El 11 de abril en Argentina, Micaela, una muchacha de 21 años, fue violada y asesinada por un hombre que un año antes abusó al menos de otras dos chicas. Sin embargo, fue liberado por un juez antes de cumplir su condena de nueve años. Días después, en Bolivia, otro hombre golpeó a su pareja hasta causarle un aborto. Este también está libre porque el médico dio a la víctima menos días de impedimento que los requeridos por la ley para detener al agresor. El 15 de abril, una mujer de 32 años fue encontrada sin vida en el municipio de Chietla, México. Fue asesinada por su esposo por pedirle dinero para comprar comida. Todos estos casos tienen que ver con la violencia de género.
Estos casos, que causaron conmoción local, muestran patrones de conducta similares y develan vacíos institucionales y legales en la lucha contra la violencia de género. Esta conducta se repite cotidianamente en gran parte de América Latina. Ello se debe a la insuficiente respuesta de los Gobiernos, a pesar del aumento del reclamo social.
Si bien los países cuentan muchas veces con leyes de última generación, en muchos casos estas son inaplicables por diferentes factores: instituciones débiles ante la falta de recursos estatales, conteos de feminicidios cada vez más exhaustivos y, a la vez, elevados subregistros; medios de comunicación más atentos pero también teñidos de rojo; mujeres revictimizadas, y una, cada vez más, evidente desconfianza hacia la justicia. Por ello, vale la pena ver otras realidades, en las que, si bien el problema es igualmente complejo, se le enfrente de forma distinta como la de Estados Unidos.
Imaginemos la escena: una llamada al 911 denunciando que una mujer ha sido agredida por su pareja. En menos de 20 minutos llega la policía, verifica el delito, detiene al presunto agresor, lo lleva ante un juez especializado y, si este no se encuentra, se le entrega una orden que lo mantiene alejado de la víctima por 48 horas, incluso si la víctima no denuncia. Si se trata de una agresión sexual, con la policía llega un enfermero que evalúa las lesiones y preserva las pruebas para el juicio, donde además servirá como testigo.
Este es el protocolo de atención en EE. UU. por una denuncia de violencia de género, o un homicidio intrafamiliar como se le denomina. Allí no solo no existe el feminicidio como figura jurídica, sino que el país ni siquiera ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la carta internacional de derechos de la mujer.
En Estados Unidos las respuestas a la violencia de género provienen de iniciativas individuales y colectivas. Esto explica que muchas políticas sean confiadas a manos privadas
A pesar de ello, tanto la respuesta institucional como ciudadana a la violencia se imponen al popular: “Tenemos leyes, lo que hace falta es cumplirlas”. La primera diferencia es que en Estados Unidos las respuestas a la violencia de género provienen de iniciativas individuales y colectivas. Ello explica que muchas políticas sean confiadas a manos privadas.
Esto da lugar a instituciones con administración propia pero con aporte y control federal y estatal. El aporte federal a estas entidades es la segunda gran diferencia, ya que no solo asegura su continuidad, sino que posibilita que se conviertan en políticas públicas. Un ejemplo es la capacitación de jueces especializados. Un caso paradigmático es el del juez Timothy Black, famoso por legalizar el matrimonio gay en el estado de Ohio y actual líder judicial en materia de asuntos de violencia intrafamiliar. Esta dupla se ve complementada por un departamento de policía que, además de eficaz en la resolución de casos, se encarga de la seguridad integral de la víctima.
Una experiencia destacable es el Centro de Justicia Comunitaria de San Diego. Se asemeja, en cambio, a un hogar y cuenta con traductor, sicólogo y asesoría legal, entre otros servicios. Este lugar, que en Latinoamérica podría ser un servicio ideal de atención a las víctimas, en EE. UU. depende de la policía y se financia con recursos públicos. Además, el policía entrega la orden restrictiva a quien en algunos casos se le monitorea con una manilla electrónica para evitar el acercamiento a la víctima durante 48 horas y en un radio no menor a dos kilómetros.
Esto haría la diferencia en muchos países donde ciertos feminicidios se consumen a las horas de la primera agresión. No existe, en general, una respuesta inmediata e integral como esta en nuestra región, salvo Costa Rica. El país centroamericanos cuenta con un Tribunal de Familia, que es un sistema de protección inmediato, independiente de la vía penal, aclara el juez presidente de este tribunal, Alexis Vargas.
Otra fortaleza del sistema estadounidense es el trabajo en redes. Bajo el mismo esquema de financiamiento, asegura que la víctima tenga a su disposición, desde el momento de la agresión, a más de una organización privada o institución pública por protección y cobijo temporal, y también capacitación laboral. Todo ello, bajo el amparo de la Ley contra la Violencia, que se actualiza cada dos años.
En Bolivia, el Padem, un programa de Solidar Suiza, logró instalar la mayor red de iniciativas ciudadanas y comunicadores locales de este país en más de un centenar de municipios. Sin embargo, el proyecto, al no recibir apoyo estatal, depende de la cooperación internacional. Esta situación pone en riesgo su continuidad.
Algo similar sucede con los 60 refugios para víctimas de violencia en México. Si bien tienen presupuesto nacional, no están del todo asegurados ni cubren todas las necesidades.
Así lo advierte Mayela Chávez, directora del Centro de Apoyo de Opciones Dignas, de la ciudad de Acuña, en el estado de Coahuila: “México es un país de leyes y firmas, hemos firmado y ratificado todos los tratados que apoyan la igualdad, la no discriminación y la eliminación de violencia contra las mujeres, pero, en la realidad, los recursos que se destinan no se dan por seguros”.
Por el momento, la participación ciudadana en la lucha contra la violencia de género en Latinoamérica se ha concentrado en la protesta social. No obstante, esta no siempre se expresa en cambios cualitativos en los ámbitos legislativo o de incremento de presupuestos.
Por el momento, la presión está enfocada en el desempeño del Estado como garante de la seguridad de las mujeres. Ahí, sin embargo, puede darse una sorpresa mayor el próximo año cuando se conozca el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la denuncia de la venezolana Linda Loaiza.
Esta mujer, quince años después de haber sido secuestrada, torturada y violada, logró que su caso llegara a esta instancia y se enjuicie al Estado por incumplir con el debido proceso. Ese día marcará un antes y un después en nuestra relación con los Estados respecto a la violencia de género.
Foto de Marcos S. González Valdés en Trend Hype / CC BY-NC-ND
Autor
Periodista. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz). Recibió varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Rey de España de Periodismo.
