Metáforas y emociones en el debate constitucional en Chile

Pablo Policzer
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Metáforas y emociones en el debate constitucional en Chile

Un aspecto poco examinado en el debate sobre la nueva Constitución que se ha propuesto en Chile es la tensión entre dos metáforas opuestas en la vida política. El lingüista George Lakoff plantea que buena parte de la política gira en torno de, no un intercambio racional de ideas, sino de conflictos entre valores ético-morales distintos de cómo constituir la familia.

Por un lado, buena parte de la filosofía conservadora se puede resumir mediante la metáfora del padre estricto. Desde esta perspectiva, un buen padre impone su autoridad con el fin de inculcar la disciplina personal en sus hijos. Sus premios y castigos imponen límites, y generan respeto por la autoridad en la primera instancia, pero eventualmente también por el prójimo. Lo mismo hace un buen Estado, castigando transgresiones y premiando la autodisciplina de sus ciudadanos, por ejemplo, a través de un fuerte grado de autonomía en la esfera personal y en la económica.

Por otro lado, buena parte de la perspectiva progresista liberal se puede resumir a través de la metáfora de una madre cariñosa. La frase de Lakoff en inglés es nurturing parent, que no tiene género o traducción precisa al español (idioma que, a su vez, obliga la distinción de género), pero queda claro el sentido femenino de protección, contrapuesto al masculino de disciplina. Desde esta perspectiva, tanto en la familia como en la vida política, los valores fundamentales son la empatía, la justicia y la protección, mucho más que la disciplina o el castigo.

Estas metáforas de diferentes tipos de familia se contraponen en la vida política. Para el padre estricto que busca criar individuos responsables con un alto grado de autonomía, es inmoral premiarlos por algo que no han merecido a través de su propio esfuerzo, o quitarles algo que han ganado a través de su mismo esfuerzo. Para la madre cariñosa, es importante que tanto los hijos como los ciudadanos se traten de manera justa entre ellos, lo cual a menudo requiere corregir injusticias y discriminaciones históricas entre clases, sexos, minorías u otros grupos. Permitir la continuación de la discriminiación o el sufrimiento es inmoral.

Entendiendo estas metáforas, ¿cabe duda alguna de lo que está en juego en Chile? La Constitución de 1980, aun con todas sus modificaciones, es una fiel representación del padre estricto, cuya máxima expresión es la figura de Pinochet. La nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional ejemplifica los valores de la madre cariñosa. El diseño mismo de la Convención (con paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas) busca corregir injusticias históricas, metas que se incorporan en el texto de la propuesta constitucional. No deja de llamar la atención que todos los expresidentes que han criticado el nuevo texto sean hombres, mientras que la expresidenta que ha declarado firmemente su apoyo a favor de la nueva Constitución sea una mujer.

Las declaraciones recientes de Michelle Bachelet también llaman la atención por haber puesto el énfasis en una dimensión clave en la política: la emocional. Buena parte del debate hasta ahora se ha enfocado en los méritos del texto desde lo racional, refiriéndose a sus diferentes artículos, para defenderlos o criticarlos, dependiendo del punto de vista. 

Pero el lado Apruebo haría bien en seguir el camino marcado por la expresidenta Bachelet en su referencia a la canción de Pablo Milanés, que la propuesta constitucional “No es perfecta, mas se acerca / A lo que yo simplemente soñé.” Una alusión poética simple, potente y profundamente emocional. Y en su carta del 23 de julio, Bachelet hace alusiones similares al escribir: “Como mujer veo … que décadas de injusticia se pueden dejar en el pasado”, y que Chile es un país unido que “llama a ser protegido por una misma solidaridad.” 

También le ayudaría al Apruebo entender que, si bien es legítimo y necesario criticar el largo legado histórico de Pinochet, algo que la nueva Constitución busca por fin sepultar, la metáfora del padre estricto no solamente sigue vigente con fuertes raíces, sino que tiene un aspecto válido en cuanto a inculcar responsabilidad personal. Lakoff plantea además que el conservadurismo entiende mejor la dimensión emocional de la política que el progresismo, que frecuentemente cae en interminables debates desde lo racional. 

Las declaraciones de Michelle Bachelet no son solamente una crítica al Rechazo, sino también un llamado de atención al Apruebo; a mejor enfatizar la dimensión emocional, más allá de las discusiones racionales ancladas en lecturas del texto que han caracterizado buena parte de la campaña hasta ahora. Aunque la expresidenta no lo haya planteado de esta forma, eso implica no solamente aludir a los anhelos y esperanzas de dejar atrás las injusticias del pasado, sino también entender mejor y validar el miedo a cambios posiblemente profundos.

Por su parte, el lado Rechazo haría bien en mejor transparentar sus propios miedos, una motivación emocional clave en buena parte de su campaña. Ese miedo a veces se expresa como rabia, o aun odio, pero nombrar las emociones ayuda a domarlas. También ayudaría entender mejor que los anhelos de justicia para corregir discriminaciones históricas de largo trayecto en Chile no son irresponsabilidades “octubristas” que pretenden premiar a quienes no lo merecen, sino que están anclados en fundamentos éticos igualmente profundos, legítimos y válidos. Con todas sus imperfecciones, como Michelle Bachelet reconoce, la propuesta constitucional se acerca a los sueños de buena parte del país.

La vida política, tal como la vida familiar, no es fácil. El conflicto entre diferentes perspectivas a menudo es agudo. Pero los padres y las madres también pueden reconciliarse. Hacerlo no significa necesariamente volver a los papeles masculinos y femeninos de una familia tradicional. Una metáfora es simplemente eso, un ideario que puede traducirse de diferentes formas en la práctica. Tanto hombres como mujeres tienen cabeza y corazón. Los hombres han sido grandes luchadores contra la injusticia, y las mujeres, defensoras de la disciplina y la responsabilidad personal. 

Para la reconciliación es necesario entender no solamente qué hay detrás de las posturas del otro lado, sus valores ético-morales, sino también lo que señala Michelle Bachelet y lo que plantean figuras como George Lakoff: que lo político se fundamenta tanto en lo emocional como en lo racional.

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El fortalecimiento del dólar frente a las monedas latinoamericanas

Diego Buitrago
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El fortalecimiento del dólar frente a las monedas latinoamericanas

Coautor David Castells-Quintana

En el primer semestre de 2022 el mundo se ha enfrentado a un escenario de incertidumbre económica, dado, entre otros aspectos, al aumento acelerado del consumo pospandemia y a la invasión de Ucrania, factores que han contribuido a un incremento generalizado de los precios, es decir, la temida inflación. Según el Foro Económico Mundial, la inflación está aumentando en todo el mundo y los precios de los alimentos y de la energía están alcanzando máximos históricos.

Como respuesta a esta tendencia inflacionaria, los bancos centrales están incrementando los tipos de interés en un intento por enfriar las economías. Precisamente, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) aumentó la tasa de interés de referencia a un rango de entre 1,5% y 1,75%, la mayor alza en los últimos 30 años. Esto ha impulsado el fortalecimiento del dólar hasta el punto de que ha alcanzado la paridad uno a uno con el euro, algo que no pasaba desde el 2002. El Banco Central Europeo (BCE) ha respondido y ha subido esta semana los tipos de interés en medio punto, la mayor alza en 22 años.

¿Cómo afecta el contexto mundial y el fortalecimiento del dólar a las monedas latinoamericanas?

