Más allá de una cumbre: ¿dónde está el futuro?

Carlos Carrasco Muro
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Más allá de una cumbre: ¿dónde está el futuro?

Abordar el futuro se trata de un ejercicio creativo; no es apto para los realistas/privilegiados que no pueden ver más allá de la urgencia del presente o de los paradigmas puramente racionales. Si, además, se trata de una urgencia del presente basado en crisis y sesgos de confirmación, donde las certezas son escasas, el ejercicio de proyectar nuestro futuro se vuelve más difícil. 

Sin embargo, más cerca han estado Julio Verne, Isaac Asimov o Aldous Huxley de decodificar nuestro actual presente (idealista o distópico) que cualquier materialista histórico, político o burócrata realpolitik de los siglos XIX y XX. Si esto es así, más allá de nuestra actual emergencia global con toques de ansiedad, contradicciones y cuestionamientos al sentido común: ¿qué futuro podemos imaginar? 

Fuente: Retrato de Isaac Asimov. Revista Meer.

Me atrevo a dejar volar la imaginación y pensar en escenarios considerando los ámbitos político, social y económico. 

  • Es muy probable que se presente una guerra civil en algún país occidental por discrepancias en términos valóricos.
  • Quizás exista una especie de legalización de la poligamia para crear un marco legal que proteja a las personas con relaciones poliamorosas, que les permita heredar y asegurar a sus seres queridos.
  • Puede ser que el modelo de arriendo de viviendas vacacionales iniciado por Airbnb ahora sea la forma dominante en el alquiler de viviendas. Muy pocas personas pueden tener una casa propia. Como alternativa a esta imposibilidad, muchas personas prefieren comprar acciones en este tipo de aplicaciones y obtener utilidades por el uso del mismo.
  • Ante la escasez de agua, el reciclaje de la misma se vuelve algo común. En muchos hogares hay aparatos especializados para reciclar todo tipo de agua, basado en la tecnología espacial. 

Fuente: Imágenes de referencia creadas con la plataforma de AI de Google

  • De forma paulatina, ante los cortes de energía, las casas empiezan a tener plantas eléctricas multifuentes que incluyen energía solar, eólica, gasolina, gas y materia orgánica.
  • Al igual que en el pasado, las clases presenciales terminan siendo un lujo que no todas las familias se pueden permitir. La mayoría de las personas de clase baja o media baja opta por una educación completamente virtual con una variedad en la calidad en función de la capacidad económica. 
  • Luego de múltiples filtraciones, los datos de salud de las personas se vuelven públicos en muchos países occidentales y se vuelve un criterio implícito al momento de evaluar a personas en búsqueda de empleo.
  • Las monedas nacionales dejan de existir, ya que, a causa de la minería especial, las reservas de oro se cuadruplican, pero solo se concentran en determinados países, donde sus monedas se imponen al resto.
  • La soberanía de los países se ve debilitada y el poder no se concentra en los gobiernos nacionales. Los gobiernos subnacionales y locales obtienen más poder para administrar la política a nivel territorial y la recaudación fiscal es más directa. Mientras, las estructuras supranacionales mantienen la administración de la movilidad territorial y especial.
  • Regresan las teocracias en regiones frustradas con la democracia y gozan de estabilidad.
  • Latinoamérica se posiciona como la nueva región más atractiva del mundo por su poca densidad poblacional en relación con su territorio.
  • Se invade la Antártida y hay una guerra por el territorio.
  • El narcotráfico crea o conquista el primer país de manera oficial. Pero, en un giro inesperado, este país se mantiene, ya que los demás países lo utilizan para enviar dictadores y criminales incómodos. Esto se termina convirtiendo en una gran cárcel autogestionada. 
  • Un fallo en la inteligencia artificial produce un grave accidente y empiezan a restringir su uso. Se necesita un permiso especial del gobierno para usar ciertos programas.

Fuente: Imágenes de referencia creadas con la plataforma de AI de Google

En este breve ejercicio de prospectiva o de provocación, se pueden hacer valoraciones positivas o negativas. Puede que mis ideas asomen realismo, cinismo o lugares comunes, pero el centro de la conversación no es qué tipo de futuro podemos tener o no, sino cómo estamos discutiendo el futuro, cómo hacemos un esfuerzo para detenernos a pensar hacia dónde estamos caminando y con qué herramientas: ¿será avance o retroceso? 

En septiembre de este año se celebrará en Nueva York la Cumbre del Futuro, un evento de Naciones Unidas que reúne a los líderes mundiales para forjar un nuevo consenso internacional a fin de mejorar el presente y salvaguardar el futuro. Esta cumbre tiene un doble objetivo: acelerar los esfuerzos para los compromisos internacionales y adoptar medidas concretas para hacer frente a los nuevos retos y aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan. Para ello, se elaborará un documento final orientado a la acción que se denominará Un pacto para el futuro.

Este pacto promete ser un punto de inflexión para transformar la gobernanza global, primero proponiendo reformas a instancias tan importantes como el Consejo de Seguridad de la ONU, así como también fomentando medios pacíficos y sostenibles sobre el uso del espacio exterior, la inteligencia artificial y la postergada defensa de los derechos a los civiles en zonas de conflicto. Aun así, la experiencia nos dice que el futuro se construye desde otras instancias.

En ese sentido, más allá de la Cumbre del Futuro, resulta necesario que los Verne, los Asimov, las Mary Shelley o los Edward Bellamy de esta generación salgan a la luz. No soy de los que piensa que haya una orfandad intelectual o adormecimiento de ideas. Lo que sí existe es una mayor distracción a nuestros sentidos y una mayor concentración económica que nos impide ver nuestra humanidad bajo otras perspectivas.

El poder quiere un pensamiento uniforme, inclusive en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial; basta ver las imágenes que he utilizado para este artículo, a través de la plataforma Gemini de Google. ¿Estas herramientas facilitan mi creatividad o la atrofian? ¿Por qué todas las imágenes se parecen? Mis ideas deben encuadrar en la estética de esta empresa, si quiero usarlas. Esto esconde peligros más allá de la noción de inmediatez.

Estoy convencido de que el futuro no solo lo definen los políticos. Nunca ha sido así en ninguna época, tampoco aquellos que concentran todo el poder económico o tecnológico; ayer se llamaban Rockefeller o Carnegie, hoy se pueden llamar Musk o Zuckerberg. Lo cierto es que el futuro empieza y se construye sobre la base de quienes padecen los problemas del presente, no de quienes viven cómodamente en sus privilegios. 

Por esa razón y aprovechando que el futuro como concepto será un tema importante a nivel global en los próximos meses, quisiera invitar especialmente a las personas más jóvenes de la región a interpelar a sus gobiernos frente a esta Cumbre del Futuro, ya sea desde la generación de propuestas políticas para esta instancia, como está pasando en Perú, o generando instancias alternativas o contenido a nivel intelectual con el que se invite a imaginar más allá de los parámetros del actual statu quo.

Mujeres negras, desigualdades y racismo oculto

Andréa Lopes da Costa
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Mujeres negras, desigualdades y racismo oculto

Los informes de las Naciones Unidas muestran que la raza determina la composición de la base de las nuevas formas de pobreza y miseria en el mundo. Como resultado, las mujeres negras ocupan posiciones de extrema vulnerabilidad y son las más afectadas cuando se trata de la privatización de los servicios públicos.

