El impacto de la Guerra de Ucrania en América Latina

Juan Agulló
-
0
El impacto de la Guerra de Ucrania en América Latina

En los análisis sobre la Guerra de Ucrania tienden a confundirse niveles. Solemos enfrentarnos a reacciones emocionales, difundidas por los medios y amplificadas por las redes; a propaganda disfrazada de noticias y a opiniones rigurosas, esas sí, menos difundidas. En paralelo nos vemos sometidos a actualizaciones constantes sobre la zona del conflicto combinadas con visiones más globales aunque, también, más desenfocadas. Sabemos que hay censura. Pero a toda esa amalgama, le llamamos información y sobre esa base construimos nuestro criterio y tomamos decisiones.

Convendría, sin embargo, afinar porque Rusia y Ucrania no son Yemen, Irak o Afganistán. Tampoco el Cáucaso o la ex Yugoslavia. De hecho, el impacto estructural de una confrontación híbrida que desborda el Este de Europa y trasciende con creces lo militar, será global y eso tendrá consecuencias más significativas, pero también más lejanas y más duraderas de lo que suele pensarse y publicarse.

América Latina ha estado tradicionalmente expuesta a los vaivenes del sistema-mundo ya que su relación con la economía global es dependiente, siendo su papel principal el de exportadora de commodities. Además, las fragilidades de nuestros sistemas financieros exponen nuestras monedas a altibajos que, como las actuales espirales inflacionistas, segmentan nuestras economías y condicionan la vida de los más vulnerables. 

La coyuntura, por otra parte, tampoco ayuda. Antes de que en Ucrania se desencadenara el infierno, la situación en esta parte del mundo ya era preocupante: el impacto de la pandemia había sido demoledor. La desaceleración parecía un hecho consumado al tiempo que, la desigualdad, había vuelto a desbocarse. En 2021, la pobreza extrema había crecido casi un 14% en toda la región. Hasta hace un par de meses, América Latina parecía condenada a padecer alteraciones comerciales (consecuencia, de cambios en la demanda internacional) con potencial para provocar turbulencias como las vividas en los últimos tiempos en Paraguay o Colombia.

La Guerra de Ucrania, sin embargo, lo está alterando todo. Antes, incluso, de que Rusia hiciera pública su respuesta a las sanciones occidentales se dispararon los precios internacionales de commodities como el petróleo, el gas, el acero, el níquel, el uranio, el metanol, los fosfatos o el trigo. A nivel global ya ha habido consecuencias: desde súbitos incrementos en la factura energética hasta subidas descontroladas en los precios o enormes pérdidas para diversas compañías. Según los expertos, si la situación no mejora, podría llegar a haber problemas de suministro para la producción de bienes tan básicos como microchips (y por ende, aparatos tecnológicos); plásticos e incluso, alimentos.

¿Y toda esta situación, qué implicaciones puede tener para América Latina? 

A corto plazo y a nivel micro habrá, desde luego, incrementos generalizados de la inflación. Pero pensando en el largo y a nivel macro, en menos de un mes, nuestra región, ha vuelto a cotizar geopolíticamente al alza. El rápido y elocuente acercamiento de Estados Unidos a Venezuela constituye un ejemplo. Pero el petróleo de Maduro (que no es el único: en México también hay grandes reservas) es solo uno de nuestros grandes activos estratégicos ante la escasez de materias primas que se avecina para Occidente. Trinidad y Tobago y Guayana tienen yacimientos de gas; Colombia y Guatemala, de níquel; Bolivia, de litio; Chile, de cobre; Brasil, además de producir biocombustibles es, como Perú y todo el arco andino, una potencia minera. Venezuela tiene fosfatos y para concluir, Argentina, produce trigo…

Todos esos atributos en forma de materia prima nos están permitiendo recuperar de golpe, sobre todo a ojos de Estados Unidos y de sus aliados, un interés estratégico que durante los últimos veinte años ha tenido Asia. Dicha región, al calor de crecimientos económicos apoyados, no solo en la solidez de la economía china, sino en una consistente red de organismos multilaterales propios (como la Organización de Cooperación de Shanghai, que concentra un tercio del PIB mundial; el ACFTA; el AIIB o la iniciativa china de la Franja y de la Ruta) se había venido convirtiendo en una locomotora de la economía global y en un imán para las inversiones extranjeras. 

Pero, gran paradoja, la presión geopolítica a la que ahora se está viendo sometida Rusia como consecuencia de la Guerra de Ucrania puede contribuir a afianzar a un bloque económico que tiene su núcleo en una sólida (y recientemente relanzada) alianza estratégica de Moscú con Pekín. 

La mejor prueba de su importancia geopolítica es que prácticamente ningún país asiático —incluyendo a India, Pakistán o Emiratos Árabes— aplicará sanciones a Moscú. Además, no se trata de instituciones despegadas de la realidad: poco a poco han ido alumbrando herramientas financieras concretas —como UnionPay, CIPS, o el Yuan digital,— que permiten sortear el día a día a ciudadanos y comerciantes y por ende, vaticinar la viabilidad de una insubordinación geopolítica a gran escala que puede beneficiar a Pekín, sentando además las bases de una progresiva ‘desdolarización’ de la economía mundial.

