Latinoamérica ante el cambio climático

Ante una agenda que incluye cuestiones como la desigualdad, la pobreza, la inseguridad ciudadana, la corrupción o la erosión de la confianza en las instituciones democráticas, el cambio climático emerge como una amenaza omnipresente y silenciosa que requiere políticas eficaces. Un estudio reciente llevado a cabo por la red de consultoras independientes WIN International en cerca de cuarenta países ha arrojado luz sobre un panorama diverso, revelando tanto consensos como discrepancias en la percepción global del cambio climático. A nivel mundial, una amplia mayoría –el 83%– considera el calentamiento global como una grave amenaza para la humanidad. El análisis comparativo con ediciones anteriores del estudio muestra que el consenso sobre la seriedad del problema permanece sólido en la mayoría de los países, aunque con notables excepciones como Estados Unidos y Polonia, donde segmentos significativos de la población no perciben este tema con la misma urgencia. En América Latina, la preocupación por el calentamiento global supera al promedio mundial, con países como México, Argentina, Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay mostrando niveles de alarma particularmente altos. 

Diversidad de opiniones

No obstante, la división de opiniones surge al considerar la capacidad de acción frente al fenómeno. Globalmente, la sociedad está dividida entre quienes creen que aún hay tiempo para actuar contra el cambio climático y aquellos que piensan que ya es demasiado tarde. Esta polarización de opiniones revela un creciente pesimismo, alimentado por la percepción de inacción por parte de los gobiernos. La crítica hacia los gobiernos es un denominador común en casi todo el mundo, con más de la mitad de la población global que expresa insatisfacción con las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente en sus países. 

Asia Pacífico es la única región del mundo donde predominan las opiniones favorables. En contraste, en las otras partes del mundo, incluida Latinoamérica, las percepciones son críticas respecto al accionar gubernamental. En nuestra región, Brasil es el país con mejor evaluación y Paraguay es el más crítico. Un estudio realizado en Argentina por Voices y UADE reveló que los ciudadanos criticaban, además del accionar del gobierno, a las empresas y a la sociedad en su conjunto. Esto refleja un escenario más complejo que involucra a múltiples actores y supone nuevas formas de gobernanza con mayores grados de cooperación e interacción entre el Estado y los actores no estatales.

La película de ciencia-ficción y sátira No miren arriba, estrenada en 2021, es una poderosa metáfora del negacionismo contemporáneo. En ella, la inminente amenaza de un cometa es negada y trivializada por la sociedad y por los propios líderes; la crisis climática a menudo enfrenta una respuesta similar de escepticismo y apatía. Varios líderes mundiales se han destacado por su escepticismo o negación del problema. Uno de los más notables fue el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien cuestionó la validez del cambio climático por razones humanas y realizó acciones como eliminar las referencias al cambio climático del sitio web de la Casa Blanca. Este fenómeno no solo se limita a líderes políticos, sino que también se ha observado en movimientos y medios de comunicación en varios países​.

¿Qué es lo que piensa la sociedad sobre las causas del cambio climático? 

Un estudio internacional en 45 países ha arrojado resultados esclarecedores sobre la percepción global respecto a las causas. Según el estudio, siete de cada diez personas en el mundo atribuyen el origen del cambio climático a las acciones humanas, evidenciando una conciencia generalizada sobre el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente. En contraste, solo un cuarto de la población mundial considera que los cambios climáticos obedecen principalmente a ciclos naturales. 

Particularmente en América Latina, la región se destaca por su firme convicción en la responsabilidad humana detrás del cambio climático. México lidera esta percepción, seguido de cerca por Argentina, Colombia, Perú y Ecuador, todos los cuales presentan cifras que superan el promedio global. Por otro lado, otra encuesta global de WIN el Climate change & Sustainability realizada en 2021 destaca que la amplia mayoría de los ciudadanos del mundo considera que fenómenos como incendios, inundaciones y huracanes se han incrementado como consecuencia del calentamiento global, evidenciando la percepción de que los efectos del cambio climático ya son palpables. Estos hallazgos reflejan una amplia conciencia en la población mundial y, en particular, en América Latina sobre la importancia de las acciones humanas en la aceleración del cambio climático.

Desde el lado de la ciencia, el consenso sobre las causas antropogénicas sobre el calentamiento global es casi unánime. Si los científicos y la sociedad coinciden, esto supone una llamada directa a la acción, con compromisos más firmes y acciones concretas por parte de los gobiernos y las instituciones. Combatir el cambio climático demanda un esfuerzo global que combine políticas efectivas, educación y acciones colectivas. 

La ONU destaca que educar y concienciar son esenciales para respuestas climáticas justas y eficaces. A pesar de las variadas percepciones y recursos, es crucial un compromiso unánime en todos los niveles. Según hemos visto en América Latina, el reconocimiento del calentamiento global como una severa amenaza y la comprensión de sus orígenes antropogénicos son mayoritarios. Sin embargo, esta conciencia no se traduce uniformemente en acciones gubernamentales decisivas, lo que suscita críticas generalizadas. 

El desafío climático debe encontrar su espacio en la agenda política, sin ser eclipsado por problemas acuciantes, como la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, que también demandan una atención urgente. Debe además atenderse a que Latinoamérica puede ser una de las zonas más afectadas por los efectos del cambio climático, en especial en las dos subregiones más vulnerables, Centroamérica y el Caribe. 

En este contexto, es imperativo que los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado intensifiquen su colaboración. La sinergia entre conciencia colectiva y acción política concreta se perfila como una de las claves para abordar eficazmente los desafíos ambientales, apuntando a mitigar sus efectos adversos y promover un desarrollo sostenible.

El círculo de la mediocridad brasileña

Desde hace algún tiempo, el filósofo y pensador brasileño Roberto Mangabeira Unger insiste, desde su cátedra en la Universidad de Harvard, sin mucha repercusión en Brasil, en que «el problema fundamental de nuestro país no es la desigualdad -aunque esta sea un gran problema-, sino la mediocridad». «Tenemos las herramientas para salir de la mediocridad, pero no tenemos el proyecto», afirma el eminente pensador. Observando más de cerca la evolución de nuestro presidencialismo, vemos que la mediocridad es su ethos, así como su modus operandi.

Desde que el Partido de los Trabajadores llegó al poder, intentando conciliar su histórica estrategia de clase con la estrategia del bienestar -donde la revolución se limitaba a tres comidas en la mesa del trabajador-, descubrió la fórmula del consenso político en el Programa de Bolsa Familia, donde la transformación social ya no necesitaba ningún cambio efectivo en el orden dominante, como se suponía anteriormente con la propuesta del Programa Hambre Cero. Bastaba con «poner a los pobres en el presupuesto», manteniendo los privilegios históricos en nombre de la gobernabilidad, para que se produjera el milagro de multiplicar los votos – preservando, por supuesto, la retórica comprometida y radical.

La fórmula del PT

El gran éxito político-electoral de la fórmula la convirtió en «el programa máximo» del PT, sin que la izquierda del partido dejara de considerarla «el programa mínimo». Mientras Lula anunciaba, entre aplausos internacionales, que la gran tarea de su(s) gobierno(s) sería llevar tres comidas a la mesa para los pobres, la izquierda del PT hizo uso de la alquímia política para fomentar la polarización política («nosotros y ellos») en busca del llamado «gobierno popular.»

