estado, con potencial para un cambio de régimen. Dicha perspectiva atenta contra la defensa del orden liberal asumida -no sin contradicciones- por el Estado norteamericano desde 1945. Afectando las causas de solidaridad democrática, empoderamiento cívico y ayuda humanitaria a nivel global. Una agenda sin la cual este mundo estaría aún peor, ante el avance de las viejas y nuevas autocracias.

En simultáneo, para ciertos temas —como las crisis de Cuba y Venezuela— puede que el trumpismo corrija malas decisiones del pasado, dada la incapacidad de sus antecesores y las preferencias normativas de un sector republicano. Como escribió S. Fitzgerald, en magnífica síntesis de la complejidad y contradictoriedad del mundo, “la prueba de una inteligencia de primer nivel es la capacidad de tener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y seguir manteniendo la capacidad de funcionar”. Pues lo mismo aplica, allende la mente, a los hechos de la realidad que aquella trata de desentrañar. El mundo no se basa, tout court, en un orden y guión coherentes. A veces los malos hacen ciertas buenas cosas, y viceversa. A veces…

Después de la ceremonia de toma de posesión de Trump y sus polémicas frases sobre retomar el control del canal de Panamá —la única referencia directa a la política exterior en su discurso— veo varios puntos para reflexionar y, quizá, debatir. 1) Pragmática: ¿es eficaz, para los propios interés e imagen de Estados Unidos, que el modo de hacer un giro para corregir la real influencia china sea a partir de resucitar un lenguaje de “Doctrina Monroe” típico del siglo XIX? ¿Podrán conseguir así lo que buscan o se granjearan más enemistad en el país target y la zona? 2) Normativa: ¿es defendible, para quienes asumimos un compromiso con la democracia liberal como orden doméstico y global, que una gran potencia reclame de este modo burdo intereses (legítimos o no) sobre otros países, en especial sobre países con gobiernos y sociedades amistosas y que no significan una amenaza directa para la potencia?

Si la respuesta a este segundo punto es “sí”, pues vayamos a dar desde ya legitimidad a las ambiciones chinas y rusas sobre sus vecinos. Y despejémonos del disfraz de que defendemos el orden liberal, pues solo apoyamos aquel imperialismo que nos es culturalmente afín. Porque simpatizar con McKinley y Teddy Roosevelt y presentarse como demócrata era plausible en el mundo de inicios del XX. Pero después de 1918 y en especial de 1945, la grandeza de la democracia liberal y el orden amparado por Occidente se basa tanto en la fuerza armada como en un ejemplo moral y legal. Lo otro, creo, es que hagamos como los intelectuales y académicos en 1914: nos desbandamos de todos los espacios comunes para afiliarnos al imperialismo que más nos convoca.

No sostengo mi opinión desde una postura de “bobería progre” o naive, porque he sostenido desde hace tiempo la necesidad —basada en evidencias y en la psicología del adversario— de responder duro, incluso con recursos militares, a las acciones de las dictaduras regionales, de China, Rusia y sus otros aliados y cómplices en la región; de lo cual he escrito recientemente en Letras Libres y El Mundo. En todo caso, simpatizo con la visión de los halcones liberales de la Guerra Fría pero no con las del unilateralismo imperialista, sea clásico (XIX) o novísimo (XXI). Vienen tiempos complicados para los demócratas, diestros y zurdos, del centro político en Occidente. En nuestros mundos políticos, asociativos y culturales, veremos los efectos nocivos del envalentonamiento de la extrema derecha iliberal. Perfecto match de las posturas de izquierda radical que, al menos en este hemisferio, hemos padecido por un cuarto de siglo bolivariano.

Dicho eso, si en Latinoamérica un Trump envalentonado revive ahora una clara política imperial de esferas de influencias —algo distinto a lo que apoyó Estados Unidos en la región desde fines del siglo pasado—, lamentaremos toda la mentira y desdén vertidos sobre el orden liberal por la academia y militancia del latinoamericanismo radical. Las mismas que han bloqueado cualquier aplicación de la Carta Interamericana, las que torpedean todo el tiempo a la Organización de Estados Americanos. Las que han regalado las causas impostergables y justas de los pueblos de Cuba y Venezuela —causas mías y de otros muchos millones— a la solidaridad, auténtica o interesada, de la derecha extrema. Siempre desleales con la república liberal, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Puede ser que incluso ellos acaben evocando con nostalgia, en esta nueva era, los tiempos que terminan. A ver si sus citas ridículas de Galeano y falsas poses guerrilleras les sirven de algo si el Imperio de Teddy Roosevelt se impone sobre la república de J.F. Kennedy. Entretanto por aquí seguiremos, pensando y peleando…. como (pre)escribió Unamuno, “contra esto y aquello”.

