HispanTV, la voz de Irán en América Latina

Sergio Castaño
-
0
HispanTV, la voz de Irán en América Latina

El canal de televisión iraní HispanTV ha actuado como la voz de Irán para su audiencia en español desde que inició sus emisiones en el año 2012. La creación del medio se enmarcó en el programa de política exterior de Irán. Surgió a raíz de las sanciones que aislaron por completo al país, como consecuencia del desarrollo de su programa nuclear.

La búsqueda de alianzas

Para Irán, se presentaba muy complicada la tarea de encontrar nuevos aliados internacionales. Sin embargo, la relación previa con Venezuela llevó a entender que América Latina podría ser considerada una región idónea para aproximarse a nuevos países.

Salvo para Argentina, donde los atentados perpetrados por grupos terroristas chiíes contra intereses judíos en los 90 dejó una huella imborrable, Irán se presentaba como un país lejano sobre el que no se tenía mucha información en Latinoamérica. Además, la buena sintonía con el gobierno de Hugo Chávez facilitó que Irán pudiera extender una completa estrategia de poder blando en América Latina.

El desembarco en Latinoamérica cumplía un doble propósito. Por un lado, permitía a Irán conseguir nuevos apoyos internacionales. Por otro, ganar peso en una región en la que Estados Unidos mantenía una fuerte influencia. De esta forma, Irán conseguía presionar a su principal adversario en su mismo patio trasero.

Con este propósito, Irán estableció nuevas embajadas. A la vez, incrementó la actividad de las ya estaban presentes en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela o México. No obstante, la actividad diplomática y cultural no resultaba suficiente a través de sus embajadas para ganar simpatías en Latinoamérica.

Siguiendo la estrategia desplegada por otros países, como el canal ruso de noticias RT, el gobierno de Teherán creó HispanTV. A través de su propio canal de televisión en español, Irán despliega su narrativa y trata construir un relato destinado a personas de habla hispana.

Objetivos de HispanTV

Más allá de transmitir los valores de la cultura iraní y su posición con respecto a los acontecimientos internacionales, HispanTV se configura como una herramienta de influencia capaz de impulsar cambios políticos en América Latina y España.

El objetivo se centra en persuadir y conseguir que su particular visión e interpretación de la realidad internacional cale en diferentes foros. De este modo, el país busca influir en la opinión pública para que se incilne por sus propuestas políticas alternativas.

Desde que el presidente iraní Mahmud Ahmadineyah estrechó lazos con el gobierno venezolano de Chávez, el régimen iraní encontró una creciente aceptación entre los gobiernos latinoamericanos de izquierda. Por ello, uno de los propósitos de HispanTV es apoyar a los candidatos que defienden los postulados de la extrema izquierda en Latinoamérica. Busca ayudarles a ganar las elecciones y, con ello, encontrar gobiernos afines a sus intereses en el mayor número de países.

Para encontrar alianzas en América Latina, Irán debió desplegar una narrativa adaptada a las inquietudes que mueven a la izquierda bolivariana. Pero, los principios ideológicos que inspiran el funcionamiento de la República Islámica de Irán se encuentran en las antípodas de las propuestas de la izquierda en Latinoamérica. A pesar de ello, la política exterior iraní ha sabido potenciar los puntos que unen al régimen con los principios de la extrema izquierda. En este sentido, los mensajes emitidos por HispanTV se centran en una férrea posición contraria a los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos. Realiza una crítica permanente a las economías capitalistas y de mercado.

Tratamiento de la información

El accidente de helicóptero que acabó con la vida del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi en mayo de este año muestra la forma en la que HispanTV maneja la información. El canal se esforzó por presentar a su presidente como un mártir. A su vez, desde los estudios centrales en Teherán se intentó mostrar una respuesta internacional masiva en apoyo a Irán.

Se han podido leer titulares como: “Representantes de países extranjeros rinden homenaje a Raisi”, o “Eco mundial del funeral del presidente mártir y su comitiva”, “La embajada iraní en Caracas celebra una ceremonia en homenaje a Raisi”. Incluso, uno de los titulares plantea: “Caída de helicóptero presidencial iraní, ¿ataque o accidente?”.

Se podría pensar que el principal impacto internacional provocado por la muerte de Raisi es su papel de mártir por defender los valores contrarios al “imperio de occidente”. Así se le denomina desde Irán como desde los gobiernos bolivarianos. Con este tipo de mensaje se pone sobre la mesa la probable intencionalidad detrás del dramático accidente que provocó su muerte. El manejo de la información, en la mayoría de los casos, termina convirtiéndose en propaganda para favorecer los intereses de Irán en el mundo.

Sin embargo, dejando de lado el particular encuadre informativo iraní, los países de la comunidad internacional, que observan a Irán como una amenaza, deben analizar y prevenir las consecuencias de Irán en un contexto internacional de máxima tensión.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

El aporte obligatorio con el que se timó a un millón de peruanos

Ricardo Monzón Kcomt
-
0
El aporte obligatorio con el que se timó a un millón de peruanos

Aquel jueves, Pedro, de 80 años se levantó con celeridad, no para iniciar su jornada de taxista, sino para acudir a las oficinas del Banco de la Nación donde cobraría, por primera vez, su aporte al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), al que contribuyó durante 12 años. El Fonavi, fue un fondo de aporte obligatorio para trabajadores y empleados creado por decreto ley en Perú durante la dictadura militar del 79 y que fue cancelado en 1998 durante la dictadura de Fujimori. A décadas del fin del fracasado proyecto, al fin el gobierno retribuiría todo lo que sus afiliados habían invertido. Sin embargo, tras ser atendido luego de una kilométrica fila de adultos mayores, Pedro recibió una paga 46 soles (US$12).

Según reportes periodísticos de la época, la iniciativa se gestó para dar acceso a viviendas sociales y el otorgamiento de créditos para la construcción de viviendas para la fuerza trabajadora con la intención de solucionar el déficit habitacional, ya que la demanda de vivienda superaba la oferta, producto de la creciente urbanización en las ciudades. El régimen de entonces, al mando del general Francisco Morales Bermúdez, estableció el sistema de aporte obligatorio destinado específicamente a la vivienda propia.

Aunque inicialmente se crearon unidades habitaciones que perduran hasta hoy, las asignadas a dedo, los créditos hipotecarios a personas con influencia política y los proyectos habitacionales incompletos, sumado a las numerosas denuncias de corrupción en el manejo del fondo provocaron el fin del proyecto.

Su desaparición dio paso al Fondo MiVivienda (Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda), que actualmente está bajo administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. Pero desde aquellos días, los aportantes del Fonavi, llamados coloquialmente como “fonavistas”, lucharon incansablemente para exigir la devolución del dinero aportado durante casi 20 años.

En 2010, tras un referéndum, la agrupación logró la aprobación de una ley que dispuso la devolución del dinero. La visibilidad del movimiento fue tal, que el grupo de ex aportantes consiguió la inscripción oficial de un partido político, Democracia Directa. Bajo el símbolo de una casa amarilla, desde el 2013 en adelante el partido participa de comicios presidenciales, congresales, regionales y municipales, pero no ha alcanzado obtener ningún cargo electo.

El pago, sin embargo, se fue retrasando por la falta de registros históricos para calcular los montos a devolver. Hasta que en octubre de 2022, cuando oficialmente finalizó la pandemia de COVID-19 en Perú, se instaló una comisión encargada de garantizar la devolución del dinero.

