El aterrizaje de tendencias globales en Latinoamérica

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En la compleja coyuntura que estamos viviendo es posible identificar algunas tendencias globales de carácter económico, político, social y cultural, así como las características que estas asumen al aterrizar en América Latina. Las cinco tendencias globales se corresponden con dimensiones de “lo social”, entendido esto en sentido amplio. Sin embargo, puesto que ningún proceso es lineal, debemos pensar que las cinco tendencias incluyen expresiones de resistencia a sus dinámicas principales.

La primera tendencia global, en términos políticos, es la autocratización contestada que vive América Latina. De manera inexplicable en los circuitos diplomáticos y académicos se sigue repitiendo que existe un pleno consenso democrático latinoamericano. En la práctica, si bien existe una mayoría de gobiernos republicanos, hay una incapacidad para detener el ascenso de regímenes abiertamente autoritarios y establecer cordones sanitarios o revertir la autocratización en curso. Este consenso democrático interamericano alguna vez se aproximó a ser una realidad, pero nunca fue pleno, pues siempre subsistieron autocracias -como la cubana- unidas a democracias de baja calidad con enclaves territoriales y sociales autoritarios.

Debemos reconocer que en el continente hoy existe un ecosistema autocrático -con gobiernos de izquierda como Cuba, Nicaragua y Venezuela- pero parece asentarse también la posibilidad de gobiernos iliberales de derecha con personajes como Nayib Bukele. Dichos procesos encuentran la desigual, pero sostenida resistencia de diversos actores sociales y políticos, que pugnan por preservar o conquistar su derecho a tener derechos. En ese sentido, fortalecer la gobernabilidad y ciudadanía democráticas implica voltear a mirar, en lo analítico y en lo práctico, a aquellos actores que resisten estos procesos en el ámbito latinoamericano.

La segunda tendencia, desde el punto de vista económico, es el afianzamiento del capitalismo en tanto modo de producción o sistema económico. Aunque el capitalismo aparece como una realidad incontestable, ello no quiere decir que no pueda acompañar el fin de la especie humana por el agotamiento del planeta. Sin embargo, hoy no hay modos de producción, distribución y consumo alternativos al capitalismo. En América Latina esto nos lleva a discutir sobre qué variantes de capitalismo o, más en concreto, que modos de regulación del capitalismo utilizamos dentro de nuestros países. Y nos lleva a revisar críticamente aquellos referentes a ratos imprecisos -el neoliberalismo y el progresismo- que se expresan en tanto conjuntos de políticas económicas, políticas públicas y también debates ideológicos.

La tercera tendencia es un proceso acelerado de des-globalización geopolítica, con potencias que disputan la hegemonía global y regional, que configuran bloques de poder en torno suyo y contra otras alianzas. Para América Latina esto supone desafiar la idea de la región como una zona de paz, vendida desde instancias como la CELAC. Es cierto que en el continente no hemos tenido hace décadas grandes disputas interestatales -salvo conflictos como el de Perú-Ecuador en 1997, en los 80 en Las Malvinas y los choques en Centroamérica- y que no tenemos una dislocación de armas nucleares. Pero la competencia de grandes potencias y sus modelos de desarrollo, así como la influencia de regímenes políticos extracontinentales -ante todo China y en menor medida Rusia- y de actores no estatales -mafias, redes terroristas, etc- con capacidad de incidir en las dinámicas nacionales, desafía la noción de paz en un sentido fuerte, amplio, multidimensional.

En ese sentido, hay que recordar que Latinoamérica es una región que se ha constituido históricamente como un continente de repúblicas. Siempre hemos combinado rasgos democráticos y oligárquicos, populares y elitistas; pero debemos también reconocer que fuimos la primera región del orbe compuesta por Estados Nación donde la forma republicana de gobierno -con sus Constituciones y elecciones- fue predominante. Con excepciones como la monarquía brasileña y antes que en Europa desaparecieran los Imperios al final de la Primera Guerra Mundial. De manera que hay una serie de elementos identitarios de nuestra historia y organización políticas en tanto comunidades nacionales que se diferencian con otros estados y sociedades como, por ejemplo, la china, la rusa o la iraní.

Una cuarta tendencia es la globalización sociocultural. Si bien la globalización ha tenido revisiones en el plano de los bloques políticos y económicos, parece inevitable entender que hay una globalización de identidades, valores y consumos que hace, por ejemplo, que los jóvenes latinoamericanos se parezcan mucho más a los jóvenes asiáticos que a sus propios padres. Esa globalización representa un desafío para América Latina, pues hay una diversidad social que pugna por ser reconocida. Esto ocurre apelando a una profusión del ejercicio de derechos -lo cual está ocurriendo hoy con juventudes en el Medio Oriente, África y Asia- que impacta la capacidad de las instituciones establecidas para incluir y responder a esas crecientes demandas de la diversidad social. Con Estados con capacidades limitadas, economías estancadas y sociedades más heterogéneas y vocales, hay tensiones para responder a esas demandas sociales en clave de políticas públicas, de reconocimiento y construcción de ciudadanía.

La última tendencia -pero no la menos importante, sino incluso la decisiva- es el deterioro ambiental que nos anuncia un cambio climático con posible no retorno. En una Latinoamérica megadiversa, con países destacados como Brasil y Colombia, seguimos sin responder -e incluso sin plantearnos- cómo alcanzar un desarrollo inclusivo con protección del medio ambiente. En este rubro y en los anteriores, los grandes desafíos -epistémicos, científicos y políticos- combinan tanto en la complejidad intrínseca del problema como en la limitada capacidad de los Estados latinoamericanos para enfrentarlos hoy de modo eficaz.

*Versión resumida de la intervención realizada en el Seminario internacional “Colombia y América Latina en un mundo cambiante: Relaciones Internacionales, Ética y Democracia”.

Xiomara Castro es derrotada en el Congreso de Honduras

Las imágenes de abril de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, saliendo hacia Nueva York escoltado por agentes de la DEA camino a su juicio por narcotráfico, recuerda a la de 2009 cuando otro expresidente, Manuel Zelaya, abandonaba Tegucigalpa en avioneta después de la orden de detención de la Corte Suprema de Justicia, desobedecida por el general Romeo Vázquez Velázquez.

Los dos presidentes buscaron su reelección. Zelaya no negoció con la clase política, trató de imponerse y fue acusado por la justicia de traición a la patria. El Congreso lo condenó simbólicamente con un voto de desaprobación de 124 diputados, del total de 128. Meses después fue indultado. Hernández, igualmente autoritario, fue más hábil y logró una interpretación extraña que le permitió reelegirse. Pero tras la reciente derrota electoral fue extraditado por narcotráfico.

En este marco, Xiomara Castro, la esposa de Zelaya y quien se presentaba como la opción del cambio a las formas de hacer política, ganó las elecciones de noviembre del 2021 con el 51% de los votos. La presidenta encabezó por aquel momento una coalición integrada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), el partido Salvador de Honduras (PSH), y el partido Innovación y Unidad (PINU).

Sin embargo, a apenas seis meses de la asunción de Xiomara Castro, esas esperanzas se han difuminado. Por un lado, muchos comunicadores que apoyaron abiertamente a LIBRE durante años y que instauraron la idea de que el gobierno hondureño había conformado un narco estado que pretendía perpetuarse en el poder, hoy ocupan cargos de elección popular en el gobierno de Xiomara Castro.

