¿Y si gravamos las ganancias de las petroleras para financiar la transición energética?

Leonardo Stanley
-
0
¿Y si gravamos las ganancias de las petroleras para financiar la transición energética?

La humanidad enfrenta un momento decisivo a pesar de que vastos sectores de la clase dirigente lo sigan negando. Resulta necesario avanzar con la transición energética y dejar de seguir acumulando activos que aumentan el riesgo financiero tradicional (o de transición), al tiempo que incrementa el riesgo de derrame relacionado con el escaso peso que tenemos en el mercado energético global.

Ciertamente no nos sobran divisas como para desperdiciar ingresos, ni recursos fiscales como para regalar rentas. La transición energética requiere de financiamiento y, en este sentido, existen diferentes instrumentos que podrían utilizarse, o sea, herramientas que están en poder del soberano para autofinanciar la transición. Una de ellas son los impuestos a las ganancias extraordinarias.

En este contexto, hay que destacar una serie de posturas de distintos líderes políticos que permiten avizorar el futuro de la transición, más allá de los discursos que surgen respecto a la emergencia climática.

El discurso del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ante la 77.ª sesión plenaria, destacó la “avaricia grotesca” de las compañías petroleras a expensas de los más pobres del mundo, “al tiempo que destruyen nuestro único hogar”. Si la guerra de Ucrania permitió el abultamiento de sus patrimonios, la necesidad de ahondar la transición energética clama por la imposición de un impuesto extraordinario.

La continuación del conflicto bélico, en definitiva, desató una crisis energética y alimentaria. Fruto del incremento de precios, el Gobierno alemán de Olaf Scholz decidió imponer un impuesto extraordinario a generadoras eléctricas (no alimentadas por gas) para evitar que acumulen ganancias extras, disociadas de sus costos de producción. Similar postura adoptó Pedro Sánchez en España, quien impuso una tasa extraordinaria a las empresas energéticas.

Otra parece ser la actitud adoptada por la primera ministra entrante en Gran Bretaña, Liz Truss, quien promete volver a las políticas de reducción de tributos que pregonaba el neoliberalismo en los noventa, todo un desafío con incrementos tarifarios que asfixia a la mayoría de los hogares británicos. Truss se presenta como agente del cambio, pese a que sus decisiones políticas no son más que el dogmatismo neoliberal: más desregulación, menos Estado, y una esperanza de derrame que se viene repitiendo desde la década del ochenta sin otro éxito que el aumento de la desigualdad.

No existe relación alguna entre una reducción de impuestos y el desarrollo económico. En un contexto de emergencia climática se necesita de más inversión tanto en mitigación como en adaptación. Todo Gobierno debería priorizarlo. Sin embargo, más preocupante resulta su escepticismo en materia climática, lo cual generaría un fuerte retroceso en la transición energética. En esta dirección se explica la reciente decisión del Gobierno en rever la prohibición al fracking, aun cuando cualquier alternativa limpia resulta más rentable pese a los altos costos que actualmente afectan al sector.

Cabe destacar que en el primer cuatrimestre el excedente también alcanzó a las compañías que operan en la región con fuertes ganancias. Los ingresos extraordinarios beneficiaron a Ecopetrol, Petrobras, Pemex o YPF, aunque solo esta última incrementó su producción en dicho período. De hecho, los resultados impulsan nuevas inversiones y entusiasman a los Gobiernos a avanzar con nueva infraestructura.

El presidente Alberto Fernández, de Argentina, por ejemplo, planteó, ante un grupo de empresarios petroleros en Houston, el interés del Gobierno argentino por nuevas inversiones en Vaca Muerta. Y, tal como viene sucediendo desde los años noventa, les prometió garantías especiales, protección a sus inversiones, garantizar la libre disponibilidad de divisas y otorgar regímenes fiscales especiales. Pero no hace falta mirar hacia atrás para destacar los problemas que el Tratado de Energía genera al soberano: el exceso de garantías que otorga dicho marco legal desafía toda política de transición. 

Según Fernández: “Tenemos en abundancia no solo petróleo, que algunos años más seguirá usándose, sino el gas, y viendo lo que está pasando a través de la crisis desatada entre Rusia y Ucrania, siento que Argentina tiene una enorme oportunidad”. A esto añadió: “Tenemos que construirla entre todos: Estado y empresarios”. Un discurso con un tinte neodesarrollista que desconoce lo efímero del momento e ignora los riesgos que conlleva la transición.

Por otro lado, afortunadamente están surgiendo otras voces en la región. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia tiene como objetivo descontinuar la producción de petróleo y prohibir toda tarea de exploración, al tiempo que la legislatura comenzó un nuevo debate por la prohibición del fracking que cuenta con el respaldo de la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad. Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, defendió ante el Congreso la sanción de un impuesto extraordinario al carbón y el petróleo. Todo un conjunto de iniciativas, en definitiva, destinadas a iniciar la transición.

Estas medidas que viene a proponer el nuevo Gobierno colombiano proceden de poner al descubierto lo añejo de muchos discursos que aún se escuchan en la región.

Brasil confirma que no hay un nuevo ciclo progresista en América Latina

Enrique Gomáriz Moraga
-
0
Brasil confirma que no hay un nuevo ciclo progresista en América Latina

Pese a la abultada derrota en el plebiscito constitucional en Chile, amplios sectores de la izquierda latinoamericana (incluyendo al propio presidente Gabriel Boric) seguían acariciando la idea, hasta la víspera de las elecciones en Brasil, de que la “inminente” victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la primera ronda de las presidenciales establecería un triángulo de Gobiernos progresistas (Colombia, Chile, Brasil) sobre el que podría afianzarse un nuevo ciclo progresista en la región.

Desde esa perspectiva, los resultados electorales del domingo 2 de octubre en Brasil son un jarro de agua fría para quienes tenían estas previsiones. Pese al 48% de los sufragios obtenidos por Lula da Silva, lo cierto es que no puede estar seguro de tener ganada la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. El sorprendente apoyo del 43% obtenido por Jair Bolsonaro contra todas las encuestas muestra que cuenta con un voto conservador mucho más amplio y fiel de lo esperado. Sobre la base de ese hecho, el presidente actual puede luchar por atraer durante el mes de octubre los votos de los partidos más pequeños y parte de ese 22% que se ha abstenido de votar en esta ocasión. En pocas palabras, lejos de resolverse, la contienda electoral continúa.

Sin embargo, Lula ya ha tenido que encajar una derrota importante en las elecciones legislativas y estaduales. El partido de Bolsonaro se alza con la bancada más amplia en el Parlamento y varias de las gobernaciones importantes, como Río de Janeiro y São Paulo, han sido ganadas por los candidatos del actual presidente. De esta forma, cualquier Gobierno de Lula tendría enfrente a buena parte del sistema político representativo brasileño. No es de extrañar que hubiera tanta satisfacción en los cuarteles partidarios del perdedor Bolsonaro en la noche del domingo electoral.