Un dólar más fuerte en un contexto global inestable genera movimientos masivos en el caso de los mercados emergentes, como los latinoamericanos, con respecto a inversiones en dólares, lo que lleva a la escasez de la divisa y, en consecuencia, un incremento de su precio. Sumado a esto, las tensiones locales han conllevado un debilitamiento de las monedas de la región, particularmente en las últimas semanas.

Aumento diario del precio del dólar con relación a la moneda local (%)

Serie histórica de Bloomberg. Elaboración del autor. Variación diaria acumulada

Las monedas de las seis economías más grandes de la región han tenido una tendencia alcista en las últimas semanas (entre junio y julio), particularmente marcada en Colombia, Chile y Brasil, y algo más estable en México y Perú. Sin embargo, la tendencia promedio es la del encarecimiento del dólar, es decir, las monedas latinoamericanas se están depreciando respecto a la moneda norteamericana (ver gráfico). En comparación con principios de junio, un dólar cuesta hoy 16% más en Colombia; 14%, en Brasil y Chile; 8%, en México, y 6%, en Perú. En Argentina es un 8% más caro, sin embargo, es el único país donde el precio oficial del dólar es establecido por el Banco Central.

El peso chileno (COP) y el colombiano (CLP), los más devaluados

Desde enero de 2022, el peso chileno ha sido el más devaluado de la región. Un dólar es 9,6% más caro que al inicio del año, y llegó a su máximo histórico el 14 de julio cuando ascendió a 1.060.63 pesos. Son varias las razones por las que la moneda chilena está entre las más devaluadas del mundo en lo que va del 2022. Chile es el mayor productor de cobre a escala internacional, y China, su principal socio comercial, de manera que la caída del precio del metal ha tenido un efecto directo en la economía del país. Según Bloomberg, el metal ha perdido casi una tercera parte de su valor desde el precio máximo alcanzado en marzo; además, agrega el artículo, los cierres por la COVID-19 en China erosionan la demanda.

Por otro lado, la nación austral está en un proceso de intenso debate político interno. El presidente Gabriel Boric, que ocupa el cargo desde marzo, tiene bajos niveles de aprobación y se acerca un plebiscito el próximo 4 de septiembre, que pretende aprobar una nueva Constitución política.  

El peso colombiano es la segunda moneda más devaluada en lo que va del 2022. En el país cafetero se pagaba en promedio 4.070 pesos por dólar en enero. El 22 de julio la divisa se cotizó en promedio en 4.424 pesos por dólar; un aumento de 8,7%. Además, el 12 de julio el dólar alcanzó un máximo histórico y se cotizó en 4.665 pesos por dólar.  

Cabe destacar que la tendencia hasta mediados de abril era contraria (el peso colombiano se estaba apreciando respecto al dólar) y llegó a un valor mínimo de 3.690 pesos por dólar. Sin embargo, la incertidumbre debido a la contienda por la Presidencia en la que se definió un cambio de rumbo político, aunado con los factores externos ya mencionados, despertó una incertidumbre inicial que tuvo efecto en el precio del dólar.  

¿Y el resto de la región?

La volatilidad como resultado del contexto mundial ha hecho que el aumento de los precios de las materias primas beneficiara a la región (gran productora de commodities) la primera parte del año. Esta tendencia, sin embargo, ha variado en cada país.

En Brasil, si bien en las últimas semanas se ha presentado un proceso de devaluación del real brasileño (BRL) frente al dólar, al analizar el panorama desde principio del 2022, la variación del precio es negativa: un dólar cuesta hoy 2,7% menos que en enero. Este caso es similar al del sol peruano (PEN), que ha perdido su posición frente al dólar desde junio, pero desde enero se ha abaratado: un dólar cuesta 2% menos. La tendencia en México es cercana a cero; en comparación con su precio promedio en enero, un dólar es solamente 0,49% pesos mexicanos (MXN) más caro.

Argentina es un caso excepcional. Además del estricto control cambiario, presenta una de las inflaciones más altas del mundo. Este entorno causa fuertes tensiones a las autoridades monetarias, una situación recurrente en el país.

En conclusión, en un contexto global impredecible con la incertidumbre de la pandemia, la guerra, la inflación y la inestabilidad política, es de esperarse que la volatilidad cambiaria continúe. Habrá que ver cómo responden las autoridades monetarias de la región para defender sus monedas sin perjudicar sus exportaciones y economías. Tarea que nunca es fácil.

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Las encrucijadas de la humanidad en la época del Antropoceno

María Inés Carabajal
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Las encrucijadas de la humanidad en la época del Antropoceno

Vivimos en una época de crisis e incertidumbre. Pareciera que la organización de la vida y la representación del futuro, tal y como lo imaginamos, están siendo desafiados por dinámicas globales que trascienden nuestro entendimiento y nos arrastran hacia situaciones inimaginadas y hasta distópicas. La aparición, hace más de dos años, de un virus de presumible origen zoonótico —enfermedad infecciosa y transmisible de animales vertebrados a seres humanos— como la COVID-19 es prueba de ello y, desde entonces, nuestras vidas se han visto totalmente trastocadas. Salvando las distancias, lo mismo podría decirse del cambio climático antropogénico, que es aquel que procede de los seres humanos y que tiene efectos sobre la naturaleza.

Si bien la comunidad científica se viene pronunciando sobre el tema desde hace más de 30 años, la evidencia acerca del aumento sostenido de la temperatura, y las proyecciones futuras sobre el calentamiento del planeta son cada día más contundentes, y así lo confirma el sexto informe del Panel de expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) entre 2021 y 2022.

La COVID-19 y el cambio climático tienen varios puntos en común. Ambos son globales en escala, y locales en impacto, no hay ningún país que pueda afrontarlos de manera aislada, y abordar su complejidad requiere la inclusión de diferentes tipos de conocimientos y experiencias a través de enfoques transdisciplinarios.

En este sentido, la COVID-19 y el cambio climático, lejos de ser asuntos estrictamente científicos, son problemas políticos y sociales. Por lo tanto, nos interpelan a pensar los múltiples aspectos involucrados, desde los patrones de producción y consumo, la percepción del riesgo y sus aspectos ético-políticos, los modelos de desarrollo vigentes y deseables de sociedad, hasta los vínculos que los seres humanos establecemos con la naturaleza.

Los cambios en los ecosistemas y el surgimiento de nuevos virus

Este último aspecto es crucial y cada día toma mayor relevancia en los debates científicos, en los medios de comunicación y en la sociedad civil. En efecto, un estudio publicado en la revista Nature sugiere recientemente que los cambios bruscos en los ecosistemas y la destrucción de hábitats, más las altas temperaturas que sobrevendrán en el futuro, pueden generar un ambiente idóneo para la emergencia de una “red de nuevos virus” y la transmisión de enfermedades con potencial de afectación a los seres humanos.

El estudio destaca que la migración de especies silvestres por la pérdida de hábitats naturales y el cambio climático antropogénico podrían generar las condiciones para el intercambio viral entre especies que no han tenido contacto previamente, lo que facilitaría el contagio zoonótico.

En esta misma línea otros estudios han postulado que la COVID-19, en tanto virus zoonótico, podría catalogarse como una enfermedad del Antropoceno, producto de procesos complejos en los que se imbrican la extinción de especies y la pérdida de biodiversidad, la deforestación y los cambios en el uso del suelo para tierras cultivables y producción ganadera intensiva, y con las alteraciones que estos procesos conllevan para la salud humana y planetaria.