Según el reciente informe Econonuestra de OXFAM, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y el lugar donde los ricos concentran la mayor parte de la riqueza total, después de Oriente Medio y el Norte de África, y donde el 50% más pobre tiene tan poca riqueza como el África Subsahariana. En una muestra de las vulnerabilidades que impone la raza, las personas y familias negras aparecen entre las que son expulsadas del mercado laboral, o las que, una vez empleadas, son explotadas y mal pagadas, con frecuentes abusos y violaciones de derechos. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), en América Latina, la población afrodescendiente se estima en 153,7 millones de personas, lo que representa el 23,7% de su población total».

Dentro de este grupo, las mujeres negras experimentan múltiples condiciones de exclusión, desigualdad y falta de ciudadanía. A pesar de sus logros, la pobreza y las importantes diferencias de ingresos persisten y las penalizan. En Estados Unidos, por ejemplo, «el patrimonio neto de una familia negra media es sólo el 15,8% del de una familia blanca media», mientras que en Brasil, «de media, la renta de los blancos es más del 70% superior a la de los negros», revela el informe anual de Oxfam Internacional.

Añadiendo la dimensión de género, en Brasil, según datos del Ministerio de Igualdad Racial, las mujeres negras representan el 38,5% de las personas inscritas en el Registro Único (CadÚnico). Del mismo modo, tienen los niveles más bajos de escolarización y, en consecuencia, peores posiciones en el mercado laboral en comparación con las mujeres blancas.

En general, las personas negras en Brasil son mayoría en el trabajo informal, entendido por el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) como «empleados en el sector privado sin permiso de trabajo firmado; trabajadores domésticos sin permiso de trabajo firmado; empleadores sin registro en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ); trabajadores autónomos sin registro en el CNPJ; y trabajadores familiares auxiliares». Pero si consideramos sólo los 5,8 millones de trabajadores domésticos informales, más del 91,4% son mujeres, de las cuales el 67% son mujeres negras.

El impacto de la privatización

En este contexto, el informe de Oxfam sobre la desigualdad en el mundo, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, añade que el futuro podría ser aún más sombrío: «Tardaremos 230 años en acabar con la pobreza, pero podríamos tener nuestro primer trillonario en 10 años», afirma.

El mundo occidental vive una nueva era de profundización de las desigualdades y las injusticias sociales, con un aumento drástico de la división social, el fortalecimiento del poder monopolístico y la potenciación de las grandes empresas, como indica el informe, que afirma que la privatización de los servicios públicos es una práctica relevante en este proceso.

En un primer nivel, la privatización aportaría una rentabilidad inequívoca a las grandes empresas. Sin embargo, aumentaría la exclusión y el empobrecimiento, de los que los más afectados son los grupos definidos por el género, la raza y la etnia, especialmente las mujeres racializadas. En el contexto de las dinámicas geopolíticas, con relaciones establecidas en los países del Norte Global, los inmigrantes. Y en el caso interno de países como Brasil, formados como consecuencia de la esclavitud y la colonización, sobre todo las mujeres negras.

No fue por otra razón que la representante de Oxfam Brasil, cuando formó parte de la coalición por la Reforma Tributaria 3S y participó de la audiencia pública realizada por el Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación de la Reforma Tributaria, declaró: «el hambre en Brasil tiene cara de mujer negra«, corroborando el informe divulgado, para el cual todas las desigualdades observadas a nivel global se exacerban cuando son atravesadas por el género, la raza, el origen (en el caso de los inmigrantes); en fin, por marcadores sociales de diferencia que apuntalan prácticas de discriminación.

La privatización de los servicios públicos y la vulnerabilidad de las mujeres negras

Los incentivos para que los Estados nacionales inviertan en la privatización de empresas y servicios públicos son estratégicos para este modelo global de producción de poder mediante el fortalecimiento de las grandes empresas privadas.

Estas privatizaciones pueden adoptar la forma de venta de empresas o traspaso de la prestación de servicios al sector privado, como la electricidad y el agua. Por otro lado, precarizan los servicios básicos como la educación, la sanidad y la seguridad, para favorecer la competencia con proveedores privados del mismo servicio.

La consecuencia directa es el debilitamiento de las relaciones de trabajo, especialmente cuando se asocia a políticas de flexibilización de la legislación laboral; una asociación que a menudo empuja a gran parte de la mano de obra hacia el trabajo externalizado y precario.

En ambos modelos, a los trabajadores empobrecidos y mal pagados se les hace actuar como consumidores de segunda clase en un sistema de ofertas orientado a la rentabilidad y el enriquecimiento de las empresas. Como clientes y consumidores de segunda clase, su estatus de ciudadanía se reduce y, con él, su acceso a los derechos fundamentales que antaño garantizaban con seguridad los Estados nacionales. 

Si la privatización de los servicios públicos afecta a toda la población que se encuentra en la base de las relaciones sociales, con un stock escaso de capital fundamental para su automantenimiento, como es el capital educativo, político y económico, no cabe duda de que agrava la situación de los miembros más vulnerables de esta base desfavorecida: las mujeres negras.

Las mujeres negras suelen ver en el Estado y en el acceso a los servicios públicos una posibilidad real de garantizar una calidad de vida mínima para ellas y sus familias. En Brasil, según la Encuesta Nacional de Salud, las mujeres negras representaban el 60,9% del público que utilizaba el Servicio Único de Salud (SUS). Del mismo modo, a los servicios de educación, seguridad, justicia y otros servicios públicos acceden en gran medida personas y familias negras, a menudo encabezadas por mujeres negras.

En un escenario global, los procesos de privatización las afectan directamente: las hacen vulnerables al incorporarlas al trabajo informal, especialmente al de limpieza; las privan de su ciudadanía básica, privándolas de derechos; y las empobrecen, dificultándoles el acceso a servicios fundamentales.

Por eso, tanto como un engranaje en la producción de asimetrías económicas, las privatizaciones deben ser entendidas como mecanismos sutiles y potenciales para ocultar el rostro de un racismo que se reproduce libremente, organizando el mundo y manteniendo a las mujeres negras en una condición estructural de vulnerabilidad.

Brasil: elecciones municipales en tiempos de recomposición democrática 

Carlos Domínguez Avila
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Brasil: elecciones municipales en tiempos de recomposición democrática 

Los próximos 6 y 27 de octubre se celebrarán los dos turnos de las elecciones municipales brasileñas. Más de 156 millones de electores están convocados a ejercer el sufragio y a escoger a los ejecutivos y legislativos locales. Considerando más de 5.500 municipios, incluyendo las altamente disputadas capitales provinciales —São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador o Belo Horizonte, por citar algunas—, no cabe duda de que se trata de un importante acontecimiento político-social. 

Aun reconociendo que en las elecciones municipales se discuten fundamentalmente problemáticas locales, ciertamente sus preparativos, candidaturas y resultados repercutirán en las otras esferas de gobierno —federal y provincial—. No puede sorprender, por lo tanto, que tales elecciones municipales brasileñas se erijan en el principal evento político, electoral y cívico del segundo semestre del corriente año. Y así lo entiende el conjunto de la clase política, de la sociedad civil y del Estado.

Desde un punto de vista amplio, se sabe que el Brasil persiste en un complejo proceso de recomposición democrática, después de un turbulento período de erosión del régimen, cuyo momento más dramático fueron los conocidos y lamentables episodios del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Estrechamente relacionado con ello y dependiente de tal proceso de recomposición democrática, aparecen desafíos estructurales y coyunturales de gran relevancia, entre ellos lo concerniente a la estratificación y movilidad social, así como lo relativo a la persistente polarización y conflictividad. 

