México: el recuento mediático de la contienda electoral

Claudia Pérez Flores
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México: el recuento mediático de la contienda electoral

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los tres debates presidenciales transmitidos por televisión previos a las elecciones en México tuvieron una audiencia récord. El primero fue visto por 11,8 millones de personas, el segundo por 13,7 y el tercero por 11,6. Como se aprecia, a pesar de su desgastado formato, el segundo debate fue el más visto a través de un medio tradicional.

En el ecosistema digital, destacan la fuerza de las redes sociales como difusoras de información. Tan solo el primer debate en Facebook tuvo 7,578,465 de alcance, 4,209,012 reproducciones y 529,414 reacciones. En Tiktok 310,313 fue el alcance, 3,300,000 las impresiones y 3,409,559 las reacciones. En X 576,339 fue el alcance, 378,245 las reproducciones, 208,517 las impresiones y 43,321 las reacciones. Además, YouTube tuvo 15,655 reproducciones en maya, 23,090 en náhuatl, 40,760 en tsotsil y 217,117 en lengua de señas mexicana, sin olvidar las preguntas que la ciudadanía formuló a través de estas redes.

No obstante, esta interacción mediática se desarrolló en un contexto de violencia que configuró la forma en que la gente presenció la contienda electoral. Data Cívica reportó que, durante el periodo electoral 2023-2024, 105 personas aspirantes, precandidatas y candidatas sufrieron algún tipo de ataque violento por parte de la delincuencia organizada. De ellas, 31 fueron asesinadas, sumando los casos ocurridos los dos últimos días de las campañas. Adicionalmente, la Red Rompe el Miedo de Data Cívica documentó hasta el 2 de junio, día de la elección, 33 casos de violencia contra la prensa durante la jornada electoral.

Esta violencia, que no es exclusiva del sexenio ni de la contienda, se expande en los medios de comunicación a tal grado que se puede decir que el medio dominante de esta época determinó la manera en la que las personas interpretaron su realidad. Esta reflexión de Marshall McLuhan se anida en la frase “el medio es el mensaje”.

Al prevalecer el medio y no el mensaje que apela al diálogo, se crea una imbricación de la que vale la pena valorar algunos aspectos positivos y negativos. Entre los aspectos positivos se encuentran la visibilización de injusticias, la defensa de los derechos humanos y alzar la voz. Los aspectos negativos han sido polarizar la opinión pública o propiciar miedo. Hashtags como #NarcoPresidenteAMLO #XochitlNarcoSatanica que circularon en las redes, son un ejemplo que incidió en la conversación.

La prevención de la violencia refiere el chantaje, la ley del hielo, ignorar, descalificar, ofender, humillar en público y hacer críticas agresivas como un foco amarillo de alerta. Si alineamos este parámetro a lo que vimos en los debates, las candidatas rebasaron el límite que permea y lacera la vida cotidiana.

Los dimes y diretes, las acusaciones, las descalificaciones y los datos sin sustento serán recordados por los memes y los videos de tiktok como las formas más amables de hacer política en la era de la información y desinformación ante campañas y vocerías de coacción asfixiantes que permearon en los medios tradicionales y digitales.  

Si bien la violencia es estructural, la manera en la que Gálvez y Sheinbaum se disputaron la contienda para ganar la preferencia electoral, con estrategias y tácticas electorales desde la guerra sucia, lacera la cohesión social y normaliza la violencia al permear en los medios.

A pesar de que las audiencias se adhieren o toman distancia, cuando el dato inunda las redes sociodigitales entramos en una cámara de eco que implica el consumo de medios sesgados, ya que el algoritmo nos muestra solo mensajes con los que cree que estaremos de acuerdo o que encajarán con nuestras creencias y descartará otros.

En la era de la sociedad red, apostar por el respeto, la empatía y sensibilidad debería ser una de las premisas elementales de la próxima mandataria, es decir, propulsar una comunicación para la diversidad. Abrir la conversación con mujeres, personas migrantes y madres buscadoras es una tarea obligada de la agenda de gobierno.

Paradójicamente, el determinismo tecnológico está más vigente que nunca porque repercute en mayor o menor medida en nuestras opiniones y reacciones, por lo que en el recuento de la contienda electoral desde lo mediático se puede decir que el medio fue el mensaje en una aldea global en la que imperó la violencia en todas sus expresiones.

La influencia corporativa en las políticas de desnutrición infantil

Daniel López-Cevallos   |   José Julio Villalba
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La influencia corporativa en las políticas de desnutrición infantil

El mes pasado en Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa presentó un proyecto de ley para combatir la desnutrición infantil. Dicha ley podría ser un instrumento necesario para que el gobierno ecuatoriano actúe de manera contundente para resolver este problema social crónico en el país. Sin embargo, tal como está planteada la ley es un paso más hacia la institucionalización de la influencia corporativa en la política de salud y nutrición en el Ecuador.

Desnutrición infantil y riesgos en salud en la región

La desnutrición crónica infantil es un problema de salud pública. Un reporte reciente de UNICEF da cuenta de la escala del problema de desnutrición infantil a nivel global. De acuerdo a dicho reporte, uno de cada cuatro niños menores de cinco años (es decir, más de 180 millones a nivel mundial y 5 millones en Latinoamérica) sufre de pobreza alimentaria infantil. Países de ingresos medios sufren de una doble carga nutricional (una manifestación simultánea de desnutrición y obesidad). Tal es el caso del Ecuador, donde uno de cada cuatro niños menores de cinco años padece desnutrición crónica; y al mismo tiempo más de la mitad de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad.

Influencia corporativa en las políticas de salud y nutrición

Dimensiones sociales, políticas y económicas son cada vez más reconocidas como determinantes de la salud. Más recientemente, se reconoce el rol de intereses corporativos en el ciclo de salud y enfermedad. Los determinantes comerciales de la salud abarcan tres dimensiones: 1) productos nocivos para la salud (como por ejemplo alimentos y bebidas ultraprocesadas); 2) prácticas comerciales, de mercado y políticas que se utilizan para vender dichos productos y garantizar un entorno normativo favorable para las corporaciones (y más bien perjudiciales para la salud); y 3) un entorno de economías impulsadas por el mercado y la globalización, que facilitan el uso de estas prácticas nocivas alrededor del mundo.

No es de sorprender entonces que el poder sobre los sistemas alimentarios esté cada vez más concentrado en un puñado de empresas multinacionales de alimentos y bebidas. Las 10 principales empresas globales de alimentos y bebidas controlan el 80 por ciento del mercado de productos alimenticios, con ganancias anuales por sobre los 100 mil millones de dólares. Dichas empresas obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de alimentos y bebidas altamente procesados. Este oligopolio ejerce una gran influencia sobre las dietas y la nutrición de niños y adultos en todo el mundo. En este contexto no es de sorprender que los gobiernos en Latinoamérica lo traten de normatizar en su legislación nacional, como es el caso de la recientemente aprobada ley que regula el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en México.