Un año más tarde, a finales de diciembre del 2023, se empezó a devolver el aporte pero en cantidades irrisorias debido a varios factores, uno de ellos referido a un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que determinó que el retorno debía provenir del Estado, pero también de las empresas empleadoras que recortaron el aporte obligatorio del salario de los trabajadores para destinarlo al Fonavi. Pero las empresas, o ya no existen o no se han hecho responsables.

Además, la norma que ordena la devolución de los aportes también señala que esta puede darse con “pagos a cuenta”, dejando abierta la posibilidad de que los propios aportantes acredite mayor tiempo de trabajo al estipulado para realizar el cálculo. En gran parte de los casos, sin embargo, esto resulta imposible por la inexistencia de registros. Además, en muchahos casos, ante los reclamos de las víctimas por el reconocimiento de los años trabajados, se les exige documentos en muchos casos inexistentes lo cual imposibilita los reclamos. Y como si fuera poco, a esto se suma la devaluación del monto por el cambio de moneda de Intis a Soles en junio de 1991. Por lo tanto, resulta imposible saber la cifra que obtendrá cada adulto mayor.

Lo que sí se sabe es que sumadas las contribuciones de todos los peruanos afiliados, el Estado recibió aproximadamente 3,000 millones de soles durante el cuarto de siglo en que estuvo activo el fondo. Y según el padrón del propio Fonavi, hasta diciembre del 2023 había un millón 200 mil ancianos registrados esperando el reintegro, lo que equivale a más del 3,5% del total de ciudadanos del Perú.

La comisión especial creada por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, órgano ejecutor del Gobierno, inició el jueves 25 de abril el pago del Grupo 1 de aportantes al Fonavi, que comprende a 153 mil personas. Los beneficiarios son personas con discapacidad, con enfermedades graves y terminales, y mayores de 80 años, allí estuvo Pedro. El Grupo 2, que incluye a 400 mil más, comenzará a recibir el pago a mediados de julio y beneficiará, entre otros, a los herederos de los fonavistas fallecidos.

¿Qué podría hacer estas personas con un ingreso como el de Pedro de unos 12 dólares? Para hacernos una idea, en la actualidad, la canasta básica familiar en el Perú para cuatro integrantes asciende a más de 1,660 soles, es decir poco más de 441 dólares, por lo que no podrán hacer mucho.

Este, sin embargo, es un problema más en un país donde solo poco más del 31% de la población está afiliada a un sistema de pensiones público o privado, ambos seriamente cuestionados por la desaceleración de la economía. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la pobreza afecta actualmente al 29% de la población.

Años de olvido, de letargo burocrático, de indolencia estatal culminan en la entrega de bonos irrisorios que literalmente no sirven para nada. ¿Cómo pedirle a ese millón de personas que crean en el Estado? ¿o a sus familiares, jóvenes votantes cuyos abuelos no ven el retorno de sus aportaciones?

Cuando en diciembre de 2023 se iniciaron los pagos, la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, señaló que su gestión “se encuentra comprometida” con las devoluciones, que son parte de un “legítimo reclamo”, y cuestionó que “varios Gobiernos destinaron esos recursos a otros fines”. Esperemos que estas no sean solo palabras y que esta vez los gobernantes atiendan la demanda de los adultos mayores que durante décadas aportaron al Fonavi. No hay derecho a socavar aún más el bolsillo de más de un millón de adultos mayores en Perú que, como Pedro, perdieron la esperanza de envejecer con una pensión digna.

México: el riesgo de la sobrerepresentación

Ernesto Hernández Norzagaray
-
0
México: el riesgo de la sobrerepresentación

El triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Juntos hacemos historia”, vino inesperadamente acompañada de la noticia de que los partidos de la mencionada coalición podrían, sumados, tener la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas. Esto significaría que, al menos, en el próximo trienio, no habría contrapesos legislativos al poder presidencial.  

Esto provocó reacciones, un segmento de la oposición social posicionó en redes el hashtag #Megafraude con imágenes de errores e inconsistencias en las actas que no correspondían con el acta PREP y puso en duda los conteos rápidos. Mientras que la oposición política, aglutinada en la coalición “Fuerza y Corazón por México”, tras reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum, exigió la revisión de 80% de las actas, y no el 60% que ofrece el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar posibles errores e inconsistencias antes de llevar los resultados ante los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estos serán finalmente los encargados de procesar judicialmente los recursos iterpuestos.  

La política de revisión de “voto por voto, casilla por casilla” que se viene practicando desde los comicios de 2009 no ha provocado mayores modificaciones en los resultados electorales. Y dada la diferencia abrumadora de 30 puntos entre la candidata oficialista y la del frente opositor, es probable que el conteo no pase a mayores y se ratifiquen los resultados preliminares dados a conocer por el INE. 

Sin embargo, donde sí podría haber cambios es en el Congreso de la Unión, donde la coalición ganadora podría no alcanzar los 84 senadores requeridos para la mayoría calificada.  

¿Qué es la sobrerepresentación?

En la Constitución mexicana, se entiende por sobrerrepresentación, que un partido político obtenga, en función de determinados mecanismos electorales, un porcentaje de curules 8% superior al porcentaje de votos obtenidos. Además, la Constitución establece que ningún partido debe tener más de 300 de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los partidos de la coalición ganadora postularon candidatos comunes en muchos de los 300 distritos electorales y transfirieron votos de un partido a otro lo que es inconstitucional. Con esos votos se supera como coalición, y con mucho, el límite de los 300 diputados que, si vale para los partidos, vale para las coaliciones, como sucede en distintas disposiciones del artículo 41. Y es que la Constitución contempla la sobrerrepresentación, más no acumulada, como la que hoy intenta la coalición ganadora que alcanza un 18% y que haciendo justicia al principio de “un voto, un ciudadano” tendrían que ser redistribuidos entre las distintas bancadas. 

Ahora, sí la mayoría de los consejeros del INE, haciendo una lectura literal de la Constitución le dan trámite a favor, estarían desechando una interpretación sustantiva del espíritu de la Constitución expresado en el artículo 41.  

De ser así, deberán ser los magistrados del TEPJF quienes resuelvan el dilema entre proceder según el espíritu de la Constitución o según la gramaticalidad de la ley. Se trataría de una decisión histórica debido a lo que significaría para la separación de poderes, los contrapesos necesarios en toda democracia y la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos. 

Los riesgos de las sobrerepresentación

Si el próximo gobierno llegase a tener el control absoluto del Congreso de la Unión, se podría llegar a correr el riesgo de la consolidación de una visión autocrática del poder. Esto pondría fin a la pluralidad construida en la larga transición a la democracia, que dotó al país de controles al poder político. Y es que con las mayorías que contaría el nuevo gobierno, tendría todo para reescribir la Constitución y las leyes.  

Un país sin contrapesos no implica per se un régimen autoritario. Sin embargo, las 20 reformas constitucionales que AMLO a propuesto, entre ellas el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace suponer que de enviarse en septiembre al Congreso de la Unión y votarse con la nueva supermayoría, podría somenter el Poder Judicial al Ejecutivo como lo han hecho gobiernos autoritarios latinoamericanos. Para ello, sin embargo, López Obrador debería contar con el apoyo de Claudia Sheinbaum, quien ya ha adelantado al presidente saliente de la necesidad de abrir el debate en torno a las reformas propuestas.