El terreno donde se juega la política

Por
Manuel Alcántara
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Uno de los argumentos que se encuentran entre las explicaciones acerca del deterioro de la política, y por ende de la aparición de individuos atrabiliarios al frente de ella, es el de que no resuelve los problemas de la gente. Por otra parte, a renglón seguido, tampoco se precisa cuáles son, fuera de cuestiones generales e imprecisas que con frecuencia son fruto de construcciones del nuevo demiurgo que son las redes sociales. Se dice, además, desde hace al menos una década, que el panorama está dominado por una situación de desencanto generalizado agudizada más aun en las nuevas cohortes que se incorporan a la vida pública.

Aunque hay algunos indicios desde la demoscopia que pudieran avalar cierta correlación entre esos aspectos, la evidencia empírica de dichas afirmaciones en términos de causalidad es bastante cuestionable. Eso es así por cuanto que no se consideran otras cuestiones alternativas vinculadas a los enormes cambios socioculturales registrados en los distintos países donde la revolución digital y el nuevo complejo tecnológico industrial juegan un papel sobresaliente.

Desde inicios del presente siglo la política se encuentra bajo los parámetros de un escenario que al menos acoge cinco aspectos: la canalización de la representación, y en buena medida de la participación, en las redes sociales; el anonimato o, si se prefiere, la expresión difusa de la anomia; la simplificación del discurso político; el peso determinante de las emociones; y el mantenimiento de patrones formales clásicos de actuación en la esfera pública. La atención de las necesidades precisas de la gente en el día a día se vertebran a través de ellos.

La confrontación hace tiempo que ha dejado de ser ideológica, en los términos clásicos acuñados hace más de un siglo -de ahí que sea tan cuestionable la utilización en el presente del binomio izquierda y derecha-, o de proyectos de sociedad y de ejecución de políticas públicas, diseñados de manera racional. En su lugar la liza se sitúa en escenarios definidos por asuntos identitarios en los que los afectos y sus relatos interpretativos tienen mucho que ver. Las denominadas guerras culturales han terminado constituyendo el lugar pasional central de la pugna política.

Tres términos -diversidad, equidad e inclusión-, cuyas iniciales (DEI) constituyen un glosario de actuación política, fuera primero a favor o, como sucede ahora, en contra, han configurado parte de la batalla que ha lidiado la política. Una triada larvada durante décadas de una revolución inequívocamente cultural pero alzada también en relación con cambios de naturaleza económica y social. Durante medio siglo han sido los ejes de iniciativas destinadas a combatir el racismo sistémico, la discriminación de la mujer, el desvelo por las minorías y el abandono de toda preocupación medioambiental, por referirme a cuatro de los aspectos más sobresalientes, que terminaron en distintos programas bajo el calificativo inicial de “acciones afirmativas”.

No obstante, y en consonancia con el profundo cambio de valores registrados desde el comienzo de este siglo, hoy viven un momento de profunda zozobra. Hasta inicios del año pasado nueve estados en Estados Unidos habían aprobado ya leyes de ese tipo, mientras que solo Washington y Nuevo México habían pasado proyectos de ley desde 2022 que exigían que las instituciones de educación superior ofrecieran capacitación en DEI o antirracismo. Ahora, un decreto ejecutivo del nuevo presidente no solo ha borrado de un plumazo su implementación en la administración pública estadounidense, sino que articula mecanismos para perseguir a sus anteriores implementadores.

Son tiempos complejos, cualquiera dirá que como siempre, pero hay tres factores que no admiten cuestionamiento alguno: la humanidad ha alcanzado, y seguirá haciéndolo por lo menos durante el próximo cuarto de siglo, su número más alto de población; el porcentaje de esta que vive en ciudades ha alcanzado la cota más alta de la historia (25% vive en ciudades de más de un millón de habitantes); y las tecnologías digitales se han expandido como nunca de manera exponencial en términos temporales y físicos. El escenario impone una aproximación a las cosas en términos probabilísticos en los que por su propia naturaleza la inteligencia artificial se encuentra en su salsa. Todo lo contrario de lo que han venido siendo hasta la fecha las principales fuentes de actuación humana. Mientras que los resultados del modelo de la inteligencia artificial son probabilísticos la verdad no lo es. ¿Qué hacer con un modelo de diseño de políticas públicas establecido mediante un algoritmo?