Comunicadores como Mauricio Ramos, fundador de UNE TV es Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos; Ivis Alvarado (UNE TV) es Secretario de Prensa del Gobierno; Milton Benítez (El Perro Amarillo) es ministro-asesor en Materia de Comunicaciones; Gerardo Torres (UNE TV) es Vicecanciller; Jorge Aldana (UNE TV) es alcalde de Tegucigalpa; y Mauricio Rivera (UNE TV) Diputado Nacional.

Previo a las elecciones, el 13 de octubre del 2021, la idea del posible fraude electoral se encontraba tan arraigada que finalmente tanto el hoy designado presidencial Salvador Nasralla (PSH), como Doris Gutiérrez (PINU) pactaron apoyar en su carrera presidencial a la esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Esto, para que tuviera mayores posibilidades electorales a cambio de un pacto de posiciones de gobierno y de su investidura como designados presidenciales.

Una vez en el gobierno, sin embargo, la coalición ha empezado a fisurarse. La resistencia de LIBRE al pacto con el Partido Salvador de Honduras y el estilo autoritario de toma de decisiones con el que se ha conformado el gobierno no han contribuido a moderar el ciclo de tensión hondureño.

Xiomara Castro ha sido señalada por buena parte de la sociedad civil de organizar un gobierno en el que su familia tiene una relevancia determinante, lo cual no es saludable para la democracia. El expresidente Manuel Zelaya Rosales es el asesor principal de la presidencia. Sin embargo, su protagonismo es tan decisivo que críticos tradicionales de las administraciones anteriores como los jesuitas del ERIC-SJ, la ex rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y otras figuras se han manifestado de forma expresa, tanto sobre la inconveniencia de esta relación política como sobre el nepotismo en el primer nivel de gobierno.

Otros integrantes de la familia de la presidenta que se encuentran en cargos de primer nivel son su hijo Héctor Zelaya, Secretario de la Presidencia; su sobrino José Manuel Zelaya, titular de Secretaría de la Defensa; su cuñado, Carlos Zelaya, Secretario del Congreso; y su hija Xiomara Zelaya, Diputada.

Ante esta situación, el Designado Presidencial Salvador Nasralla comenzó a manifestar su inconformidad con la nueva administración ya que no había cumplido sus compromisos dando espacios a su partido en el ejecutivo. Nasralla señaló que su voz no era escuchada por la presidenta. Y esto ha provocado la primera derrota importante del gobierno en el Congreso hondureño.

Poco después de estas declaraciones, los diputados de su partido (PSH) votaron en contra del gobierno y apoyaron a la oposición evitando que se aprobara de forma urgente una ley que reformaba el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. El designado presidencial Nasralla declaró que no se podía aprobar una ley tan importante a “matacaballo”. Con esta afirmación le recordó a la presidenta que no tenía mayoría en el Congreso y que no debería cometer los mismos errores que Zelaya en 2009 al ignorar a los “compañeros” y a los poderes del Estado.

La derogación de la Ley de Defensa y Seguridad, aprobada en 2011, era una promesa de campaña de Xiomara Castro. Uno de los propósitos principales era eliminar como integrantes del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional al presidente del Congreso Nacional, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al Fiscal General de la República, bajo el argumento de la independencia de poderes y de que así la democracia estaba en cuestión.

Pero ese no ha sido, sin embargo, el problema. Lo que causa desconfianza en la clase política es el poder que se le asignaría al Secretario Técnico del Consejo, que por delegación de la presidencia coordinaría los temas de Seguridad y Defensa del país. Esto, en un contexto como el actual, definirá la gestión de la mayoría de las políticas de desarrollo y gobernabilidad de la nación.

Ante la posibilidad de crear una figura política tan poderosa, que además presumiblemente podría ser asumida por uno de los integrantes de la familia Zelaya, o de su círculo más cercano, las acusaciones hacia la nueva administración adquirieron una nueva dimensión. Frente a ello, y mostrando su poder, los aliados de la presidenta se rebelaron y provocaron la primera derrota importante del gobierno.

El mensaje es claro: la gobernabilidad de Honduras pasa por la estabilización de una coalición que incluya a los socios políticos y que limite tanto el nepotismo como la toma de decisiones unilaterales.

Chile: se deshizo el espejismo

Hay veces en que uno detesta haber acertado en el análisis. Lo cierto es que deja un amargo sabor de boca el resultado del plebiscito sobre la nueva Constitución en Chile este pasado 4 de septiembre. La derrota de los partidarios de su aprobación ha sido demasiado abrumadora (dos tercios de los votos frente al tercio restante). Tal vez hubiera sido mejor un resultado más estrecho. Pero debo reconocer que el contenido de un viejo artículo sobre la victoria de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de fines de 2021, en el que me preguntaba si no estaríamos ante un nuevo espejismo en Chile, conducía a anticipar el abultado resultado de este plebiscito.

La observación que hice en aquel entonces refería a una cierta interpretación de la clara victoria de Boric que, a mi juicio, podía “convertirse en un nuevo espejismo de la realidad social chilena”. Según aquella interpretación optimista, esa victoria representaba una enorme marea electoral que recogía intacto el espíritu de las protestas de 2019 sobre la base de unas generaciones más jóvenes que superaban las aspiraciones de la Concertación y formaban una amplia base electoral en la que podría apoyarse el presidente más joven de América Latina.

Mi reparo principal se refería a la dimensión de esa base electoral de apoyo. Dado que solo había votado el 56% del electorado y Boric había obtenido el 55% de esos votantes, eso significaba que el presidente electo contaba con apenas el 27% del total del electorado. Pero además esa votación tenía que ver con la segunda vuelta, y los estudios de opinión indicaban que un 70% de los casi tres millones de votos que se sumaron a su candidatura en esa segunda ronda procedían de otros partidos (de centroizquierda), que no seguirían a Boric en el futuro. Es decir, que su “amplia marea electoral” no alcanzaba ni a un cuarto del electorado.

Mi otra observación aludía a la idea de que el apoyo a Boric era producto directo del espíritu imparable del estallido social del 2019. Los sondeos de opinión mostraban que el apoyo a lo sucedido durante ese año era bastante menor de lo supuesto. Varios observadores en el país señalaron que esos hechos habían sido “sobrefestejados”: más de la mitad de la población chilena tenía una visión crítica de lo sucedido.

Es cierto que la victoria de Boric se asociaba bien con una elección (con poca participación) de los compromisarios a la convención constituyente. Y también era lógico que esa convención emitiera un texto constitucional que reflejara la cultura política de los seguidores de la plataforma electoral del nuevo presidente. 

Sin embargo, tanto el proceso como el texto resultante no han podido evitar que muchas voces progresistas lo hayan tildado de partidista. Pronto fue evidente que el marcado sesgo político del nuevo texto constitucional levantaba un creciente rechazo no solo entre las fuerzas conservadoras, sino también entre los sectores de centroizquierda que habían apoyado la candidatura de Boric frente al contendiente de la derecha, José Antonio Kast. Creo que existe una clara mayoría acerca de que hay que superar la Constitución procedente de la dictadura de Pinochet, pero de una forma mucho más amplia que permita gobernar tanto a progresistas como a conservadores.

Ante la evidencia de que la opinión pública se dividía en torno a la propuesta de una nueva Constitución, entre los partidarios de Boric también surgió una divergencia notable: por un lado, los partidarios de negociar una salida alternativa cuanto antes y, por el otro, quienes, presos del espejismo de poseer esa supuesta amplia base electoral, se inclinaron por poner toda la carne en el asador a favor de la campaña de aprobación del texto constitucional. 