Más allá de lo que termine decidiendo el oficialismo en torno a estas propuestas de refomas, los contrapesos son esenciales para fortalecer las instituciones y minimizar los riesgos del surgimiento de gobiernos autoritarios. Regímenes como el que ya vivió México durante el largo periodo priista que se mantuvo en el poder durante 71 años hasta que los ciudadanos le pusieron fin en el año 2000 con su voto.

El campo agónico de la política en México

Gerardo Camacho Solís
-
0
El campo agónico de la política en México

La política es un campo de batalla: por los derechos, la justicia, la libertad, la igualdad, y sobre todo por el poder. Pero en el caso de México muchas de esas batallas también son de vida o muerte.

El sociólogo Pierre Bourdieu propuso una perspectiva para entender la sociedad que ha sido muy influyente, y que nos puede llevar a comprender mejor la situación agónica de la política en este país.

Para el francés, la sociedad está diferenciada en universos sociales relativamente independientes unos de otros, con sus propias reglas, prácticas y productos. Estos universos son resultado de luchas históricas: por la independencia, por ocupar una posición dentro de estos espacios, por reclamar los beneficios que ofrece cada ámbito, por reestructurar un campo contra fuerzas dominantes. 

Del campo político en México se pueden mencionar algunos ejemplos de aquellas luchas. Con el lema “Tierra y libertad”, Emiliano Zapata batalló por la justicia agraria y por la democratización de la nación. Con su traición y asesinato, el zapatismo pasó a simbolizar una lucha a muerte contra la oligarquía en defensa de la democracia, promoviendo un programa de acción política muy influyente que contemplaba ideas innovadoras como la revocación de mandato.

Otro caso es el de Hermila Galindo, quien luchó por la igualdad y los derechos políticos de las mujeres, llegando a ser la primera mujer en formar parte del Congreso, en 1952. Por su parte, María García Martínez pugnó por el reconocimiento constitucional de las mujeres como ciudadanas, haciendo posible su elección y con ello abriendo la posibilidad de que ocuparan una posición en el campo político. Y otras tantas, como Amalia González Caballero, Esther Chapa Tijerina y Benita Galeana, pelearon por el sufragio femenino.

Para mediados de los noventa, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también se opuso a la oligarquía, levantándose en armas contra el régimen neoliberal, al que oponían ideales de democratización. Exigían la realización de elecciones democráticas y el reconocimiento de la libertad y la autonomía de las comunidades indígenas, grupos agraviados que con el Tratado de Libre Comercio pasaban a ocupar una posición aún más vulnerable. 

Como puede verse, que la política en México es un campo de batalla se convierte en una sentencia literal. Situado como está el país en un proceso de cambios en la presidencia y en numerosos cargos públicos, desde hace décadas la principal batalla es contra el crimen organizado, cuya injerencia nos llevó a las campañas electorales más violentas en la historia del país. 

Por un lado, está la violencia políticoelectoral. En los últimos meses se han registrado a lo largo del país numerosos casos de violencia contra actores políticos. Las agresiones, asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas afectan no solo a candidatos sino a sus familias, a autoridades electas, a funcionarios públicos, a militantes de los partidos. Con dichos ataques, grupos de delincuencia organizada buscan tomar el control de las localidades. 

En diversos territorios de la nación la autonomía y la seguridad de los actores políticos no está garantizada, lo cual deriva en una situación crítica. El número de agresiones en contra de actores políticos es alarmante: solo unos cuantos han logrado evadir los ataques. Vuelve a tomar sentido, en un contexto diferente, la frase que Eulalio Gutiérrez proclamó hace más de cien años: “El paisaje mexicano huele a sangre”. 

Por otro lado, está la violencia de la que son víctimas los miembros de comunidades específicas ocupadas por grupos criminales. Las amenazas y los silenciamientos de militantes políticos actúan en detrimento de unas elecciones libres, además de que ponen en riesgo la vida de muchos. Esta situación imposibilita el funcionamiento adecuado del campo político en estos territorios, pues, si lo que se pretende son elecciones democráticas, esto difícilmente tiene lugar.

Lo que queda como lección de las batallas históricas es que los movimientos sociales, las luchas armadas y las luchas ideológicas pueden llegar a tener repercusiones cruciales, que trasforman o que vulneran el campo político. No hay que olvidar que la lucha por la autonomía, la independencia de acción, el derecho de admisión a un campo, es una lucha perpetua, y en este país ya es por la vida misma.

Bourdieu nos enseñó que los campos sociales están conformados de algo por lo que vale la pena luchar. En el campo político, vale la pena defender y garantizar la seguridad de los actores que lo integran, en particular frente a la intrusión de intereses criminales. En esta lucha, como diría hace un tiempo un miembro del EZLN, lo realmente importante es la base social, pues “el arma que temen no es el arma de fuego, sino el de la palabra”.

La seguridad turística integral, una necesidad tangible

Henry M. Rodríguez
-
0
La seguridad turística integral, una necesidad tangible

Durante el Primer Coloquio Internacional de Seguridad Turística, celebrado recientemente en la capital mexicana, expertos en la materia coincidieron en que el fortalecimiento de la seguridad en las zonas turísticas es un pilar fundamental para el posicionamiento internacional de destinos como México. Para ello, es necesario apostar por la coordinación de esfuerzos entre prestadores de servicios turísticos, sector privado, municipios, estados y gobiernos.

Sin embargo, para los países latinoamericanos, con alto potencial turístico pero con retos complejos en materia de seguridad, este objetivo presenta desafíos significativos, pues las medidas que muchas veces se adoptan, como la militarización de las zonas turísticas, terminan generando un efecto contraproducente y alejando a los turistas.

La seguridad turística integral, en cambio, radica en adoptar medidas de gerencia pública y diseñar tanto políticas como estrategias que entiendan y aborden, específicamente, los delitos que afectan directamente tanto a los turistas como a los operadores turísticos y comerciantes. 

La importancia de la seguridad turística

Si bien el concepto de seguridad turística abarca diferentes enfoques en su análisis, una de las premisas es garantizar que el turista regresa a casa de manera segura y en las mejores condiciones para satisfacer plenamente su deseo de disfrutar y viajar por placer. Para comprender este concepto de manera integral, es necesario desglosar tanto el componente del turismo como el de seguridad asociada al mismo y las fases en que se desarrollan en el territorio.

Por un lado, la ONU Turismo (anterior OMT) entiende el turismo como una experiencia de viaje que busca ofrecer al turista momentos de disfrute y placer. Respecto a la seguridad, señala que implica garantizar un entorno libre de riesgos y amenazas que puedan afectar negativamente a la experiencia del viajero. La combinación de estos dos aspectos debe resultar en un enfoque de seguridad turística que esté centrado en la calidad del servicio que el turista demanda y que los destinos deben ofrecer.

Este enfoque plantea que la seguridad es el elemento esencial para garantizar experiencias positivas y satisfactorias para los turistas. Bajo esta perspectiva, la seguridad turística no solo implica la ausencia de riesgos sino también la creación de un ambiente acogedor y confiable que promueva la calidad y la excelencia en el servicio turístico. 