Todo parecía ir bien hasta que un levantamiento popular, en 2013, y el desastroso gobierno de Dilma Rousseff allanaron el camino para otro impeachment (2016) y un vacío de poder que el centro democrático no pudo ocupar por muchas razones que no caben en este texto. El freno del gobierno interino de Temer no pudo impedir el giro de la sociedad hacia la derecha, estratégicamente desafiada por Bolsonaro.

El regreso del PT al poder, bajo el manto de un «frente amplio», aprovechando la habitual impotencia del centro democrático en su entropía político-intelectual, era inevitable. Pero este frente sólo allanó el camino para otro gobierno petista y su histórica falta de preparación para enfrentar los grandes desafíos nacionales, a pesar de su fuerte atractivo popular. Una paradoja en los términos que refuerza y renueva el pacto de mediocridad.

El problema de la otrora imbatible fórmula es que la estrategia del bienestar está perdiendo apoyo entre las clases trabajadoras, que buscan cada vez más un lugar mejor en el mercado de oportunidades, bajo la influencia de iglesias evangélicas que propugnan el individualismo de la «teología de la prosperidad». La idea de que las personas dependen del «Señor Estado» sólo se mantiene en el nordeste de Brasil, no por casualidad bastión de las viejas tradiciones patrimoniales. El PT echó allí sus nuevas raíces, con la esperanza de revivir la vieja alianza «obrero-campesina», pero esta fórmula ha perdido atractivo entre el proletariado urbano, que parece haber perdido la fe en cualquier avance por el camino de “la igualdad en la pobreza».

El Centrón – conjunto de varios partidos, sin un perfil ideológico muy bien definido y siempre dispuestos a respaldar el gobierno de turno a cambio de cargos y fondos públicos – tras el fracaso de Bolsonaro y la continua flexibilidad programática de los partidos, ha consolidado su protagonismo. Bajo el liderazgo del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, el Centrón ha pasado de ser un mero contrapoder empresarial a convertirse en un verdadero “partido moderador”, dispuesto a apoyar al gobierno de turno a través de cargos, pero sin renunciar a su cosmovisión liberal-patrimonialista, y por lo tanto, mediocre.

Sin reformas estructurales

Ello no ha impedido que, bajo la conducción del ministro de Economía, Fernando Haddad, se hayan puesto en marcha reformas estructurales racionalizadoras. El problema es que este camino es constantemente hostigado por los sectores más a la izquierda del propio PT, lo que hace aún más difícil la acción de gobierno y lo deja a merced del Centrón.

La posibilidad de desarrollo democrático de Brasil se ha enfrentado, hasta ahora, con nulidades políticas, que son capaces de producir una fuerte movilización social, pero incapaces de asumir un papel de liderazgo, es decir, de conducir al país hacia la emancipación económica y social. Se esperaba que el gobierno de Lula III, tras el desgobierno de Bolsonaro, funcionara como un camino hacia esta emancipación, pero sus tendencias demagógicas en medio de la ausencia de líderes políticos alternativos podrían poner en peligro esa tarea.

El PT no tiene un papel de liderazgo positivo dentro del actual gobierno ni fuera de él. Al contrario, está alimentando el desgarramiento del frente amplio que lo sustenta, con la esperanza de ejercer una hegemonía restringida a sus miembros.

La izquierda brasileña, marcada por la mediocridad y obsesionada con el pasado, que nunca ha comprendido bien, se balancea sobre la vana expectativa de una transformación utópica. La reconstrucción democrática del país, sin embargo, exige claridad, capacidad crítica y coraje por parte de los líderes políticos y sociales. Cualidades que apenas se perciben entre la mayoría de los actuales dirigentes de Brasil.

Sólo cabe esperar que los difíciles tiempos que se avecinan despierten mentes bien pertrechadas, en el gobierno y en la oposición, capaces de redescubrir el camino del desarrollo en medio de las nuevas posibilidades y retos de la reconfiguración internacional, cuyo horizonte es siniestro.

El populismo como respuesta democrática

A principios del siglo XX, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow desarrolló su teoría acerca de las necesidades que guían a los seres humanos. Las clasificó entre necesidades más básicas o fisiológicas para la subsistencia, como la comida, el techo y el descanso, y necesidades de orden mayor o más sofisticadas, entre las que se encontraban la autoestima y autorrealización. Maslow suponía que una vez satisfechas las necesidades más elementales los individuos comenzarían a preocuparse por las necesidades de naturaleza más compleja.

Las ideas de Maslow inspiraron al politólogo Ronald Inglehart para teorizar acerca de lo que llamó valores materialistas y posmaterialistas, ejes que permitirían entender las elecciones y acciones de los ciudadanos en diferentes sociedades. Según sus estudios, los individuos con valores materialistas se caracterizaban por tener menores niveles socioeconómicos y se centraban en demandar hacia el sistema político cuestiones como salarios dignos, jornadas de trabajo justas, etcétera. Mientras que, por otro lado, los posmaterialistas, que tenían cubiertas las necesidades más básicas para la subsistencia, se centraban en demandar hacia el poder público soluciones para otras preocupaciones tales como el cuidado del medio ambiente, la libertad de expresión o algunos derechos que nuestros padres o abuelos no se hubiesen imaginado, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto y los derechos de los animales, por mencionar algunos. 

El planteo de Inglehart suponía una progresión de la humanidad en valores que repercutirían en formas específicas de organizar políticamente cada sociedad. Así, el predominio de individuos con valores posmaterialistas pavimentaría el camino para el surgimiento de regímenes democráticos pluralistas y respetuosos de las libertades civiles y derechos políticos, mientras que sociedades donde rigen principalmente valores materialistas se preocuparían menos por la tolerancia social y prioridades éticas o ambientales y colocarían su énfasis en favor del orden, la seguridad material y la subsistencia financiera inmediata. En consecuencia, donde predominen valores materialistas las democracias vigorosas tienen menos chance que los desvíos autoritarios, incluyendo los experimentos populistas, capaces justamente de seducir a las grandes mayorías por su promesa de bienestar material y disciplina social por encima de otras prioridades.

¿Es el surgimiento de los liderazgos populistas el resultado de sociedades concentradas en valores materialistas? 

Los discursos anclados en la antipolítica, la entronización de la fuerza y la represión en favor del orden y contra las sutilezas del equilibrio de poderes o los procedimientos institucionales respetuosos de libertades y derechos, y el compromiso retórico con políticas que solventen las necesidades más básicas de la población como su alimentación, hacen especial eco entre los más necesitados, aquellos que fueron más duramente impactados por la desigualdad social y la brecha económica resultante de la globalización.  

Para esos sectores vulnerables y sensibles a un discurso que los pone como prioridad oficial, el surgimiento de los liderazgos populistas no solo los representa al nivel de sus necesidades y valores sino que también pueden interpretar su apoyo a esas propuestas autoritarias y demagógicas como una apuesta por una respuesta democratizadora. ¿De qué manera? En general en el mundo y en América Latina hemos observado en los últimos años cómo el sentimiento de insatisfacción con la democracia ha venido en aumento, mientras que es cada vez más común que en los diferentes barómetros de opinión la ciudadanía apoye la opción por un gobierno no democráticos como preferible, bajo la condición o promesa de que sean capaces de solucionar problemas relacionados con la economía y las necesidades básicas para la subsistencia.

