2025: elecciones en el mundo

Sebastián Godínez Rivera
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2025: elecciones en el mundo

Desde 2020 hasta 2024 el calendario electoral estuvo marcado por un número alto de comicios en los cinco continentes. Sin embargo, para este 2025 la actividad comicial se reduce considerablemente en todos los continentes. De todas maneras, para este nuevo año América tiene un calendario que será decisivo para la región porque cinco países del continente renovarán el poder ejecutivo y legislativo, mientras que dos elegirán al Parlamento y uno al Poder Judicial.

La primera cita es en el Ecuador el 9 de febrero, fecha en la que el país celebrará elecciones generales. La nación andina es gobernada por Daniel Noboa, quien aspira a la reelección. Su administración ha estado marcada por la confrontación con la vicepresidenta Verónica Abad, la ruptura de relaciones diplomáticas con México y el incremento de la inseguridad. En los sondeos la excandidata correísta, Luisa González, aspira a derrotar al mandatario actual; recordemos que en los comicios extraordinarios de 2023 ella fue derrotada por el actual presidente.

El 25 de mayo Surinam elegirá 51 escaños del Parlamento, actualmente la coalición progresista del presidente Chan Santokhi tiene la mayoría. La oposición buscará derrotar al oficialismo y hacerse con la mayoría parlamentaria. El 1 de junio México acudirá a las urnas por primera vez para elegir a miembros del Poder Judicial; la reforma fue aprobada por el partido oficialista Morena en 2024 bajo el argumento de la democratización de este poder. Sin embargo, a pesar de los llamados de la academia y la comunidad internacional de los riesgos que implica la ley, esta nación elegirá a las y los juzgadores.

Para el segundo semestre de 2025 la actividad electoral se incrementará debido a que hay cuatros jefaturas de Estado y de gobierno en juego. Bolivia tendrá elecciones el 17 de agosto en medio de las disputas entre el expresidente Evo Morales y el ejecutivo Luis Arce; con un partido dividido entre un líder carismático y el mandatario constitucional, el país ha estado inmerso en tensiones políticas desde el año 2023. 

El 26 de octubre, Argentina se sumará al calendario electoral: renovarán 127 escaños de la Cámara de Diputados y 24 bancadas del Senado. Estas elecciones serán la primera prueba de fuego para el presidente libertario Javier Milei, quien aspira a consolidar una sólida mayoría para sacar adelante su agenda política. El inquilino de la Casa Rosada ha sido cuestionado por su política de recortes presupuestarios, desregulación económica y las privatizaciones. Mientras tanto, el progresismo aspira a recobrar fuerza y consolidarse nuevamente como alternativa.

El martes 28 de octubre Canadá celebrará elecciones en uno de los pocos sistemas parlamentarios del continente. Proyectos como Executive Approval Project han dado seguimiento a la caída en el respaldo a los liberales encabezados por Justin Trudeau y han visto el ascenso de un personaje que es catalogado como populista, Pierre Polievre. Este personaje ha cobrado relevancia porque promovió mociones de censura en 2024 y ha declarado que buscará la creación de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, dejando fuera a México.

El 16 de noviembre Chile votará la presidencia, elegirá 23 senadurías y 155 diputaciones. El presidente de izquierda, Gabriel Boric, no podrá reelegirse, porque así lo estipula la ley y varias fuerzas de derecha como Chile Vamos y Republicanos aspiran a derrotar a las fuerzas gobernantes. 

Por último, el 30 de noviembre Honduras tendrá elecciones generales en las que elegirá la presidencia, 128 diputaciones, 20 escaños del Parlamento Centroamericano y 298 alcaldías y vicealcaldías. El país ha sido gobernado por Xiomara Castro, quien se identifica con la izquierda y no ha declarado sus intenciones de buscar la reelección, pero tampoco las ha negado. Honduras atraviesa una crisis de inseguridad y ha adoptado la técnica de mano dura de Nayib Bukele. Asimismo, el oficialismo y la oposición han encabezado disputas en la Asamblea Nacional por el nombramiento de varios funcionarios, lo cual ha elevado la polarización del país.

Además, ciertas naciones aún no han establecido fechas para sus comicios, como Guyana, que elegirá la presidencia, Venezuela, que votará el Parlamento, y algunos sistemas parlamentarios del Caribe como San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago o Jamaica. Mientras tanto, en Europa la actividad electoral es baja, pero no menos importante.

El 23 de febrero Alemania tendrá elecciones parlamentarias luego de que la coalición de los Socialdemócratas, Verdes y Liberales se cayera, lo que obligó al canciller Olaf Scholz a someterse a una moción de confianza y llamar a elecciones anticipadas. La guerra ruso-ucraniana, la crisis económica y el ascenso de Alternativa Por Alemania, partido nacionalista, han complejizado el escenario político.

Además, el 11 de mayo Albania elegirá al Parlamento para investir al primer ministro y el 8 de septiembre Noruega elegirá un nuevo primer ministro. Algunas naciones que todavía no tienen fecha son República Checa y Polonia. La primera tendrá elecciones parlamentarias de las cuales surgirá un primer ministro, mientras que Polonia renovará la presidencia. 

En Asia la actividad se reduce a cuatro naciones. Filipinas eligirá el 12 de mayo la mitad del Senado y el 27 de julio, Japón votará a 248 miembros de la Cámara de los Consejeros. Otros países como Singapur, Kirguistán y Tayikistán elegirán al Parlamento. Mientras que África es el continente que mayor actividad tendrá en este año con comicios en Comoras, Burundi, Malaui y Seychelles, República Centroafricana, Tanzania, Togo, Coté d’Ivoire, Camerún y Egipto.

Finalmente, en Oceanía habrá elecciones en Australia donde se renovará la Cámara de Representantes.

En conclusión, 2025 es un año lleno de elecciones. Algunas ya han sido calendarizadas, otras aún no tienen fecha y siempre hay naciones que en el transcurso del año se suman al calendario. Hemos iniciado un nuevo ciclo de elecciones que seguramente impactará en las naciones y diferentes regiones del planeta. Bienvenido 2025.

Los desafíos de México en 2025

Ernesto Hernández Norzagaray
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Los desafíos de México en 2025

Inicia un nuevo año con el llamado segundo piso de la 4T, que trae nuevos desafíos para Claudia Sheinbaum. Estos desafíos son incluso superiores a los que tuvo el mandato de AMLO y pondrán a prueba la viabilidad estructural de la oferta redistributiva, la capacidad para controlar la violencia criminal que asola a buena parte del territorio nacional o la reducción de la polarización que ha sido el sello de la casa.  

Y es que todos ellos son indispensable para presentar un país unido ante la llegada de Donald Trump y sus amenazas, que, de convertirse en realidad, podrían poner al gobierno en un serio aprieto a la hora de cumplir las políticas públicas relacionadas con el apoyo social a los sectores más vulnerables y desfavorecidos, que tienen un alto costo fiscal. 

Claudia Sheinbaum tomó posesión del cargo de presidenta de México con una legitimidad electoral que nadie ha puesto en entredicho: obtuvo 36 de los 60 millones de votos emitidos en los comicios del verano pasado.  

