Hace tiempo que las relaciones entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes Ejecutivo y Legislativo de México se han tensado, afectando la independencia judicial. Desde que la ministra Norma Piña se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte, la presión del Palacio Nacional no ha cesado. Las disputas empezaron el 5 de febrero, Día de la Constitución, cuando la ministra no se puso de pie en el momento en el que se presentó el presidente. Tras el incidente, el mandatario recalcó: “No era necesario, pues es un poder autónomo y que, tal vez, estaba cansada”. Pero días después afirmó: “La ministra está ahí por mí”. El comentario fue tomado como una agresión y suscitó diferentes críticas.

Al asumir el cargo, la nueva presidenta afirmó que “la Corte hablará a través de sus sentencias”, lo cual ha venido ocurriendo. Hasta este punto, el disgusto del presidente con el máximo tribunal permite ver el funcionamiento de pesos y contrapesos. Actualmente, en México el oficialista Morena tiene la mayoría simple en el Congreso de la Unión y ocupa la Presidencia. Sin embargo, la Corte, encabezada por Norma Piña, ha dado muestras de ser un contrapeso a leyes que lastiman la democracia o violan los derechos humanos.

La Corte, hasta el momento, ha cumplido con sus funciones de árbitro entre poderes, pero esto no ha sido un camino fácil, pues, con estas decisiones, se ha vuelto un objetivo de la Presidencia que ha profundizado y radicalizado sus ataques contra los ministros.

El 18 de abril, la Corte declaró que el decreto que pasaba la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, era inconstitucional. Esta fue una de las reformas clave del presidente y, al ser declarada inconstitucional, Andrés Manuel López Obrador acusó, sin pruebas hasta la fecha, que Piña quiso negociar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ante estos incidentes, simpatizantes del Gobierno se han manifestado en la sede del Poder Judicial para pedir la renuncia de la presidenta, a quien señalan de traición a la patria.

Después de que el oficialismo aprobó en el Congreso el “Plan B” para una reforma electoral, la oposición impugnó su contenido y las violaciones al proceso legislativo y, con esto, lo llevó hasta la Suprema Corte. Finalmente, el ministro de la Corte, Javier Laynez, otorgó la suspensión indefinida, por lo que se frenó la reforma. A continuación, López Obrador lo tildó de “alteza serenísima” y lo acusó de no ser electo por el pueblo y de no ser un representante popular. Recordemos que el sistema judicial mexicano se caracteriza por tener un sistema basado en méritos y, para la designación de magistrados electorales y ministros, el Senado es la autoridad encargada. Sin embargo, el rechazo al “Plan B” ha llevado a la radicalización del oficialismo contra la Corte.

El 7 de mayo, un día antes de que el ministro Alberto Pérez Dayán presentara al pleno el proyecto para invalidar la segunda parte de esta reforma, la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortó al máximo tribunal a que el ministro ponente no votara (para ello, argumentó que no era lo suficientemente independiente). Esta parte de la reforma electoral también fue, finalmente, invalidada con nueve votos a favor y dos en contra.

Al día siguiente, el presidente dedicó gran parte de su conferencia radial matutina a descalificar a la Suprema Corte y señaló a sus ministros de corruptos. Además, avisó que un mes antes de que se termine su mandato, si su partido alcanza la mayoría calificada en el Congreso, enviará una iniciativa para que los jueces sean electos por voto popular. Esto, de concretarse, sería no solo un ataque al sistema judicial, sino a la propia democracia mexicana.

De momento, los manifestantes (influenciados por un discurso radicalizado) se mantienen fuera de la sede de la Corte y han intensificado sus protestas con insultos y acusaciones. Además, el discurso ha penetrado en el Congreso y ciertos senadores y diputados del oficialismo acusan a la Corte de buscar sustituir al Legislativo en sus funciones.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, amenazó con que hay varios mecanismos para que los ministros de la Corte rindan cuentas, como las comparecencias y el juicio político. Mientras tanto, el propio partido acusa a la Corte de fraguar un lawfare, término utilizado para hablar de un golpe de Estado blando a través de decisiones judiciales en contra de un presidente o personaje político.

En definitiva, el objetivo de la radicalización de la retórica del partido gobernante hacia el Poder Judicial es allanar el terreno para justificar la reforma judicial y, con ella, hacer campaña, y, por otro lado, erosionar la independencia del sistema judicial y, así, alinearlo a la órbita presidencial.

Sin duda, las relaciones entre estos poderes continuarán tensándose, ya que la Corte aún no ha analizado la primera parte del “Plan B”. En caso de invalidarla, probablemente el asedio y la campaña de desprestigio y persecución contra las y los ministros se profundizará.