El aumento en la preferencia de los ciudadanos de diversos países por líderes populistas (como Brasil, Argentina, México o incluso democracias como la estadounidense) puede ser preocupante, pero es plausible pensar que sea una respuesta coherente con las creencias elementales de dichas sociedades, afectadas por un proceso de creciente desigualdad económica, exclusión social y precarización de sus estilos de vida. En otras palabras, esos liderazgos no surgen por generación espontánea, sino que en muchos casos son justamente el reclamo ante una forma de gobierno (democracia) que ha dejado de responder a necesidades que se esperaba que solventará.

El caso mexicano

Casos como el mexicano ilustran lo anteriormente dicho. En 2018 llegó a la presidencia de la república un líder populista, Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la presidencia de la república con un partido político de reciente creación, además de la mayoría en el Congreso y de las gobernaturas en disputa. Para las posteriores elecciones intermedias de 2021 este partido siguió creciendo, de tal manera que el sistema de partidos que se había mantenido estable desde la llamada transición mexicana a la democracia ubicada en el año 2000 colapsó, dejando al PRD y al PRI al borde de la extinción. 

Aquí entran en juego algunos elementos discursivos en la campaña de AMLO, pero también algunas acciones durante su mandato como presidente, para entender su éxito. Los eslóganes más importantes de AMLO en dos de sus tres postulaciones a la presidencia de la república han estado basados justamente en la respuesta ante demandas materialistas. Por ejemplo, en 2006 el eslogan de campaña de este actor fue “Por el bien de todos, primero los pobres”; para 2012, lo acompañó la leyenda “El cambio verdadero está en tus manos”, y, finalmente, en 2018 la frase rectora de su campaña fue “Por el bien de México, primero los pobres”. La campaña de 2018 de AMLO se centró en temas como la corrupción y la economía, conectados a la idea de generar orden, seguridad y bienestar material para los necesitados.

El gobierno de López Obrador se ha centrado en cuestiones económicas como pensión a adultos mayores o becas a estudiantes de diferentes niveles, entre otros apoyos orientados a cubrir necesidades básicas para la subsistencia, y ello contribuye a explicar sus niveles de popularidad social. Valores posmaterialistas vinculados con la ética, el medioambiente, los derechos civiles y la pulcritud institucional y respeto de las normas democráticas brillan por su ausencia, ya que no resuenan en las cabezas y corazones de las mayorías materialistas. Bajo esa lógica, la defensa de la institucionalidad republicana se presenta como un olvido a los más necesitados y sus prioridades: asegurar su subsistencia. El populismo emerge, así, como una respuesta que busca representar el balance de valores vigentes en la sociedad.

Texto presentado en el marco del acuerdo entre WAPOR Latinoamérica y la Revista Mexicana de Opinión Pública.

Espacios verdes y alimentación saludable: una alianza ganadora contra la prediabetes

En los últimos 30 años el número de adultos con diabetes se ha triplicado en el continente americano, según la Organización Panamericana de la Salud. Las proyecciones de este organismo son impactantes: se espera que para el 2050 los casos de diabetes en la región aumenten un 180%.

En Argentina las cifras también revelan una dura batalla contra la obesidad y la diabetes, con la provincia de Tucumán como uno de los epicentros de esta crisis de salud. Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, las prevalencias de obesidad y diabetes han ido incrementando y solo en Tucumán el 27% de adultos se autopercibe obeso y un 13% reporta altos niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, en los últimos años varios estudios en esta provincia argentina han demostrado que la aparición de la diabetes mellitus 2 se puede retrasar o prevenir en personas con sobrepeso que tienen una tolerancia disminuida a la glucosa, o prediabetes. 

¿Cómo lograrlo? La respuesta radica en dos variables: actividad física y alimentación saludable, que se perfilan como los verdaderos protagonistas en la prevención de la diabetes.

Argentina: un problema de salud pública

Más de 40.000 ciudadanos en Tucumán afectados por la diabetes buscan asistencia en programas públicos y gratuitos de Atención Integral de Obesidad y de detección, prevención y tratamiento de diabetes mellitus. Estos programas promueven la actividad física como un elemento crucial en la lucha contra la diabetes. Para que la estrategia sea efectiva, se debe contar con una oferta adecuada y accesible de espacios verdes públicos donde poder desarrollar estas actividades. Pero ¿es suficiente la mera presencia de un parque o plaza para cambiar el rumbo de esta epidemia?

Investigadores del Instituto de Ecología Regional, afiliado a la Universidad Nacional de Tucumán y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), han arrojado luz sobre la desigualdad en la oferta de espacios verdes en la provincia. Un estudio del 2021, realizado en los cinco departamentos que albergan el 70% de la población total de la provincia, conocido como el Gran San Miguel de Tucumán (GSMT), pone de manifiesto un evidente desequilibrio en el diseño y mantenimiento de estos lugares. No es simplemente la cantidad de metros cuadrados lo que resulta crucial, aunque se haya calculado una superficie de 6 m2 de espacio verde por habitante para el GSMT. La verdadera problemática radica en la calidad de estos espacios, a menudo marcada por la ausencia de árboles, la presencia de residuos y la deterioración de las instalaciones, sobre todo en las áreas marginales.

Para lograr una integración efectiva de las demandas sociales, ambientales y sanitarias en el diseño de espacios verdes urbanos es esencial que diversos sectores colaboren estrechamente. En este contexto, el sector de Salud Pública de Tucumán, mediante sus programas, y la Dirección de Investigación en Salud están iniciando una colaboración activa con el Instituto de Ecología Regional. Esta sinergia de esfuerzos se traduce en investigaciones focalizadas en la mejora de la calidad de vida, especialmente en lo que respecta a la diabetes. 

La prevención no solo se basa en los espacios verdes, sino en su transformación. Pistas de salud, bebederos, áreas forestadas y corredores seguros hacia estos lugares son medidas que podrían ser la clave para cambiar la narrativa de la salud-enfermedad en la provincia, integrando el ecosistema urbano como parte de la solución.

En resumen, la creciente amenaza de la diabetes exige una respuesta práctica, que se encuentra en la unión de esfuerzos, la reinvención de nuestros hábitos alimenticios y la transformación tangible de los espacios verdes urbanos. La batalla contra la diabetes radica en las acciones decididas que se toman hoy para forjar un mañana más saludable.

Nueva crisis de seguridad en Haití y la construcción de la idea de emergencia en la comunidad internacional

La más reciente aparición de Haití en los titulares internacionales debido a la invasión de la Penitenciaría Nacional de Haití, en un ataque atribuido al liderazgo de Barbecue, ex policía de la PNH y líder de la Banda G9 an Fanmi y Alye, cuyo resultado fue la liberación de más de 3.000 reclusos refuerza la idea de caos y desorden absoluto en un país caribeño totalmente negro. 

Antes de adherirse a los titulares sensacionalistas y racistas de los medios de comunicación internacionales, es importante comprender la historia política reciente de Haití, a la que la comunidad internacional todavía no ha sabido dar ninguna respuesta: el magnicidio de Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 fue un acontecimiento grave. Desde el asesinato de John Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, ningún jefe de Estado en ejercicio había sido asesinado en el continente americano. 

Hasta ahora, la opinión pública espera que se revelen los autores intelectuales del crimen. Mientras tanto, un gobierno completamente ilegítimo dirigido por Ariel Henry ocupa el poder en Haití bajo fuertes e ininterrumpidas protestas populares. Como es habitual en la política haitiana, Henry permanece incólume y completamente ajeno a la absoluta indignación del pueblo haitiano por su papel de usurpador político durante más de dos años consecutivos.  