La Expansión de la Influencia Corporativa en el Ecuador

Contrario a esfuerzos globales y regionales hacia limitar la influencia de intereses corporativos en la política de salud y nutrición, los últimos tres gobiernos en el Ecuador han tomado pasos en la dirección contraria. En un estudio reciente, demostramos cómo los intereses privados se están institucionalizando cada vez más en la política pública; y mostramos los cambios que permiten a las corporaciones promover sus marcas, obtener beneficios fiscales, influir en las decisiones de política pública, establecer prioridades, asignar recursos y determinar cómo se implementa la estrategia de desnutrición infantil del país.

Siguiendo el marco conceptual de Bennet et al., pudimos identificar cómo la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados ​​ha cooptado la “sociedad civil” a través de grupos de fachada de la industria como REDNI y ha obtenido participación directa en las agencias gubernamentales para combatir la desnutrición infantil (en detrimento de entes ya establecidos, como el Ministerio de Salud Pública -MSP). En este esquema, el sector privado ha cooptado de manera efectiva el mandato del gobierno para establecer y monitorear políticas de nutrición y salud.

Nuevo gobierno, misma estrategia

El reciente cambio de gobierno es, al parecer, una continuación más de dicho esquema. Es sólo así que se explica que presenten un proyecto de ley que a claras cuentas expande e institucionaliza un rol prominente de la industria de alimentos y bebidas. El texto de la ley deja de lado el rol fundamental que brinda la constitución al MSP (de garantizar el derecho a la salud de la población). Dicho cambio puede conllevar una duplicidad de acciones, y una utilización deficiente del talento humano existente al no fortalecer el personal del MSP.

Además, la ley menciona explícitamente la promoción de beneficios fiscales a entidades privadas. El artículo 5 detalla  que se debe adoptar políticas fiscales tributarias, arancelarias y otras que incentiven al sector privado a generar acciones y aportes. En su conjunto, dicha propuesta tiene serias limitaciones en su articulación con principios establecidos en el marco legal existente, incluyendo la constitución de 2008, y otras leyes como las de soberanía alimentaria y de salud del Ecuador.

Desenredando los intereses corporativos

La creciente influencia de la industria de alimentos y bebidas ha llevado a entes como UNICEF a establecer lineamientos claros para limitar su rol. En el caso ecuatoriano, la cada vez más cercana colaboración entre la industria de alimentos y bebidas y el gobierno nacional plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la transparencia de las políticas destinadas a resolver la desnutrición crónica infantil. Es necesario implementar mecanismos que limiten la influencia de la industria en las políticas de nutrición y salud, y que a la vez mejoren la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas.

Existe un precedente en el marco legal actual que prohíbe a los accionistas de los bancos y los medios de comunicación poseer acciones en empresas de ambos sectores. Además, dicha ley restringe el intercambio de información y puertas giratorias entre las entidades públicas y el sector bancario; y dictamina que iniciativas de responsabilidad social no pueden utilizarse para promover su marca, productos o servicios. El pasado mes de Abril, una coalición de la sociedad civil logró que se derogue el decreto 645 (que desde el 2023 redujo impuestos a cigarrillos, licores, y bebidas azucaradas). Ambos precedentes legales pueden guiar el debate a la ley propuesta en la Asamblea Nacional, dirigidas a reducir la influencia de la industria de alimentos y bebidas en la política nacional de nutrición y salud.

Los peligros de la política exterior argentina bajo Javier Milei

Alberto Maresca
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Los peligros de la política exterior argentina bajo Javier Milei

En su reconocido trabajo sobre política exterior, David Baldwin señala que el conocimiento político (policy-relevant knowledge) es uno de los componentes, junto con la creatividad, más importantes a la hora de estudiar las relaciones internacionales. Mirando a la política exterior argentina bajo el presidente Javier Milei, resulta muy difícil encontrar algún ejemplo práctico de conocimiento político o competencia. Lo mismo puede decirse de la canciller Diana Mondino, la cual ha dado prueba de sus habilidades diplomáticas evidenciando supuestas analogías fisionómicas en la población china, después de visitar Pekín para abordar la difícil cuestión SWAP. Sin embargo, la política exterior en América Latina no suele ser objeto de una acción conjunta por parte del ejecutivo, ni mucho menos ofrece una concertación con los congresos nacionales, una característica de los sistemas presidencialistas latinoamericanos. En otras palabras, es el jefe de Estado quien diseña y actúa para el país en la arena global. 

Lejos de debatir los efectos negativos y positivos de dicha tradición, en el caso de Milei parece que su creatividad, impulsividad y personalísima ideología dirijan la política exterior de la Argentina. Si la diplomacia ha sido creada para evitar conflictos, promover la paz y beneficiar a los pueblos del mundo, Milei ha escogido otra ruta para la Argentina. Su creativa política exterior no se basa en hechos, datos o pragmatismo. Un ejemplo evidente es ofrecido por la compra de los 24 aviones daneses de combate F-16 para una nación que no corre peligros de guerras colindantes ni globales, pero que sobre todo encaja en una estrategia para agradar a los Estados Unidos y cumplir con el rol que Washington desde hace ciertos años desea para la Argentina. Es decir, en la disputa internacional entre Estados Unidos y China, la Argentina debería forjar un ejército entrenado por EEUU y el Reino Unido, limitando la influencia china. 

Resulta difícil entender cómo la ideología economicista de Milei y su libertarismo comercial puedan explicar la predilección armamentista a la hora de moverse en los escenarios internacionales. En todas las variantes liberales, sean ellas libertarias o neoliberales, los mandatarios suelen otorgar preeminencia a los negocios. Regionalmente, Marcos Robledo ya detectó este pragmatismo casi mercantilista en la política exterior del Chile neoliberal, donde, particularmente con Sebastián Piñera, el impulso empresarial primaba en las decisiones sobre política exterior, manteniendo un perfil bajo cuando era posible.

De abrazos e insultos

Por el contrario, la política exterior del gobierno Milei ha resultado ser reactiva y declarativa, en el sentido de que la burocracia diplomática ha tenido que operar reaccionando a las explícitas declaraciones del presidente. En vez de una definida agenda institucional o planeación de la acción exterior, son los abrazos (con Trump y los empresarios estadounidenses) y los insultos (a AMLO, Lula y Petro) en definir el destino de la Argentina actual en el mundo. De hecho, Alejandro Frenkel habla de una verdadera doctrina internacional de Milei, apegada a un confundido “occidentalismo”, subordinado a Estados Unidos e Israel (aparentemente parte de Occidente), que podría revelarse contraproducente para los intereses de la Argentina. La nueva Guerra Fría, una lectura del tablero geopolítico mundial compartida por Milei e internacionalistas, parece ser una desafortunada conformación anhelada por el mismo Milei, donde la Argentina sería “la nueva meca de Occidente”. 

