Latinoamerica 21Una región, todas las voces

La obvia respuesta es un inapelable rechazo con un 61,87% versus un 38,13% del apruebo. Votaron 12,9 millones de electores, es decir, el 85,3% del padrón electoral. Esto solo es comparable al porcentaje de participación que puso fin a la dictadura militar en 1989. Un dato clave: la opción rechazo ganó en todas las regiones, incluso en la región metropolitana (Santiago) y Valparaíso. En estas dos, según distintas encuestas, había posibilidad de que se impusiera la opción apruebo. No fue así.

Momento de prudencia

La lectura política debiera ser más prudente y analizar el contexto por el que atraviesa Chile. No hay espacio para triunfalismos, como se señaló desde casi todas las veredas del rechazo después de conocidos los resultados de los comicios.

Los distintos actores políticos de la opción contraria al apruebo se han puesto frente a los micrófonos para intentar capitalizar la victoria. Durante la campaña, no se habían dejado ver, por lo que no se puede sostener la tesis de que los vencedores son los partidos de oposición al Gobierno.

Tampoco ganaron los extremos que no buscan acuerdos mayoritarios y buscan instaurar constitucionalmente sus propias miradas de mundo. Esta razón, por la que muy posiblemente quedarán aislados si no cambian de postura y actitud, no permitirá alcanzar un acuerdo nacional en materia constitucional.

El alma nacional

La tarea de negociar no será fácil para el gobierno derrotado. Como advertimos, los partidos oficialistas fueron precisamente los actores claves en la articulación de los contenidos de la propuesta constitucional rechazada. En especial, de la perspectiva indigenista y plurinacional, las incertidumbres en materia de propiedad privada y los lineamientos en seguridad pública. Estos elementos podrían entenderse como lejanos a lo que el cardenal Raúl Silva Henríquez, en el contexto de una búsqueda de la democracia perdida en Chile, denominara el alma nacional de Chile, la que a su juicio se conforma por una certeza u orden jurídico, por la libertad de las personas y la fe del pueblo. Tres elementos no observados en el texto constitucional.

En concreto, el alma nacional no habría estado en sintonía con la perspectiva refundacional, la cual desafía las libertades. El proceso constituyente se sustentó en una intolerancia expresada en el desinterés por ampliar los acuerdos y consensos; el desprecio a la historia de nuestro orden jurídico que puso fin al Senado y al Poder Judicial, sumado a la irrelevancia y prescindencia de normas que mitigan la violencia, como la desaparición del estado de emergencia del texto constitucional vigente, el cual permite al Gobierno de turno utilizar a las fuerzas armadas en materia de violencia política o social, apoyando las labores de seguridad pública. Todos estos elementos son claves para comprender el triunfo del rechazo.

Riesgos y percepciones

Desde una mirada integral a la propuesta de Constitución, la mencionada plurinacionalidad habría sido percibida como un principio que significaba un alto riesgo a la unidad del pueblo de Chile, siendo en sí misma una amenaza al orden jurídico de la República, a las libertades e igualdad de todos ante la ley, y un corte con la idiosincrasia popular. En definitiva, sería el reconocimiento de once pueblos en el territorio de Chile con sus respectivos principios de autodeterminación y autogobierno, una de las razones por las que se habría apreciado que el texto constitucional creaba las bases para la deconstrucción de la República, proponiendo una nueva morfología en el poder que no reconocía el alma nacional.

¿Una nueva oportunidad?

Pasada la página, si asumimos la necesidad de un nuevo acuerdo nacional, Chile tendría una nueva oportunidad para hacerlo. Ahora más transversal y mayoritaria. Para ello se requiere que ningún actor político crea que por sí solo puede interpretar y proponer una propuesta constitucional. Solo así aprenderemos del proceso constituyente recién vivido. ¿Quién ganó la elección del plebiscito de salida? Podría responderse que el pueblo y su anhelo de unidad nacional.

Todo lo señalado no significa que la crisis de representatividad y desconfianza en las instituciones haya sido superada. En este momento resulta fundamental que el Gobierno del presidente Gabriel Boric pase de una posición de derrota a transformarse en un actor que conduzca la negociación política por un camino de gran entendimiento nacional. Esto muy posiblemente le signifique una tensión en el bloque oficialista, ya que el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio fueron los artífices ideológicos de la propuesta constitucional.

Otro gran desafío es que el Congreso consiga legitimar una propuesta de proceso para el acuerdo nacional que se requiere. Parece fundamental no olvidar el alto nivel de impopularidad que mantiene dicha institución. Por tanto, en una acción colaborativa con el Poder Ejecutivo, se debería establecer un mecanismo de consulta al soberano para que tenga la decisión final respecto al diseño institucional por el que debe transitar el acuerdo nacional.

