Hay una pregunta que debería incomodar a cualquier demócrata, independientemente de su signo político: ¿qué significa que la impugnación injustificada del resultado electoral ya no sea el grito del perdedor desesperado, sino el instrumento retórico de presidentes en ejercicio, de líderes con millones de seguidores, de gobiernos que en vez de brindar certidumbre erosionan la institucionalidad desde dentro? Algo ha cambiado. Y lo que ha cambiado no es la tecnología.
El presidente Gustavo Petro ha sembrado dudas sobre la tecnología usada por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) durante toda la campaña electoral. Específicamente, ha acusado la opacidad del código fuente del software de escrutinio colombiano como evidencia de manipulación electoral. El gesto no era novedoso: la tecnología electoral era acusada de oscura e inaccesible. Lo que no era tan conocido era el lugar desde donde llegaba la acusación. No desde la oposición, sino desde el Palacio de Nariño. No desde quien compite contra el gobierno, sino desde quien lo encabeza.
El software electoral tiene una cualidad extraordinaria para quien quiere impugnarlo: su complejidad técnica crea una asimetría de comprensión que favorece siempre al acusador. Alegar que el código fuente fue manipulado es sencillo, cuesta segundos y no requiere ninguna prueba. Desmentirlo exige semanas de peritaje técnico, informes de auditorías externas y comunicadores capaces de traducir la informática al lenguaje ciudadano. Para cuando la refutación llega, la narrativa ya está instalada.
Este principio —la duda sembrada no necesita ser demostrada— es la columna vertebral de todas las narrativas del fraude tecnológico. No se trata de probar nada. Se trata de generar desconfianza suficiente para que cualquier resultado adverso (o no) pueda ser leído como evidencia de conspiración. Las autoridades electorales pasan a ser defensoras de su propia inocencia en lugar de garantes del proceso.
Lo que hace especialmente relevante el análisis del caso Petro no es su singularidad, sino exactamente lo contrario: su pertenencia a una pauta que cruza el espectro ideológico de extremo a extremo. La narrativa tecnológica del fraude no tiene exclusividad ideológica.
Donald Trump construyó, en 2020, uno de los episodios más documentados de desinformación electoral de la historia reciente sobre una premisa central: las máquinas de la empresa Dominion Voting Systems y Smartmatic habían sido manipuladas para invertir el resultado. La afirmación fue desmentida por más de sesenta tribunales, por el propio Departamento de Justicia de su administración y por los auditores independientes de los estados en disputa. No es descabellado considerar que la narrativa del fraude fue un elemento catalizador del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y dejó a millones de ciudadanos convencidos de que su voto había sido robado por un algoritmo.
Jair Bolsonaro llevó el argumento aún más lejos: cuestionó la integridad de las urnas electrónicas brasileñas, un sistema que llevaba décadas funcionando sin incidentes documentados, y que había sido el instrumento de sus propias victorias previas. La tecnología que lo hizo presidente fue, cuando perdió, la tecnología que lo traicionó.
Petro se ubica en las antípodas ideológicas de Trump y Bolsonaro, pero la narrativa del fraude es transversal. Es la señal de un recurso político que funciona con independencia del signo de quien lo emplea.
Más allá del episodio concreto, estas narrativas producen daños institucionales que se miden en años o décadas, no en semanas. El primero y más evidente es la erosión de la confianza en la democracia electoral como mecanismo legítimo de alternancia.
El segundo daño es menos visible pero igualmente grave: la dificultad para modernizar los sistemas electorales en el futuro. Si el código fuente es sospechoso hoy, lo será mañana. Si las urnas electrónicas son fraudulentas en la derrota, los organismos electorales tendrán cada vez menos margen para introducir innovaciones tecnológicas que podrían mejorar la transparencia, la accesibilidad y la eficiencia del proceso.
El tercer daño es la normalización del no reconocimiento como opción política viable. Cada vez que un líder relevante impugna un resultado sin pruebas y sin consecuencias, el umbral para hacerlo vuelve a bajar.
En los últimos años han emergido antecedentes judiciales concretos que demuestran que las democracias pueden, cuando tienen voluntad institucional, establecer consecuencias reales para quienes difunden narrativas del fraude sin sustento.
El primero y más contundente de esos antecedentes es el de Jair Bolsonaro en Brasil. En junio de 2023, el Tribunal Superior Electoral lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta 2030 por haber convocado a decenas de embajadores extranjeros —en una reunión oficial, transmitida por televisión pública— para sembrar dudas infundadas sobre la integridad de las urnas electrónicas. El tribunal documentó que el expresidente había incurrido en «abuso de poder político» y en la difusión deliberada de un «discurso violento y mentiras» que pusieron «en jaque la credibilidad de la justicia electoral».
El segundo antecedente es de otra naturaleza, pero igualmente revelador: el caso Fox News contra Dominion Voting Systems en Estados Unidos. Tras las elecciones de 2020, la cadena Fox News difundió activamente la narrativa de que las máquinas de esta empresa habían sido manipuladas para alterar el resultado en favor de Joe Biden. Dominion demandó a la cadena por difamación, reclamando una indemnización de 1.600 millones de dólares. El proceso dejó al descubierto algo aún más perturbador que la desinformación misma: en mensajes internos, los propios presentadores y directivos de Fox reconocían que las afirmaciones sobre fraude eran falsas, pero las difundían de todas formas por razones comerciales, para no perder audiencia. En abril de 2023, el Tribunal Superior de Delaware determinó que ninguna de las declaraciones de Fox News sobre Dominion era verdadera. Ante la perspectiva de un juicio que exponía esa hipocresía interna, la cadena acordó pagar 787 millones de dólares para evitar llegar a la sala de vistas.
Estos dos casos apuntan en la misma dirección. La primera línea de respuesta institucional es, precisamente, que la impunidad no sea la norma. Cuando la narrativa del fraude tecnológico se difunde sin costos —jurídicos, políticos o reputacionales— se convierte en un recurso gratuito. Cuando genera consecuencias reales, el cálculo cambia.
Colombia deberá tomar medidas para que el costo de desinformar sea suficientemente alto para que los actores políticos lo piensen dos veces.
Autor
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato a Magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM / Argentina).