En otros términos, se trata de proteger “la vida, la salud e integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y la población local receptora”. Es decir, proporcionar condiciones óptimas que permitan tanto a los turistas como a los prestadores de servicios ejercer sus derechos y deberes de manera efectiva.  

En este sentido, el plan estratégico delineado por ONU Turismo brinda un marco integral para abordar los desafíos de seguridad turística, que contempla aspectos como la identificación y prevención de riesgos, la protección de turistas contra delitos y el establecimiento de medidas de seguridad en las instalaciones turísticas.

Es un tema que implica una alta responsabilidad. El Código Ético Mundial para el Turismo de la ONU afirma: “Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas y visitantes y de sus bienes. En ese cometido, prestarán especial atención a la seguridad de los turistas extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el establecimiento de medios de información, prevención, protección, seguro y asistencia específicos que correspondan a sus necesidades. Los atentados, agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores del sector turístico, así como la destrucción intencionada de instalaciones turísticas o de elementos del patrimonio cultural o natural, de conformidad con la legislación nacional respectiva deben condenarse y reprimirse con severidad”.

El garantizar un entorno seguro, por tanto, no solo genera una percepción de confianza que posiciona a la ciudad como un destino turístico seguro y confiable, sino que debe asumirse como una estrategia de largo aliento, que permita fomentar el desarrollo económico local y atraer a más viajeros al destino.

Entendiendo que la seguridad turística es un componente crítico para la consolidación y competitividad de la industria del turismo, países como Colombia y México han desarrollado sus Planes Estratégicos, que, en el papel, priorizan la coordinación y la implementación de medidas prácticas buscando asegurar la sostenibilidad de esta actividad económica. 

En el Coloquio Internacional de Seguridad Turística, el especialista en seguridad turística Manuel Flores Sonduk hizo énfasis en la necesidad de amalgamar a los prestadores de servicios turísticos con los municipios, los estados y el sector nacional para abordar los desafíos de seguridad que afectan tanto a los ciudadanos mexicanos como a los visitantes extranjeros.

Del mismo modo, resaltó la importancia de adoptar un modelo conjunto que se base en las mejores prácticas implementadas en otros destinos turísticos exitosos en todo el mundo. Este enfoque colaborativo sería fundamental para abordar los problemas de seguridad de manera efectiva y mejorar la percepción de seguridad entre los turistas.

Es un tema para prestarle atención, a sabiendas de que la percepción del riesgo es determinante en la selección de destinos por parte de los turistas, así como en la planificación y duración de sus viajes. 

La complejidad y el costo asociados con estas actividades requieren decisiones tácticas y estratégicas en la gestión de la seguridad del destino, como, por ejemplo, el contar con información relevante sobre las impresiones de los visitantes acerca de la seguridad del destino. Por lo tanto, además de establecer un sistema de seguridad eficaz, es esencial monitorear constantemente las percepciones de seguridad de los visitantes y abordar cualquier preocupación o amenaza que puedan tener. 

Al entender y abordar estas preocupaciones, es posible mitigar los efectos negativos en las visitas turísticas debido a los temores relacionados con la seguridad personal. De igual manera, actividades como mejorar los estándares de seguridad del destino y gestionar eficazmente la imagen y la marca del destino también contribuyen a este fin. 

Como en la actualidad el turismo se ha convertido en una actividad altamente competitiva, la seguridad turística adquiere una relevancia aún mayor, especialmente, en países latinoamericanos. Si bien el crecimiento de los viajes turísticos internacionales ha llevado a la implementación de estándares de seguridad más rigurosos, aún persisten amenazas, varias de ellas transnacionales, que tienden a generar efectos negativos a largo plazo en la industria del turismo. 

Los turistas, en efecto, ya no solo buscan destinos por su atractivo natural y cultural, sino que también priorizan su seguridad personal, y es fundamental que los destinos turísticos se comprometan con la implementación de medidas efectivas de seguridad, que promuevan la confianza de los visitantes a través de una gestión integral, colaborativa y atenta.

Este panorama, a su vez, destaca la necesidad de profundizar en las investigaciones sobre seguridad en el turismo, para desarrollar estrategias más efectivas que la militarización y apunten a la gestión integral de riesgos y seguridad en general, con acciones que garanticen experiencias seguras y satisfactorias para los turistas y los prestadores de servicios turísticos.

El tren Panamá-David: la resurrección de una historia de geopolítica y capitalismo global

Carlos A. Gordón B.
-
0
El tren Panamá-David: la resurrección de una historia de geopolítica y capitalismo global

La elección del nuevo gobierno en Panamá, el pasado 5 de mayo, ha revitalizado las expectativas sobre la construcción de un ferrocarril que conecte la capital con David, el tercer mayor centro urbano del país, 450 kilómetros al oeste. La historia del ferrocarril transístmico, operativo desde 1855, es una referencia que proporciona algunas claves sobre los desafíos, implicaciones e intereses de este controvertido proyecto, crucial para el futuro de la nación.

Para las élites latinoamericanas en el siglo XIX e inicios del XX, los ferrocarriles simbolizaban progreso y modernización. Estas élites veían en el ferrocarril una herramienta clave para superar el atraso, mejorar comunicaciones y transporte, e integrar territorios aislados, fomentando la unidad nacional. A mediados del siglo XIX, la construcción del ferrocarril transístmico en el Istmo, entonces parte de la Gran Colombia, ofreció renovar la función transitista, herencia de la colonia, y conectarla a los nuevos flujos comerciales, especialmente con la emergente potencia, los Estados Unidos.

Después de varios intentos fallidos por parte de inversionistas europeos y norteamericanos, el 28 de diciembre de 1848 John Stephens, William Aspinwall y Henry Chauncey firmaron un contrato con el gobierno colombiano, representado por Pedro Alcántara Herrán, para construir el ferrocarril transístmico, fundando la Panama Railroad Company. Según el historiador de la Universidad Externado de Colombia, Juan Santiago Correa, este ferrocarril fue el único construido con el expreso propósito de conectar los océanos, que no conectaba centros de producción locales con mercados internacionales, ser financiado con capital extranjero y lograr una alta rentabilidad mientras mantuvo el monopolio en trayectos intercontinentales.

El ferrocarril fue una pieza fundamental en los esfuerzos francés y norteamericano por construir el Canal de Panamá, a finales del siglo XIX e inicios del XX. Con la construcción del Canal los norteamericanos lo reconstruirían con un nuevo trazado y maquinarias. El ferrocarril operaría durante todo el período en el que existió la Zona del Canal. El ferrocarril pasaría nuevamente a manos panameñas con la entrada en vigor del Tratado Torrijos-Carter en 1979.

La privatización del ferrocarril transístmico

Con el traspaso a manos panameñas el ferrocarril entraría en un estado de abandono hasta su privatización. Una concesión fue otorgada a la Panama Canal Railway Company mediante la aprobación del Contrato-Ley 15 de 17 de febrero de 1998, la cual daba los derechos exclusivos sobre la construcción y operación del Ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales. 

La concesión fue otorgada por 25 años, prorrogables por otros 25 años más, “siempre y cuando la Compañía haya cumplido con los términos del presente contrato”. Entre otras obligaciones, la concesión establece que la compañía debe realizar el pago del 10% de la entrada bruta de todas las fuentes de ingreso de la operación del ferrocarril.