Sin embargo, esa holgura en el triunfo electoral no fue la misma en la integración del Congreso de la Unión, que técnicamente no le dio la mayoría calificada para realizar las reformas constitucionales. Solo obtuvieron el 53 por ciento de los votos, lo que la mayoría de los consejeros y magistrados electorales, encargados de la integración de las dos cámaras, convirtieron, mediante una discutible interpretación del artículo 54 constitucional, en una mayoría calificada primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores, mediante la cooptación de miembros de la oposición. Es decir, Morena tiene una supermayoría que no corresponde a los votos emitidos pero que fue capaz de lograr. 

Esta composición del Congreso de la Unión le ha permitido hacer las reformas constitucionales y reglamentarias que han provocado un cambio de régimen. Han desaparecido los organismos autónomos que fueron emblema de los pactos legislativos de la llamada transición del autoritarismo priista a la democracia representativa. 

Ahora está en marcha un proyecto que si continúa como va —y nada parece que vaya a cambiar en el corto plazo— podríamos estar en la antesala no solo de un sistema de partidos con una oposición testimonial sino de un proceso de regresión democrática que está debilitando al país ante el mundo democrático y acercándolo a las experiencias autoritarias latinoamericanas. 

Esta tendencia se refuerza con el control que los poderes ejecutivo y legislativo tendrán sobre el Poder Judicial, que era, hasta las reformas constitucionales, el último contrapeso institucional a esa mayoría exacerbada.  

A partir de septiembre de 2025 el país tendrá jueces, magistrados y ministros surgidos de una tómbola, una tómbola azarosa, una nueva generación de impartidores de justicia que por su compromiso político y leyes ad hoc estará respondiendo a los intereses del grupo gobernante y no a los ciudadanos. 

Solo habrá una diferencia de matiz en la forma con el largo periodo autoritario priista. Y eso ha exacerbado la polarización social y política, especialmente expresada en los miles de funcionarios y trabajadores del Poder Judicial que abandonarán sus cargos el próximo verano. 

Esto quizá pudiera ser solo un daño colateral previsible en todo cambio de régimen, donde siempre hay ganadores y perdedores; sin embargo, entraña un tema no menor que viene siendo la seguridad jurídica.  

Esto ya ha provocado reacciones adversas en organismos y medios de comunicación supranacionales, instituciones calificadoras de riesgo país y la perspectiva de crecimiento para 2025, que ha devaluado un 25 % el tipo de cambio del peso frente al dólar en los dos primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. 

A pesar de estas tendencias negativas, la postura del gobierno cuatroteísta es indeclinable; incluso hay quienes lo ven más radical, lo que significa que es ya un factor de tensión con los inversionistas extranjeros, los ahorradores en pesos, por unas tasas de interés atractivas que van a la baja, y por la incertidumbre de empresarios nacionales y extranjeros que podrían tomar decisiones financieras temerosas ante este entorno adverso que se potencia con la llegada de Donald Trump a la presidencia de la principal economía del mundo. 

¿Qué podría pasar si Trump hace realidad la amenaza con deportaciones masivas y la aplicación de un incremento del 25% de los aranceles a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense? ¿Y si México no se compromete más en la lucha contra el narcotráfico y la producción de fentanilo o no tiene un mayor control de sus fronteras para contener la migración hacia el país del norte?  

La presidenta Sheinbaum ha minimizado estas posibilidades alegando que las dos naciones se necesitan. Sin embargo, se oyen pasos en la azotea trumpista con la designación de funcionarios duros que atenderán la agenda bilateral y entre los que destaca la figura de Ron Johnson, exagente de la CIA, que en enero tomará las riendas de la embajada estadounidense en México.   

Por lo pronto en esos dos temas ya hay respuesta mexicana, no sabemos si satisfactoria para Trump y los futuros administradores conservadores en la relación bilateral. Ahí están las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, que habla de “atender a los migrantes en el trayecto para que no lleguen a la frontera norte”, y el decomiso de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa, justo donde se vive una guerra entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa que ha costado cientos de vidas, desapariciones forzadas y daños cuantiosos para la economía regional. 

En definitiva, la apuesta del cambio de régimen, si bien es satisfactoria y motivo de júbilo en la elite obradorista y sus aliados, provoca una incertidumbre que no se había tenido desde el periodo del gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas (1934-1940).  

Solo con una diferencia: Cárdenas tuvo un gran apoyo popular que le permitió realizar la nacionalización de Pemex, y Sheinbaum tendrá que lidiar con la polarización que han generado las decisiones que le heredó y administra López Obrador desde su retiro en el sureste mexicano.  

¿Qué ha sido del desarrollo de la ciudad de Panamá?

Carlos A. Gordón B.
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¿Qué ha sido del desarrollo de la ciudad de Panamá?

Este año se conmemoran dos fechas claves en el desarrollo urbano de la ciudad de Panamá: la invasión por el ejército de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989, para deponer al dictador Manuel A. Noriega, y la reversión plena de las tierras de la antigua Zona y de la administración del Canal a la soberanía panameña, el 31 de diciembre de 1999.

Para comprender el impacto del cambio de régimen que se dio luego de la invasión en la configuración urbana de la ciudad, es crucial analizar el contexto previo. Durante las décadas de 1970 y 1980, en Panamá se implementaron políticas y se crearon instrumentos que sentaron las bases para el futuro desarrollo urbano. En primer lugar, se dio la creación del centro bancario internacional en 1970, que buscó consolidar al país como una plataforma de servicios financieros a nivel regional y global. 

En este período se dio también la eliminación del límite de altura en las edificaciones —establecido en el reglamento de urbanizaciones de 1940—, lo que permitió la construcción de rascacielos a partir de la década de 1970, transformando el perfil de la ciudad. En última instancia, se creó la ley de intereses preferenciales en 1985, un instrumento que serviría para impulsar el desarrollo inmobiliario a partir de la década de 1990. La crisis económica y política que aquejó al país durante buena parte de la década de 1980 puso en pausa el crecimiento económico y urbano de la ciudad de Panamá.

Tras la invasión, la década de 1990 se caracterizó por el ajuste económico. El enfoque neoliberal se centró en la privatización de empresas públicas, como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), y la concesión de activos logísticos como los puertos y el ferrocarril. 

En paralelo, se buscó integrar los bienes revertidos con la devolución del Canal a través de ejercicios de planificación urbana, como el Plan Metropolitano del Pacífico y Atlántico (2000) y el Plan para el desarrollo de la Región Interoceánica (1997). Estos planes buscaban preparar una estructura de integración para el desarrollo de las áreas revertidas, con la esperanza de lograr “el mayor beneficio común posible”.

El retiro de las bases militares estadounidenses, que durante décadas habían representado una importante fuente de ingresos para la economía de las ciudades portuarias de Panamá y Colón, planteó serios desafíos. Un estudio realizado por INDESA en 1995, titulado Impacto económico del retiro de las bases militares estadounidenses, analizó las consecuencias del cierre de las bases.