La decisión del presidente Boric de inclinarse hacia esta segunda opción parece indicar que podría haberse contagiado del espejismo político que alimentaba la izquierda radical, coreada, por cierto, por esa izquierda en toda la región. El presidente hubiera podido mantener una relativa neutralidad en la campaña directa, pero ha optado por combatir en primera fila a favor de la aprobación de la propuesta constitucional. Ahora deberá pagar el costo político.

En todo caso, lo sucedido en Chile muestra los tradicionales riesgos del vanguardismo, tan conocidos en la región. Una lectura fría de la coyuntura chilena refleja que, tanto en el fondo como en la forma, la explosión de 2019 fue aprovechada por una izquierda radical que se desprendió del resto del país para dar un gran salto adelante. Y tres años después, el Chile profundo, lastrado por un enorme bolsón de población apolítica (que esta vez estuvo obligado a votar) acentuadamente asustado, se lo está cobrando. 

Como afirma el analista Ernesto Ottone, el resultado del plebiscito reivindica el verdadero sentido de la propuesta progresista, aquella que es capaz de halar el conjunto del país, midiendo el ritmo que ello requiere, sin dar saltos vanguardistas de alto riesgo.

Resulta difícil anticipar el impacto que tendrá esta abultada derrota en el gobierno del presidente Boric. No obstante, parece probable que no será un efecto despreciable ni pasajero, sobre todo a la vista de que las encuestas mostraban ya un descenso de su popularidad por varios errores gubernamentales, que muchos observadores achacan a la falta de experiencia en el manejo de la administración pública. Mientras, se extiende la preocupación en círculos progresistas chilenos de que lo sucedido pueda significar un creciente vuelco electoral hacia la derecha.

Democracia y demagogia en la Argentina de los Fernández

Hay en el Río de la Plata la idea de que el dulce de leche mejora cualquier postre. Así, helado, bien; helado con dulce de leche, mejor. Flan, bien; con dulce de leche, mejor. Torta, bien; con dulce de leche, mejor. Con la democracia sucede lo mismo: el concepto más opaco, si se le sitúa al lado el adjetivo “democrático”, adquiere luz celestial. Justicia, bien; justicia democrática, mejor. Convivencia, bien; convivencia democrática, mejor. Compromiso, bien; compromiso democrático, mejor.

No fue precisamente dulce para Cristina Fernández de Kirchner la semana del 22 de agosto. Los fiscales de la causa “Vialidad” pidieron para ella 12 años de cárcel e inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos. Como era de esperarse, la catarata de reacciones se puso en marcha inmediatamente. Reacciones peligrosas, desde luego, porque son más ideológicas y viscerales que serenas y racionales. Peligrosas porque implican enjuiciar a la Justicia argentina. Más peligrosas aún porque la primera en denigrar a la Justicia fue la propia vicepresidenta, de quien se esperaría algún grado de respeto por las instituciones del país.

Pero un tuit dejaba bastante clara su posición: “El Poder Judicial argentino apesta”. Finalmente, peligrosas al máximo nivel porque echaban leña al fuego de la polarización, de la furia verbal que se ha ido instalando en Argentina durante los últimos quince años. Ello explica que la secuencia acabara con el intento de asesinato de la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre.

A propósito de este caso, las investigaciones apenas han comenzado y la información que va apareciendo impide sacar conclusiones. Al contrario, obliga a la prudencia. Pero lo relevante aquí no es el enjuiciamiento del suceso, sino un hecho mucho más palmario: la atmósfera sociopolítica argentina está tan cargada que la violencia física no resulta completamente insólita. El crecimiento progresivo de la agresión verbal hasta extenderse a otros medios (como la violencia física) merece condena categórica, pero sería entre ingenuo y cínico afirmar que no cabía esperar tal evolución.

Retornando al frente judicial, estas líneas no pretenden entrar en el juego de valoraciones sobre si el juicio a la vice es justo, si Cristina es culpable, si la Justicia argentina apesta o huele a jazmín. Ni siquiera en el juego, más dramático aún, sobre el significado y las consecuencias de que el juicio sumarísimo al Poder Judicial lo realice el Poder Ejecutivo del propio país. Aquí se trata de otra cosa: de los argumentos que se emplearon. Y especialmente de uno: la democracia.

Desde España, la líder de Podemos, Ione Belarra, tuiteaba: “La guerra judicial y mediática contra gobiernos progresistas es una constante que siempre vamos a denunciar. Porque no es contra nosotros, pone en peligro a la propia democracia. En España, Argentina o cualquier país democrático. Nuestro apoyo desde @PODEMOS a @CFKArgentina”.

Desde la propia Casa Rosada, tres cuartos de lo mismo. Un comunicado oficial de la Presidencia afirmaba: “El gobierno reitera su adhesión a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia”.

En las declaraciones de Belarra y de Fernández hay dos problemas sustanciales. Primero, que confunden democracia con Estado de derecho. Segundo, que intentan ver —y hacer ver— democracia donde hay un régimen mixto.

Democracia y Estado de derecho

Preséntese usted a unas elecciones prometiendo reforzar el Estado de derecho. Sacará un voto o ninguno. Preséntese prometiendo reforzar la democracia. Sus electores se multiplicarán milagrosamente, como los panes y los peces. Así es el canon demagógico de nuestro tiempo. La democracia es el dulce de leche de todos los postres políticos. Por eso Alberto Fernández cerró su discurso inaugural afirmando que “con la democracia se cura, se educa y se come”.

Cabía sospechar que no sabe muy bien qué es esa democracia de la que hablaba. Sin embargo, hubo que esperar dos años y medio para comprobarlo con toda claridad. Una de dos: o Belarra y Fernández no conocen la diferencia entre democracia y Estado de derecho, o la ignoran activamente. En otras palabras: ¿es mayor su ignorancia o su demagogia?

La democracia se refiere exclusivamente a cuántas manos ejercen el poder público. No es una definición novedosa. Todo lo contrario: nos llega desde la antigua Grecia. El poder público en una sola mano: monarquía. En unas pocas manos: aristocracia. En manos de la mayoría: democracia.

Lo que denuncian Fernández, Belarra y, por supuesto, la propia Cristina Fernández, es que la Justicia argentina no es independiente; que se encuentra maniatada por determinados poderes. ¿Qué tendrá eso que ver con la democracia, es decir, con que el poder público esté en manos de la mayoría?

La democracia es un atributo del sistema político. Explica la repartición del poder dentro de la sociedad. La Justicia es una rama del Estado, pero no es un espacio político. Precisamente lo contrario: la politización de la Justicia es una de las más graves amenazas que la acechan. Lo que está en juego en el hecho de que la Justicia sea independiente —o no— es el Estado de derecho, no la democracia.

“Funcionamiento democrático de la justicia”, afirma el comunicado de la Presidencia. Es algo así como la equitación protestante de la que hablaba Borges. Con un agravante: viene de un presidente que, según el propio comunicado, “se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal desde hace más de tres décadas”. Quizá debería conocer la diferencia entre democracia y Estado de derecho.

Si la justicia fuera democrática, ¿eso significa que los ciudadanos votarían los veredictos? ¿O que votan a los jueces? En efecto, ¿sabrá Fernández por qué los ciudadanos no votan a los jueces en ningún país? Ni siquiera en aquellos a los que el peronismo admira. Por ejemplo, Venezuela, donde se vota al Ejecutivo y al Legislativo, pero no al Judicial. O Bolivia. O Irán, Rusia y China, donde se vota… Mejor no sigamos.