En América Latina, sin embargo, pese a que la mayoría de nuestros países tampoco le impondrá sanciones a Moscú, el panorama geopolítico es diferente. La clave es que aquí no hay ni instituciones multilaterales con músculo político suficiente; ni una capacidad exportadora de bienes manufacturados comparable a la de, por ejemplo, el Sudeste Asiático; ni desde luego herramientas financieras propias. 

Además, nuestras economías están muy dolarizadas por lo que, debido a la lejanía geográfica, es previsible que ni siquiera pueda cumplirse el deseo de algunos de no bloquear a Rusia. Más bien todo apunta a problemas inmediatos con determinados suministros, (sobre todo con los fertilizantes, claves para la producción agrícola); a una probable estanflación y a renovadas presiones geopolíticas que es muy probable que tomen forma en la Cumbre las Américas a celebrar, en junio, en Los Angeles. 

En dicho marco, ni la estabilidad política ni la equidad social están garantizadas. En paralelo, los intereses chinos en la región podrían convertirse en objeto de presión. De hecho, aunque la presencia de Pekín en América Latina no es tan determinante como en África, estratégicamente hablando hay elementos que pueden resultar preocupantes desde la óptica occidental como la construcción china de infraestructuras críticas en el área del Caribe o las intensas relaciones agrícolas establecidas, a partir del comercio de soja, en el Cono Sur. 

Pensando a futuro, también podría inquietar lo receptiva que nuestra región pudiera llegar a ser de cara al establecimiento de sistemas de compensación comercial como los que promueve Pekín. En este terreno está por verse hasta dónde podría llegar la presión occidental, aunque cabría interpretar la posible ‘asociación’ de Colombia a la OTAN como un aviso a navegantes.

Otro posible vector de presión exterior podría ser el medioambiental. En días pasados, el fragor de la Guerra de Ucrania, impidió valorar en su justa medida la gravedad de un reciente informe de Naciones Unidas que alerta, por enésima vez, del irreversible deterioro ecológico que padece la Amazonia y de los graves riesgos climáticos a los que se enfrenta nuestra región. Con la Antártida, ambientalmente frágil y geopolíticamente sensible para los países del Cono Sur, ocurre algo parecido: el tratado internacional que protege el área de incursiones irresponsables expirará en 2048 y ahora mismo diversos actores toman posiciones con la posible explotación de recursos como trasfondo.

Al final, el problema geopolítico que subyace permanece sustancialmente inalterado, incluso en el contexto estratégico que parece estar inaugurando la Guerra de Ucrania. Sigue habiendo un boom internacional de commodities que la hibridez del conflicto, en la medida en la que fragmenta políticamente el espacio global, complica pero no cambia. Desde América Latina ese debiera ser considerado el verdadero problema estratégico común: ¿acabará siendo el caso? 

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El problema de las analogías simplificadas

Federico Finchelstein
-
0
El problema de las analogías simplificadas

En Estados Unidos y Europa se están dando nuevas formas de desinformación sobre la historia del fascismo, y no solo vienen de Rusia. Para clarificar, la principal y más ominosa distorsión del fascismo llegó a su momento más álgido con la invasión rusa de Ucrania y, sin embargo, sí vino de Rusia. La idea esgrimida por Vladímir Putin para justificar su guerra injustificable a partir del legado antifascista no puede estar más alejada de la verdad sobre el pasado y su relación con nuestro presente. No hay nada de nazi o genocida en el gobierno de Ucrania cuyo presidente es judío. Tampoco nada hay de antinazi en el gobierno de Putin. Este es un dictador y la discusión histórica debería comenzar con el tipo de dictadura que impone en Rusia y que también quiere imponer en Ucrania.

Si el nazismo no sirve para describir a Ucrania, ¿se puede acusar de nazi a Putin?

Hacen fila para hablar de Putin como el nuevo Hitler, de su régimen como un nuevo totalitarismo y de su terrible invasión de Ucrania como una continuación del Holocausto. Sobran los casos conocidos, pero vale citar el más reciente y paradigmático de Michael McFaul, exembajador de Estados Unidos en Moscú. McFaul es uno de los opinadores más influyentes de Estados Unidos y en una reciente entrevista afirmó que “una diferencia entre Putin y Hitler es que Hitler no mató a personas de etnia alemana, personas de habla alemana”.

Este tipo de comentario desbocado en el cual el exdiplomático acepta problemáticamente la distinción nazi entre arios y no arios ignora el hecho histórico de que los judíos alemanes de habla alemana eran en efecto alemanes. En su afán por criticar a Putin, McFaul sostuvo que en la categoría “genocidio” Putin es peor que Hitler.

Como se esperaba del gigantesco furcio, McFaul fue ampliamente criticado y se disculpó diciendo: «Nunca volveré a hacer comparaciones con Hitler… Sin analogías históricas, mantendré mi análisis y mis comentarios centrados en el mal presente: Putin”. Todo o nada. Si no puede hablar de Hitler como sinónimo de Putin, ¿debemos olvidarnos del pasado para pensar mejor el presente? Este es un claro ejemplo, y las similitudes sobran con otros opinadores de que la desinformación histórica no nos lleva a nada.