El problema es que el Occidente elogiado por Milei no está corriendo en su misma dirección. Los propios Estados Unidos están tratando de amortiguar sus involucramientos en los conflictos de Gaza y Ucrania, plantean una reindustrialización forzosamente proteccionista, peculiarmente bajo una posible administración Trump, y la política exterior de Washington se ha entrelazado con derechos civiles y sociales. Por su parte, Milei defiende vigorosamente a Israel, tanto en palabras como en Naciones Unidas, y diferencia entre globalismo económico y sociopolítico, promoviendo el primero pero combatiendo el segundo.

Si en su comprensión de globalismo social incluye derechos reproductivos y sociales, pues la convivencia con el sector demócrata y buena parte del establishment norteamericano será imposible. En un momento de dilemático balance entre amenaza y quiete con China, Milei promueve apertura de bases militares y militarizaciones del Atlántico Sur que podrían no necesariamente configurar en voluntad de los Estados Unidos. El mapamundi mileísta se rehace al eurocentrismo medieval con inserción de Estados Unidos e Israel, pero olvida en lo absoluto a América Latina. 

De espaldas a la región

Aquellos procesos emancipadores que vienen atrayendo a la región, como pueden ser los BRICS y CELAC, no persuaden a Milei, que prefiere atarse a foros tradicionales, entre todos ellos Davos, que no han facilitado la realización de las necesidades globales de la Argentina. El componente latinoamericano ni siquiera se limita al vecindario: Milei mira al G7, el FMI y la OCDE, en lugar de reunirse con mandatarios latinoamericanos. Las espinosas cuestiones de Cuba y Venezuela ya han recibido un seco rechazo a cualquier forma de colaboración por parte de Milei, al contrario de AMLO, Lula, Petro y demás gobernantes.

Por otro lado, queda por ver si el bukelismo y el auge de la derecha en Chile, Ecuador y Paraguay puedan legitimar algún tipo de conservadurismo regional que empuje a Milei a jugar sus cartas latinoamericanas. En conclusión, uno de los peligros reales de la creativa política exterior de Milei es la exclusión de Argentina de un lugar privilegiado en el contexto político latinoamericano, con riesgos también para el ámbito económico-comercial. La falta de pragmatismo reduce la política exterior de Milei a interacciones dicotómicas, amigo-enemigo, que pueden conllevar consecuencias negativas a la ya precaria condición del país. En un Sur Global que apuesta a la multipolaridad, la Argentina corre el riesgo de quedarse en el embudo del estancamiento económico, la dependencia y la inflación, sin capacidad de diversificar su proyección internacional. 

La abierta subordinación a Washington no garantiza un favorecimiento en la compleja distribución de poderes del Congreso norteamericano, siendo además un interrogante el rumbo internacional del imperio estadounidense a partir de noviembre de 2024. Milei está rompiendo con una tradición pacifista, razonada y equilibrada de la política exterior argentina para proyectar su propia imagen en el mundo, y no la del país. Al parecer, seis meses han sido suficientes para implementar rápidamente estos cambios, pero en caso de fracaso, será imposible deshacerse de su creativa política exterior.

¿Qué es eso que la oposición no entiende que no entiende?

José Ramón Orrantia Cavazos
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¿Qué es eso que la oposición no entiende que no entiende?

El domingo 2 de junio, Morena tuvo una victoria aplastante en las urnas en las elecciones mexicanas. No solo ganó la presidencia con casi un 60% de votos a favor de Claudia Sheinbaum, sino también siete de las nueve entidades en competencia (entre ellas, la CDMX, en la que se recuperó terreno perdido en 2021), además de lograr sin problemas una mayoría calificada en la cámara de diputados —y en la de senadores casi se obtiene—. En definitiva, el triunfo de Morena le otorga un margen de maniobra amplio para desarrollar proyectos a diferentes niveles y para impulsar una serie de reformas que el presidente López Obrador no pudo llevar a cabo, a causa del cierre de filas de la oposición, que decidió votar en bloque en contra de las propuestas, incluso antes de que estas hubieran sido siquiera pensadas.

Los ideólogos de la oposición han salido a los medios de comunicación a proporcionar una serie de explicaciones ad hoc de su derrota. Las razones expuestas van desde la ridícula sospecha de un fraude electoral con inteligencia artificial cubana, pasando por la intervención del gobierno de López Obrador para favorecer a su candidata, hasta la culpabilización del “pueblo bueno” que, en su ignorancia y estulticia, decidió, en contra de “sus mejores intereses”, volver a ponerse las cadenas de las que una élite “ilustrada” los había liberado. Son principalmente estas últimas razones, cargadas de aporofobia y del clasismo racista mexicano, las que nos llevan a hacernos la pregunta que intitula esta columna: ¿qué es eso que la oposición no entiende que no entiende?

Para empezar, es necesario decir que es falso que el triunfo de Morena provenga del sector más pobre. Como se puede ver en un artículo del diario El País del 3 de junio, Claudia Sheinbaum obtiene un voto mayoritario entre los diferentes grupos de edad, entre hombres y mujeres, en los diferentes niveles de estudios (con excepción de educación superior, en que está en igualdad de circunstancias que Xóchitl Gálvez) y de ingresos, así como por situación laboral (con excepción de patrones o empleadores). ¿Qué sugiere esto? Que Sheinbaum (y Morena, en general) obtiene un mandato democrático mayoritario que la legítima entre los diferentes sectores sociales. Las explicaciones aporofóbicas y clasistas, entonces, no se logran sostener.

Para entender este aplastante triunfo, así, debemos tener en claro que Morena no solo es un partido político, sino que surge de un movimiento de formación y capacitación política de cuadros de acuerdo con un marco ideológico, el cual parte de la propuesta de un humanismo mexicano y de una República Amorosa fundada en el principio de justicia social y bienestar: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Con esto puede trazarse una diferencia respecto a otras elecciones pasadas (hasta cierto punto, incluso la de López Obrador): los procesos de transición “democrática” se producían a través de un voto en contra del oficialismo, como castigo por su mal desempeño o evidente pero impune corrupción. El triunfo de Claudia Sheinbaum (y de Morena), entonces, no es una reelección velada de López Obrador, sino un voto de confianza en un proyecto de nación con miras transexenales (un referéndum del proyecto, no de AMLO), con una base ideológica clara, coherente y en general congruente (con sus muy preocupantes excepciones chapulinescas).