Henry no se ha sumado a ningún llamamiento, no ha presentado ningún plan de transición de gobierno, no ha reanudado el proceso electoral que estaba en marcha cuando Jovenel Moïse fue asesinado y no ha hecho nada por el país. Por ello, sorprendió la aprobación de la Resolución 2699 en octubre de 2023, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de tropas kenianas en el país para controlar las bandas de la capital, Puerto Príncipe.

Una lectura descolonial y antirracista 

Una lectura descolonial y antirracista de Haití debe basarse en un análisis profundo de los efectos a largo plazo de una Misión de Paz de las Naciones Unidas en los países negros. Descolonizar y desracializar la paz implica establecer bases sólidas para analizar y leer las variables sensibles que desestabilizan un país. 

Uno de los «éxitos» y quizás el único objetivo alcanzado por la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), de 2004 a 2017, liderada militarmente por Brasil, fue la recreación de la PNH – Policía Nacional Haitiana. En ese contexto, fue muy importante para la comunidad internacional y las Naciones Unidas construir una estética de una Policía que se suponía que iba a funcionar: uniformes, coches, armas, equidad de género y formación en derechos humanos. 

Sin embargo, esta estética chocó rápidamente con las condiciones estructurales a las que estaban sometidos los policías: con salarios atrasados y trabajando con hambre, muchos se acercaban a los automovilistas en las calles para pagarles un plato de comida. Muchos trabajaban días hambrientos. Estas condiciones de profunda inseguridad alimentaria y falta de salarios interesaban poco a la comunidad internacional, que creía que estos problemas o no existían o podían autogestionarse. 

De esta profunda crisis estructural surgió un movimiento policial insurgente llamado 509 Phantom, que reivindicaba el derecho al sindicalismo militar mediante la insubordinación y la violencia armada, uno de los impactos más visibles de los efectos post-MINUSTAH. Tras años de deterioro de las condiciones de trabajo de los policías haitianos, el grupo «509 Fantom» comenzó a protestar violentamente contra las instituciones gubernamentales en mayo de 2020, cuando Jovenel Moïse aún estaba en el cargo. 

La crisis se agravó con la detención de varios líderes del movimiento y la prohibición de que los policías reclamaran sus derechos. La situación se deterioró rápidamente en Delmas y Pétionville, con ataques violentos a comercios e intentos de liberación de presos políticos. La única respuesta internacional a esta crisis fue que la embajada estadounidense en Puerto Príncipe clasificara al grupo 509 Fantom como organización terrorista. Tras este episodio, el gobierno de Moïse se acercó a Barbacoa para poder controlar a la policía insurgente, aumentando la potencia política y de fuego del G9 Fanmi y Allie.

El ascenso de la actuación política de Barbecue (Jimmy Chérizier) comenzó entonces bajo Moïse. En el momento del magnicidio, las estructuras de poder de Barbecue se desmovilizaron y luego se articularon con Martine Moïse, viuda de Jovenel Moïse, superviviente del intento de asesinato. A partir de entonces, las bandas se generalizaron en la capital haitiana, no todas bajo el mando de Barbecue, que había ido perdiendo poder político a lo largo de 2023 y, sobre todo, con la posibilidad de una nueva misión de la ONU con fuerzas kenianas. 

El ataque de Barbecue a la prisión fue un intento extremadamente arriesgado de obtener el apoyo político de los presos liberados que supuestamente se unirían al grupo de Barbecue a cambio de su libertad. Haití vive una revolución permanente cuyos mecanismos y desencadenantes están presentes en casi todos los países de América Latina y el Caribe: falta de justicia social, inseguridad alimentaria, déficit de democracia y exclusión de todos los derechos básicos. 

Combatir el racismo y promover la descolonización implica una lucha permanente por la existencia y la supervivencia. En Haití, estas contradicciones están a flor de piel. Controlar a todos los grupos armados (los que están bajo el liderazgo de Barbacoa y los que no) requerirá una gran habilidad política por parte de la comunidad internacional. 

Desgraciadamente, en Haití es necesario producir y reproducir indefinidamente las imágenes del caos para que el espectáculo del sufrimiento y la violencia alcance los niveles estereotipados del racismo, del lugar que ocupa un país negro fuera del continente africano en el imaginario de la comunidad internacional, para que se activen los engranajes de la ayuda internacional. Como la sensación de emergencia se construye artificialmente, la «ayuda» también se ofrecerá siguiendo líneas colonialistas y racistas: sin leer el contexto, sin profundizar en el debate político y las luchas de poder que organizan Haití, y sin democracia. 

Haití es uno de los países de América Latina y el Caribe que más intelectuales de notable genio produce, como Jean Casimir, René Depestre, Edwidge Danticat, Sabine Manigat, René Depestre, Rosny Smarth, Raoul Peck, entre muchos cientos de intelectuales. Reunirlos para debatir posibles soluciones para el Haití del futuro sería lo mínimo que la comunidad internacional podría ofrecer. 

Mujeres, derechos políticos y desigualdades ¿Dónde estamos en América Latina?

Aunque hay varias versiones sobre los acontecimientos que originaron que el 8 de marzo fuera declarado como Día Internacional de la Mujer ―­­­o de “las mujeres”, en plural, tomando en cuenta la polifonía de voces y sus múltiples identidades―, existe la certeza de que estos hechos guardan relación con las luchas por el ejercicio de sus derechos y su participación en los espacios públicos.

Un enfoque en los derechos políticos de las mujeres en América Latina muestra que mucha tinta ha corrido y se han dado cambios normativos importantes desde que, en 1927, en un plebiscito organizado por la comunidad de Cerro Chato, Uruguay, estas por primera vez votaran. Pero fue Ecuador el primer país de la región que consagró constitucionalmente el derecho al sufragio de las mujeres en 1929 y Paraguay el último en hacerlo en 1961.

Como en otras partes del mundo, las mujeres latinoamericanas se dieron cuenta que votar para elegir a quienes gobernarían, no implicaba que la puerta se abriera para que ellas pudieran ser electas en las contiendas electorales. Se trataba de una votación sin representación.

Un muro infranqueable

Contrariamente a lo que se suponía (y aún se supone), la poca participación de las mujeres en las elecciones no se debía a falta de interés o a una “supuesta naturaleza femenina” ajena a esos temas, como señalaba Rousseau en el siglo XVIII. Se trataba sencillamente de que las que pretendían hacerlo, chocaban con un muro infranqueable vinculado con los roles tradicionales de género.

Se tenían que enfrentar con barreras y obstáculos debido a la división sexual del trabajo y a la asignación diferenciada de roles entre hombres y mujeres que reservaba a estas las labores de cuidado y tareas domésticas, adhiriéndolas a sus roles de madres, de cuidadoras y juzgándolas duramente por querer ocupar espacios que no se consideraban propios de su sexo/género.

El rol de cuidadora de las mujeres ha persistido a lo largo del tiempo, lo que ha tenido un impacto desproporcionado en las posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida, incluida la participación en los espacios políticos. Según Oxfam, en su informe Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad, el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado realizado por las mujeres mayores de 15 años en el mundo, supone, aproximadamente, 10,8 billones de dólares al año, cifra que triplica el tamaño de la industria tecnológica a nivel mundial. Esto muestra la importancia de este tema, que hoy día es clave en las agendas feministas, como quedó plasmado en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la vigencia del lema “lo personal es político”.