En la actualidad, la Panama Canal Railway es parte de un consorcio conformado por Mi-Jacks Products y Canadian Pacific Railway Limited, que en septiembre de 2021 adquirió la operación completa de la Kansas City Southern, una de las dos empresas que originalmente había obtenido del gobierno de Panamá la concesión del ferrocarril transístmico en 1998. Con esta adquisición, la Canadian Pacific Railway Limited se hace con la operación de ferrocarriles en Canadá, Estados Unidos, México y Panamá.

A través de los 25 primeros años de la concesión de la Panama Canal Railways —que finalizaron en febrero de 2023—, la operación resultó altamente rentable. De acuerdo con declaraciones brindadas por Thomas Kena, presidente y director general de la compañía en 2015, para esa fecha el ferrocarril había ampliado su capacidad original de 400.000 a 800.000 contenedores anuales, preparándose en aquel momento para la construcción de un nuevo puerto en la entrada Pacífico del Canal, que finalmente no llegó a realizarse.

La sequía originada por el fenómeno de El Niño ha puesto de relieve la importancia del ferrocarril transístmico para la operación del Canal de Panamá. Con las restricciones de calado impuestas por la Autoridad del Canal desde mayo de 2023 para mitigar el impacto de la sequía, los operadores navieros como Maersk decidieron movilizar parte de su carga desde las terminales portuarias en ambos extremos del Canal utilizando el ferrocarril. Martes Financiero, un diario de Panamá, reportaba en abril de este año que, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, se habrían movilizado de esta forma más de 600.000 TEU mensuales por este medio.

El nuevo tren: un cambio en la estructura regional y económica

Lo poco que se sabe sobre la construcción del ferrocarril de Panamá a David proviene de publicaciones en medios sobre los estudios de factibilidad realizados por China Railway Design Corporation, y entregados al gobierno de Panamá en 2019. En aquel momento el estudio planteaba la construcción de una línea de tren para pasajeros y carga con 21 paradas y un tramo de 391,3 kilómetros de longitud, a un costo estimado de US 4 billones de dólares y una duración de 6 años.

Existe una diversidad de preguntas aún sobre el alcance, características, visión e impacto esperado sobre la estructura económica, logística, urbana y ambiental del proyecto. Por ejemplo, solo su trazado representa un reto debido a la necesidad de negociar la adquisición de los derechos de vía necesarios y la gestión de las indemnizaciones correspondientes. 

Uno de los actores involucrados podría ser la Panama Canal Railways, que, según la concesión de 1998, tiene prioridad para construir ramales adicionales dentro de un área de 30 kilómetros del actual ferrocarril transístmico, lo que podría obligar al gobierno entrante a entablar negociaciones si la concesión con esta compañía permanece vigente o la empresa decide reclamar este derecho.

El ferrocarril fue una pieza clave del expansionismo norteamericano durante el siglo XIX, tanto para la consolidación de su territorio como para el control de la cuenca del Caribe, pieza clave en la implementación de la Doctrina Monroe. Un siglo después, la construcción del ferrocarril Panamá-David se enmarca en una situación similar en la que China busca consolidar su estrategia expansionista en Latinoamérica —bautizada como Cinturón y la Ruta de la Seda— a través de la realización de inversiones en infraestructura como el propuesto tren.

El nuevo ferrocarril este-oeste desafía también la estructura económica de Panamá, tradicionalmente centrada en la ruta transístmica (79% del PIB) y en los servicios (67% del PIB). El país enfrenta una decisión crucial: continuar con su modelo de desarrollo actual, basado en “la plataforma de servicios” radicada en las ciudades terminales de Panamá y Colón, o diversificar y fortalecer sectores como el agropecuario, industrial e inclusive el turístico, históricamente relegados. De la resolución de este dilema dependerá en gran medida el éxito del tren propuesto, y de la economía del país en general.

El modelo cepalino toma Washington  

Ottón Solís
-
0
El modelo cepalino toma Washington  

En los años 50 la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), cuestionó, a partir de investigaciones de, entre otros, Raúl Prebisch, Hans Singer y Celso Furtado, la conveniencia de anclar la participación en el comercio internacional a partir de la teoría de la ventaja comparativa y el libre comercio. Desarrollaron la teoría del intercambio desigual para explicar el deterioro estructural de los términos de intercambio de aquellos países que de acuerdo a su ventaja comparativa se especializaran en la producción de productos agrícolas y materias primas.

De ahí surgió lo que se ha conocido como el modelo cepalino. Este consistía en promover la industrialización, dotando de rentabilidad la producción local de productos industriales previamente importados, por medio de proteccionismo arancelario y subsidios. Así, los países latinoamericanos optaron por no esperar a que en algún momento las fuerzas del mercado y el libre comercio fomentaran su industrialización. En su lugar adoptaron los fundamentos del modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI) propuesto por el modelo cepalino.

Esa distorsión de las fuerzas del mercado y esa apuesta por la mano visible del Estado no fue desaprobada por Washington y las capitales occidentales. El comunismo se nutría de la pobreza más que de argumentos técnicos sólidos. Por ello, no solo no se miraba con malos ojos la propuesta desarrollista del modelo cepalino sino que se le otorgó ayuda financiera.

El Consenso de Washington

Sin embargo, ante la crisis económica mundial de inicios de los años 80 y la llegada al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente, las fuerzas que siempre habían creído en el libre comercio y la ley de las ventajas comparativas, apoyadas por el FMI y el Banco Mundial, promovieron la idea de que la crisis en América Latina y otros países del Sur Global era culpa del modelo cepalino. Un nuevo consenso se impuso, el Consenso de Washington, con indiferencia al hecho de que la crisis afectó a países ricos y pobres mucho de los cuales nunca habían implementado las políticas del modelo cepalino.

En nuestro continente, aquellos que siempre buscan los sitios donde más les calienta el sol, muchos de los cuales habían sido proponentes y defensores del modelo cepalino cuando estaba de moda, de repente se convirtieron en asiduos defensores de la nueva moda: el neoliberalismo del Consenso de Washington. Los economistas y líderes más prominentes de los partidos social demócratas competían para ver cual defendía mejor ese consenso, evaporando de esa manera toda diferencia conceptual con los partidos de derecha.

China, en un contexto diferente al latinoamericano, ha tenido éxito económico y social desde que llegó al poder Deng Xiaoping, con políticas económicas eclécticas, donde a la par del mercado y la empresa privada, se han puesto en práctica, estrategias semejantes al intervencionismo impulsado por el modelo cepalino. Ha logrado tasas de crecimiento económico superiores a cualquier otro país y región del mundo y ha excluido de la pobreza a más de 800 millones de sus habitantes.

Su modelo, ajeno tanto a la ortodoxia socialista como a la neoliberal, es tan competitivo que se ha convertido en una amenaza a la supervivencia de amplios sectores productivos de las principales economías occidentales. Por ejemplo, hoy China se ha apropiado del 75% de la industria mundial de energías limpias. 

Ante esa situación uno hubiese esperado, dadas las predicas del neoliberalismo, que Estados Unidos y Europa Occidental hubiesen eliminado cualquier resabio de proteccionismo e intervencionismo estatal, con el fin de derrotar, con la mano invisible del mercado, a una economía China enamorada de la mano visible del Estado.