Ahora, más allá de la consistencia ideológica del proyecto, al parecer la gente ha visto una mejoría sustantiva en su calidad de vida. Más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza en el sexenio de López Obrador, a pesar de las afectaciones de la pandemia de Covid-19, a consecuencia no solo de la ampliación y universalización de los programas sociales constitucionales (como la oposición ha sostenido, tachando a este gobierno de populista), sino también de: a) el aumento del salario mínimo a casi el doble, el triple en la frontera; b) la disminución histórica en las tasas de desempleo; c) los procesos de re-industrialización de México a través de lo que la oposición ha querido tachar de inútiles “obras faraónicas”, tendencia que corre en sentido contrario de las políticas neoliberales impuestas sobre países “en desarrollo”, a los cuales se les asigna una función subordinada y condicionada  por los procesos productivos de una determinada región económica en una economía-mundo; d) el aumento de la inversión extranjera directa y el fortalecimiento del peso desde 2019, que es la moneda que más se ha apreciado. Y, todo ello, mediante políticas públicas acordes con los principios de fortalecimiento de la soberanía nacional y el mercado interno, fieles a los estatutos del Movimiento de Regeneración Nacional.

La oposición, mientras tanto, sigue pensando en los votantes como consumidores de mercaderías políticas, permanecen atorados en un modelo de democracia elitista derivado de las teorías de Walter Lippmann o de Joseph Schumpeter, en donde se concibe a los ciudadanos como rebaño atolondrado, como masas irracionales, como consumidores de estilos de vida (a la manera de la mercadotecnia de Starbucks, de Nike, de Tommy Hilfiger o, en México, del aspiracionismo clasista de El Palacio de Hierro), manipulable mediante propaganda mediática y campañas de miedo, estrategias utilizadas en las elecciones (fraudulentas) de 2006 y que quisieron reditar tanto en 2018 como en esta campaña. De acuerdo con esta lógica, si el ciudadano es un consumidor de mercaderías políticas, lo que se requiere es solamente una buena campaña publicitaria. Se puede prescindir de un proyecto de nación explícito —el implícito lo conocemos: el regreso a las políticas neoliberales de privatización de servicios, desregulación de la economía y flexibilización del trabajo, condonación de impuestos a las grandes inversiones y políticas de austeridad en programas y servicios sociales— y de una fundamentación ideológica clara y pública (el vaivén de las propuestas de Xóchitl Gálvez, del centroizquierda a la derecha y del conservadurismo al progresismo buenaondita, es un síntoma claro).

Ahí está aquello que no entienden que no entienden, eso que los mantiene insultando al electorado, como si un ciudadano no pudiera saber si su condición de vida ha mejorado, como si no fuera capaz de ver las incongruencias y la falsedad. El desprecio al electorado es lo que tiene a la oposición en la lona sin poder aceptar su contundente derrota, incapaces también de reestructurarse. La oposición, en definitiva, es necesaria. Pero merecemos una oposición más digna y no esta camarilla que no es capaz de entender que, de alguna forma, ha ocurrido aquello que buscan los cuadros de Morena: la revolución de las conciencias del pueblo de México.

Presidencias tuteladas, entre el carisma y la legitimidad legal

Sebastián Godínez Rivera
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Presidencias tuteladas, entre el carisma y la legitimidad legal

El carisma es un rasgo individual de las personas que no puede ser traspasado ni heredado, ni siquiera de un presidente a su delfín. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que un contendiente puede ganar los comicios si es apoyado por un personaje más popular. De esta forma, el poder político puede quedar depositado en dos personas, lo que puede generar problemas de gobernabilidad.

Por un lado, quien ocupa la presidencia es depositario de la legitimidad legal y a esto se suma el respaldo popular al haber sido electo. Pero por otro lado se mantiene el liderazgos del antiguo líder que según diría Max Weber, se sustenta en el carisma, lo cual lo dota de una legitimidad que no emana de las urnas.

Esta situación, donde conviven dos liderazgos, tiende a la disputa ya que uno de los liderazgos tiende a elevarse sobre el otro. Si bien , para respetar el orden democrático debería predominar quien ha sido escogido por los votos, existen en América Latina, muchos ejemplos donde el jefe de estado y un personaje con capacidad de incidir en la toma de decisiones gubernamentales se ha traducido en polarización e ingobernabilidad.

Estos casos son recurrentes en la región. El más sonado ha sido la disputa entre el expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce, ambos militantes de MAS. Tras la crisis político-electoral de 2020, cuando Morales comenzó a organizar el partido Movimiento al Socialismo (MAS) a su alrededor, comenzaron también las críticas hacia su correligionario. A su vez, Arce inició una batalla de declaraciones y se fue posicionando en esta batalla interna que ha generado una gran inestabilidad política en el país

En Argentina surgió una situación semejante en el período de gobierno anterior entre el jefe del ejecutivo Alberto Fernández y la vicepresidencia ocupada por Cristina Fernández. La falta de carisma del primero y el fuerte liderazgo de la segunda evidenciaron, a pocos meses del nuevo gobierno, la duplicidad del poder  que terminó en una fractura total.

Mientras tanto, en Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, gobernó entre 2003 y 2011, y contó con un fuerte apoyo popular, cimentó el camino para dar paso a que el país tuviera su primera presidenta, Dilma Rousseff, quien le sucedió en el poder. Rousseff no es una persona particularmente carismática, sino que fue la marca política de Lula y los resultados del gobierno lo que le permitió alcanzar el poder. Empero, cuando estallaron las investigaciones por los casos Odebrecht y Lava Jato, la presidenta nombró a Lula ministro de la Casa Civil para protegerlo y luego, él, tomando en cuenta que podría lastimar la administración de Dilma, dimitió del cargo.

En la región andina, en Ecuador, Rafael Correa gobernó bajo la marca de la Revolución Ciudadana (2007-2017); su administración es el primer caso de lo que se denomina tecnopopulismo, personajes que tienen una retórica nacionalista y polarizadora pero que en el tema económico se apoyan en medidas de disciplina fiscal y perfiles técnicos.

Correa intentó un cuarto mandato, luego de que su partido Alianza-País aprobara un proyecto de reelección indefinida. Su aprobación generó polémica y, para evitar una crisis que mermara su imagen, optó por Lenin Moreno, su vicepresidente. Moreno ganó los comicios y rápidamente rompió con su antecesor, lo cual generó una disputa con el expresidente que terminó por dividir al partido. Este fue un factor determinante para la victoria de Guillermo Lasso en las siguientes elecciones.

Otro caso es Panamá. El expresidente Ricardo Martinelli buscaba la presidencia del país; sin embargo, una investigación por blanqueo de capitales y su asilo en Nicaragua le impidieron contender. Entonces un perfil cercano a él, José Raúl Mulino, fue fungido como su sustituto y ganó la presidencia. Si bien Mulino no contaba con un respaldo popular fuerte, al convertirse en el abanderado de Martinelli logró canalizar la simpatía. Tras la victoria de Mulino, la pregunta que surge es si el presidente logrará desmarcarse del expresidente o el poder quedará depositado en dos personas.

El caso más reciente es el de México, en el cual el partido Morena volvió a ganar la presidencia de la mano de Claudia Sheinbaum, que será la primera mujer en gobernar el país. López Obrador termina su administración con una aprobación del 60% y fue el motor de la campaña de Sheinbaum ya que la presidenta electa no tiene el arrastre ni la fuerza de López Obrador.