En América Latina, por ejemplo, las tasas de deforestación ilegal no han parado de crecer tanto en la región del Amazonas como en el Chaco argentino. Para este último caso, entre 2000 y 2019 se han deforestado 5 millones de has, dentro de las cuales el 40% fue ilegal y produjo la pérdida de bosque nativo.

Este y otros síntomas de nuestra época indicarían que hemos entrado al “Antropoceno”, una nueva época geológica en la que los seres humanos nos hemos convertido en una fuerza de transformación global y planetaria.

El Antropoceno: la irrupción de la humanidad como fuerza geológica 

Si hay algo certero es que los cambios en el mundo se han acelerado descontroladamente. De tal magnitud ha sido la intervención humana en el planeta que los científicos, a escala internacional, discuten nuestra posible entrada a una nueva época geológica en la historia de la tierra que han llamado el Antropoceno.

Acuñado por el premio nóbel de química, Paul Crutzen, y el biólogo Eugene Stoermer en el año 2000, el concepto da cuenta del dominio de los seres humanos sobre la faz de la tierra, por lo que han dejado de ser meramente agentes biológicos para convertirse en agentes geológicos con capacidad de transformación estratigráfica global.

En un artículo seminal, Crutzen propone el inicio del Antropoceno con la revolución industrial y el cambio en la matriz energética hacia una economía fósil a fines del siglo XVIII. Tanta influencia ejerció este primer artículo en los ámbitos científicos que en el año 2009 se creó el Grupo de trabajo del Antropoceno (AGW), dependiente de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, con el objetivo de buscar evidencias estratigráficas, posibles marcadores y periodizaciones en el registro geológico.

Este grupo de trabajo ya ha presentado una propuesta formal, pero aún no ha sido refrendada por los expertos geólogos. Sin embargo, más allá de que sea aceptada o no, las discusiones sobre el Antropoceno han tomado una relevancia inusitada tanto dentro del ámbito de la geología como en el de las humanidades ambientales, las artes y los medios de comunicación.

Retomando las discusiones sobre los posibles inicios del Antropoceno, un grupo de científicos del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, liderados por Will Steffen, han demostrado cómo ciertos parámetros socioeconómicos y del sistema tierra han tenido un crecimiento exponencial a partir de 1950 con la llamada “Gran Aceleración”.

En efecto, parámetros socioeconómicos, como el aumento en la producción y el consumo, el mayor uso energético, el crecimiento poblacional y la migración hacia las ciudades, el mayor uso del agua, hasta las telecomunicaciones y el turismo han aumentado de forma pronunciada desde 1950. Estas tendencias se reflejan en las dinámicas del sistema terrestre a través del incremento de los gases de efecto invernadero (GEI) (dióxido de carbono, metano), el aumento de la temperatura terrestre, la pérdida de bosques tropicales y la degradación de la biosfera terrestre. Inclusive, las pruebas con armas nucleares luego de 1954 también son un posible marcador del fin del Holoceno y las condiciones socioambientales que permitieron el desarrollo de la humanidad tal y como la conocemos.

La responsabilidad del “Anthropos”

Las discusiones sobre el Antropoceno son múltiples tanto desde el ámbito geológico como desde las ciencias sociales y humanas que problematizan la responsabilidad de ese “Anthropos”. ¿Es posible hablar de la especie humana como la creadora de las condiciones de crisis ambiental y ecológica actuales? ¿O deberíamos hablar de un sistema económico, una ideología, fomentada por el sistema capitalista de producción y consumo?

Tal como sucede con el cambio climático antropogénico, no podemos atribuir la misma responsabilidad en esta crisis a comunidades sustentables que viven en armonía con la naturaleza que a determinados sectores socioeconómicos que la depredan para generar mayor rentabilidad. Por ello, se ha propuesto llamar a esta época con el nombre de Capitaloceno.

La complejidad de nombrar a esta época actual ha llevado a importantes debates terminológicos. En este sentido, se han propuesto el occidentaloceno, destacando la responsabilidad de países occidentales sobre la situación actual; tecnoceno, que pone el acento en la tecnología, y hasta plantatioceno, concepto que da cuenta de la responsabilidad de las formas de producción intensivas y de monocultivos en las transformaciones sociales y ambientales.

En tanto idea para pensar, el Antropoceno se ha convertido en un núcleo de debate inter- y transdisciplinario sobre cómo los seres humanos cohabitamos con otras especies en el planeta, y fundamentalmente su interdependencia. Entonces, a la luz de las grandes encrucijadas que estamos experimentando con el cambio climático y la COVID-19 como símbolos y síntomas de esta época actual, necesitamos estrategias de acción colectivas.

Ya no podemos esperar que las soluciones provengan solo de las esferas tecnocientíficas. Necesitamos incluir a la sociedad civil tanto en los debates como en la acción para repensar en conjunto los modelos de desarrollo vigentes y deseables de sociedad, y la reconexión con el ecosistema terrestre del cual somos parte.

Cristina Kirchner ataca al Poder Judicial ante el inminente fin de su proceso

Diego M. Raus
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Cristina Kirchner ataca al Poder Judicial ante el inminente fin de su proceso

Desde el sector kirchnerista del Gobierno argentino y desde la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha desatado, de manera llamativa, dada la profundidad de la crisis económica que está viviendo la Argentina, una nueva andanada contra el Poder Judicial en general, y particularmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Luego de la derrota electoral de 2015 y la asunción del gobierno de Mauricio Macri, se le abrieron a Cristina de Kirchner una serie de causas judiciales cuyo denominador común fueron las acusaciones por corrupción, básicamente con la obra pública. Si bien con el tiempo algunas causas fueron dictaminadas como absolutorias, otras continuaron, e incluso, varias de ellas se unificaron en una sola.

En ese período los argentinos vieron a través de los medios de comunicación algunos videos en los que hijos de empresarios ligados al Gobierno contaban bolsas de dinero y en el que un exfuncionario arrojaba en un convento una bolsa que luego se comprobó contenía nueve millones de dólares. También se encontró ―dentro de una caja de seguridad bancaria― casi cinco millones de dólares a nombre de la hija de la expresidenta. En fin, una serie de evidencias que sostuvieron, y sostienen, el proceso judicial hasta hoy, y que estructura el alegato acusatorio de la Fiscalía que se está produciendo en este mes, el cual se estima que tendrá una duración de al menos dos semanas.

Desde el kirchnerismo se invoca absolutamente el lawfare, una figura política que se desarrolló en la política latinoamericana para hacer referencia a la persecución judicial a presidentes populares. La oposición advierte que las pruebas del proceso muestran flagrantes hechos de corrupción durante los gobiernos de Cristina de Kirchner.

Este es el contexto en el que el kirchnerismo, muchas veces acompañado por el gobierno de Alberto Fernández, denuncia una persecución política con herramientas judiciales contra Cristina de Kirchner. Incluso esta tensión llevó al cambio de ministro de Justicia, saliendo una jurista reconocida, Marcela Losardo, afín a Alberto Fernández, y entrando como ministro un político, Martín Soria, que responde directamente a Cristina de Kirchner. Si bien desde la oposición ampliada se juzgó este cambio como la manera de terminar con las causas judiciales, en la actualidad estas prosiguen y están a un paso del veredicto.