En Latinoamérica, y también en Europa, muchas veces se confunde la historia anticolonial o antimperialista con una clara campaña nacionalista de agresión rusa. En el caso de Nicaragua,  Cuba o Venezuela, son dictaduras que pueden tener una simpatía de tipo ideológico con la autocracia de Putin y en estos casos el interés por la historia es desplazado por un voluntarismo ideológico que simplifica la realidad a la medida de sus líderes.

Lo mismo se puede decir de la mirada de Cristina Kirchner en Argentina o de Evo Morales en Bolivia. El resultado de esas posturas es, a su vez, la desinformación sobre el pasado, aunque nadie serio parece tomarlos en serio fuera de sus séquitos. También personajes como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aceptan la propaganda de Putin y luego la vinculan a sus propias fantasías autoritarias sobre el futuro del mundo. Al igual que Donald Trump, la razón de ser de sus mitologías históricas es estar al servicio de su causa y, por lo tanto, el desinterés por el pasado real es absoluto.

El fanatismo autocrático no forma parte de los debates, en especial en el norte global, entre muchos de aquellos que, razonablemente, se oponen a la guerra de Rusia. Y, sin embargo, sin muchas razones históricas, muchos de estos críticos de Putin arguyen que Ucrania es perseguida como lo fueron los judíos europeos y enfatizan la ecuación Hitler-Putin. Poco hablan de su relación con el pasado ruso, en general, y de Stalin, en particular. 

Aquí y allá, estos debates no son necesariamente formas de propaganda al estilo de Putin, pero no dejan de distorsionar o malentender la historia, y su resultado es, además, fomentar la falta de información sobre el pasado.

Las simplificaciones están aumentando a un ritmo rápido. Como historiadores, una de nuestras tareas es insistir en que el pasado presenta continuidades, pero también cortes con el presente. En principio, la historia no puede satisfacer la demanda actual de explicaciones simples. En este contexto las explicaciones históricas son reemplazadas por argumentos simples y banales. La simplicidad brinda lo que se espera de ella: explicaciones efímeras que nadie tomará en serio en el futuro cercano.

¿Podemos hablar del presente sin exageraciones y simplificaciones históricas? ¿Podemos dejar de minimizar el Holocausto frente a la guerra de Putin contra Ucrania? El Holocausto no fue una guerra entre dos países, sino un ataque racista de un Estado fascista a ciudadanos particulares de un grupo étnico particular.

A veces, el Holocausto representó ―en las historias de la extrema derecha, el fascismo y el neofascismo―  una inspiración para los asesinos. Este fue el caso, por ejemplo, de la dictadura argentina, cuyos asesinos prometieron muchas veces continuar con las matanzas del nazismo. Para los historiadores, el Holocausto puede analizarse frente a otros asesinatos, pero el problema es cuando los que no son historiadores fusionan diferentes historias sin explicar continuidades y rupturas en la historia. En estos casos, la analogía oscurece el pasado y el presente.

La analogía sin contexto termina incluso insultando la memoria de las víctimas y engañando al público. Rusia puede darse el lujo de perder esta guerra; el que no puede perderla es Putin y ahí se nota esa disonancia entre los intereses de Rusia, que se ven perjudicados por esta guerra, y los  de Putin solamente expresados a través de la propaganda fanática.

El dictador ruso es un típico ejemplo del autócrata que piensa más en sí mismo que en su país, ya que las consecuencias de sus acciones son claramente perjudiciales para su gente. Pero esto no implica que se le pueda considerar un nazi. Para ponerlo en términos argentinos, Putin es más semejante a un Galtieri (el dictador que comenzó la guerra contra el Reino Unidos en 1982) que a Hitler.

La guerra actual contra Ucrania es más convencional (en términos de historia europea y de otras) y como historiador del fascismo en el pasado no estoy convencido de que haya llegado al punto de ser genocida o totalitaria. Tampoco creo que Putin sea fascista. Hasta ahora, no veo en él elementos centrales del fascismo como la movilización de masas organizadas, también en términos paramilitares, la glorificación de la violencia o las políticas de la xenofobia y el racismo. No obstante, sí veo otros elementos como cierta militarización de la política y la sociedad, la propaganda totalitaria y la dictadura. Sin embargo, esto no implica que su guerra no siga siendo horrible y sin justificación.

El problema no es que se hagan analogías, sino que estas estén históricamente desinformadas.

La mirada ambiental de las negociaciones en Venezuela

Antulio Rosales
-
0
La mirada ambiental de las negociaciones en Venezuela

La invasión rusa a Ucrania ha generado importantes cambios en la geopolítica mundial. La alianza del Atlántico norte se ha fortalecido y ha enfrentado, todavía con ostensible unidad de criterios, la agresión del Kremlin mediante sanciones financieras y comerciales de consideración. Un efecto secundario de este conflicto ha sido el incremento de la volatilidad en el mercado energético global y el consecuente resurgimiento de los intereses de la industria de hidrocarburos que venía en caída por la lucha contra los efectos del cambio climático y las presiones mundiales para alcanzar una transición energética. 

Estos cambios se han sentido también en Venezuela. Debido a la prohibición de que Estados Unidos importe  crudo de Rusia, el gobierno de Joe Biden envió una comitiva oficial a Venezuela con la intención de reactivar las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. 

