Primer año de Milei: la motosierra y sus críticos

Tiene alguna ventaja haber retrasado un poco el análisis del balance del primer año del gobierno del presidente Milei, entre otras cosas, porque permite observar las críticas que se han hecho de este aniversario. Desde luego, la gran mayoría de esas críticas proceden de las filas del progresismo, incluyendo en este a la izquierda vieja y nueva. Pero es necesario ser selectivo al respecto. No interesan tanto las invectivas reiteradas o las admoniciones de la extrema izquierda utilizando el término fascismo a discreción, sino las de aquel sector progresista que ya viene de vuelta de aquella idea optimista de que el primer recorte importante de Milei provocaría tales movilizaciones que le sacarían asustado de la Casa Rosada. Ese progresismo más juicioso mira ahora con ansiedad las elecciones de 2025, no vaya a ser que las gane aquel outsider que hace un año llegó a la presidencia sin partido, sin respaldo parlamentario y sin alcaldes. Porque si eso llegara a suceder, el “loco” habría conquistado el Estado en buena medida y su proyecto se prolongaría en el tiempo.

En todo caso, Milei no ha dejado pasar la oportunidad de celebrar su primer año de gobierno. En un trimestre, logró transformar en superávit el inquietante déficit fiscal del país y en un semestre hizo que el IPC pasara del 25% mensual a menos de 3% en octubre; subieron los bonos de la deuda, bajó el nivel de riesgo crediticio y repuntaron las inversiones. Además, Milei está aprovechando los réditos del megarreservorio de gas Vaca Muerta. Todo ello aplicando “el programa de shock más radical de la historia de la humanidad” (la motosierra) sin tener que enfrentar una temida protesta social y con una popularidad bastante intacta (por encima del 50%), mientras la oposición se mantiene dividida, con una derecha tradicional (de Macri) subordinada y un peronismo en plena crisis. Cierto, la pobreza aumentó 11 puntos desde mediados del año anterior, pero ello no parece reflejarse en una disminución correspondiente de su popularidad.

Las criticas a este modelo de parte del progresismo mas juicioso presentan dos elementos sólidos: el mencionado aumento de la pobreza y la difícil sostenibilidad de ese programa económico radical. También se hace una lectura crítica en términos políticos. Pueden mencionarse dos ejemplos destacables de ese progresismo (hispanoparlante): el artículo de Pablo Stefanoni (“De Milei al Mileísmo”) aparecido en la revista Nueva Sociedad y el editorial del diario español El País titulado significativamente “El daño de Milei”.

El balance de Stefanoni pivota sobre la crisis política de la oposición. De hecho, la aprobación de la ambiciosa Ley de Bases de Milei, al menos parcialmente, contó con la totalidad del macronismo, así como con peronistas disidentes y radicales. Es decir, el superminoritario gobierno no ha tenido grandes tropiezos para aprobar la normativa que le favorece, evitando así un choque de trenes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Por eso Stefanoni concluye: “Algunos, en la oposición, se preguntan: ¿Y si le sale bien?” Y a continuación responde: “Que le salga bien sería que mejoraran las cifras económicas y que eso se traduzca en un triunfo en las elecciones de medio término de 2025 y en el aumento de la representación en el Congreso”. Pero esto traslada el eje de su análisis: que le salga bien ya no depende de lo mal que lo haga la oposición, sino del conjunto de la sociedad argentina. Y, desafortunadamente, Stefanoni evita sondear en las entrañas de la ciudadanía y su cultura política.

El caso del editorial del diario El País tiene una referencia distinta. Su crítica es mucho más comprometida, porque este diario ha devenido en el apoyo cultural y político del modelo de gobernanza opuesto: el progresismo deificado. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez cumple con todos los supuestos que Milei gusta de caricaturizar: una economía expansiva y una fiscalidad a crédito, un modelo político basado en mayorías parlamentarias oportunistas y una cultura política convencida de su superioridad moral.

Sánchez repite que en un sistema parlamentario no gobierna quien gana las elecciones sino quien consigue obtener el apoyo de la mayoría en el Congreso. Pero eso tiene sus límites: obtener el apoyo de grupos que son contrarios al programa electoral que se ha presentado, obliga a modificar el contrato adquirido con el electorado. Recuerda bastante a la idea de Marx (Groucho): “Yo tengo mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. Es decir, se trata de un modelo fraudulento de gobernanza. Algo que obliga a situarse en una perspectiva de permanente fuga hacia adelante. El modelo necesita profundizarse para resistir: más expansivo, más fenicista, mas autoreferente. “Somos un referente mundial” ha dicho Sánchez en el reciente congreso del PSOE.

Por eso la crítica al modelo opuesto del diario madrileño es absoluta: Milei produce un daño irreparable. Y puede que tenga razón. Pero aplicando esa misma lógica, habría que preguntarse si apoyar un modelo fraudulento de gobernanza no produce también un daño considerable. El editorial de El País concluye: “No todo vale a cambio de reducir la inflación”. Cierto, pero tampoco todo vale para mantenerse en el gobierno.

En realidad, ese es el drama de este tiempo: dos modelos radicales de gobernanza, opuestos pero que se retroalimentan. El uno es la reacción consecuente del otro. Puede que ninguno sea sostenible, pero mientras duren provocarán el sufrimiento y la división interna de los países.

El comercio internacional y la pérdida de biodiversidad en Latinoamérica: parte del problema y ¿de la solución?

¿Qué tienen en común un alemán comiendo sus tradicionales salchichas, un francés degustando sus típicos quesos y un italiano vistiendo sus famosos zapatos de cuero? Todos ellos, a través de sus consumos y costumbres, tienen una parte de responsabilidad, sean conscientes de ello o no, en la acelerada pérdida de biodiversidad en los bosques secos y sabanas del centro de Sudamérica. 

El Gran Chaco Sudamericano se extiende por Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil sobre más de un millón de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a Francia y Alemania juntas. A pesar de extenderse por latitudes en las que en otros continentes solo hay desiertos, esta región estuvo hasta hace 30 años cubierta por bosques de madera dura, sabanas y humedales. Estos ecosistemas son capaces de absorber grandes cantidades de gases de efecto invernadero de la atmósfera y albergar una rica diversidad biológica y cultural.

Una desforestación acelerada

Desde mediados de los años 90, los beneficios que los ecosistemas de esta vasta región brindaban a la sociedad se están desvaneciendo a un ritmo acelerado debido a la deforestación para la expansión de la agricultura y la ganadería comerciales. De hecho, el Gran Chaco Sudamericano ostenta el triste récord de ser una de las regiones más deforestadas a nivel mundial.

Este fenómeno es impulsado por terratenientes de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, quienes sustituyen bosques y sabanas por monocultivos de soja y maíz, o de pasturas para el ganado vacuno.

Una gran parte de los granos, la carne, los cueros y el tanino producido en el Gran Chaco Sudamericano es exportado a Asia y Europa (alrededor de un 60 % y un 20 %, respectivamente). Esto es posibilitado por una aceitada cadena de suministro y exportación de materias primas, la cual es controlada por unas pocas empresas multinacionales.