Buena parte de la humanidad vive en una especie de consumismo ermitaño bajo el que la triada del DEI se agazapa. Atrapada en el circuito que define la vivienda, cada vez habitada por un menor número de personas, el centro multiusos, que une lo comercial con el ocio, y el trabajo, subsiste bajo un ritmo de acción que apenas se interrumpe. Quizá el cansancio cuando no la soledad sean las notas dominantes. Millones de edificios de perfil similar, aunque respetando cierta diferencia en el estilo, cobijan a la gente en las millonarias, en población, ciudades del orbe.

La cada vez mayor diversidad se camufla en las celdas donde moran los individuos bajo el paraguas del egotismo. La equidad siempre pendiente se distrae tras la aparente pantalla de igualitarismo que dicta la supuesta pertenencia a una clase media aparentemente mayoritaria y a una inmensa comunidad acogida en la red social de turno. La inclusión, por último, queda supuestamente garantizada por el auto convencimiento del papel que juega la condición de usuario empoderado con voz en el universo mediático y como propietario inmobiliario de una mayoría no despreciable, aunque esta sea a cuenta de una hipoteca a veinte años vista. El terreno para la política en los términos en que estuvo definida durante el último siglo es precario y está a punto de desvanecerse por completo.

Pero no solo se trata de la relevancia de los asuntos culturales centrados en cuestiones identitarias que han arrinconado temas si se quiere más prosaicos de los que al parecer nadie quiere hablar. Pienso en la calidad de la educación, de la asistencia sanitaria en general, en el precio de los fármacos, en el tortuoso ir y venir durante horas de millones del trabajo a sus residencias, en la pésima calidad del agua y del aire que nos rodea. Pero también en la forma en que la política se focaliza en la oferta tan particularista como es la centralidad de las candidaturas denominadas, cada vez más, de independientes y vacías de todo contenido salvo en lo atinente al retrato robot personal construido por la agencia consultora al uso.

En efecto, una vieja cuestión ajustada a la preeminencia de pulsiones individualistas en torno a figuras prominentes está también presente como antes también lo estuvo bajo los patrones del populismo clásico. Lo diferente, sin embargo, estriba en la construcción de la oferta caudillista con tecnologías más sofisticadas y eficaces, de carácter universal, pero que igualmente usan una lógica en la que dominan cuestiones afectivas asidas a aspectos que simplifican la realidad y que reducen su resolución a términos banales binarios. Tecnologías que, por otra parte, en manos de los mayores emporios empresariales que jamás antes existieron son instrumento de alienación masiva y de socavamiento, mediante la singularidad, de las pulsiones igualitarias y libertadoras que una vez prevalecieron.

José Pepe Mujica: «La política no es una profesión, es el sentido que he encontrado a la vida»

Por
Redacción
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José Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, además de ser un político de raza y ex líder del movimiento guerrillero tupamaro, es un referente de la izquierda latinoamericana y una figura política de escala global.

Los niños y niñas de América Latina no pueden esperar

Por
Paulina Valenzuela
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Hace 37 años, el Papa Juan Pablo II pronunció en Chile una frase que marcaría a generaciones: “Los pobres no pueden esperar”. Este mensaje, dirigido a una nación fracturada, resuena con fuerza en América Latina, donde millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años (NNA) continúan enfrentando una realidad marcada por la pobreza, la desigualdad y la violencia.

La región atraviesa un escenario desafiante. Aunque en los últimos años se habían registrado avances en la reducción de la pobreza extrema, la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19 revirtió muchos de estos logros. En 2021 la pobreza afectó al 46,1 % de los NNA en América Latina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024). Si bien en 2023 este porcentaje descendió al 40,6 %, sigue siendo significativamente superior al de otros grupos etarios y casi triplica la incidencia de pobreza en personas mayores de 60 años. 

Un factor agravante es la falta de acceso a redes de protección social. De acuerdo con Unicef, en el 2023 menos de la mitad de la población menor de 15 años recibía un beneficio social efectivo, una cifra que alcanza el 79,3 % en personas mayores de 65 años. Es esencial corregirlo para garantizar derechos básicos y reducir brechas de desarrollo. Pero estas cifras no solo reflejan carencias materiales, sino también profundas desigualdades estructurales que condicionan el acceso de los niños a la educación, la salud y el bienestar.