En el centro de la iniciativa estaría el posible levantamiento de sanciones petroleras que facilitarían retomar inversiones de empresas también petroleras, que han estado estancadas en el país y el progresivo suministro de crudo al mercado estadounidense. Hasta ahora, el levantamiento de sanciones era interés exclusivo del gobierno de Maduro, pero un factor exógeno, la volatilidad del mercado energético global, genera intereses similares en el Gobierno estadounidense que busca aliviar su suministro interno y mitigar las presiones alcistas de los precios en las estaciones de gasolina. 

Está claro que Venezuela no tiene la capacidad de competir con el suministro de crudo ruso a escala mundial, y que incluso reemplazar el suministro ―exclusivamente― en el mercado estadounidense requeriría inversiones e importantes cambios, sobre todo al régimen de sanciones. La producción venezolana ha caído de manera pronunciada en el último lustro y ha dejado de proveer más de un millón de barriles diarios al mercado global. En la actualidad, Venezuela produce alrededor de 800 mil barriles al día, menos de un tercio que su mayor producción a finales de los noventa.

Una mirada poco explorada de la situación de la industria petrolera venezolana es el efecto medioambiental de su declive. Más allá de la necesidad de acuerdos políticos para retomar la democracia y recuperar una senda de crecimiento económico, es necesario volcar la mirada al ambiente y forjar acuerdos que convoquen a una transición sustentable. 

Una transición depredadora

La caída de la industria petrolera venezolana se asemeja a lo que he llamado una transición depredadora. Se refiere a una caída no planificada ni deseada de la producción de hidrocarburos de un petro-Estado tradicional, incapaz de cuidar el origen de las rentas de las que vive. 

Este desmantelamiento ha sido en parte consecuencia de la creciente autocratización del país y la capacidad de la élite política de avasallar restricciones institucionales y sociales a su poder y, por otro lado, efecto de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una consecuencia evidente de esta transición depredadora es que la caída de la dependencia del petróleo ha sido, simultáneamente, destructiva para los ecosistemas del país y la protección social de su población. 

Con el desmantelamiento del Estado petrolero, se han instaurado y ampliado actividades depredadoras como la minería informal e ilegal a manos de grupos armados y con escasos mecanismos de control y protección tanto ambiental como laboral. Hay más: la industria petrolera ha sido incapaz de suplir de energía al mercado local, y el Gobierno ha establecido alianzas opacas con Irán y otros países que comprenden intercambio de oro por diluyentes y gasolina. 

Las dificultades en la producción de gas natural condujeron a una grave escasez, y los precios de las bombonas de combustible para consumo interno se han disparado en el mercado informal. El resultado ha sido, inicialmente, la deforestación espontánea de bosques para convertir madera de los árboles en leña en poblaciones más necesitadas y, posteriormente, la creciente tala de árboles en áreas urbanas para la distribución de mercados informales de madera. 

El país se ha sumido, además, en una espiral de fallas eléctricas, producto del abandono y desinversión en la infraestructura hidroeléctrica, que incentiva el uso de plantas que dependen de combustibles fósiles. 

La reinstitucionalización en la mira

Si bien la posible reactivación de las negociaciones entre Gobierno y oposición deben ser bienvenidas después de los fracasos de otras estrategias de presión, es importante reconocer que el gobierno de Maduro llega a esta negociación fortalecido, y la oposición, dividida y debilitada. 

Los intentos de reactivación de las rondas de conversaciones no son nuevos y llevan meses en preparación a través de canales de comunicación discretos entre los actores y mediadores, pero el renovado interés de Estados Unidos viene de un factor exógeno ―la guerra ruso-ucraniana― y no por las condiciones internas de Venezuela. 

En la actualidad, las negociaciones buscan la reinstitucionalización del país: hallar mecanismos que faciliten el encuentro de actores contrapuestos mediante reglas claras, formas de resolución de conflictos y rendición de cuentas a la población. Esa reinstitucionalización sería, sin duda, una piedra angular hacia una posible democratización a mediano plazo. 

Ahora bien, la reinstitucionalización debe considerar el contexto nacional después de años de declive económico y apertura focalizada. Generar puntos de encuentro que faciliten el retorno del suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos debe implicar, como contraparte, acuerdos entre los actores nacionales para solventar problemas urgentes que ha causado la transición depredadora. 

Los actores políticos deben acordar el retorno del Estado de derecho y el control político territorial de áreas ecológicas importantes y zonas protegidas del macizo guayanés y el Amazonas venezolano. Si el petróleo de Venezuela comienza a fluir en los mercados, deberá hacerlo mediante criterios de transparencia e instituciones inclusivas, y a cambio de restringir el flujo de oro informal e ilegal que enriquece a mafias violentas que explotan a las comunidades y destruyen el ambiente. 

El progresivo aumento de la producción nacional debe estar acompañado por un plan de satisfacción de necesidades locales, no solo internacionales, de energía. La satisfacción de esas necesidades permitirá detener a corto plazo la deforestación y la destrucción ambiental. 