Democracia y régimen mixto

Algunos de aquellos griegos —y romanos— que clasificaron las formas de gobierno nos legaron una tesis: la forma ideal no es la monarquía ni la aristocracia ni la democracia, sino una combinación de las tres. Así, en la Roma republicana funcionaba un régimen mixto, en el que los cónsules eran el elemento monárquico, el Senado constituía el aristocrático, y los tribunos de la plebe representaban el democrático.

Dos mil años después nacen las repúblicas independientes latinoamericanas y toman ese modelo: el presidente sería el elemento monárquico, el Senado constituiría el aristocrático, la Cámara de Diputados representaría el democrático.

Preséntese usted a las elecciones prometiendo fortalecer el régimen mixto. Obtendrá un voto o ninguno. Preséntese prometiendo fortalecer la democracia, como si se creyera que vivimos en una democracia pura. Sus electores se multiplicarán milagrosamente. Una de dos: o Belarra y Fernández no se han enterado aún de que nuestros Gobiernos no son democracias puras, sino regímenes mixtos, o lo ignoran activamente. En otras palabras: ¿es mayor su ignorancia o su demagogia?


Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Quién ganó el plebiscito en Chile?

La obvia respuesta es un inapelable rechazo con un 61,87% versus un 38,13% del apruebo. Votaron 12,9 millones de electores, es decir, el 85,3% del padrón electoral. Esto solo es comparable al porcentaje de participación que puso fin a la dictadura militar en 1989. Un dato clave: la opción rechazo ganó en todas las regiones, incluso en la región metropolitana (Santiago) y Valparaíso. En estas dos, según distintas encuestas, había posibilidad de que se impusiera la opción apruebo. No fue así.

Momento de prudencia

La lectura política debiera ser más prudente y analizar el contexto por el que atraviesa Chile. No hay espacio para triunfalismos, como se señaló desde casi todas las veredas del rechazo después de conocidos los resultados de los comicios.

Los distintos actores políticos de la opción contraria al apruebo se han puesto frente a los micrófonos para intentar capitalizar la victoria. Durante la campaña, no se habían dejado ver, por lo que no se puede sostener la tesis de que los vencedores son los partidos de oposición al Gobierno.

Tampoco ganaron los extremos que no buscan acuerdos mayoritarios y buscan instaurar constitucionalmente sus propias miradas de mundo. Esta razón, por la que muy posiblemente quedarán aislados si no cambian de postura y actitud, no permitirá alcanzar un acuerdo nacional en materia constitucional.

El alma nacional

La tarea de negociar no será fácil para el gobierno derrotado. Como advertimos, los partidos oficialistas fueron precisamente los actores claves en la articulación de los contenidos de la propuesta constitucional rechazada. En especial, de la perspectiva indigenista y plurinacional, las incertidumbres en materia de propiedad privada y los lineamientos en seguridad pública. Estos elementos podrían entenderse como lejanos a lo que el cardenal Raúl Silva Henríquez, en el contexto de una búsqueda de la democracia perdida en Chile, denominara el alma nacional de Chile, la que a su juicio se conforma por una certeza u orden jurídico, por la libertad de las personas y la fe del pueblo. Tres elementos no observados en el texto constitucional.

En concreto, el alma nacional no habría estado en sintonía con la perspectiva refundacional, la cual desafía las libertades. El proceso constituyente se sustentó en una intolerancia expresada en el desinterés por ampliar los acuerdos y consensos; el desprecio a la historia de nuestro orden jurídico que puso fin al Senado y al Poder Judicial, sumado a la irrelevancia y prescindencia de normas que mitigan la violencia, como la desaparición del estado de emergencia del texto constitucional vigente, el cual permite al Gobierno de turno utilizar a las fuerzas armadas en materia de violencia política o social, apoyando las labores de seguridad pública. Todos estos elementos son claves para comprender el triunfo del rechazo.

Riesgos y percepciones

Desde una mirada integral a la propuesta de Constitución, la mencionada plurinacionalidad habría sido percibida como un principio que significaba un alto riesgo a la unidad del pueblo de Chile, siendo en sí misma una amenaza al orden jurídico de la República, a las libertades e igualdad de todos ante la ley, y un corte con la idiosincrasia popular. En definitiva, sería el reconocimiento de once pueblos en el territorio de Chile con sus respectivos principios de autodeterminación y autogobierno, una de las razones por las que se habría apreciado que el texto constitucional creaba las bases para la deconstrucción de la República, proponiendo una nueva morfología en el poder que no reconocía el alma nacional.

¿Una nueva oportunidad?

Pasada la página, si asumimos la necesidad de un nuevo acuerdo nacional, Chile tendría una nueva oportunidad para hacerlo. Ahora más transversal y mayoritaria. Para ello se requiere que ningún actor político crea que por sí solo puede interpretar y proponer una propuesta constitucional. Solo así aprenderemos del proceso constituyente recién vivido. ¿Quién ganó la elección del plebiscito de salida? Podría responderse que el pueblo y su anhelo de unidad nacional.

Todo lo señalado no significa que la crisis de representatividad y desconfianza en las instituciones haya sido superada. En este momento resulta fundamental que el Gobierno del presidente Gabriel Boric pase de una posición de derrota a transformarse en un actor que conduzca la negociación política por un camino de gran entendimiento nacional. Esto muy posiblemente le signifique una tensión en el bloque oficialista, ya que el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio fueron los artífices ideológicos de la propuesta constitucional.

Otro gran desafío es que el Congreso consiga legitimar una propuesta de proceso para el acuerdo nacional que se requiere. Parece fundamental no olvidar el alto nivel de impopularidad que mantiene dicha institución. Por tanto, en una acción colaborativa con el Poder Ejecutivo, se debería establecer un mecanismo de consulta al soberano para que tenga la decisión final respecto al diseño institucional por el que debe transitar el acuerdo nacional.

Segunda etapa

En consecuencia, el proceso no ha terminado. Por el contrario, este recién se iniciará en una segunda etapa que, esperamos, pueda sacar las lecciones del proceso que ha concluido. Ello a pesar del cansancio de los electores por un frecuente llamado a las urnas y los costos económicos asociados a esto, ya que pareciera de vital importancia que los ciudadanos sigan activos y movilizados hasta conseguir una institucionalidad que signifique un amplio acuerdo nacional en materia constitucional.

En ese sentido, los movimientos que han acompañado el proceso, surgidos desde la sociedad civil, tales como Amarillos por Chile, entre otros, desde ahora son doblemente responsables de colaborar y apoyar el camino de entendimiento nacional. Ello mientras los partidos políticos se adaptan y ajustan a los nuevos tiempos y las instituciones vuelvan a recuperar la fe pública. Esa sería la mejor y casi única estrategia de salida de la crisis institucional y de representatividad en el país.

*Texto Publicado originalmente en Diálogo Político

Digitalización y privacidad: ¿más allá de un capitalismo de vigilancia?

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No es novedad que la pandemia de la COVID-19 aceleró la digitalización de la vida cotidiana, intensificando la canalización online de nuestras actividades o forzando una migración para el mundo virtual de quien sustentaba una forma analógica de vivir. La profundización de la vida anclada en la internet suele ser interpretada como favorable a la democratización de la información y la comunicación, además de facilitar varias rutinas. Pero esa intermediación remota vía internet de nuestra cotidianeidad está lejos de ser neutra.

La digitalización de nuestras vidas genera ganadores y perdedores, agudiza desigualdades sociales, reduce la circulación de informaciones y datos personales a una lógica de producción de valor para las empresas a cargo de la intermediación digital y disemina la vigilancia y el control comportamental sobre los individuos, lo cual corroe nuestras libertades y derechos. Ese proceso resume el concepto de “capitalismo de vigilancia” desarrollado como advertencia por la socióloga Shoshana Zuboff.