El trabajo infantil: una herida abierta

El trabajo infantil persiste como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo pleno de los NNA en América Latina. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo y Unicef, 8,2 millones de niños y adolescentes en la región trabajan, y más de la mitad de ellos realizan trabajos peligrosos que afectan a su salud física, a su educación y a su bienestar emocional. Además de comprometer su desarrollo, el trabajo infantil limita el acceso a la educación, lo que perpetúa ciclos de pobreza intergeneracional.

El impacto de la pandemia exacerbó esta problemática. Muchas familias, empujadas por la contracción económica, recurrieron al trabajo infantil como estrategia de supervivencia. Esta situación es especialmente crítica en zonas rurales, donde la falta de servicios básicos y oportunidades educativas hace que los niños sean aún más vulnerables.

La violencia hacia los menores es otra crisis latente en la región. En países como Honduras, Guatemala y El Salvador muchos niños enfrentan agresiones físicas, sexuales y psicológicas tanto en sus hogares como en sus comunidades. Según Unicef, en 2022 dos de cada tres menores de 15 años en América Latina y el Caribe han experimentado disciplina violenta en sus hogares. Esta situación, agravada por el desplazamiento forzado y la inseguridad, incrementa su vulnerabilidad.

El cierre de escuelas durante la pandemia intensificó estos riesgos. Más de 10 millones de niños en América Latina quedaron excluidos del sistema educativo, lo que limitó sus oportunidades de desarrollo y profundizó las desigualdades.

En este contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible emerge como una hoja de ruta para abordar estas problemáticas. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), varios se enfocan directamente en mejorar las condiciones de vida de los menores. Por ejemplo, el ODS 1 busca eliminar la pobreza en todas sus formas, mientras que el ODS 4 promueve la educación inclusiva y de calidad y el ODS 8 plantea erradicar el trabajo infantil para 2025.

El informe de los ODS 2023 destaca los retrocesos en indicadores clave, como pobreza infantil y exclusión educativa, a nivel mundial. En América Latina, aunque se lograron avances en áreas como mortalidad infantil y acceso a la educación primaria, la pandemia y las crisis económicas recientes ampliaron las brechas. Estas desigualdades estructurales dificultan el cumplimiento de las metas, especialmente en comunidades marginadas.

Para que la región avance hacia los ODS, es imprescindible adoptar estrategias integrales que prioricen la protección social, fortalezcan los sistemas educativos y promuevan campañas masivas de reintegración escolar. Como indica el informe, la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil es esencial para garantizar que ningún niño quede atrás.

Los desafíos son inmensos, pero las oportunidades para transformarlos también lo son. Redoblar esfuerzos en políticas públicas enfocadas en los niños, como la ampliación de programas de transferencias monetarias, el acceso a educación gratuita y de calidad y la protección integral de la infancia, puede marcar una diferencia significativa.

La experiencia de países que han logrado reducir con éxito el trabajo infantil y la pobreza demuestra que un enfoque basado en la colaboración y la sostenibilidad es clave. El mensaje de Juan Pablo II de que “los pobres no pueden esperar” debe extenderse con urgencia: los niños y niñas de América Latina no pueden esperar. Proteger su presente y garantizarles un futuro digno es un deber ético que define nuestra humanidad y el tipo de sociedad que deseamos construir.

Los dueños del mundo, el fascismo y la desinformación digital en la red

Por
Marco Schneider
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El 6 de enero de 1941, el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, pronunció su famoso discurso ante el Congreso de Estados Unidos sobre las cuatro libertades: libertad de expresión, libertad de religión, libertad de vivir sin necesidades y libertad de vivir sin miedo. Roosevelt era consciente de los peligros que el nazifascismo representaba para estas cuatro libertades. Probablemente también era consciente de que la libertad de expresión debe utilizarse como voz de los otros tres, actuando siempre que sea necesario en su defensa y nunca contra ellos, so pena de ser silenciado.

El 7 de enero de 2025, Mark Zuckerberg anunció que acabaría con el fact-checking en Facebook e Instagram, mientras en Brasil todavía celebrábamos el Globo de Oro que Fernanda Torres ganó dos días antes, por su actuación como la abogada Eunice Paiva, esposa del ingeniero y ex congresista Rubens Paiva, secuestrado y asesinado por la dictadura militar brasileña.

El 8 de enero de 2025 se cumplen dos años del nuevo intento de golpe de Estado en Brasil, con la invasión y destrucción de la sede de los Tres Poderes, incitada por un expresidente que defendió la dictadura que asesinó a Rubens Paiva y hasta escupió la estatua del periodista.

