Keiko Fujimori ganó. Por fin. Después de tres derrotas consecutivas, la hija del dictador llegó a la meta. Pero no con un triunfo arrollador: apenas 49.641 votos de diferencia, un exiguo 0,2% separaron a la candidata de Fuerza Popular del izquierdista Roberto Sánchez.
La primera vuelta ya había dibujado un mapa desolador: un país fragmentado en decenas de partidos sin arraigo, una ciudadanía desilusionada que mira a la política con indiferencia, y una clase política que ha hecho de la improvisación y la falta de proyecto su única constante. Este panorama ya lo conocíamos, la pregunta ahora es: ¿cómo gobernará Keiko el Perú en los próximos cinco años?
Una década de desgobierno
La victoria de 2026 no se entiende sin mirar hacia atrás. Durante diez años, Perú fue un laboratorio de la descomposición democrática. Keiko perdió en 2016 y, en lugar de aceptar la derrota, su partido denunció fraude y deslegitimó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En 2018, el Congreso fujimorista forzó su renuncia. En 2020, vacaron a Martín Vizcarra por “incapacidad moral”. En 2021, Keiko volvió a perder —contra Pedro Castillo— y también desconoció el resultado.
Castillo fue un desastre: caótico, acosado por denuncias, acorralado por un Congreso hostil. Su fallido autogolpe de diciembre de 2022 y su posterior detención abrieron paso a Dina Boluarte, una presidenta débil que gobernó bajo la tutela de la misma Keiko Fujimori y su amplia coalición parlamentaria, reprimiendo protestas y violando derechos humanos. Para 2026, el mensaje estaba instalado: la democracia era sinónimo de desorden. Solo una mano dura podía restaurar el orden.
“Gobernar como mi padre”
Keiko dijo en campaña el 27 de abril en un barrio marginal de Lima: “quiero ser presidenta para gobernar, como lo hizo mi padre”. No era una metáfora ni una concesión sentimental. Anunció un programa de gobierno, la promesa de replicar el modelo de los años noventa: orden, autoridad, eficacia económica. Y también, aunque no lo diga, autoritarismo, corrupción y violación de derechos humanos.
Pero hay una diferencia clave entre padre e hija. Alberto Fujimori irrumpió en 1990 como un outsider: desafió a la casta política, aplicó un shock económico, desmanteló a Sendero Luminoso y gobernó contra las élites tradicionales. Keiko, en cambio, llega con el respaldo mayoritario de la gran prensa, las élites económicas y las fuerzas conservadoras que en su momento rechazaron a su padre. No es una fuerza transformadora. Es una fuerza reactiva, transaccional. Su restauración no es un proyecto fundacional, es una ilusión de un viaje al pasado.
La restauración vacía
Lo que Keiko Fujimori ofrece no es innovación ni ruptura. Es la repetición de una receta que ya fracasó. El régimen de su padre colapsó en medio del escándalo y la fuga a Japón. El filósofo Cornelius Castoriadis llamó a esto “el triunfo de la insignificancia”: sociedades hiperactivas, sobrecargadas de información, polarizadas, pero incapaces de crear nuevas ideas. Las campañas electorales se limitaron a repetir fórmulas vacías. El Perú de 2026 enfrenta una crisis climática, informalidad estructural, transformación digital, migraciones, demandas de reconocimiento cultural. Pero la propuesta fujimorista no tiene respuestas para nada de eso. Solo ofrece el recuerdo de un pasado que ya no existe.
La restauración que encabeza Keiko Fujimori tiene paralelos reveladores. El primero es la restauración borbónica en España (1874-1931). Alfonso XII –hijo de la destronada reina Isabel II en 1868 – no fue un innovador: fue un restaurador que se alió con la Iglesia, el ejército y las clases conservadoras para recuperar la monarquía. Una alternancia pactada de dos partidos garantizó estabilidad formal durante décadas, pero a costa de vaciar la política de sus principios liberales y reprimir cualquier disidencia. Cuando las tensiones acumuladas ya no pudieron contenerse, el edificio se derrumbó: primero con el golpe de Primo de Rivera en 1923, luego con la Segunda República en 1931.
El segundo es Corea del Sur bajo la ex presidenta Park Geun-hye (2013-2017). Su padre, Park Chung-hee, fue un dictador transformador que impulsó la industrialización acelerada y fue asesinado por su propio jefe de seguridad en 1979. Su hija se presentó como restauradora del legado paterno, contando con el apoyo de los mismos conglomerados y fuerzas conservadoras que antes habían resistido a su padre. El desenlace es conocido: corrupción, tráfico de influencias, un gobierno en las sombras ejercido por una confidente sin cargo oficial. Finalmente, Park Geun-hye fue destituida por el Parlamento, condenada penalmente y encarcelada.
Las trayectorias de las restauraciones española y surcoreana anticipan la tensión central del fujimorismo 2.0: la invocación nostálgica de un pasado transformador se convierte, al intentar restaurarse, en una fórmula rígida, hueca y frágil.
