Los partidarios de bitcoin y los entusiastas de las criptomonedas, aunque ostensiblemente libertarios y antiestatales, han buscado influir de manera directa en los aparatos estatales. Los promotores de criptomonedas aprovechan los vacíos regulatorios y obtienen beneficios de la regulación gubernamental existente.
Estas movidas son conocidas en América Latina. En El Salvador, un presidente cripto-entusiasta legalizó el uso de bitcoin como moneda de curso legal y destinó ingentes fondos públicos para -fallidamente- expandir su uso. En Puerto Rico, los inversionistas cripto buscaron un esquema regulatorio que aprovechara la condición colonial del archipiélago con respecto a EE. UU. para liberar de impuestos sus ganancias de capitales.
En Estados Unidos, los entusiastas de las criptomonedas están entre las comunidades más propensas a ser beneficiarias del segundo mandato de Donald Trump. La coalición de Trump ha logrado el apoyo de la mayoría de los hombres votantes de todas las generaciones y de la mayoría de los orígenes raciales y étnicos. Diversos analistas han señalado el éxito de la irrupción de Trump en ambientes hegemónicos masculinos, gracias en parte a librar una más viciosa “guerra cultural” contra las personas transgénero y otras minorías. En ese contexto, destaca el respaldo de espacios masculinos jóvenes, incluidos los denominados “crypto-bros”.
El Partido Republicano emergió como el partido favorito para aquellos que tienen interés en un ecosistema de criptomonedas próspero, comenzando con el compañero de fórmula de Trump. El senador JD Vance ha sido un entusiasta de las criptomonedas durante mucho tiempo, posee bitcoins y es una figura vinculada a la línea conservadora-libertaria de Silicon Valley, habiendo recibido enormes fondos del inversionista Peter Thiel a lo largo de su carrera política.
La administración Trump empoderaría a las empresas de criptomonedas y sus mercados mediante un masivo realineamiento de la política económica de EE. UU. para servir a los ideales del cripto-nacionalismo, los intereses de los combustibles fósiles y una agenda nativista.
Una reserva estratégica de bitcoin
Los cripto-entusiastas en EE. UU. proponen un conjunto de políticas que podrían transformar el sistema monetario del país. Una de ellas tiene como objetivo convertir enormes reservas de oro en bitcoin, y volver la tendencia del “hodl” una política gubernamental. La senadora republicana Cynthia Lummis propuso que la Reserva Federal utilizara su reserva de oro para emitir certificados para adquirir bitcoins, alcanzando eventualmente una reserva estratégica de un millón de bitcoins en cinco años.
En una entrevista, Jack Mallers comparó la idea de una reserva estratégica de bitcoin con los cambios monumentales en la historia monetaria de EE. UU. y del mundo, como la desvinculación del patrón oro en 1971. Esta aparentemente visionaria idea, según Mallers, “actúa en el mejor interés del público. Es pro-empleos, pro-energía, pro-industria, pro-crecimiento”.
Una reserva estratégica de bitcoin mediante un mandato del gobierno federal produciría efectos en cadena en el sistema monetario y podría reforzar aún más la valoración del bitcoin. La idea busca elevar el bitcoin a un recurso militar-estratégico, al igual que el petróleo lo es actualmente. Esto no debería sorprender, ya que los promotores del bitcoin ven el activo como “oro digital”.
Aprovechando lagunas de regulación
La nueva política económica de la administración Trump se alinea alrededor del proteccionismo comercial (aranceles), la desregulación, los recortes de impuestos y un rediseño de la burocracia gubernamental para aumentar su eficiencia, compensar los ingresos perdidos y eliminar lo que la extrema derecha llama el “deep state”.
