Los flujos migratorios son cada vez más grandes y frecuentes. En Suramérica, los países cuyos ciudadanos han migrado en mayor cantidad son Perú, Colombia y, en los últimos años, Venezuela. Guatemala, Honduras, El Salvador y México son los países de América del Norte y Centroamérica con más población migrante. En la mayoría de los casos estas personas salen en busca de mejores condiciones de vida y, al hacerlo, pierden sus derechos políticos en sus países de origen. Ante esta realidad, diferentes Estados han desarrollado iniciativas legislativas para atender este problema.
Si bien las autoridades electorales del hemisferio se han ido profesionalizando a partir de la recuperación democrática de los años ochenta con la denominada tercera ola democratizadora, no fue sino hasta el comienzo de la primera década del siglo XXI cuando la Comisión Global para la Seguridad, las Elecciones y la Democracia estableció la noción de integridad electoral. Este concepto comprende la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, los derechos humanos y la justicia electoral, de crear normas que faciliten la competencia multipartidaria y la alternancia, y de que se establezcan instancias efectivas de control del financiamiento político.
Por otro lado, un punto crucial que se vincula al voto en el exterior es que se fomente desde los Gobiernos iniciativas de carácter inclusivo que eliminen las barreras jurídicas y políticas, visibles e invisibles, que dificulten la participación política. Y es que un Estado democrático debe ampliar derechos, no reducirlos ni eliminarlos.
Un Estado democrático no puede caer en una acción de doble exclusión donde, por un lado, se expulsa a los ciudadanos por falta de oportunidades y, por el otro, se les quita su condición de ciudadano al negarles sus derechos políticos del ejercicio al voto por migrar.
El voto en el exterior de los emigrantes es actualmente una norma de ámbito internacional y está permitido en 121 países. En América Latina, 16 países permiten esta práctica. Colombia, pionero en el voto en el exterior, amplió sus políticas electorales a partir de 1961 y desde 1991 también cuenta con una circunscripción electoral internacional. Chile, por otro lado, fue la última nación latinoamericana en adoptarlo en noviembre de 2017.
Los demás países que han implementado el voto en el exterior son México (2005), Costa Rica (2014), El Salvador (2013), Guatemala (2017), Honduras (2001), Panamá (2006), Argentina (1991), Bolivia (2006), Brasil (1965), Ecuador (2002), Paraguay (2012), Perú (1979), Nicaragua (1995), República Dominicana (1997) y Venezuela (1993), que, sin embargo, no ha actualizado el padrón electoral de los venezolanos en el extranjero en años. Uruguay y Cuba hasta ahora no han permitido constitucionalmente el voto de sus ciudadanos en el exterior.
Comentario al margen: ¿cómo imaginar las elecciones libres que algún día llegarán a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin una respuesta efectiva de la autoridad electoral a la realidad signada por los millones de electorales que debieron huir de esos países por causas sociales y políticas?
Para la emisión del voto desde el extranjero se han implementado dos modalidades: presencial y remota; cada una con sus propios desafíos y riesgos. La modalidad presencial exige una comparecencia personal del votante en un espacio o sitio específico habilitado por la autoridad electoral para la emisión del sufragio. Aunque en la modalidad presencial el voto puede realizarse de forma manual o electrónica, el votante debe trasladarse a los lugares dispuestos por la autoridad electoral. De no poder hacerlo, el elector pierde su oportunidad de participar en los comicios.
La segunda modalidad es el voto remoto o a distancia, que supone la emisión del sufragio a través de Internet o de manera postal. En el caso del voto por Internet, la accesibilidad y eficacia estaría “fuera de discusión” al ofrecer “mayores ventajas tanto para el elector como para la autoridad”, además de reducir sustancialmente los costos de distribución de material electoral y logística.
En 2017, Estonia registró un aumento sin precedentes en los niveles de participación de sus ciudadanos en el extranjero gracias a la inclusión del voto por Internet. Ese año, un 44 % del electorado votó en línea desde 145 países. Al concluir los comicios, las autoridades electorales determinaron que la participación general creció en un 40 % con respecto a las elecciones de 2015 gracias a la adopción del voto por Internet, lo que puso a la pequeña nación del Báltico como pionera en la automatización electoral.
Tanto México (2021) como Panamá (2019) cuentan en la actualidad con un sistema mixto de votación en el extranjero, conjugando las posibilidades de emitir el voto de manera presencial, postal o completamente a través de Internet. Esta última opción permitió que el voto panameño en el exterior se incrementara en un 52 % en las elecciones de 2019. Mientras tanto, en las últimas elecciones, las mexicanas y los mexicanos pudieron votar incluso por las gobernaciones de Baja California Sur, Guerrero, Querétaro y otros siete estados. Y en la Ciudad de México eligieron al diputado migrante.
En definitiva, el voto electrónico por Internet aplicado en este ámbito cumple una función reparadora de derechos y ofrece soluciones accesibles y económicas para garantizar y respetar el acceso a los derechos políticos, electorales y civiles de la población migrante.
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Autor
Politólogo. Director de Transparencia Electoral de América Latina. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Derecho Electoral por la Univ. Castilla La Mancha (España). Autor del libro “Así se Vota en Cuba”.