En lo que respecta a los ingresos en concepto del pago de salarios, se estimaban en B/56 millones, además de B/17,4 millones en pensiones a trabajadores panameños en las bases, pagados anualmente. INDESA estimaba que el 42 % de los alquileres en ciudad de Panamá y Colón correspondían a los alquileres realizados por personal norteamericano, con un promedio de B/1.036.00 mensuales, bastante más alto que el promedio de B/300,00 que se pagaba en las viviendas alquiladas por panameños. El impacto total del retiro de las bases en 1994 se estimaba en B/294 millones solo para ese año.

La ampliación del Canal y un crecimiento económico y urbano acelerado

El período de cierre de las bases militares en 1999, y los años iniciales de la administración panameña del Canal, de 2000 a 2003, fueron de un crecimiento económico débil, que osciló entre el 0,5 % en 2001 y el 4,2% en 2003. Sin embargo, la aprobación vía referéndum en 2006 de la ampliación del Canal generaría una onda de shock en la economía y el desarrollo urbano e inmobiliario de Panamá. 

Para el panameño de a pie, el crecimiento de la ciudad fue un tsunami inesperado de cambios. De una ciudad en donde el promedio del PIB del sector construcción se encontraba en B/540 millones, se pasó en 2007 a unos montos de inversión que iniciarían en B/1.498 millones en 2007, hasta llegar a B/13.342.4 millones en 2019, 13 veces su tamaño al inicio del boom en 2006.

El shock por la velocidad del desarrollo urbano generó conflictos entre desarrolladores y las comunidades que manifestaban su descontento a través de acciones legales y protestas, argumentando falta de planificación, la violación de las normativas y el impacto negativo en la calidad de vida. La falta de infraestructura adecuada para soportar los desarrollos propuestos sigue siendo un desafío importante en un entorno en donde se ha pasado de casas individuales a edificios de 40 pisos y 300 apartamentos.

Entre 2000 y 2020, la huella urbana de la Ciudad de Panamá aumentó de 15.280 a 27.661 hectáreas, con un 55 % de crecimiento en ese período. La hiperverticalización la posicionó entre las capitales latinoamericanas con más rascacielos (2006-2012), incluyendo la antigua torre Trump —segunda más alta de la región—. Este crecimiento acelerado, impulsado por incentivos a la construcción y falta de planificación urbana, generó la expulsión de la población a la periferia y largos traslados diarios hogar-trabajo, que promedian entre 60 a 90 minutos por trayecto.

En la actualidad, la economía panameña enfrenta la desaceleración del sector inmobiliario y de construcción, un alto endeudamiento y déficit fiscal. A esto se suma el rezago en infraestructura básica en sectores como el agua potable, saneamiento, carreteras, transporte público y movilidad, además de la crisis en el manejo de desechos sólidos.

Con el fin de revertir esta situación, el gobierno panameño busca reactivar la economía a partir de un programa de construcción de megainfraestructuras como el tren Panamá-Costa Rica (B/4.000 millones), un nuevo embalse para el Canal de Panamá (B/1.600 millones) y la ampliación del Aeropuerto de Tocumen (B/1.200 millones), entre otras inversiones de infraestructura, tratando de emular la dinámica que se dio durante la ampliación del Canal (2006- 2015), en momentos en los que la población se ve aquejada por el aumento en el desempleo (9 %) y la informalidad (50 %).

La invasión de 1989 marcó el fin de la dictadura de Noriega en Panamá, y también coincidió con la caída del Muro de Berlín y el inicio del fin de la mayoría de las dictaduras que habían dominado el escenario político, tanto en Europa del Este como en América Latina. Treinta y cinco años después, la promesa de la democracia liberal de mayor progreso y bienestar contrasta con los males generales de la ciudad de Panamá y de la mayor parte de las ciudades alrededor del mundo: expansión acelerada, expulsión de las clases medias y trabajadoras de los centros urbanos, crisis del acceso a la vivienda, soledad, déficit de espacios públicos y degradación ambiental.

Bukele, Milei y la tensión entre democracia y populismo

Hernán Pablo Toppi
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Bukele, Milei y la tensión entre democracia y populismo

A nivel mundial es cada vez más común encontrar líderes populistas al frente de gobiernos electos popularmente. América Latina no es la excepción, la democracia contemporánea y el populismo parecen mostrar tensiones cuyas derivaciones pueden ser diversas, ejemplo de ello son Nayib Bukele (El Salvador) y Javier Milei (Argentina).

La democracia no solo es competitiva y representativa, sino que también es plural. Esto significa que deben coexistir múltiples voces; cuando solo existe una, o las demás son silenciadas, la pluralidad desaparece y con ella, el verdadero espíritu democrático. Así en democracia debe haber: gobierno y oposición; multiplicidad de partidos políticos; diversidad en las fuentes de información; libertad de expresión, de culto y demás formas de manifestación de dicha pluralidad.

El problema es que los líderes y partidos populistas, si bien aceptan a grandes rasgos las reglas del juego democrático, tienen una retórica que tensiona con el componente pluralista de la democracia y presentan una división irreconciliable entre un “nosotros” y un “ellos”. Un nosotros que, a la luz de su visión del mundo, sería legítimo y un ellos ilegítimo, corrupto y que hay que marginar. En otras palabras, para la visión populista existe una “sola” visión legítima: la propia.

El modelo de Bukele

En democracia hay un escenario que inclina la balanza hacia el predominio de una “única voz”: el gobierno mayoritario. Este es aquel en el que la fuerza gobernante obtuvo un nivel de respaldo electoral tal que cuanta con las mayorías necesarias para promover su agenda de gobierno. Esto implica básicamente no solo tener control del ejecutivo, sino también del legislativo.

Por lo tanto, si un líder “populista” se encuentra en una situación así, podría llevar adelante su agenda “antagonista” sosteniendo su retórica crítica del “ellos” sin mayores costos reales, pues no existiría una oposición fuerte. El decisionismo personalista es muy común en un escenario con estas características, lo cual para muchos implica una “erosión” en la calidad democrática.

El gobierno de Nayib Bukele ingresa dentro de esta categoría. A diferencia del tradicional bipartidismo salvadoreño, este obtuvo un respaldo que le permitió ganar cómodamente en 2019 y tener un gobierno mayoritario y personalista. Además, promovió sin mayores vetos (aunque si con denuncias), políticas de restricción de movimiento durante la pandemia y de confrontación contra el crimen organizado y, gracias a la popularidad alcanzada, terminó siendo reelecto, aunque forzando la constitución, en 2024.

En ese tiempo, la calidad democrática salvadoreña se vio cercenada. De acuerdo al índice de Freedom House el puntaje que tenía el Salvador cuando asumió Bukele era de 67/100, pero la última medición, en 2024, arroja un valor de 53/100, lo que lo transforma en un país “parcialmente libre”.    