Ahora, la principal duda es si habrá una ruptura entre presidente y presidenta electa o si la marca AMLO será la depositaria del poder popular. La tensión ha escalado en estos días por la iniciativa de reforma judicial, la cual busca que los ministros y magistrados sean electos mediante voto popular, como el sistema boliviano. Mientras el ejecutivo pugna por que la reforma se apruebe en septiembre, a un mes de concluir su sexenio; la presidenta electa dice que habrá diálogo y análisis. Ambas posturas solo han provocado que el peso se deprecie.

Por lo tanto, se puede corroborar que las presidencias tuteladas generan generalmente conflictos por demostrar quien ostenta el poder. En algunos casos el sucesor termina rompiendo con su antecesor y desafía la figura de tutelaje que se creía preestablecida. En otros casos, se mantiene la presencia del líder carismático como marca del siguiente gobierno y continuidad del proyecto político y la figura del presidente sirve para viabilizar la victoria a través de los votos.

En conclusión, las presidencias tuteladas son un fenómeno que puede asociarse, aunque no siempre, al caudillismo o al populismo. Los líderes carismáticos tienden a sobrepasar sus gobiernos y se vuelven motores de proyectos políticos; mientras que quienes asumen el poder por la vía legal, pero que no cuentan con carisma propio, enfrentan el reto de crear un aura propia. Y en algunos casos mantener o romper los lazos con el proyecto original, lo cual puede generar disputas dentro del propio movimiento político.

HispanTV, la voz de Irán en América Latina

Sergio Castaño
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HispanTV, la voz de Irán en América Latina

El canal de televisión iraní HispanTV ha actuado como la voz de Irán para su audiencia en español desde que inició sus emisiones en el año 2012. La creación del medio se enmarcó en el programa de política exterior de Irán. Surgió a raíz de las sanciones que aislaron por completo al país, como consecuencia del desarrollo de su programa nuclear.

La búsqueda de alianzas

Para Irán, se presentaba muy complicada la tarea de encontrar nuevos aliados internacionales. Sin embargo, la relación previa con Venezuela llevó a entender que América Latina podría ser considerada una región idónea para aproximarse a nuevos países.

Salvo para Argentina, donde los atentados perpetrados por grupos terroristas chiíes contra intereses judíos en los 90 dejó una huella imborrable, Irán se presentaba como un país lejano sobre el que no se tenía mucha información en Latinoamérica. Además, la buena sintonía con el gobierno de Hugo Chávez facilitó que Irán pudiera extender una completa estrategia de poder blando en América Latina.

El desembarco en Latinoamérica cumplía un doble propósito. Por un lado, permitía a Irán conseguir nuevos apoyos internacionales. Por otro, ganar peso en una región en la que Estados Unidos mantenía una fuerte influencia. De esta forma, Irán conseguía presionar a su principal adversario en su mismo patio trasero.

Con este propósito, Irán estableció nuevas embajadas. A la vez, incrementó la actividad de las ya estaban presentes en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela o México. No obstante, la actividad diplomática y cultural no resultaba suficiente a través de sus embajadas para ganar simpatías en Latinoamérica.

Siguiendo la estrategia desplegada por otros países, como el canal ruso de noticias RT, el gobierno de Teherán creó HispanTV. A través de su propio canal de televisión en español, Irán despliega su narrativa y trata construir un relato destinado a personas de habla hispana.

Objetivos de HispanTV

Más allá de transmitir los valores de la cultura iraní y su posición con respecto a los acontecimientos internacionales, HispanTV se configura como una herramienta de influencia capaz de impulsar cambios políticos en América Latina y España.

El objetivo se centra en persuadir y conseguir que su particular visión e interpretación de la realidad internacional cale en diferentes foros. De este modo, el país busca influir en la opinión pública para que se incilne por sus propuestas políticas alternativas.

Desde que el presidente iraní Mahmud Ahmadineyah estrechó lazos con el gobierno venezolano de Chávez, el régimen iraní encontró una creciente aceptación entre los gobiernos latinoamericanos de izquierda. Por ello, uno de los propósitos de HispanTV es apoyar a los candidatos que defienden los postulados de la extrema izquierda en Latinoamérica. Busca ayudarles a ganar las elecciones y, con ello, encontrar gobiernos afines a sus intereses en el mayor número de países.

Para encontrar alianzas en América Latina, Irán debió desplegar una narrativa adaptada a las inquietudes que mueven a la izquierda bolivariana. Pero, los principios ideológicos que inspiran el funcionamiento de la República Islámica de Irán se encuentran en las antípodas de las propuestas de la izquierda en Latinoamérica. A pesar de ello, la política exterior iraní ha sabido potenciar los puntos que unen al régimen con los principios de la extrema izquierda. En este sentido, los mensajes emitidos por HispanTV se centran en una férrea posición contraria a los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos. Realiza una crítica permanente a las economías capitalistas y de mercado.

Tratamiento de la información

El accidente de helicóptero que acabó con la vida del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi en mayo de este año muestra la forma en la que HispanTV maneja la información. El canal se esforzó por presentar a su presidente como un mártir. A su vez, desde los estudios centrales en Teherán se intentó mostrar una respuesta internacional masiva en apoyo a Irán.

Se han podido leer titulares como: “Representantes de países extranjeros rinden homenaje a Raisi”, o “Eco mundial del funeral del presidente mártir y su comitiva”, “La embajada iraní en Caracas celebra una ceremonia en homenaje a Raisi”. Incluso, uno de los titulares plantea: “Caída de helicóptero presidencial iraní, ¿ataque o accidente?”.

Se podría pensar que el principal impacto internacional provocado por la muerte de Raisi es su papel de mártir por defender los valores contrarios al “imperio de occidente”. Así se le denomina desde Irán como desde los gobiernos bolivarianos. Con este tipo de mensaje se pone sobre la mesa la probable intencionalidad detrás del dramático accidente que provocó su muerte. El manejo de la información, en la mayoría de los casos, termina convirtiéndose en propaganda para favorecer los intereses de Irán en el mundo.

Sin embargo, dejando de lado el particular encuadre informativo iraní, los países de la comunidad internacional, que observan a Irán como una amenaza, deben analizar y prevenir las consecuencias de Irán en un contexto internacional de máxima tensión.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

El aporte obligatorio con el que se timó a un millón de peruanos

Ricardo Monzón Kcomt
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El aporte obligatorio con el que se timó a un millón de peruanos

Aquel jueves, Pedro, de 80 años se levantó con celeridad, no para iniciar su jornada de taxista, sino para acudir a las oficinas del Banco de la Nación donde cobraría, por primera vez, su aporte al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), al que contribuyó durante 12 años. El Fonavi, fue un fondo de aporte obligatorio para trabajadores y empleados creado por decreto ley en Perú durante la dictadura militar del 79 y que fue cancelado en 1998 durante la dictadura de Fujimori. A décadas del fin del fracasado proyecto, al fin el gobierno retribuiría todo lo que sus afiliados habían invertido. Sin embargo, tras ser atendido luego de una kilométrica fila de adultos mayores, Pedro recibió una paga 46 soles (US$12).