Todo ello ha sido agravado, en los últimos diez años, por el deliberado e insidioso fenómeno de la desinformación a gran escala. Algo semejante se puede afirmar acerca de la constante presencia y protagonismo de movimientos y colectivos contestatarios del propio régimen democrático-representativo y republicano, lo que incluye lo concerniente a la propia legitimidad de la actuación del Estado. Esto es, el accionar de persistentes núcleos de actores esencialmente antidemocráticos, antirrepublicanos, radicalizados, “indiferentes” y muchas veces extremistas. Pars pro toto, la mayoría de estos colectivos son integrados por herederos del superado momento bolsonariano. En suma, se trata de desafíos complejos y multifacéticos, todos ellos asociados a cosmologías y a procesos político-sociales dinámicos, dialécticos y en constante transformación. 

Lo concerniente al fenómeno de la desinformación deliberada es particularmente preocupante en el caso brasileño, en virtud de la considerable penetración de internet, de la cultura política predominante y de la popularidad de las redes sociales entre importantes segmentos de la sociedad. Téngase presente que, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, instancia subordinada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos/OEA, “la desinformación consiste en la difusión masiva de información falsa (a) con la intención de engañar al público y (b) a sabiendas de su falsedad”. Obsérvese que la diseminación deliberada de informaciones falsas, comprobadamente erradas y/o tendenciosas en las redes sociales ha provocado espurios impactos societales. 

Se sabe que tales estrategias de desinformación y subversión político-social frecuentemente están asociadas a grupos de extrema derecha, populistas y radicales. Igualmente, es de lamentar el hecho de que su intención sea desviar el foco del debate y la deliberación en el espacio público, generar intranquilidad y resistencia infundada en segmentos vulnerables de la población, y perturbar negativamente la formulación e implementación de políticas, principalmente en áreas cruciales como la sanidad, seguridad y orden social, educacional, ambiental, cultural o la promoción de derechos humanos. Así las cosas, no es de extrañar que, en contextos o períodos electorales como el brasileño, dichas estratégias de desinformación acaben agudizando la polarización, cuestionando la legitimidad de los procesos y socabando al régimen. 

Frente a la polarización y desinformación impulsada por sectores antidemocráticos y extremistas, es urgente, apropiado y pertinente que la sociedad y el Estado brasileños reaccionen. Los argumentos del bien común, del interés público, del desarrollo humano y del republicano cívico, además del combate al crimen organizado, la defensa del régimen y la legalidad, han sido empleados por la autoridades brasileñas para contrarrestar las referidas estrategias de subversión, con destaque para las acciones de los tres poderes federales. En paralelo, las autoridades han impulsado nuevas estrategias de comunicación social más eficientes y basadas en informaciones verídicas de la acción gubernamental, principalmente en momentos críticos, que incluyen a las frecuentes tensiones político-ideológicas, desastres ambientales, campañas de salud y similares. 

Habiendo dicho lo anterior, es sumamente importante que el conjunto de la población brasileña asuma algún grado de responsabilidad cívica y ciudadana, tanto en favor de la recomposición democrática como del combate a la desinformación y polarización. En última instancia, todo ello apunta hacia la gradual elevación de la calidad del régimen político del país. Sin olvidar que la evolución del Brasil repercute de forma importante en el escenario latinoamericano, en el Sur Global y el mundo. Este análisis de escenario político-social corrobora, por tanto, la alta y creciente relevancia, impacto y transcendencia de las elecciones de medio mandato en el gigante iberoamericano.

Tras las elecciones presidenciales en México: ¿cuál es el veredicto?

Carlos Luis Sánchez y Sánchez
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Tras las elecciones presidenciales en México: ¿cuál es el veredicto?

A poco menos de cumplirse un mes de la elección presidencial del 2 de junio, sus resultados aún suscitan controversia en términos de su importancia y significado para la democracia mexicana. ¿Por qué? ¿Qué importancia e implicaciones tiene el triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde (PV) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y de su candidata, Claudia Sheinbaum?

  1. La relevancia de los números

El primer domingo de junio del 2024 convocó a más de 60 millones de ciudadanos a las urnas. Hasta el momento se trata de la votación con más participación en una elección presidencial: 3 millones más que la votación del 2018 y cerca de 10 millones por encima de la del 2012. Sin embargo, los porcentajes de participación y abstención se mantienen en promedio en niveles del 60% y el 40%, respectivamente, tal y como ocurre desde la elección presidencial del año 2000. Lo anterior obedece a que, para junio del 2024, si bien la votación aumentó con respecto a 2018 en un 6% la lista nominal de electores, la lista de votantes inscritos se incrementó en un 10% (9.200.000 votos).

Otro factor de relevancia es el porcentaje de votación de la candidata ganadora: Sheinbaum obtuvo el 60% de los votos, y superó en 18 puntos la media de votación (42%) obtenida por un ganador en las elecciones presidenciales mexicanas celebradas desde el año 2000. Además, superó la votación del presidente López Obrador en poco más de 5.800.000 votos. Aunado a esto, la ventaja o margen de victoria de Sheinbaum con respecto al segundo y tercer lugar de la contienda es la más alta en una elección presidencial en los últimos 24 años, con 33 y 50 puntos porcentuales, respectivamente. 

Esta elección confirma la permanencia del gobierno unificado. Sheinbaum habrá de tener mayoría absoluta (251/500 diputados) y es posible que recupere la mayoría calificada (333/500 diputados), que el partido Morena y sus aliados perdieron en las elecciones intermedias del 2021. Los resultados apuntan a que la coalición gobernante tendrá en su conjunto 364 diputados, treinta más de los que consiguieron en 2018.  

  1. El segundo piso de la transformación

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en julio del 2018 significó, en sus palabras, el inicio de lo que denominó la Cuarta Transformación, un cambio de régimen que estaría basado en “establecer el estado del bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y la seguridad social”. 

Se trataba de lo siguiente: “El Estado se ocupará de disminuir la desigualdad social y no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda de gobierno”. Además de lo anterior, el proyecto político de la 4T, como coloquialmente se le ha conocido, se ha contrapuesto abiertamente al mercado y al llamado neoliberalismo, tipificándolo como un modelo económico limitado, corrupto, al tiempo que se ha pretendido revalorizar el carácter asistencial del estado benefactor. 

El triunfo de la 4T en 2018 y su continuidad en 2024 debe ser visto como la ratificación de un cuestionamiento a la ausencia de efectividad de un modelo económico que, sustentado en el mercado como principal eje de regulación, no habría conducido a una mejora en las condiciones de vida de la población durante casi las dos primeras décadas de este siglo.  Desde la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y ahora con Morena, la denuncia del modelo neoliberal ha formado pare del mito fundacional de la izquierda mexicana.

En el impulso a este proyecto, de la mano de López Obrador y ahora con Sheinbaum, bajo el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, se ha buscado rescatar las bases sociales, el carácter asistencial y el estado benefactor a través de la política social en distintos programas, en su mayoría basados en transferencias de renta directa. Esto ha venido de la mano de una denuncia continua, propia de los gobiernos populistas, de que las instituciones representativas no responden a los intereses y preferencias de los ciudadanos en la arena política. 

El discurso durante cinco años de gobierno y durante la campaña presidencial del 2024 se centró en la necesidad de reformar el régimen político mexicano para 1) garantizar/seguir garantizando un bienestar social a través de políticas distributivas asistenciales y 2) la cristalización de la voluntad popular. 