El caso de Milei

En contextos de mayor fragmentación política y sin la existencia de un gobierno mayoritario, la tensión entre populismo y democracia adquiere otra forma. Esto porque la conflictividad ahora si se explicita entre los sectores antagónicos. ¿Por qué? Porque el “ellos”, o al menos una parte de este grupo, tiene aquí mayor peso institucional, pudiendo transformarse en un veto (si las instituciones democráticas funcionan adecuadamente) a los objetivos políticos inmediatos del gobierno.

Esto es algo lógico, esperable y hasta saludable que ocurra en una democracia “plural”, pero claramente puede resultar conflictivo para la cosmovisión política populista, más ligada a absolutos que a resultados intermedios.

Hay diferentes alternativas para abordar esta tensión, y dos de ellas se evidencian claramente en el gobierno de Javier Milei. La primera es mantener el antagonismo, lo que puede llevar a la falta de consensos —que genera parálisis institucional— y/o la búsqueda de una mayor concentración del poder en el Ejecutivo, evitando al Congreso y favoreciendo un decisionismo discrecional. Esta última práctica suele asociarse con democracias de menor calidad institucional, como las llamadas “democracias delegativas”.

Durante su primer año de gobierno, la relación con el Congreso Nacional ha sido especialmente conflictiva, al punto tal que, desde el oficialismo, el legislativo fue calificado como un “nido de ratas”. Además, la no presentación del Presupuesto 2025 anticipa una mayor discrecionalidad en la asignación de recursos para el próximo año en Argentina.

La segunda posibilidad es la negociación y la búsqueda de consensos, algo deseable en una democracia fragmentada. Si esto ocurre, los extremos deberían debilitarse y los resultados intermedios deberían primar. Con esto no se erosionaría la democracia, sino el antagonismo populista (para muchos esto es parte de la llamada “resiliencia democrática”).

Aquí aparece la segunda cara, más política, del gobierno de Milei. Si bien sostuvo en varios ámbitos su retórica “nosotros versus ellos”, en determinados momentos buscó generar consensos. Camino al balotaje promovió una “tabula rasa” con parte de la oposición con la cual antagonizaba hasta entonces. Esa “oposición dialoguista” es la que le ha permitido, en el contexto legislativo conflictivo antes mencionado, aprobar algunas leyes.

Lo que es claro es que sin estos acuerdos, por más cortoplacistas que sean, el gobierno de Milei no hubiera tenido ninguna posibilidad de prosperar en el terreno legislativo, al ser gobierno minoritario. El ser consciente de esto, hizo que su discurso antagonista debiera dar paso al diálogo y acuerdo, al menos en parte y con algunos sectores para sostener la gobernabilidad.  

A modo de reflexión final

Sea cual sea el camino elegido, queda en evidencia la incompatibilidad entre una democracia de calidad y la retórica antagonista del populismo. El decisionismo personalista, la conflictividad irreconciliable y la búsqueda de acuerdos generan tensiones con alguno de estos aspectos. En la práctica termina prevaleciendo “la democracia” o “el populismo”, pero no ambos.

Sin embargo, en los casos mencionados, donde la democracia enfrenta estas tensiones ya sea por el decisionismo o la conflictividad con el “ellos”, los gobiernos han logrado resultados visibles alineados con sus agendas. Por ejemplo, la reducción de la inseguridad en El Salvador o la estabilización macroeconómica en Argentina, lo que les permite mantener altos niveles de popularidad.

En este marco, ¿qué prioriza hoy la ciudadanía? ¿Los resultados inmediatos, aunque sean alcanzados a costa de tensiones institucionales, o el fortalecimiento de la calidad democrática en sus países? El dilema está sobre la mesa y seguirá siendo clave en el futuro.

Las consecuencias de las tentativas de golpe de Estado: el caso de Jair Bolsonaro y Pedro Castillo 

Carlos Ugo Santander
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Las consecuencias de las tentativas de golpe de Estado: el caso de Jair Bolsonaro y Pedro Castillo 

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, entonces presidente del Perú, anunció en cadena nacional la disolución inconstitucional del Congreso de la República y la instauración de un gobierno de emergencia nacional con el objetivo de evitar su destitución por el poder legislativo. Este anuncio, unilateral y sin apoyo militar, derivó en su detención y prisión pocas horas después. Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y actualmente se encuentra en prisión preventiva, sin que hasta ahora haya recibido una condena definitiva.

Por esos mismos días, en Brasil, tras la derrota electoral en la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el entonces presidente Jair Bolsonaro mantuvo un prolongado silencio, interpretado como un signo de frustración y negativa a reconocer los resultados. Previamente, Bolsonaro manifestaba la existencia de un fraude electoral, aunque nunca presentó pruebas concretas. Posteriormente, la Policía Federal de Brasil reveló una trama golpista que incluía planes para asesinar al presidente electo y a otras autoridades judiciales.

Aunque los dos casos comparten la tentativa de quiebre del orden constitucional, presentan diferencias significativas. En Perú, Pedro Castillo fue impulsado, de manera precipitada y errónea, por sus colaboradores más cercanos, quienes lo convencieron de que enfrentaba una destitución inminente por parte del Congreso. La oposición parlamentaria intentaba, por tercera vez, destituirlo; en las mociones previas apenas habían obtenido 46 y 55 votos, respectivamente, muy por debajo de los 87 votos necesarios. La probabilidad de alcanzar la mayoría requerida para la tercera moción era baja, ya que el gobierno controlaba al menos 30 votos que podían bloquear la iniciativa opositora.

En Brasil, Jair Bolsonaro implementaba una estrategia planificada con antelación: sembrar dudas sobre la seguridad del sistema de votación electrónica, argumentando que era vulnerable a fraudes y que no garantizaba un proceso electoral limpio. A pesar de la validación y la eficiencia comprobada del sistema por parte de los órganos electorales, Bolsonaro no presentó evidencia para sustentar sus afirmaciones. Por el contrario, incitó a sus seguidores a desconocer los resultados. Esta narrativa preparó el terreno para justificar un golpe de Estado en caso de no ser reelegido. El 8 de enero de 2023 movilizó a sus partidarios, lo que resultó en la destrucción de las principales sedes del poder público en la llamada Plaza de los Tres Poderes. En medio del caos “espontáneo”, Bolsonaro podría haber buscado justificar una intervención inconstitucional.

En el caso peruano, Pedro Castillo fue expulsado del poder de manera inmediata, detenido y sometido a un proceso judicial. Bolsonaro, que ya había finalizado su mandato, perdió sus prerrogativas presidenciales pero no ha sido arrestado, aunque enfrenta múltiples investigaciones. Mientras la condena a Pedro Castillo fue casi unánime en Perú, en Brasil muchos actores políticos relevantes, incluido el presidente del Congreso, han preferido guardar silencio y no condenar explícitamente la iniciativa golpista de Bolsonaro.

Las acusaciones en ambos casos son similares. Pedro Castillo enfrenta cargos de rebelión, por intentar alterar el orden constitucional, conspiración, y abuso de autoridad. En cuanto a Jair Bolsonaro, las acusaciones incluyen abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, y participación en una organización criminal, además de otras acusaciones relacionadas con corrupción.