Regreso al intervencionismo estatal

Pero no ha sido así. Una vez más, las economías occidentales están apelando al intervencionismo del estado para proteger sus industrias y sus mercados. Así ha ocurrido en múltiples ocasiones. Tanto ante la crisis del 2008 como otras más recientes, en lugar de confiar en las fuerzas del mercado para que encamine la economía, se han invocado nacionalizaciones, subsidios y exoneraciones tributarias.

Desde la administración Trump Estados Unidos ha profundizado su desconfianza en la mano invisible del mercado para competir con China. El proteccionismo arancelario iniciado en su gobierno, ha sido profundizado por el presidente Biden, el cual recientemente impuso impuestos a las importaciones de un 100% a algunos productos. Hoy ambos buscan votos disputándose galones proteccionistas. Además, con la Ley para Reducir la Inflación (entre otras), Estados Unidos está transfiriendo subsidios multimillonarios a empresas, no seleccionadas por el mercado sino por la burocracia y los políticos, con el fin de fomentar la producción local de bienes considerados estratégicos para el desarrollo económico de Estados Unidos.

Las políticas no distan de las que acompañaron el modelo ISI. Pero esto no obedece a que en los corredores de poder de Estados Unidos se han infiltrado herejes cepalinos. La realidad es que las prédicas del libre comercio han sido oportunistas y no técnicas. Cuando se promovieron fue con la intención de facilitar el acceso de los exportadores de ese país a nuestros mercados, no la de promover el desarrollo de los países pobres.

Estados Unidos y Europa han ido construyendo excusas para justificar sus guerras comerciales contra China: anteayer era el supuesto dumping, ayer amenazas a la seguridad. El último alegato es que China tiene sobrecapacidad productiva lo cual, en palabras de la Secretaria del Tesoro Janet Yellen, “puede terminar en grandes volúmenes de exportaciones a precios deprimidos”. Sin embargo, cuando China aún no era tan competitiva, más bien se le abrió el acceso a la Organización Mundial del Comercio (2001) y se le dio la bienvenida a su incorporación a las cadenas globales de valor agregado. Ello a pesar de que la ideología China era la misma que la de hoy y sus apoyos a la producción local (dumping) eran aún más intensos.

No es la primera vez que el pragmatismo mercantilista dirige las políticas comerciales de Washington y las economías más desarrolladas. ¿Qué dumping, qué amenaza a la seguridad y que sobrecapacidad productiva se gestan desde algunos países del continente cuando Estados Unidos impone cuotas máximas a las exportaciones de carne y azúcar o cuando Europa protege a los agricultores de las Canarias con aranceles a nuestras exportaciones de banano? ¿Cuáles de esos factores explican los multimillonarios subsidios que esas potencias otorgan a su sector agrícola?

Entiendo las contradicciones entre las prédicas y la práctica proveniente de esos exitosos países; defender los intereses nacionales es la primera obligación de todo gobernante. Por lo demás, es del análisis de especificidades y del pragmatismo y no de los dogmas neoliberales o socialistas de donde se han nutrido las políticas tanto de los viejos países exitosos como de los nuevos (Singapur, la República de Corea, la Provincia de Taiwán, China). Lo que nunca he entendido es como en nuestra parte del mundo hay tantas personas que se han tragado el cuento, al punto de defenderlo como si fuese producto de su propia creación y la extrema facilidad con la que cambian de discurso de acuerdo a lo que predique Washington.

Pero bueno, esa interesada volatilidad hoy podría rendir frutos positivos. Ante el renacer del modelo cepalino en Washington (¿neocepalismo?), no me sorprendería que pronto escucharemos, las mismas voces locales que promovieron el Consenso de Washington y defendieron a capa y espada los TLCs redactados en Estados Unidos, lisonjeando el proteccionismo y la interferencia del Estado en las fuerzas del mercado.

Lo que sí es seguro es que hoy, cuando las economías occidentales intentan competir con China imitando su modelo distorsionador de las fuerzas de mercado, a los tecnócratas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y a los políticos de Estados Unidos se les terminó la condescendencia con la que han impulsado en el mundo políticas neoliberales y la ortodoxia del mercado. ¿Al igual que el fracaso de la Unión Soviética mostró el disparate del comunismo, el neocepalismo, afincado en Washington, muestra el disparate del neoliberalismo?

Brasil: un desastre ambiental anunciado

Manfred Steffen
-
0
Brasil: un desastre ambiental anunciado

El cambio climático es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad. El calentamiento global y el aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos son visibles y medibles. Si bien persiste la discusión sobre la incidencia de las actividades humanas en estos fenómenos, en la última década la cuestión ambiental se instaló en la agenda política.

La gestión ambiental y la generación de energía limpia aparecen en los programas de casi todos los partidos políticos. La pregunta es si la política va a liderar la transición hacia la sostenibilidad o se limitará a correr detrás de los problemas. Porque los extremos parecen indicar que no estamos controlando los problemas en forma adecuada.

Las recientes inundaciones en el sur de Brasil pueden servir de ejemplo para analizar el problema. La explicación meteorológica sería que mientras el centro del país padecía una ola seca y caliente, en el sur se produjeron lluvias intensas. El resultado fue que el río Guaiba superó la cota de inundación de 3 metros y alcanzó, después de nueve días de lluvia, los 5,33 metros. Los meteorólogos hablan de una tempestad perfecta.

Territorio arrasado

El resultado fue el mayor desastre climático en la historia de Brasil, en términos de extensión de territorio y cantidad de personas afectadas. Más de 150 fallecidos, 108 desaparecidos y cerca de 620.000 desplazados constituyen el balance provisorio. La superficie afectada es mayor que la del Reino Unido. La reconstrucción de la infraestructura llevará décadas.

Si los partidos políticos pretenden liderar la transición hacia una economía sostenible, deben hablar de forma clara. No es posible seguir fingiendo que las catástrofes son excepciones y que tarde o temprano retornará algún tipo de confortable normalidad. Definitivamente, no alcanza con mencionar la sustentabilidad de vez en cuando o adherir a alguna noble causa ambiental para volver a la agenda habitual.

Una gestión ambiental responsable, acorde con los desafíos que enfrentarán realmente las sociedades, implica hacerse cargo de algunos temas. Estos no son necesariamente atractivos, sino por el contrario incómodos, ya que desafían las certezas del presente.

Emergencia climática

Los eventos extremos llegaron para quedarse. El ejercicio del liderazgo obliga a decir esto claramente. Si anteriormente ocurrían en un siglo, es probable que en el futuro ocurran en una década. Para enfrentar situaciones como la de Río Grande del Sur hay que prepararse. Es necesario disponer de planes para las emergencias climáticas.

Esto tiene implicaciones en la asignación de dineros públicos para enfrentar inundaciones e incendios cada vez más intensos y frecuentes.

Adaptación

Los eventos climáticos no pueden ser evitados. Es una ilusión pretender que siempre habrá una solución ingenieril para un desborde de un río, o un muro para contener la suba del nivel del mar. La adaptación a los extremos futuros implica un replanteo en la valoración de los ecosistemas.

Las dunas no son montones de arena improductiva. Por el contrario, constituyen un ecosistema dinámico y disipan la energía del mar. Son, por lo tanto, la defensa más eficiente contra la suba del mar.