Los anuncios recientes del presidente electo señalan un enfoque pro-cripto y ligero en regulaciones. Trump nominó a Howard Lutnick para encabezar el Departamento de Comercio y a Paul Atkins como presidente de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), y creó un púlpito para que David Sacks abogara por la industria desde la posición de “zar de la Inteligencia Artificial y las criptomonedas”. Todos estos son evangelistas de las criptomonedas que han abogado por marcos regulatorios laxos y por tratar al bitcoin como “cualquier otra mercancía” que debería ser libremente comerciada, y no estar sujeta a una supervisión regulatoria más estricta, similar a la de los bonos y acciones.
Lutnick, CEO de la firma de Wall Street Cantor Fitzgerald, es un ferviente entusiasta de las criptomonedas y su firma es garante de Tether. Trump es él mismo activo en el mercado cripto a través del proyecto de finanzas descentralizadas World Liberty Financial. El proyecto vende un token que no es transferible, sino que ofrece una participación en la gobernanza del proyecto. Aunque Trump y sus hijos no figuran como fundadores, se espera que reciban el 75% de los ingresos netos por ventas de tokens durante los próximos cinco años.
Parasitismo energético
Un componente importante de la agenda de Trump es su firme apoyo a los combustibles fósiles tradicionales. Su nominado para Secretario de Energía, Chris Wright, es un defensor de la industria de los hidrocarburos, además de un negacionista del cambio climático. En un discurso pronunciado en la Bitcoin Conference 2024 en Nashville, Trump dijo que quería que las criptomonedas “se minaran, acuñaran y produjeran en EE. UU.”
Ya en 2021, Estados Unidos era responsable de más del 37% de la tasa de hash global de la minería de bitcoin. EE. UU. se convirtió en un punto de atracción para las inversiones en minería después de que China comenzara a reprimirla.
Las instalaciones de bitcoin requieren un aumento constante en la provisión de energía al tiempo que ofrecen poco en términos de empleos. Los costos suelen sentirse en las comunidades cuya infraestructura energética es consumida por almacenes ruidosos que no solo extraen energía sino también enormes cantidades de agua.
Si bien la provisión de energía se regula a nivel estatal, un marco regulatorio federal de puertas abiertas probablemente promoverá la expansión de las disposiciones contractuales para los grandes productores de criptomonedas en varios estados. Texas, Georgia y Kentucky ya son las principales jurisdicciones mineras en el país. Aumentar la capacidad minera puede convertirse en un punto de interés para el gobierno federal si la reserva estratégica de bitcoin se convierte en una realidad, sumando demanda a una industria que en 2022 se estimó que representaba hasta el 2.3% del consumo de electricidad del país.
Una propuesta de este tipo podría beneficiar a los productores de energía con marcos de generación y distribución desregulados, como los operadores de Texas. Un cambio masivo en la política del gobierno de EE. UU. buscando acumular un millón de BTC en cinco años podría aumentar drásticamente la minería doméstica y constituir el mayor retraso hasta la fecha en el movimiento hacia una transición energética alejada de los combustibles fósiles.
Conclusiones
El segundo mandato de Donald Trump probablemente genere cambios aún más profundos en la política y economía que su mandato anterior. El mundo de las criptomonedas será beneficiario central de su política. De hecho, ya están cosechando los beneficios, con el bitcoin superando los 100,000 dólares por primera vez en su historia solo semanas después de su elección.
Una administración Trump 2.0 podría engendrar una forma de nacionalismo económico caracterizado por el proteccionismo comercial, una desregulación masiva de los sectores de finanzas digitales y IA y un apoyo inquebrantable a los productores tradicionales de energía a base de combustibles fósiles que las impulsan.
*Este artículo es una versión resumida del post en inglés publicado por el LSE Business Review https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2024/12/19/trump-2-0-and-the-rise-of-crypto-economic-nationalism/
Autor
Profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de York (Toronto, Canadá). Doctor en Gobernanza Global por la Universidad de Waterloo (Canadá). Sus investigaciones se enfocan en temas de economía política, extracción de recursos naturales, energía y democracia.
Investigador y máster en Desarrollo, Medioambiente y cambio cultural de la Universidad de Oslo.