El Congreso como dispositivo
Keiko Fujimori no llega al poder en un vacío institucional. Llega después de que el Congreso saliente —dominado por su partido durante años— desplegara lo que Michel Foucault llamaba un dispositivo: una red estratégica de elementos heterogéneos —leyes, instituciones, nombramientos, discursos, medidas administrativas— que se articulan para configurar una nueva correlación de fuerzas políticas, redefinir las estructuras del Estado, y establecer la agenda: allanar el camino para la restauración fujimorista.
¿Qué hizo ese dispositivo? Capturó los poderes del Estado y las instituciones autónomas. No fue una conquista casual ni simultánea: fue una estrategia orquestada, hilo por hilo, ley por ley. Se tejió, así, una red para blindar al fujimorismo y desactivar cualquier contrapeso. Al mismo tiempo, el Congreso modificó las reglas electorales para fragmentar el voto opositor, reduciendo los requisitos para el registro de nuevos partidos políticos, y con ello facilitar una dispersión de votos que beneficiara a Keiko Fujimori y a su partido Fuerza Popular.
El resultado de esa ingeniería electoral revela una desproporcionalidad abismal. Para la Cámara de Diputados, Fuerza Popular obtuvo el 14,7% de los votos válidos, pero eso se tradujo en 41 de los 130 escaños (el 31,5%). Para el Senado, la votación fue similar: consiguió el 15,1% de los votos válidos, lo que le otorgó 22 de los 60 escaños (el 36,7%). Con menos de una séptima parte de los votos en cada cámara, el fujimorismo controla más de un tercio del Senado y casi un tercio de la Cámara de Diputados. Este dispositivo logró convertir una minoría en mayoría parlamentaria.
No obstante, todo dispositivo genera sus propias fisuras. Una coalición opositora conformada por Juntos por el Perú (32 diputados), el Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10) suma 56 escaños en la Cámara de Diputados. No es mayoría absoluta —faltan 10 para los 66 que exige la ley—, pero es una fuerza suficiente para censurar ministros, bloquear iniciativas clave y exigir negociaciones. Paradójicamente, las reformas constitucionales que se impulsaron para debilitar los contrapesos también pueden ser usadas en contra del Keiko por la nueva oposición legislativa.
La fragilidad de lo restaurado
Para asegurar su supervivencia, el fujimorismo ya está desplegando su viejo manual de cooptación. La primera maniobra en curso es romper el bloque opositor recién constituido por la oposición. Y lo hace con el método que mejor conoce: sobornos, cargos para familiares, contrataciones de obras públicas. El objetivo es tentar a los congresistas más frágiles, ya sea por mera ambición económica o porque tienen expedientes judiciales. La historia reciente del Congreso peruano está llena de tránsfugas que cambiaron de bancada. La corrupción parlamentaria no es una excepción: es la regla.
La segunda jugada es más sutil, pero igual de efectiva. Negociar con la nueva bancada de centro derecha representada por el partido Buen Gobierno, cuyo líder y excandidato presidencial, Jorge Nieto, recibirá lo que en la jerga mafiosa se llama «una oferta que no pueda rechazar». Si algunas de estas maniobras tuvieran éxito, el fujimorismo podría alcanzar la mayoría absoluta en ambas cámaras, neutralizando de un plumazo cualquier intento de fiscalización o parálisis gubernamental.
Pero incluso si logra recomponer mayorías artificiales, la restauración fujimorista sigue expuesta a tensiones que no puede resolver dentro de la lógica parlamentaria. La primera es la fractura generacional. La sociedad peruana de 2026 no es la de 1990. Para la juventud que ha crecido en la precariedad y la desconfianza, un nuevo orden con violencia e impunidad puede acentuar la ilegitimidad vigente.
La segunda es la contradicción económica. El modelo económico del padre —privatizaciones, desregulación extrema, flexibilización laboral— ya no genera los consensos ni los rendimientos de hace dos décadas. La dependencia de los precios de los recursos naturales, la crisis climática y los límites del extractivismo plantean desafíos que no se resuelven con el recetario clásico.
La tercera es la sombra del caso surcoreano. Las presidencias restauradoras personalistas son particularmente vulnerables a los escándalos de corrupción, porque carecen de una legitimidad programática sólida y dependen de redes clientelares opacas. La historia del fujimorismo está llena de estos episodios: el caso “Cócteles”, la financiación irregular de campañas, los vínculos con Vladimiro Montesinos y, más tarde, con acusados de narcotráfico y otros delitos aún más graves.
El futuro como pregunta abierta
El triunfo de Keiko Fujimori en 2026 no es una simple alternancia en el poder. Es un proyecto restaurador que, amparado en la nostalgia por un orden perdido, vació la democracia peruana de todo contenido y la redujo a la repetición de fórmulas que ya probaron su fracaso histórico. No se crearon nuevas ideas, sólo la articulación selectiva de fragmentos del pasado para imponer un futuro cerrado. Pero la historia no es un proceso mecánico ni determinado. El futuro sigue siendo una pregunta abierta y no un eco del pasado.
Autor
Profesor e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ex Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP). Doctor por FLACSO-México.