Pero ¿hasta qué punto esa perspectiva es percibida por los ciudadanos? ¿Quién gana y quién pierde a los ojos de los usuarios?

La naturalización de la vida en las redes

Los cambios ocurridos durante los confinamientos de 2020 y 2021 no dejaron de proyectarse sobre nuevos ámbitos en 2022, algo que deberá continuar. Numerosos estudios apuntan a que la mayoría cree que las actividades educativas y de capacitación continuarán canalizadas de modo online, las prácticas de compras se convertirán en experiencias de e-commerce y las actividades cívicas serán instrumentalizadas, mayoritaria o exclusivamente, por la vía digital.

La encuesta Market Analysis/WIN Network realizada en 39 países confirma esa tendencia, a la vez que revela una lectura ambigua del proceso de cambio radical hacia la esfera online, así como una aceptación acrítica del llamado capitalismo de vigilancia.

La libre disponibilidad de información personal, al igual que nuestros gustos particulares, es algo que difícilmente permitiríamos en encuentros cara a cara con desconocidos. Lo mismo podemos decir de detalles sobre nuestros familiares y amigos, formas de contacto, pormenores de por dónde viajamos o consumimos. Sin embargo, esas preocupaciones son relajadas y liberadas para el universo corporativo a cambio de algún beneficio gratuito o según el valor agregado percibido en la ampliación de la internet y de la fe existente en la tecnología. 

En la muestra global del estudio, menos de la mitad de los entrevistados (47%) se dicen preocupados por compartir sus informaciones de las redes sociales, una sensación sin variaciones antes y después de la pandemia. En América Latina esa división de opiniones es aún más crítica. Antes de la cuarentena, 55% admitían recelo de exponer sus datos y opiniones online, un nivel de resistencia que cayó a casi la mitad poco antes de 2022. 

En nuestra región, Brasil es una excepción. Una amplia mayoría de la sociedad brasileña siempre mostró preocupación con la libre disposición e intercambio de informaciones personales en las redes. Esto hace de Brasil el líder mundial del escepticismo digital sobre el intercambio de informaciones personales en las redes, y seguido por China.

Desde la perspectiva del capitalismo de vigilancia, que mira al usuario de redes como objeto de extracción de valor y lucro, dicho escepticismo puede ser una fuente saludable de protección. Por otro lado, la actual preocupación de los brasileños parece derivar mucho más de la falta de conciencia sobre el destino de sus datos personales que de una experiencia adversa navegando en internet o una crítica conceptual frente al funcionamiento controlador de la industria de TI.

Preocupa la inseguridad potencial a la defensa de la privacidad antes que la posibilidad de revelar datos que alimenten gratuitamente los algoritmos de las grandes firmas de TI, que saben cómo monetizarlos en servicios que esos mismos usuarios después pagan. 

Una mirada benevolente y negligente sobre el ecosistema online

En América Latina, apenas cuatro de cada diez personas dicen tener idea del destino de sus datos compartidos pública y gratuitamente en la internet. Sin embargo, antes de la pandemia, esa sensación de control sobre la exposición y el uso por terceros de los datos personales era incluso menor. Esto sugiere que la inmersión digital forzada por la cuarentena indujo a una suspensión de los miedos y a una ilusión benevolente de cada persona en su relación con las redes sociales. 

De acuerdo con el estudio Market Analysis/WIN, las incidencias de riesgo como phishing, e-mail hackeado o filtración de datos personales no cambiaron con la pandemia. Sí hubo un aumento de casi 10% en la recepción de spam y en el registro de cuentas de banco o tarjetas hackeadas, lo cual afectó en mayor medida a los más viejos y menos alfabetizados digitalmente.

El aumento de la exposición online y la colonización de nuestras rutinas por los canales digitales no se reflejó en una suba significativa del número de personas preocupadas con la disponibilidad de sus datos en las redes. Y a pesar de los delitos cibernéticos y de la poca conciencia sobre el destino de nuestros datos, hay una sobrevaloración de los medios digitales. De hecho, nueve de cada diez brasileños consideran que la tecnología de la información es de suma importancia en la organización de la vida.

Esa influencia del ecosistema online siembra la duda de si los individuos no estarían trabajando gratuitamente para las big techs al utilizar las plataformas digitales “sin costo”, alimentando, así, sus algoritmos y quedando expuestos a riesgos de crímenes cibernéticos. En este sentido, los datos muestran una lectura más optimista que pesimista, aunque racional, en la medida en que apuntan hacia una normalización del bajo costo que se paga con la diseminación de datos personales y la amenaza potencial a la privacidad a cambio de accesibilidad online y conveniencia remota y favorecida por la internet. 

O sea, la monetización empresarial gratuita de la información, provista por las personas al usar las redes sociales, pasa desapercibida o (entonces) es naturalizada como un costo aceptable. Ello no quiere decir que una mayoría de usuarios no tenga un cierto escepticismo con relación a compartir sus datos en las redes, pero esa reacción no nace de una concientización politizada contraria al capitalismo de vigilancia que lleve a una mayor exigencia a la protección de la privacidad y seguridad de los datos, dos temas que constituyen la próxima frontera decisiva para consolidar la “democratización del acceso”.

*Este texto fue escrito con la colaboración de Ivan Albuquerque, Monize Arquer y Camila Cassis

Fabián Echegaray es doctor en ciencia política por la Universidad de Connecticut y director de Market Analysis, consultora de opinión pública con sede en Brasil.

Ivan Albuquerque es politólogo por la UFSC y analista de investigación en Market Analysis

Monize Arquer es politóloga por Unicamp, profesora en la UFES y analista de investigación en Market Analysis

Camila Cassis es politóloga por Unicamp y analista de investigación en Market Analysis


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Plebiscito constitucional chileno: hacia un nuevo consenso 

El domingo 4 de septiembre Chile celebró la elección más importante desde la transición a la democracia, o tal vez, la más relevante de toda su historia. Esta elección tuvo el propósito de permitir a chilenos y chilenas aprobar o rechazar, a través de un plebiscito ratificatorio, la nueva Constitución redactada por una Convención Constituyente paritaria conformada por 155 integrantes electos directamente por la ciudadanía.  

La decisión de darle al electorado la oportunidad de manifestar su acuerdo o no con redactar una nueva Constitución y elegir el mecanismo para hacerlo se materializó el 15 de noviembre de 2019 a través de un pacto suscrito por los principales partidos políticos con representación parlamentaria. El llamado Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución fue la respuesta desesperada de una clase política que se vio completamente desbordada por una crisis de legitimidad de proporciones bíblicas. 

Esta crisis alcanzó su clímax durante el estallido social que se inició el 18 de octubre de 2019 cuando miles de chilenas y chilenos salieron masivamente a las calles, durante varias semanas, a manifestar su descontento y demandar cambios. Un año después, casi el 80% de las y los votantes que participaron del llamado plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, estuvo de acuerdo con la redacción de una nueva carta magna por una Convención Constituyente electa por la ciudadanía. 

Este contundente apoyo a una nueva Constitución contrastó fuertemente con el resultado de la elección celebrada el domingo 4 de septiembre. En efecto, 62% de quienes asistieron a las urnas durante la jornada rechazó la Constitución propuesta. En términos prácticos, esto significa que la Constitución vigente, escrita (a pesar de los ajustes que ha experimentado desde entonces) durante la dictadura militar presidida por Augusto Pinochet, sigue siendo válida. 