Pero sin duda alguna la mayor dificultad para las mujeres que querían participar en los espacios políticos provenía de los partidos políticos en los cuales los hombres, en sus posiciones hegemónicas dominantes, no estaban dispuestos a ceder un poder que consideraban propio. Esta dificultad persiste. En la actualidad, la resistencia de los partidos políticos y las zancadillas que algunos líderes hombres ponen a sus compañeras de militancia sigue siendo el principal problema para aumentar la presencia de estas en los espacios políticos/electorales.

Aumento de la presencia de mujeres en espacios políticos

En la última década del siglo XX, las mujeres ven un resquicio para aumentar su presencia en los espacios políticos mediante el mecanismo de acción afirmativa denominado cuotas de género. Fue en 1991, en Argentina, donde se adoptó por primera vez la Ley de Cupos, que establecía la obligación de incluir un 30% de mujeres en las listas electorales. En las siguientes décadas esta fue la estrategia seguida por la mayoría de los países de la región para el avance de las mujeres en sus derechos políticos, salvo Guatemala que no ha adoptado medida alguna sobre este tema (ni cuotas ni paridad).

Los resultados en los países latinoamericanos en relación con las cuotas de género han sido dispares. Los casos más exitosos se han dado donde estas medidas de acción afirmativa han estado acompañadas de sistemas de representación proporcional, listas cerradas, mandatos de posición que obliguen a los partidos políticos a incluir a las mujeres en puestos ganadores y sanciones en caso de incumplimiento de la ley que regula las cuotas.

Es innegable que las cuotas permitieron el aumento de la presencia de las mujeres en los órganos de representación popular, una representación descriptiva vinculada con un criterio numérico, pero también incidieron en la representación simbólica; ya las niñas y las jóvenes tenían referentes y modelos a seguir, ya la política no se veía como un espacio vedado a ellas debido a su sexo/género.

Sin embargo, como señala Nancy Fraser, este tipo de medidas no afectan los acuerdos sociales, ni el pacto patriarcal en que se fundamentan las instituciones; sólo buscan incorporar a quienes están excluidas sin cambiar las estructuras. Pero se requiere corregir el marco de desigualdades en el que se sustenta la exclusión, hay que buscar la paridad.

En 2007, en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, conocida como Consenso de Quito por el lugar en el que se celebró, los gobiernos latinoamericanos que participaron en este foro regional se comprometieron a adoptar medidas de distintos tipos para garantizar la participación y representación políticas de las mujeres en los cargos públicos en todos los niveles, en aras de alcanzar la anhelada paridad.

Los avances no son suficientes

Hasta la fecha, en la región hay nueve países con leyes de cuotas de género y nueve que han promulgado la paridad a través de reformas constitucionales, reformas legales o nuevas leyes que consagran la paridad. Es indudable que hace falta más, el cambio normativo es importante, pero no suficiente. 

Hablar de paridad va más allá de la premisa de que si las mujeres representan la mitad de la población mundial, deben ocupar la mitad de los cargos políticos. No es simplemente una cuestión de números, supone una transformación profunda de las estructuras políticas, sociales, institucionales…, un nuevo pacto social sobre la base del reconocimiento en igualdad de condiciones y oportunidades, de los derechos de las personas. Implica que las diferencias sexuales, raciales, genéricas, entre otras, no se conviertan en desigualdades para la participación política y, en general, para la participación en todos los ámbitos de la vida social.

En América Latina, en 2024, todavía es largo el camino para lograr la anhelada paridad, pero las mujeres estamos en pie de lucha; seguimos liderando, marchando, manifestando, participando, conversando, acordando, aprendiendo y desaprendiendo, insistiendo en que los espacios políticos/públicos/electorales son espacios para las mujeres.

Los desafíos a las encuestas electorales en la era digital

Las encuestas electorales, esenciales para entender la dinámica política, se encuentran en una encrucijada en la era digital. La discrepancia entre las predicciones de las encuestas y los resultados reales de las elecciones ha suscitado un debate profundo sobre su eficacia y relevancia en la sociedad contemporánea. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre su utilidad y a señalamientos de que se trata simplemente de herramientas de manipulación y vehículos de desinformación.

A lo largo de la historia, las encuestas electorales han sido cruciales para anticipar tendencias políticas y comprender las preferencias del electorado. Desde su surgimiento en el siglo pasado, cuando se establecieron las bases teóricas y conceptuales que hoy nos son familiares como la representatividad, los sesgos, el marco muestral o los cuestionarios, hasta su expansión durante la era de las telecomunicaciones entre 1960 y 1990, impulsada por la penetración del teléfono fijo en las clases medias y bajas, las encuestas han evolucionado para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos de su época.

La crisis de la metodología

Sin embargo, la llegada de internet y la proliferación de dispositivos móviles han transformado radicalmente el panorama de las encuestas electorales. Estas circunstancias han generado una crisis para una de las metodologías más tradicionales para realizar encuestas: el muestreo aleatorio por marcación digital. Este se basa en los directorios telefónicos como marco muestral y permite que un grupo significativo de residentes en una jurisdicción determinada tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para participar en una encuesta.

El declive en la participación en encuestas telefónicas y entrevistas cara a cara ha planteado desafíos significativos para los encuestadores, quienes se enfrentan a la difícil tarea de alcanzar muestras representativas en un entorno digital en constante evolución. La expansión de la telefonía móvil y la preferencia entre los jóvenes por comunicarse a través de mensajes en plataformas de internet ha provocado una disminución en la tasa de participación en tan solo unos años. Según el Pew Research Center, entre 1997 y 2018, la tasa de participación en sus encuestas telefónicas pasó del 36 al 6 por ciento.

Por lo tanto, hoy es más complicado realizar encuestas telefónicas, ya que las poblaciones objetivo son cada vez más esquivas. Por otro lado, regresar a las encuestas cara a cara no siempre es la mejor opción pues introducen sesgos de deseabilidad social, son muy costosas y pueden ser incluso materialmente imposibles de llevar a cabo. Hoy en día hay muchas áreas en Latinoamérica donde recolectar datos y realizar encuestas es una tarea de alto riesgo debido a la presencia de grupos criminales.

Internet como medio para las encuestas

Las encuestas en línea han surgido como una alternativa prometedora, ofreciendo la posibilidad de llegar a millones de usuarios que están conectados día a día. Por otro lado, ha reducido significativamente los costos, al punto de que hoy en día cualquier persona puede realizar una encuesta en Google. Además, abrió la posibilidad de recopilar datos de manera masiva y en tiempo real. Sin embargo, esta transición hacia el mundo digital no está exenta de desafíos. Por principio, digamos que las encuestas por internet solo consideran a la población usuaria de internet. Esta población suele ser pequeña en países pobres debido a la baja penetración de internet y/o estar sesgada hacia varones jóvenes que naturalmente pasan más tiempo en línea. Esto plantea interrogantes sobre la validez y la confiabilidad de los datos recopilados en línea.