Segunda etapa

En consecuencia, el proceso no ha terminado. Por el contrario, este recién se iniciará en una segunda etapa que, esperamos, pueda sacar las lecciones del proceso que ha concluido. Ello a pesar del cansancio de los electores por un frecuente llamado a las urnas y los costos económicos asociados a esto, ya que pareciera de vital importancia que los ciudadanos sigan activos y movilizados hasta conseguir una institucionalidad que signifique un amplio acuerdo nacional en materia constitucional.

En ese sentido, los movimientos que han acompañado el proceso, surgidos desde la sociedad civil, tales como Amarillos por Chile, entre otros, desde ahora son doblemente responsables de colaborar y apoyar el camino de entendimiento nacional. Ello mientras los partidos políticos se adaptan y ajustan a los nuevos tiempos y las instituciones vuelvan a recuperar la fe pública. Esa sería la mejor y casi única estrategia de salida de la crisis institucional y de representatividad en el país.

*Texto Publicado originalmente en Diálogo Político

El domingo 4 de septiembre Chile celebró la elección más importante desde la transición a la democracia, o tal vez, la más relevante de toda su historia. Esta elección tuvo el propósito de permitir a chilenos y chilenas aprobar o rechazar, a través de un plebiscito ratificatorio, la nueva Constitución redactada por una Convención Constituyente paritaria conformada por 155 integrantes electos directamente por la ciudadanía.  

La decisión de darle al electorado la oportunidad de manifestar su acuerdo o no con redactar una nueva Constitución y elegir el mecanismo para hacerlo se materializó el 15 de noviembre de 2019 a través de un pacto suscrito por los principales partidos políticos con representación parlamentaria. El llamado Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución fue la respuesta desesperada de una clase política que se vio completamente desbordada por una crisis de legitimidad de proporciones bíblicas. 

Esta crisis alcanzó su clímax durante el estallido social que se inició el 18 de octubre de 2019 cuando miles de chilenas y chilenos salieron masivamente a las calles, durante varias semanas, a manifestar su descontento y demandar cambios. Un año después, casi el 80% de las y los votantes que participaron del llamado plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, estuvo de acuerdo con la redacción de una nueva carta magna por una Convención Constituyente electa por la ciudadanía. 

Este contundente apoyo a una nueva Constitución contrastó fuertemente con el resultado de la elección celebrada el domingo 4 de septiembre. En efecto, 62% de quienes asistieron a las urnas durante la jornada rechazó la Constitución propuesta. En términos prácticos, esto significa que la Constitución vigente, escrita (a pesar de los ajustes que ha experimentado desde entonces) durante la dictadura militar presidida por Augusto Pinochet, sigue siendo válida. 

El triunfo del “rechazo” este domingo estuvo dentro de lo esperado, al menos si tomamos en consideración que prácticamente todos los sondeos de opinión realizados durante las semanas previas vaticinaban este resultado. No obstante, el desenlace de esta elección fue, sin dudas, sorprendente al menos en tres sentidos. Primero, nadie anticipó que el “rechazo” se impondría con tanta holgura, superando al “apruebo” por 24 puntos. Segundo, en 97% de las comunas y en todas las regiones del país (incluyendo la Región Metropolitana de Santiago), el electorado rechazó el texto constitucional propuesto. Tercero, aun considerando que en esta elección se instauró el voto obligatorio con inscripción automática, el nivel de participación fue inusitadamente alto para Chile. En un país en el que la participación electoral venía cayendo desde la transición, para alcanzar una meseta en torno al 50%, no deja de sorprender que en el plebiscito de salida haya alcanzado al 85% del padrón. En consecuencia, el triunfo del “rechazo” fue, sin lugar a duda, tan contundente como transversal.  

Las causas de este categórico resultado son probablemente diversas y requerirá algún tiempo lograr desentrañar sus raíces. No obstante, se pueden especular algunas explicaciones preliminares. Por un lado, la Convención Constitucional experimentó una caída de los niveles de confianza y no ha estado exenta de los mismos problemas de legitimidad que han afectado a la elite política. De acuerdo con la Encuesta Pulso Ciudadano, en julio de 2021, 73% de las y los encuestados manifestaba niveles altos o intermedios de confianza en la Convención, pero esa cifra cayó progresivamente hasta alcanzar un 39% en junio de 2022. 