El triunfo del “rechazo” este domingo estuvo dentro de lo esperado, al menos si tomamos en consideración que prácticamente todos los sondeos de opinión realizados durante las semanas previas vaticinaban este resultado. No obstante, el desenlace de esta elección fue, sin dudas, sorprendente al menos en tres sentidos. Primero, nadie anticipó que el “rechazo” se impondría con tanta holgura, superando al “apruebo” por 24 puntos. Segundo, en 97% de las comunas y en todas las regiones del país (incluyendo la Región Metropolitana de Santiago), el electorado rechazó el texto constitucional propuesto. Tercero, aun considerando que en esta elección se instauró el voto obligatorio con inscripción automática, el nivel de participación fue inusitadamente alto para Chile. En un país en el que la participación electoral venía cayendo desde la transición, para alcanzar una meseta en torno al 50%, no deja de sorprender que en el plebiscito de salida haya alcanzado al 85% del padrón. En consecuencia, el triunfo del “rechazo” fue, sin lugar a duda, tan contundente como transversal.  

Las causas de este categórico resultado son probablemente diversas y requerirá algún tiempo lograr desentrañar sus raíces. No obstante, se pueden especular algunas explicaciones preliminares. Por un lado, la Convención Constitucional experimentó una caída de los niveles de confianza y no ha estado exenta de los mismos problemas de legitimidad que han afectado a la elite política. De acuerdo con la Encuesta Pulso Ciudadano, en julio de 2021, 73% de las y los encuestados manifestaba niveles altos o intermedios de confianza en la Convención, pero esa cifra cayó progresivamente hasta alcanzar un 39% en junio de 2022. 

Muy probablemente la desconfianza en las y los convencionales se haya traducido en un rechazo al texto que produjeron. En segundo lugar, la composición de la Convención resultó ser problemática. Buena parte de los convencionales, que se presentaron como independientes, carecía de experiencia política previa, lo que probablemente dificultó las negociaciones y favoreció una mirada centrada en objetivos particularistas y maximalistas. Tercero, el texto constitucional propuesto enfatizó aspectos que probablemente no reflejaron ni las preferencias ni las prioridades de la ciudadanía. Por último, algunos aspectos clave de la Constitución propuesta no fueron comunicados de manera clara y fueron presentados apelando a un discurso que generó altos niveles de suspicacia e incertidumbre dentro de una ciudadanía que ha estado en vilo desde hace tres años. Muy probablemente, los relativamente bajos niveles de aprobación a la gestión de este gobierno por parte de la ciudadanía no hayan contribuido a cimentar el apoyo por la nueva Constitución.  

Más allá de las posibles causas de este desenlace, la interpretación obvia de los resultados electorales contrastantes del plebiscito de entrada y el de salida es que la ciudadanía quiere que las cosas cambien, pero no en la dirección que trazó la Constitución propuesta. Como resultado, lo que probablemente debería venir en un futuro cercano es un nuevo proceso de cambios constitucionales que apunte a capturar los corazones y las mentes de la ciudadanía.  

En lo inmediato, esta nueva etapa requerirá de un cambio de gabinete, que refuerce la presencia de actores políticos con amplia experiencia, que sean capaces tanto de entablar un diálogo fluido con la oposición como de establecer acuerdos amplios e inclusivos. El Congreso tendrá un papel crucial para enfrentar los desafíos políticos que trae consigo este resultado electoral y el gobierno del presidente Gabriel Boric tendrá que trabajar arduamente para promover mayores niveles de cohesión dentro de una izquierda altamente fragmentada. La oposición deberá cumplir el compromiso que contrajo ante la ciudadanía de “rechazar para reformar” evitando la tentación de optar por cambios cosméticos que no se hagan cargo del profundo descontento que llevó al estallido social.       

Promover una agenda de cambios constitucionales en un país polarizado y desencantado no será fácil y requerirá que los partidos y líderes políticos estén dispuestos a negociar, ceder y tomar decisiones difíciles sobre temas complejos. Un importante desafío por sortear es que ninguna fuerza política cuenta con mayorías en el Congreso. Por esta razón, será imperioso que los partidos y actores políticos de lado y lado estén dispuestos a construir una coalición amplia, promover la disciplina al interior del Congreso y a comportarse con un nivel significativo de responsabilidad y generosidad. 

Chile: Apuntes de urgencia sobre el referéndum constitucional

La pérdida del Apruebo en el referéndum ha instaurado la desilusión generalizada entre los grupos que propugnaban el cambio de Constitución en Chile y, por el contrario, una gran alegría entre quienes defendían el status quo jurídico de la Constitución de 1980. Son reacciones emocionalmente comprensibles, pero requieren de una reflexión moderada. La lectura sobre la derrota del Apruebo habrá que hacerla con calma y con suficientes elementos de análisis, y ahora solo es posible una primera aproximación.

Comencemos por ubicar la situación en la que está el proceso. La negativa al proyecto de Constitución (62%) debe analizarse insoslayablemente a la luz de las mayorías que iniciaron un proceso constituyente democrático en octubre de 2020, cuando el 78% apoyó la redacción democrática de una Constitución, y el 79% prefirió una asamblea constituyente originaria, sin participación del parlamento. La posición del pueblo parece clara: sí a un proceso constituyente que derogue la Constitución pinochetista, no a un proyecto de Constitución concreto que no cubre las expectativas que reclama.

¿Hay un problema en el contenido de la propuesta? Solo hay que echar una mirada rápida a los debates durante la campaña para acercarnos al principal problema del proyecto: contiene una carga social importante en derechos, pero invisibilizada detrás de varias decisiones arriesgadas, innecesarias y de difícil comprensión. Por ejemplo, la discusión sobre el fin de la unidad del Estado chileno.

Una Constitución no precisa declarar por escrito la plurinacionalidad, concepto teóricamente relevante pero difícil de explicar en el campo político. Es suficiente con incorporar materialmente su contenido, como los derechos de los pueblos indígenas o el reconocimiento de sus actos. Tampoco es necesario (en este caso, ni siquiera teóricamente correcto) enunciar que la soberanía reside en el pueblo “conformado por diversas naciones”; bastaría con incluir instrumentos de democracia participativa para hacer efectiva esa soberanía. Son insumos que no aportaron luz al debate; al contrario, mucha confusión. Una Constitución no es un tratado de teoría constitucional; es la norma fundamental de un Estado que refleja sus fundamentos.

Al común de la población, en general, estos debates no le suscitan el menor interés. Al contrario; los considera contraproducentes porque desvían la atención de las verdaderas reivindicaciones sociales que impulsaron al pueblo chileno a tomar las calles en octubre de 2019. Sus preocupaciones suelen ser las que afectan a los derechos sociales (trabajo, vivienda, salud…) y les permitirán vivir mejor.

Aunque el proyecto constitucional apostaba por un Estado social sólido, no fue el eje prioritario de su mensaje, ni se comunicó adecuadamente. Las personas buscan además que se cuente con ellas para decidir cuestiones importantes. Por ejemplo, reformar la Constitución. En el proyecto presentado, la reforma de la Constitución no requería de decisión popular. El Gobierno (presidencialista, con ajustes menores) seguía siendo el mismo, una vez se abandonó por parte de la Convención la innovadora propuesta de avanzar hacia un sistema parlamentario.

El bicameralismo legislativo continuó, transformado en una cámara de representación territorial, pero sin competencias legislativas en las regiones. Eran cuestiones trascendentes que podrían haberse tratado de mejor manera en la Convención; pero esta ocupaba el tiempo en otros asuntos, como discutir reglamentos que poco importaban a la gente.

