El significado del triunfo del Partido Republicano de Chile

La noticia del domingo 7 de mayo fue el triunfo del Partido Republicano representante de la derecha chilena no tradicional en la elección del Consejo Constitucional. Ni los mejores pronósticos auguraban una victoria tan categórica. La mayoría obtenida por los republicanos, con 22 consejeros electos que consiguieron el 35,4% de los votos de una elección que contó con una participación del 84,9% del padrón, lo posiciona como la fuerza más votada. Se trata de un crecimiento electoral inédito para un partido desde el retorno a la democracia en Chile. ¿Qué explica este triunfo tan rotundo?

En primer lugar, un electorado hastiado y con un sabor amargo tras el proceso constituyente anterior. Los partidos políticos tradicionales, después del triunfo del rechazo, se desgataron aún más por el esfuerzo por mantener el proceso constituyente con vida. Esto impactó principalmente al electorado de Chile Vamos (coalición política de centroderecha a derecha), que, por el resultado que obtuvieron, no había alcanzado ningún consenso, y fue una de las fuerzas políticas más debilitadas. La suma de todos los partidos de Chile Vamos alcanza aproximadamente un 21% de la votación, muy por debajo del Partido Republicano.

Además, el contexto del país contribuyó a crear un escenario favorable a los republicanos. La discusión pública ha estado marcada por la incapacidad del Gobierno de controlar los problemas de seguridad, la violencia e inmigración, tópicos que han sido las banderas de lucha de este partido. Y si a esto se añade la mala situación económica y el incremento del desempleo, es natural que el electorado haya querido dar una señal de castigo al Gobierno. Prueba de ello es que el 37,6% de los votos que suma el pacto oficialista se asemeja al 38% que obtuvo el Apruebo.

Otro asunto no menor es la sintonía discursiva del Partido Republicano con el contexto del país. Su simpleza programática, sin embargo, ha sido certera con los problemas que más preocupan a la opinión pública y ello surtió efecto. Si bien Chile Vamos también buscó posicionarse en estos aspectos, su postura más conciliadora y comprometida con el proceso constituyente le dio una posición más difusa ante una ciudadanía impaciente, lo mismo que le pasó al otro partido de la derecha, Partido de la Gente.

Nuevamente la ciudadanía privilegia a los nuevos rostros y castiga a los partidos tradicionales y a los que carecen de claridad programática. Con este resultado, los partidos políticos que dominaron la política chilena por más de treinta años tras el retorno a la democracia han quedado estupefactos. Sin embargo, algunos adjudican el resultado a la atrofia de los propios partidos políticos y sus limitaciones al ejercer la representación, a cambio de mantener las lógicas personalistas y clientelares.

Por otro lado, hay quienes plantean que este resultado no necesariamente se debe a que el Partido Republicano cuenta con un fuerte arraigo en la sociedad, sino que se trata de un voto castigo dominado por la emoción y la frustración. Según esta idea, la crisis de los partidos continuará y esta elección es un hito más en el proceso de descomposición del sistema político chileno.

Este pesimismo se basa en una perspectiva estructuralista de los partidos políticos. El argumento tiende a subestimar la capacidad regeneradora que el mismo sistema de partido podría ofrecer. De ahí que muchos abrazaron, sin cuestionamientos, el proceso constituyente abierto en 2019 y celebraron una convención muy influenciada por actores sociales e independientes, que le asignaron un significado sanador del sistema político. Esta interpretación subestima la capacidad de regeneración del sistema de partidos.

Hasta ahora los partidos tradicionales parecen ser más bien incapaces de comprender la naturaleza de los problemas de la transmutada sociedad chilena. Pero ¿acaso la propuesta constitucional de la Convención Constituyente, ofrecido por esta nueva izquierda, no fue una propuesta programática que se le hizo a la ciudadanía? El rotundo fracaso del Apruebo en el plebiscito del año pasado deja claro que las ideas contenidas en la Constitución presentada a la ciudadanía no estaban para nada en sintonía con los requerimientos de la sociedad chilena. Sin embargo, es innegable que esa fue una manifestación clara de que los partidos aún son capaces de empujar cambios desde adentro.

Por lo tanto, el resultado de estas elecciones debe ser interpretado como parte del proceso de regeneración del sistema de partidos políticos. El Partido Republicano fue capaz de esbozar una propuesta programática con base en un diagnóstico y la definición de la naturaleza de los problemas que aquejan al país. Se podrá discutir sobre la profundidad y lo acertado de su propuesta programática, pero existe un posicionamiento y una priorización claros sobre los asuntos que hoy preocupan a la ciudadanía. Esta historia aún no se cierra y más adelante veremos si sus ideas logran echar raíces.  

El punto es que la “regeneración” de los partidos políticos chilenos no vendrá de gente externa. Esa receta ya no resultó. El cambio vendrá desde adentro. Acontecimientos como el acuerdo (liderado por los partidos tradicionales) que definió el marco del nuevo proceso constitucional o el surgimiento de partidos como el Partido Republicano, son parte del proceso de metamorfosis y no necesariamente de descomposición de la política del país.

Algunos partidos morirán, otros nacerán y algunos harán perdurable su poder de decisión. Desde este punto de vista, considerando la actual debilidad de los partidos y la falta de arraigo y capacidad movilizadora, la clave está en establecer diagnósticos ajustados a la realidad y articular programas coherentes a la ciudadanía. Solo así podrán crecer las tan anheladas raíces que serán el soporte necesario para la futura proyección de los partidos.

De momento, los partidos de centro derecha y centro izquierda, los más perjudicados de esta jornada, deberán aprender la lección. Pero no hay que minimizar el triunfo de los republicanos y más bien hay que examinar su alcance en este proceso de conversión del sistema político de Chile.

El rechazo al plan B de la reforma electoral mexicana

La noche del 15 de diciembre de 2022 los representantes de Morena y sus aliados votaron de forma apresurada en el Senado de la República un conjunto de reformas reglamentarias en materia electoral que ha sido conocido como el “Plan B”. Se trató de una iniciativa de reforma constitucional que requería una mayoría calificada que no tenía el oficialismo. El atropello fue tal que incluso Ricardo Monreal, el líder de la fracción morenista en el Senado, votó en rechazo al plan y argumentó que “las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales”.

Dado el forzamiento del proceso legislativo, la oposición interpuso acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Luego de casi cinco meses, los ministros de la Corte han desechado esta semana la primera parte del Plan B con nueve votos a favor y dos en contra, y han dado la razón jurídica a la oposición.