Resulta interesante que las explicaciones sobre el inesperado resultado electoral en Brasil de parte de quienes confiaban en ese nuevo ciclo progresista en América Latina sean tan parcas y puntuales. Buena parte apuntan a errores tácticos en la campaña de Lula y a la poderosa maquinaria de desinformación y amenaza del presidente Bolsonaro. Y parece que ha sucedido bastante de ambas cosas en la campaña. Pero el fondo del asunto es bastante más estructural y global. Se refiere a fenómenos aparecidos en diferentes latitudes (Trump, brexit, Bolsonaro, derrota del plebiscito en Chile, elecciones italianas, los más recientes).

Las elecciones en Brasil reflejan la misma situación de Chile y Colombia: tres países donde apunta un Gobierno de izquierdas en medio de una sociedad política y culturalmente dividida. No se muestra un corrimiento del electorado hacia posiciones progresistas, que sucediera más o menos al mismo tiempo en varios países de la región, sino el mantenimiento estable de una profunda división interna en varios de esos países.

La división en el caso colombiano es tradicional y Gustavo Petro trata de operar mediante acciones espectaculares, pero es difícil vaticinar si logrará el objetivo estratégico que se ha marcado: reconciliar a la sociedad colombiana. En Chile, el presidente Boric creyó que contaba con una amplia base de apoyo electoral, y el resultado del plebiscito constitucional mostró que esa percepción tenía bastante de espejismo. El país profundo, de orientación conservadora, le propinó una derrota notable en la consulta popular. Y en Brasil, el resultado estrecho en esta primera vuelta muestra con claridad la existencia de dos países: un Brasil conservador y otro progresista, lo cual puede llevar a situaciones peligrosas si se profundiza la polarización.

Petro, Boric y Lula (en el caso de que gane la Presidencia en la segunda vuelta) deben identificar con rigor esta división de cosmovisiones que existe en cada uno de sus países y operar en consecuencia. Todo indica que propinar tirones radicales en su acción de gobierno podría producir fuertes resentimientos socioculturales que provoquen reacciones en sentido contrario.

Brasil confirma este diagnóstico más profundo en que se encuentra la región. Lejos de manifestarse el desarrollo de un nuevo ciclo progresista, lo que se evidencia es la existencia de una profunda división social y cultural que se repite en los países, y que una perspectiva progresista debe evitar que avance hacia su polarización. Es hora de zambullirse en un diálogo constructivo con los que no piensan como uno.

Brasil es puesto a prueba por el oscurantismo

Leonardo Magalhães
-
0
Brasil es puesto a prueba por el oscurantismo

La derecha moderada ha sido enterrada, como dijo la periodista Andrea Sadi de GloboNews. En el Senado se disputó un tercio de los escaños y los que más perdieron fueron los partidos de centro como el PSDB, el PROS, el PSD y el MDB. El bolsonarismo ha crecido tanto en el Senado que, según una encuesta de la revista Piauí, ya tiene los números necesarios para votar los casos de impeachment de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF). De hecho, de los 20 candidatos al Senado apoyados por Bolsonaro, 14 fueron elegidos. De los 27 apoyados por Lula, no siempre tan explícitamente, sólo 8 obtuvieron escaños.

El bolsonarismo salió aún más fortalecido en el Congreso respecto a 2018, al obtener 99 escaños y lograr la mayor bancada de la cámara. Entre los nombres más conocidos se encuentran perseguidores de la izquierda vía lawfare, parlamentarios y ex ministros del gobierno de Bolsonaro con posturas religiosas fundamentalistas, anti derechos humanos, antidemocráticas y negacionistas de la ciencia, la pandemia y el cambio climático.

La campaña fue guiada principalmente por el antibolsonarismo y el antipetismo y no hubo confrontación de ideas sobre los problemas reales del país. Y los relatos de los candidatos fueron abstractos en lugar de explicar cómo se harían las cosas.

Estas fueron unas elecciones basadas casi exclusivamente en la aniquilación política del adversario, atontando a la población y alejándola de su realidad, reforzando aún más todo lo que hay detrás de la lógica bolsonarista. En esta línea, el estilo de campaña corrosivo utilizado por Ciro no hizo sino amplificar esta tendencia, provocando su peor resultado con apenas 3%.

El bolsonarismo oscurantista se fortaleció en el Senado y el Congreso, porque sin el debate de problemas, ideas y soluciones, la lógica de la oposición a figuras y partidos concretos premia a líderes de subculturas que despiertan pasiones viscerales en los votantes.

Por otro lado, la federación del PT, el PCdoB y el PV también obtuvo un gran resultado, con 80 escaños, 12 más que la bancada actual. La bancada de la federación del PSOL y de la Rede Sustentabilidade también creció, obteniendo 14 diputados, 4 más que la actual. Los más votados, tanto de la derecha como de la izquierda, fueron los que más radicalizaron su discurso, sin miedo a perder votantes.

Pero sólo la influencia en los medios digitales no es suficiente para explicar el resultado de esta primera ronda. Candidatos como actores, cantantes de éxito o influencers digitales no fueron elegidos. A las figuras de la política les fue mejor que a las celebridades. Ni siquiera la movilización masiva de personas famosas le dio a Lula la fuerza necesaria para vencer a Bolsonaro en el primer turno, aunque eso no haya ocurrido por un porcentaje mínimo: 1,57%.

En estados como São Paulo y Río de Janeiro, dos de los tres mayores centros electorales del país donde Bolsonaro es más fuerte, la participación de los famosos en las campañas de la izquierda tampoco tuvo el efecto esperado. En ambos estados, los candidatos famosos no fueron elegidos y las encuestas no predijeron la fuerza de la derecha en las urnas.

Aunque la baja efectividad de la participación de los famosos también se dio en otros estados, afectando el desempeño de los candidatos al Senado, al Congreso, a las asambleas legislativas y a los gobiernos estatales, la nacionalización de las campañas estatales, así como una campaña basada sólo en la necesidad de aniquilar la política del otro, también generó un encuadre de la realidad que terminó por limitar el crecimiento de muchos candidatos de izquierda y centro.

En São Paulo, por ejemplo, habrá una segunda vuelta. El candidato de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quedó inesperadamente en primer lugar con el 42% de los votos, frente al 36% de Fernando Haddad (PT). Tarcísio ni siquiera tiene carrera política en São Paulo. Es de Río de Janeiro y cambió de estado sólo para presentarse a gobernador. Habiendo hecho su cambio de domicilio electoral recientemente, en una entrevista con Rede Vanguardia, Tarcísio no pudo responder en qué lugar y barrio de São Paulo está registrado para votar.

