El pasado 26 de febrero el Frente Cívico Nacional y diferentes organizaciones sociales tanto nacionales como estatales hicieron un llamado a la toma de la plaza pública. El objetivo era pronunciarse en contra del llamado Plan B, de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende alcanzar lo que no pudo a través de su iniciativa de reforma constitucional. Básicamente lo que busca el presidente es controlar la elección para beneficiar a su partido en las elecciones presidenciales de 2024 y la renovación del Congreso de la Unión.
El llamado activó movilizaciones en más de cien ciudades de México y el extranjero (París, Los Ángeles, Washington, Madrid, Lisboa, Madeira, etc.) y se calcula que la participación será de más de un millón de mexicanos. El objetivo eran tres principios: el Instituto Nacional Electoral (INE) no se toca, mi voto no se toca y la Suprema Corte de Justicia decide sobre la constitucionalidad del Plan B.
El presidente López Obrador pretende, mediante una reforma de la ley electoral, reducir a su mínima expresión la estructura y las competencias del INE, de manera de obtener ventajas por esta vía sobre la oposición y conservar la Presidencia para el partido Morena y sus aliados electorales. Teniendo el control del INE y reduciendo sus competencias constitucionales, podría contar con un mayor margen de maniobra en unas elecciones que se pronostican muy competidas.
Esta estrategia de ruptura constitucional fue avalada por la mayoría absoluta que tienen Morena y sus aliados legislativos; sin embargo, no le alcanzó para tener la mayoría calificada (las dos terceras partes más uno en ambas cámaras) que exige la Constitución, a fin de realizar reformas a la carta magna.
En este contexto, el mandatario López Obrador decidió dar un paso atrás para avanzar dos pasos adelante a través de reformas de las leyes secundarias, entre ellas, la ley electoral. Esto suscitó amparos y controversias constitucionales de la oposición y, ahora, le toca a la Corte resolver sobre la constitucionalidad de estas reformas.
Hay dos aspectos (ambos tienen que ver con el contexto de la situación) que son fundamentales. Uno es la designación reciente de la primera presidenta de este órgano constitucional y la decisión de los ministros de que el llamado Plan B no se aplicará en los comicios del próximo verano en los estados de México y Coahuila.
El primero cobra relevancia, porque la candidata del presidente, la ministra Yasmín Esquivel Masso, no solo no obtuvo los votos de sus pares para alcanzar el máximo cargo, sino que enfrenta un fuerte cuestionamiento público por haber plagiado su tesis de licenciatura y doctorado, lo que podría inhabilitarla de su cargo.
El segundo asunto es que la Corte nombró como presidenta a la ministra Norma Piña Hernández, que desde antes de ser elegida tenía uno de los índices de aprobación más bajos de los candidatos que había presentado López Obrador.
Aunque la Corte está compuesta por once ministros y ministras, sus mensajes públicos y simbólicos de que será respetuosa de lo que marca la Constitución y de que no se saldrá de lo que marca la norma cobran importancia.
Ahora, el punto está en cancha de los ministros y ministras de la Corte y son estos los que deben resolver los amparos y controversias constitucionales sobre las reformas de seis leyes secundarias y definir si tienen soporte constitucional. La Constitución y la ley electoral establecen que las leyes electorales no pueden cambiarse noventa días antes de que se inicie el proceso electoral, y oficialmente está previsto que ocurra el 2 de septiembre mediante la instalación del consejo general del INE y la emisión de la convocatoria a las elecciones constitucionales para el periodo 2023-2024.
Especialistas en materia constitucional coinciden en que, una vez aprobado el Plan B por el Congreso de la Unión, el presidente López Obrador tiene 30 días para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Y una vez publicado, la Corte procede a revisar la constitucionalidad de las reformas de las seis leyes secundarias y tendría hasta el 2 de junio para resolver los amparos y controversias constitucionales ya sobre lo definitivo. Es decir, el INE y los partidos políticos tendrán que revisar sus alegatos para presentarlos de inmediato a la Corte, que deberá trabajar a marchas forzadas para decidir, con base en la Constitución, si las elecciones del próximo año se celebran con la legislación vigente o con el añadido del Plan B.
En definitiva, México transita en estos días por una avenida marcada por una estrategia política que podría romper el orden constitucional, y eso tiene al país en vilo. El destino nacional depende, como nunca antes, de lo que resuelvan los once ministros de la Corte. Mientras ello ocurre, los ciudadanos han decidido tomar la calle para cambiar el intento regresivo de nuestra democracia y sus instituciones.