Dado este intento fallido de intervenir la decisión del organismo, actualmente el kirchnerismo propone una ampliación de la Corte Suprema para que pase de cinco (lo que hay en este momento) a veinticinco miembros, un Supremo por cada provincia, con el objetivo de diluir el proceso. Este intento, sin embargo, tiene pocas posibilidades de salir adelante, debido a que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados.

¿Qué posibilidades se presentan ante los nuevos ataques a la Corte Suprema?

En primer lugar, si bien el temor de Cristina de Kirchner y de su sector político se incrementa ante el inminente fin del proceso y un probable veredicto de culpabilidad, de toda la acusación o parte de ella, esta tiene y seguramente tendrá inmunidad parlamentaria hasta las próximas elecciones presidenciales en 2023.

Este temor, además, no se centra en su figura, pues el proceso involucra a su hija Florencia, quien siempre ha estado alejada de la política y de la exposición pública, y a numerosos exfuncionarios de su otrora gobierno, muchos de ellos cumpliendo ya penas en prisión efectiva o domiciliaria.

Por otro lado, puede ser que esta nueva ofensiva sobre la justicia tenga la intención implícita de correr a Cristina de Kirchner y el kirchnerismo del centro de la política, dada la crisis económica que se está viviendo y ante el riesgo de una corrida cambiaria y una posible devaluación y, de esta manera, dejar que la crisis sea absorbida por el sector político del gobierno que responde a Alberto Fernández.

Por último, se ha empezado a mencionar tímidamente la idea de un posible fallo condenatorio que lleve a una proscripción política de Cristina de Kirchner para las presidenciales de 2023 y que le inhiba de la posibilidad de una candidatura directa, lo cual causaría un daño directo en el electorado de su propio sector.

En fin, el megacaso que apunta al kirchnerismo ya lleva seis años y está llegando a su final. Y más allá de las condenas que surjan de ese veredicto, lo que sí puede considerarse casi seguro es el gran impacto político que causará en el país.

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La continuación del dilema constitucional en Chile

Isabel Castillo
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La continuación del dilema constitucional en Chile

Coautor Nicolás Selamé

A principios de julio se cumplió un año desde que la Convención Constitucional de Chile comenzó sus sesiones. Hoy ya se encuentra disuelta, y en septiembre la ciudadanía decidirá mediante un plebiscito ratificatorio si le satisface la propuesta elaborada. Si bien hasta hace unos meses se daba por descontado que esta consulta arrojaría un resultado favorable a la propuesta de la Convención, hoy el panorama ha cambiado: diferentes encuestadoras apuntan a un avance a favor del rechazo, el que muy probablemente ganaría si el plebiscito fuera hoy.

Este giro ha dado lugar a un intenso debate académico y político por diferentes razones. En primer lugar, existe una gran preocupación por entender cómo fue que un proceso con inédita participación ciudadana perdió tanto apoyo de la población, por lo que nos devolvió con ello a un escenario de deslegitimidad de los actores políticos, que, justamente la Convención, debía subsanar. En segundo lugar, porque existe el consenso de que el país debe darse una nueva Constitución, pero no hay un itinerario claro que establezca las vías para ello, en caso de que gane el rechazo a la propuesta plebiscitada.

La Convención Constitucional nació como un intento de la élite partidaria por encauzar la crisis social y política más grave que ha vivido el país en décadas. Las movilizaciones de octubre de 2019 articularon una serie de demandas que concitaron amplio apoyo ciudadano y estuvieron marcadas por una masividad y violencia que puso en jaque a la institucionalidad vigente. En el contexto de una élite política desfondada, se buscó dar credibilidad al organismo mejorando las condiciones de entrada para actores con poca representación a través de mecanismos de paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y mayor apertura a la participación de candidaturas independientes.

Estas condiciones de competencia, además de una concurrencia masiva de electores jóvenes que no votaron en procesos anteriores, dio lugar a una Convención en la que primó una inspiración anti-statu quo. Los sectores conservadores, que en el Congreso acostumbraban a conseguir alrededor de la mitad de los escaños, no lograron conquistar ni siquiera el tercio que les asegurara la capacidad de bloqueo en votaciones de artículos. En cambio, los partidos de izquierda, junto con fuerzas provenientes del mundo social que estaban articuladas en torno a una retórica de impronta populista, fueron la mayoría indiscutida.

Muchos interpretaron esta composición como una garantía de que los cambios anhelados se concretarían. Sin embargo, ella también generó varios de los problemas que vivió la Convención durante su funcionamiento. En primer lugar, la elección se realizó en un momento en el que los ecos del estallido social resonaban aún en la opinión pública, lo que dio a los resultados un grado de radicalidad que parece no perdurar en la población. Esto último, especialmente, por una fuerte alza de la criminalidad y la inflación que han cambiado las prioridades de la población respecto de aquellas que se instalaron en la Convención.

Así, buena parte de la pérdida de popularidad de la nueva propuesta constitucional parece radicar en un desfase entre las aspiraciones de la ciudadanía que eligió la Convención y la que hoy debe aprobar o rechazar lo que ella ofrece.

En segundo lugar, la entrada masiva de convencionales independientes (64% del total de los representantes, incluyendo el 35% que corrieron en listas de independientes, y 29%, en listas de partidos) implicó la participación de muchos representantes que, si bien contaban en principio con el respaldo ciudadano, tenían poca experiencia y disposición a la negociación política. Ello derivó en una serie de errores de forma y fondo que la prensa cubrió ampliamente y que conllevaron un progresivo descrédito de la Convención.

Además, tratándose de personas que no venían de organizaciones con agenda clara, muchas veces desde el activismo sectorial, fue difícil imprimirle al texto una visión armónica y transversal. Ejemplo de ello es el diseño del sistema político, en el que pocos convencionales tenían una postura definida y se terminó acordando una propuesta en el límite de tiempo.

No es tan extraño que en el escenario descrito el rechazo a la propuesta constitucional haya crecido. Sin embargo, esta opción y sus líderes solo parecen capitalizar el descrédito de la nueva propuesta constitucional, encontrando serias dificultades para ofrecer una respuesta a la demanda de cambio que continúa transversalmente en la ciudadanía, incluso entre sus votantes. Esto, porque buena parte de los liderazgos conservadores no cree en la necesidad de estos cambios, y la discusión al respecto fragmenta seriamente una campaña que se ha articulado solo en registro negativo frente a la Convención.

Aunque las encuestas aún no lo registran, el rechazo debería enfrentar en los próximos días su etapa más dura. Esto, porque luego de meses aumentando su apoyo, deberá explicitar cuál es el itinerario que consideran más adecuado para realizar cambios constitucionales al texto vigente en caso de que se rechace el propuesto por la Convención. En este sentido, el sector se ha visto complicado por las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien planteó que el resultado del plebiscito de entrada, en el que la ciudadanía mandataba la redacción de una propuesta por vía convención constitucional, debía respetarse mediante la convocatoria de una nueva Convención.

Aunque no está claro que la propuesta sea la más popular entre una ciudadanía crítica del trabajo de la Convención recién finalizada, requiriendo además un nuevo acuerdo político para hacerla viable jurídicamente hablando, la jugada de Boric ejerce presión a quienes han impulsado la opción del rechazo sin aclarar el curso que seguirán los cambios.