La incitación y organización de acciones golpistas, valiéndose de grandes dosis de desinformación, ocurrió principalmente en las redes de Zuckerberg y Musk. Musk hizo el saludo nazi en la toma de posesión de Trump. Trump dijo que recortaría la financiación para la investigación sobre la desinformación.

Los tres multimillonarios están en contra de cualquier medida para regular las plataformas digitales, por muy democráticas que sean, aunque saben que la profusión de desinformación sobre las vacunas y las medidas de protección durante la pandemia de Covid-19 en estas plataformas ha causado miles de muertes evitables. Además de otros innumerables casos: graves daños a la salud pública y al medio ambiente, linchamientos, asesinatos de niños, ataques a minorías y a la propia democracia.

Al igual que estos tres en Estados Unidos, hoy en Brasil muchos de los que defienden la dictadura militar, un período en el que la censura fue más brutal, se presentan como campeones de la libertad de expresión, al mismo tiempo que son cómplices o permanecen indiferentes ante la persecución religiosa, la pobreza que aflige a multitudes y el terror policial contra los sectores más vulnerables de la población, en su mayoría negros, aquí y allá.

La legislación que defiende la libertad de expresión es un logro civilizatorio de la modernidad, como lo es la defensa de otros derechos no menos importantes, como la libertad de no ser víctima de la pobreza, la calumnia y la violencia por razón de la religión, el color de la piel, el género, la etnia, nacionalidad o clase social.

La libertad de expresión no prevalece sobre otros derechos. Al menos no en Brasil. Y no está de más recordar que, al igual que la extrema derecha actual, los nazis utilizaron y abusaron de la amplia libertad de expresión de la República de Weimar en los años 1920 y principios de los 1930, difundiendo mentiras, prejuicios y odios, para exterminarlos cuando asumieron el poder.

Por eso, debemos protegernos para que la bandera de la libertad de expresión no sea secuestrada una vez más y convertida en su propio sudario. Este es un riesgo que se corre cuando una bandera que originalmente y durante siglos simbolizó la crítica racional de la opresión es utilizada como disfraz de la opresión de la crítica racional, justificando el negacionismo científico, el supremacismo blanco, el revisionismo histórico, el nazismo, entre otras falacias, estafas y barbaridades.

Zuckerberg incluso aludió a tribunales oscuros en América del Sur que restringirían la libertad de expresión, probablemente refiriéndose a acciones de la Corte Suprema de Brasil contra los abusos de su nuevo aliado, Musk, acciones que no son para nada oscuras, siendo, por el contrario, democráticas, transparente y respaldado por la legislación brasileña. Trump, a su vez, sale en defensa de los intereses de las empresas estadounidenses cuando estos chocan con los intereses públicos de otras naciones.

En realidad, lo que los dueños de las plataformas quieren evitar con su supuesta defensa de la libertad de expresión son los costos de verificación y moderación responsable de contenidos comprometidos con el interés público, pero sobre todo la exposición pública de los criterios que rigen la mediación algorítmica de sus plataformas. Esta mediación coordina el tráfico de información alrededor del mundo, basándose en la vigilancia de miles de millones de personas, que guía e incentiva las acciones de estas personas, con el objetivo de generar más engagement y, en consecuencia, ganancias para los dueños de negocios y sus pares. La verdad es lo menos importante en esta ecuación, especialmente cuando entran en juego sus aliados políticos. Y la libertad de expresión sólo es interesante en la medida en que cumple sus fines.

Se ha demostrado ampliamente que apelar a emociones intensas, especialmente el miedo y el odio, genera más compromiso que los debates reflexivos y racionales. Este atractivo es el alma del negocio, tanto del negocio de los propietarios de las plataformas como del de sus aliados políticos, cuyo desprecio por la verdad se ve agravado por una fuerte inversión en la astuta construcción de enemigos imaginarios a los que temer y odiar. Esto se aplica a todos, desde Mussolini y Hitler hasta Donald Trump, incluyendo figuras menores como las que tenemos en Brasil, cada una haciendo un uso estratégico de los medios de comunicación de su tiempo.

En última instancia, el acercamiento oportunista de Musk y Zuckenberg a Donald Trump tiene poco que ver con la defensa de la libertad de expresión y todo que ver con la defensa de la libertad de sus empresas de pisotear la soberanía nacional y los derechos civiles, incluida la privacidad de la población de los Estados Unidos. Todo eso a cambio de ganancias astronómicas, obtenidas en parte de la circulación de desinformación en sus redes, cuyo atractivo genera engagement e ingresos publicitarios, en parte a través de su alineamiento con políticos que apoyan su modelo de negocio no regulado y son elegidos gracias a la propagación de desinformación en estas mismas redes. Cuando uno de estos políticos es presidente del país más rico y mejor armado del mundo, hay mucho que temer.