El recorrido de las materias primas

Estas conexiones comerciales nocivas para la biodiversidad son usualmente invisibles para la sociedad. Afortunadamente, iniciativas como Trase Earth (https://trase.earth) permiten hoy rastrear el recorrido que hacen estas materias primas, desde el sitio donde fueron producidos hasta el país donde son consumidos. Esta iniciativa sin fines de lucro fue fundada por el Stockholm Environment Institute y Global Canopy en 2015 para empoderar a la sociedad civil y los gobiernos en la búsqueda de cadenas de suministro de materias primas libres de deforestación.

Dentro de Europa, España e Italia son los principales importadores de soja y maíz del Chaco Argentino, aunque el mayor volumen de estos granos viaja hasta Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Tanto en Europa como en Asia, se usan principalmente para alimentar vacas, cerdos y pollos criados en confinamiento. De esta manera, elaboraciones “artesanales” del Viejo Mundo como las salchichas alemanas o los quesos franceses son hechos a partir de animales alimentados con granos cuya producción genera altos costos ambientales y sociales en el Nuevo Mundo.

La fabricación y consumo de zapatos, carteras y tapizados de autos de lujo en Europa también impulsan la pérdida de biodiversidad en el Gran Chaco Sudamericano. La Unión Europea importa las dos terceras partes de los cueros producidos en el Chaco Paraguayo, siendo Italia el principal importador con 25.000 toneladas de cuero por año. Para colmo, estos cueros son curtidos con taninos extraídos de los quebrachos, la principal especie de árbol de madera dura de los bosques chaqueños. A principios del siglo pasado, los quebrachales fueron diezmados por los ingleses. Desde principios de los años 2000, un promedio de 30.000 hectáreas de quebrachales del Chaco Argentino es talada anualmente por empresas italianas para extraer el tanino con el que se curten los cueros.

La responsabilidad de consumidores y productores

¿Qué están haciendo los consumidores europeos y los productores sudamericanos para frenar la acelerada pérdida de biodiversidad en el Gran Chaco? Las acciones, incluidas las de sus gobiernos, son diversas y dependen de tres factores clave.

Primero, dependen de cómo los responsables perciben la pérdida de biodiversidad que causan. Los grandes terratenientes argentinos gestionan sus campos en el Gran Chaco desde sus oficinas en Buenos Aires, a miles de kilómetros de distancia. Desde allí, no ven los cuerpos de los animales silvestres calcinados por el fuego que ordenaron utilizar para “limpiar” la tierra y sembrar maíz, soja o pasturas. Lo mismo ocurre con los alemanes, que disfrutan de sus salchichas hechas con cerdos alimentados con granos provenientes de campos deforestados e incendiados. 

Segundo, algunos productores y consumidores logran percibir las consecuencias negativas de sus decisiones, pero aun así no logran cambiar su lógica. Este es el caso de muchos productores que hoy ven cómo los suelos de sus campos se degradan, y lo que era un bosque pasó a ser un desierto en un par de décadas, pero continúan expandiendo la deforestación enceguecidos por las extraordinarias rentas que obtienen en el corto plazo. Solo especulando con el precio de la tierra, un terrateniente puede comprar tierras con bosque en el Chaco Boliviano a 100-250 dólares la hectárea para luego vender cada hectárea deforestada a 2.500 dólares.

En tercer lugar, quienes impulsan la pérdida de biodiversidad en el Gran Chaco pueden querer revertir el daño causado por sus decisiones de producción o consumo, pero no siempre logran aportar efectivamente a la solución. Por ejemplo, un italiano que se concientiza de que una marca de zapatos en su país utiliza cueros curtidos con taninos provenientes de la tala ilegal de quebrachos chaqueños puede optar por comprar otra marca. Sin embargo, la decisión de unos pocos compradores conscientes no será suficiente para que Italia deje de importar cueros y taninos de zonas deforestadas.

Transformar el comercio internacional

Afortunadamente, un número creciente de consumidores europeos percibe que sus decisiones de consumo generan impactos negativos al otro lado del mundo. A muchos de ellos les importa y están dispuestos a apoyar políticas de regulación de las importaciones. Tal es así que la Unión Europea promueve una normativa para que sus países miembros dejen de importar granos y carne provenientes de zonas deforestadas después de 2020, por ejemplo, en el Gran Chaco y otras regiones de Sudamérica.

Desafortunadamente, la entrada en vigor de esta normativa de la Unión Europea prevista para 2025 ha sido postergada en respuesta al lobby de multinacionales como Bunge, Cargill y JBS, o de la Sociedad Rural Argentina y del Partido Popular Europeo, entre otros. Esta postura demuestra claramente que todavía muchos productores sudamericanos, exportadoras multinacionales y consumidores europeos no están dispuestos a detener la acelerada pérdida de biodiversidad que causan sus acciones, aún cuando esto ponga en riesgo su propio negocio y el bienestar de la sociedad.

Debido a las reglas actuales del comercio internacional de materias primas, tenemos productores enceguecidos por rentas extraordinarias a un lado del mundo causando daños ambientales invisibles para consumidores al otro lado del mundo. ¿Podrá un cambio de reglas del comercio internacional de materias primas revertir esta situación? Para ello, cabe primero identificar quiénes tienen el poder de transformar el comercio internacional y, luego, si tienen suficientes incentivos o existe suficiente presión para hacerlo. Está en ellos lograr que el comercio internacional sea parte de la solución a la pérdida de biodiversidad, en lugar de continuar siendo el principal impulsor del problema.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Una COP16 histórica, pero con deudas hacia las comunidades más vulnerables

La COP16 de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), celebrada en Cali, Colombia entre el 21 de octubre y 1 de noviembre, fue sin duda un evento histórico. Sin embargo, también dejó al descubierto retos que, de no ser resueltos, podrían comprometer los ambiciosos objetivos de conservación y justicia socioambiental que promueve. Si bien esta cumbre fue apodada la “COP de la gente” por su enfoque inclusivo y su récord de participación, el camino hacia la implementación real de estos compromisos está cuesta arriba, en particular para las comunidades que deberían estar en el centro de la acción climática.

Progreso inclusivo, pero desigual

Uno de los logros más significativos de la COP16 fue la creación de un órgano subsidiario permanente para el Artículo 8 de la CDB, que permitirá a los pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) tener una voz directa en las negociaciones. Este avance marca un reconocimiento largamente esperado del papel clave que desempeñan estos grupos en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, tal como lo señaló el análisis de Periodistas por el Planeta, las promesas de inclusión a menudo se ven limitadas por falta de financiamiento efectivo y por la reticencia de los países desarrollados a cumplir con sus compromisos financieros.

Aunado a lo anterior, el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes como actores clave representa otro avance importante. Sin embargo, queda la duda de si estas decisiones se traducirán en acciones concretas o si quedarán atrapadas en la burocracia de los compromisos multilaterales. Para muchos líderes comunitarios presentes en Cali, la inclusión simbólica no es suficiente si no se acompaña de recursos y mecanismos claros de implementación.

Las voces de la base: Movilizatorio y Casa Pa’ Voz

Mientras tanto, iniciativas como Casa Pa’ Voz, liderada por el laboratorio de participación ciudadana Movilizatorio con apoyo de la alianza regional Alianza Potencia Energética, ofrecieron un modelo de participación inclusiva y un punto de encuentro para el diálogo, la creatividad y la colaboración durante la COP16.