Por parte de la aprobación, ha costado a los líderes del sector sintonizar con el clima de opinión y defender la propuesta como un punto de inicio y no de llegada. En este sentido, voces como la de la expresidenta Michelle Bachelet que defiende la aprobación del texto como un imperfecto pero necesario punto de partida para un Chile más justo y equitativo, pueden ser importantes para atraer a una ciudadanía que no quiere sellar a fuego el trabajo de la Convención.

Queda aún por ver si el resto del sector se hace eco de sus palabras antes de la elección de septiembre y abre la posibilidad de introducir reformas al texto, de ser aprobado. De ello depende, en buena medida, la posibilidad de cambiar la adversa situación en la que se encuentra la nueva propuesta constitucional.

Nicolás Selamé es sociólogo e investigador. Magíster en sociología, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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La exclusión de las mujeres afrodescendientes en América Latina

John Antón Sánchez
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La exclusión de las mujeres afrodescendientes en América Latina

El 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora. En esa fecha en 1992, en República Dominicana, un centenar de mujeres afrodescendientes de América Latina realizó su primer encuentro regional en protesta al movimiento feminista blanco que las excluía de sus eventos. Allí se conformó la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora (REDMAAD), que hoy cumple 30 años.

Se trata de un espacio de empoderamiento de las mujeres afrodescendientes para la construcción y reconocimiento de sociedades democráticas equitativas, justas, multiculturales, libres de discriminación, sexismo y patriarcalismo.

Esta red es quizá la articulación más poderosa del movimiento social afrodescendiente de las Américas. Está compuesta por organizaciones en 22 países de la región, con núcleos en Estados Unidos, España y Francia. Además, opera como una organización transnacional, con una coordinadora general, seis comités subregionales y comités nacionales por país.

En estos 30 años de lucha, centrada en la mejora de las condiciones de vida de la población afrodescendiente, la red ha utilizado como estrategia develar las múltiples discriminaciones de que son objeto las mujeres, denunciando el entramado de relaciones de dominación y desigualdad que resultan de la intersección del género, raza, etnia y clases sociales.

La red, en la esfera pública y en el campo político, ha logrado posicionar repertorios que exigen una mirada interseccional de las problemáticas de las mujeres. La reivindicación de sus derechos demanda a los Estados la implementación de políticas públicas y programas eficaces para erradicar la exclusión social.

¿Cuál es la situación real de estas mujeres?

Aunque la presencia de políticas como Epsy Campbell en Costa Rica y Francia Márquez en Colombia muestran el creciente protagonismo político de las mujeres afrolatinoamericanas, como han evidenciado diversos estudios de la REDMAAD, las condiciones de exclusión, desigualdad y déficit ciudadano de este grupo son múltiples. Desde que se constituyó la red, se han alcanzado importantes reconocimientos, pero no se reflejan en logros sociales.

De acuerdo con Vicenta Camusso, militante afro uruguaya, los indicadores sobre la situación socioeconómica y de condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes no se alteran. Por un lado, existen avances políticos, pero por otro, hay pocos avances sociales e incluso retrocesos, sobre todo si pensamos en la radicalización de la discriminación racial antinegra.

Para Camusso, la compleja realidad de las mujeres afrodescendientes puede sintetizarse en las siguientes problemáticas: a) Limitado acceso a la educación, con brechas que no se reducen; b) alta paridad reproductiva a edad temprana; c) alto ingreso al mercado laboral, con entrada temprana y salida tardía; c) alta participación en el servicio doméstico y la limpieza sin garantías laborales; d) violencia física sobre ellas y sus hijos; e) aumento del número de mujeres jóvenes en las cárceles.

Estos y otros problemas estructurales que padecen las mujeres afrodescendientes se resumen en la necesidad de comprender que el racismo, aun después de la esclavitud, es un poderoso indicador de disparidad.

En algunos países de la región la sociedad se resiste en admitir la existencia del racismo como factor de desigualdad junto al sexismo, el clasismo, el patriarcalismo y la colonialidad. Esto sucede, particularmente, en ambientes como el Caribe donde institucionalmente se niega la existencia del racismo, siendo una forma concreta de esta negación la no inclusión de la variable etnia/raza en los censos y en las encuestas de hogares.

De acuerdo con la CEPAL, en el Caribe, donde el porcentaje de población afrodescendiente es amplio, la falta de datos estadísticos cruzados por etnicidad/raza impide la comprensión de las realidades que viven las mujeres afrodescendientes, como las relacionadas con el desempleo, la falta de acceso al crédito, el escaso acceso a la tierra productiva, poca participación política; más presencia en la educación superior, pero menos participación en el empleo calificado y en puestos de decisión. Otras problemáticas que enfrentan estas mujeres tienen que ver con el feminicidio y el bajo acceso a la justicia. Destacan también la pérdida de los territorios ancestrales, la reducida esperanza de vida en relación con los promedios nacionales.

Para Claudia Mosquera, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, la violencia física, psicológica y moral que sufren miles de mujeres afrodescendientes en Colombia producto del conflicto armado interno demuestra que el cuerpo de la mujer afrodescendiente sigue siendo objeto de fuertes discriminaciones y dominaciones. En estas realidades, el cuerpo de la mujer se convierte en botín de guerra, dándole forma de esclavitud sexual por parte de los actores armados del conflicto.

Mosquera agrega que otro aspecto tiene que ver con la violencia racial que opera fuertemente contra las mujeres afrodescendientes y las excluye de los mercados laborales de altas posibilidades económicas, de dominio político y de prestigio. Esto sucede, por ejemplo, en Panamá según lo revelan las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas.

Por su parte, en Cali, estudios de la Universidad del Valle han demostrado la existencia de una relación perversa entre el servicio doméstico y los altos niveles de escolaridad de las empleadas domésticas afrodescendientes. Incluso se ha logrado demostrar que a las mujeres denominadas mulatas les va mejor que aquellas que poseen la piel más negra o se les denomina “mujeres negras”. Además, las mujeres afrodescendientes tienen más carga de personas dependientes, situación que les limita sus posibilidades de ahorro y crecimiento.

De acuerdo con Rocío Muñoz, activista del movimiento afroperuano, y estudios recientes de la consultora GRADE, las mujeres afroperuanas soportan también un escenario de opresión interseccional. Además, entre más oscuro es el tono de la piel, más aumenta el racismo sobre el cuerpo de la mujer afrodescendiente.

Por ejemplo, en Lima se ha podido constatar que la identidad por raza/etnia termina siendo una variable que profundiza las malas condiciones en que de por sí viven las mujeres en relación a su condición de clase, género y subalternidad. En este contexto, las mujeres identificadas como “negras” o “muy negras” poseen menos escolaridad, menos acceso a servicios de salud, más trabajos pesados y menos remuneración.

La realidad social, económica y política de las mujeres afrodescendientes debe interpretarse desde un plano de desigualdades entrecruzadas, tanto por etnicidad/raza, como por sexo y clase. Además, como defiende la REDMAAD, esta compleja realidad exige una atención institucional radical, que conlleve al establecimiento de políticas públicas de enfoque diferencial, comprendidas como acciones afirmativas y de reparación, que combatan el problema de forma esencial.

En este contexto, es cada vez más notoria la necesidad de políticas que aborden las problemáticas que se viven en los territorios rurales y urbanos, en los espacios de participación política, es decir, en todos los escenarios donde tiene lugar la reproducción del poder masculino sobre el cuerpo de las mujeres afrodescendientes.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Hacia una nueva política del agua en América Latina?