Según reportes periodísticos de la época, la iniciativa se gestó para dar acceso a viviendas sociales y el otorgamiento de créditos para la construcción de viviendas para la fuerza trabajadora con la intención de solucionar el déficit habitacional, ya que la demanda de vivienda superaba la oferta, producto de la creciente urbanización en las ciudades. El régimen de entonces, al mando del general Francisco Morales Bermúdez, estableció el sistema de aporte obligatorio destinado específicamente a la vivienda propia.

Aunque inicialmente se crearon unidades habitaciones que perduran hasta hoy, las asignadas a dedo, los créditos hipotecarios a personas con influencia política y los proyectos habitacionales incompletos, sumado a las numerosas denuncias de corrupción en el manejo del fondo provocaron el fin del proyecto.

Su desaparición dio paso al Fondo MiVivienda (Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda), que actualmente está bajo administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. Pero desde aquellos días, los aportantes del Fonavi, llamados coloquialmente como “fonavistas”, lucharon incansablemente para exigir la devolución del dinero aportado durante casi 20 años.

En 2010, tras un referéndum, la agrupación logró la aprobación de una ley que dispuso la devolución del dinero. La visibilidad del movimiento fue tal, que el grupo de ex aportantes consiguió la inscripción oficial de un partido político, Democracia Directa. Bajo el símbolo de una casa amarilla, desde el 2013 en adelante el partido participa de comicios presidenciales, congresales, regionales y municipales, pero no ha alcanzado obtener ningún cargo electo.

El pago, sin embargo, se fue retrasando por la falta de registros históricos para calcular los montos a devolver. Hasta que en octubre de 2022, cuando oficialmente finalizó la pandemia de COVID-19 en Perú, se instaló una comisión encargada de garantizar la devolución del dinero.

Un año más tarde, a finales de diciembre del 2023, se empezó a devolver el aporte pero en cantidades irrisorias debido a varios factores, uno de ellos referido a un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que determinó que el retorno debía provenir del Estado, pero también de las empresas empleadoras que recortaron el aporte obligatorio del salario de los trabajadores para destinarlo al Fonavi. Pero las empresas, o ya no existen o no se han hecho responsables.

Además, la norma que ordena la devolución de los aportes también señala que esta puede darse con “pagos a cuenta”, dejando abierta la posibilidad de que los propios aportantes acredite mayor tiempo de trabajo al estipulado para realizar el cálculo. En gran parte de los casos, sin embargo, esto resulta imposible por la inexistencia de registros. Además, en muchahos casos, ante los reclamos de las víctimas por el reconocimiento de los años trabajados, se les exige documentos en muchos casos inexistentes lo cual imposibilita los reclamos. Y como si fuera poco, a esto se suma la devaluación del monto por el cambio de moneda de Intis a Soles en junio de 1991. Por lo tanto, resulta imposible saber la cifra que obtendrá cada adulto mayor.

Lo que sí se sabe es que sumadas las contribuciones de todos los peruanos afiliados, el Estado recibió aproximadamente 3,000 millones de soles durante el cuarto de siglo en que estuvo activo el fondo. Y según el padrón del propio Fonavi, hasta diciembre del 2023 había un millón 200 mil ancianos registrados esperando el reintegro, lo que equivale a más del 3,5% del total de ciudadanos del Perú.

La comisión especial creada por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, órgano ejecutor del Gobierno, inició el jueves 25 de abril el pago del Grupo 1 de aportantes al Fonavi, que comprende a 153 mil personas. Los beneficiarios son personas con discapacidad, con enfermedades graves y terminales, y mayores de 80 años, allí estuvo Pedro. El Grupo 2, que incluye a 400 mil más, comenzará a recibir el pago a mediados de julio y beneficiará, entre otros, a los herederos de los fonavistas fallecidos.

¿Qué podría hacer estas personas con un ingreso como el de Pedro de unos 12 dólares? Para hacernos una idea, en la actualidad, la canasta básica familiar en el Perú para cuatro integrantes asciende a más de 1,660 soles, es decir poco más de 441 dólares, por lo que no podrán hacer mucho.

Este, sin embargo, es un problema más en un país donde solo poco más del 31% de la población está afiliada a un sistema de pensiones público o privado, ambos seriamente cuestionados por la desaceleración de la economía. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la pobreza afecta actualmente al 29% de la población.

Años de olvido, de letargo burocrático, de indolencia estatal culminan en la entrega de bonos irrisorios que literalmente no sirven para nada. ¿Cómo pedirle a ese millón de personas que crean en el Estado? ¿o a sus familiares, jóvenes votantes cuyos abuelos no ven el retorno de sus aportaciones?

Cuando en diciembre de 2023 se iniciaron los pagos, la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, señaló que su gestión “se encuentra comprometida” con las devoluciones, que son parte de un “legítimo reclamo”, y cuestionó que “varios Gobiernos destinaron esos recursos a otros fines”. Esperemos que estas no sean solo palabras y que esta vez los gobernantes atiendan la demanda de los adultos mayores que durante décadas aportaron al Fonavi. No hay derecho a socavar aún más el bolsillo de más de un millón de adultos mayores en Perú que, como Pedro, perdieron la esperanza de envejecer con una pensión digna.

México: el riesgo de la sobrerepresentación

Ernesto Hernández Norzagaray
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México: el riesgo de la sobrerepresentación

El triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Juntos hacemos historia”, vino inesperadamente acompañada de la noticia de que los partidos de la mencionada coalición podrían, sumados, tener la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas. Esto significaría que, al menos, en el próximo trienio, no habría contrapesos legislativos al poder presidencial.  

Esto provocó reacciones, un segmento de la oposición social posicionó en redes el hashtag #Megafraude con imágenes de errores e inconsistencias en las actas que no correspondían con el acta PREP y puso en duda los conteos rápidos. Mientras que la oposición política, aglutinada en la coalición “Fuerza y Corazón por México”, tras reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum, exigió la revisión de 80% de las actas, y no el 60% que ofrece el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar posibles errores e inconsistencias antes de llevar los resultados ante los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estos serán finalmente los encargados de procesar judicialmente los recursos iterpuestos.  

La política de revisión de “voto por voto, casilla por casilla” que se viene practicando desde los comicios de 2009 no ha provocado mayores modificaciones en los resultados electorales. Y dada la diferencia abrumadora de 30 puntos entre la candidata oficialista y la del frente opositor, es probable que el conteo no pase a mayores y se ratifiquen los resultados preliminares dados a conocer por el INE. 

Sin embargo, donde sí podría haber cambios es en el Congreso de la Unión, donde la coalición ganadora podría no alcanzar los 84 senadores requeridos para la mayoría calificada.  

¿Qué es la sobrerepresentación?