Con estos antecedentes, el actual gobierno articuló una campaña que se extendió a la arena electoral, en donde para el presidente de la República sería de vital importancia no solo ganar la titularidad del ejecutivo federal sino también la mayoría calificada en la cámara de diputados (365 escaños) y senadores (85).

Con ello, la 4T no tendrá cortapisas para implementar sus reformas y políticas especialmente para concretar el denominado plan C, que consiste básicamente en reformar el poder judicial en dos aspectos fundamentales: 1) reducción en la integración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y 2) que los representantes del poder judicial sean elegidos mediante voto popular.

La oposición, por su parte, estructuró un discurso encaminado a defender el statu quo judicial como garantía de imparcialidad; defendió el Instituto Nacional Electoral (INE), que sufrió duros embates del presidente, y en general defendió una concepción de la democracia procedimental, cuya articulación guió los procesos de cambio y transición durante los años 80 y 90 en nuestro país. Esto, ante el señalamiento constante de la 4T de que el funcionamiento de la democracia representativa no ha derivado en un mejoramiento de los niveles de vida de la población. 

El veredicto del pueblo “bueno” fue la apuesta por la continuidad de la Cuarta Transformación. Dicha continuidad augura profundos cambios, entre ellos el desmantelamiento del aparato judicial; aunque se ha esgrimido que esto es necesario para acabar con la injusticia y la corrupción, lo cierto es que a lo largo del sexenio la Suprema Corte de Justicia de la Nación le fue incómoda al presidente. 

Por otra parte, el triunfo de la 4T y sus candidatos sienta sus bases en un desencanto profundo de un modelo económico que, orientado al mercado, no pudo traducirse en beneficios concretos a la mayoría de la población. 

Los perdedores de las reformas, los excluidos a lo largo de un período de 30 años y ahora sus descendientes, no tuvieron incentivos para votar por una oposición que, en el imaginario político y mediático, es la culpable de su situación. A pesar de que los niveles de marginación y pobreza no han mejorado sustancialmente y el crecimiento nacional en este sexenio no llega ni al 1% (0,8%), la gente no quiere votar por aquellos que considera que lo colocaron en una situación de marginación o pobreza.  

En poco menos de 6 años, votar por Morena y sus aliados representó el optar por el menos malo. Y aunque lo menos malo es algo que ya conocemos en México (un estado interventor que en su momento fue ineficiente y mal administrador), hoy vuelve en la forma de programas sociales de transferencia de renta directa, dinero contante y sonante que tiene un profundo impacto electoral. 

La fuerza de los programas sociales fue tal que hasta Xóchitl Gálvez tuvo que prometer que si ganaba no los derogaría y muchos actores políticos de antaño, como el expresidente Vicente Fox, comenzaron a adjudicarse su creación, aun cuando fue López Obrador que entre 2000 y 2006, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, comenzó con esta estrategia abiertamente clientelar. 

La oposición ha quedado pasmada; el recambio generacional, insulso y carente de contenido, pasó por el partido Movimiento Ciudadano y su candidato, que solo obtuvo el 10% de los votos. Hoy lo menos malo significa haber votado por la creación de autoridad, la acumulación de poder y la consolidación de una democracia iliberal.

Miseria de información

Arthur Coelho Bezerra
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Miseria de información

Tomado al pie de la letra, el ecosistema de la información actual parece algo revolucionario, con sus pantallas brillantes, sus conexiones invisibles, sus sensores omniscientes y su velocidad instantánea de comunicación y procesamiento de datos. El innovador aparato tecnológico, dotado de técnicas avanzadas de organización algorítmica y representación digital de la información, es capaz de aportar más previsibilidad a los resultados de las acciones humanas, anticiparse a los fenómenos naturales, aumentar la eficiencia de los procesos productivos, ampliar el potencial artístico y científico y mitigar los riesgos inherentes en la planificación de las más diversas actividades de la vida, garantizando agilidad, comodidad, eficacia y seguridad.

Sin embargo, un examen más detallado de las formas dominantes actuales de producción, circulación y consumo de información revela una gran cantidad de dilemas éticos, resultantes de las contradicciones que se esconden bajo la fina piel de vidrio y plástico de los dispositivos que porta la mitad de la población mundial en el bolsillo. Entre estas contradicciones, tenemos la conexión ampliada que fomenta el aislamiento individual; la red social que fragmenta la esfera pública; inteligencia artificial que hipertrofia la estupidez humana; aprendizaje automático que promueve la ignorancia de las personas; la memoria computacional que forja la amnesia cerebral; la aceleración tecnológica que aniquila el tiempo libre; la flexibilización del trabajo que lleva a los trabajadores al exceso de trabajo; libertad de expresión que da lugar a discursos de odio; acceso a información eclipsado por el oscurantismo negacionista; la sociedad de la hiperinformación que marca el comienzo de la era de la desinformación.

Todas estas contradicciones, están relacionadas con un hecho histórico determinante: el advenimiento de un nuevo régimen informativo en el siglo XXI, en el que las nuevas formas de producción, circulación y consumo de información están sujetas a viejas relaciones sociales del modo de producción capitalista, hoy metamorfoseados en su versión digital. Se trata de un régimen que, dialécticamente, conduce a la miseria informativa.

El escenario principal de este nuevo régimen informativo es Internet, una red de interconexión descentralizada que permite la circulación de datos digitales a través de dispositivos electrónicos inalámbricos. Desarrollada en un contexto militar durante la Guerra Fría, la red comenzó a ser utilizada, a partir de los años 1970, por universidades y centros de investigación norteamericanos con fines de comunicación científica, y adquirió contornos globales a finales del siglo XX, cuando se convierte en el punto de convergencia de una antigua entidad abstracta, que adquiere rasgos místicos en la sociedad capitalista: el mercado.

En 1995, cuando la red informática ya se había expandido a Europa, Australia y Asia, y llegaba tímidamente a África y América Latina, se eliminaron todas las restricciones al uso de Internet para el tráfico comercial en Estados Unidos, y el entorno online pasó a ser libre en el sentido liberal del término: ser explotado económicamente al máximo. Desde entonces, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de mediación y clasificación de la información y nuevos procesos de producción, circulación y consumo de bienes se han creado como resultado de una serie de disrupciones tecnológicas, término en boga utilizado para referirse a los avances en tecnología que promueven cambios radicales en la economía, la política, la cultura, la ciencia y la vida social en general. Dentro de la sociedad capitalista, las disrupciones tecnológicas están lideradas principalmente por empresas comerciales, gestionadas de acuerdo con los intereses económicos de sus propietarios y accionistas.

En los lugares y circunstancias del tiempo histórico en los que prevalece la forma social capitalista, el rasgo central del régimen de información dominante es la subsunción de los modos de producción, circulación y consumo de información a los imperativos de la valorización del capital. De ahí la profusión de expresiones en la literatura científica de las últimas décadas, como capitalismo digital, capitalismo informacional, capitalismo cognitivo, capitalismo de plataforma, capitalismo 24 horas al día, 7 días a la semana, capitalismo centrado en datos o capitalismo de vigilancia. 

Abstrayendonos de las diferentes perspectivas teóricas (y a veces antagónicas) que sustentan cada uno de estos términos, lo que llama la atención es una gran variedad de predicados que hacen referencia al mismo sujeto histórico supersensible, el capital, que durante los últimos cinco siglos ha asumido la dimensión mercantil, industrial y social formas financieras, hoy conjuntamente activas en la llamada “era digital”.