De hecho, la Corte ni siquiera discutió el fondo constitucional de las reformas por su notoria improcedencia, ya que el plan establece que los cargos electos en funciones de gobierno pudieran participar libremente en las campañas electorales, lo que es considerado una aberración y está prohibido.

Esto ha causado una andanada de ataques desde la Presidencia de la república, el Congreso de la Unión, el partido Morena y, sorprendentemente, del mismísimo líder del Senado, quien en la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, amenaza a los ministros de la Corte.  “El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no las hemos ejercido…”, dijo recientemente.

Esta situación ha generado molestia, y mucha, en el Palacio Nacional y en el morenismo. En sus recientes conferencias mañaneras, se ha podido ver a López Obrador irritado y lanzando, un día sí y otro también, ataques contra los ministros de la Corte y la oposición. Y esta actitud se repite entre secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, y alcaldes morenistas.

Ante la incapacidad de cambiar la decisión de la Corte (seguramente se completará cuando se revise la segunda parte del Plan B), ya que presenta las mismas fallas de la primera parte, el presidente López Obrador ha lanzado el llamado “Plan C”, que se definiría en las urnas en 2024 cuando estará en juego la Presidencia de la república y el Congreso de la Unión.

El plan busca, entre otras cosas, que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por los votos. Es decir, las campañas políticas ya no serían para escoger partidos, sino también a ministros, magistrados y jueces.

Más allá de esta propuesta a la mexicana, los resultados en los comicios federales de 2021, las consultas ciudadanas y las encuestas de intención de voto no dan para pensar que el tsunami obradorista de 2018 vaya a repetirse en 2024. Primero, porque se debe pasar antes por una nominación del candidato oficialista, sin rupturas, lo que parece improbable. Ya, al menos, Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, se ha pronunciado para que el método para elegir al candidato o candidata sea transparente. En otros términos, esto significa que se opone a reproducir en filas del morenismo el viejo “dedazo priista” para escoger candidatos.

Por otro lado, la oposición, que se ha movido con cautela, dando juego a todos los que aspiran a la nominación presidencial o a la reintegración de consolación en caso de éxito electoral, juega con el calendario electoral.

Sus líderes saben que la alianza Va por México (integrada por los partidos PAN, PRI y PRD) en 2021 solo perdió dos millones de los votos obtenidos en 2018, mientras que los partidos de la alianza Juntos Hacemos Historia perdieron ocho millones de sufragios. Otro dato relevante es que, a las consultas ciudadanas para presuntamente juzgar a los expresidentes neoliberales y la revocación de mandato del presidente en funciones, Morena solo logró movilizar siete y dieciocho millones, respectivamente, de un padrón de 95 millones de votantes.

Ante los riesgos de una competencia cerrada, López Obrador se metió en la carrera por la sucesión presidencial y ha reforzado la política clientelar en los programas sociales, las cuotas de votos que seguramente se les asignarán a gobernadores y alcaldes, e incluso, como sucedió en 2021, podría poner en marcha mecanismos de contención de los operadores electorales de la oposición.

En definitiva, la confrontación del presidente López Obrador con los ministros de la Corte indica el malestar que le causa su independencia, los contrapesos normales de cualquier democracia representativa y una eventual derrota en las urnas.

Lasso disuelve la Asamblea en Ecuador

Guillermo Lasso cumplirá dos años en el Gobierno de Ecuador el 24 de mayo. En este periodo ha sobrevivido a tres intentos de destitución de diverso tipo e intensidad. En junio del año pasado superó un paro nacional de 18 días consecutivos liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con Leonidas Iza a la cabeza, luego siguió la votación en la Asamblea para promover su salida anticipada y un grupo de opositores recogió firmas para la revocatoria del mandato.

El Presidente ecuatoriano es un sobreviviente de la oposición de izquierda y de derecha. La primera encarnada en la Revolución Ciudadana del exmandatario Rafael Correa y el movimiento indígena Pachakutik que cuenta con diversos líderes, y la segunda, en la derecha del Partido Social Cristiano con su figura histórica, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil.

En estos dos años de gobierno, Lasso no ha logrado un acuerdo político interpartidario que le permitiese gobernabilidad, más bien ha estado siempre al filo del despeñadero. Esto ha limitado completamente la gestión y ni siquiera ha logrado concretar un pacto social con organizaciones de la ciudadanía.

La decisión del mandatario ecuatoriano para disolver la Asamblea (muerte cruzada), amparada en el artículo 148 de la Constitución de la República y expedida vía Decreto Ejecutivo 741, se produjo en un contexto de crisis simultáneas. Desde la inseguridad generalizada en todo el país, una alta tasa de desempleo, insatisfacción ante los servicios de salud pública, el bloqueo legislativo hasta una limitada capacidad de gestión gubernamental en el área social. Como positivo se destaca el equilibrio de las cuentas macroeconómicas.

Lasso disolvió la Asamblea, antes de ser juzgado políticamente en el proceso por peculado. La Corte Constitucional aprobó la continuidad del juicio bajo esa figura y la Comisión de Fiscalización de la legislatura basó el proceso sin un informe de consenso por parte de sus nueve legisladores. Además, no se evidenciaron pruebas contundentes respecto de este delito. En este marco, la oposición quiso cortarle la cabeza al Presidente con figuras que van desde la incapacidad mental hasta el descrédito popular.

Tras la “muerte cruzada”, de momento no ha habido protestas en las calles de Ecuador. El rechazo a la Asamblea es muy amplio y apenas lograba el 5% de aceptación. Es la legislatura peor evaluada desde la transición a la democracia desde 1979. Y ni siquiera el movimiento indígena ha puesto en marcha sus anunciadas protestas en contra del Gobierno, pues el contexto no les favorece.

Por su parte, el Presidente Guillermo Lasso también cuenta con una aprobación bajísima. Solo el 13% de los ecuatorianos aprueba su gestión, estableciendo también un récord el último año, pues su desgaste ha sido intenso y acelerado.

¿Qué se viene?

La muerte cruzada implica elecciones anticipadas para escoger el binomio presidencial y la Asamblea por el tiempo que resta a las dos funciones del Estado para el periodo 2021-2025. En otras palabras, se vive un ambiente electoral, pues las organizaciones políticas están en búsqueda de los mejores candidatos para el siguiente año y medio. La situación es compleja, las nuevas autoridades locales acaban de asumir sus cargos y la población se ve obligada a volver a las urnas en un escenario marcado por el descrédito por la política y la fatiga cívica.

