En el departamento peruano de Madre de Dios, en plena Amazonía, donde antes había bosques hoy hay zonas devastadas por la extracción de oro. La minería artesanal y de pequeña escala ha removido suelos, alterado cursos de agua y dejado territorios contaminados por mercurio. En muchas áreas, la recuperación ambiental será lenta. En otras, quizá no sea posible en el corto plazo.
Madre de Dios no es una excepción. Muestra lo que ocurre cuando una actividad rentable crece durante años con reglas débiles, fiscalización insuficiente y mecanismos de formalización incapaces de distinguir entre quienes buscan cumplir la ley y quienes usan la informalidad como cobertura.
En este contexto, la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico decidió intervenir en el debate legislativo peruano. Esta Clínica forma parte de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, una organización que desde 2019 reúne a universidades de la región para promover la educación ambiental y fortalecer la formación de estudiantes en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
Su aporte parte de evidencia empírica y análisis técnico. El objetivo es identificar los vacíos del proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso peruano y proponer medidas que permitan ordenar la actividad sin repetir los errores del pasado.
Una actividad clave, pero fuera de control
La minería artesanal y de pequeña escala, conocida como MAPE, representa entre el 20% y el 30% del oro producido en Perú. Entre 300.000 y 500.000 personas trabajan directamente en esta actividad y cerca de un millón dependen de ella de manera indirecta, a través del comercio, los servicios y otras economías locales.
Regular la MAPE no significa desconocer su peso económico ni su importancia para miles de familias. Pero tampoco puede justificar que una actividad de alto impacto siga funcionando sin controles ambientales y de seguridad suficientes.
El problema viene de lejos. El proceso de formalización creado en 2002 nació como un régimen transitorio para que los operadores cumplieran progresivamente sus obligaciones. Pero lo temporal se volvió permanente y las prórrogas sucesivas permitieron que miles de mineros continuaran operando sin fiscalización efectiva.
Con el tiempo, la formalización dejó de ser una ruta hacia la legalidad y, en muchos casos, se convirtió en una cobertura administrativa para seguir operando al margen de controles reales.
Cuando la informalidad se vuelve sistema
La brecha en la cadena del oro muestra la magnitud del desafío. En 2024, Perú exportó alrededor de 200 toneladas de oro, pero solo 90 fueron declaradas oficialmente. Más de 100 toneladas ingresaron al mercado sin origen verificable, fomentando una economía paralela de miles de millones de dólares.
El oro ilegal circula por toda la cadena. Pasa por la extracción, el transporte, las plantas de beneficio y la comercialización. Si el control falla en cualquiera de esas etapas, el mineral de origen ilícito puede mezclarse con el legal y llegar al mercado internacional con apariencia de legitimidad.
Por eso, el problema no se resuelve solo con nuevos registros o plataformas digitales. Se necesita trazabilidad completa, inspecciones reales y coordinación entre las entidades del Estado. Sin eso, la formalidad seguirá siendo una ficción.
La intervención de la Clínica Jurídica Ambiental
La Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico trabaja desde una premisa central: regular la minería artesanal exige mirar toda la cadena productiva del oro. No basta con observar el punto de extracción. También hay que controlar el acceso al territorio, el uso de mercurio, el transporte del mineral, las plantas de procesamiento y la venta final.
Esta mirada es importante porque los puntos más críticos suelen estar en los eslabones menos visibles. Las plantas de beneficio, por ejemplo, pueden recibir mineral legal, informal e ilegal. Si el control se basa solo en declaraciones o documentos, el sistema seguirá permitiendo que el oro de origen ilícito se mezcle con el resto.
La intervención de la Clínica también muestra el valor de la academia en debates públicos complejos. Su papel no es reemplazar a los legisladores, sino advertir riesgos y convertir problemas técnicos en propuestas viables de política pública.
Una nueva ley con viejos riesgos
En principio, la discusión en el Congreso peruano de una ley que regule de manera integral la minería artesanal y de pequeña escalaes una oportunidad. El marco actual es insuficiente y el país necesita reglas claras. Pero una mala ley puede agravar el problema que intenta resolver.
Según el análisis de la Clínica, el proyecto mantiene elementos preocupantes del modelo anterior: registros declarativos, habilitaciones sin verificación previa y controles centrados más en papeles que en fiscalización territorial. Si esos puntos no se corrigen, la norma podría crear una nueva apariencia de legalidad sin control real.
Uno de los aspectos más delicados del proyecto es la posibilidad de habilitar la minería aluvial bajo un régimen especial. Esta modalidad ha sido prohibida por sus impactos graves sobre ríos, suelos y ecosistemas amazónicos. La experiencia de Madre de Dios muestra que permitirla en contextos de débil fiscalización puede ampliar la degradación ambiental y multiplicar pasivos difíciles de revertir. Una ley que pretenda ordenar la minería artesanal no debería legitimar prácticas que ya demostraron su capacidad destructiva.
La Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico propone incorporar criterios técnicos y territoriales para las concesiones, prohibir expresamente la minería aluvial, regular el uso de mercurio y reforzar el control sobre las plantas de beneficio.
También propone un sistema de trazabilidad que conecte producción, transporte, procesamiento, comercialización y exportación. Sin esa conexión, cualquier control será parcial y vulnerable. El cambio más importante es de enfoque. La formalización debe ser una ruta verificable hacia el cumplimiento. Eso implica comprobar antes, fiscalizar durante la operación y sancionar cuando corresponda.
Una discusión que excede a Perú
En varios países de América Latina, actividades extractivas informales crecen en territorios con baja presencia estatal, pero terminan conectadas con mercados formales y cadenas globales de valor. El resultado es conocido: daños ambientales locales y beneficios económicos que circulan lejos de las comunidades afectadas.
Perú aún puede evitar ese desenlace. La nueva ley puede recuperar autoridad pública y reducir daños acumulados. Pero también puede repetir la historia bajo otro nombre. En Madre de Dios, la diferencia se verá en los ríos, en los suelos y en la vida cotidiana de las comunidades que llevan años pagando el costo de la informalidad.
Este artículo forma parte del compendio “Clínicas jurídicas ambientales en América Latina y el Caribe: formación, territorio y justicia ambiental”, publicado en mayo de 2026 por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe y Latinoamérica21.
Autor
Abogada, profesora y coordinadora de la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico. LL.M. en Derecho y política internacional de los recursos naturales por la Universidad de Dundee, Reino Unido.