Es cierto, afirma el filósofo Luciano Floridi, que la tecnología ha ayudado a la humanidad a delimitar períodos de su historia, como vemos en la llamada Edad de Piedra o Edad del Hierro. Sin embargo, al hacerlo, es necesario evitar caer en el instrumentalismo superficial que incendia las innovaciones tecnológicas de la era digital, y prestar atención a las determinaciones políticas y económicas que dan forma al modo dominante de producción de información. Sólo así podremos establecer una crítica emancipadora de la tecnología, que tenga en cuenta el papel preponderante de las corporaciones de Internet en la arquitectura fluida del capitalismo global contemporáneo.

En esta dirección, la primera determinación a destacar proviene del reconocimiento de que la información, proveniente de datos y metadatos que son producidos por las personas en su uso diario de las redes digitales, tanto en el trabajo como en el ocio, es ahora esencial para los modelos de negocios del mundo y los mayores conglomerados tecnológicos multinacionales, cuya concentración de poder económico sería inimaginable según los estándares del siglo pasado. 

Un imperio así se construye sin tener en cuenta las múltiples implicaciones negativas que sus nuevos modos de producción y circulación de información traen a la sociabilidad, la cultura, la seguridad, la economía, la participación política y la salud de los individuos. Basta pensar, por ejemplo, en problemas que han cobrado protagonismo en los últimos años, como los casos de depresión, ansiedad y adicción a Internet (especialmente a los juegos electrónicos y a las redes sociales), la creación de burbujas de información que cultivan el odio, el sexismo y el racismo algorítmico, la circulación masiva de desinformación y el negacionismo científico y ambiental y otros factores que corrompen la integridad de la información, interfieren en elecciones de relevancia internacional, alientan el descrédito de la ciencia y la prensa, perjudican la lucha contra las pandemias, propagan la intolerancia religiosa y dificultan la defender la biodiversidad. 

A estos flagelos se suman todas las formas actuales de explotación de la fuerza laboral, principal pilar de la sociedad capitalista, base sobre la que se asienta la superestructura del actual régimen informativo, con su marco jurídico permeable a la precariedad del trabajo y su política neocolonial que desafía las soberanías nacionales y explota minerales y mentes en el Sur global, ambos recursos esenciales para el funcionamiento de una red que está cerca de consumir el 20% de toda la energía del planeta.

Todos estos factores exigen que las ciencias humanas y sociales, y en particular los estudios críticos de la información, produzcan diagnósticos que no se limiten a describir el régimen informativo en su apariencia, sino que también revelen la esencia de los mecanismos de explotación, opresión y control social que impiden que el régimen actual sea mejor de lo que realmente es.

Extracto de la introducción al libro Miseria informativa: dilemas éticos de la era digital, de Arthur Coelho Bezerra (Editora Garamond, 2024, 140 páginas). Obtenga más información sobre el libro en http://Escritos.ibict.br/miseria-da-informacao/

Gravar las grandes fortunas puede mejorar la salud de los latinoamericanos

Daniel López-Cevallos
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Gravar las grandes fortunas puede mejorar la salud de los latinoamericanos

Contrario a la tendencia hasta fines del siglo XX, las últimas dos décadas evidencian una marcada concentración de la riqueza en manos de unos pocos, situando a Latinoamérica y el Caribe (LAC) como la región más inequitativa del planeta. Esto tiene enormes implicaciones para la salud y bienestar de la mayoría de sus habitantes.

Concentración e inequidad

En LAC, las fortunas de los dos hombres más ricos han crecido en un 70 % desde el inicio de la pandemia y equivalen a la riqueza conjunta de la mitad más pobre de la región, unas 334 millones de personas, según el reciente informe Econuestra de Oxfam. Por ejemplo, el patrimonio del empresario mexicano Carlos Slim (que supera los 100 mil millones de dólares) dobla la inversión anual en salud en México. Dicha concentración no es una casualidad, sino más bien fruto de una colaboración estrecha entre el poder económico y político en países de la región.

En países como Ecuador, los gobiernos han ido tomando pasos hacia la institucionalización de intereses privados en la política de salud y nutrición, permitiéndoles promover sus marcas, y dictar la estrategia de desnutrición infantil en el país. El gobierno de Daniel Noboa (heredero del imperio empresarial de Álvaro Noboa, con una fortuna estimada en más de 900 millones de dólares), ha decidido afianzar dicha estructura. En mayo de este año, su partido presentó un proyecto de ley que promueve beneficios fiscales a entidades privadas que presenten proyectos relacionados con desnutrición infantil.

Inequidad económica implica inequidad en salud

Desde la perspectiva de determinantes sociales de la salud, el hecho de que estructuras de poder político y económico monopolicen la distribución (o en el caso de LAC, la concentración) de recursos, tiene un impacto significativo en la salud (o enfermedad) de la población. El control de los recursos por las élites políticas y económicas conlleva a que una buena parte de la población latinoamericana y caribeña no participe en la toma de decisiones sobre políticas y programas de salud ni pueda exigir una verdadera rendición de cuentas sobre los beneficios para la población.

En términos epidemiológicos, la región se enfrenta a un escenario complejo en el que debe enfrentar la creciente presencia de enfermedades no transmisibles (ENT). Se estima que las enfermedades cardiovasculares y los cánceres causan más del 82% de todas las muertes (comparado con un 10% por enfermedades transmisibles y un 8% por lesiones). Además, factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad se han expandido en la región, donde más de la mita de hombres (53%) y mujeres (61%) en edad adulta presentan sobrepeso. Un estudio en cinco países de la región encontró que la tasa de mortalidad por ENT tuvo una mayor incidencia en los países de bajos ingresos, como Nicaragua y Honduras.

En un contexto inequitativo, no sorprende que la población con menor riqueza sea la que sufre las más graves consecuencias. UNICEF calcula que cinco millones de niños en LAC sufre de pobreza alimentaria infantil (incapacidad para obtener y consumir una alimentación nutritiva y variada en la primera infancia). La tasa de mortalidad infantil en LAC es cuatro veces mayor que en países de ingresos altos. Otro estudio reciente muestra que en países como Bolivia, Guatemala, Colombia y Paraguay, la mortalidad infantil es entre tres y cinco veces mayor en hogares en el quintil de riqueza más bajo, comparado con hogares en el quintil más alto.

Salud es más que la prestación de servicios médicos

Por décadas, los investigadores de la salud pública en LAC han documentado las inequidades en salud. Sin embargo, y con contadas excepciones, hasta hoy los esfuerzos en la región no han podido aún traducir dicha evidencia en establecer principios de equidad en políticas y programas de salud a nivel nacional y regional. Por el contrario, iniciativas como las de atención primaria en salud o cobertura universal se basan en buena parte sobre un modelo de atención biomédica (más curativo que de promoción de la salud o prevención de la enfermedad). En este contexto, no es de sorprender que LAC sea considerada como una de las regiones del mundo con un robusto “mercado hospitalario” contando con más de 20,000 hospitales.

Aunque el sistema hospitalario sea “robusto”, los presupuestos de salud en la región se ven agobiados por demandas predecibles, como la falta de agua potable y saneamiento, lo que lleva a la persistencia de enfermedades transmitidas por vectores (como dengue o Chagas) y otras enfermedades infecciosas. En el 2017, una de cada cuatro personas en áreas rurales y una de cada ocho en áreas urbanas de la región no tenían acceso a saneamiento básico.

El camino hacia la equidad en salud

Enfocarse sobre todo en la prestación de servicios médicos impide que los planes de salud pública en LAC sean más estructurales y multisectoriales. Si el propósito es reducir la inequidad en salud, se debe reducir la inequidad económica. Como sugiere Oxfam, uno de los pilares que sustenten sociedades más equitativas pasa por que quienes más riqueza poseen sean quienes más contribuyan a través de sus impuestos, y de que se anule la posibilidad de que dichas fortunas sean protegidas por esquemas opacos como los paraísos fiscales.