Por otro lado, aunque estas personas creen que son dueñas del mundo, no es así. Puede que sean gigantes, pero Australia, Brasil, Canadá y la Unión Europea, blancos directos de los recientes ataques del dueño del Meta y del presidente estadounidense, no son enanos. Ni Rusia ni China.

¿Por qué nos reímos de nuestros deportados?

Por
Gustavo Dias
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A finales de enero, según el aeropuerto de Confins, un avión de Global Crossing Airlines, con 100 brasileños deportados de Estados Unidos (EUA), aterrizó en Manaos, el primer vuelo de este tipo tras la toma de posesión de Donald Trump. Como desde 2019, el destino final debía ser el Aeropuerto Internacional de Confins, en Minas Gerais, pero la aeronave se detuvo en la capital del Amazonas debido a una falla en el sistema de aire acondicionado. Desde allí, los deportados continuaron el viaje en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) hasta Confins.

En un video publicado por CNN, un detalle llama la atención: mientras los deportados bajan con dificultad, con manos y pies esposados, se escucha una risa de fondo. Poco después, un empleado del aeropuerto, que los escolta, gira hacia la cámara y sonríe. Es un gesto sutil, pero evidente. ¿Por qué esa risa? ¿Qué hay de gracioso en un proceso marcado por la violencia humanitaria de Estados Unidos y que se mantiene desde 2019?

No es un caso aislado. Comentarios moralistas y despectivos en noticias y redes sociales, tanto de brasileños en el país como en el exterior, suelen ir acompañados de risas. Esta actitud también se manifiesta en reportajes sobre las contradictorias políticas migratorias de EE.UU. para expulsar a migrantes indeseados. Hasta ahora, Brasil ha recibido 121 vuelos fletados desde Estados Unidos, que han traído a 11.621 brasileños deportados. Han pasado cinco años y cuatro meses desde el restablecimiento de esta política, que había sido prohibida en 2008, durante el segundo mandato del actual presidente Lula.

Global Crossing Airlines no es la única

En 2019, poco antes de la pandemia, esta práctica fue reintroducida por decisión unilateral del gobierno de Trump, con la aceptación pasiva de Bolsonaro. Desde entonces, los vuelos de deportación despegan sistemáticamente desde siete ciudades de EE.UU. hacia Confins, operados por cinco aerolíneas privadas: Swift/iAero, Omni Air International, Eastern Airlines, Kaiser Air y Global Crossing Airlines. A partir de septiembre de 2023, Global Crossing Airlines se convirtió en la única compañía responsable, según datos de la concesionaria del aeropuerto de Confins.

De acuerdo con una investigación del Center for Human Rights de la Universidad de Washington, desde la administración de Obama, los vuelos con deportados han sido operados por empresas privadas sin supervisión efectiva. El estudio recoge denuncias de brasileños deportados sobre agresiones físicas y verbales cometidas por agentes tercerizados sin preparación adecuada. Empresas como Global Crossing Airlines, Omni Air International y Swift/iAero han sido acusadas de maltratos en este contexto.

Tras su elección en 2022, el equipo de Lula insinuó tímidamente la posibilidad de revertir las medidas diplomáticas adoptadas durante la gestión de Bolsonaro. Sin embargo, después de dos años de mandato, 33 vuelos han aterrizado en Brasil, transportando a 3.818 deportados. Sólo ahora, cuando las imágenes de brasileños esposados ganan repercusión internacional, el gobierno ha decidido pronunciarse. Todas las demás violaciones hasta ahora han sido ignoradas o, en su defecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha optado por mantenerse al margen.

El famoso jajajaja

Más allá de este escenario, que revela la influencia y el miedo que Estados Unidos aún impone sobre las élites latinoamericanas, destaca la mezcla de moralismo y desprecio de muchos brasileños hacia los deportados. En particular, quienes, bajo el anonimato de las redes sociales, simplemente expresan su opinión, seguida de la risa. Sí, el famoso jajajaja (kkkkk en portugués).