En la Constitución mexicana, se entiende por sobrerrepresentación, que un partido político obtenga, en función de determinados mecanismos electorales, un porcentaje de curules 8% superior al porcentaje de votos obtenidos. Además, la Constitución establece que ningún partido debe tener más de 300 de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los partidos de la coalición ganadora postularon candidatos comunes en muchos de los 300 distritos electorales y transfirieron votos de un partido a otro lo que es inconstitucional. Con esos votos se supera como coalición, y con mucho, el límite de los 300 diputados que, si vale para los partidos, vale para las coaliciones, como sucede en distintas disposiciones del artículo 41. Y es que la Constitución contempla la sobrerrepresentación, más no acumulada, como la que hoy intenta la coalición ganadora que alcanza un 18% y que haciendo justicia al principio de “un voto, un ciudadano” tendrían que ser redistribuidos entre las distintas bancadas. 

Ahora, sí la mayoría de los consejeros del INE, haciendo una lectura literal de la Constitución le dan trámite a favor, estarían desechando una interpretación sustantiva del espíritu de la Constitución expresado en el artículo 41.  

De ser así, deberán ser los magistrados del TEPJF quienes resuelvan el dilema entre proceder según el espíritu de la Constitución o según la gramaticalidad de la ley. Se trataría de una decisión histórica debido a lo que significaría para la separación de poderes, los contrapesos necesarios en toda democracia y la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos. 

Los riesgos de las sobrerepresentación

Si el próximo gobierno llegase a tener el control absoluto del Congreso de la Unión, se podría llegar a correr el riesgo de la consolidación de una visión autocrática del poder. Esto pondría fin a la pluralidad construida en la larga transición a la democracia, que dotó al país de controles al poder político. Y es que con las mayorías que contaría el nuevo gobierno, tendría todo para reescribir la Constitución y las leyes.  

Un país sin contrapesos no implica per se un régimen autoritario. Sin embargo, las 20 reformas constitucionales que AMLO a propuesto, entre ellas el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace suponer que de enviarse en septiembre al Congreso de la Unión y votarse con la nueva supermayoría, podría somenter el Poder Judicial al Ejecutivo como lo han hecho gobiernos autoritarios latinoamericanos. Para ello, sin embargo, López Obrador debería contar con el apoyo de Claudia Sheinbaum, quien ya ha adelantado al presidente saliente de la necesidad de abrir el debate en torno a las reformas propuestas.

Más allá de lo que termine decidiendo el oficialismo en torno a estas propuestas de refomas, los contrapesos son esenciales para fortalecer las instituciones y minimizar los riesgos del surgimiento de gobiernos autoritarios. Regímenes como el que ya vivió México durante el largo periodo priista que se mantuvo en el poder durante 71 años hasta que los ciudadanos le pusieron fin en el año 2000 con su voto.

El campo agónico de la política en México

Gerardo Camacho Solís
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El campo agónico de la política en México

La política es un campo de batalla: por los derechos, la justicia, la libertad, la igualdad, y sobre todo por el poder. Pero en el caso de México muchas de esas batallas también son de vida o muerte.

El sociólogo Pierre Bourdieu propuso una perspectiva para entender la sociedad que ha sido muy influyente, y que nos puede llevar a comprender mejor la situación agónica de la política en este país.

Para el francés, la sociedad está diferenciada en universos sociales relativamente independientes unos de otros, con sus propias reglas, prácticas y productos. Estos universos son resultado de luchas históricas: por la independencia, por ocupar una posición dentro de estos espacios, por reclamar los beneficios que ofrece cada ámbito, por reestructurar un campo contra fuerzas dominantes. 

Del campo político en México se pueden mencionar algunos ejemplos de aquellas luchas. Con el lema “Tierra y libertad”, Emiliano Zapata batalló por la justicia agraria y por la democratización de la nación. Con su traición y asesinato, el zapatismo pasó a simbolizar una lucha a muerte contra la oligarquía en defensa de la democracia, promoviendo un programa de acción política muy influyente que contemplaba ideas innovadoras como la revocación de mandato.

Otro caso es el de Hermila Galindo, quien luchó por la igualdad y los derechos políticos de las mujeres, llegando a ser la primera mujer en formar parte del Congreso, en 1952. Por su parte, María García Martínez pugnó por el reconocimiento constitucional de las mujeres como ciudadanas, haciendo posible su elección y con ello abriendo la posibilidad de que ocuparan una posición en el campo político. Y otras tantas, como Amalia González Caballero, Esther Chapa Tijerina y Benita Galeana, pelearon por el sufragio femenino.

Para mediados de los noventa, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también se opuso a la oligarquía, levantándose en armas contra el régimen neoliberal, al que oponían ideales de democratización. Exigían la realización de elecciones democráticas y el reconocimiento de la libertad y la autonomía de las comunidades indígenas, grupos agraviados que con el Tratado de Libre Comercio pasaban a ocupar una posición aún más vulnerable. 

Como puede verse, que la política en México es un campo de batalla se convierte en una sentencia literal. Situado como está el país en un proceso de cambios en la presidencia y en numerosos cargos públicos, desde hace décadas la principal batalla es contra el crimen organizado, cuya injerencia nos llevó a las campañas electorales más violentas en la historia del país. 

Por un lado, está la violencia políticoelectoral. En los últimos meses se han registrado a lo largo del país numerosos casos de violencia contra actores políticos. Las agresiones, asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas afectan no solo a candidatos sino a sus familias, a autoridades electas, a funcionarios públicos, a militantes de los partidos. Con dichos ataques, grupos de delincuencia organizada buscan tomar el control de las localidades. 

En diversos territorios de la nación la autonomía y la seguridad de los actores políticos no está garantizada, lo cual deriva en una situación crítica. El número de agresiones en contra de actores políticos es alarmante: solo unos cuantos han logrado evadir los ataques. Vuelve a tomar sentido, en un contexto diferente, la frase que Eulalio Gutiérrez proclamó hace más de cien años: “El paisaje mexicano huele a sangre”. 

Por otro lado, está la violencia de la que son víctimas los miembros de comunidades específicas ocupadas por grupos criminales. Las amenazas y los silenciamientos de militantes políticos actúan en detrimento de unas elecciones libres, además de que ponen en riesgo la vida de muchos. Esta situación imposibilita el funcionamiento adecuado del campo político en estos territorios, pues, si lo que se pretende son elecciones democráticas, esto difícilmente tiene lugar.

Lo que queda como lección de las batallas históricas es que los movimientos sociales, las luchas armadas y las luchas ideológicas pueden llegar a tener repercusiones cruciales, que trasforman o que vulneran el campo político. No hay que olvidar que la lucha por la autonomía, la independencia de acción, el derecho de admisión a un campo, es una lucha perpetua, y en este país ya es por la vida misma.