Este espacio albergó 75 eventos, atrayendo a más de 3,000 personas, y fue clave para articular las demandas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y locales. Desde debates sobre gobernanza indígena hasta exhibiciones culturales, Casa Pa’ Voz resaltó el impacto transformador del activismo artístico y comunitario.

Las actividades incluyeron exposiciones como Chagra: un cultivo de historias y Paz con la Naturaleza, que presentaron potentes narrativas visuales sobre justicia ambiental y social, además de una movilización en bicicleta con el proyecto Métele Pedal. La intervención artística en las calles de Cali con el Inside Out Project, que retrató a más de 250 defensores socioambientales, fue otro ejemplo de cómo el arte puede catalizar cambios narrativos en temas de justicia socioambiental. El impacto de estas acciones también se extendió al ámbito digital, destacando el potencial de plataformas como TikTok para el activismo ambiental.

La Alianza Potencia Energética lideró una campaña digital que recolectó más de 15,000 firmas en apoyo a una carta dirigida a los presidentes Gustavo Petro y Lula Da Silva. Este documento hizo un llamado a frenar la deforestación, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y restaurar los ecosistemas, con pleno respeto por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Sin embargo, el contraste entre estas iniciativas y las dinámicas de las negociaciones formales en la Zona Azul—espacio gestionado por la ONU que acoge las negociaciones formales, a los líderes mundiales y participantes acreditados—no podría ser más marcado. En la cumbre oficial, la falta de un progreso significativo en la movilización de recursos dejó a las comunidades más vulnerables en una posición limitada. Mientras los líderes internacionales debatían sobre la distribución de fondos para la biodiversidad, los representantes de la base continuaban luchando por ser escuchados.

Esta desconexión plantea preguntas urgentes sobre cómo integrar verdaderamente las voces de base en los procesos internacionales para garantizar que las decisiones globales reflejen las necesidades de quienes están en primera línea en la lucha contra la crisis climática y de biodiversidad.

Una agenda ambiciosa con poca claridad operativa

La COP16 también destacó otros desafíos persistentes. Aunque el órgano subsidiario permanente es un desarrollo prometedor, su estructura y funcionamiento aún necesitan definirse, dejando cuestiones críticas sin resolver.

Por otra parte, la aprobación de un plan de trabajo hasta 2030 para garantizar el acceso de los PICL a recursos es una meta ambiciosa que, no obstante, carece de detalles claros sobre cómo se implementará. Estas lagunas operativas reflejan en parte las tensiones políticas y económicas que siguen obstaculizando el progreso de los acuerdos internacionales. Esto además se suma al desafío de acordar indicadores para monitorear los conocimientos tradicionales, un tema crítico que quedó pendiente en Cali.

Para futuras conferencias, es esencial mantener el enfoque en las voces de base. Fortalecer los mecanismos de financiamiento, definir marcos de monitoreo claros y fomentar colaboraciones entre movimientos locales y organismos internacionales serán claves para cumplir con los ambiciosos objetivos de la CDB.

COP16: La ‘COP de la gente’ que marca el camino hacia la COP30

Si bien COP16 marcó un hito en términos de participación e inclusión, queda mucho por hacer para garantizar que las comunidades locales y vulnerables no sean solo participantes simbólicos, sino agentes con recursos y poder real. Los resultados de esta cumbre no deben quedarse en el papel. Si los países más ricos no cumplen con sus promesas de financiamiento y si las estructuras operativas no se diseñan con claridad, los compromisos alcanzados en Cali podrían quedarse en meros gestos vacíos de contenido.

La COP16 fue histórica, sí, pero ahora es el momento de convertir la retórica en resultados tangibles. Porque, como bien demuestran las voces comunitarias, el cambio real comienza cuando se empodera a quienes han estado protegiendo la biodiversidad mucho antes de que los foros internacionales siquiera existieran. Es hora de cumplir las promesas, y no hay tiempo que perder.

En el marco de la biodiversidad y el cambio climático, la COP16 también subrayó la importancia del nexo entre ambas crisis. Esta aproximación integrada no solo refleja las interconexiones entre los ecosistemas y el clima, sino que también establece la base para estrategias sinérgicas más robustas hacia la COP30.

Sin embargo, los desafíos persisten. La movilización de recursos sigue siendo un obstáculo importante, las discusiones sobre un fondo más amplio de biodiversidad quedaron aplazadas y el marco de monitoreo para los indicadores de conocimiento tradicional aún necesita perfeccionarse. Resolver estas cuestiones será fundamental para garantizar el éxito de las metas establecidas en el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.

Es imperativo que las promesas de inclusión y sostenibilidad de la COP16 no se queden en palabras. El nivel de implementación y el compromiso con la acción son fundamentales para determinar si realmente estamos avanzando hacia un futuro más justo y sostenible para todos. La COP16 marcó el comienzo, pero la verdadera prueba será el cumplimiento de sus promesas antes de la COP30 del cambio climático en Belem, Brasil en 2025.

Colaboración autocrática y la desnacionalización de los “traidores a la patria”

En ocasiones se subestiman los vínculos que sostienen las autocracias y cómo ello incide en los derechos humanos de quienes viven en ellas. No obstante, la evidencia empírica confirma que los regímenes autocráticos colaboran entre sí y que esta colaboración es vital para su permanencia en el tiempo y el control de las organizaciones de la sociedad civil y la oposición política. Una muestra de ello es cómo Cuba, Nicaragua y Venezuela se apoyan entre sí y, al mismo tiempo, aprenden de los mecanismos que se emplean en cada país para asegurar el control del poder. 

Aunque se suele pensar que los regímenes nicaragüense y venezolano captan del cubano aquello que les permite cerrarse más, porque el modelo cubano representa la autocracia más cerrada de la región, el proceso transcurre en doble vía. En este sentido, el ejemplo más reciente es la adopción de leyes que privan de los derechos políticos y civiles a opositores y activistas por los derechos humanos. Esta práctica se implementó antes en regímenes como los de la Alemania nazi y la Italia fascista, pero quien primero la desarrolló legalmente en la troika autocrática latinoamericana fue Nicaragua. 

La desnacionalización como forma de represión internacional tiene varias consecuencias. Al utilizar esta táctica sin enfrentar repercusiones tangibles, las autocracias establecen un precedente imitable por otros gobiernos. Esto erosiona los principios fundamentales de derechos humanos y del derecho internacional, y promueve la impunidad. La inacción de la comunidad internacional permite que estas prácticas continúen y se extiendan, lo cual afecta a los individuos y los sistemas de protección de los derechos humanos. Las autocracias de América Latina son conscientes de ello y lo explotan a su favor.

El 19 de enero de 2024 se conoció que en Nicaragua se aprobó una reforma constitucional que permite privar de la nacionalidad a los nicaragüenses condenados por “traición a la patria”, una figura legal empleada para perseguir a opositores y críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mediante esta reforma, se estableció que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes, pero los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense.

Esta disposición se aprobó antes en primera instancia el 9 de febrero de 2023, el mismo día en que 222 presos políticos, entre ellos siete candidatos presidenciales, fueron liberados y expulsados a Estados Unidos, luego de ser sancionados por “traición a la patria”. Un día después, el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó retirar la nacionalidad a esos ciudadanos nicaragüenses, basándose en una “ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, aprobada también el 10 de febrero.