Para solucionar este problema, muchas encuestadoras en línea han creado sus propios marcos muestrales en forma de paneles al invitar o reclutar a usuarios de internet. De manera similar a un rompecabezas que va formando una imagen, los paneles intentan reproducir en miniatura a la sociedad en toda su diversidad. Sin embargo, estos paneles también enfrentan críticas por su falta de representatividad y estar sesgados en cuanto a quiénes incluyen y excluyen en sus bases de datos, lo que plantea interrogantes sobre su utilidad como herramienta para medir la opinión pública con precisión.

Este fenómeno es especialmente evidente en Latinoamérica, donde datos indican que las empresas de encuestas que emplean paneles tienden a mostrar un sesgo hacia sectores de la población con niveles educativos y de ingresos medios y altos. Además, se señala que estas compañías enfrentan grandes dificultades para reclutar y obtener la participación de individuos pertenecientes a sectores socioeconómicos más bajos. Como consecuencia, las encuestas basadas en estos paneles tienden a representar únicamente las opiniones de personas con un mayor nivel educativo y una mayor propensión a participar en asuntos políticos que el promedio de la población.

Como vemos, lograr un nivel aceptable de representatividad en una encuesta en línea es un trabajo harto complicado. Ahora bien, una de las preocupaciones actuales con las encuestas es que hemos tenido una muy mala racha con ellas. Vale aclarar que las encuestas se pueden equivocar. Y a posteriori es fácil encontrar explicaciones: voto oculto, muestra sesgada o insuficiente, interpretación equivocada o abusiva por parte de los medios de comunicación o actores políticos, entre otros. Equivocarse no es, sin embargo, indicativo de manipulación.

Lo que hay que saber es que la selección de la metodología tiene un impacto determinante en los resultados. Por ejemplo, una encuesta telefónica dará más peso al sector de adultos mayores y subestimará el voto joven, mientras que una encuesta en línea hará lo contrario. Una encuesta cara a cara necesariamente introducirá un sesgo de deseabilidad social. No hay metodología perfecta, pero es necesario conocer a detalle el método al momento de interpretar los resultados.

En resumen, si bien las encuestas electorales enfrentan desafíos significativos en la era digital, también tienen la oportunidad de adaptarse y prosperar en este nuevo entorno. Al utilizar tecnologías emergentes de manera ética y transparente, los encuestadores pueden seguir desempeñando un papel crucial en la comprensión de la opinión pública y la predicción de resultados políticos.

Corrupción, democracia y el tabú de hablar de ello

A principios de este año, Transparencia Internacional publicó el informe completo del Índice de Percepción de la Corrupción 2023 (IPC), que clasifica a 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, puntuando en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).

Según los datos, más de dos tercios de los países analizados obtuvieron una puntuación inferior a 50, situando la media mundial en 43, con países que no progresaron en absoluto o incluso bajaron su puntuación. Además, 23 países alcanzaron su puntuación más baja.

En las Américas, los datos siguen siendo negativos. Sólo dos países de la región mejoraron su puntuación (Guyana, con 40 puntos y República Dominicana, con 35). Todos los demás descendieron. En algunos casos, la caída fue significativa, como en el caso de Santa Lucía, con 16 puestos menos; Guatemala, con 9 puntos menos; Argentina, Honduras y El Salvador, con 8 puestos menos. La caída de puntos afectó incluso a países bien situados en el índice, como Canadá y Chile, que bajaron 7 puntos en la clasificación.

El IPC también muestra que la democracia importa en la puntuación de un país. Las peores posiciones fueron para Nicaragua, Venezuela y Haití. En el caso de Nicaragua, la puntuación fue de 17, habiendo caído 11 puntos desde 2014. Haití también obtuvo 17 puntos, bajando 5 desde 2017. Venezuela, por su parte, quedó en último lugar entre los países americanos, con solo 13 puntos.

Independencia del poder judicial

Ante esto, uno se pregunta por las razones de unos resultados tan negativos en América, y es aquí donde destacan las conexiones con la propia percepción de la democracia en cada país. La falta de independencia del poder judicial, que conduce a la impunidad en los casos de corrupción, envía el mensaje de que hay sectores de la sociedad que son inmunes a la ley y que confían en que las instituciones públicas -y las autoridades- no tendrán que rendir cuentas por los casos de corrupción que los involucran. Se trata de un control del Poder Judicial que proviene de otros poderes -o poderosos- y que permite a ciertos sectores seguir aprovechándose de los asuntos públicos, como si no existiera un Estado de Derecho que respetar.

La falta de independencia del Poder Judicial proviene de la controvertida injerencia de otros poderes, como el Ejecutivo, en la designación de estos magistrados que actuarán en estos casos de corrupción, lo que abre un espacio para la contaminación política de algo que sólo debería ser investigado de acuerdo a la ley. 

Ya se sabe que la total imparcialidad de los jueces es una ilusión, ya que todos tenemos preconcepciones sobre el mundo dentro de nuestras mentes. Sin embargo, los nombramientos para los tribunales superiores que no favorecen la técnica, sino los contactos personales entre designados y designados, ponen en entredicho muchas garantías básicas necesarias para una lucha adecuada contra la lacra de la corrupción, como la imparcialidad que debe ejercerse en la instrucción y el fallo de los casos.

La intervención indebida en el poder judicial lo desprestigia ante los ojos de las personas que sufren diariamente los efectos de la corrupción, por la falta de condiciones mínimas para una vida digna. Y de este descrédito y de la pérdida de la sensación de que los casos pueden ser efectivamente castigados, se deriva la incredulidad de que la democracia sirva para lo que dice ser, una vida mejor en sociedad.

No en vano, el Índice de Democracia 2023 de The Economist sigue la misma línea que el IPC 2023, basado en una escala de 10,0 a 0,0, donde de 10,0 a 8,0 indica una democracia plena; de 7,9 a 6,0 es una democracia fallida; de 5,9 a 4,0 son regímenes híbridos; y de 3,9 a 0,0 son autoritarismos. 

El informe señala que fue un año muy difícil para la democracia en todo el mundo, pero aún más para América Latina. Según los datos, fue el octavo año consecutivo de retroceso democrático en la región, donde la puntuación media cayó de 5,79 en 2022 a 5,68 en 2023. Además, dos tercios de los 24 países de la región registraron una caída en sus puntuaciones, otros 5 un estancamiento y sólo otros 3 una mejora. La mayor caída del índice se produjo en Centroamérica, en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

Percepciones

El análisis conjunto de estos datos indica que a pesar de que las elecciones se celebran con regularidad, existe un proceso electoral y hay participación, las personas no perciben cambios que se traduzcan en una mejora de su calidad de vida. Sigue prevaleciendo la percepción de que no hay una adecuada rendición de cuentas por parte de las autoridades e instituciones, y existe una estratificación social que protege a las clases altas del peso de la ley y que castiga excesivamente a la base de la pirámide, profundizando una desigualdad no sólo económica sino también social, promoviendo incluso una especie de clasificación de los ciudadanos en función de los privilegios que existen en un Estado. 

Incluso se podría argumentar que esta clasificación también tiene en cuenta factores como la raza, el género y la clase social, que pueden hacer que una persona sea más o menos privilegiada a los ojos de las instituciones y de la ley vigente.

Es cierto que la lucha contra la corrupción en las Américas ha estado muy politizada, al igual que el propio concepto de democracia. Ambos han sido disputados por narrativas ideológicas que no hacen más que perpetuar la corrupción y debilitar las democracias. Como resultado, se ha convertido en tabú hablar de la lucha contra la corrupción sin que suene como un ataque a una posición ideológica contraria. Los esfuerzos para combatir la corrupción deben reavivarse sin permitir que se manipule al poder judicial para que no se investigue y castigue adecuadamente, o para que la condena se lleve a cabo de forma poco razonable y en contra de la legalidad que debería guiar la cuestión.