En Río de Janeiro, Cláudio Castro (PL) se impuso en la primera vuelta a Marcelo Freixo (PSB) con el 59%. En el estado, uno de los actos de campaña de Marcelo Freixo sin la presencia de Lula con mayor potencial mediático tuvo poca asistencia, aunque contó con la presencia de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Fábio Porchat, Gregório Duvivier, entre otros. En Río de Janeiro, Freixo fue ampliamente votado sólo en la capital del estado, lo que demuestra que ni siquiera los influenciadores que apoyaron la campaña fueron capaces de dar capilaridad a las ideas del candidato en otras regiones del estado, a pesar de que su oponente, el actual gobernador del estado, está envuelto en varios escándalos de malversación y corrupción.

En la mayoría de los estados, la campaña nacional parasitó las campañas estatales, nacionalizando un debate que debería haber permanecido en el ámbito local. Tanto en Río de Janeiro como en São Paulo, por ejemplo, los candidatos de izquierda dieron demasiada importancia al antibolsonarismo en sus campañas. Esto terminó perjudicando sus respectivas campañas al reactivar el antipetismo de 2018.

Por otro lado, al nacionalizar la campaña estatal, especialmente en Río de Janeiro, la campaña local se vio deshidratada. Los propios candidatos de la izquierda sugirieron implícitamente a los votantes que el terreno de lucha más importante era el nacional, lo que hizo que las acciones espontáneas en las redes sociales convergieran casi exclusivamente en el enfrentamiento Lula VS Bolsonaro. Ellos mismos se encargaron de drenar la energía de la militancia del debate estatal, dirigiéndola sobre todo al debate nacional. Como resultado, las campañas estatales se volvieron abstractas, ininteligibles y perdieron alcance y capilaridad en el territorio.

Aunque el reto de Bolsonaro para una victoria en la segunda vuelta es mucho mayor, Lula todavía se enfrenta a algunos obstáculos locales, especialmente allí donde sus aliados perdieron las elecciones y no podrán hacer campaña.

Elecciones en Brasil: perspectivas más allá de los números

Breno Bringel
-
0
Elecciones en Brasil: perspectivas más allá de los números

Ante los resultados de las elecciones en Brasil, las dos principales fuerzas político-electorales están construyendo su propia narrativa de victoria. La campaña de Lula da Silva volcó todas sus energías en un triunfo en primera vuelta. Sabían que estaban cerca y que en la segunda vuelta la disputa sería más hostil todavía. Lo que no esperaban es que el bolsonarismo creciera tanto. El resultado electoral arroja un escenario ambivalente, en el que hay celebraciones antagónicas, dado que tanto el petismo como el bolsonarismo avanzaron objetivamente.

El Partido de los Trabajadores creció. Lula acarició la victoria en primera vuelta con 48,43% de los votos, superando en más de 6 millones de votos a Bolsonaro. Fueron también 25 millones de votos más que el desempeño alcanzado por Fernando Haddad del PT en las anteriores elecciones. Además, la presencia del PT en el Congreso Nacional ascendió de 56 a 68 diputados, aunque puede tener más peso si gana las elecciones y logra componer apoyos y alianzas que le permitan construir un escenario de gobernabilidad. A la izquierda del PT, ascendieron una serie de candidaturas de movimientos sociales, algunos con mayor organicidad (sin tierra, sin techo e indígenas), y otros colectivos y frentes anti-racistas, feministas y disidencias del régimen sexo-género.

A su vez, el ascenso de Bolsonaro y de la derecha autoritaria y reaccionaria es contundente y preocupante, logrando un resultado histórico. Bolsonaro alcanzó 43,20% de los votos, casi dos millones más de los que obtuvo en la contienda presidencial de 2018. Varios aliados de Bolsonaro alcanzaron buenos resultados en diferentes estados del país, ganando Río de Janeiro en la primera vuelta y liderando la disputa en Sao Paulo, que va a segunda vuelta. El mayor avance bolsonarista se dio en el Congreso y en el Senado, pasando a ser la principal fuerza política en ambas cámaras.

(Anti)petismo, (anti)bolsonarismo y más allá

Las encuestas acertaron con Lula, pero no con Bolsonaro. Pero el problema no es de las encuestas, sino de las expectativas generadas. En los últimos dos días previos a las elecciones hubo un ascenso meteórico del voto pro-Bolsonaro por varios motivos: decisión de última hora de los indecisos, último debate electoral, desplazamiento del ´voto útil´, movilización invisible en los territorios y en las redes digitales. Las encuestas no son estáticas y tratan de proyectar previsiones, que son volubles a los cambios rápidos, especialmente los de última hora.

Más allá del terreno electoral y del uso de la maquinaria institucional y gubernamental, el bolsonarismo se arraigó en Brasil en los últimos años en cuanto proyecto cultural y societal. La presencia de Bolsonaro en las redes sociales es apabullante: dos veces superior a la de Lula en Twitter y Tik Tok, y tres veces mayor en Facebook e Instagram. WhatsApp y Telegram fueron clave para difundir fake news y movilizar redes de afinidad. En los últimos cuatro años, el bolsonarismo siguió ganando espacio en los territorios, sea con el control militarizado de la vida y de los cuerpos a través de sus milicias, sea con la disputa material y subjetiva, que ha movilizado desde las iglesias a políticas sociales como el Auxilio Brasil, una política de transferencia de renta a la población más empobrecida, que se potenció en los últimos meses.

Por todo ello, no podemos pensar que el voto bolsonarista es, una vez más, sólo un voto anti-petista. Eso servía para las elecciones presidenciales de 2018, pero ya no para esta ocasión. Los cuatro años del gobierno Bolsonaro tuvieron un efecto ambivalente. Por un lado, aumentó su rechazo en parte de la población, principalmente la derecha moderada y liberal que lo había apoyado inicialmente. Por otro lado, Bolsonaro entregó buena parte de lo que prometió, beneficiando las élites y alimentando, entre sus seguidores, una idea de ´coherencia´, que le afianzó ante su base social y sectores diversos.

Desafíos de las próximas semanas

Asumir este diagnóstico es fundamental para que las fuerzas demócratas de Brasil puedan afrontar la segunda vuelta el 30 de octubre como un escenario complejo y crítico, que no puede resumirse a un cálculo de números. Garantizar el apoyo a Lula de la tercera y cuarta fuerza electoral (Tebet y Gomes) es importante, pero no garantiza que su electorado vote al candidato petista. Lo mismo sirve para la estrategia de apostar todas las fichas por los votos de Sao Paulo y de Rio Grande del Sur, emplazamientos clave en los que el PT esperaba más votos en la primera vuelta.