Además de perder la nacionalidad, los 222 ex presos políticos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular y se les suspendieron sus derechos como ciudadanos. El 15 de febrero de 2023, otras 95 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el exguerrillero Luis Carrión, también fueron despojados de su nacionalidad, tras ser imputadas por “traición a la patria” sin juicio previo.

Por su parte, en Cuba se aprobó una Ley de Ciudadanía en julio de 2024 que faculta al presidente para despojar de la ciudadanía por decreto a quienes se alisten en “cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra el país o sus ciudadanos” y a quienes realicen “actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales” de la isla. El afectado debe radicar fuera del país o contar con otra nacionalidad, aunque se contemplan excepciones por motivos graves. En estos casos la privación de la ciudadanía cubana es posible que genere una situación de apatridia.

Al igual que la ley nicaragüense, la cubana pretende controlar extraterritorialmente a los opositores políticos y activistas, pues constituye una herramienta adicional para reprimirlos fuera de las fronteras nacionales. Se trata de la implementación legal de una idea de Fidel Castro expresada en 1965, relativa a que las personas que salen de Cuba jamás serían consideradas como ciudadanos. Aunque aún no se ha publicado en el diario oficial del Estado cubano la Ley de Ciudadanía, es posible que con su entrada en vigor se aprecien situaciones como las ocurridas en Nicaragua.

En Venezuela, y en el contexto posterior al fraude electoral del 28 de julio, la Asamblea Nacional debatió una ley para inhabilitar de por vida a quienes apoyen las sanciones y anular sus documentos de identidad. La denominada “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela” se aplicará contra personas naturales y jurídicas, hayan o no ejercido algún cargo público por designación o por elección popular, que soliciten o apoyen sanciones internacionales, en correspondencia con lo pautado en el artículo 65 de la Constitución venezolana.

Según Iris Valera, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de la comisión redactora, esta ley castigará a los “traidores a la patria”, como se considera a quienes apoyan las sanciones. También reiteró su respaldo a la inhabilitación perpetua, porque la Constitución establece en su artículo 44 que es la privativa de libertad la que no puede exceder de 30 años. Mientras, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, manifestó que “la traición a la patria es como una renuncia a la nacionalidad, pero respetamos eso, la Constitución dice que no pueden ser privados de su nacionalidad”. Sin embargo, reiteró que el Estado tiene un sistema de identificación que permite anular los documentos de identificación y de registro de empresas de los “traidores a la patria”, y eso es posible hacerlo por la vía administrativa. 

Esta tendencia al empleo de la “traición a la patria” o de los “actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales” para privar de la ciudadanía o la nacionalidad a los opositores políticos y defensores de derechos humanos demuestra que la colaboración entre las autocracias de la región es permanente. También parece ser más activa que la de las democracias, porque mientras estas concilian sus posturas e intereses, las autocracias comparten una posición común respecto a la represión de los derechos humanos, tanto por medios legales como de otro tipo. De ahí que es necesario aumentar la presión externa sobre los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ya que se mantendrá la colaboración entre ellos y con sus aliados en otros países, porque es fundamental para su supervivencia.

La cooperación internacional en defensa: una clave para la estabilidad de la región

América Latina y el Caribe enfrentan amenazas diversas y complejas que trascienden fronteras nacionales: organizaciones criminales transnacionales, desastres naturales, cibercrimen y hasta tensiones militares intermitentes. Frente a este escenario, el Atlas comparativo de la defensa en América Latina y el Caribe subraya la importancia de la cooperación internacional en defensa como un pilar estratégico para mantener la estabilidad en la región. Este análisis crítico explorará cómo los esfuerzos multilaterales fortalecen las capacidades regionales y enfrentan las amenazas comunes.

Los retos de la cooperación

El Atlas comparativo muestra que, si bien las fuerzas armadas en la región han avanzado en profesionalización, la diversidad de marcos legales y políticas de defensa en cada país genera desafíos a la hora de coordinar acciones conjuntas. Esto puede obstaculizar la creación de estrategias coherentes para abordar amenazas regionales, como el crimen organizado transnacional o las catástrofes naturales. El hecho de que algunos países, como Brasil, inviertan más en defensa que otros también complica la equidad en los aportes a las iniciativas colectivas de seguridad.

Sin embargo, la coordinación regional ha demostrado ser esencial. Las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, que se celebran desde 1995, han sido claves para fomentar la confianza mutua y compartir experiencias. Con estos encuentros, los países han logrado llevar a cabo ejercicios conjuntos y adoptar medidas de fomento de confianza que han contribuido a reducir las tensiones militares y promover la paz en la región.

Las iniciativas existentes y su impacto

Un aspecto positivo es el esfuerzo sostenido por integrar políticas de defensa con una visión hemisférica, como lo refleja la participación de países de la región en misiones de paz internacionales bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Uruguay y Argentina son ejemplos de una contribución activa, enviando tropas y recursos a zonas conflictivas en otras partes del mundo. Esta participación no solo fortalece las capacidades de las fuerzas armadas nacionales, sino que también refuerza la imagen de la región como un actor comprometido con la paz y seguridad global.

Asimismo, el atlas resalta el impacto positivo de la creación de redes de colaboración en defensa como RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina). Esta red ha facilitado el intercambio de información y la creación de iniciativas comunes para la educación militar, la inclusión de mujeres en las Fuerzas Armadas y la gestión de riesgos y emergencias. La colaboración interinstitucional y el intercambio de datos han contribuido a mejorar las capacidades nacionales en respuesta a crisis humanitarias y desastres naturales, fenómenos que afectan con frecuencia a la región.

Los desafíos para el futuro

A pesar de los avances, persisten retos importantes. Uno de los problemas más visibles es la asimetría en los presupuestos de Defensa. Mientras que países como Colombia destinan más del 2 % de su PIB a la defensa, otros, como Argentina o Chile, no alcanzan el 1 %. Esta disparidad afecta a la capacidad de cada nación para responder a amenazas internas y también limita su participación en proyectos multilaterales de defensa. La falta de inversión adecuada en tecnología y equipamiento moderno es otro factor que puede comprometer la efectividad de las alianzas regionales.

Además, la inseguridad cibernética es un área de creciente preocupación que requiere una acción colectiva más coordinada. El atlas señala que la mayor parte de las iniciativas cibernéticas aún se encuentran en etapas iniciales, y que solo unos pocos países, como Brasil y México, han logrado avances significativos en la creación de unidades especializadas en ciberseguridad. Esto plantea un desafío para la región, ya que la proliferación del cibercrimen y la ciberguerra representan amenazas serias que trascienden las fronteras nacionales y requieren soluciones integradas.

El papel de las mujeres y la paz

Un área destacada por el atlas es la mayor integración de la perspectiva de género en los ejércitos de la región, con avances notables en la inclusión de las mujeres en funciones de liderazgo. Iniciativas como la Resolución 1325 de las Naciones Unidas, que promueve la participación de las mujeres en los procesos de paz y seguridad, han sido adoptadas por varios países latinoamericanos, lo que ha fortalecido la cooperación en este ámbito.

El enfoque de mujer, paz y seguridad no solo promueve la igualdad de género, sino que también ha demostrado ser un componente crucial para la construcción de una paz sostenible. En contextos de posconflicto, la inclusión de las mujeres en las fuerzas de seguridad y en la política de defensa ha facilitado procesos de reconciliación y ha contribuido a la estabilidad a largo plazo.