Valoración del ambiente

Los humedales no son barriales con mosquitos. Son ecosistemas ricos por su biodiversidad. También cumplen con una función clave que es absorber excesos de agua durante las lluvias y tenerlos disponibles en épocas de sequía.

La sistemática destrucción de estos ecosistemas trae consecuencias a mediano plazo que ningún muro podrá amortiguar. Es necesario incluir seriamente las consecuencias ambientales en la evaluación de muchos emprendimientos inmobiliarios construidos sobre humedales desecados, indudablemente atractivos desde el punto de vista económico y en contiendas electorales.

Recursos limitados

Después de cada catástrofe surgen promesas de disponibilidad ilimitada de recursos. La respuesta a la sequía no debería ser la búsqueda de otra fuente de agua que permita seguir con el uso irresponsable. La clave de la sostenibilidad es el uso responsable, que asegure la disponibilidad del recurso en el futuro.

Finalmente, las catástrofes no son una maldición. En el caso de Brasil están asociadas a prácticas agropecuarias, concretamente a la desforestación y al aumento de los monocultivos de soja. En las últimas décadas, en Río Grande del Sur, un millón de hectáreas de bosques fueron transformadas en cultivos de soja. También se perdieron tres millones de hectáreas de pastizales. Esto cambió la capacidad de absorción y retención del agua.

Los partidos políticos tienen la legitimidad del voto y responden frente al electorado por su gestión. Si pretenden seguir liderando el quehacer social, deben actualizar tanto el discurso como la práctica. Las promesas de crecimiento ilimitado, de emprendimientos valorados solamente en función del monto de la inversión, llevarán a situaciones dramáticas. Se trata de prevenirlas y, si ocurren, de tener planes de contingencia.

Es inevitable que en el futuro se repitan las inundaciones. Podemos evitar construir en las planicies de inundación para que, cuando se produzcan, no haya gente que lo pierda todo. La mejor defensa contra la suba del nivel del mar o de los ríos no son los muros, son las dunas, los bosques ribereños y los humedales.Los partidos políticos no solo se deben a sus votantes. Como gestores de la cosa pública, son responsables también del bienestar de las generaciones futuras. La catástrofe en el sur de Brasil es un aviso claro. No deberíamos ignorarlo, ni el Día del Ambiente, ni los demás días.

China y los desafíos de la “transición energética” en América Latina

Valeria Puga Álvarez
-
0
China y los desafíos de la “transición energética” en América Latina

La agenda china en América Latina se ha diversificado en la última década, transitando de la llamada “diplomacia de chequera” y de la alta intensidad comercial hacia una apuesta, aún pragmática, pero más anclada en una ética civilizatoria global. Como país emergente, que mide sus fuerzas en un nuevo concierto de potencias, el gigante asiático ha acumulado un capital político –máxime en el Sur en desarrollo- que le permite marcar sus propias pautas de conducta y alejarse, selectivamente, de su característica neutralidad (o indiferencia) a cuestiones más normativas como la sostenibilidad.

No sin contradicciones, el apuntalamiento chino de una “civilización ecológica” (desde 2008) se ha materializado en América Latina a través del financiamiento de proyectos de infraestructura de energías renovables. Aquello ha representado el 6% de su Inversión Extranjera Directa (IED) anunciada entre 2018 y 2023. China ha identificado en este sector un punto de equilibrio entre desarrollo y cuidado del medio ambiente, sin contradecir la demanda de justicia ecológica que con mayor o menor vehemencia ha sido defendida por varios gobiernos de la región, sobre todo, del arco progresista.

La transición energética en la región entre saltos y estancamientos

La vastedad de recursos naturales de los países latinoamericanos les permitió en 2022 superar los 310 gigavatios de producción energética renovable. La matriz principal del continente ha sido tradicionalmente hidroeléctrica, pero en los últimos años, se ha observado un crecimiento de su capacidad eólica y fotovoltaica. De acuerdo al Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial publicado en 2023, Brasil es el primero en aparecer en el ranking en el puesto 14 -incluso más arriba de China que se ubicó en la posición 17-, seguido por Uruguay (23), Costa Rica (25), Chile (30) y Paraguay (34). No obstante, más allá de estos casos, como región, el porcentaje de fuentes renovables en la matriz eléctrica se ha estancado en el 59%.

La geometría variable de la “inversión verde” china

La inversión china en la región no ha sido ni homogénea ni estática, al menos cada cinco años ha tendido a recalibrarse ya sea por cálculo estratégico o por factores externos como la pandemia, las disputas con Estados Unidos o el cambio de gobiernos en la región. En tal sentido, se observa una marcada tendencia desde 2014 – 2019 hacia la estabilización de la inversión verde, aunque después de la pandemia hubo un repliegue general de las inversiones chinas, no solo en la región, sino en el mundo, debido también, a la moderación de “su ritmo de expansión económica”.

China se ha posicionado como el líder global de inversiones en energía renovable, y en ese marco, la región se ha convertido en el destino de un tercio de sus inversiones en energía eólica y solar. De acuerdo con un estudio del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) de Brasil “la IED de empresas chinas en energía limpias se triplicó desde finales de 2018, ascendiendo de 960 millones a 3,8 billones de dólares en 2022. De ese total, es importante subrayar que el 55% fue en la modalidad de IED greenfield”, un tipo de inversión destinada a la exploración de proyectos desde cero.  Brasil, Chile, México, Colombia y Argentina han sido los mayores receptores de las inversiones chinas en proyectos de energía solar y eólica.

El problema de la fragmentación regional

A pesar de este panorama alentador, la disminuida integración regional y fragmentación política no favorece ni a América Latina, ni a China en la profundización de su alianza verde. El foro China – CELAC ha intentado orientar las relaciones inter-bloques pero carece de una institucionalidad permanente que garantice la consecución y el cumplimiento de sus objetivos. Por ello, China ha debido trabajar en sus vínculos a nivel bilateral, desde una perspectiva multidimensional, incluyendo a una diversidad de actores no estatales.

Aunque, la región no ha construido una arquitectura institucional robusta alrededor de los problemas medioambientales, lo ha hecho relativamente en lo energético. En 2023, la Olade publicó la “Estrategia para una América Latina y el Caribe más renovables”, que destaca, en efecto, las significativas diferencias entre países, sobre todo en su relación de dependencia de los combustibles fósiles y en el nivel de liderazgo estatal. No obstante, dentro de la estrategia no hay una referencia directa al rol de China en este rubro.

La reacción estadounidense

A Estados Unidos ha comenzado a preocuparle el liderazgo de China en la inversión de proyectos de energías renovables en la región. A pesar de que, en febrero del año pasado, amistosamente, el enviado para el clima del gigante asiático, Xie Zhenhua y su par norteamericano John Kerry se comprometieron a triplicar la energía renovable en el mundo para 2030. Meses después, en noviembre, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen insistió en la necesidad de implementar una estrategia de cadena de suministro resiliente que incluya áreas como las energías limpias y contenga la influencia china. El consenso de que fundamentalmente era la competencia por los recursos fósiles la que incrementaba los riesgos de seguridad y conflicto interestatales, y no aquella por los recursos renovables, parece encontrar aquí sus limitaciones.