En el tiempo restante, el Presidente podrá gobernar por decretos, en la medida que la Corte Constitucional los apruebe. Lasso tiene apenas seis meses para demostrar que puede concretar alguna de sus ofertas de campaña como reducir el desempleo, mejorar el sistema de salud y el acceso a la educación y, sobre todo, combatir la inseguridad. Desde el oficialismo, aún no se ha mencionado quien tomaría la posta. Si bien el Presidente puede volver a ser candidato, los números le son adversos.

A futuro queda la interrogante de si la muerte cruzada es un remedio o una nueva enfermedad para el sistema político ecuatoriano. Pues cualquier mandatario sin mayoría legislativa y que sufra el bloqueo político podría aplicarlo antes de cumplir tres de los cuatro años de gobierno.

Por el momento, el mandatario ecuatoriano ha recibido el rechazo de la oposición, el beneplácito del cuerpo diplomático acreditado en el país y el respaldo de las fuerzas del orden. Solo el tiempodirá si Lasso tomó, o no, la mejor decisión.

La vicepresidenta colombiana en África: un avance de la diplomacia del Sur

La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, culminó su gira diplomática en Sudáfrica, Kenia y Etiopía, por la cual ha sido fuertemente criticada. Si este esfuerzo se consolida, sin embargo, podría convertirse en un golpe maestro de la diplomacia en el Sur Global, con implicaciones para la industria, el comercio, la cultura y el cambio climático en África y América Latina.

Pocos eventos recientes han recibido tanta crítica banal, predecible y farandulera como el periplo diplomático de la vicepresidenta a varios países africanos. Se ha hablado del costo del combustible, de la numerosa comitiva y de la percibida arrogancia de Francia, entre otras cosas. Esto no hace más que evidenciar los estándares dobles a los que sometemos, como sociedad, a la primera vicepresidenta negra del país.

No obstante, no se puede negar el impacto que estas críticas han tenido sobre la opinión pública. Una encuesta de Datexco indica que más de la mitad de los colombianos no está de acuerdo con el viaje – en comparación con 29% que sí lo está – y que más de siete de cada diez encuestados considera que la vicepresidenta debería dar explicaciones con respecto al viaje y sus costos.

Pese a tanta cortina de humo, sale a relucir una inquietud legítima: ¿Por qué deberíamos priorizar el acercamiento diplomático con los países africanos cuando somos económicamente más dependientes de las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea?

La vicepresidenta ha dado algunas explicaciones sobre la búsqueda de este fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. “Por muchos años, Colombia ha estado de espaldas al continente africano. […] En lo económico, si uno a un continente que tiene 1.390 millones de habitantes lo desprecia diciendo que no hay qué hacer ahí, yo creo que es una visión muy sesgada”. También se refirió a la larga historia de los conflictos y los esfuerzos de construcción de paz en la región: “[África] es un continente de reconciliación y ahí, en ese punto, tiene mucho que ofrecerle a nuestro país”.

Este esfuerzo hace parte de las funciones delegadas por el presidente Gustavo Petro en el marco del fortalecimiento de las relaciones internacionales con los movimientos afrodescendientes. Hasta ahora, se ha anunciado la firma de numerosos acuerdos de entendimiento en materia de comercio, cultura, e incluso género, este último a través del programa “Ella exporta a África”, que busca impulsar las economías femeninas en el país. Aunque estos ya son avances significativos, de consolidarse esta estrategia podríamos estar presenciando una de las grandes maniobras diplomáticas del siglo desde el Sur Global.

Este acercamiento político, por un lado, podría ser la antesala a una dinámica de coordinación en espacios internacionales de negociación como el G77, una coalición de 134 países en desarrollo que ha sido fundamental para avanzar cualquier agenda política en las Naciones Unidas. América Latina y el Caribe además tienen mucho que aprender de la Unión Africana en materia de integración regional, considerando que esta última ha logrado presentar posiciones unificadas en estos espacios de manera consistente, contrario a las voces dispersas y divergentes que se escuchan desde este lado del Atlántico.

La emergencia de esta coalición birregional podría cimentar el liderazgo actual de Colombia y Brasil en la lucha global contra el cambio climático al movilizar a un bloque tan poderoso como la Unión Africana. Si bien los conflictos interregionales por la distribución del escaso financiamiento climático podrían generar rispideces, el alineamiento de las regiones podría servir para el incremento de las contribuciones por parte del Norte Global.

En este marco, debería priorizarse la exigencia de los recursos para la adaptación al cambio climático y el avance en la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, acordado el año pasado en la cumbre de la COP en Egipto. Además, las regiones deben exigir compromisos globales para financiar la protección de las cuencas del Amazonas y del Congo- los dos sumideros de carbono más importantes del mundo- a través de instrumentos de cancelación de deuda, entre otros.

Este esfuerzo diplomático debe entenderse también desde la Política de Reindustrialización, que ha sido quizás el único programa del Gobierno Nacional que ha recibido cierto consenso entre los sectores del país. Esta busca ayudar al país a “transitar de una economía extractivista a una economía del conocimiento, productiva y sostenible”, a través del fortalecimiento del sistema empresarial y comercial, para priorizar sectores que fueron fuertes previo a la apertura neoliberal de los años 90, como la producción agroindustrial y farmacéutica.

Sin embargo, no se trata de una política estrictamente proteccionista. Todo lo contrario, esta depende del fortalecimiento de lazos comerciales con mercados donde estos productos puedan ser competitivos – no en Estados Unidos o Europa, sino en América Latina y en otras economías emergentes -. África sería un excelente candidato, teniendo en cuenta que la Zona de Libre Comercio Continental Africana es la más grande del mundo y que las ventas colombianas a países africanos se incrementaron un 158% en 2022 frente al año anterior.

La gira diplomática de la vicepresidenta promete. No obstante, sectores importantes del país no la estarán esperando de brazos abiertos y el racismo y la desinformación tienen mucho que ver con esto. También es cierto que ha faltado una estrategia integral para comunicar la importancia de esta visita diplomática desde la Vicepresidencia, en articulación con las demás dependencias del Gobierno Nacional. Y aunque parezca un detalle, esto no es poca cosa. Esta estrategia requiere un cambio radical de percepción para que podamos entendernos como un país que puede ir más allá de exportar materia prima y mano de obra barata al Norte Global. Debemos apropiarnos de esa energía creadora y aprender de otras regiones con retos similares.Mientras tanto, la senadora de oposición, María Fernanda Cabal, tuiteó un video de la Vicepresidenta bailando ritmos africanos durante la gira con el siguiente texto: “Esto es ‘vivir sabroso’”. Más allá de la ironía, esta declaración es curiosa: vivir sabroso claro que es sonreír, bailar y estar en contacto con las raíces, con la matriz. De hecho, la herida colonial puede empezar a sanar a partir de esta conversación. Qué hermoso ver a la representante de todos los colombianos reconstruyendo el cordón umbilical entre nuestros pueblos a través del arte, el amor por el territorio, el baile y la sonrisa.