La campaña del rechazo engordó con estos y otros errores, ampliamente susceptibles de ser instrumentalizados. Recordemos el espectáculo ofrecido en determinados momentos por la Convención constitucional que -por inexperiencia, falta de responsabilidad, o las dos cosas- abría las portadas del día con las dificultades para construir consensos, y nimiedades varias. Al final, las noches se hicieron eternas en una aprobación desesperada por cumplir los plazos. La Convención vio erosionada a marchas forzadas su credibilidad y dilapidado su capital político. La campaña del Apruebo no lo tenía fácil.

Porque, si un proceso constituyente es el momento más indicado en un país para crear consensos, este desde luego no lo fue. Quienes estaban a favor o en contra del proyecto buscaban el apoyo incondicional a una u otra opción, sin posibilidades de acercamiento: blanco o negro; ahora o nunca; Pinochet sí o no.

Pero la democracia real no es la que determina la voluntad de una mayoría coyuntural sobre otra, sino la que construye cimientos de consenso para un acuerdo mayoritario. La confrontación acabó en un choque de trenes más parecido a una elección presidencial que a la construcción colectiva de una Constitución. De haber ganado el Apruebo, el problema sería el mismo: creer, desacertadamente, que en un proceso constituyente democrático hay vencedores y vencidos.

En las confrontaciones se lleva la victoria quien aprovecha mejor las debilidades del rival. En la sociedad donde las fake news se distribuyen masivamente pulsando con un dedo, alguien puede creer que el país tendría dos banderas, o que el Estado embargaría los bienes de las familias, con una simple interpretación interesada de un texto. No tener en cuenta la incidencia de este tipo de informaciones (desinformaciones, pero informaciones para quien las recibe si un mayor andamiaje crítico) es un suicidio político. Porque no nos permite conocer la realidad en la que se mueven algunos sectores sociales ni tener en cuenta que quienes se posicionan contra los avances democráticos pondrán todos los recursos necesarios para acceder a grandes campañas de desprestigio. Cabe recordar los casos aún recientes del Brexit en Gran Bretaña y la “victoria” de Trump en Estados Unidos para caer en cuenta de esta realidad de nuestra época, y de la necesidad de enfrentarla con las herramientas adecuadas.

Cabe añadir al análisis el error político de enorme envergadura que fue la decisión tomada por el Apruebo de proponer la reforma de la Constitución inmediatamente después de su aprobación, cuando aún ni había nacido. No es difícil vislumbrar el duro impacto que un mensaje de este calibre supone en un electorado que es convocado para votar por una Constitución de la que se reconoce que está mal redactada y se reformará al día siguiente de su aprobación.

Son decisiones que desincentivaron el apoyo y que solo pueden ser fruto de un frío laboratorio de análisis partidista. Si a ello le sumamos otro gran error, obligar a los electores a votar (voto obligatorio que había sido desterrado en Chile), las consecuencias no se hicieron esperar. La obligatoriedad del voto se traduce en el desprecio hacia la opción, democráticamente legítima, de no participar en determinada votación por las razones que cada uno crea convenientes. El voto obligatorio crea sesgos en el comportamiento electoral que alteran la decisión democrática, porque la aproximación a las urnas no se realiza desde la misma perspectiva cuando alguien quiere participar que cuando no quiere, pero le obligan.

Son muchas las preguntas que nos ha dejado la experiencia chilena, como la conveniencia o no de que los referéndums respondan a preguntas dicotómicas y no complejas, o la forma como las asambleas constituyentes deben canalizar la voluntad popular. Tiempo habrá para estas reflexiones. Lo que parece claro es que se ha desestimado un proyecto concreto de Constitución, pero se mantiene intacta la voluntad del pueblo chileno de dejar atrás el pasado. Por lo tanto, el proceso constituyente sigue plenamente activo.

La falta de medicamentos en Brasil: un problema que viene de fuera y se encuentra con la inercia política

Los brasileños que buscan medicamentos básicos en farmacias y hospitales, como antibióticos, antialérgicos y analgésicos, encuentran las estanterías desabastecidas y se quedan con las manos vacías. Un informe publicado por el Consejo Regional de Farmacia de São Paulo (CRF-SP) avala esta percepción al señalar la falta de medicamentos en las farmacias. Diferentes campos ideológicos debaten diversas soluciones al problema, pero la discusión no parece haber llegado aún a la campaña electoral brasileña.

Según el documento CRF-SP, el 98,5% de los farmacéuticos consultados indicaron la falta de medicamentos, especialmente de antibióticos. En julio, la Confederación Nacional de Municipios (CNM) reveló que el 80% de los municipios enfrentaba escasez de medicamentos. La red privada tampoco escapa a los elevados precios: una encuesta publicada por la Confederación Nacional de Sanidad con 112 hospitales privados reveló que el 87,6% de ellos tenía dificultades para comprar suero, además de enfrentarse a un importante aumento de los precios de otros artículos.

La escasez afecta aún más a los medicamentos pediátricos, destinados a esa parte de la población especialmente vulnerable a las enfermedades respiratorias.

El problema, sin embargo, no es una sorpresa. En el primer semestre, el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) y el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud (Conasems) ya venían alertando sobre la falta de medicamentos. En junio, varias entidades profesionales del sector sanitario se unieron para exigir respuestas al Ministerio de Salud.

Dependencia de China

La razón inmediata de la escasez de medicamentos es la dependencia de Brasil de los insumos importados, especialmente de China. Según datos de la Asociación Brasileña de la Industria de Insumos Farmacéuticos, el país importa cerca del 95% de los Insumos Farmacéuticos Activos (IFA) necesarios para fabricar los medicamentos de consumo interno.

La pandemia de Covid-19 ha interrumpido las cadenas de producción mundiales. Por el lado de la oferta, la ampliación de las medidas de bloqueo en China ha afectado a la capacidad de producción de sus fábricas. Debido a la pandemia, también se han observado fuertes inflexiones en los patrones de demanda de productos manufacturados, incluidos los medicamentos.

En el caso de la industria farmacéutica, mientras que la demanda de insumos necesarios para combatir el Covid-19 aumentó exponencialmente en 2020 y 2021, la demanda de otros tipos de medicamentos disminuyó. Con el avance de la vacunación y la vuelta a la vida social, las enfermedades respiratorias volvieron a circular, haciendo de 2022 un año atípico: los casos de enfermedades respiratorias crecieron incluso antes del invierno. La demanda de medicamentos creció de forma precoz y encontró al sector farmacéutico desestructurado.

Además, la guerra de Ucrania reforzó el proceso inflacionario -que ya había sido estimulado por la reanudación de la demanda de servicios- con el aumento de los precios del combustible en el mercado internacional, que encareció los gastos de transporte y produjo un impacto generalizado en los precios.

La devaluación del real también encareció los productos importados. En otros sectores de la economía, los precios se trasladan al consumidor, como se observa a diario en los supermercados. Sin embargo, la industria farmacéutica está muy regulada y depende de la autorización estatal para reajustar sus precios, lo que repercute en su rentabilidad.

¿Quién es el responsable de la escasez?

Ante este escenario, sería posible concluir que la escasez de medicamentos en Brasil es un producto de la globalización: la liberalización económica de los últimos 40 años provocó el desplazamiento de sectores industriales a China y países vecinos, donde se instaló la «fábrica del mundo». Así, los demás países estarían a merced de los problemas originados en los países asiáticos, con las manos atadas para responder a las fluctuaciones inesperadas de la oferta.