La tendencia es que tanto China como Estados Unidos –principalmente, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- instrumentalizarán la carta de las energías limpias en la región. Por su peso geopolítico, Brasil es una pieza clave que puede alterar la balanza de poder entre ambos actores y articular una agenda común continental en tanto fuerza motriz de la CELAC y presidente del G-20.  La deriva urgente de los países latinoamericanos es crear un ecosistema institucional de transición energética que les permita, a largo plazo, superar su patrón extractivista y, en el corto y mediano alcance, reducir su tendencia a la reprimarización económica.

*Este texto fue publicado originalmente en la web de  REDCAEM

La preocupante presencia de EE.UU. en la política migratoria de Brasil

Alexandre Branco-Pereira   |   Henrique Galhano Balieiro
-
0
La preocupante presencia de EE.UU. en la política migratoria de Brasil

El gobierno de los Estados Unidos (EUA) tiene una larga lista de participaciones en golpes de Estado, desestabilización de gobiernos democráticamente elegidos y sabotaje activo de políticas públicas emancipadoras en América Latina. A menudo, los acuerdos de cooperación y desarrollo firmados por agencias gubernamentales internacionales se utilizan como instrumento para socavar los procesos democráticos y dirigir las acciones de los gobiernos de estos países de forma que beneficien a los intereses estadounidenses y al gran capital internacional.

El principal ejemplo, entre muchos, es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que desempeñó un reconocido papel en la estructuración de los aparatos represivos que sostuvieron las dictaduras en todo el continente. En Brasil, los controvertidos acuerdos entre el Ministerio de Educación y Cultura y la USAID, firmados en los años 60 durante la dictadura militar, preveían la cooperación entre la Agencia y el gobierno brasileño para reformar la enseñanza superior en el país. Denunciados en la época como símbolos del aumento de la presencia norteamericana en Brasil, los acuerdos representaban, por un lado, un retroceso educativo, eliminando del currículo asignaturas como Filosofía, además de reducir la carga lectiva de materias como Historia.

Por otro lado, en los corredores del Estado brasileño, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se implementó una asesoría para formar y modernizar técnicamente a las fuerzas policiales, con asesores policiales estadounidenses que entrenaban a las fuerzas represivas brasileñas, un programa seminal de la Operación Cóndor.

Los asesores policiales estadounidenses habían estado presentes en Brasil desde el gobierno de João Goulart, y Frank Jessup, jefe del equipo asesor del programa de USAID en el momento del golpe militar de 1964, celebró en un telegrama a Washington que las autoridades policiales de los ocho estados en los que estaban presentes las fuerzas estadounidenses se hubieran unido al golpe. Jessup también celebró entonces que la presencia de los asesores policiales del país no fuera cuestionada en ningún momento por el gobierno de Goulart ni por la izquierda brasileña.

Migración venezolana

A partir de 2019, la presencia de USAID volvió a ser una constante en Sudamérica, especialmente centrada en la cuestión venezolana. Primero, la agencia participó en la operación de envío de «ayuda humanitaria» a Venezuela en apoyo a Juan Guaidó, quien en ese momento era reconocido por EE. UU. como presidente de ese país. Un informe posterior demostró que la operación «no siguió los principios humanitarios», y que se ordenó a los funcionarios que alinearan las decisiones de la operación «para reforzar la credibilidad del gobierno provisional».

El gobierno paralelo de Guaidó recibió 158 millones de dólares de USAID como financiación para el «gobierno venezolano» en virtud de un acuerdo firmado en octubre de 2019 para establecer «proyectos de desarrollo». Desde 2017, el gobierno estadounidense ha asignado 656 millones de dólares para ayudar a los venezolanos desplazados o para proyectos de desarrollo que involucran a venezolanos – de los cuales 437 millones de dólares han sido comprometidos por USAID.

En Brasil, la presencia reciente de USAID ha estado fundamentalmente vinculada al apoyo a proyectos con migrantes venezolanos desarrollados por organizaciones de la sociedad civil, bajo el amparo de la razón humanitaria.

El proyecto Oportunidades, con un presupuesto de 4 millones de dólares, tiene el objetivo declarado de facilitar el acceso de los migrantes venezolanos al empleo formal y a oportunidades de generación de ingresos. Se puso en marcha en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en enero de 2020, poco después de que el Gobierno de Jair Bolsonaro adoptara el lema «El socialismo excluye, Brasil acoge» para la Operación Acolhida (Bienvenida), creada para gestionar el flujo de venezolanos en la frontera norte de Brasil y ejecutada por las Fuerzas Armadas.

Este fenómeno coincide también con el creciente interés de los militares brasileños y de los líderes de la extrema derecha brasileña por el tema migratorio. En Brasil, el Frente Parlamentario Mixto de Apoyo y Acogida a los Migrantes y Refugiados Transnacionales acoge a líderes de la extrema derecha, como el general Eduardo Pazuello y la diputada Carla Zambelli.

Incluso después del fin del gobierno Bolsonaro, sigue llamando la atención la presencia de una amplia gama de entidades vinculadas al gobierno estadounidense en la financiación, implementación y ejecución de acciones vinculadas a la política migratoria brasileña. Durante el gobierno de Lula, procesos de participación popular en la elaboración de políticas migratorias han sido financiados con el apoyo no solo de la USAID, como en el caso de las Conferencias Libres sobre Juventud y Migración, sino también de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, vinculada al Departamento de Estado norteamericano. Este fue el caso de la Conferencia Estatal sobre Migración, Refugiados y Apátridas en el estado de Bahía.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), también estuvo entre los apoyadores de la Conferencia Libre sobre Inserción Socioeconómica y Promoción del Trabajo Decente para Migrantes, Refugiados y Apátridas. Recientemente, la OEA estuvo implicada en la desestabilización política de Bolivia, al divulgar un informe fraudulento que cuestionaba el proceso electoral de ese país, lo que llevó al gobierno de Jeanine Áñez, condenada por la justicia boliviana por haber organizado un golpe de Estado en 2019. Por último, la Embajada de Estados Unidos en Brasil también ha figurado entre los financiadores de servicios destinados a los migrantes.

 Presencia preocupante

La presencia de un gobierno extranjero en la organización de procesos de consulta, elaboración y ejecución de políticas públicas es preocupante en varios sentidos, especialmente si las relaciones se han estructurado históricamente de forma abusiva y asimétrica.

En primer lugar, indica la presencia de una creciente política de externalización fronteriza, cuyo objetivo es diseñar e implementar la política migratoria estadounidense en los países sudamericanos, a pesar de las necesidades locales. La reciente migración masiva venezolana es también el efecto de anteriores injerencias estadounidenses en países soberanos, como Haití, sin que los haitianos merezcan la misma atención y presupuesto.

También refuerza la instrumentalización de la migración con fines geopolíticos -e ideológicos-, que implica un enfoque anticomunista extemporáneo de la región y de la cuestión migratoria. En Brasil, este proceso tiene lugar a expensas de una posible cooptación de la producción de la política migratoria en un momento especialmente fructífero, en el que se están elaborando dos Políticas Nacionales para los migrantes, una integral y otra sanitaria.

Por último, el gobierno estadounidense participa en la aplicación de políticas públicas en Brasil financiando y estructurando los servicios de asistencia a esta población, restringiendo el acceso a la asistencia a determinadas nacionalidades y segmentando el acceso a los derechos y, por último, recopilando y gestionando los datos de los inmigrantes. Se trata de un movimiento que hay que seguir de cerca y de forma crítica.

1...100101102...267Página 101 de 267