Hacia una mayor integración

En conclusión, fortalecer los lazos de cooperación y seguir promoviendo políticas integradas de defensa les permitirá a América Latina y el Caribe enfrentar mejor las amenazas, al igual que consolidarse como un bloque que contribuye a la paz y la seguridad global.

En un mundo cada vez más interconectado, la cooperación regional es no solo una necesidad, sino una estrategia imprescindible para garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región.

¿Cómo perciben los brasileños la emergencia climática?

Brasil enfrenta un alarmante aumento de eventos climáticos extremos, cada vez más intensos, frecuentes y destructivos. En 2024, el país fue escenario de desastres climáticos de gran magnitud. En Rio Grande del Sur, inundaciones entre abril y mayo afectaron a más de 875 mil personas, causando numerosas muertes y pérdidas económicas a nivel local. En São Paulo, millones de personas quedaron sin energía eléctrica tras fuertes lluvias. En Río de Janeiro, 100 mil personas fueron afectadas por inundaciones en enero. En el segundo semestre, la sequía récord en la Amazonía y los incendios forestales en el Centro-Oeste, Norte y Sudeste cubrieron con humo el 60 % del territorio nacional en septiembre, agravando los problemas ambientales y de salud pública.

Esta serie de eventos no es aislada: en 2023 ya se habían registrado lluvias torrenciales en São Paulo y en Rio Grande del Sur, así como olas de calor históricas. Lo que antes podía interpretarse como una excepción, ahora se presenta como una regla.

Esta realidad fue documentada en una investigación realizada por el Observatorio Interdisciplinar del Cambio Climático (OIMC) de la UERJ y el Observatorio Político y Electoral (OPEL), vinculado a la UFRJ y UFRRJ, durante el primer semestre de 2024. Utilizando la metodología de grupos focales, la investigación, financiada por el Instituto Clima y Sociedad, analizó las percepciones de la población sobre la crisis climática en seis ciudades brasileñas: Río de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói (en el estado de Río de Janeiro), São Paulo, Diadema y Osasco (en São Paulo). Los resultados del estudio son muy reveladores.

En primer lugar, los participantes demostraron un amplio entendimiento sobre la gravedad y el origen humano del cambio climático. Sin embargo, los sentimientos van desde el pesimismo y la impotencia, por un lado, hasta la disposición para actuar individualmente, por otro. Las acciones mencionadas incluyen el ahorro de agua y el reciclaje, pero la confianza en soluciones colectivas o en políticas públicas está debilitada por un sentimiento de desilusión hacia el gobierno.

En segundo lugar, la investigación revela un amplio reconocimiento de la gravedad del cambio climático y percepciones compartidas de que las personas más pobres son las más vulnerables a los impactos, tales como inundaciones, olas prolongadas y más frecuentes de calor extremo, sequías e incendios forestales. Esta conclusión se deriva directamente de las experiencias concretas de vida de las personas entrevistadas, quienes relatan cómo los desastres climáticos ya afectan sus rutinas.

Sin embargo, la respuesta política y social a esta emergencia climática ha estado marcada por contradicciones. Brasil todavía enfrenta el legado del desmantelamiento ambiental promovido por el gobierno de Jair Bolsonaro, que debilitó instituciones y fragilizó políticas ambientales. Por su parte, el tercer gobierno de Lula intenta reconstruir este terreno institucional, adoptando medidas como la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, la fundación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y la confirmación de Brasil como sede de la COP 30, en Belém, en 2025. Aunque estos esfuerzos representan avances, conviven con tensiones internas en la coalición gubernamental y con la presión de sectores económicos ligados al agronegocio y a la economía de combustibles fósiles. Un ejemplo emblemático de esta presión es la propuesta de exploración de petróleo en la Margen Ecuatorial Amazónica.

Esto nos lleva a un tercer resultado de esta investigación, que señala las limitaciones del Estado para generar respuestas efectivas. Muchas personas expresaron frustración por la falta de acciones concretas por parte de los gobiernos, especialmente en lo relativo a la prevención de desastres y la adaptación climática. Esta frustración se suma a una sensación de abandono, particularmente en las periferias urbanas, donde las condiciones estructurales precarias amplifican los impactos de los eventos climáticos extremos. El pesimismo respecto a la capacidad del poder público para impulsar cambios reales es, en cierta medida, un reflejo de estos procesos de vulnerabilización de individuos, clases y grupos sociales.

El predominio actual del pesimismo y la impotencia dificulta la construcción de una acción política más activa y comprometida, exigiendo esfuerzos conjuntos por parte de los gobiernos y la sociedad civil para crear estrategias que fortalezcan el sentido de pertenencia y la capacidad de acción colectiva. Es fundamental que las políticas climáticas sean más accesibles y estén conectadas con las realidades locales, reconociendo las particularidades de las periferias urbanas y de las poblaciones jóvenes, que enfrentan desafíos específicos en la lucha contra los impactos climáticos.

Un cuarto resultado de la investigación tiene que ver con la confianza generalizada en la ciencia, como eje central para la producción de evidencias y la generación de insumos para la formulación de políticas públicas. A pesar del negacionismo oficial practicado durante el gobierno de Bolsonaro en materia de medio ambiente, clima, vacunas y salud en general, las personas entrevistadas muestran altos niveles de apoyo al desarrollo científico para enfrentar la emergencia climática.

En quinto lugar, entre las políticas públicas destacadas en la investigación, la educación es vista como un campo político esencial para imaginar alternativas social, ambiental y económicamente sostenibles en Brasil. Al mismo tiempo, se percibe un creciente escepticismo respecto a la capacidad del gobierno y de las empresas para comprometerse con procesos de transición energética justa.

Esta contribución del OIMC y del OPEL confirma que, en la percepción de muchos brasileños y brasileñas, la emergencia climática ha dejado de ser un problema del futuro distante y se ha convertido en una realidad presente que redefine las condiciones de vida de millones de personas. El desafío brasileño, por tanto, es inmenso. La transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, que abarque producción, circulación y consumo, no puede limitarse a discursos o medidas simbólicas, ni inspirarse en experiencias pasadas de un desarrollismo depredador y reproductor de injusticias.

Las consecuencias de la emergencia climática exigen acciones innovadoras, audaces, concretas y justas que enfrenten los intereses de sectores poderosos y construyan alternativas reales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, preservar los biomas, garantizar los derechos humanos y proteger a las poblaciones más vulnerables, compuestas en su mayoría por personas negras y pobres.

La emergencia climática ya es una fuerza que redefine el presente y exige respuestas inmediatas que no se basen en juegos de suma cero entre protección ambiental y desarrollo. Planificar hoy con la mirada puesta en el futuro es una necesidad urgente. En Brasil, esto implica no solo lidiar con los desastres que se acumulan, sino también transformar radicalmente las bases de su economía política, su modelo de desarrollo y sus políticas ambientales, energéticas y climáticas.

El “oro” bajo los pies: Bukele y la amenaza del regreso de la minería metálica

El reciente interés de Nayib Bukele por revertir la prohibición de la minería metálica en El Salvador ha reactivado la discusión a nivel nacional e internacional en torno al tema, vetado desde 2017. Desde sus redes, argumenta que fue Dios el que puso un tesoro bajo los pies de la población, y que sería “absurdo” no explotar ese recurso que traería un desarrollo económico y social “sin precedentes”.