Una gestión integrada de los recursos hídricos para un desarrollo sostenible

Coautora Alexander Esquivel López

Actualmente, se han alcanzado importantes avances en algunos aspectos de la sostenibilidad ambiental: la superficie total de áreas protegidas ha crecido, el consumo de sustancias que dañan la capa de ozono ha disminuido considerablemente y la región ha avanzado en el aumento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento. En este contexto, la gestión integrada de los recursos hídricos es fundamental para un desarrollo sostenible. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a múltiples obstáculos: las crisis financiera, climática, energética y alimentaria pueden desviar a la región del cumplimiento de sus compromisos en materia de sostenibilidad ambiental.

Hasta fines de los años ochenta, el medio ambiente y su relación con el crecimiento económico y la justicia social no ocupaba un lugar destacado en las agendas nacionales ni internacionales. Esta situación empezó a cambiar con el surgimiento del concepto de desarrollo sostenible, que se consolidó en 1987 con la publicación de Nuestro futuro común, también conocido como informe Brundtland.

En el informe Brundtland se define el desarrollo sostenible como “aquel que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Si extendemos el concepto, se puede entender como una sociedad sostenible aquella que con el paso de las generaciones no agota su base de recursos ni produce más contaminantes de los que pueda absorber la naturaleza.

Partiendo de esta concepción, hoy en día las sociedades necesitan un enfoque que les ayude a conocer mejor las complejas y dinámicas relaciones que existen entre el ser humano y la naturaleza, para administrar sus recursos de forma sustentable. Dicho lo anterior, se hace necesaria no solo la investigación en temas relacionados con la sostenibilidad, sino también innovar y encontrar soluciones que permitan a nuestra generación y a las venideras vivir en armonía con la naturaleza.

Los impactos del cambio climático

En este contexto, es importante considerar que, debido al cambio climático, las tormentas tropicales y los fenómenos atmosféricos son cada vez más frecuentes en la región, por lo cual, la gestión integrada de los recursos hídricos cobra cada vez mayor importancia. Y es que el recurso hídrico es un elemento primordial para satisfacer el bienestar y el desarrollo social, económico y ambiental.

Al ser el agua un recurso finito, vulnerable y esencial para mantener la vida, los ecosistemas y el desarrollo económico, es indispensable una adecuada gestión pública y política de los recursos hídricos. Esto es necesario para propiciar la compatibilidad entre la satisfacción de los usos económicos y sociales con las funciones ambientales, a fin de alcanzar un uso sustentable.

Históricamente, el agua ha sido, por lo general, considerada por las sociedades como un recurso infinito. Sin embargo, en los últimos años, las deficiencias en la disponibilidad hídrica de algunas regiones, la degradación de la calidad de cuerpos de agua y la inequidad en el acceso al agua potable y al saneamiento han llevado a un incipiente reconocimiento de la necesidad de una mejor conservación y planificación de los recursos hídricos.

Actualmente, existen un sinnúmero de iniciativas en la región que están enfocadas en aumentar la conciencia sobre la crisis mundial del agua y decidir sobre acciones concertadas que movilicen a todos los sectores, personas, organismos y países, con el objetivo de impulsar esfuerzos políticos que se centren en resolver esta problemática.

Un ejemplo es el Grupo Regional de Expertos en Recursos Hídricos en América Latina y el Caribe que tiene como objetivo sumar esfuerzos para la ejecución de iniciativas como el intercambio de información relevante en temas hídricos, de publicaciones y estudios en desarrollo, así como explorar oportunidades de colaboración para apoyar a los países de la región. Todas estas actividades están encaminadas a la aceleración del cumplimiento del Objetivo Desarrollo Sostenible (ODS) 6.

Otra iniciativa destacable es el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad (SRI), que se realizará en junio en Panamá, donde se discutirán proyectos de investigación y estrategias de cogestión para obtener los impactos pertinentes en la conservación de los recursos hídricos. Uno de los objetivo es realzar los proyectos de investigación y estrategias de cogestión que se desarrollan en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde se aspira a conseguir los efectos necesarios en la conservación de los recursos hídricos en el país.

Allí se debatirán los ejes del Plan de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como la institucionalidad y gobernabilidad del agua o la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Esto permitirá a Panamá hacer una gestión moderna de los recursos hídricos y con ello, conseguir el manejo de estos de manera sostenible mediante la articulación de las necesidades de reformas políticas, legales y de financiamiento, el desarrollo de modelos institucionales y las herramientas de gestión.

Estas son solamente algunas de las iniciativas que demuestran que la región lleva un camino andado. Ya hay avances en la materia, y actualmente se está trabajando en este tipo de políticas en la mayoría de los países.

 Alexander Esquivel López es Doctor en Ciencia y Tecnología de las Radiaciones, Minerales y Materiales, Investigador del CIHH-UTP, miembro de la Asociación Panameña de la Ciencia del Suelo y Afines y del ISTRA.

La cooperación entre América Latina y África desde los pueblos de la diáspora

El 10 de mayo, Francia Márquez, primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, inició una gira de ocho días a tres países: Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Se trata de la mayor visita de alto nivel de Colombia a África en casi tres décadas y busca fortalecer las relaciones con los países del continente en el marco de la Estrategia África 2022-2026. La visita ha sido halagada por el potencial del continente africano, pero también criticada por la oposición. Más allá de ello, la visita de Márquez a África es una oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre América Latina y África. 

Cuba fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con el continente en 1962. Más tarde se sumaron Brasil y Venezuela, y más recientemente México, Argentina, Colombia y Ecuador. Desde 2006, con la organización de la Primera Cumbre América del Sur- África (ASA) en 2006, en Abuja (Nigeria), se han dado pasos significativos en el fortalecimiento de los vínculos entre estos dos actores a nivel político, comercial y tecnológico. Pero más allá de esto existe una conexión con África a partir del intercambio y el conocimiento de los pueblos. 

Por una diplomacia entre los pueblos africanos y los pueblos latinoamericanos

El África negra o subsahariana es la que mayor conexión posee con los pueblos de América Latina. Una macro región con diferentes matices y una conexión estrecha con América Latina, de la que emergieron grandes civilizaciones como la yoruba, la bantú, la dahomeyana, sudanesa y congolesa. Justamente en el África Subsahariana es donde se da el primer lazo que une a África con América a través de la esclavitud que se desarrolló entre el siglo XVI y XIX. 