Es necesario más que eso. Hay que tratar de movilizar masivamente a la sociedad (también en aquellos sitios donde Lula ganó en primera vuelta) y que cada elector anti-Bolsonaro se involucre activamente en la campaña durante las próximas semanas. En la primera vuelta, el clima de miedo impuesto por el bolsonarismo coartó una movilización electoral más amplia. Pero si queremos que el amor gane al miedo, hay que afrontar el miedo.   

Además, Lula no puede seguir siendo sólo un candidato del pasado, que se resguarda en sus éxitos previos. Debe retomar los dilemas del presente y pensar el futuro. Movilizar agendas y propuestas concretas de su programa, tanto en lo que se refiere a temas centrales de preocupación popular (seguridad, empleo, hambre, pobreza e inflación), como agendas fundamentales de nuestro tiempo histórico (agua, cambio climático, transición energética).

Tampoco hay que olvidar que hubo un 20% de abstención. Y que, de los 156 millones de electores en Brasil, la tercera parte no votó ni por Lula ni por Bolsonaro, optando por la abstención, el voto en blanco, nulo o por otros candidatos. Esta parte significativa de la población no se identifica con la polarización que se ha apoderado de la política brasileña en los últimos años. Está cansada de Lula y harta de Bolsonaro.

Durante la campaña, la construcción de una ´tercera vía´ a la polarización no funcionó, porque seguía reproduciéndose la lógica de la vieja política. El desafío, en este caso, es avanzar, con parte de esta población, hacia un nuevo proyecto societal y de transformación del país que ilusione y repolitice los conflictos. Esto no se hace del día a la mañana. Pero hay que aprovechar las próximas semanas, en las que la política se vivirá a flor de piel, para empezar a transitar entre el apoyo a Lula y a la democracia y el camino al mundo que queremos.

La pandemia abrió una ventana de oportunidades para las relaciones entre la UE y ALC

Melany Barragán
-
0
La pandemia abrió una ventana de oportunidades para las relaciones entre la UE y ALC

El 31 de diciembre de 2019, mientras prácticamente la totalidad del planeta celebraba el cambio de año, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) notificaba un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Pocos imaginaban entonces que se estaba gestando una pandemia que alteraría el orden global.  El 2019 había sido un año complejo donde el descontento con la situación política y socioeconómica había llevado a ciudadanos de diferentes puntos del planeta a movilizarse contra sus autoridades.  Desde el Líbano a Ecuador, pasando por Francia o Puerto Rico, la población alzó su voz contra las medidas económicas adoptadas por sus Estados, el cambio climático o la violencia machista. Sin embargo, el 2020 sería el año más complejo a nivel global en la historia reciente.

El 25 de enero de 2020 se diagnosticó el primer caso de Covid-19 en Europa, cuando un hombre de 80 años procedente de la provincia de Hubei fue afectado por el virus y falleció apenas dos semanas después. El 21 de febrero se informó de un gran brote en Italia y el 13 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a Europa como epicentro de la pandemia.  La pandemia llegó a América Latina un poco más tarde, diagnosticándose el primer caso el 26 de febrero de 2020 en Brasil. No obstante, la virulencia con la que afectó a la región pronto se hizo patente: y es que, si bien América Latina supone el 9% de la población mundial, durante el 2020 tuvo la quinta parte de los contagios y el 30% de las muertes.

En un contexto de crisis sanitaria, que posteriormente desembocaría también en económica y social, pronto se puso de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de cooperación para hacer frente a un problema de dimensiones globales. En este sentido, merece la pena rescatar el concepto de “resiliencia”, que protagonizó la Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea (UE) años atrás. Siguiendo este principio, la UE asumía que en un mundo cada vez más complejo y globalizado, era necesario fortalecer la capacidad de los países para encajar choques externos. Por ello, la cooperación con los países en desarrollo, menos resilientes, conformaba un punto importante en la agenda europea.

La pandemia sirvió, sin duda, para poner en práctica este principio. Si bien la Covid-19 sometió a los sistemas de salud de la UE a un fuerte estrés, en América Latina y el Caribe (ALC) la capacidad de respuesta fue aún más precaria por la debilidad de sus sistemas.  Pese a la adopción de políticas de distanciamiento social y/o confinamiento, existía un fuerte riesgo de colapso. La informalidad y la desigualdad social actuaron como obstáculos para el éxito de las medidas frente al virus y la escasa capacidad fiscal de los Estados impidió incrementar el gasto en salud y en la protección de los sectores más vulnerables. Además, la debilidad de los sistemas de integración regional dificultó la coordinación entre países y la adopción de medidas que permitieran hacer frente a la pandemia de manera conjunta.

En este contexto, y tras años de relativo silencio en la agenda birregional, la pandemia reactivó los canales de diálogo entre ALC y la UE. El 14 y 15 de diciembre de 2020 se celebró de manera híbrida la reunión ministerial informal UE-ALC. Allí, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad se comprometió a relanzar las relaciones transatlánticas más allá de las fronteras de Estados Unidos. Y es que, además de trabajar en la lucha contra la pandemia y las necesidades más urgentes de la región, era necesario abordar cuestiones pendientes. Entre ellas, las demandas sociales e institucionales que inspiraron las movilizaciones de 2019, la creciente polarización y la aparición de tendencias autoritarias en ciertos países de la región.

Ese compromiso ha ido materializándose en algunas iniciativas como el lanzamiento, el pasado mes de junio por parte de la Comisión Europea, de una iniciativa para reforzar la producción de vacunas y medicamentos en ALC y fortalecer los sistemas públicos de salud en esa región; la propuesta de la presidencia española del Consejo Europeo para el segundo semestre de 2023, de profundizar los vínculos entre regiones; o el proyecto de impulsar vínculos e inversiones sostenibles en los ámbitos digital, energético y del transporte, así como reforzar los sistemas de salud, educación e investigación.

La crisis sanitaria puso de relieve el descuido que habían sufrido las relaciones entre la UE y la ALC en los años previos a la pandemia. Y el contexto post-Covid ha evidenciado los riesgos que eso implica, no solo para el desarrollo de la región, sino también para el orden mundial. Como ejemplo, el acercamiento de algunos países latinoamericanos a Rusia tras la invasión a Ucrania y el rechazo a las sanciones impuestas por la UE.

Para evitar que se produzca un nuevo enfriamiento en los vínculos UE-ALC es necesario, junto con la cooperación en los ámbitos citados anteriormente, la aplicación de políticas económicas que permitan el intercambio comercial en igualdad de condiciones. Asimismo, es importante que la UE preste ayuda financiera a ALC para superar la crisis socioeconómica en la que está sumida y disminuir la dependencia de los países de la región al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Por último, la UE debe superar la visión homogénea de ALC ya que si quiere construir alianzas sólidas, es preciso que entienda las diferencias y necesidades específicas de los diferentes países.