En el proceso contra Pedro Castillo se considera que, aunque sus órdenes represivas fueron ignoradas y no logró concretar el autogolpe, hay evidencias claras de su tentativa de quebrar el orden constitucional. Su acción no fue una mera cogitación, sino una ejecución concreta, como lo demuestra su declaración pública de disolución del Congreso. Aunque haya actuado de manera precipitada o inducido al error, debería asumir algún tipo de responsabilidad penal.

En el caso de Jair Bolsonaro, el debate jurídico será más largo. Se busca determinar su grado de responsabilidad en la trama golpista descrita en un informe de más de 800 páginas elaborado por la Policía Federal, que documenta su participación mediante intermediarios, tanto en la formulación del plan como en la ejecución de acciones criminales. Un aspecto central del debate será si su comportamiento trasciende la mera intención de dar un golpe de Estado, llegando a la operacionalización de este.

La teoría del dominio del hecho, una figura del derecho penal, podría aplicarse en el caso de Bolsonaro. Esta permite responsabilizar a quien tiene poder decisivo sobre un acto delictivo, incluso si no ejecuta directamente las acciones materiales del delito, como ocurre en casos donde los líderes actúan a través de subordinados.

América Latina: Futuro V.I.P.

Carlos Andrés Brando
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América Latina: Futuro V.I.P.

El diccionario etimológico explica que el acrónimo “Very Important Person” tiene sus orígenes en los años 30 del siglo veinte. Habrían sido los pilotos de la Royal Air Force (británica) los responsables de su popularización, quienes solían utilizar las iniciales para despistar al enemigo cuando movilizaban militares de alto rango en sus aeronaves.

Hoy en día V.I.P. se asocia con alguien que goza de privilegios concedidos gracias a su estatus social, influencia o importancia. Jefes de estado, magnates, deportistas y artistas de talla mundial adquieren la anhelada distinción que los separa del resto de mortales.

Transponer las iniciales del uso personalizado a uno regional incita interrogantes. ¿Será América Latina una zona VIP en el concierto global a 2050 o perderemos relevancia frente a otras regiones? ¿Seremos importantes por cuenta del creciente desarrollo económico, poderío financiero o importancia poblacional?

Analicemos esto letra por letra.

V.I.P. empieza con “V.” – de vieja.

La transición demográfica está envejeciendo a las sociedades latinoamericanas. De un total de 170 millones de habitantes que la poblaban en 1950, el 40% (70 millones) eran menores de 15 años y solo el 3% (poco más de 5 millones) estaba representado por adultos de más de 65 años.

En 2025 los menores de 15 darán cuenta del 22% de una población estimada en 668 millones, mientras que los mayores de 65 se habrán triplicado, representando el 10%. El total de jóvenes alcanzó su máximo en el año 2000, llegando a 168 millones. Desde entonces ese segmento poblacional viene cayendo en términos absolutos. Hoy son 148 millones (sí, 20 millones menos).

A la vuelta de la esquina, en tan solo 20 años, Naciones Unidas proyecta que el número de adultos mayores sea igual al menor de 15 años –125 millones cada uno (aproximadamente un 17% del total en cada caso). Y aun antes, para el 2040 estima que la población en edad de trabajar (entre 15 y 65 años) empiece a contraerse.

Está claro, que el futuro de América Latina es uno con canas.

La “I.” – de infecunda

Las familias numerosas de nuestras abuelas compuestas por seis o más hijos son parte del pasado. Los almuerzos intergeneracionales con mesas principales para doce personas y más de una veintena de comensales los visualizamos solo en la memoria (quien escribe tiene 47 años) o en series históricas de Netflix.

Datos del Banco Mundial indican que para 1960 la Tasa Total de Fertilidad (TTF) era cercana o superior a 6 en todos los países menos en Argentina, Chile, Cuba y Uruguay – donde eran inferiores a 5. Madres de 6 párvulos son actualmente una rareza. La TTF se desplomó durante los años 70-80, y continúa con su tendencia bajista. (TTF es el número promedio de hijos que una mujer alumbraría si viviera todo su ciclo reproductivo y experimentara los patrones de fertilidad específicos del año que observamos empíricamente).

Dos es el número “mágico” de TTF que una sociedad necesita para mantener su población constante en el mediano plazo. Reemplazar fallecidos con recién nacidos. Desde el 2018 América Latina se encuentra justo por debajo de esa cifra. Los que han liderado esta caída son: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, El Salvador, Jamaica, y Uruguay. Algunas capitales como Bogotá, Buenos Aires, San José y Santiago exhiben lo que los demógrafos denominan tasas ultra bajas de fecundidad – niveles de 1,5 o menos.

El futuro de la fecundidad latinoamericana es incierto. Aunque no tanto. La caída en la fertilidad hace parte de un fenómeno mundial. Los expertos dicen que esto obedece a una causa profunda que en llave con ciertos factores de contexto determinan la velocidad a la cual los padres dejan de formar familias de gran tamaño. La causa profunda opera en el largo plazo y es la caída en la tasa de mortalidad de la población – que suele concentrarse en la mortalidad infantil. Al sobrevivir cada vez más vástagos, los padres deciden engendrar y educar menos descendencia (presuntamente con mejores condiciones de vida).

A esta causa se suman factores importantes como la creciente educación de la mujer y su inserción en el mercado laboral, la disponibilidad de tecnologías contraceptivas, las campañas de planificación familiar y la influencia de valores occidentales ligados a la autonomía individual y a la secularización. El punto fundamental aquí es que una vez la fecundidad cae, no vuelve a subir con respecto a su trayectoria histórica.

Los esfuerzos que desde hace años distintos gobiernos en Asia y Europa han realizado para revertir la tendencia bajista en la fecundidad han sido infructuosos. El más llamativo ha sido el de China que tras la imposición de la política de un solo hijo, no solo la relajó para luego eliminarla, sino que ahora patrocina medidas pronatalistas para contrarrestar su reciente declive poblacional.

Difícilmente, América Latina escapará de la estabilidad de la fecundidad en niveles bajos.

La “I.” de infecundidad no solo llegó para quedarse, sino que además es causa subyacente del envejecimiento. Si las sociedades tuvieran más de dos hijos (digamos 3), éstos no sólo reemplazarían aquellos que fallecen, sino que naturalmente las rejuvenecerían (ausentes flujos migratorios).

Dicho esto, no hay razón para sugerir que el futuro sea formular políticas que reestablezcan las tasas de fecundidad vigentes pre-1960, pues los avances socio-económicos de la mujer en gran medida han estado mediados por la reducción del tamaño de la familia.

Pobre corresponde a la “P.”

En términos relativos, América Latina no cerró la brecha material. En 1950 el nivel de ingreso promedio por habitante era prácticamente igual al del mundo entero (cerca de US $3,700). Este equivalía a la mitad del ingreso de Europa occidental y a un cuarto del exhibido por los países más desarrollados, los Territorios occidentales (EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda). Para entonces, sin embargo, la región era tres veces más rica que el Este asiático y 2,5 veces más que África Subsahariana.