Por ello, la cooperación entre África y América del Sur debería estar mediada por los intereses de la ideología panafricana, es decir la unidad de los pueblos. Esto, en clave de la sociología de la revolución descolonial, se denomina “La diplomacia de los pueblos”, según lo advirtió Franz Fanon en su célebre obra “Los Condenados de la Tierra”.

La diplomacia de los pueblos es la contradicción natural al modelo estándar de diplomacia entre los Estados. Para el experto en política exterior sobre África, el afrovenezolano Jesús Chucho García: “África, por tener una cantidad enorme de recursos minerales estratégicos, se ha convertido en el continente apetecido de las potencias mundiales, no sólo occidentales sino también de los países emergentes económicamente como los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica) que vienen aplicando una Diploextracción minera”. Es decir, que los Estados y sus gobiernos tienen centrados sus intereses en lo que el continente les puede brindar. 

El África contemporánea, aunque trata de recomponerse de las secuelas del colonialismo, aún vive procesos de recolonización y son pocos los países africanos que asumen un concepto de soberanía y solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo. Por ello, es necesario que la cooperación entre África y América Latina plantee un contexto geopolítico e ideológico distinto, que acerque a los pueblos a sus necesidades, sus solidaridades, sus luchas y proyectos emancipatorios conjuntos. 

Si bien la historia y las raíces culturales son los principales lazos de unión entre América Latina y África, también lo es su diáspora. Los descendientes de los 15 millones de esclavizados que sobrevivieron en América hoy constituyen la diáspora africana de las Américas, que suma aproximadamente 200 millones de personas y que junto con toda la población africana y su diáspora en el resto del mundo supone más de 1500 millones de personas. 

Debido a la importancia de la diáspora, la Unión Africana considera que los afrodescendientes somos la Sexta Región de África, sumada a las otras cinco (África del Norte, África del Sur, África Central, África del Oeste y África del Este).  

El objetivo de la diplomacia de los pueblos y el poder 

Si bien es cierto que la geo afrodescendencia experimenta serios problemas de desigualdad, pobreza, violación a los derechos humanos y exclusión generalizada como una consecuencia de la esclavización, el colonialismo y el racismo estructural, no es menos cierto que la afrodescendencia y la africanía han hecho importantes contribuciones al desarrollo de la humanidad. La cooperación África-América debe hacer un esfuerzo por evidenciar esto. La pobreza no debe ser el único referente colonial de la afrodescendencia. Es importante dejar claro que nuestra civilización ha hecho importantes contribuciones al mundo, desde la ciencia, la tecnología, las artes, la economía, la historia, etc. Resaltar esto es central porque nos lleva a tener un marco teórico lo suficientemente amplio para la justicia reparadora y para realizar aportes sustantivos al desarrollo. 

En la cooperación entre América Latina y África debe proponerse la discusión del poder afrodescendiente y africano. Esto implica analizar cuál es nuestra estrategia de incidencia y participación política para la transformación de la democracia de Occidente. Esto debe conducirnos al poder real de la sociedad, un modelo de poder que nos permita transformar sus gobiernos, sus estructuras económicas y sus ideales sociales, hegemónicos y raciales que nos oprimen, con el objetivo de construir un mundo social más justo y sin racismo.

Brasil y la Cumbre Amazónica: clima, combate al hambre y agroecología

Coautor Atos Dias

El gobierno brasileño ha propuesto realizar una Cumbre Amazónica en agosto de 2023, en Belém, en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). El objetivo es reunir a Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela para discutir acciones generales relativas a la selva y, en particular, la cuestión ambiental. Esta podría ser la primera reunión internacional en la que Lula, como anfitrión, proponga los marcos generales para el debate sobre el medio ambiente. Si quiere ser coherente con la posición que defendió en la COP27, su gobierno debe vincular la lucha contra el hambre a la cuestión climática. Sin embargo, es importante que Brasil ponga en primer plano la agroecología, un tema ausente de su discurso en la COP 27, la reunión más importante relacionada con el clima a la que ha asistido Lula desde que ganó las elecciones el año pasado.

En la COP 27, el Gobierno del entonces presidente Bolsonaro estuvo representado por el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite. En su discurso, reconoció que el país tiene desafíos climáticos, incluso en relación con la deforestación ilegal de la Amazonia. Sin embargo, el ministro criticó a los «gobiernos anteriores» que «sólo actuaban para multar, reducir y culpar» y abogó por una política medioambiental rentable para «las empresas, las personas y la naturaleza». La explotación de la naturaleza con fines económicos, por tanto, fue un tema central en su discurso ante la COP 27. 

Esta posición debe interpretarse en el contexto del gobierno de Jair Bolsonaro que se caracterizó por hacer la vista gorda -por decir lo menos- a las actividades económicas ilegales de explotación de la Amazonía, incluso en reservas indígenas protegidas, con énfasis en la actividad minera ilegal y el avance desorganizado del agronegocio. Teniendo en cuenta los registros de devastación del área forestal, el país se alejó de los compromisos firmados en la COP 26, en Glasgow.

La participación de Lula en la COP 27 fue posible gracias a una invitación directa del presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi. En su discurso, Lula destacó la importancia de un esfuerzo conjunto, en el ámbito de la gobernanza global, para el cumplimiento de los acuerdos ya firmados sobre la mitigación de los efectos del cambio climático. El presidente electo afirmó que «los acuerdos que ya han sido finalizados tienen que llegar a buen puerto» y destacó la agenda para la creación de un fondo de financiación destinado a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, para «hacer frente a las consecuencias de un problema creado en gran parte por los países más ricos, pero que afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables».

Lula también hizo hincapié en la cuestión del hambre, subrayando que el país necesitaba «volver a conectar con el mundo y ayudar de nuevo a combatir el hambre». Además, Lula abogó por la creación de una alianza mundial por la seguridad alimentaria «para el fin del hambre y la reducción de las desigualdades, con plena responsabilidad climática». Por último, defendió que es posible aumentar la producción agrícola sin deforestar los bosques e incluso destacó la importancia de prácticas agrícolas más sostenibles, citando la agrosilvicultura y los conocimientos agrícolas de los pueblos nativos y las comunidades locales.