En años recientes, el foco del desarrollo económico venezolano pasó de estar centrado en la Faja Petrolífera del Orinoco al mal llamado Arco Minero del Orinoco (la minería se extiende mucho más allá de esta zona delimitada por el Gobierno), en la ribera sur del río. La posible reactivación de la industria petrolera obliga establecer una evaluación de los efectos ambientales de estas transformaciones, la asignación de responsabilidades y reparación de daños, así como de un plan a largo plazo que incluya consideraciones sobre el cambio climático y la necesaria disminución de la extracción de hidrocarburos. 

Pensar el desarrollo económico venezolano con una mirada sustentable está ligado al retorno de la democracia y a instituciones plurales que no solo comprendan actores políticos diversos, sino que también rindan cuentas a las comunidades. 

La guerra terminará en tablas, pero Ucrania ganará la posguerra

Enrique Gomáriz Moraga
-
0
La guerra terminará en tablas, pero Ucrania ganará la posguerra

El diario Financial Times ha adelantado que Moscú y Kiev trabajan sobre un acuerdo de quince puntos, entre los que se encuentran la neutralidad de Ucrania y una limitación de sus fuerzas militares y armamento, a cambio de un inmediato alto el fuego y la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. Si ese acuerdo llegara a darse significaría la aceptación de la propuesta sobre esos mismos términos que alguna gente hicimos para evitar la guerra antes de que estallara. Calzaría aquí el viejo proverbio de que para ese viaje no hacían falta alforjas y que, más bien, podría haberse evitado mucha destrucción y muerte. Pero no, había que mostrar que occidente era capaz de arrinconar al amenazante oso, sobre la base de la musculosa disuasión atlántica. Lástima que Ucrania comprara esa ficción con entusiasmo, para luego terminar pagando la cuenta de la tozuda realidad.

Observadores militares señalan que, en todo caso, si ese acuerdo llegara pronto, el fin de las hostilidades armadas no llegaría antes de uno o dos meses. Y mientras tanto, es previsible que los ataques se agudicen. Desde luego, para el momento es que el alto el fuego se estabilice, ambas partes harán un balance claramente positivo a su favor. Dirán que todos los objetivos militares fueron conseguidos. Incluso es posible que exhiban victorias parciales importantes. Rusia podría sostener que ha detenido el avance de la OTAN hacia sus fronteras, que ha consolidado la posesión de Crimea y la ampliación de los territorios en el Donbás, que ha logrado mostrar su capacidad ofensiva en Kiev y Jarkov, entre otras cosas. Por su parte, Ucrania mostraría que la gran mayoría del territorio sigue en sus manos, que mantiene incólumes algunas capitales importantes, como Leopolis, e incluso podría ser que hubiera logrado evitar que Kiev cayera en poder de Rusia.

En realidad, si la situación militar no cambia demasiado en las próximas semanas y siempre que el acuerdo se establezca pronto, el balance más realista reflejará que el resultado de la confrontación militar ha terminado en tablas. Rusia no ha conseguido una victoria rápida como pretendía, que incluyera la caída del gobierno ucraniano, y ha tenido que cambiar de estrategia varias veces, a la vista de las necesidades logísticas de un avance más lento y una resistencia no esperada de las fuerzas armadas y la población de Ucrania.

Por su parte, Ucrania ha comenzado a comprobar que el cercamiento de las ciudades somete a su población a un sufrimiento excesivo, que podría evitarse si se detiene la guerra, y que no logrará golpear a Rusia lo suficiente como para que abandone su territorio. Su petición desesperada a los Países occidentales de que se establezca la liberación de su espacio aéreo se hace a sabiendas de que Rusia no ha usado todavía su fuerza estratégica, algo que podría cambiar el curso de la guerra, multiplicando la destrucción de sus ciudades, (si bien la última noticia sobre el uso de misiles hipersónicos, capaces de portar ojivas nucleares, parecería indicar que Rusia está dispuesta a pasar a un nivel más estratégico).

Parece plausible que este empate bélico resulte el verdadero balance si la confrontación armada no se prolonga mucho; en caso contrario, el escenario de una guerra irregular de larga duración sería el más probable, algo que no desea Rusia. Desde luego, teniendo en cuenta el desequilibrio de fuerzas entre los dos contendientes, todo el mérito cae del lado de Ucrania. Haciendo un socorrido símil futbolístico, tendría el sabor de victoria que experimentaría un equipo de tercera división al empatar con el campeón de la Champions.

Sin embargo, esta situación cambiará rápidamente en cuanto empiece la postguerra. Rusia no podrá ocultar que su “operación especial” no ha tenido un sentido liberador como pretendía (a excepción de las provincias prorrusas del este), sino todo lo contrario: el castigo militar ha provocado un resentimiento en la población ucrania, incluso en buena parte de la ruso-hablante, que con frecuencia se traduce en odio abierto. Las heridas producidas no cicatrizarán fácilmente y puede que introduzcan un rasgo identitario en la sociedad ucraniana.

Por otro lado, el proceso de reconstrucción del país ucranio tendrá un apoyo masivo de los gobiernos occidentales. Puede que mucho mayor de lo que significó el Plan Marshall para la Europa salida de la segunda guerra mundial. Es posible que esa reconstrucción tenga un efecto positivo para la propia Ucrania. Como se sabe, la reticencia de la Unión Europea a aceptar una incorporación exprés de Kiev en la Europa comunitaria tiene causas que refieren a las visibles debilidades e irregularidades en la institucionalidad ucrania. Podría suceder que el apoyo masivo de la UE y Estados Unidos a la reconstrucción se condicionara a una modernización interna y a la eliminación de la proverbial corrupción que afecta a la institucionalidad ucraniana.