Esta vez la tensión es mayor dada la concentración de poder en la figura presidencial y la vigencia de un régimen de excepción que erosiona la organización y la oposición política en el país. Pero, ¿cuál es el origen de la prohibición? ¿Qué implicancias tiene levantar la prohibición de la minería en este contexto político y social?

Origen

La discusión es de larga data, previa a la popularidad de Bukele y sus polémicas medidas de seguridad. La prohibición tiene raíces en una disputa jurídica que involucró a El Salvador con la minera canadiense Pacific Rim. La empresa se encontraba en proceso de renovación de los permisos de explotación de oro en el Proyecto El Dorado cuando, en 2009, el presidente Antonio Saca, atendiendo presiones internas, declaró que no autorizaría permisos mineros hasta que no se promulgara una nueva ley sobre minería. La minería quedó suspendida de facto y, como consecuencia, Pacific Rim demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, sosteniendo que su inversión había perdido valor por el accionar del Estado.

El arbitraje abordó dos cuestiones clave: la soberanía regulatoria del Estado en temas ambientales vis-à-vis la protección de inversiones extranjeras, y la necesidad de incluir las voces, usualmente marginadas, de las comunidades locales y la sociedad civil. Sobre este último punto, no se trata de un caso más. El arbitraje se dio en un contexto de intensa resistencia local hacia la empresa que estuvo caracterizado por amenazas y agresiones a defensores y defensoras ambientales, lo que costó la vida a tres de ellos. Aunque no se identificó a los responsables, la Procuraduría señaló que la presencia de la empresa y los delitos podrían tener una misma raíz. 

Las organizaciones de la sociedad civil, mediante las movilizaciones sociales así como la presentación de escritos conocidos como amicus curiae, pueden obrar como una suerte de contrapeso a las empresas transnacionales, como señala el jurista M. Sornarajah. No obstante, en los arbitrajes de inversiones ni las comunidades locales ni la sociedad civil tienen un espacio para ser escuchadas obligatoriamente por los tribunales. 

¿Qué decidió el tribunal? En el laudo emitido el 14 de octubre de 2016, rechazó las reclamaciones de PacRim, al concluir que la empresa no contaba con derechos de explotación vigentes cuando el gobierno suspendió virtualmente la minería metálica en El Salvador. Sin embargo, lo más significativo ocurrió después. Con el apoyo de la Iglesia católica, siguiendo la encíclica Laudato Sí, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, organizaciones sociales y más de 33.000 firmas, se presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley.

El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de orden público que convierte a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica en su territorio, reafirmando el derecho a la salud, el medioambiente y el desarrollo sostenible. “Sí a la vida, no a la minería” es un lema que continúa presente en la sociedad. A pesar de la afinidad de los seguidores de Bukele con su forma de hacer política, es evidente el actual descontento. 

La noticia fue el culmen de las acciones iniciadas en 2021, con la incorporación al Panel Intergubernamental sobre Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible, la aprobación de la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y la designación de una partida presupuestaria para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería”. Sin estudios oficiales publicados, solo se conocen las afectaciones de los proyectos mineros del pasado, el incremento de la demanda hídrica en un 16,5 % y la disminución de la disponibilidad hídrica en un 2,5 %, conforme a datos de la UCA El Salvador.

Futuro

El autoritarismo facilita este tipo de anuncios impopulares, e incrementa la probabilidad de ejecutarlos y reprimir a quienes se opongan. El Salvador se encuentra bajo estado de excepción desde hace más de tres años, y después de denunciar la posible reactivación minera, cinco defensores ambientales de Santa Marta estuvieron confinados durante 21 meses por supuestos crímenes ocurridos durante el conflicto armado, acto calificado por la organización como manipulación a la justicia restaurativa para perseguir al activismo ambiental. Aunque fueron liberados, recientemente la Cámar a Penal de Cojutepeque ordenó la repetición del juicio en otro tribunal. 

¿Es suficiente la popularidad política en este tipo de decisiones sin tomar en cuenta a la población? Quizás no, lo que sí es suficiente es el control de los demás órganos del Estado, así como del poder militar. Ahí es donde resulta evidente —en mayor medida— la falta de pesos y contrapesos, y sus consecuencias sobre la vida de las personas. 

El levantamiento de la prohibición minera está siguiendo la misma línea en la cual Bukele ha gobernado, girando una instrucción sin diálogo, cumplida por sus colaboradores afines en los órganos del Estado involucrados. Sin embargo, la diferencia es la articulación social que ya existe frente a este tema, distinta de la articulación frente a temas como la democracia, el estado de derecho, la corrupción, entre otras cuestiones que se debaten en la palestra salvadoreña. Lo que permanece, aun así, es la ausencia de una oposición política que pueda aglutinar estas demandas sociales y representarlas en los escenarios dominados por el ejecutivo. Ahí, pensamos, está otra clave para lo que ocurra ante la amenaza del retorno de la minería metálica en El Salvador.

Aún quedan preguntas sin respuesta: ¿qué ocurriría en el caso de aprobarse el cambio normativo y la eventual contaminación? ¿Cuál será el comportamiento del Estado Salvadoreño en defensa de los derechos humanos, si no incorpora a la población en las mesas de diálogo? ¿Se repetirá la flexibilidad con la que se han otorgado permisos de construcción en zonas protegidas?

El tiempo de los ‘duros’

Mientras los problemas globales como el cambio climático, la inflación y las guerras se agravan, líderes autoritarios de línea dura se consolidan en el poder, exacerbando las tensiones. En Europa, la ultraderecha avanza con Viktor Orbán en Hungría, Georgia Meloni en Italia y el auge de movimientos nacionalistas en Francia, Austria y Holanda entre otros. En Asia, Xi Jinping refuerza el control absoluto en China, Vladimir Putin lidera una autocracia en Rusia, y gobiernos como los de Irán, India y Turquía muestran tendencias autoritarias. En EE.UU. Donald Trump y el Partido Republicano acaban de ganar las recientes elecciones presidenciales, del Senado y la Cámara de Representantes y en América Latina, sistemas autocráticos persisten en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela. Mientras tanto, en México la dupla AMLO-Sheinbaum amenaza con convertir al país en una nueva autocracia con una oposición, que con la nueva legislación, tendrá aún más difícil ganar una elecciones.

Es decir, a primera vista el mundo está gobernado por los duros de la política, y eso no es buena noticia para la humanidad. Porque estas posiciones se caracterizan no por el juego democrático de las alternancias sino, en lo interno, por el control o modificación de las instituciones, y, en lo externo, por el juego de bloques, que tiene un alto componente militar. Esto explica lo que sucede hoy dramáticamente en Ucrania, el Líbano y la Franja de Gaza.

Y en esta lógica autoritarista, en México se ha impuesto una reforma del Poder Judicial en contra de la mayoría de los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que implica que los actuales miembros serán despedidos y que los próximos jueces, magistrados y ministros serán elegidos popularmente en las urnas. Estos, además, estarán limitados por nuevas instituciones de control de la coalición dominante.

Con esta reforma, México deja atrás un modelo democrático pluralista imperfecto pero que durante décadas fue capaz de auto reformarse a través de las sucesivas reformas electorales y así continuar garantizando el juego democrático y la representación política plural.