Toda crisis es una oportunidad y la recuperación del mundo tras el impacto del coronavirus es un reto global que puede servir como elemento cohesionador. Que sirva como aliciente para reforzar una cooperación estratégica basada en el diálogo, el desarrollo y el multilateralismo.

*Este texto fue publicado originalmente en el blog de EU-LAC

La inminente derrota de Bolsonaro

Carlos Ugo Santander
-
0
La inminente derrota de Bolsonaro

El proceso electoral brasileño podría llegar a su fin en la primera vuelta de este domingo con una probable derrota de Jair Bolsonaro. En este contexto, hay que estar alerta por posibles situaciones imprevisibles que puedan afectar los resultados de la elección.

Según el comportamiento político, el elector decide su voto con base en diferentes estímulos, como la afinidad ideológica que es parte de la socialización política. Otros electores hacen proyecciones con base en la viabilidad de las promesas de los candidatos, mientras que otros tienden a evaluar la gestión del Gobierno.

A lo largo del gobierno de Bolsonaro se materializó una visión arcaica, proveniente del campo militar y con inclinaciones autoritarias. Se trata de una visión influenciada por el pensador alemán Carl Schmitt, en la que la política se basa en la diferencia entre amigo-enemigo, aquel que es distinto y que debe ser combatido y rechazado. En este caso, los comunistas.

A esa visión de naturaleza binaria, confluyen grupos ultraliberales y grupos religiosos conservadores que diferencian a los buenos de los malos; donde los malos son todos aquellos que desean “destruir” una visión bíblica de la familia, con la “ideología de género” o una educación sexual que desmonta su visión idílica, desconectada de la realidad.

Sobre esos términos, Bolsonaro dividió el país. Su agenda ideológica no se tradujo en bienestar para los brasileños, su discurso fue una apología a la violencia que bien podía afectar desde la autoestima de los grupos más desfavorecidos del país hasta la violencia directa hacia estos. Así, el retroceso de políticas de combate al racismo y la violencia contra la mujer empoderó a sujetos que se han considerado históricamente con poder y pueden actuar de forma impune por su condición social, de género o de raza. Con Bolsonaro, se actuó deliberadamente desde el Gobierno para desarticular cualquier acción que protegiese estos segmentos.

Puede que la gestión de la pandemia de la COVID-19 haya sido el inicio de la debacle del bolsonarismo. Si bien es difícil calcular el número de vidas que se perdieron por la visión negacionista de Bolsonaro, lo cierto es que este intentó impedir la producción de vacunas. Así, ante la absoluta indiferencia frente a cientos de miles de muertos, el Gobierno continuó, de forma sistemática y deliberada, incentivando el contagio por medio de la ausencia de prevención.

La mayor evidencia de desarticulación en el ámbito estatal fue la desprotección a los pueblos indígenas y las políticas del medio ambiente. Le siguió la deliberada ausencia de fiscalización a la deforestación y a la tala ilegal de madera, el incentivo a la explotación ilegal de oro que multiplicó la contaminación de los ríos, la liberalización del uso de pesticidas prohibidos en muchos países y el incentivo a la invasión de tierras indígenas para vincularlas a la agroexportación.

La gestión económica es otro aspecto que tiene una repercusión negativa en el apoyo al presidente. La reforma de la previdencia aprobada en el primer año del Gobierno afectó a todos, pero, en especial, a las clases medias. Por otro lado, el consumo se vio afectado debido a la desvalorización de la moneda y a una alta inflación que convirtió a Brasil en el cuarto país con el mayor índice inflacionario entre las principales economías del mundo.

El mal manejo de la política de combustibles elevó durante varios meses el precio de las cestas básicas. En Brasil, más de 125 millones de personas tienen alguna vulnerabilidad en lo referente a seguridad alimentaria. En ese contexto, Bolsonaro debió proveer recursos para la sobrevivencia de los segmentos más vulnerables, y la tentativa de utilizar su propia derrota como un triunfo político no le favoreció en el apoyo electoral.

Otras variables como el debilitamiento del antipetismo también le han jugado en contra. La condena del exjuez Sergio Moro (asumió como ministro de Bolsonaro tras condenar a Luiz Inácio Lula da Silva e impedirle que fuera candidato a la presidencia en 2018) por el Supremo Tribunal Federal al dictaminar que las decisiones del exjuez fueron parcializadas, fue uno de los acontecimientos más impactantes. Esto le devolvió al expresidente Lula la condición de inocencia.

En los dos últimos meses, la credibilidad del presidente también perdió fuerza tras desvelarse una antigua y larga trama de corrupción que involucra a la familia con la compra de 101 inmuebles. La mitad de estas casas y departamentos fue obtenida con dinero en efectivo, lo que puso en duda el origen del dinero y una evidente intencionalidad de evadir la fiscalización.

Este contexto explica la tendencia hacia una derrota del presidente Bolsonaro. Ya sea en la primera o en la segunda vuelta. De hecho, ante este previsible resultado, hace meses que Bolsonaro activó el discurso del “fraude” que busca desconocer el proceso electoral. A esa idea se vincula la frustración de los electores de extrema derecha que vienen desplegando aleatoriamente la violencia (inclusive con la muerte de adversarios) en varios puntos del país.

Frente a esta situación, y dada la frustración e inclinación autoritaria de Bolsonaro, hay que tener en cuenta la posibilidad de acciones deliberadas de la extrema derecha para afectar los resultados tras la elección. Brasil y su democracia se enfrentan a un gran desafío.

¿Por qué el aumento de Auxilio Brasil no ha impulsado la popularidad de Bolsonaro?

Mariana Borges
-
0
¿Por qué el aumento de Auxilio Brasil no ha impulsado la popularidad de Bolsonaro?

Cuando la asignación Auxilio Brasil de 600 reales (unos 110 dólares) comenzó a pagarse en agosto de este año, la expectativa era que su versión «turboalimentada» mejoraría la imagen del presidente en las encuestas electorales, especialmente entre la parte más vulnerable de la población. A menos de cinco días de las elecciones, todos los sondeos indican que el efecto de la ayuda, si es que lo hubo, fue mínimo.

¿Por qué la ayuda de 600 reales no impulsó la popularidad de Jair Bolsonaro entre los más pobres? Una de las hipótesis es la pérdida de poder adquisitivo de las ayudas frente a la inflación. Sin embargo, aunque esté desactualizada, la ayuda de 600 reales representa un aumento sustancial si se compara con el monto promedio que reciben los beneficiarios de Bolsa Familia, un programa implementado durante los gobiernos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, opositor de Bolsonaro. Si el valor de la ayuda a la renta fuera tan decisivo para definir el voto de los más pobres, sería difícil explicar por qué Lula aparece casi 30 puntos por delante de Bolsonaro entre quienes ganan hasta dos salarios mínimos.