En 2022, la brecha con respecto a los más ricos exhibe la misma ratio, mientras que con Europa occidental ésta pasó de dos a tres (somos más pobres, relativamente). El Este asiático nos alcanzó en 2010 y desde entonces ha creado otra brecha regional – superior a los US $7,000. El mundo ahora es más rico que América Latina.

¿Qué nos depara el futuro?

La perspectiva no es alentadora. La fuente clave para el crecimiento económico es la productividad, la eficiencia con la que combinamos recursos para producir bienes/servicios. En este frente ningún país de la región ha sido líder global ni en el sector industrial ni en el de servicios en ningún momento de la historia. Solamente hemos logrado competir (ocasionalmente dominar) en mercados internacionales asociados con commodities como café, soja, cobre, metales preciosos o petróleo.

La integración a la economía internacional a través de estos productos no ha sido la esperada: ciclos auge-caída, alta volatilidad y dependencia de precios en las economías industrializadas, intercambio asimétrico y gran vulnerabilidad a los choques externos indican que esta estrategia desarrollista es difícil de transitar exitosamente.

La alternativa es sumar más tierra, capital físico, y trabajo a la producción. Aquí los límites parecen más finitos. La frontera agrícola se agotó y las tierras amazónicas deben ser conservadas si no queremos desestabilizar más los patrones climáticos globales. La mano de obra, como ya se anotó, empezará a contraerse desde 2040.

Por último, las posibilidades de elevar el capital físico (maquinaria y equipo tecnológicamente sofisticado y eficiente) estarán constreñidas por nuestra decreciente capacidad de ahorro. Tanto en el sector público como en el privado, a medida que la región envejezca y la morbilidad y mortalidad se concentren en enfermedades degenerativas (más costosas en sus tratamientos médicos y cuidado), el gasto en salud y política social solamente podrá incrementarse.

Aunado a los gastos alcistas en la cobertura de poblaciones pensionadas/retiradas esto significará una merma del ahorro que no se traducirá en inversiones de capital – ni físico, ni humano. Financieramente, es probable que necesitemos más ahorros externos para sostener el Estado de bienestar y no profundizar el rezago en infraestructura. El futuro V.I.P. de América Latina (vieja, infecunda y pobre) no luce especialmente envidiable.

Kakistocracia en América Latina

Manuel Alcántara
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Kakistocracia en América Latina

Las formas de gobierno ateniendo a los depositarios del poder son variadas y desde la antigua Grecia en el pensamiento occidental han configurado un rico acervo de tipologías. Hoy es muy común leer acerca de la democracia y de su antagonista la autocracia, quedaron atrás otras que estuvieron vigentes durante mucho tiempo como la aristocracia o la teocracia. Quien detentara el poder, fuera un individuo o un grupo, daba forma al término. El vocablo kratia competía con arche del que derivaron monarquía, oligarquía, anarquía.

Los actuales tiempos de democracias fatigadas inmersas en sociedades cansadas están generando momentos muy peculiares que poco a poco se han ido decantando hacia la configuración de gobiernos cuyo denominador común se señala con frecuencia que es la baja calidad de sus integrantes. De esta manera, se extiende por doquier la idea de que buena parte de los problemas que tiene la política en la actualidad es debido a que los actuales gobernantes son los más ineptos.

Por ello no resulta extraño que The Economist haya seleccionado como palabra del año el término kakistocracia cuya raíz viene a definir precisamente al gobierno de los peores y menos cualificados. Un término que no se encuentra en fuentes antiguas, pero que sirve para definir el estado actual de la política en parte de los países americanos y europeos. El neologismo ha saltado rápidamente a sectores de la opinión pública estadounidense y de ahí está empezando a generalizarse para definir la situación de otros países.

No obstante, la categorización de buen o mal gobernante o de mayor o menor cualificación para llevar a cabo la acción de gobierno es una tarea que resulta difícil llevar a cabo. Hay tres niveles diferentes que definen el grado de complejidad: las características específicas del contexto nacional, analizar individualmente los perfiles de las personas que llevan a cabo el oficio y poner el acento en los resultados de su acción en el gobierno de acuerdo con su rendimiento en distintos ámbitos. Aunque deben concebirse en una constante interacción es posible llevar a cabo un ejercicio de abordaje por separado de estas facetas. Entonces, estudiar estrictamente a las personas que asumen responsabilidades políticas es un camino por seguir de indudable interés.

Tres son los grupos de factores para tener en cuenta a fin de llevar a cabo la idoneidad de su rendimiento que se dan cita en este tipo de individuos. En primer lugar se encuentran las características individuales referidas a cuestiones de corte biológico, otras vinculadas con el proceso de socialización y otras con la andadura formativa. En segundo término hay que considerar la experiencia generada en la trayectoria previa al desempeño del cargo bien fuera en el propio terreno de la política como en el adquirido en otro ámbito profesional. Por último, está el rendimiento previo de la persona en el plano de la conjunción de la ética de la responsabilidad y de la ética de la convicción, en función de la célebre distinción esgrimida por Max Weber.

La integración de todo ello permite definir modelos ideales y, eventualmente, elucidar categorías de acuerdo con escalas preestablecidas. De esta manera, puede establecerse el grado de mejora o en su caso de empeoramiento de la clase política, o de políticos individualmente considerados, con respecto a una determinada evolución temporal. ¿Son hoy los políticos mejores o peores que hace diez o veinte años dentro de un mismo país? ¿Son mejores o peores los de un país con respecto a los del vecino?

Se trata de cuestiones que son pertinentes en la medida en que hoy la crisis de la representación, por un lado, señala a la clase política como responsable del descrédito de la política y, por otro, de manera consecuente, ha acentuado la presencia en el ruedo político de personajes ajenos a la tradición partidista y aupados por mecanismos novedosos de empoderamiento individualista. La descomposición del universo partidista, volátil, desideologizado y sumido en una profunda crisis identitaria, se conjuga con mecanismos de intermediación y de participación que hace poco no existían. La sociedad digital, fragmentada e hiper individualista, se ve sometida a instrumentos publicitarios novedosos que empujan al poder a candidaturas personalistas sin filtro alguno.

Si el análisis se centra exclusivamente en los titulares del Poder Ejecutivo de casos en los que resultaron elegidos, dejando de lado los miembros de sus gabinetes o los integrantes del Poder Legislativo por referirme al medio estrictamente estatal latinoamericano actual, la comparación pone de inmediato en el tablero a personajes mediocres referidos a la última jornada electoral presidencial de acuerdo con los factores recién enunciados. Pedro Castillo, así como su sucesora Dina Boluarte, y Xiomara Castro se situarían en el lugar inferior de la escala por su nula experiencia política previa y su desaliñada actitud ética. Rodolfo Chaves, Nayib Bukele, Javier Milei y Daniel Noboa, poseedores de un ligero bagaje de conocimiento de la actividad política antes de asumir la presidencia, y también con un magro comportamiento ético, les seguirían. Daniel Ortega y Nicolás Maduro serían completamente reprobados por su absoluto abandono de niveles éticos mínimos además de su comportamiento atrabiliario.