Estados Unidos vs. México

Pero el próximo desafío para México, no está tanto dentro del país sino fuera. Y el primer punto es que Trump ha utilizado a México como parte estratégica de su campaña electoral para obtener la victoria, ratificando en su discurso triunfal ante miles de estadounidenses, la importancia de las fronteras en un claro mensaje al gobierno mexicano.

Para Trump, los republicanos y sus votantes, parte de sus problemas tienen que ver con México: la relocalización de empresas chinas al país para exportar luego a los mercados del norte; la migración mexicana e internacional que cruza el país; la producción y exportación de fentanilo que se distribuye en las calles estadounidenses causando decenas de miles de muertes, y los cárteles de la droga, que ven como parte de un sistema político-criminal.

En este marco, los cambios constitucionales y reglamentarios en materia judicial en México muestra que el país no otorga garantías para los intereses estadounidenses. Esto pone en entredicho la vigencia del T-MEC, que será tema de “renegociación”, no revisión, en los próximos años. Este no es un asunto meramente semántico, pues transformaría el entramado comercial.

En tanto, la presidenta Sheinbaum abraza la idea de que en las campañas electorales se expresan emociones para conseguir votos, pero que tras las elecciones las aguas vuelven a su cauce. Por lo tanto, en breve se convocaría a reuniones de alto nivel para limar asperezas tras los dichos políticos en campaña y se proseguiría a definir la política bilateral a seguir.

Esta es un opinión optimista, porque parecería que Trump va por la enchilada completa y, seguramente, intentará hacer lo que hizo con AMLO a través de Marcelo Ebrard, doblegar a Sheinbaum con la reiterada amenaza de alzar los aranceles de importación si no controla la migración ilegal y los flujos de drogas hacia Estados Unidos.

Esto lleva a suponer que la presión de Trump será muy fuerte, tanto en la vía migratoria como la comercial, especialmente en lo que tiene que ver con el nearshoring y las inversiones chinas en México y la captura, quizá, ya no solo de miembros de los cárteles sino de narcopolíticos.

Ante este escenario adverso, en breve veremos las cosas, no en clave bilateral, sino en política de bloques. Y eso despierta todo tipo de conjeturas en cuanto a la relación entre México y Estados Unidos. En definitiva, México es parte de las nuevas tendencias duras que marcan las identidades políticas autocráticas del mundo y el sistema de bloques. Esto podría deparar un futuro más incierto que el conocido hasta ahora para lo cual será necesario operadores internacionales con mucha experiencia diplomática, más que políticos duros e ideologizados.

El periodismo como distinción política en Cuba

El periodismo, como institución social fluida y plural, impacta en las dinámicas políticas independiente del régimen. Al reflexionar sobre el mainstreams periodístico norteamericano, el académico y periodista Yascha Mounk nos alertaba de los riesgos de los costos de partidizar la información y sustituir su objetividad e imparcialidad por ciertaclaridad moral de activismos democráticos. El verdadero periodismo, según Mounk, debe plantear preguntas difíciles sin miedo ni favoritismos; solo así se podría restituir la confianza de los públicos y evitar las distorciones de las élites. La experiencia electoral reciente en los Estados Unidos le da la razón. En una democracia liberal, la calidad, pluralidad y contrastabilidad de la información pública, así como las libertades de información y libre expresión, son mecanismos constitutivos de la gobernabilidad.

En regímenes autocráticos, autoritarios o totalitarios, donde el poder se asume como una representación escénica, la información pierde el carácter de bien público para convertirse en un ejercicio de manipulación comunicativa. La información, monopolio del estado, es un mecanismo fundamental para reconfigurar la hegemonía de sus narrativas ideológicas, marginalizar las voces críticas y limitar la capacidad de los ciudadanos para imaginar y articular un futuro político alternativo. Así, el rol de los medios es más constitutivo que instrumental, pues activamente producen la dinámica de la política. La Cuba actual, como autocracia totalitaria, refleja esta tensión entre mantenimiento/erosión de un orden en un escenario incierto.

La relación prensa-estado-públicos ha cambiado mucho en la isla. La prensa estatal, institucionalizada a partir de 1975, al más puro estilo leninista, ha sido definida como un “importante instrumento de la lucha ideológica y política, órganos del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el estado en la tarea de educar, informar, orientar, organizar y movilizar”. En su función de legitimación, la prensa impresa estatal cubana ha utilizado discursivamente la historia dotada de un poder unificador sincrónico (entre todos los cubanos de una misma época) y diacrónico (entre los valores de los cubanos de distintas épocas), lo que ha creado parámetros para representar los rasgos identitarios del “buen cubano” y procesos fluctuantes de inclusión y exclusión del campo simbólico de la cubanidad, según su utilidad y contribución al alcance de una “victoria revolucionaria y socialista” (sic).

Sin embargo, la excesiva regulación ideológica del PCC y las fallas en la autorregulación de los periodistas han potenciado estrategias de sobrevivencia profesional como la discreción y el secretismo por miedo a sanciones, unido a una problemática relación con las fuentes de información, generalmente funcionarios del estado y el PCC. Esto subvierte la práctica profesional a simples voceros ideológicos que repiten las notas oficiales.

Esta acentuada asincronía entre temas oficiales (hiperrealidad ideológica) y los diversos temas de interés público (realidad cotidiana), limita la confianza pública del consumo informativo y estimula a las audiencias a buscar fuentes con interpretaciones alternativas de la realidad social. Por lo tanto, este modelo de prensa estatal, altamente burocratizado, bajo condiciones restrictivas, creciente precarización y desprofesionalización, no ofrece incentivos de desarrollo profesional a los jóvenes periodistas.

Además, la creciente complejidad social y la liberalización del acceso a Internet a partir del 2008  han modificado la rígida esfera pública en diversas arenas de debate interno y un espacio contencioso transnacional diferenciado y autónomo de la política oficial. En estos espacios comienzan a visualizarse ciertos temas excluidos de las agendas formales de los medios oficiales lo cual activa el debate en ciertos sectores de la sociedad cubana y su diáspora, lo que constituye una creciente amenaza a la hegemonía ideológica del estado.

Un actor protagónico de este proceso ha sido la prensa independiente digital, la cual ha desarrollado en la última década una aproximación alternativa a la realidad cubana, bajo importantes restricciones tecnológicas, con un alto costo de acceso, en un contexto de incertidumbre jurídica y polarización política.

Esta prensa independiente digital, estigmatizada por el discurso oficial como un anteproyecto de “subversión político-ideológica”, orientada y financiada por el gobierno de los EE.UU., es una propuesta diferente e innovadora. Sin embargo, es heterogénea en objetivos, estilos y calidad informativa, con medios que fluctúan entre la crítica ‘revolucionaria’ intrasistema (Joven Cuba, Revista Temas) y la oposición al estado cubano en formatos de prensa generalista (14yMedio, Diario de Cuba, ADN Cuba, Cubanet), ciertos modelos de especialización informativa (El Toque, Periodismo de Barrio, Cubalex), las plataformas feministas (Alas tensas y Yo si te creo), plataformas que emulan laboratorios de pensamiento crítico (CubaXCuba, Cuba Próxima), de periodismo narrativo (El Estornudo y Hypermedia Magazine) hasta innovadores formatos de periodismo de investigación y minería de datos (CubaData, Proyecto Inventario, Yucabyte) y una creciente diversidad de influencers en redes sociales que alimentan un espacio contencioso transnacional.