El discurso de Lula, además de abordar claramente el problema del hambre, trató la cuestión alimentaria de una forma relacionada con la agenda climática. Es decir, se reconoció que la producción agrícola también estaba entre las causas del cambio climático y que sería necesario buscar «una agricultura regenerativa y sostenible». Aunque no se trataba de un discurso oficial de un jefe de Estado, el mensaje de Lula se aproximaba a la agenda más amplia propuesta por el grupo de Koronivia y la Organización Mundial de la Salud en la COP27. Fue un indicio de que Lula, como presidente, podría ser protagonista en el intento de reforzar las intersecciones agrícolas y alimentarias en los debates sobre el cambio climático.

Sin embargo, es fundamental destacar que Lula trajo a su discurso los términos «agricultura regenerativa y sostenible», y que no mencionó términos como agroecología, sistemas alimentarios y soberanía alimentaria. Estas presencias y ausencias son relevantes a la luz de las disputas de principios sobre las mejores soluciones para enfrentar los desafíos inherentes al nexo entre producción de alimentos, hambre y clima. 

Según el informe IPES Food, términos como «agricultura regenerativa» y «soluciones basadas en la naturaleza», que operan en el paradigma de la sostenibilidad, están vinculados a intereses empresariales y, eventualmente, a prácticas de «corporate greenwahsing». Es decir, en las arenas de negociación internacional existe una tensión entre estos términos y, principalmente, la agroecología, que parece anteponerse a los demás.

El mismo informe señalaba que «la agroecología se centra tanto en los sistemas humanos como en los naturales. Su búsqueda de la restauración medioambiental y la sostenibilidad es inseparable de la búsqueda de la inclusión social, la equidad o la justicia». Por el contrario, las definiciones de agricultura regenerativa y soluciones basadas en la naturaleza tienden a tener un alcance más limitado, refiriéndose principalmente a los sistemas naturales y a las prácticas técnicas, haciendo hincapié en la restauración medioambiental, la preservación y la sostenibilidad de forma que se minimicen las dimensiones humanas y las relaciones sociotécnicas».

Aunque el discurso del presidente electo en la COP 27 tuvo aspectos alentadores en comparación con el discurso oficial de Bolsonaro, será necesario monitorear si esta orientación del gobierno de Lula mantendrá, en la práctica, el vínculo conceptual entre la lucha contra el hambre y la preservación del medio ambiente. La Cumbre Amazónica puede ser la primera reunión importante en la que Brasil, en su calidad de anfitrión, pueda aportar esta conexión como punto de partida fundamental para las negociaciones.

Además, para que la agroecología se fortalezca como principio fundamental de las políticas públicas y de los acuerdos de cooperación, debe ganar relevancia en la agenda ambiental internacional y la Cumbre Amazónica es una oportunidad privilegiada para ello. De hecho, el actual gobierno viene revirtiendo el desprecio del gobierno Bolsonaro por la agroecología y los campesinos y, concretamente, ha reactivado políticas y dotado de más presupuesto a la agroecología. Es necesario que el gobierno dé mayor relevancia al tema en su política exterior.

Atos Dias es Investigador del FomeRI.

*Este texto es resultado de una investigación apoyada por la Fundación Heinrich Böll.

En Chile no hubo volantazo

Los cambios en la situación política chilena han provocado una gran sorpresa en la región. Los resultados de las elecciones al Consejo Constitucional del domingo 7 de mayo han producido titulares que subrayan un giro espectacular. El diario El País de España, publicaba un editorial titulado “Volantazo en Chile”, cuya primera línea rezaba: “las elecciones del domingo en Chile han dado la vuelta al escenario político”. Y el analista chileno, Claudio Fuentes, se planteaba: “¿Cómo explicar que de una ola progresista se pase abruptamente a una resaca conservadora en Chile?”.

Como suele suceder, el problema no está en la dificultad que pueda tener la respuesta, sino en el error sobre el que se plantea la pregunta. En Chile no hubo un vuelco del escenario político, que ya venía claramente escorado desde la derrota del plebiscito de septiembre del pasado año, cuando dos tercios del electorado rechazaron por la anterior propuesta constitucional diseñada por un Consejo Constitucional mayoritariamente de izquierda. Pero, sobre todo, el punto de partida de la pregunta es infundado, porque no hubo una oleada progresista con la elección de Boric, como se proclamó en aquel momento.

Para comprender mejor el espejismo político que se produjo entonces, es necesario examinar dos componentes principales. El primero referido a la verdadera dimensión de la victoria electoral. Si en aquella ocasión únicamente había votado el 56% del electorado y Boric obtuvo poco más de la mitad de esos votos, quiere decir que el presidente electo contaba con apenas el 27% del total del electorado. Pero además, los estudios de opinión mostraban que siete de cada diez de los casi tres millones de votos que se sumaron a su candidatura en esa segunda ronda procedían de otros partidos (de centro izquierda), que no seguirían a Boric en el futuro. Es decir, que la “amplia marea electoral” de Boric apenas superaba un quinto del electorado.

El otro elemento del espejismo alude a la idea de que el apoyo a Boric era producto directo del espíritu imparable del estallido social del 2019. Los sondeos de opinión mostraban que el apoyo a lo sucedido en 2019 era bastante menor de lo supuesto. Varios observadores señalaron que los hechos habían sido “sobrefestejados”. En realidad, más de la mitad de la población chilena tenía una visión crítica de lo sucedido.

El otro problema complementario que enfrentó Boric fue que quedó en minoría en el Congreso. Pocos meses después, esto le supuso el rechazo de la reforma tributaria, su proyecto estrella, con la que pretendía recaudar un 3,6% del PIB en cuatro años, unos 10.000 millones de dólares, que le permitirían desarrollar su programa socioeconómico. Esto confirmó que Boric no podía contar con el apoyo continuado de las fuerzas progresistas que le permitieron ganar las elecciones presidenciales.

Así las cosas, es difícil afirmar que Chile ha sufrido un giro espectacular, desde una oleada progresista a una netamente conservadora. En todo caso, la elección ha acentuado la deriva conservadora, algo que también es discutible. Es cierto que el Partido Republicano de Kast ha obtenido casi la mitad de los escaños del Consejo y que sus 23 asientos, sumados a los 11 obtenidos por la derecha tradicional, dejan en sus manos la configuración de la nueva Constitución chilena.

Por ello, la interpretación de que el resultado significa un desplazamiento del electorado chileno hacia la extrema derecha es bastante arriesgada. Este resultado electoral, de hecho, también puede significar que el Chile profundo ha dado definitivamente la espalda al gobierno de Boric y lo manifieste distanciándose lo máximo posible de su proyecto político, al que considera demasiado radical.

No hay que olvidar que en la mayoría de los países de la región hay una brecha importante entre las actitudes políticas de las minorías activas y las del país profundo. Se trata de una brecha que puede aumentar su dimensión en determinadas coyunturas históricas. Y en este contexto, todo parece indicar que Chile atraviesa una de esas coyunturas.