El asunto no deja de ser irrelevante ni cae en lo anecdótico por cuanto que su número representa casi la mitad de los casos latinoamericanos, si bien el hecho de circunscribirse a las cabezas del estado omite un análisis más minucioso del resto de los integrantes del Ejecutivo. Ese estudio, junto con el de los legisladores así como de otros ámbitos del poder, permitiría ayudar a encontrar el grado de avance de la kakistocracia en el ámbito estatal latinoamericano, un problema universal al que no es ajena la política en la región.

Ahora bien y para concluir, a los niveles del grado de complejidad referidos más arriba a la hora de matizar la categorización del buen gobernante se suma la valoración de la opinión pública. Esta se encuentra fuertemente manipulada por técnicas de propaganda cada vez más sofisticadas que construyen relatos amparados en medias verdades cuando no sobre versiones de la realidad totalmente falsas. La desinformación y la puesta del acento en cuestiones emocionales en países especialmente impactados por traumas sociales como la inseguridad o la hiperinflación que gestan diferentes formas de violencia es el entramado sobre el que se construye con éxito la popularidad de Nayib Bukele, Javier Milei y Daniel Noboa.

El Quijote y la crisis de los cincuenta o el último tranvía

José Gabriel Barrenechea
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El Quijote y la crisis de los cincuenta o el último tranvía

El periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, destacado intelectual cubano, fue arrestado arbitrariamente el 8 de noviembre tras participar en protestas pacíficas en Encrucijada, su municipio de residencia. Su paradero permaneció desconocido hasta el 11 de noviembre, cuando el pastor Mario Félix Lleonart confirmó que estaba detenido en la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara. El régimen cubano lo acusa de sedición, atribuyéndole el liderazgo de las manifestaciones del 7 de noviembre. El texto que sigue fue enviado por Barrenechea desde prisión.

Según Torrente Ballester, para hacernos comprender en qué momento de su vida  se hallaba Alonso Quijano, al lanzarse a deshacer entuertos y embestir molinos de viento, el último tranvía suele pasar para el hombre a inicios de su sexta década, la de los cincuenta.

Solo queda a partir de ese momento el prepararse para la muerte y la vejez que le antecede. Por ello el hombre se lanza al último intento de realizar los sueños y los ideales de su juventud; o con desesperación evidente, a no dejar escapar esas oportunidades que al atardecer pasan por la estación de nuestros días.

A diferencia del joven, para el cincuentón no hay ni un segundo que derrochar. Dilatar un instante más la realización de sus ideales y sus sueños de juventud, dejar escapar esas últimas oportunidades que todavía pasan al alcance de sus piernas y de sus manos, es simplemente intolerable para el hombre que ha doblado ayer el cabo del medio siglo, y es plenamente consciente de lo que significa haber alcanzado esa edad crítica. Más allá, a la corta distancia de ese lujo juvenil, la dejadez, el desenfado ante el correr del tiempo, la vejez, y el lento o rápido apagado de lo que somos, nos acecha inexorablemente.

Es en esa circunstancia temporal, en el carácter inapelable de esos inicios de la cincuentena, que se explica desde el atrevimiento del hidalgo cincuentón, que echa su hacienda y su vida por la borda, para realizar en si un ideal, el del súper héroe de su tiempo, el caballero andante, el Amadís. Pero también ese señor maduro, que abandona su hogar de años, para echar suertes en una nueva compañera, que se le antoja más próxima a sus sueños e ideales, y que se le ha aparecido de repente al doblar de cualquier esquina, cuando ya no esperaba algo así.

En fin que la certeza de que ya no habrá más trenes, que el ramal de sus días será abandonado en cualquier amanecer próximo, quizás mañana, explica esos saltos al vacío que suelen darse a esta edad, incomprensibles para quienes no han vivido todavía, o en todo caso, o en todo caso ya no viven esta segunda adolescencia. Solo cuando se está aquí en esta edad, es que empezamos a comprender y dejamos de reír ante el Quijote, abismados al sentirnos en los zapatos de aquel buen hidalgo, que se atreve a intentar no dejar escapar su último tranvía…

Ecos de La Habana: una influencia nociva en el campo de las ideas

Rebeca Salas Luna
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Ecos de La Habana: una influencia nociva en el campo de las ideas

Desde una perspectiva histórica, Cuba ha utilizado la exportación de su modelo revolucionario como herramienta de legitimación internacional. En décadas posteriores al triunfo de 1953, el régimen cubano apoyó e inspiró movimientos guerrilleros como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile o el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Pero en las últimas décadas, Cuba ha actualizado sus estrategias para ejercer un rol importante como catalizador de plataformas “progresistas” de la región.

Miembros del Gobierno cubano participan constantemente en plataformas de articulación política como el Foro de São Paulo, fortaleciendo alianzas con países que comparten afinidades ideológicas. Estas acciones proyectan a Cuba como un líder dentro de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, este legado histórico ha evolucionado para seguir influenciando al continente latinoamericano, pero ahora, con estrategias como el sharp power. Dichas tácticas no se basan en la coacción o la fuerza, sino en la capacidad de atraer y persuadir a otros países mediante la propaganda, desinformación y manipulación cultural.

La influencia cubana se materializa en dos frentes principales: la diplomacia cultural y la intervención académica. En el ámbito cultural, el régimen cubano utiliza eventos internacionales como ferias literarias, festivales artísticos y colaboraciones cinematográficas para proyectar una narrativa favorable. Estos espacios permiten enaltecer logros culturales y científicos de Cuba mientras ocultan sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos, las restricciones a la libertad de expresión y las carencias estructurales del régimen cubano.

Por ejemplo, la participación de Cuba en eventos literarios en México y Argentina han servido para legitimar su sistema político. En el ámbito académico, Cuba emplea convenios internacionales, programas de becas y acuerdos de cooperación educativa como instrumentos para extender su ideología socialista. Las universidades cubanas, sujetas al control estatal, se convierten en espacios donde se promueve una visión unidimensional de la realidad política y social limitando el pensamiento crítico y fomentando la polarización ideológica. Este modelo no sólo afecta a los estudiantes extranjeros que acceden a estas oportunidades, sino que perpetúa divisiones políticas en sus países de origen al presentar el régimen cubano como un ideal inalcanzable en contraposición a las imperfectas democracias liberales de la región.

Por otro lado, Cuba ha extendido su influencia mediante la presencia de profesionales en sectores estratégicos particularmente en el sector salud y educativo. La exportación de médicos y educadores, presentada como un acto de solidaridad, en realidad busca consolidar relaciones políticas con los países receptores y promover una narrativa que glorifica al régimen cubano. En Venezuela, esta estrategia se ha manifestado en la Misión Barrio Adentro, donde médicos cubanos han servido, no sólo como prestadores de servicios, sino como herramientas para el adoctrinamiento político de las comunidades.

En Nicaragua, algunas de las prácticas cubanas de propaganda y restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión, han generado un entorno en el que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los movimientos sociales enfrentan serias dificultades para operar. Los actores sociales críticos del sistema son objeto de vigilancia, censura y, en muchos casos, represalias, como detenciones arbitrarias y campañas de descrédito.