No hay que atacar al mensajero que nos dice que los países empeoran en sus índices de corrupción y democracia, como hemos visto tras la publicación de ambos informes en varios países. Lo correcto es reflexionar sobre en qué nos estamos equivocando, sobre el plan de país que presentan los gobiernos y sobre cómo fortalecer las democracias, considerando que muchas personas incluso están dispuestas a aceptar regímenes autocráticos si proporcionan un nivel de vida más digno, lo que la corrupción impide en una democracia.

Desigualdades, violencias y negligencias con género definido

En una nueva conmemoración del día internacional de la mujer, y como todos los días, es importante repetir que la comunidad internacional sigue en falta con millones de mujeres y niñas.

A pesar de que muchos países han firmado y ratificado el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el mundo aún enfrenta desafíos importantes para alcanzar el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Actualmente 1 de cada 10 mujeres vive en la pobreza extrema. De continuar las tendencias actuales, de aquí́ a 2030, se estima que el 8% de la población mundial de mujeres (342,4 millones de mujeres y niñas) todavía vivirán con menos de USD 2,15 por día.

Estos aspectos que emergen del informe «Progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2023», presentado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES), revela un panorama inquietante no solo porque nos encontramos sobre el final del camino hacia el plazo establecido en la Agenda 2030 para lograr estos objetivos, sino fundamentalmente porque esos objetivos están aún mas lejos cuando se mira desde una perspectiva de género. Las previsiones de Naciones Unidas apuntan a que al ritmo actual millones de niñas y mujeres seguirán viviendo en la pobreza extrema en 2030.

La desigualdad de género en América Latina

En América Latina persisten desigualdades de género en varias dimensiones incluidas la educación, el empleo, el acceso a la atención médica de calidad, la representación y la participación política. A pesar de los avances en algunas áreas, el informe ‘Desigualdad S.A.’ publicado recientemente por Oxfam muestra que las mujeres se encuentran ampliamente sobrerrepresentadas en empleos peor remunerados y más precarios, y se enfrentan a una brecha salarial de género persistentemente elevada. Además, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema generalizado, con altas tasas de violencia de género reportadas en toda la región.

Sabemos también que la pobreza extrema y la falta de oportunidades económicas son factores que impulsan la migración forzada en América Latina. Para muchas mujeres y niñas, las condiciones en su país de origen son intolerables y no les dejan otra alternativa razonable que huir del país debido a una amenaza directa o potencial de inseguridad física, pérdida de vivienda y de medios de vida, o porque su capacidad de cuidar de sí mismas y de sus familias se ve radicalmente socavada.

De acuerdo con ACNUR, en las Américas, hay 73.5 millones de migrantes y 22.1 millones son personas desplazadas forzosamente, con necesidades de protección internacional, o en necesidad de asistencia humanitaria. De ellas, se estima que el 46% – casi 10 millones- son mujeres, adolescentes y niñas.  

En este contexto, también sabemos que una característica de género distintiva es el éxodo de miles de mujeres venezolanas embarazadas, que huyen por razones de necesidad, incluido el miedo a perder a sus bebés o a sus propias vidas si se quedan para dar a luz en su propio país. Según Amnistía Internacional (2018), la mortalidad materna aumentó un 65% en Venezuela entre 2015 y 2016, un retroceso de 25 años debido a la falta de medicamentos como anticoagulantes, analgésicos, antibióticos; la falta de herramientas, equipos y personal médico básicos. Ese contexto impulsó a muchas mujeres a huir. Desde entonces se ha llegado a casi 8 millones de migrantes que han dejado Venezuela. La mitad son mujeres y niñas.

En un estudio que incluye entrevistas con  2.012 mujeres y adolescentes migrantes venezolanas en Manaos y Boa Vista, Brasil, el 10% declaro haber estado embarazada durante el cruce, el 54% destacó motivos de migración relacionados con dificultades para obtener alimentos; el 38% destacó motivos relacionados con el acceso a tratamientos de salud y el 28% motivos de violencia de género, mientras un porcentaje similar destacó la búsqueda laboral.

En Centroamérica, la extorsión y la violencia de género han significado que muchas mujeres y madres con sus hijos no tuvieran otra opción que irse. Durante el tránsito y en las comunidades de acogida, las mujeres, adolescentes y niñas utilizan rutas frecuentemente inseguras en donde sus derechos se ven condicionados por la falta de servicios básicos como salud, salud sexual y reproductiva, educación y cuidado.

Pero el cruce de fronteras también puede estar sesgado por cuenta de una alta militarización y/o falta de presencia institucional que aumentan situaciones de violencia, de trata de personas con fines de explotación sexual, a la violencia y a la desaparición forzada. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras (2020) informó que, en la frontera sur de México, donde los migrantes de América Central y del Sur viajaban a pie para evitar los controles fronterizos, se denunciaba que la policía y las pandillas, a menudo en colaboración entre sí, como perpetradores de abusos de género.

Estos desafíos se han visto acrecentados recientemente con el alarmante número de cientos de miles de personas que han cruzado el Tapón del Darién hacia Panamá, donde entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 cruzaron más de 520 mil personas. El Darién es uno de los cruces más peligrosos del mundo donde quienes cruzan la frontera han denunciado ser víctimas de robos, agresiones y violencia sexual. Recientemente, Médicos Sin Fronteras informó haber tratado más de 600 casos de violencia sexual en 2023, la mayor parte de estos actos violentos son contra mujeres y niñas.

¿A quién le importa?

Los desafíos aquí abordados requieren estrategias integrales que aborden las barreras estructurales a la igualdad de género, incluidas reformas legales, políticas y programas específicos de integración y regularización de personas migrantes y esfuerzos para desafiar las normas y estereotipos de género que afectan la autonomía y la vida en dignidad de muchas mujeres y niñas. Este reconocimiento también requiere la colaboración entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y organismos internacionales para implementar soluciones efectivas y con enfoque de género.

Pero también vale la pena que aquellos y aquellas que conmemoran el día internacional de la mujer como tal reconsideren cual es la responsabilidad moral de los muchos y muchas que colaboramos activamente con la reproducción cotidiana y subsistencia de las condiciones normalizadas y toleradas de desigualdad.

Reflexiones sobre las elecciones de El Salvador 

Nayib Bukele ha sido reelegido. El 84% de los votantes salvadoreños lo han apoyado. Hay muchas cosas para decir; de hecho, se están diciendo o escribiendo en estos momentos. Muchos analistas alertan sobre un peligroso giro autocrático, otros insisten en el carácter popular de este fenómeno. 

He presenciado estas elecciones y quisiera resaltar algunos aspectos. Me gustaría darle contexto regional. En primer lugar, puedo asegurar que se trató de comicios con garantías: cualquier activista democrático de Nicaragua, Cuba, Venezuela o incluso Bolivia envidiaría las condiciones de competitividad electoral. Hubo una autoridad electoral que hizo grandes esfuerzos por implementar un proceso electoral acorde con los estándares internacionales de elecciones con integridad, y lo ha logrado en gran parte.