Micaela Trimble
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¿Hacia una nueva política del agua en América Latina?

Hace casi dos décadas se aprobó en Uruguay una reforma constitucional mediante el “plebiscito por el agua”, promovido por organizaciones de la sociedad civil que se nuclearon ante las amenazas de una creciente ola privatizadora de los servicios de suministro de agua. Esta reforma no solo determinó la prestación del servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano, sino también el derecho humano al agua, y la participación de usuarios y de la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. De esta manera, se establecían las cuencas hidrográficas como unidades básicas.

En América Latina, al igual que lo que ocurre en el contexto global, existe una tendencia de cambio en la gestión y gobernanza del agua, que implica una transición desde modelos centralizados y tecnocráticos hacia modelos descentralizados, integrados y participativos. Sin embargo, si bien los marcos normativos desempeñan un papel importante en la transición hacia un nuevo modelo de gobernanza, estos no son ingredientes suficientes.

Los recursos hídricos han sido históricamente gestionados mediante un abordaje tecnocrático desde los niveles centrales de gobierno, los cuales se han basado en el paradigma de previsión y control. Este abordaje, que en varios contextos aún predomina, llevó a muchas consecuencias en los ecosistemas y en las sociedades que dependen de estos, lo que dio lugar en las últimas décadas a enfoques alternativos.

La cuenca de la Laguna del Cisne

La Laguna del Cisne es una importante fuente de agua en Uruguay y abastece a unos 30.000 residentes y a 70.000 visitantes durante los meses de verano. Entre los años 2008 y 2010 se inició un conflicto socioambiental vinculado a los primeros cultivos de soja transgénica y a otros cultivos relacionados con la aplicación de plaguicidas en la cuenca. Así, colectivos de la sociedad civil y usuarios emprendieron acciones para que las instituciones de gobierno implementaran medidas para que la cuenca fuera protegida de contaminaciones a fin de que se detuvieran las fumigaciones y se asegurara la calidad del agua.

Finalmente, en 2014, en el marco de la Política Nacional de Aguas, se conformó la Comisión de Cuenca de Laguna del Cisne (integrada por actores de gobierno, usuarios y sociedad civil), la cual se convirtió en un ámbito importante de coordinación y discusión para asesorar en la gestión. Con base en el trabajo de la comisión, el Gobierno departamental ha elaborado normativas que incluyen medidas de prohibición de fumigaciones terrestres con pulverizadoras autopropulsadas, la transición a modelos sostenibles de producción, las franjas de protección de los cursos de agua y el establecimiento de un plan de monitoreo de calidad de agua.

Este, así como otros modelos alternativos de gestión, tiende a reconocer la variabilidad, la dinámica y la incertidumbre de las cuencas hidrográficas; a aceptar la validez y los aportes del conocimiento local adquirido con la práctica y el estrecho vínculo con el ambiente, como fuente complementaria al conocimiento científico y técnico. Otra tendencia de estos modelos es fomentar la participación de diferentes actores —gubernamentales y no gubernamentales—, creando espacios de interacción entre ellos, con el objetivo de realizar aportes a la gestión del agua.

En este marco, el Proyecto GovernAgua, liderado por el Instituto SARAS, busca, a través de un enfoque transdisciplinar, entender e impulsar una gobernanza adaptativa y anticipatoria del agua en Sudamérica. De hecho, la transición desde un modelo de gobernanza centralizada hasta una gobernanza participativa o en red conlleva varios desafíos. Uno de ellos, superar la fragmentación en las funciones de gestión entre las instituciones de gobierno que se dedican a la protección ambiental y a la producción agropecuaria en países como Argentina o Uruguay.

Otro desafío importante tiene que ver con implementar procesos participativos relevantes, tomando decisiones de forma colaborativa entre los diferentes actores implicados, para que  sus voces sean realmente tenidas en cuenta. Los desafíos se deben en muchos casos a modelos prevalentes de gobernanza centralizada o de gobernanza de mercado, como el caso de Chile, donde existe un mercado para asignar el recurso, lo que genera fuertes inequidades en el acceso al agua.

El avance de una nueva forma de administrar el agua en la región

A escala regional, muchos países han optado por establecer en su legislación la creación de comités de cuencas y otros ámbitos similares para apoyar la gestión de los recursos hídricos. Pero las características de estos ámbitos varían de un país a otro, e incluso dentro de un mismo país.

En Argentina, por ejemplo, cada provincia tiene su marco legal para la gestión de los recursos hídricos y varía la composición de los comités entre provincias, e incluso algunas ni siquiera han formado estos ámbitos. En Brasil, los comités de cuenca desempeñan un papel de coordinación y deliberación entre los diferentes actores, arbitran los conflictos relacionados con los recursos hídricos y aprueban el Plan de Recursos Hídricos, entre otras cosas. Y en Uruguay, las llamadas comisiones de cuencas y acuíferos colaboran en la formulación y ejecución de los planes locales de gestión, articulan actores y apoyan a la gestión de los recursos, entre otras tareas.

En definitiva, la gobernanza participativa incluye a los actores directamente implicados con el agua y las cuencas hidrográficas, por lo que es más democrática que otros tipos de gobernanza. Además, los ámbitos de articulación que comprenden a varios actores permiten que se conjuguen diferentes tipos de conocimientos para la toma de decisiones, por lo que se ajustan más a las realidades de los territorios. La participación en el proceso de gestión está asociada, además, a una mayor aceptación de las medidas propuestas.

La conjugación de varios de estos aspectos implica que estos sistemas de gobernanza están mejor preparados para lidiar con cambios impredecibles y para adaptarse, ya que al contar con interacción entre niveles organizacionales, entre diferentes actores y con variadas fuentes de conocimientos, también cuentan con una mayor diversidad de acciones para que sean consideradas.

Administrar el agua ante el cambio climático

Estas características son especialmente relevantes en un contexto de cambios ambientales globales y de emergencia climática que intensifican las crisis hídricas que atraviesa la región. Las sequías, las inundaciones, la pérdida de la calidad del agua por el exceso de nutrientes o sedimentos surgen como resultado de interacciones entre factores sociales, políticos, económicos y climáticos. Inclusive, las crisis hídricas (que no solo se refieren al agua, sino también a los usos del suelo) son conocidas, asimismo, como “crisis de gobernanza”.

Para que los comités de cuenca y otros ámbitos similares puedan tener un papel importante en esta gobernanza en contextos de crisis hídricas, es necesario fortalecer su funcionamiento. Esto puede implicar la institucionalización de estos espacios con reglas específicas sobre su composición, competencias, dinámicas de trabajo, etc., pero también la asignación de recursos necesarios para que puedan cumplir sus competencias.

Muchas veces las instituciones de gobierno tienen capacidades limitadas para avanzar en esta transición hacia modelos participativos, lo cual se ve reflejado en la falta de cumplimiento de los llamados marcadores de calidad de los procesos participativos. En ese sentido, y por tratarse de ámbitos consultivos o asesores, es esencial que las instituciones de gobierno tomen en cuenta los aportes y propuestas que surgen de los comités. No hacerlo conlleva un deterioro y es una de las razones que lleva a su abandono.