En suma, en cuanto Ucrania recupere una relativa normalidad, es posible que el resurgimiento económico y político de ese país sea considerable. Mientras que el atacante ruso tendrá que pasar mucho tiempo lamiéndose sus heridas, sin que haya que descartar que los efectos de la guerra tengan mayores impactos negativos en Moscú de los que Putin fue capaz de imaginar.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Datos abiertos para la transformación de América Latina

Bruno Nathansohn
-
0
Datos abiertos para la transformación de América Latina

En los últimos tres años, se ha producido un enfriamiento de las inversiones en Ciencia, Innovación y Tecnología (TIC) en América Latina, asociado a la expansión de las discusiones y acciones en defensa de una producción científica, tecnológica y de innovación abierta. Esto significa que hay un fuerte movimiento para romper con el esquema de la producción de conocimiento actual, basado en la capitalización y monopolización del conocimiento por parte de los grandes grupos editoriales de carácter corporativo, que tienen su sede en los países desarrollados.

La idea de los datos científicos abiertos en relación con las TIC nació en la preparación del Año Internacional de la Geofísica, patrocinado por la Asamblea General de la ONU, entre 1957 y 1958. En 2004, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) formalizó una declaración según la cual todos los datos de archivo producidos con fondos públicos deben estar disponibles de forma gratuita.

Datos abiertos aplicados a la inclusión social

Según la definición de la Fundación del Conocimiento Abierto, «es abierto si cualquiera es libre de acceder a él, utilizarlo, modificarlo y compartirlo, sujeto, como máximo, a medidas que preserven la procedencia y la apertura». Sin embargo, la investigadora Anne Clinio señala el conflicto de perspectivas sobre esta cuestión en la región.

Según ella, «[hay] al menos dos perspectivas en disputa: la primera fomenta una visión utilitaria de la ciencia en términos de mayor eficiencia, productividad y competitividad; la segunda se centra en cuestiones como la garantía de los derechos, la justicia cognitiva y la justicia social».

La valorización de los datos abiertos puede ser un importante punto de inflexión para dinamizar la situación socioeconómica en América Latina, es decir, actuar de manera efectiva para satisfacer los derechos de inclusión social. Aunque es un tema en disputa teórica y práctica, la producción de conocimiento a través de los datos abiertos se presenta en un contexto que reúne bajo grado de participación política y bajos niveles de inversión empresarial en Investigación y Desarrollo, presenciado por una ola neoliberal que insiste en debilitar los ya debilitados sistemas sociales y económicos.

Por lo tanto, la calidad de los productos, servicios y procesos sólo mejorará cuando la sociedad obtenga un aumento de su nivel de vida, se cumplan las condiciones materiales de existencia y se resuelvan las cuestiones sociales básicas. No sirve de nada pensar en las aplicaciones tecnológicas emergentes sin transformar antes las mentalidades y las formas de actuar en la sociedad.

A pesar de los avances en la región, considerando el desarrollo de repositorios de datos científicos, la colaboración latinoamericana en datos abiertos aún depende de una gobernanza estructurada regionalmente, ya que necesita un marco normativo para la gestión de los datos de investigación. Ejemplos de repositorios que podrían integrarse en un futuro próximo son: el IBICT, el RNP y el acuerdo CNPq, en Brasil; el Portal de Datos de la UAM, en México; los repositorios Dataverse; y Re3data.

Los factores inherentes a las acciones, que apuntan a la transformación social, deben involucrar métodos, técnicas y herramientas orientadas a la evaluación de las condiciones sociales y económicas, y tener la capacidad de producir datos científicamente calificados y abiertos, públicamente accesibles para su reutilización con el propósito de mejorar el conocimiento producido.

Pero esto debe hacerse de forma simétrica, valorando el acceso a los bienes comunes, con protección contra las prácticas desiguales de la ciencia moderna tradicional. Además, esto permitiría la inclusión de conocimientos basados en el saber tradicional, rompiendo las barreras impuestas por la hegemonía de las TICs de carácter eurocéntrico.

Esto permitiría perfilar otras perspectivas en un entorno participativo, con una mayor interacción entre los representantes de la comunidad y los responsables de la toma de decisiones, en el que el investigador actúa como facilitador y descodificador de la producción y los resultados de la investigación.

Las experiencias de datos abiertos son fundamentales para que otros investigadores o responsables puedan reutilizarlos, resignificarlos y reorientarlos, ya que la transformación de las dinámicas sociales es constante y las acciones para entenderlas deben estar en sintonía con la realidad.

Ejemplos de todo el mundo

Se pueden encontrar ejemplos prácticos de herramientas de datos abiertos en los distintos repositorios institucionales de todo el mundo. La Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC), en el marco del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, demuestra lo decisivo que es para la investigación, la innovación y la educación invertir con el objetivo de intercambiar conocimientos sin barreras de costes.