La creciente inequidad social en LAC requiere de esfuerzos concertados. La dolorosa experiencia de la pandemia del COVID-19 y el calentamiento global demandan respuestas inmediatas e integrales. Es urgente que gobiernos nacionales, entes regionales, y organizaciones de la sociedad civil unan esfuerzos para marchar hacia una sociedad más equitativa. Un primer paso es que poblaciones de grupos históricamente marginados (e.g., de bajos ingresos, que viven en zonas rurales, indígenas, afrodescendientes) participen activamente en la toma de decisiones sobre políticas y programas dirigidos hacia la equidad en salud.

¿Golpe blando en México?

Ernesto Hernández Norzagaray
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¿Golpe blando en México?

Luego del triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en las elecciones del pasado 2 de junio y el desconcierto de la oposición social y política, han quedado a la vista las llamadas 20 reformas constitucionales de despedida del presidente López Obrador, y, especialmente, la destinada a la refundación del Poder Judicial, considerado por él como “corrupto”, por lo que es necesario limpiarlo completamente mediante la polémica elección popular de jueces, magistrados y ministros. 

Para lo que ya es parte de la historia, se puso en marcha una estrategia en la que el Poder Ejecutivo —a través de la Secretaría de Gobernación— dio a conocer, antes que el Instituto Nacional Electoral (INE), los resultados preliminares en la elección presidencial y del Congreso de la Unión. Llamaba la atención especialmente que la coalición ganadora había obtenido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados al obtener el 72 por ciento de la representación política, lo que significa que los partidos coaligados pueden cambiar la Constitución sin necesidad de pactar con los partidos de la oposición. 

Esta “línea” dictada desde el poder presidencial inmediatamente se reprodujo y llegó a socializarse de tal manera que, salvo voces aisladas, se cuestionaba que así fuera, ya que la coalición mencionada, ahora lo sabemos, solo había alcanzado el 54% de la votación emitida y, sumada a la sobrerrepresentación legal del 8%, solo le alcanzaba para tener el 62% y no el 72% de los diputados de la cámara baja —la cámara alta de senadores ha quedado tentativamente en 82 contra los 84 que se necesitan para tener también ahí la mayoría calificada. 

La discusión, que hasta ahora es principalmente mediática, habrá de escenificarse en el seno del Consejo General del INE, que es la instancia constitucional que deberá hacer el cálculo de distribución conforme lo que establece el artículo 54 constitucional. Sin embargo, está también el artículo 41, que establece en el apartado A y B lo relativo a los partidos políticos en distintos renglones y no se refiere en ningún momento a las coaliciones, por lo que valdría el principio “lo que vale para los partidos, también vale para las coaliciones”.  

La Ley General de Partidos Políticos expresamente lo señala cuando afirma, por ejemplo, en el artículo 91, fracción segunda: “En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.  

Y así para todo lo que tenga que ver con las coaliciones (financiamiento, paridad de género, etc.). Entonces, con estos preceptos constitucionales y reglamentarios, la discusión constitucional no está cerrada y deberá llevarse a cabo en el seno del Consejo General del INE antes de rechazar o certificar el pronunciamiento fuera de lugar que hizo la secretaria de Gobernación la noche de las elecciones concurrentes. 

Y esta, como lo han dicho distintos observadores políticos, no puede ser una lectura gramatical sino sustantiva del espíritu constitucional y reglamentario de lo que compete a los partidos políticos y a las coaliciones, que no tendrían por qué ser diferentes, como pretende el oficialismo. 

Una lectura literal y sesgada del artículo 54 constitucional provocaría que se imponga sin más la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y, en menor medida, en la de Senadores. 

Y, peor, ya sin estos contrapesos, vaya el presidente, y la futura presidenta, por el control total del Poder Judicial a través de los abogados más populares. Visto a la luz de otras experiencias latinoamericanas —especialmente la boliviana—, significaría lo que el politólogo norteamericano Gene Sharp denomina “golpe de estado blando”, con una singularidad muy mexicana, pues lo frecuente es que este tipo de intervenciones en el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial) que hoy pretende hacer la “izquierda”, tradicionalmente la ha padecido, como sucedió en Brasil, donde cayeron los presidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff, uno en la cárcel y la otra desaforada.  

En definitiva, lo que resuelva el INE, en materia de integración del Congreso de la Unión y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abrirá sin duda un compás entre la consolidación de la democracia preservando los contrapesos indispensables al presidencialismo omnipotente y omnicomprensivo o la debacle con un hiperpresidencialismo sin contrapesos.  

De esa magnitud es lo que está en juego en México en los próximos meses.  

Crónica de la revolución que no fue: Chile a casi 5 años del estallido social

Clarisa Demattei
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Crónica de la revolución que no fue: Chile a casi 5 años del estallido social

Si alguien hubiese dicho que casi 5 años después, la situación iba a ser así, casi nadie lo hubiera creído. Chile, uno de los países sudamericanos más estables de los últimos 30 años, pareció cambiar de la noche a la mañana cuando un estallido social prácticamente sin precedentes irrumpió los medios de comunicación de todo el mundo el 18 de octubre del 2019. A lo largo de varias semanas, millones de chilenos tomaron las calles con consignas diversas reclamando un cambio sustancial. Ese mosaico de demandas heterogéneas, con el paso de los días, se articuló en un solo pedido que remeció la estructura de la sociedad chilena: la necesidad de tener una nueva Constitución política que habilitara todos estos cambios.

Lo que siguió muchos lo recordarán. Cuando ya había pasado un mes de manifestaciones con millones de personas en las calles, el entonces presidente Sebastián Piñera convocó a una serie de plebiscitos para redactar una nueva constitución política que iba a cambiar sustancialmente ese modelo que, una de las tres la democracias más consolidadas de América Latina, había heredado de la dictadura.

Sin embargo, nada de eso sucedió. Tras el abrumador rechazo a la redacción final de la nueva constitución en 2022, con una clara cosmovisión refundacional y de izquierda sumado al fracaso de la segunda convención de 2023, liderada mayormente por convencionales de derecha, Chile volvió a su punto de partida anterior a las protestas del 2019.

Gabriel Boric, un joven izquierdista cuya coalición, el Frente Amplio, capitalizó el descontento post octubre 2019, no ha logrado concretar sus promesas de campaña. Tras estos dos plebiscitos fallidos que llevaron al fracaso la posibilidad de una nueva constitución, pareciera que Chile no avanzó en nada. El actual presidente sigue sin poder hacer una reforma de pensiones, la clase media sigue endeudándose para enviar a sus hijos a la escuela y si bien el 40% más pobre que se atiende en el seguro público de salud ya no tiene que pagar copagos por la atención médica, continúan las enormes diferencias en la atención sanitaria entre ricos y pobres. Sin embargo, y aunque parezca que nada cambió a nivel estructural, el estallido dejó una huella imborrable en quienes participaron pero también entre quienes siempre estuvieron en contra.