El aporte del periodismo de investigación de datos en autocracias es significativo, pues al utilizar la versatilidad, transversalidad y rapidez de los redes sociales para recabar opiniones, valoraciones, juicios de sectores sociales anónimos y procesar estadísticamente la progresión de éstos, devuelve la voz a los verdaderos sujetos de la política y permite visualizar su naturaleza opresiva. La academia se debe nutrir de esta información para contrastar teorías, enriquecerlas y producir nuevas aproximaciones conceptuales e interpretativas, reformular problemas e hipótesis y, finalmente, dotar a los estudiantes de nuevas rutas cognitivas.

La importancia de estos medios digitales independientes radica en la profunda revalorización de la profesión periodística y el cambio en la autopercepción del rol público del periodismo en las nuevas circunstancias digitales, orientado a producir información de calidad para un público interesado en deliberar y participar en la política. Estos medios, se basan en valores liberales como la autonomía y el equilibrio informativo y retoman temas polémicos como ecología, feminismo y derechos de minorías, entre otros, ausentes de las agendas oficiales y potenciales detonantes de deliberación pública y presión sobre el gobierno.

La conexión con fuentes de financiamiento de gobiernos extranjeros, especialmente los EE.UU., acentúa este anatema de enemigo interno en el discurso oficial, y los hace blanco continuo de amenazas públicas y estrategias de acoso, censura y diversas formas de represión estatal. Como respuesta a las espontáneas manifestaciones de protesta del 11 de julio de 2021 se ha multiplicado la vigilancia, la censura y la represión digital. Interrogatorios, decomisos, “confesiones públicas” de renuncias, chantajes, extorsiones y forzadas ‘salidas’ al exterior son estrategias para desacreditarles y sostener la narrativa oficial de mercenarismo.

No obstante, el periodismo independiente digital, en sus diversas variantes, ha cambiado el escenario de la comunicación en Cuba. En efecto, en regimenes cerrados, donde predomina el estado y/o una ideología monopólica sobre la vida pública, se neutralizan los diversos mecanismos de organización y movilización autónoma de actores sociales y se pervierte la noción de lo público. Este proceso de estatización de los espacios públicos, elimina el sustrato de la política y pretende convertir al sujeto en un autómata irreflexivo, cuyas actitudes responden a discursos y rituales preestablecidos.

Entre otros mecanismos ritualistas, la prensa oficial tiende a construir una superrealidad ideológica que niega el fundamento de la información: la facticidad y veracidad del dato. Es ahí donde estas diversas variantes informativas de periodismo rompen el control monopólico y manipulativo de la (des)información estatal y activan los componentes dinámicos que subyacen en la realidad social, y sobre todo, el componente subjetivo de la política.Frente al dogma ideológico de los mecanismos del estado, deben aparecer novedosos estilos de narrar la realidad desde la metáfora, el concepto o el dato. Solo así podrá reactivarse el interés de ciertos sectores de la sociedad en temas con implicaciones comunes y el sujeto comenzar a convertirse en agencia de la política, asumiendo la expresión de lo diverso y plural como un componente constitutivo de la vida social.

Los políticamente (in)correctos

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Vivimos tiempos convulsos y contradictorios. Por una parte, estamos instalados en una época que recomienda ser políticamente correcto, cuidadoso en el lenguaje de palabras y gestos, porque existen grupos que se hieren o temen ser heridos por una frase, no importa si largamente pensada o dicha al pasar. Como señala Darío Villanueva, la nuestra es la época de “morderse la lengua”, para no pronunciar expresiones que dañen a colectivos, entre ellos, de mujeres, indígenas, personas con discapacidades o animalistas. 

Según cuenta Susan Neiman en su libro Izquierda no es woke, una editora alemana que promocionaba un libro con la frase “Este libro te abrirá los ojos” fue atacada porque podía causar sufrimiento a los ciegos; esta misma censura sufrió el poema de una escritora negra solo por estar traducido por un hombre blanco. Hoy los políticos, escritores, intelectuales y hasta los cómicos tiene que ir modulando sus palabras para no herir a quienes creen tener el derecho de señalar con dedo acusador a quien se atreva a cuestionar su real o supuesto “ser”.

Contrariamente a lo anterior, en el mundo de la política cada vez ganan más adeptos los líderes bárbaros e irreflexivos, de lengua suelta y maliciosa, como Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro. El presidente electo de los Estados Unidos mantuvo a lo largo de su última campaña electoral que los latinos eran basura; por su lado, el actual presidente argentino sostuvo que todos los zurdos (izquierdistas) eran una mierda y que habría poco menos que matarlos. Por su parte, Bolsonaro solía referirse a una legisladora diciendo que “no había sido violada por ser muy fea”.  

En sus primeros pasos en la actividad política, nadie tomaba en serio a Trump, Milei o Bolsonaro. Eran una suerte de curiosidades pasajeras, personajes esperpénticos y circenses que el tiempo y el buen criterio se encargarían de colocar en el basurero de la historia. Nada de eso pasó: los tres llegaron a la primera magistratura de sus países, bendecidos por el voto, el aplauso y el beneplácito de miles de seguidores. Hoy hemos llegado a la increíble paradoja de que el descriterio, la ignorancia y la intolerancia generan popularidad y respaldo en las urnas. 

¿Cómo se explica esta contradicción entre la pretendida nueva etapa cultural donde se debe cuidar lo que se dice con la incontinencia verbal de líderes populistas? A primera vista, los que ocupan cada parcela parecerían distintos. Entre los defensores de lo políticamente correcto podemos ver a líderes de izquierda, defensores del rol del estado en la economía y empáticos con pobres y desheredados. En la otra vereda vemos a personajes de derecha, de tendencia promercado, que reclaman volver a la grandeza real o pasada de la nación. 

Empero, también hay parecidos: ambos son retoños de la política de la identidad, que busca no solo redistribución sino reconocimiento de grupos, que solo por ser o proclamarse distintos deben tener derechos exclusivos, distintos y especiales al común de los mortales; también son corrientes políticas que apelan a las emociones en vez de la razón y se niegan a establecer canales mínimos de comunicación con otros colectivos que, por definición, son sus enemigos.

Si bien ya es escandaloso que estas políticas se hayan impuesto, lo es más el tiempo que han tardado en hacerlo. Como nos recuerda John Keane, “construir una democracia es una ardua tarea que puede llevar al menos toda una vida, mientras que su destrucción o democidio es mucho más fácil y puede ocurrir más rápido”. La democracia de América Latina antes de la primera década del siglo XXI no era la mejor ni la esperada, era un cuerpo enfermo con muchas dolencias que reclamaban atención, empero sus supuestos salvadores fueron como un cáncer que terminó por matar las pocas células sanas que había en sus cuerpos políticos y culturales. 

Ahora toca reconstruir y recuperar. Pero va a ser un proceso largo y tortuoso que fácilmente nos puede llevar las próximas dos décadas. Este lapso de tiempo puede ser menor si nos damos a la poca practicada tarea de razonar en vez de repetir y de pensar en vez de creer. Como decía Hannah Arendt, en tiempos de oscuridad tenemos el derecho de esperar cierta iluminación.