Así, en las actividades políticas protagonizadas por las minorías activas predomina la tendencia de izquierdas, como sucedió en las protestas de 2019. Pero cuando se trata de una actividad donde interviene el Chile “profundo”, como sucede cuando hay elecciones de carácter obligatorio, la orientación conservadora predomina claramente. En el caso de Chile se ha estudiado bastante la existencia de bolsones de ciudadanía de una cultura política de muy baja calidad, refractarios a la política, herencia en buena medida de la impronta procedente de la experiencia pinochetista.

Pero esta orientación conservadora del Chile profundo no debería llevar a la conclusión de que el grueso del electorado chileno rechaza la promulgación de una Constitución democrática que deje atrás a la actual, diseñada durante la dictadura. De hecho, no sería de extrañar que finalmente el electorado se oriente hacia una solución centrista, tal vez hasta una recuperación reducida de la vieja tradición política del Chile de los “tres tercios” entre derecha, centro e izquierda.

​​La mitigación climática depende de la conexión de las políticas con el bienestar personal

Calor insoportable. Tormentas cada vez más fuertes. Inundaciones seguidas de sequías. Los trastornos del cambio climático para nuestra salud, bienestar, seguridad y economía, sin hablar de la calidad del medio ambiente y de la belleza del paisaje, aumentan como nunca hasta el punto de que en la última cumbre sobre el clima, COP27 (Egipto), la comunidad de expertos se despidió de la ingenua ilusión de que el planeta se pueda mantener por debajo del incremento de 1,5 grados Celsius a lo largo de este siglo y admitió que estamos yendo hacia una suba de tres grados. Todos sabemos, además, lo que un alza de tres grados implica para el cuerpo.

Si cuando tenemos fiebre, paramos y revaluamos lo que necesitamos hacer, ¿por qué no procedemos igual cuando nuestro sistema ambiental y climático nos da tantas señales? Durante años se planteó que primero era una cuestión de dificultad cognitiva para entender un tema demasiado complejo o distante. ¿Cómo explicar a la sociedad que los gases emitidos por sus coches o la producción de carne que consume tiene consecuencias climáticas?

El planteamiento ha sido traer las pequeñas acciones individuales al centro del debate mediante el mantra de que cada acción individual mitigadora cuenta. Tomar baños rápidos ahorraría energía; también, reutilizar las toallas, además de contaminar menos el agua, y separar la basura sólida de la orgánica nos pondría más cerca de un ideal de ciudadanía ambiental. Todas estas medidas son comportamientos legítimos, solo que demasiado aislados, microscópicos y sujetos a deslices personales como para alcanzar la escala necesaria de transformaciones de los hábitos que contribuyen al calentamiento global.

De allí la urgencia por avanzar hacia una agenda de emisión cero antes de 2050 a partir de políticas públicas que impacten a la sociedad como un todo y a gran escala. De hecho, el aumento de la preocupación de la sociedad por la crisis climática anticipa su probable apoyo a iniciativas que deberían ser ejecutadas por Gobiernos que afectan algunos de nuestros comportamientos más dañinos. Por ejemplo, nueve de cada diez brasileños concuerdan en que el calentamiento global es un problema grave para la humanidad; ocho reconocen que ya sufren los efectos del cambio climático y cuatro están dispuestos a pagar más por productos que tengan una menor huella de carbono.

Ese diagnóstico ha llevado a gobiernos, ONG y universidades a sondear cómo movilizar a la población para pasar de intenciones a acciones y para adoptar prácticas sistémicas que cuestionen hábitos arraigados, procedimientos estándares y reglas de juego por default que perjudican los planes de llevar a cero nuestras emisiones. Ello genera una serie de interrogantes prácticos relativos a cómo nos transportamos, nos alimentamos y nos proveemos de productos para el hogar.

¿Debemos normalizar las reuniones presenciales que exigen vuelos internacionales o debemos naturalizar las formas remotas que evitan la emisión de gases? ¿Debe el Estado buscar una alimentación con menor huella ambiental en escuelas públicas, hospitales y ministerios o se debe dejar que ese ajuste en la nutrición personal sea fruto de elecciones particulares?

Estas son políticas concretas que van más allá de decisiones individuales y, por lo tanto, tienen el potencial de generar cambios a gran escala. Incrementar impuestos sobre carnes rojas y lácteos, aumentar las tarifas aéreas para pasajeros frecuentes, substituir el impuesto a las mercancías por uno que vele por las emisiones del producto tendría un efecto infinitamente mayor que acciones fragmentadas de tipo individual como substituir lámparas incandescentes por LED o ir al supermercado en bicicleta en lugar de en coche.

¿Cómo persuadir a los ciudadanos de que apoyen y legitimen, por lo tanto, esas propuestas? Históricamente, la sensibilización y movilización de apoyo a causas ambientales apeló al miedo, la culpa o al sacrificio extremo personal. Nada de eso ha funcionado.

En la búsqueda por entender qué gatillos se pueden activar al proponer políticas de alcance colectivo, los experimentos sobre redefinición de conductas en favor de emisiones cero como el desarrollado por la consultora Market Analysis, junto con la red de expertos en sostenibilidad SCORAI Brazil, ofrecen buenas pistas. Según este, cuando se exhiben las ventajas relativas al bienestar que esas políticas tienen (mejor salud por comer menos carnes rojas, más seguridad nutricional en ámbitos públicos) la adhesión a esas propuestas crece. Y ello ocurre en una proporción mucho mayor que defendiendo las mismas políticas por sus posibles ventajas económicas (más ahorro fruto de más frugalidad o menor gasto por usar productos concentrados) o por sus dividendos ambientales (un aire más puro o un clima menos sujeto a extremos).

Por ejemplo, el apoyo a compras públicas provegetarianas y antiproteína animal sube del 50% a casi el 64% cuando se usan argumentos relativos al bienestar, la salud y la seguridad familiar, en comparación con un aumento de hasta el 55% cuando se usan ideas exclusivamente ambientales. En el caso de la internalización de costos de tipo climático en los precios, el argumento económico es inocuo para motorizar su apoyo, pero al conectar esa propuesta con los beneficios de estilos de vida, su apego se incrementa del 56% a más del 69%.

Un futuro de emisiones cero requiere ir más allá de personas actuando virtuosamente de modo aislado. Los estudios de opinión pública sirven para identificar la lógica más efectiva para convencer a la gente de cambiar prácticas enteras de movilidad, alimentación y provisión hogareña en la medida necesaria para combatir el cambio climático. A su vez, esos sondeos revelan que el apoyo público exige más que una promesa de lucro financiero o suponer que las personas responderán a un principismo ambiental.

