En apenas tres años, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado, pasando de 405 mil millones de dólares en 2020 a 869 mil millones en 2023. Esto implica que estas cinco personas acumulan hoy una riqueza semejante a la que, por ejemplo, produjeron Colombia, Argentina y Uruguay juntos a lo largo de todo el 2021. A su vez, estos cinco multimillonarios conviven en el mismo planeta con otros 4.800 millones de personas que se han empobrecido desde el 2019 tras la pandemia y el posterior brote inflacionario global. La mayoría de estas personas tienen rostro de mujer, de niña y niño, y de personas racializadas y minorías excluidas de la sociedad.
Según el informe de Oxfam, Desigualdad S.A., El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora, presentado recientemente en el Foro Económico Mundial en Davos, la concentración de poder empresarial y de mercado, sobre todo de las principales empresas globales de los países desarrollados, es un reflejo de la concentración y centralización del capital y la riqueza.
A medida que el poder de los monopolios aumenta, se reducen los incentivos para que las empresas compitan, lo que a su vez profundiza aún más el poder monopólico. Por lo tanto, el poder empresarial y los monopolios operan como una máquina implacable generadora de desigualdades.
Este fenómeno desvela la magnitud de la consolidación del modelo neoliberal en gran parte del mundo por una pequeña élite milmillonaria que se ha visto beneficiada a costa de los derechos económicos, sociales, ambientales y políticos de millones de personas alrededor del mundo.
En este contexto, las presiones inflacionarias actuales son el resultado del aumento en el margen de beneficio de las empresas. Particularmente en aquellas actividades económicas donde los confinamientos en varios países o las interrupciones energéticas y alimentarias a lo largo de la cadena de suministro han brindado una oportunidad única para maximizar los márgenes de ganancias de estas empresas.
La desigualdad tiene múltiples facetas. América Latina por un lado es la región con los mayores niveles de desigualdad en la riqueza a nivel mundial. Según los datos recopilados por los investigadores Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, en 2021 el 10% de los hogares más ricos de la región posee más de tres cuartas partes de la riqueza total, mientras que la mitad de los hogares más pobres poseen apenas el 1%. Asimismo existe otra desigualdad, la que contrapone a los países del Sur Global con los desarrollados, donde se concentra el 69% de la riqueza privada global a pesar de que aloja apenas al 21% de la población mundial, según el informe de Oxfam.
Un voto histórico para empezar a revertir la desigualdad
Ante esta situación, una gran parte de los países del Sur Global logró el 23 de noviembre de 2023 que las Naciones Unidas aprobara negociar un nuevo marco fiscal global en el seno del organismo, luego de una resolución lanzada por un grupo de países africanos liderados por Nigeria. Esta resolución sugiere que los países miembros deben designar un comité intergubernamental ad hoc para desarrollar un tratado integral sobre cooperación fiscal internacional y cuya labor debe concluir a más tardar en junio de 2025.
La resolución fue aprobada por 125 países miembros y rechazada por 48—sobre todo desarrollados—entre los que se encuentran Estados Unidos y los países de la Unión Europea, los cuales acumulan el 75% de los abusos fiscales globales, según la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network). Esta falta de apoyo por parte de los países ricos deja claro, según Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam, que los países desarrollados “quieren mantener el monopolio del espacio donde se decide”.
Esta no es más que otra demostración de que el debate gira en torno a defender una economía al servicio de todas las personas, no solo de una minoría privilegiada. Esto se logra fortaleciendo al Estado, regulando de manera efectiva al sector privado y reinventando al sector empresarial para frenar y contener el poder corporativo y la concentración y centralización de la riqueza.
Para alcanzar este objetivo, como se destaca en el informe de Oxfam, es necesario implementar una estrategia dirigida a generar presión sobre los responsables de formular políticas a nivel mundial. En este contexto, considero que la pieza faltante en este rompecabezas son las organizaciones de la sociedad civil. Ellas juegan un papel fundamental en conocer, ejercer y exigir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales ambientales y políticos, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más equitativa.
En esta línea, más de cincuenta organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil se reunieron en 2023 para iniciar una campaña de incidencia en torno a un “Nuevo Pacto Fiscal en América Latina y El Caribe”. El objetivo era promover la construcción de un sistema tributario global incluyente, sostenible y equitativo para presentar a los ministros de finanzas de la región. El esfuerzo se materializó en la creación de una Plataforma Regional de Cooperación Tributaria y en el respaldo hacia la elaboración de una convención marco sobre impuestos. El propósito principal era transformar radicalmente la manera en que se establecen las normas fiscales a nivel global, alejándose del predominio de los países desarrollados en el seno de las Naciones Unidas.
Los países del Sur Global y la sociedad civil se han puesto manos a la obra. Ahora es el momento de que los líderes globales abracen una transformación audaz y equitativa. No obstante, si realmente lo harán aún está por verse.
Autor
Presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN). Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla. Coordinador académico de los informes de la desigualdad multidimensional en El Salvador. Presidente del Banco Central de El Salvador, (2014-2019).