El video de CNN permite ver y escuchar esta risa de burla y castigo, un gesto recurrente en los reportajes sobre deportaciones. Existen dos perspectivas dominantes detrás de esta actitud:

Por un lado, están quienes acusan a los deportados de ser criminales, justificando su deportación con esposas como una consecuencia de haber violado las leyes de un «país serio». Para estos, los deportados serían alborotadores brasileños que enfrentaron un gobierno donde «la ley se hace cumplir». Algunos internautas los describen como personas que huyeron del supuesto caos del «comunismo» del PT solo para causar problemas en otro país. Poco importa que EE.UU. haya violado acuerdos internacionales, ignorado tratados bilaterales con Brasil o comprometido la soberanía brasileña en el proceso. Para este grupo, la deportación es vista como un acto de justicia, y el «kkkkk» es la risa de burla final.

Por otro lado, están quienes se ríen porque, supuestamente, los deportados apoyaron la candidatura de Trump. En este caso, la deportación y la humillación que conlleva son interpretadas como una especie de venganza. Se dice que ahora sienten en carne propia el peso de la xenofobia trumpista y la profunda alienación política en la que estaban inmersos. Como si los demócratas hubieran aplicado políticas migratorias mucho más humanas. No olvidemos que, bajo Biden y Kamala, casi 10.000 brasileños fueron deportados en las mismas condiciones que el vuelo que ni siquiera pudo llegar a Confins. En este caso, la risa también es una burla final.

Nos reímos de nuestra propia desgracia

Henri Bergson, filósofo y diplomático francés, publicó en 1899 un libro sobre el significado de la risa. Según él, el acto de reír es una forma de castigar a quienes, de algún modo, se consideran por encima de los demás o de los valores colectivos. Nos reímos de lo que rompe la norma, de lo inesperado. La risa tiene una función social: mantener el orden. Refuerza mi juicio sobre quienes bajan esposados en Manaos. Ridiculizo su «mala conducta» por emigrar irregularmente a EE.UU. o por haber apoyado a Trump.

Sin embargo, al reírme, evito discutir los problemas geopolíticos serios que están detrás de esas esposas y que también afectan mi vida cotidiana. En lugar de cuestionar el mito de que los migrantes aumentan la «criminalidad», o de denunciar la constante violación de los derechos humanos por parte de EE.UU., simplemente me burlo. En lugar de debatir la presencia de EE.UU. en la elaboración y aplicación de políticas migratorias en América Latina, o de cuestionar el modelo económico excluyente de Brasil que empuja a tantos a emigrar, me conformo con una risa superficial.

La burla elimina cualquier reflexión urgente que deberíamos tener sobre las deportaciones. Al final, la risa sólo expone nuestra indiferencia ante el dolor ajeno y nuestra ignorancia sobre lo que llevó a estas personas a buscar una vida en EE.UU., a cruzar la frontera con México o a vivir en un país donde no tienen derechos políticos. Nos reímos y condenamos a compatriotas injustamente etiquetados como criminales. Nos reímos de niños y bebés separados de sus padres. Nos reímos de una falsa generalización de la que también formamos parte.

En el fondo, nos reímos de nosotros mismos. Una risa amarga, rabiosa y triste. Una risa estúpida.

Al final… pobre del pueblo que se ríe de su propia miseria social.

Sector público ¿motosierra o tijera?

Por
Juliana Montani
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Un punto de debate actualmente es el de los intereses estratégicos y los bienes y servicios que debería garantizar el Estado. En Argentina ha llegado a la presidencia un nuevo líder/partido ajeno a la tradicional división entre peronismo y antiperonismo y en su gobierno, la desregulación del estado es prioritaria, incluso se le ha dedicado un Ministerio. Mientras tanto, en Estados Unidos la nueva administración Trump ha creado el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), liderado por Elon Musk, y el puesto de “Zar de crypto e inteligencia artificial” está a cargo de David Sacks, otro multimillonario y el gran líder de IA. Las críticas de tecnocratizar el gobierno, de crear disrupción en la sociedad, y de disminuir los puestos públicos, incluso yendo en contra de la ley, vienen de tiempo atrás. Pero lo cierto es que la IA llegó para quedarse, y es un recurso que puede ser utilizado para desregular e innovar, tanto en el Estado como el sector privado.

La razón de ser del empleado público

Hay distintas clases de empleados en el sector público. En España, por ejemplo, existen funcionarios de carrera (con estabilidad) y contratados laborales (temporales o eventuales para funciones menos críticas). Un sistema de concursos busca garantizar la idoneidad de los candidatos. La preparación para estas “oposiciones” ha generado un mercado paralelo de academias privadas y no siempre garantiza la profesionalización continua. En gran variedad de áreas la esencialidad o necesidad puede ser discutida, como en caso de un técnico ayudante bibliotecario.