Elecciones limpias

Entre varios aspectos, hay que destacar la presencia de representantes de partidos de la oposición en los centros de votación, donde, para sorpresa de todos los observadores internacionales, incluso se advertía un cordial vínculo con los representantes del partido de gobierno. Estos “vigilantes” partidarios de la oposición pudieron estar presentes en el transcurso de la jornada electoral, presenciar el escrutinio en las juntas receptoras de votos, defender sus votos y llevarse una copia del acta de mesa con sus resultados. Esto que remarcamos parece un tema menor, pero no lo es. En una etapa posterior, cuando se registraron problemas en la transmisión de las actas de las juntas receptoras de votos de los centros de votación, el Tribunal Electoral rápidamente convocó a los partidos y tomó la decisión de realizar el escrutinio definitivo abriendo todas las urnas, contando voto por voto. Insisto. Esto no es poca cosa en esta América Latina convulsionada. 

Ahora bien, que haya garantías no significa que no se advirtiera una situación de ventajismo electoral en beneficio de un partido de gobierno que cuenta con llave de oro en la Asamblea y con un líder carismático como Bukele, que a esta altura se ha transformado en una referencia en el mundo. Hubo ventajismo, y puede que esto haya engrosado en algo su caudal de votos, pero uno infiere que no hay sobrerrepresentación sino un fenómeno popular incontenible.

En otras palabras, se constató una cancha electoral inclinada por sustento administrativo/institucional (por ejemplo, con relación a las demoras en las asignaciones de los fondos para campaña electoral), pero sobre todo por el extraordinario escenario político en donde un hombre y un partido absorben un respaldo popular poco frecuente en sistemas políticos caracterizados por la diversidad y el pluralismo.

Esta asimetría de fondo puso a todo el entramado institucional en crisis. De igual modo, ese porcentaje de respaldo abrumador responde a un nivel de participación bajo, que ronda el 52% del registro electoral. En definitiva, los que participan apoyan de modo abrumador a Bukele, pero hay un porcentaje alto que no participa que requiere también una lectura política.  

El enorme apoyo a Bukele

Acerca de las causas que dan lugar a este fenómeno popular, las hay muy variadas. La mayoría coincide en que la lucha contra el crimen organizado ha sido la razón principal. No puede soslayarse el hecho de que el Estado de El Salvador estuvo al punto de la disolución dado que las pandillas en tanto organizaciones paraestatales pusieron en entredicho las capacidades de ese Estado para garantizar la unidad territorial. Bukele recuperó el control por parte del Estado, volvió a centralizar el poder, se hizo nuevamente con el control monopólico de la fuerza y a partir de ahí volvió la seguridad a los ciudadanos, que lo premiaron con su apoyo incondicional. Esto se hizo en un contexto de estado de excepción que se renueva cada treinta días por la Asamblea.

En este pasaje se derrumbó el sistema de partidos, el último bipartidismo de América Latina, y Bukele no se autocontroló como hubiese hecho un republicano convencido; por el contrario, aprovechó ese poder para avanzar sobre otros poderes. El caso más emblemático fue cuando una Asamblea con mayoría especial del partido de gobierno cambió los miembros del Tribunal Constitucional para lograr la habilitación de Bukele a competir por su reelección. Este ha sido el aspecto más cuestionable del proceso electoral. 

Las comparaciones de este proceso con el de Hugo Chávez han surgido a borbotones, aunque yo encuentro algunas diferencias sustanciales. Ambos presentaron una notoria pulsión por concentrar poder, eso es claro. Ahora bien, Chávez era de izquierda, con una posición abiertamente anticapitalista. Su admiración por el modelo de Cuba hizo desmantelar el aparato productivo, expulsó a millones de venezolanos de su propio país y empobreció a la población que quedó atrapada en el país. Un modelo viejo, de impronta comunista, anclado a una narrativa de la izquierda “revolucionaria” de América Latina. Hizo de la inseguridad una política de Estado, la propagó al constituir colectivos armados, verdaderas fuerzas de choque paraestatales, consagrando la impunidad y empoderando al crimen organizado. Un estado de excepción de hecho y permanente. De la escasez y la centralización del poder se conformó ese modelo de control social que impera a día de hoy. Van 26 largos y penosos años de este régimen, que cuando dejó de ser popular intervino el Consejo Nacional Electoral y suprimió las elecciones libres para implementar fraudes electorales escandalosos. 

El perfil de Bukele es distinto. Comparte con el chavismo una concepción antirrepublicana de marcado sesgo autocrático, pero el presidente de El Salvador tiene una concepción económica capitalista, de derecha, que levanta banderas conservadoras e innovadoras a la vez. Gestiona, busca inversiones, proyecta, y eso ya es una diferencia notable con el chavismo. En lo que respecta al ejercicio de derechos políticos, en Venezuela no pueden votar los que se encuentran en el país y menos lo pueden hacer los que expulsó la dictadura en todo este tiempo.

En cambio, en El Salvador no solo pueden votar con garantías los inscritos en el registro electoral, sino que, además, tras una reciente reforma política electoral, se implementó tecnología en el voto en el exterior para los salvadoreños expulsados por la falta de oportunidades brindadas por su propio país. El Tribunal Supremo Electoral implementó el voto remoto por internet y el voto remoto en el exterior presencial, y el resultado fue impactante, porque creció la cantidad de electores, pasando de algo más de 3.800 en las elecciones de 2019 a más de 560.000 en estas últimas elecciones.   

Claro que su vínculo con China preocupa y genera incertidumbre, porque allí podría insinuarse un modelo político a seguir, con el condimento americano propio, por cierto.

Una autocracia de derecha

Entonces ¿a dónde va Bukele luego de este triunfo categórico? Ese “régimen democrático de partido único” anunciado en el discurso en donde se autoproclamó vencedor será un hecho, y salir de allí no será fácil porque esto parece funcionar mientras acompañe el viento a favor. Cuando cambia el clima político o económico, los perfiles autócratas tienden a consagrar nuevos giros autoritarios que les permitan conservar el poder.

Los que tenemos un compromiso con la democracia nos sentimos interpelados por el caso de El Salvador. Es muy evidente que la democracia ha presentado fallas importantes que han generado pérdida en la calidad de vida y descontento generalizado por parte de la ciudadanía. Sus débiles entramados institucionales fueron permeados por la corrupción y el crimen organizado. En no pocos casos, los partidos políticos terminaron siendo representantes de estas organizaciones criminales. Las autocracias como Irán, China y Rusia se han hecho un festín con estas debilidades. Han financiado a partidos y dirigentes políticos que, cuando tomaron el poder, desmantelaron la democracia y el estado de derecho, y, cuando estuvieron o están en la oposición, tienen la suficiente capacidad para sabotear todo proyecto democrático.

Los escenarios alternativos a la democracia republicana parecen aglutinarse en el estado fallido de Haití, o en los modelos autocráticos impopulares de izquierda, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, o ahora en los modelos autocráticos populares de derecha, como el de El Salvador. En todo caso, esto confirma la recesión democrática, la falta de confianza en ella, los problemas que tiene para congeniar competencia electoral con resultados positivos para sus ciudadanos. Y también, por último, en el hecho de que expone una débil capacidad de los organismos internacionales del hemisferio para contener los giros autocráticos en estos escenarios de crisis. En definitiva, el caso de El Salvador nos debe llevar a todos los defensores del sistema democrático y los derechos humanos a realizar una profunda y honesta autocrítica.