El nulo impacto de la ayuda «turbo» en la popularidad de Bolsonaro no es, por tanto, una simple consecuencia de la disminución del poder adquisitivo. De hecho, hay dos razones que se complementan para explicar este hecho. La primera es que, aunque importantes, las políticas de transferencias monetarias no son el único parámetro que los votantes más pobres utilizan para evaluar si un político ha gobernado para los estratos más vulnerables. La segunda razón es que los sectores populares asocian el incremento de la ayuda con la compra de votos.

Durante mucho tiempo ha sido una opinión común que la ventaja de los candidatos del PT entre los votantes de bajos ingresos y los nordestinos era el resultado de la Bolsa Familia. Sin embargo, en contra de lo que supone esta vieja visión, los votantes de bajos ingresos utilizan una miríada de experiencias cotidianas que saben que se ven afectadas por las decisiones políticas para evaluar si un gobernante ha trabajado para los más pobres.

En las conversaciones mantenidas con votantes de bajos ingresos en el Sertão Baiano para mi investigación, era recurrente la apreciación, incluso entre quienes decían no ser votantes de Lula, de que el expresidente había «mirado la pobreza». La Bolsa Familia fue un factor, entre otros, citado para ejemplificar cómo Lula había trabajado para los más pobres. Los votantes también mencionaron las políticas de las que se habían beneficiado directamente y las que afectaban indirectamente a su realidad cotidiana. Las comparaciones sobre el poder adquisitivo, el acceso a los bienes de consumo o incluso la regularidad de las comidas escolares eran habituales.

Durante el gobierno de Bolsonaro, a su vez, los votantes de bajos ingresos no tienen otros ejemplos tangibles en su vida cotidiana de mejoras en sus condiciones de vida más allá de Auxilio Brasil. Visto desde este ángulo, no es de extrañar que el aumento de la ayuda sea insuficiente para que los más pobres vean a Bolsonaro como un gobernante que ha «mirado la pobreza».

En cuanto al período de vigencia del incremento, es un factor que refuerza la imagen de Bolsonaro como un gobierno que no presta atención a los más pobres. Las entrevistas con los votantes y las encuestas de opinión pública muestran que los beneficiarios de la ayuda ven el aumento como un intento de manipular sus votos. Esto se debe a que cualquier beneficio distribuido por los políticos durante el periodo electoral es visto en el imaginario popular de las clases más pobres como una compra de votos. Cuando el inicio y el final del pago coinciden con el periodo de la campaña electoral es casi imposible deshacer la asociación establecida por los votantes entre el aumento de la ayuda y la compra de votos.

Pero, si los votantes más pobres fueran efectivamente susceptibles de ser «comprados», ¿cuál sería el problema para que asociaran el incremento de la prestación con la compra de votos? El problema es que, a diferencia de lo que se supone tradicionalmente, los votantes de bajos ingresos perciben de manera negativa la compra de votos, precisamente porque dan por sentado que los candidatos que compran votos abandonan a los votantes después de las elecciones. Así, al tener un fin programado, Auxilio Brasil vincula, sin querer, la imagen de Bolsonaro a la de los políticos que «solo ayudan cada cuatro años».

El deficiente desempeño de la ayuda del «turbinado» en la popularidad de Bolsonaro entre los sectores populares deja, por lo tanto, dos importantes lecciones. En primer lugar, es necesario superar la idea preconcebida de que el comportamiento electoral de los más pobres se rige únicamente por la política de transferencias monetarias del momento. Los votantes más vulnerables hacen una lectura programática de las disputas electorales que implica una evaluación multifacética de la actuación de los líderes.

En segundo lugar, es necesario refutar la idea de que los votantes de bajos ingresos están tan necesitados que son propensos a que su voto esté determinado por los beneficios distribuidos durante el período electoral. Los más pobres saben identificar los intentos de manipulación de su voto y también saben criticar duramente a los políticos que actúan como si pudieran cambiar la autonomía política de los votantes por dádivas.

Esta lectura crítica y programática de la política por parte de los sectores populares no nació en estas elecciones; siempre ha estado presente. Quién sabe, quizá ahora nuestros oídos estén más atentos para escucharlo.

A propósito de la discusión sobre los tratados de libre comercio

Nicolás M. Perrone
-
0
A propósito de la discusión sobre los tratados de libre comercio

En los últimos meses, la política comercial internacional es tema de discusión en varios países latinoamericanos, especialmente en Chile y en Colombia. Hay dos posturas dominantes. Por un lado, aquellas que defienden la integración comercial por vía de tratados de libre comercio, y vinculando esos tratados con el aumento de las exportaciones y la inversión extranjera. Por otro lado, hay posturas que aseguran que estos mismos tratados son responsables de la escasa diversificación exportadora y, especialmente de los problemas de los sectores pequeños y medianos, de campesinos y del medio ambiente. Y entre estos dos extremos no existe mucho diálogo.

La ausencia de diálogo es un problema. Hay diferentes aspectos que hoy deberían ser prioritarios para la política comercial internacional de países como Colombia o Chile. Pero estos asuntos no son discutidos porque el contexto global y las nuevas dinámicas internacionales no encuentran su espacio en un debate muchas veces polarizado, en el que los argumentos rigurosos no necesariamente abundan. Independientemente de lo que uno piense de los tratados de libre comercio y la necesidad o no de ser modernizados o rediscutidos, estos puntos son de gran relevancia.

América Latina en su conjunto se enfrenta al gran desafío de navegar las tensiones entre Estados Unidos y China. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los principales mercados de exportación y una fuente importante de inversión extranjera. En muchos casos, no obstante, China es hoy el principal socio comercial y un gran inversor extranjero.

Mientras estos dos países no tenían sobresaltos, todo eran buenas noticias para la región. Más demanda de sus productos significa precios más altos. Más inversión es una buena noticia mientras sea sustentable. Pero la situación ha cambiado con el aumento de las tensiones entre las dos potencias.

Entre China y Estados Unidos no solo hay un creciente proteccionismo para apaciguar las demandas de trabajadores y sectores menos competitivos. También existe una disputa geopolítica y una competencia tecnológica que afecta la política comercial internacional de ambas potencias. Esta es una relativa novedad y en este contexto es fundamental el manejo de Latinoamérica ante estas presiones, ahora que el comercio no es solamente una cuestión de eficiencia, precios y oportunidades de negocio. De ello dependerá el acceso a oportunidades o caer en complejos conflictos diplomáticos.