Bourdieu nos enseñó que los campos sociales están conformados de algo por lo que vale la pena luchar. En el campo político, vale la pena defender y garantizar la seguridad de los actores que lo integran, en particular frente a la intrusión de intereses criminales. En esta lucha, como diría hace un tiempo un miembro del EZLN, lo realmente importante es la base social, pues “el arma que temen no es el arma de fuego, sino el de la palabra”.

La seguridad turística integral, una necesidad tangible

Henry M. Rodríguez
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La seguridad turística integral, una necesidad tangible

Durante el Primer Coloquio Internacional de Seguridad Turística, celebrado recientemente en la capital mexicana, expertos en la materia coincidieron en que el fortalecimiento de la seguridad en las zonas turísticas es un pilar fundamental para el posicionamiento internacional de destinos como México. Para ello, es necesario apostar por la coordinación de esfuerzos entre prestadores de servicios turísticos, sector privado, municipios, estados y gobiernos.

Sin embargo, para los países latinoamericanos, con alto potencial turístico pero con retos complejos en materia de seguridad, este objetivo presenta desafíos significativos, pues las medidas que muchas veces se adoptan, como la militarización de las zonas turísticas, terminan generando un efecto contraproducente y alejando a los turistas.

La seguridad turística integral, en cambio, radica en adoptar medidas de gerencia pública y diseñar tanto políticas como estrategias que entiendan y aborden, específicamente, los delitos que afectan directamente tanto a los turistas como a los operadores turísticos y comerciantes. 

La importancia de la seguridad turística

Si bien el concepto de seguridad turística abarca diferentes enfoques en su análisis, una de las premisas es garantizar que el turista regresa a casa de manera segura y en las mejores condiciones para satisfacer plenamente su deseo de disfrutar y viajar por placer. Para comprender este concepto de manera integral, es necesario desglosar tanto el componente del turismo como el de seguridad asociada al mismo y las fases en que se desarrollan en el territorio.

Por un lado, la ONU Turismo (anterior OMT) entiende el turismo como una experiencia de viaje que busca ofrecer al turista momentos de disfrute y placer. Respecto a la seguridad, señala que implica garantizar un entorno libre de riesgos y amenazas que puedan afectar negativamente a la experiencia del viajero. La combinación de estos dos aspectos debe resultar en un enfoque de seguridad turística que esté centrado en la calidad del servicio que el turista demanda y que los destinos deben ofrecer.

Este enfoque plantea que la seguridad es el elemento esencial para garantizar experiencias positivas y satisfactorias para los turistas. Bajo esta perspectiva, la seguridad turística no solo implica la ausencia de riesgos sino también la creación de un ambiente acogedor y confiable que promueva la calidad y la excelencia en el servicio turístico. 

En otros términos, se trata de proteger “la vida, la salud e integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y la población local receptora”. Es decir, proporcionar condiciones óptimas que permitan tanto a los turistas como a los prestadores de servicios ejercer sus derechos y deberes de manera efectiva.  

En este sentido, el plan estratégico delineado por ONU Turismo brinda un marco integral para abordar los desafíos de seguridad turística, que contempla aspectos como la identificación y prevención de riesgos, la protección de turistas contra delitos y el establecimiento de medidas de seguridad en las instalaciones turísticas.

Es un tema que implica una alta responsabilidad. El Código Ético Mundial para el Turismo de la ONU afirma: “Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas y visitantes y de sus bienes. En ese cometido, prestarán especial atención a la seguridad de los turistas extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el establecimiento de medios de información, prevención, protección, seguro y asistencia específicos que correspondan a sus necesidades. Los atentados, agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores del sector turístico, así como la destrucción intencionada de instalaciones turísticas o de elementos del patrimonio cultural o natural, de conformidad con la legislación nacional respectiva deben condenarse y reprimirse con severidad”.

El garantizar un entorno seguro, por tanto, no solo genera una percepción de confianza que posiciona a la ciudad como un destino turístico seguro y confiable, sino que debe asumirse como una estrategia de largo aliento, que permita fomentar el desarrollo económico local y atraer a más viajeros al destino.

Entendiendo que la seguridad turística es un componente crítico para la consolidación y competitividad de la industria del turismo, países como Colombia y México han desarrollado sus Planes Estratégicos, que, en el papel, priorizan la coordinación y la implementación de medidas prácticas buscando asegurar la sostenibilidad de esta actividad económica. 

En el Coloquio Internacional de Seguridad Turística, el especialista en seguridad turística Manuel Flores Sonduk hizo énfasis en la necesidad de amalgamar a los prestadores de servicios turísticos con los municipios, los estados y el sector nacional para abordar los desafíos de seguridad que afectan tanto a los ciudadanos mexicanos como a los visitantes extranjeros.

Del mismo modo, resaltó la importancia de adoptar un modelo conjunto que se base en las mejores prácticas implementadas en otros destinos turísticos exitosos en todo el mundo. Este enfoque colaborativo sería fundamental para abordar los problemas de seguridad de manera efectiva y mejorar la percepción de seguridad entre los turistas.

Es un tema para prestarle atención, a sabiendas de que la percepción del riesgo es determinante en la selección de destinos por parte de los turistas, así como en la planificación y duración de sus viajes. 

La complejidad y el costo asociados con estas actividades requieren decisiones tácticas y estratégicas en la gestión de la seguridad del destino, como, por ejemplo, el contar con información relevante sobre las impresiones de los visitantes acerca de la seguridad del destino. Por lo tanto, además de establecer un sistema de seguridad eficaz, es esencial monitorear constantemente las percepciones de seguridad de los visitantes y abordar cualquier preocupación o amenaza que puedan tener. 

Al entender y abordar estas preocupaciones, es posible mitigar los efectos negativos en las visitas turísticas debido a los temores relacionados con la seguridad personal. De igual manera, actividades como mejorar los estándares de seguridad del destino y gestionar eficazmente la imagen y la marca del destino también contribuyen a este fin. 

Como en la actualidad el turismo se ha convertido en una actividad altamente competitiva, la seguridad turística adquiere una relevancia aún mayor, especialmente, en países latinoamericanos. Si bien el crecimiento de los viajes turísticos internacionales ha llevado a la implementación de estándares de seguridad más rigurosos, aún persisten amenazas, varias de ellas transnacionales, que tienden a generar efectos negativos a largo plazo en la industria del turismo. 

Los turistas, en efecto, ya no solo buscan destinos por su atractivo natural y cultural, sino que también priorizan su seguridad personal, y es fundamental que los destinos turísticos se comprometan con la implementación de medidas efectivas de seguridad, que promuevan la confianza de los visitantes a través de una gestión integral, colaborativa y atenta.

Este panorama, a su vez, destaca la necesidad de profundizar en las investigaciones sobre seguridad en el turismo, para desarrollar estrategias más efectivas que la militarización y apunten a la gestión integral de riesgos y seguridad en general, con acciones que garanticen experiencias seguras y satisfactorias para los turistas y los prestadores de servicios turísticos.

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