América Latina debe seguir avanzando en la transición desde una gobernanza centralizada hasta una gobernanza participativa del agua, pero para ello hay mucho por delante. Y, entre otras cosas, la Academia debe impulsar el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias que sumen a actores no académicos implicados directamente en las cuencas hidrográficas y en su gestión, para la búsqueda de soluciones en los diferentes contextos.

*Foto de Guillermo Goyenola

El estallido social en Panamá no encuentra una salida política

Enrique Gomáriz Moraga
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El estallido social en Panamá no encuentra una salida política

El estallido social que afecta a la sociedad panameña es producto de tres factores acumulados que han interactuado para provocar una tormenta perfecta: elevación brusca del coste de la vida, evidencia descarnada de la desigualdad social y recorte de la credibilidad del gobierno en ejercicio, tanto por muestras de corrupción como por torpe manejo de la crisis.

Los sindicatos y las organizaciones sociales han sido el cauce de un malestar social provocado directamente por el elevado nivel de los combustibles y los productos básicos, que constituyeron el inicio de las reivindicaciones fundamentales de las protestas sociales. Desde el comienzo del año, los precios han ido aumentando, hasta que, por ejemplo, el galón de gasolina llegara en junio a 5,17 dólares. Puede que no parezca un precio tan alto en el panorama internacional, pero resulta un salto inasequible para buena parte de la población panameña.

El problema del brusco aumento del costo de la vida se agrava seriamente en medio de una desigualdad social rampante. Panamá sufre de la disociación de dos esferas de consumo. La procedente de los altos salarios que obtienen los profesionales de los dos enclaves económicos principales (el manejo del canal y los servicios bancarios internacionales) y la formada por los trabajadores que mantienen bajos los costos de esos servicios y del resto de la población rural y, sobre todo hacia el Darién, indígena. La ciudad de Panamá tiene los restaurantes más caros de la región, al lado de los carritos de comidas callejeras más humildes. Y esta desigualdad se extiende a la mayoría de los otros ramos del consumo del país. Con el agravante de que es el nivel superior de consumo el que exponen preferentemente los medios de comunicación. 

Y en este contexto, aparecen escándalos de corrupción en un gobierno que no adoptó medida alguna para paliar el brusco salto de la inflación, hasta que la protesta irrumpió explosivamente en las calles. Ante la avalancha social, el presidente Laurentino Cortizo se avino a impulsar medidas de urgencia, comenzando por rebajar el precio de la gasolina de los 5,17 vigentes a los 3,95 dólares el galón. Pero la protesta ya había adquirido una dimensión y una dinámica difíciles de contener.

De hecho, el acuerdo logrado entre el gobierno y las coordinadoras sociales más relevantes, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO) y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, no ha conseguido detener las protestas. Representantes de ANADEPO se vieron forzados a deshacer el acuerdo alegando que “la gente en la calle no acepta lo acordado”. Mejor suerte ha corrido la negociación con la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), que ha aceptado levantar el bloqueo de las autovías, mientras sesiona una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para la atención prioritaria de las diversas demandas de los pueblos originarios del país, constituida a tal efecto.

Por el contrario, en ciudad de Panamá y otras capitales de provincia, varias organizaciones han mantenido las movilizaciones, incluyendo el poderoso sindicato de la construcción (SUNTRACS), que ha bloqueado las principales arterias de la capital del país.

El gobierno de Cortizo y otros sectores sociales y económicos han emprendido nuevas iniciativas de negociación, ahora empleando como mediadora la Iglesia Católica y con el apoyo del Defensor del Pueblo. Pero las coordinadoras sociales son conscientes de que los segmentos más radicales de la protesta no desean una pronta negociación y que el inicio de los asaltos a los comercios pueden dar lugar a un enfrentamiento abierto con las fuerzas de seguridad, que ya se han empleado para despejar algunas calles principales.

En estas condiciones, todo indica que esta explosión social, que nació de forma bastante espontanea, difícilmente podrá tener cauces en el sistema político y que es altamente probable que su final producirá dolorosas rupturas en el tejido social panameño.

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Perdiendo el edén: inflación y tasas de interés en Chile

Marco T. Bustos Gutiérrez
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Perdiendo el edén: inflación y tasas de interés en Chile

Cuando en 2019 Sebastián Piñera se refería a Chile como un oasis en medio de una América Latina con grandes adversidades económicas y políticas, nunca pensó en los hechos que vendrían a continuación. Los últimos meses de ese año se vivió un estallido social lleno de protestas y enfrentamientos entre las fuerzas armadas y del orden público con la ciudadanía. De acuerdo a la Secretaría General de la Presidencia, el costo económico que tuvieron las movilizaciones, actos vandálicos y de violencia rondó los 3.000 millones de dólares para el país. Al revisar el índice mensual de actividad económica (Imacec) se puede ver la baja que tuvo la actividad comercial en Chile hacia finales de ese año como consecuencia del descontento social.

La llegada del COVID-19 a Chile en 2020 y las medidas sanitarias adoptadas sumaron efectos para dar pie a una reiterada caída de la actividad económica en el país, que ya había sufrido bastante en 2019. Esta situación se prolongó hasta mediados de año, pues en julio se autorizó el uso de los fondos de pensiones a las personas cotizantes, lo que dio un respiro a la economía con los recursos que les fueron inyectados.

Sin embargo, esto no fue suficiente, pues la desocupación de dos dígitos que se experimentó a lo largo de 2020 ―y que se prolongó hasta mayo de 2022― mermó la autonomía económica de las personas y presionó para autorizar un segundo y tercer retiro de los fondos de pensiones en diciembre de 2020 y abril de 2021. Esto significó una inyección de dinero cercana a los 50.000 millones de dólares al mes de agosto de 2021 por concepto del retiro/rescate de los fondos de pensiones. Este incremento de la liquidez privada, además de las transferencias y ayudas entregadas por el Gobierno a hogares y empresas desde 2020, generaron un incremento de la base monetaria y la duplicó durante el segundo semestre de 2021.

Si bien el incremento de liquidez puede ser un factor que incentiva el aumento de los precios, dado que existe una demanda creciente, producto de un incremento de la capacidad de pago extraordinaria y una oferta constante o disminuida de bienes y servicios, este no es el único factor. De hecho, buena parte del incremento del 7% en la inflación que se ha vivido en Chile en lo que va de 2022 se debe a aspectos exógenos.

Los precios en el orden internacional han ido en aumento por la presión que ejerce el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el cual empezó en el mes de febrero. Este conflicto ha actuado en dos frentes que acentúan los efectos de la crisis sanitaria. Por un lado, ha impulsado un incremento en el valor de los alimentos y combustibles (elementos fundamentales para la población). Por el otro, ha generado la ruptura de la cadena de suministros y el aumento del valor de materias (elementos fundamentales para los productores).

Además, no hay que olvidar el desabastecimiento de bienes finales a escala global, por las medidas sanitarias draconianas que adoptó China en busca de minimizar el número de contagios por COVID-19, y un crecimiento económico menor al esperado en el segundo semestre de 2022, que presiona al alza el valor del dólar para el caso de Chile. El deterioro del tipo de cambio favorece a las exportaciones, pero encarece las importaciones, lo que a su vez se traduce en un factor de presión para los precios de los bienes que se demandan en el interior del país.