Según esta lectura, la crisis de escasez de medicamentos no sería una crisis brasileña: diferentes países como Alemania, Francia, Canadá, Australia, Sri Lanka y Myanmar también han sufrido escasez de medicamentos. Sin embargo, cabe destacar que los dos últimos se enfrentan a graves crisis económicas, mientras que los tres primeros observan un racionamiento de medicamentos específicos. No es el caso de Brasil, que se ha enfrentado a la escasez de una lista más amplia de medicamentos, incluidos los de uso indispensable, como los antibióticos.

Silencio interno

Las crisis internacionales están mediadas internamente por acuerdos institucionales nacionales. La articulación entre los actores políticos de las diferentes coaliciones, que gestionan los recursos institucionales disponibles, ayuda a explicar las respuestas de los gobiernos a las crisis externas.

En Brasil, a pesar de las más de 680.000 muertes por Covid-19, el gobierno de Bolsonaro nunca ha cambiado de rumbo en cuanto a la política sanitaria. Pese a cambios en el discurso, la estrategia es la misma: abstenerse de coordinar la respuesta a la crisis de (des)abastecimiento. En plena campaña para la reelección, Bolsonaro guarda silencio. El Ministerio de Sanidad y Anvisa afirman que no pueden intervenir en las causas de la crisis, atribuidas a restricciones externas. Como medida paliativa, fue autorizado el aumento de los precios de los medicamentos con riesgo de desabastecimiento y se redujeron algunos impuestos en la importación de insumos.

A pesar de la exitosa trayectoria de coordinación federativa en salud, construida desde la creación del Sistema Único de Salud (SUS), el gobierno de Bolsonaro se abstiene de movilizar respuestas en colaboración con los entes federativos para enfrentar el desabastecimiento. También se abstiene de intermediar, a través del Itamaraty, la importación de insumos básicos que escasean, manteniendo la inercia observada durante el apogeo de la pandemia de Covid-19. Por último, se abstiene de ayudar a los sectores más vulnerables de la población y continúa con recortes presupuestarios en el área de salud.

Como respuestas a medio/largo plazo, los expertos han propuesto diversas soluciones. Por un lado, la reanudación del activismo estatal para crear un sector farmacéutico de vanguardia, capaz de reducir la dependencia de los insumos chinos. Para ello son necesarias grandes inversiones en ciencia y tecnología y en la formación de personal cualificado.

Esta propuesta ha ido ganando terreno en los países desarrollados que ya tienen industrias farmacéuticas consolidadas, como Francia y Alemania. En Brasil, la Fiocruz ha firmado asociaciones internacionales para evitar la dependencia de las fábricas chinas, pero su alcance está limitado por la ausencia de apoyo gubernamental.

En el polo opuesto, el bando liberal defiende una mayor desregulación del sector, considerando que el techo de los precios de los medicamentos es un impedimento para las inversiones en la industria farmacéutica. La opción por una de las alternativas es eminentemente política, pero hasta ahora este debate ha estado ausente en la campaña electoral.

¿Se ha roto el consenso democrático en la Argentina?

La sociedad argentina está conmocionada por el atentado -fallido- contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Si bien aún se desconoce si se trata de acto de carácter individual o una conspiración más amplia, es un hecho de suma gravedad. En el pasado, los argentinos se han visto sacudidos por episodios de similar magnitud como las rebeliones militares entre 1987 y 1990, el intento de copamiento de un cuartel en 1989 por parte del Movimiento Todos por la Patria-MTP, el atentado al expresidente Raúl Alfonsín en 1991 y los atentados a la embajada de Israel en 1992 y la mutual AMIA en 1994 entre otros. Sin embargo, la particularidad de este episodio es que sucede en medio de un proceso de erosión del consenso democrático que se ha ido construyendo desde 1983.

¿En qué consiste el consenso democrático en la Argentina?

Podemos definir como consenso democrático la existencia de por lo menos tres condiciones básicas. En primer lugar la existencia del mutuo reconocimiento de los actores como adversarios y al mismo tiempo como interlocutores legítimos, en segundo lugar la existencia de procesos electorales cuyos resultados gocen de la aceptación (o por lo menos tolerancia) por parte de los perdedores y en tercer término la exclusión del uso de la violencia física y simbólica para dirimir la disputa política.

El retorno de la democracia en 1983 trajo aparejada la emergencia de un conjunto de prácticas políticas acordes con cierto estilo consensual. La unidad partidaria frente a la sublevación militar de semana santa en 1987, los acuerdos que hicieron posible la reforma constitucional de 1994, la experiencia cuasi coalicional de Eduardo Duhalde y la conformación de la Mesa de Diálogo auspiciada por la Iglesia Católica en el marco de la crisis social del 2001/2002 son ejemplos de esa mayor inclinación al compromiso. No obstante, el proceso de instauración del nuevo régimen político se caracterizó por la ausencia de pactos consociativos entre las élites políticas como aquellos producidos en Venezuela y Colombia durante la década de 1950 o en España durante los años setenta.

El conflicto entre un novel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las organizaciones agropecuarias en los primeros meses del año 2008 sobre la “Resolución 125” constituyó una bisagra. Esta crisis reinstaló una dinámica de confrontación prácticamente abandonada desde el retorno de la democracia en 1983.

El retorno de la confrontación trajo aparejada la emergencia de una serie de expresiones tendientes tanto a la descalificación del adversario como a la exacerbación de divisiones (pre) existentes en la sociedad argentina. En este contexto, aparecieron términos de dudosa capacidad explicativa, pero de indudable eficacia persuasoria como la categoría de “destituyente” y reaparecieron otros tendientes a la degradación política y personal (“gorilas”).

A pesar de ello, los resultados electorales han contado, en general, con la aceptación o por lo menos tolerancia de los perdedores, aunque se han advertido algunas situaciones que merecen especial atención. La ausencia de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la ceremonia de asunción presidencial de Mauricio Macri fue leída como un gesto de desconocimiento de la legitimidad del resultado electoral del 2015. Las denuncias realizadas desde el entonces espacio Unidad Ciudadana en las elecciones legislativas de 2017 y un posterior e insólito festejo de la derrota del oficialismo en noviembre del año 2021 representan una señal de advertencia sobre el resquebrajamiento del consenso sobre la tolerancia hacia un resultado electoral desfavorable.

Asimismo, el enrarecido clima político en los últimos días ha debilitado el consenso sobre el rechazo del uso de la violencia. Esto ha sucedido en particular a partir del alegato y pedido de condena de la vicepresidente por parte del Fiscal Diego Luciani, las manifestaciones frente al domicilio de la vicepresidente, los enfrentamientos con la policía de la Ciudad de Buenos Aires y con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la sazón precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, y una serie de amenazas cruzadas tanto a la vicepresidente como al propio fiscal de la causa Vialidad.

El peligro de la naturalización de la violencia física, en una sociedad marcada por la experiencia del terrorismo “privado” y “estatal” de la década del ‘70, permanece latente.

¿Está roto el consenso democrático?

Sin el peligro de la regresión democrática o del quiebre institucional, pero con un riesgo cierto de autocratización, existe hoy en Argentina un contexto político caracterizado por una disminución de la tolerancia hacia el adversario y los resultados electorales adversos, un debilitamiento del consenso acerca de la exclusión de la violencia, verbal y física, como recurso, y el eterno retorno de las “fantasías priistas” en el oficialismo.

La copa no está rota, pero está resquebrajada.


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