En América Latina, el informe d el Foro Abierto de Ciencias – CILAC, en 2018, Transformando nuestra región: Ciencias, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible, da fe de la importancia de los datos científicos abiertos para la transformación social de la región y abre la posibilidad de crecimiento de esta modalidad de intercambio de conocimiento.

Un buen ejemplo de articulación continental, que parece funcionar eficazmente incluso en momentos de aguda crisis política, es el ámbito de la investigación en salud pública (Unasur-Salud, OPS, etc.). El intercambio de información técnica y científica interinstitucional puede inspirar prácticas más sólidas y continuas de fomento de la TIC como políticas de Estado y no sólo a través de iniciativas gubernamentales.

Los debates avanzados sobre Datos Abiertos son también una muestra de que el continente tiene un papel destacado y pionero en las propuestas defendidas por la Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta, en 2018, y en las acciones en defensa del acceso democrático al conocimiento científico.

Hay prioridades incuestionables en cuanto a la implementación de políticas de las TIC y esto está ligado a las inicuas y contradictorias condiciones materiales de existencia de la población latinoamericana, siendo primordial resolver sus cuestiones sociales básicas. Así, la transformación pasa necesariamente por rediseñar nuevas estrategias de desarrollo que tengan a la investigación, la educación y la innovación como elementos fundamentales para el disfrute de una ciudadanía plena, justa, inclusiva y diversa.

Los legados de la pandemia a la agenda sostenible

Fabián Echegaray
-
0
Los legados de la pandemia a la agenda sostenible

A horas de completarse los dos años del inicio de la pandemia, se multiplican los balances sobre el legado del COVID-19. Emulando el adagio de que “con cada recesión, el planeta respira”, en medio del confinamiento surgieron señales de ecosistemas en recuperación, calidad del agua y aire más puros, y una redefinición de prioridades humanas hacia los afectos, la sociabilidad, y lejos del estatus y el consumo. Aquellos signos de bienestar ecológico, fruto de las cuarentenas gubernamentales, recolocaron al Estado y las políticas públicas en el centro de la escena como agentes de cambio y por encima de las restricciones voluntarias de los individuos.

Al igual que en crisis anteriores y en línea con los esfuerzos de concertación global que propulsaron las Metas del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el protocolo de Kioto, las conferencias climáticas COP y el nuevo acuerdo de París, se redobló la apuesta por ordenar el mundo de manera sustentable a partir de la planificación anticipada y controlada de resultados deseables (sustentabilidad por diseño).

Sin embargo, las propuestas de shocks verdes, políticas ecorresponsables etiquetadas de build back better y transiciones climáticamente justas quedaron en el tintero cediendo espacio a la alternativa menos deseada: la radical desorganización de nuestras vidas, fruto de la crisis económica y sociopsicológica que acompañó los confinamientos (sustentabilidad por desastre). Y si en los países con Gobiernos fuertes que cuentan con más recursos la conducción central del Estado quedó en el discurso, qué decir de las sociedades latinoamericanas.

Aquí los trastornos de la vida cotidiana derivados del COVID-19 aparejaron cambios súbitos e inesperados en la forma de consumos y demás prácticas sociales. La eventual herencia prosostenibilidad es más fácil de reconocer como consecuencia del desastre sobrellevado por las personas que del diseño o la planificación gubernamental.

Las seis fuentes de cambios

De acuerdo con el estudio Consecuencias sustentables del COVID-19, realizado por la consultora Market Analysis, en Brasil —resultado probablemente extrapolable a las demás sociedades latinoamericanas— se pueden distinguir una serie de fuentes de cambios que apuntan a una menor huella climático-ambiental. Estos cambios implican transformaciones traumáticas en los estilos de vida, lo cual revela la predominancia de un efecto sustentable por desastre.

La primera transformación fue una reducción fenomenal en los gastos de consumo por el fuerte deterioro de las condiciones financieras y el persistente desempleo, pero también como consecuencia de un despertar hacia la frugalidad, la planificación de los gastos y la idea de ahorrar. Según el estudio, 53 % de los brasileños vieron empeorar sus gastos en 2021 respecto del primer año de pandemia, que ya había sido un año pésimo. Algo parecido ocurrió con la capacidad de generar ingresos, que en 2021 empeoró para el 49%. Por el contrario, mejoró la capacidad de evitar compras superfluas o no planificadas.

En segundo lugar, hubo una redefinición del entretenimiento y esparcimiento crecientemente desconectada de experiencias comercializables o viajes convencionales. Casi la mitad de los brasileños cortaron sus planes de viajes y vacaciones, especialmente los vuelos internacionales, e inclusive hubo poco entusiasmo con escapes por vía terrestre hacia áreas cercanas al lugar de residencia. Al mismo tiempo, el consumo de alcohol y bebidas tan asociado al ocio se redujo.

Además, según los encuestados, hay un sentido generalizado de mejoría en las relaciones sociales y afectivas, que ganan centralidad y disparan una sensación de bienestar individual, a pesar del aumento de la soledad entre los entrevistados. Sin embargo, la sociabilidad y la contención afectiva se extrapolaron del espacio presencial al ámbito online.