En el Reino Unido, el “civil service” combina estabilidad para puestos esenciales con esquemas laborales más flexibles, similares al sector privado, en áreas no críticas. Se enfatiza la meritocracia y la evaluación del desempeño. Mientras que en México, los puestos de trabajo en el sector público, como los de maestro, pueden heredarse, y en Vietnam, los empleos públicos incluso se venden o alquilan. En Argentina, al menos hasta que ocurra un recambio generacional, los derechos adquiridos tienen atado al Estado con obligaciones que implican un alto costo.

La razón de ser de la protección al funcionario público, es garantizar prestaciones esenciales del Estado que, por su naturaleza, deben mantenerse independientemente de cambios políticos, económicos, personales, vaivenes comerciales o circunstancias excepcionales. Las funciones consideradas esenciales y que el Estado debe cubrir incluyen en general tres grandes áreas. Una es la provisión de servicios básicos y universales que cada sociedad definirá, como atención sanitaria, seguridad y defensa, y educación. Otra es la justicia: asegurar el cumplimiento de las leyes y la protección de derechos, principalmente a través del poder judicial. Y la tercer es la que garantiza el funcionamiento de la administración pública, incluso durante crisis o cambios de gobierno.

El sector público como herramienta política

Los intereses de la política y el sector privado han hecho uso y abuso del empleo público fuera de los fines específicos para los que han sido designados. El empleo público transitorio (puestos de confianza) se utiliza como herramienta de gobernabilidad, en paralelo a las estructuras fijas y como forma de fidelizar lealtades partidarias.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una clara diferenciación entre empleados de carrera, con estabilidad al tratarse de áreas clave, y empleados políticos de confianza de los gobiernos de turno. De todas formas, la estabilidad laboral, al igual que en el sector privado, es menor que en otros países. Muchas funciones son tercerizadas o delegadas al sector privado. Además, los empleados públicos suelen estar sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño, lo que mejora su eficiencia.

En Argentina, el empleo público es percibido como una fuente de empleo garantizado más allá de la idoneidad personal. Se trata de un resabio corporativista que también es moneda de cambio para pacificar a colectivos, -como sindicatos o agrupaciones políticas- con poder de desestabilización social. Hay un gran contraste con el dinamismo que, aunque en teoría, debería tener el sector privado. Esto se debe en parte a protecciones sindicales, utilización de los cargos públicos para beneficios políticos, sectoriales y personales, y protecciones legales.

En muchas provincias argentinas, el empleo público es la principal fuente de empleo formal. La cantidad de empleados públicos provinciales por cada mil habitantes ha crecido un 70% en los últimos 20 años. Las cifras reflejan una administración inflada en regiones que, paradójicamente, aportan menos al valor agregado bruto nacional según datos de Cepal y Mecon (2023).

En este contexto, nos debemos la discusión sobre si el mantenimiento de puestos públicos, más allá de los críticos, a priori innecesarios, es la mejor manera de inyectar dinero y dinamismo a las economías provinciales menos productivas. Además, la redistribución mediante empleo público plantea dudas sobre su sostenibilidad y eficacia de la economía. Esta dependencia del Estado como empleador refuerza el clientelismo político.

Eficiencia y transparencia vs gobernabilidad.

La reforma del sector público en Argentina no solo requiere retoques normativos, sino también un cambio cultural. No es una tarea fácil proporcionar alternativas de empleo en un país con más del 50% de pobreza; primero hay que lograr una dinamización del sector privado. También se necesita un plan de reconversión y acompañamiento en la transición.

Dentro del sector público hay mucho margen para ganar eficiencia y transparencia. Auditorías independientes, digitalización de la mano de tecnologías de crypto y blockchain, unificación de tareas duplicadas y automatización de procesos son puntas para desenredar el ovillo de la excesiva burocracia y fragmentación administrativa. De esta manera se podría optimizar las estructuras administrativas a nivel nacional, provincial y municipal.

Por ello, es necesario definir las funciones esenciales y el alcance del Estado, y priorizar las áreas donde el empleo público es indispensable. En mi opinión, una de estas áreas es la que debe garantizar el funcionamiento de los poderes básicos del Estado y la provisión de servicios esenciales con calidad y transparencia. Y la otra, es la que debe apuntar al desarrollo de lo que se consideren intereses estratégicos, como los establecidos en el Preámbulo de nuestra Constitución: “afianzar la justicia, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”.

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