Otro tema pendiente para la región es adoptar un posicionamiento estratégico frente a los minerales ligados a la transición hacia una economía verde. No es precipitado pensar que minerales como el litio puedan despertar en pocos años las mismas tensiones que durante décadas encontramos alrededor del petróleo o el gas. Por ejemplo, la Unión Europea o el Reino Unido, sitios dependientes de importaciones, ya han adoptado medidas para asegurarse estos recursos. La ausencia de una política sofisticada, y de una mínima coordinación regional, puede situar a Latinoamérica en desventaja.

El denominado triángulo del litio, Argentina, Chile y Bolivia (alrededor del 68% de las reservas de este mineral), abre oportunidades de comercio, inversión y desarrollo productivo que no se presentan todos los días, pero también entraña riesgos que deben ser ponderados. En este marco, no tener en cuenta las consecuencias de un posible boom exportador y el problema de la fiebre holandesa puede tener grandes costos a futuro. También se debe asumir que la explotación y el procesamiento del litio no dependerá solamente de factores meramente económicos. Aquí el aspecto ambiental es tan importante como el geopolítico.

Sin ánimo de agotar los temas, es importante destacar, asimismo, que desde hace años la discusión sobre política comercial internacional en Latinoamérica suele limitarse a debatir sobre las ventajas o desventajas de los tratados de libre comercio. Esto es difícil de explicar en términos económicos. La discusión debería abarcar no solo la apertura de mercados a exportaciones e importaciones, sino también la adopción de una serie de medidas de adaptación hacia adentro de las economías tras la firma de estos acuerdos.

Los Estados deben tomar medidas para que los sectores menos competitivos, que indefectiblemente sufrirán con las importaciones, puedan mejorar su competitividad o transformarse hacia otras actividades. El comercio produce ganadores y perdedores y es el Estado —no el tratado de libre comercio o los socios comerciales— el que debe velar para que la liberalización comercial resulte en el mayor bienestar posible para todos, y evitando que la política comercial tenga efectos regresivos en la distribución de la riqueza.

En ocasiones, lo que falla en América Latina no es —o no solo— la política comercial internacional, sino la manera en que se gestionan los efectos de ese comercio hacia adentro de los países. Esto explicaría por qué algunos actores identifican a estos tratados como el principal problema aun cuando existe consenso en algunos países, como ocurre en Chile, de que los tratados han sido positivos para la economía.

La falta de diálogo sobre la política comercial de manera objetiva y con evidencia es un grave error. Mientras en otras partes del mundo los especialistas en esta materia producen estudios rigurosos y organizan debates, en América Latina, en general, la conversación sigue enmarcada en una dicotomía que a primera vista parece falsa.

La región no puede vivir aislada del mundo, necesita de las mejores oportunidades para exportar sus bienes y servicios, pero al mismo tiempo las negociaciones comerciales son difíciles y nada es gratuito: el principio que gobierna estas negociaciones es la reciprocidad. Además, cuando se negocia con los grandes socios comerciales se hace, en general, desde una posición desigual, y por eso es necesario tener un diagnóstico preciso de la situación y de los diversos intereses involucrados.

En suma, tanto negociar y firmar como modernizar o renegociar tratados de libre comercio sin una discusión previa, inclusiva y completa de los efectos económicos, sociales y medioambientales representa posturas que no se condicen al crecimiento sostenible e inclusivo que necesita América Latina.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Qué ha sido de la integración latinoamericana? Entrevista a Mónica Bruckman

Ecuador retoma la discusión constitucional

Julio Echeverría
-
0
Ecuador retoma la discusión constitucional

El Ecuador se apresta a retomar la deliberación sobre la reforma política y el presidente Guillermo Lasso ha formulado un conjunto de preguntas que deberán ser consideradas para esta consulta popular, que serían aprobadas por parte de la Corte Constitucional. Esta instancia deberá calificar si dichas preguntas proceden mediante la modalidad de enmiendas, de reformas o, en su defecto, ameritan un tratamiento por parte de una Asamblea Constituyente: son las tres modalidades que establece la Constitución para las reformas institucionales.

Existen muchas consideraciones detrás de la convocatoria del presidente a una consulta popular. Indudablemente, el régimen requiere renovar su debilitada aceptación, reducida al 17% después de algo más de un año de su posesión, cuando esta alcanzó el 75%.    

Pero más allá de una maniobra de legitimación, el régimen apunta a incidir en tres materias que son altamente gravitantes en la situación política actual del país: la seguridad ciudadana, la reforma institucional y la protección ambiental.

En materia de seguridad, la propuesta apunta a mejorar los niveles de cooperación entre las Fuerzas Armadas y la policía, una propuesta que ya ha sido tratada por la Corte Constitucional y que ha recibido respuestas no suficientemente claras ni definitivas. La corte ha respondido partiendo del tradicional principio de la soberanía estatal, bajo el cual el papel de las FF. AA. es exclusivamente el de la protección de las fronteras frente a posibles conflictos con otros países.

El Gobierno considera que es pertinente regular un mayor involucramiento de estas fuerzas en el manejo de la seguridad interna mediante tareas complementarias a las de la Policía Nacional. Actualmente, esta colaboración puede darse mediante una declaración de emergencia o excepcionalidad, lo cual supone la suspensión de derechos ciudadanos. Según el Gobierno, la colaboración permanente en casos restringidos a delitos transnacionales, también llamados “de crimen organizado”, no supondría la suspensión de estos derechos ni la intervención de las FF. AA. en tareas de protección civil propias de la policía. De esta forma, la enmienda no sería regresiva en derechos ni alteraría la estructura organizacional del Estado, limitantes constitucionales que podrían invalidarlas.

La segunda pregunta del ámbito de la seguridad plantea la extradición de involucrados en delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y contrabando de armas. La Constitución vigente no contendría las herramientas para hacer frente a estos nuevos tipos de delito, en los que el nivel de amenaza rebasa las potestades de las soberanías nacionales.

Como vemos, estamos aquí frente a lo que podría caracterizarse como una inicial instrumentación de una política de cooperación regional y global sobre el tema. La tercera pregunta complementa este primer eje y plantea dotar de autonomía a la Fiscalía del Estado en las funciones de evaluación y sanción de fiscales, que actualmente reside en el Consejo de la Judicatura.

El segundo conjunto de preguntas hace referencia a la reforma política. En esta materia es en la que seguramente se juega lo sustantivo de la consulta. Se trata aquí de eliminar las potestades en la nominación de los órganos de control (Contraloría, superintendencias, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, etc.) del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), o llamado quinto poder, y devolverlo a la Legislatura. La Constitución del 2008 transfirió dicha potestad a este consejo, que, en la actualidad, es reconocido como el más grande responsable de la crisis institucional.