De aquella sociedad que en 2019 parecía tener un gran consenso con respecto al destino que tenía que tomar el país ya queda poco y nada. La polarización política y social parece ser la gran protagonista de la sociedad chilena y el abismo que hoy los divide no tiene otra fecha más que octubre 2019. Al día de hoy, los chilenos nunca llegaron a un acuerdo acerca de qué pasó en ese tiempo ni tampoco cómo avanzar. Aquellos, como una parte de la élite que vive en las comunas del sector oriente de Santiago y que siempre se opusieron a las marchas hoy no solo piden que los presos sigan en la cárcel sino también aprovechan sus espacios en los medios y en la política para pontificar sobre lo que Chile no se puede volver a permitir, mientras que varios de los que salieron a las calles y abrazaron mesuradamente las consignas del estallido hoy buscan dar vuelta la página e incluso le piden al presidente izquierdista, que con mucha ilusión hace 2 años votaron, que hoy sea más moderado. Y otros, los que salieron activamente a las calles y participaron de las marchas, como mi entrevistado, solamente encuentran frustración.

Tanta lucha para nada -exclama decepcionado Francisco, un historiador de 33 años que participó del estallido social en octubre y noviembre de 2019.

-Tu miras la sociedad chilena e incluso la ciudad de Santiago y parece que sucedió una guerra. Pero te paras a pensar y en el día a día no cambió absolutamente nada. La educación y la salud siguen sin ser públicas, las AFP siguen existiendo, hasta el agua sigue siendo privada. Y la clase política, la misma clase dirigente que lleva décadas en el poder, está ahora en el Congreso impidiendo cualquier intento de cambio, como si no hubiesen escuchado a los millones que salimos a la calle. El estallido social fue un momento en donde Chile por fin tuvo cohesión social, una causa común. Pero hoy estamos todos aislados y de ese octubre de 2019 solamente quedan las causas no resueltas y la violencia policial. 

El desánimo de Francisco no es para menos. Este suceso de alguna manera provocó un antes y un después en la vida del historiador. Podríamos decir que Francisco estaba en el lugar equivocado en el momento incorrecto: en “la marcha más grande de Chile”, una de las más convocantes de la historia democrática trasandina, lo que era una manifestación pacífica se terminó convirtiendo en una guerra contra la policía de la que Francisco, a pesar que intentó  permanecer ajeno, terminó involucrado. 

Después de que una persona desconocida y con quien él no tenía ningún vínculo le tiró piedras y ladrillos a los carabineros, se desencadenó una brutal represión que incluyó gases lacrimógenos. En ese momento, Francisco, que en sus manos solamente tenía una pancarta que decía “El derecho a vivir en paz”, en referencia a una canción del cantautor chileno Victor Jara, se agachó para protegerse de los gases y fue injustamente arrestado durante algunas horas en una comisaría santiaguina. Tras no encontrar antecedentes penales ni pruebas en su contra, fue liberado a las pocas horas. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Analizando el saldo del estallido social chileno, las cifras hablan por sí solas. Además de 34 personas que murieron en las movilizaciones, la cantidad de personas detenidas oscila entre 8800 y más de 20.000, sumado a más de 8000 víctimas de violencia policial y 400 casos de trauma ocular.

-Por esa represión no solamente estuve detenido algunas horas de forma injusta y arbitraria, sino también me quedó una cicatriz en el brazo que probablemente nunca se borre. ¿Y todo para qué? -reclama Francisco.

Para qué. La pregunta de Francisco resuena actualmente en gran parte de la clase media chilena que salió a las calles. Cinco años después, muchos creen que no valió la pena. Para personas como el historiador el presente es aún peor que la etapa previa al estallido social.

-Antes el modelo era injusto pero la expectativa de que algún día esto iba a explotar y cambiar todavía existía. Ya no. Para que vuelva a pasar algo así pero con cambios reales tienen que transcurrir mucho más de los 30 años.

Hoy, a casi 5 años de ese movimiento que sacudió la sociedad chilena queda mucho por resolver. De la esperanza de cambio que se abría paso en octubre 2019 hoy la situación es completamente la opuesta. No solo la polarización y los desencuentros entre chilenos son enormes, sino que los sectores que siempre se opusieron al estallido y enarbolaron los rechazos a la nueva constitución, como la clase política tradicional y la élite económica, se encuentran más endogámicos que nunca, avalados por el resentimiento y el temor a que sus peores pesadillas se vuelvan realidad.

Pero para quienes salieron a las calles la realidad no es mucho mejor. La sensación de que se perdió la única posibilidad de cambiar estructuralmente un país sigue acumulando frustraciones sobre una pila de desencantos que ya era demasiado grande. En definitiva, la sensación es la de una revolución que no fue.

Los bolsonaristas fugitivos que buscan refugio en Argentina

Luiz Leomil
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Los bolsonaristas fugitivos que buscan refugio en Argentina

En mayo de 2024 se supo que varias personas condenadas o investigadas por participar en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 habían conseguido salir ilegalmente de Brasil, en dirección a países vecinos. Más recientemente, el gobierno argentino anunció que al menos 65 de ellos habían solicitado refugio en el país, y que sus peticiones serían analizadas caso por caso por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Aunque Brasil está preparando solicitudes de extradición para estos fugitivos, la legislación argentina y las normas internacionales establecen que no se puede hacer nada hasta que la CONARE haya decidido sobre sus solicitudes de refugio.

¿Por qué aceptó Argentina las solicitudes de refugio de los brasileños?

En general, los países gestionan la migración dentro de sus territorios como mejor les parece. Sin embargo, el instituto del refugio es una excepción y está muy bien regulado por instrumentos internacionales. Entre ellos se encuentra la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ratificada por 146 países, entre ellos Argentina (que lo hizo en 1961). El documento establece los criterios para reconocer la condición de refugiado, así como el principio de «no devolución», que prohíbe a los países devolver a los refugiados y solicitantes de asilo a situaciones de persecución o graves violaciones de los derechos humanos.

Por tanto, es necesario que los países analicen las solicitudes de refugio y tomen una decisión al respecto antes de emprender cualquier otra acción. Esto explica, en parte, por qué el gobierno argentino ha aceptado las solicitudes de refugio casi automáticamente y sostiene que no se producirá ninguna extradición antes de que hayan sido resueltas. Como solicitantes, estos brasileños reciben un documento de identidad, renovable cada 90 días, acceso a los servicios públicos y al trabajo, y pueden viajar fuera de Argentina con autorización de la CONARE.

¿Cómo se analizarán las solicitudes?

La CONARE, que analizará las solicitudes, es una comisión formada por representantes del gobierno argentino y de otras organizaciones. Su formato es muy similar al que existe en otros países de América Latina, incluido el propio Brasil, ya que en décadas pasadas este modelo fue ampliamente difundido en la región por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Aunque los solicitantes brasileños ya detallaron en sus formularios de solicitud lo que creen que son los motivos de su solicitud de refugio, la legislación argentina exige que sean convocados a entrevistas de elegibilidad. Durante estas entrevistas, los funcionarios técnicos de la CONARE cuestionarán las razones para huir de Brasil, así como la credibilidad de los relatos dados por los solicitantes. A continuación, estos funcionarios contrastarán la información facilitada por los solicitantes con otras fuentes (incluida la investigación interna), comprobarán su veracidad y emitirán un dictamen técnico, que será votado por la Comisión en sesión plenaria. Los miembros votantes de la CONARE son el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y representantes de cuatro departamentos gubernamentales: Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y Capital Humano. Los casos se deciden por mayoría simple.

Vale la pena recordar que no hay plazo para que los brasileños sean convocados a sus entrevistas de elegibilidad, y mucho menos para que la CONARE tome una decisión sobre sus casos. Según el ACNUR, la resolución de los casos en el país puede tardar «de dos a cinco años, o más«. Si se rechaza una solicitud, hay posibilidades de apelar en dos instancias más.