Muy probablemente la desconfianza en las y los convencionales se haya traducido en un rechazo al texto que produjeron. En segundo lugar, la composición de la Convención resultó ser problemática. Buena parte de los convencionales, que se presentaron como independientes, carecía de experiencia política previa, lo que probablemente dificultó las negociaciones y favoreció una mirada centrada en objetivos particularistas y maximalistas. Tercero, el texto constitucional propuesto enfatizó aspectos que probablemente no reflejaron ni las preferencias ni las prioridades de la ciudadanía. Por último, algunos aspectos clave de la Constitución propuesta no fueron comunicados de manera clara y fueron presentados apelando a un discurso que generó altos niveles de suspicacia e incertidumbre dentro de una ciudadanía que ha estado en vilo desde hace tres años. Muy probablemente, los relativamente bajos niveles de aprobación a la gestión de este gobierno por parte de la ciudadanía no hayan contribuido a cimentar el apoyo por la nueva Constitución.  

Más allá de las posibles causas de este desenlace, la interpretación obvia de los resultados electorales contrastantes del plebiscito de entrada y el de salida es que la ciudadanía quiere que las cosas cambien, pero no en la dirección que trazó la Constitución propuesta. Como resultado, lo que probablemente debería venir en un futuro cercano es un nuevo proceso de cambios constitucionales que apunte a capturar los corazones y las mentes de la ciudadanía.  

En lo inmediato, esta nueva etapa requerirá de un cambio de gabinete, que refuerce la presencia de actores políticos con amplia experiencia, que sean capaces tanto de entablar un diálogo fluido con la oposición como de establecer acuerdos amplios e inclusivos. El Congreso tendrá un papel crucial para enfrentar los desafíos políticos que trae consigo este resultado electoral y el gobierno del presidente Gabriel Boric tendrá que trabajar arduamente para promover mayores niveles de cohesión dentro de una izquierda altamente fragmentada. La oposición deberá cumplir el compromiso que contrajo ante la ciudadanía de “rechazar para reformar” evitando la tentación de optar por cambios cosméticos que no se hagan cargo del profundo descontento que llevó al estallido social.       

Promover una agenda de cambios constitucionales en un país polarizado y desencantado no será fácil y requerirá que los partidos y líderes políticos estén dispuestos a negociar, ceder y tomar decisiones difíciles sobre temas complejos. Un importante desafío por sortear es que ninguna fuerza política cuenta con mayorías en el Congreso. Por esta razón, será imperioso que los partidos y actores políticos de lado y lado estén dispuestos a construir una coalición amplia, promover la disciplina al interior del Congreso y a comportarse con un nivel significativo de responsabilidad y generosidad. 

La pérdida del Apruebo en el referéndum ha instaurado la desilusión generalizada entre los grupos que propugnaban el cambio de Constitución en Chile y, por el contrario, una gran alegría entre quienes defendían el status quo jurídico de la Constitución de 1980. Son reacciones emocionalmente comprensibles, pero requieren de una reflexión moderada. La lectura sobre la derrota del Apruebo habrá que hacerla con calma y con suficientes elementos de análisis, y ahora solo es posible una primera aproximación.

Comencemos por ubicar la situación en la que está el proceso. La negativa al proyecto de Constitución (62%) debe analizarse insoslayablemente a la luz de las mayorías que iniciaron un proceso constituyente democrático en octubre de 2020, cuando el 78% apoyó la redacción democrática de una Constitución, y el 79% prefirió una asamblea constituyente originaria, sin participación del parlamento. La posición del pueblo parece clara: sí a un proceso constituyente que derogue la Constitución pinochetista, no a un proyecto de Constitución concreto que no cubre las expectativas que reclama.

¿Hay un problema en el contenido de la propuesta? Solo hay que echar una mirada rápida a los debates durante la campaña para acercarnos al principal problema del proyecto: contiene una carga social importante en derechos, pero invisibilizada detrás de varias decisiones arriesgadas, innecesarias y de difícil comprensión. Por ejemplo, la discusión sobre el fin de la unidad del Estado chileno.

Una Constitución no precisa declarar por escrito la plurinacionalidad, concepto teóricamente relevante pero difícil de explicar en el campo político. Es suficiente con incorporar materialmente su contenido, como los derechos de los pueblos indígenas o el reconocimiento de sus actos. Tampoco es necesario (en este caso, ni siquiera teóricamente correcto) enunciar que la soberanía reside en el pueblo “conformado por diversas naciones”; bastaría con incluir instrumentos de democracia participativa para hacer efectiva esa soberanía. Son insumos que no aportaron luz al debate; al contrario, mucha confusión. Una Constitución no es un tratado de teoría constitucional; es la norma fundamental de un Estado que refleja sus fundamentos.

Al común de la población, en general, estos debates no le suscitan el menor interés. Al contrario; los considera contraproducentes porque desvían la atención de las verdaderas reivindicaciones sociales que impulsaron al pueblo chileno a tomar las calles en octubre de 2019. Sus preocupaciones suelen ser las que afectan a los derechos sociales (trabajo, vivienda, salud…) y les permitirán vivir mejor.