En la propuesta presidencial, devolver las potestades de nominación a la legislatura, paradójicamente, termina por reforzar sobremanera el hiperpresidencialismo al entregar al Ejecutivo la potestad de designar los candidatos por integrar dichas funciones, dejando, así, a la legislatura el papel de su nominación formal. La propuesta parecería responder a las urgencias coyunturales del momento: impedir que su principal oponente, el correísmo, cope dichos espacios al sustituir a la actual conformación del Consejo de Participación, que canalizaría la integración de los órganos de control con funcionarios afines.

Las preguntas en este bloque se completan con propuestas de reforma al sistema electoral y de partidos políticos: la reducción del tamaño de la legislatura (de los 137 representantes actuales a una cifra de más o menos 100) y la obligación a que los partidos políticos respeten protocolos de democracia interna para acceder al fondo partidario. 

También aquí la propuesta es débil e imprecisa: reducir el tamaño de la representación y condicionar mediante expedientes tecnológicos actualizados (biometría en la certificación de las adhesiones partidarias y monitoreo de mecanismos de democracia interna a cambio del acceso a financiamiento público) parecerían no ser suficientes para lograr el objetivo propuesto. Las preguntas referidas a la protección ambiental (control de la afectación a las fuentes de agua y retribución económica a quienes protejan el ambiente) parecerían estar pensadas más que nada para atraer adhesiones a esta.

La formulación de las reformas, que reducidos grupos de expertos leerían, ha recibido un tratamiento débil a pesar de soportarse en 476 páginas de anexos. La consulta del presidente Lasso apunta a resolver problemas centrales de la democracia que requerirían deliberaciones más consistentes y modificaciones más profundas, pero que es enfrentado con la consulta, instrumento de democracia directa, el cual, en su aplicación, podría contaminarse de intereses políticos que no enfrenten razonablemente su grado de complejidad.

Queda por esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el camino adecuado para procesar las preguntas, pero el nivel de deterioro institucional en el que se encuentra el país parecería conducir a las fuerzas hacia la necesidad de discutir un examen integral de todo el texto constitucional. Esto podría significar obligatoriamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente.   

El lawfare existe y no es patrimonio de ninguna ideología

Diego M. Raus
-
0
El lawfare existe y no es patrimonio de ninguna ideología

El lawfare no es un fantasma, pero sí un concepto traslúcido que atraviesa América Latina. Se trata de una idea que ha sido incorporada por la izquierda a la política latinoamericana en los últimos años. Y, según Wikipedia, se define como la “persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés, lawfare). Es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.

Parece ser, según documentos, que el concepto y su instrumentación política fue creado por un militar norteamericano en el contexto de las críticas a Estados Unidos por las violaciones de derechos humanos en sus intervenciones militares en otros países.

Lo cierto es que el concepto político se incorporó contundentemente en la política latinoamericana hace unos pocos años a partir de los juicios políticos o jurídicos a Rafael Correa, Dilma Rousseff y Luiz Inácio “Lula” da Silva en sus respectivos países. En la actualidad, el término está siendo incorporado por Cristina de Kirchner y el oficialismo argentino para definir los procesos judiciales que acorralan a la vicepresidenta.

La incorporación del término, por sectores de la izquierda, ha sido utilizado para señalar ciertos procesos judiciales como formas políticas de la derecha para perseguir y proscribir a líderes, lo cual no está siendo juzgado en estas líneas. Pero debido al origen, el término quedó enmarcado en el imaginario de la política latinoamericana como un concepto utilizado por la izquierda para hacer referencia a un instrumento de la derecha.

Esta vibrante incorporación del concepto en la política latinoamericana amerita tener en cuenta dos asuntos. Por un lado, la subjetividad política del término, dado que fue incorporado desde el discurso de “izquierda” como arma proveniente de la “derecha” para perseguir liderazgos políticos, implica que, en última instancia, se llevó el concepto lawfare hacia una sola dirección. De hecho, si bien Donald Trump lo ha utilizado para desacreditar los juicios en su contra, la “derecha” latinoamericana no lo ha incorporado a su léxico político y ha asumido que es solo una falacia de la “izquierda”.

Por otro lado, dada la posible intencionalidad política en la utilización del término lawfare (basta mencionarlo para desacreditar absolutamente cualquier acción judicial sobre la política), se hace muy difícil definir qué acción judicial tiene bases jurídicas sólidas y cuál es simplemente utilizada como arma política. Pero la anulación de la sentencia al expresidente Lula en el caso liderado por el exjuez Sérgio Moro, como parte del caso Lava Jato, precisamente por aplicación de lawfare, confirma su existencia y justifica su incorporación.

Si revisamos el mapa político latinoamericano, incluso antes de que el concepto lawfare se hubiese “popularizado”, hay una larga lista de expresidentes considerados de derecha que fueron acusados judicialmente y sacados de la arena política. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, fue enjuiciado por delitos de corrupción junto a su hermano durante su sexenio (1988-1994). Fernando Collor de Mello, expresidente de Brasil, sufrió un juicio político por corrupción (impeachment) que lo desalojó tempranamente de la presidencia en 1992. Carlos Saúl Menem, dos veces presidente de la Argentina (1989-1995 y 1995-1999), fue procesado más tarde por haber sido acusado de varios delitos de corrupción y encarcelado durante un breve período. Más tarde se postuló a senador (fue electo) para beneficiarse de los fueros políticos y quedar eximido de nuevas penas judiciales. Alberto Fujimori, tres veces electo presidente de Perú y quien huyó del país cuando se le abrieron varias causas judiciales, se encuentra en la actualidad encarcelado en su país. Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia (1993-1997 y 2002-2003), fue enjuiciado más tarde y condenado en su ausencia, dada su estadía permanente en EE. UU., mientras que Abdalá Bucaram, presidente de Ecuador, fue destituido en 1997.

La lista sigue y se extiende a gran parte de los países de la región. Y si bien en la mayoría de los casos parecería que no habría duda de la fundamentación de los procesos que enjuiciaron a estos expresidentes ante flagrantes hechos de corrupción, incorporado el término lawfare a la política regional, cabe la pregunta: ¿algunos de estos enjuiciamientos fueron persecuciones judiciales? Si el término ya hubiese estado instaurado en la política regional, ¿hubiera sido utilizado por el acusado y su estructura política?

El lawfare, más allá de las enormes dificultades para confirmarlo, existe y no es patrimonio de ninguna ideología. Sin embargo, en la actualidad su utilización unidireccional lo pone en entredicho respecto a su real naturaleza, su fundamento jurídico y, por ende, su legitimidad política.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

1...166167168...266Página 167 de 266