¿Cuál será el resultado?

Una de las razones para reconocer el estatuto de refugiado en virtud de la legislación argentina y de la Convención de 1951 es el temor fundado a la persecución por opiniones políticas, que según algunos es el caso de los brasileños que solicitan refugio en Argentina. Sin embargo, el hecho de que huyan de condenas o investigaciones relacionadas con delitos, especialmente los de carácter político, no los convierte necesariamente en víctimas de persecución política. En estos casos, es necesario, entre otras cosas, determinar si las investigaciones y sanciones a las que fueron sometidos los solicitantes en su país de origen se llevaron a cabo de conformidad con la ley, las normas internacionales de derechos humanos y de manera justa. Sólo indicios claros de que los solicitantes han sido (o pueden ser) víctimas de un trato jurídico arbitrario y/o de un castigo excesivo a causa de sus opiniones políticas deberían dar lugar a que se estimaran sus solicitudes. Hasta el momento, los observadores internacionales que siguen la protección de los derechos humanos en Brasil no han observado ningún problema con las investigaciones y las sentencias dictadas contra los implicados en el 8/1.

Sin embargo, esto no significa que la posición de la CONARE sobre estas solicitudes pueda darse por sentada. Aunque los oficiales de elegibilidad de la Comisión emitan opiniones técnicas sobre las solicitudes, éstas son votadas por representantes ministeriales.

Así pues, aunque el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, ha argumentado que la decisión sobre estas peticiones está fuera de las competencias del gobierno, serán en gran medida los representantes de la administración Milei quienes decidan sobre ellas. Desde su toma de posesión, el gobierno de Milei ha sustituido al menos a tres miembros con derecho a voto de la CONARE. Se han nombrado nuevos representantes de las carteras de Relaciones Exteriores, Justicia e Interior, esta última como presidenta de la Comisión. Así, además de influir en el orden del día de las sesiones plenarias (pudiendo dar prioridad a los casos), los representantes del gobierno de Milei pueden obtener fácilmente una mayoría simple durante las deliberaciones.

No es raro que los países utilicen el refugio como herramienta de política exterior, buscando deslegitimar o ayudar a gobiernos extranjeros reconociendo (o no) a sus nacionales como refugiados. Tomemos como ejemplo el caso del gobierno de Bolsonaro que favoreció el reconocimiento de los venezolanos como refugiados.

A pesar del pesimismo y el enfriamiento de las relaciones argentino-brasileñas desde que Milei asumió la presidencia, los líderes del Palacio San Martín y del Itamaraty han logrado mantener cierta cordialidad y funcionalidad. Lo que queda por ver es si Milei abandonará esto en favor de su agenda privada. Mientras tanto, la diplomacia brasileña debe seguir promoviendo un mayor entendimiento con el mandatario argentino y alentar una mayor celeridad en los casos que se tramitan en la CONARE.

A este ritmo, nos tomará casi 300 años lograr la igualdad de género

Lucila Nejamiks
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A este ritmo, nos tomará casi 300 años lograr la igualdad de género

En las últimas dos décadas, América Latina ha realizado esfuerzos para integrar la agenda de género. Sin embargo, las profundas desigualdades de nuestra región se manifiestan de manera más contundente en las mujeres y niñas. Un ejemplo de esto es que las mujeres aún dedican más del doble de tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres, lo que se convierte en un obstáculo, tanto para su independencia económica como para el disfrute pleno de sus derechos en igualdad de condiciones.

Aunque diversos análisis han tratado este tema como secundario, la economía del cuidado es un aspecto central para visibilizar las desigualdades patriarcales arraigadas en el capitalismo moderno. En efecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es vital para las economías de la región, representando en promedio el 21.3% del PIB, con las mujeres contribuyendo en un 75.5%.

Como indica el informe de OXFAM «Desigualdad S.A«, publicado en 2024, el trabajo doméstico y de cuidado, no remunerado o mal remunerado, que asumen las mujeres y niñas, sustenta los beneficios de las empresas, ya que efectivamente subsidian la economía al llevar a cabo más del tres cuartos del trabajo de cuidado no remunerado en todo el mundo. El monto, llamativamente, asciende a al menos 10.8 billones de dólares al año, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología.

Eso que llaman amor es trabajo no remunerado

El cuidado contempla el trabajo –remunerado y no remunerado– que se realiza al interior de las familias, la distribución de tareas entre los integrantes implicados en la producción de cuidado y las interacciones que establecen con los otros espacios –estatal, privado y comunitario– de producción y provisión de bienes y servicios para el cuidado. Es necesario reconocer que cuando los Estados debilitan a las instituciones que brindan servicios públicos de cuidado, los trabajos de cuidado suelen recaer desproporcionalmente en las mujeres, sean o no jefas de familia.

Pero las actividades de cuidado, remuneradas o no, son absorbidas de manera desproporcionada por las mujeres, no solamente en sus hogares, sino también en sus trabajos, barrios y organizaciones sociales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la redistribución del trabajo de cuidado se torna, así, en un factor clave para detener el retroceso en la brecha de género, promover oportunidades laborales equitativas entre hombres y mujeres, y evitar la doble carga.

En América Latina, 14,8 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, y el 91,1% son mujeres. Aproximadamente el 72,3% de ellas no tienen acceso a un empleo formal. En su informe Desigualdad S.A, OXFAM (2024) evidencia que para las personas más pobres-generalmente mujeres, personas racializadas y grupos excluidos de la sociedad- la vida cotidiana se ha vuelto aún más difícil. Está claro que las inequidades de género empeoran cuando se intersectan con otras desigualdades como la edad, la etnia, la nacionalidad, las condiciones ambientales y socioeconómicas, entre otras.

De manera que las desigualdades de género en el área de cuidados es otra de las dimensiones que evidencian que lejos estamos de cumplir el Objetivo 5 de la Agenda 2030 referente a la igualdad de género. En relación a lo anterior, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, expresó que “Estamos en el ecuador del plazo previsto para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que finaliza en 2030, y corremos serios riesgos de no alcanzarlos. A este ritmo, nos tomará casi 300 años lograr la igualdad de género. Las mejoras en materia de salud materna y acceso a la planificación familiar han avanzado con una lentitud pasmosa”.

Claves para afrontar la crisis de cuidados

En el año 2022, y como motivo de reflexionar en torno a los efectos de la pandemia de Covid-19 en la economía de los cuidados, un equipo de expertas de América Latina agrupadas por International Development Research Center (IDRC) de Canadá y Southern Voice redactaron un documento para pensar posibles respuestas a la llamada “crisis de los cuidados” en nuestra región.

Según este trabajo, el rezago en la instalación de un sistema integral de cuidados tiene impactos decisivos en materia de equidad e igualdad de derechos entre varones y mujeres, en la inserción laboral de las mujeres, sobre todo, pero no exclusivamente de las de menores ingresos; y en las posibilidades de salir de la pobreza de los hogares de menores recursos. Para lograr algunas transformaciones de estas desigualdades las investigadoras proponen: reconocer y visibilizar los trabajos de cuidado, redistribuir las responsabilidades en el trabajo de cuidado no remunerado, crear una canasta básica del cuidado que ayude a cuantificar dichas tareas, favorecer la representación en la negociación colectiva de la economía del cuidado, entre otras cosas.

Avanzar en estos abordajes podrían ser algunas de las claves para generar una sociedad más justa en términos de redistribución de las tareas de cuidados y por consiguiente avanzar en la igualdad y equidad de género.

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