El beneficio obtenido por el régimen cubano de estas dinámicas es evidente. En términos políticos, asegura legitimidad internacional al posicionarse como un símbolo de resistencia frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Esta narrativa, cuidadosamente articulada, refuerza su discurso oficial tanto en el ámbito internacional como dentro de la isla. Un ejemplo ilustrativo es la respuesta internacional organizada por grupos afines al régimen cubano. El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en Colombia solicitaron ayuda por la crisis energética en Cuba, causada por las sanciones económicas de Estados Unidos y condenaron el bloqueo económico y la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

De manera similar, en Argentina, el 27 de octubre, se llevó a cabo una jornada de solidaridad con Cuba, donde se denunció el bloqueo estadounidense. Esta jornada fue promovida por ciudadanos cubanos residentes en Argentina y publicitada por el Consulado de Cuba en el país.

Las consecuencias de esta influencia para América Latina son profundas y adversas. El régimen cubano ha contribuido a la erosión de valores democráticos particularmente en contextos donde regímenes aliados han replicado su modelo represivo. Así mismo han intensificado la polarización ideológica, dificultando la construcción de consensos en torno a principios universales como los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. La influencia cubana ha fomentado el debilitamiento de la sociedad civil y las restricciones sistemáticas de las libertades fundamentales.

En conclusión, el impacto de la influencia cubana en América Latina trasciende su papel histórico como catalizador de movimientos revolucionarios. Su capacidad de adaptarse a través de herramientas modernas como el sharp power, representa un desafío significativo para la consolidación de democracias liberales en la región. El sharp power cubano también ha utilizado redes intelectuales para propagar una visión idealizada de su sistema político, minimizando críticas hacia sus políticas represivas.

Este fenómeno ha sido especialmente problemático en contextos donde la academia debería de funcionar como un espacio de debate plural y crítico. La censura de investigaciones en Cuba que desafían la narrativa oficial ha limitado la producción de conocimiento autónomo, afectando tanto la calidad como la diversidad de pensamiento académico cubano.

Es crucial que las democracias latinoamericanas fortalezcan sus instituciones y promuevan narrativas alternativas que valoren los derechos humanos y las libertades individuales como fundamentos inalienables de la convivencia democrática. Sólo así será posible contrarrestar la proyección de modelos autoritarios como el cubano y garantizar el desarrollo de sociedades verdaderamente libres, abiertas y equitativas.

El fantasma de los ultraprocesados en Navidad

José Julio Villalba
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El fantasma de los ultraprocesados en Navidad

Era la víspera de Navidad en un pueblo de los Andes donde la alegría brillaba en cada rincón. Las luces colgaban de los balcones coloniales, las plazas resonaban con villancicos, y los mercados estaban repletos de clientes buscando lo necesario para las celebraciones. Sin embargo, bajo esta atmósfera, una sombra se cernía sobre las tradiciones: el consumo creciente de productos ultraprocesados. Como el avaro Scrooge en Cuento de Navidad, nuestras sociedades parecen estar siendo capturadas por la trampa de lo fácil, lo industrializado y lo rápido, en detrimento de la riqueza cultural y la salud.

La Navidad, desde tiempos coloniales, ha sido una celebración profundamente enraizada en la cultura latinoamericana. Cada región aportaba a la mesa tradiciones únicas, muchas de ellas fusionando elementos indígenas, africanos y europeos. El tamal, símbolo de resistencia cultural, era preparado con maíz nativo, envuelto en hojas de plátano, cocido lentamente y compartido con orgullo. El pavo, el lechón o las hallacas contaban historias de la tierra y del trabajo colectivo.

Los postres también tenían su propia narrativa: el dulce de leche, las galletas de mantequilla y los buñuelos eran elaborados en casa, transmitiendo secretos de generación en generación. La cocina navideña era un acto de resistencia frente a la estandarización global. La comunidad se reunía no solo para comer, sino para cocinar juntos, creando un tejido social indisoluble.

Con el avance del siglo XX, llegaron los supermercados, las marcas globales y la promesa de conveniencia. Las recetas tradicionales comenzaron a competir con productos empaquetados que prometían “sabor navideño” en minutos. La antropología nos enseña que la comida no es solo nutrición; es identidad. Cada paquete de galletas industriales o botella de gaseosa reemplazaba algo más profundo: el acto de preservar historias familiares y territoriales.

Hoy, en muchos hogares de América Latina, la escena es diferente. Las mesas navideñas aún están llenas, pero los alimentos han cambiado. Los productos ultraprocesados dominan: panes industriales, embutidos, gaseosas y postres empaquetados reemplazan lo que antes era fresco y artesanal.

¿Por qué nos olvidamos de las tradiciones culinarias? 

Con la globalización, los alimentos ultraprocesados son más accesibles y el bombardeo publicitario refuerza la idea de que estos productos son parte de una Navidad moderna y globalizada. La comida actúa como un marcador cultural y en lugar de reforzar identidades locales, los ultraprocesados homogenizan experiencias. 

En términos de salud, los datos son alarmantes. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), América Latina tiene uno de los consumos más altos de ultraprocesados del mundo. En festividades como la Navidad, este consumo se dispara, con efectos inmediatos y a largo plazo: obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Además, este cambio afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Las familias de menos ingresos, atraídas por los bajos costos y la alta disponibilidad, son las que más consumen estos productos, perpetuando ciclos de pobreza y enfermedad.

¿Qué ocurrirá si seguimos así? 

Desde una perspectiva cultural, el futuro podría ser desolador. En una generación, las recetas ancestrales podrían perderse. Los niños crecerán sin conocer el sabor de un buñuelo hecho en casa o un tamal elaborado con maíz nativo. Los mercados locales, donde los pequeños productores aún ofrecen ingredientes frescos, podrían desaparecer, sustituidos por grandes cadenas.

El impacto no es solo gastronómico; es también identitario. La comida es una de las formas más tangibles de conectar con nuestra historia y territorio. En América Latina, donde las raíces indígenas, africanas y europeas se entrelazan en cada plato, el abandono de las tradiciones alimentarias significa también un debilitamiento de nuestra memoria colectiva.

Desde el punto de vista de la salud pública, la dependencia de ultraprocesados incrementará la carga de enfermedades no transmisibles, además de los costos sociales y económicos asociados. Familias enteras podrían enfrentarse a problemas crónicos de salud, reduciendo su calidad de vida y su capacidad de contribuir plenamente a sus comunidades. Además, los ultraprocesados tienen una huella ambiental mucho mayor que los alimentos locales y frescos. 

Al igual que Scrooge, todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. La solución no es tratar de eliminar la modernidad, más bien se intenta reconciliar con nuestras raíces. ¿Cómo? Valorando lo local y reivindicado las recetas familiares para reducir el consumo de ultraprocesados. Este sería un acto de resistencia cultural y como Scrooge, podemos despertar a un mundo lleno de sabor, salud y comunidad, recordando que nuestras tradiciones son el regalo más valioso que podemos ofrecer.

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