La batalla contra el calentamiento global y las medidas pertinentes para ganarla dependen de la conexión que haya entre estas propuestas y los beneficios de bienestar personal, familiar y colectivo.

Derecha o izquierda, ¿cuál es la diferencia?

Al inicio de la Revolución francesa, el lugar que ocuparon respectivamente los partidarios de la realeza y sus oponentes en la Asamblea condujo a que, por facilidad, se denominara a los primeros “derecha” y a los otros “izquierda”. Más de dos siglos después, estas etiquetas siguen siendo utilizadas, aunque cada vez con menor capacidad explicativa.

En términos generales, se ha ubicado como “derecha” a los partidarios de la conservación del orden establecido, y se ha considerado “izquierda” a los impugnadores del estado de cosas prevaleciente. Pero, si bien la derecha ha sido y es identificada con valores o creencias como la autoridad, el orden jerárquico, el militarismo, la tradición e incluso la religión, en el lado izquierdo los contenidos han pasado por una evolución. En particular, sobre la adhesión revolucionaria a la igualdad se ha elaborado una propuesta de justicia social que, en el capitalismo desarrollado, ha generado el llamado estado de bienestar para combatir la desigualdad.

En el medio, en un territorio disponible a unos y otros, han quedado otros asuntos de importancia:  el nacionalismo, los derechos individuales —encabezados por la libertad—, la justicia, el valor del trabajo y el del mérito, para mencionar algunos. Derechas e izquierdas —el plural ayuda a dar cuenta de la variedad presente en cada lado— recurren seriamente o de modo oportunista a la invocación de “la patria”, “la libertad” o “la justicia” cuando así lo estiman necesario o simplemente útil.

El liberalismo ha hecho más difícil la dicotomía izquierda/derecha al postular valores como el respeto a la diversidad y a la discrepancia, que llamamos pluralismo, que no pueden ser claramente situados en una u otra. De allí que, en ocasiones, se haya echado mano a hablar de “liberales de izquierda” para diferenciarlos de los liberales centrados únicamente en el laissez-faire, laissez-passer que postula un capitalismo no sujeto a controles.

La realidad ha ido mostrando, a veces de manera trágica, que las categorías de derecha e izquierda son camisas de fuerza en las que nos obligamos a colocar a las posiciones que, con tantos matices, se van desarrollando. ¿Nos explica algo ubicar a Eisenhower y a Trump en el mismo casillero? La complicación es mayor cuando se trata de situar, por ejemplo, a Stalin: ¿en la derecha o en la izquierda?

En la actualidad, al rescate ha llegado la teoría al crear la subdivisión “izquierda iliberal”, que en términos simples sería algo así como una izquierda reaccionaria, contradicción en los términos que, solo para mantener tercamente el uso de la categoría “izquierda”, se aplica a algunos regímenes. Este es el caso de países de Europa del Este, como Hungría y Polonia, cuya orientación retrógrada entra constantemente en colisión con la Unión Europea.

Latinoamérica y el caso de Perú

En América Latina el uso de estas categorías simplificadoras, de tiempo atrás, tampoco ha sido fácil… y cada vez lo es menos. ¿Perón era de izquierda o era de derecha? Y si fue de derecha, como dicen sus impugnadores, ¿por qué lo combatió la oligarquía terrateniente hasta lograr que los militares lo desplazaran? En tiempos más recientes, ¿el gobierno de Rafael Correa fue de izquierda o de derecha? La lista de personajes y sus gobiernos que ofrecen resistencia a la categorización dicotómica puede extenderse.

Pese a esa realidad, todavía hay quien hoy en día se refiere a “los Gobiernos de izquierda en América Latina”, incluyendo en ese saco a Maduro, Ortega, Boric, Petro, Lula y hasta a Boluarte. ¡Como si tuvieran algo en común! Como si llamarlos “de izquierda” pudiera ayudarnos en algo a comprender sus políticas de gobierno y su orientación; en la realidad, muy diversas.

En el caso de Perú, el asunto es más grave. En la enredada situación actual, derechas e izquierdas se oponen en ocasiones, como se supondría que debiera ocurrir. Sin embargo, actualmente no son pocas las oportunidades en las que confluyen, repartiéndose los fragmentos de poder de los que pueden disponer. Así, el año pasado unas y otras pactaron la composición del Tribunal Constitucional, adjudicándose los sillones de este para, a los efectos de las designaciones, obtener la indispensable mayoría en el Congreso y, de ese modo, en adelante cada vez que haga falta ese Tribunal estará a disposición de quienes los nombraron. Viene siendo lo mismo para otras decisiones de cierto calado.

Esta convergencia de intereses resulta posible no solo por la ambición de a muy corto plazo de unos y otros, sino especialmente debido a que la llamada izquierda ha trastocado su perfil hasta hacerse irreconocible como tal en el partido Perú Libre, que llevó la candidatura presidencial de Pedro Castillo. En efecto, allí se encuentran dirigentes políticos que combaten la homosexualidad, niegan la igualdad entre sexos, ignoran las preocupaciones ambientales, rechazan a los inmigrantes venezolanos que han llegado al país y un largo etcétera que los haría merecedores de la bendición de algún obispo de los de antes.

¿Estos son líderes de izquierda? Si es así, entonces, ¿a qué se insiste en llamar izquierda? Hoy en día aparece un solo asunto sobre el que, con muchas diferencias, diferentes protagonistas políticos podrían ser agrupados bajo esa bandera: el papel protagónico del Estado en la economía. Pero, en rigor, esto tampoco resulta preciso: en los países del mundo desarrollado los controles del Estado sobre la economía son mucho mayores de lo que quieren hacernos creer los neoliberales ideólogos del capitalismo en América Latina. En Estados Unidos, y aún más en Inglaterra, los organismos estatales vigilan de cerca si el comportamiento de las grandes empresas es conforme con la salvaguarda de los intereses de accionistas y consumidores.

Es que, a una mirada inicial, los sectores de derecha parecen más sencillos de agrupar. Sin embargo, como demuestran algunos casos, tampoco es fácil encasillar a todos los sectores con tendencias conservadoras bajo una sola etiqueta, así como tampoco lo es agrupar bajo otra a los protagonistas hoy genéricamente llamados “progresistas”.

Entonces, para comprender a posiciones y liderazgos políticos distintos, ¿cuál es la utilidad de seguir valiéndose de la dicotomía derecha o izquierda? La pregunta queda abierta al debate.