Aunque el proyecto constitucional apostaba por un Estado social sólido, no fue el eje prioritario de su mensaje, ni se comunicó adecuadamente. Las personas buscan además que se cuente con ellas para decidir cuestiones importantes. Por ejemplo, reformar la Constitución. En el proyecto presentado, la reforma de la Constitución no requería de decisión popular. El Gobierno (presidencialista, con ajustes menores) seguía siendo el mismo, una vez se abandonó por parte de la Convención la innovadora propuesta de avanzar hacia un sistema parlamentario.

El bicameralismo legislativo continuó, transformado en una cámara de representación territorial, pero sin competencias legislativas en las regiones. Eran cuestiones trascendentes que podrían haberse tratado de mejor manera en la Convención; pero esta ocupaba el tiempo en otros asuntos, como discutir reglamentos que poco importaban a la gente.

La campaña del rechazo engordó con estos y otros errores, ampliamente susceptibles de ser instrumentalizados. Recordemos el espectáculo ofrecido en determinados momentos por la Convención constitucional que -por inexperiencia, falta de responsabilidad, o las dos cosas- abría las portadas del día con las dificultades para construir consensos, y nimiedades varias. Al final, las noches se hicieron eternas en una aprobación desesperada por cumplir los plazos. La Convención vio erosionada a marchas forzadas su credibilidad y dilapidado su capital político. La campaña del Apruebo no lo tenía fácil.

Porque, si un proceso constituyente es el momento más indicado en un país para crear consensos, este desde luego no lo fue. Quienes estaban a favor o en contra del proyecto buscaban el apoyo incondicional a una u otra opción, sin posibilidades de acercamiento: blanco o negro; ahora o nunca; Pinochet sí o no.

Pero la democracia real no es la que determina la voluntad de una mayoría coyuntural sobre otra, sino la que construye cimientos de consenso para un acuerdo mayoritario. La confrontación acabó en un choque de trenes más parecido a una elección presidencial que a la construcción colectiva de una Constitución. De haber ganado el Apruebo, el problema sería el mismo: creer, desacertadamente, que en un proceso constituyente democrático hay vencedores y vencidos.

En las confrontaciones se lleva la victoria quien aprovecha mejor las debilidades del rival. En la sociedad donde las fake news se distribuyen masivamente pulsando con un dedo, alguien puede creer que el país tendría dos banderas, o que el Estado embargaría los bienes de las familias, con una simple interpretación interesada de un texto. No tener en cuenta la incidencia de este tipo de informaciones (desinformaciones, pero informaciones para quien las recibe si un mayor andamiaje crítico) es un suicidio político. Porque no nos permite conocer la realidad en la que se mueven algunos sectores sociales ni tener en cuenta que quienes se posicionan contra los avances democráticos pondrán todos los recursos necesarios para acceder a grandes campañas de desprestigio. Cabe recordar los casos aún recientes del Brexit en Gran Bretaña y la “victoria” de Trump en Estados Unidos para caer en cuenta de esta realidad de nuestra época, y de la necesidad de enfrentarla con las herramientas adecuadas.

Cabe añadir al análisis el error político de enorme envergadura que fue la decisión tomada por el Apruebo de proponer la reforma de la Constitución inmediatamente después de su aprobación, cuando aún ni había nacido. No es difícil vislumbrar el duro impacto que un mensaje de este calibre supone en un electorado que es convocado para votar por una Constitución de la que se reconoce que está mal redactada y se reformará al día siguiente de su aprobación.

Son decisiones que desincentivaron el apoyo y que solo pueden ser fruto de un frío laboratorio de análisis partidista. Si a ello le sumamos otro gran error, obligar a los electores a votar (voto obligatorio que había sido desterrado en Chile), las consecuencias no se hicieron esperar. La obligatoriedad del voto se traduce en el desprecio hacia la opción, democráticamente legítima, de no participar en determinada votación por las razones que cada uno crea convenientes. El voto obligatorio crea sesgos en el comportamiento electoral que alteran la decisión democrática, porque la aproximación a las urnas no se realiza desde la misma perspectiva cuando alguien quiere participar que cuando no quiere, pero le obligan.

Son muchas las preguntas que nos ha dejado la experiencia chilena, como la conveniencia o no de que los referéndums respondan a preguntas dicotómicas y no complejas, o la forma como las asambleas constituyentes deben canalizar la voluntad popular. Tiempo habrá para estas reflexiones. Lo que parece claro es que se ha desestimado un proyecto concreto de Constitución, pero se mantiene intacta la voluntad del pueblo chileno de dejar atrás el pasado. Por lo tanto, el proceso constituyente sigue plenamente activo.