En la actualidad, una de las funciones que tienen los bancos centrales es el control de la inflación a partir de estrategias de política monetaria con el fin de mantener el poder adquisitivo de las personas en el tiempo, mitigar fluctuaciones en el desempleo y favorecer la producción de bienes y servicios. El Banco Central de Chile, como una forma de contrarrestar los niveles de inflación, ha venido incrementando la tasa de interés de política monetaria, que llegó este 14 de julio al 9,75%, la más alta de los últimos 20 años. Al incrementar la tasa de interés, se encarece la inversión productiva, se desmotiva el gasto en consumo y el deseo de mantener dinero líquido.

Sin embargo, de continuar con este tipo de estrategia, Chile podría enfrentar un panorama de estanflación. Esto es, estancamiento económico con alta inflación. La teoría económica menciona la presencia de ciertas condiciones que se están conjugando para que eso ocurra: varios trimestres con caída o disminución del producto interno bruto (PIB), incremento de los precios, altas tasas de interés, devaluación y balanza comercial negativa.  

Una alternativa a la política monetaria son los controles que eventualmente los Gobiernos pueden ejercer sobre el aumento tanto de salarios como de los precios, los famosos pactos económicos. Pero se presenta la dificultad de poder mantenerlos en el tiempo y, dada la heterogeneidad contractual y laboral, se hace complejo determinar quiénes o qué funciones quedarían fuera de este control.

Sea cual sea la fórmula que se emplee para controlar la inflación, debe considerar el efecto sobre el bienestar de la sociedad y las repercusiones para esta a corto y mediano plazo.

Evo Morales, entre adversarios renovadores y enemigos de la derecha

José Orlando Peralta
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Evo Morales, entre adversarios renovadores y enemigos de la derecha

Hasta 2019, Evo Morales solo tenía enemigos a la derecha del espectro ideológico, a los que combatió en las calles y en las urnas, y a quienes no reconoce legitimidad. Sin embargo, desde 2019, han emergido desde su propia base, MAS, adversarios a los que sí reconoce legitimidad por ser autoridades electas, como es el caso del vicepresidente, David Choquehuanca. La causa de fondo de esta situación es su interés por volver a postularse a la Presidencia en 2025. Por ello, Morales está permanentemente lidiando con los adversarios internos o renovadores, y externos o enemigos de la derecha, pero con el narcotráfico como telón de fondo en su agenda discursiva.

Adversarios internos: los renovadores 

Evo Morales y David Choquehuanca han compartido durante muchos años un espacio simbólico común, constituido por el partido político MAS, el Estado y las organizaciones sociales. No obstante, de acuerdo a relatos extraoficiales, las fricciones entre ambos liderazgos han sido más evidentes (para la opinión pública) desde que Morales retornó a Bolivia en noviembre de 2020, luego de que el MAS ganara nuevamente las elecciones generales con Luis Arce.

David Choquehuanca tiene apoyo en diferentes lugares de Bolivia, como La Paz (reducto natural), El Alto, norte de Potosí, y en diferentes regiones de Santa Cruz, Beni y Pando. Mientras, Evo sigue teniendo un control total sobre su base social histórica: el Chapare (Cochabamba).  

El impulso que otorga Choquehuanca a las escuelas de líderes en diferentes lugares del país, bajo la égida del discurso de la renovación, es lo que incomoda a Evo y su facción en el MAS. En palabras del vicepresidente: “El mundo tiene que renovarse. Hay un desorden global. Hay incertidumbre, hay caos. Necesitamos cambios, revolución de ideas. ¿Y quiénes tienen que ser los protagonistas? Los jóvenes, ellos son quienes tienen que despertar su creatividad y no esperar que las personas mayores les digan lo que tienen que hacer”. En cambio, para Evo Morales los renovadores son la nueva “degeneración que trabaja por un nuevo proyecto político”.

Ante estas diferencias, en los últimos meses se han dado discusiones, empujones e insultos entre seguidores de ambos líderes, como lo acontecido en Santa Cruz de la Sierra en junio, lo cual da la sensación de que se estuviera en medio de una campaña electoral.

A pesar de las fricciones entre las organizaciones que respaldan al vicepresidente y al expresidente, y las acusaciones cruzadas en redes sociales y medios de comunicación, se sacaron una foto juntos para demostrar su “compromiso con la unidad”. Ello ocurrió en una reciente reunión entre ambos líderes, además del presidente Arce, ministros de Estado y representantes de organizaciones sociales.

Enemigos externos: la derecha

El antagonismo es un elemento sustancial de la naturaleza política de Evo Morales. Después de lo ocurrido en 2019 (año en el que se cometieron irregularidades en el Tribunal Electoral para evitar la segunda vuelta con Carlos Mesa, Morales renunció a la Presidencia y huyó a México), Jeanine Áñez asumió constitucionalmente la Presidencia de forma transitoria. En este marco, el expresidente ha llegado al paroxismo discursivo contra todo lo que se mueve a su derecha. Sueña, come y juega fútbol con la premisa de que lo que le ocurrió hace tres años fue un golpe de Estado gestado por sus enemigos históricos.

Esta obsesión que alimenta de forma permanente con sus discursos contra los opositores políticos-partidarios, sociales y cívicos, influye en el Poder Judicial hasta tal punto de que lo usa para encarcelar, mediante la justificación del golpe, a los enemigos de la derecha. La privación de libertad de Jeanine Áñez es un ejemplo de cómo es posible la domesticación de un poder contramayoritario (judicial) para mantener vigente el antagonismo amigo-enemigo que se traduce en una polarización política intermitente que socava las bases institucionales de la democracia representativa.

Con la sentencia a la expresidenta a diez años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política, la tesis del golpe de Estado se ha fortalecido política e ideológicamente. De hecho, a sus opositores Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga los ha llamado “golpistas confesos”. En el caso de Luis Fernando Camacho, a pesar de que las bases sociales del MAS piden su encarcelamiento, todavía no se le ha iniciado un proceso por el supuesto golpe.

El narcotráfico como telón de fondo en la política boliviana

En el contexto de un campeonato de fútbol internacional, de nombre Copa Evo, que se llevará a cabo en el Chapare en agosto, representantes parlamentarios de la organización política Comunidad Ciudadana (CC), liderada por Carlos Mesa, han objetado su convocatoria. De esta manera, se busca que los clubes invitados desistan de participar por considerar que Evo Morales está reproduciendo el mismo papel que el colombiano Pablo Escóbar (en los años ochenta) en cuanto a una serie de irregularidades vinculadas con el narcotráfico.

En perspectiva histórica, el narcotráfico y la política-partidaria (MIR, ADN, MNR) han tenido un entrelazamiento subterráneo que ha dejado marcas perennes en la sociedad boliviana. Un telón de fondo con el que prácticamente nos hemos acostumbrado a vivir.

2019, inolvidable; 2025, inescrutable

El forcejeo verbal entre Evo y sus adversarios renovadores, por un lado, y sus enemigos de la derecha, por el otro, está casi normalizado en la coyuntura política actual. Con los primeros, las fricciones se deben al control hegemónico del MAS con respecto al 2025. Con los segundos, su enemistad es de origen histórico-ideológico y se agudizó desde 2019.

Solo el destino sabe lo que sucederá en 2025 con Evo y sus adversarios coyunturales. La única certeza es que los acontecimientos del 2019 serán una vez más explotados por Evo para victimizarse ante sus bases sociales con la idea de que fue expulsado por una maniobra golpista.

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