En cuarto lugar, hay una acentuada percepción de utilidad individual para el bien colectivo mediante la participación en acciones voluntarias o solidarias. Casi un tercio de los brasileños se involucró en acciones filantrópicas, de voluntariado y cooperación no remunerada con pares o desconocidos, más fuertemente entre las mujeres, los más jóvenes y las clases media-altas. Hubo, así, una revalorización de prácticas solidarias que amplían la noción de ciudadanía, más allá de los formalismos electorales.

También hubo un boom en las preocupaciones y prácticas de mejoría de la salud tendientes a priorizar la inmunidad y hábitos más saludables en general. Según el sondeo, se disparó el uso de accesorios y aplicativos de autocuidado y control personal como los fitband, aplicativos de meditación y gimnasia, monitoreo del ritmo cardíaco, presión arterial, etc. Se disparó también la intención de practicar deportes o actividades físicas exclusivamente individuales, mientras que mejoraron las elecciones de comida. El doble de personas prevé comer menos proteína animal como carnes y lácteos, y se duplicó el número de los que buscan alimentos más orgánicos y naturales.

Por último, hubo una inmersión en ambientes y formatos fuertemente digitalizados para desempeñar las diferentes funciones y papeles de la vida diaria. La hibridación online/offline de la cotidianeidad, sus obligaciones y elecciones es un hecho. Por ejemplo, 36 % harán más home office y solo un 23% lo reducirán. Y en el plano de los estudios y la capacitación profesional, una mayoría se adhiere a formatos de educación a distancia.

El cambio como resultado de restricciones indeseadas

Las señales de progreso hacia la sostenibilidad que pueden identificarse en Brasil a dos años de haber empezado la pandemia son, por lo tanto, mucho más el resultado de restricciones impensadas e indeseadas que el fruto de un diseño erigido desde el Estado en favor de una transición hacia la responsabilidad climático-ambiental.

El ordenamiento resultante y sus dividendos ambientales y de sostenibilidad están lejos de obedecer a un plan a causa de la adaptación forzada al desastre o desajuste que recayó sobre nuestras vidas personales. Los progresos en la dirección de una menor huella ambiental no se derivan de acciones planificadas, sino de la recesión económica, el empobrecimiento súbito de amplias camadas de la población, las restricciones a las formas de trabajar, educarse, socializar y divertirse, y el forzoso confinamiento de las familias sin condiciones de albergar la multiplicidad de funciones de todos sus miembros.

¿Hasta qué punto todo ello alimentará estilos de vida substancial y permanentemente menos dañinos al medio ambiente? ¿Será que esta nueva realidad cambiará a la primera señal de mejora económica? Solo el tiempo lo dirá.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Colombia: de las calles a las urnas

Iván Garzón Vallejo
-
0
Colombia: de las calles a las urnas

Las elecciones legislativas del 13M ratificaron el giro paulatino de Colombia hacia la centro izquierda desde el Acuerdo de Paz de 2016. A cinco años y medio del final del proceso que reincorporó a la vida civil a la guerrilla más antigua de América Latina, el país celebra este año las primeras elecciones nacionales en las cuales la exguerrilla ya no es el tema dominante. De hecho, si hace 4 años su exiguo respaldo se cristalizó en 52.532 votos, esta vez, y a pesar del cambio de franquicia a Partido Comunes, descendieron a 31.116 en todo el país. No obstante, en La Habana se pactaron 5 curules en el Senado entre 2018 y 2026.  

Como consecuencia de que el problema de la violencia política se volvió secundario, aunque persiste en la forma de asesinatos sistemáticos a líderes sociales y excombatientes, el sistema político se ha visto tensionado por una conflictividad social cuya válvula de escape fueron las multitudinarias protestas callejeras de 2019, 2020 y 2021. Si bien estas no produjeron un estallido social como en Chile, están generado de rebote algunos cambios en la agenda electoral y en los liderazgos emergentes. Todo ello de manera gradual, dentro de la inveterada medianía colombiana.

Política tradicional y aires de renovación: la composición del próximo Congreso

El domingo 13, la partida entre la política tradicional y la renovación quedó en tablas. De un lado, los dos partidos políticos tradicionales demostraron que son muertos que gozan de buena salud, especialmente por la movilización regional de sus maquinarias. Y como es habitual, una parte de los futuros padres de la patria son alfiles de personas condenadas por la justicia o incluso ellos mismos han sido sancionados o están siendo investigados. 

De otro lado, como ocurre desde la Constitución de 1991, el tradicional bipartidismo liberal-conservador fue desafiado una vez más por un caótico multipartidismo: el sistema colombiano es un Frankenstein en el que 22 partidos y movimientos están reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. En este escenario, parece obvio decirlo, sobresalen las microempresas electorales y las ideologías brillan por su ausencia. 

En consecuencia, la composición del legislativo será bastante plural, lo cual le augura al próximo ejecutivo un dispendioso trabajo de negociación, en un régimen presidencialista en el que el órgano colegiado se ha caracterizado por escaso control político y por ejercer el papel de “notario” de las iniciativas del gobierno de turno. Además, la representación será fragmentaria: habrá 11 fuerzas políticas en el Senado y 30 en la Cámara de Representantes (entre partidos y coaliciones). 

La composición del congreso 2022-2026 también será plural por las tendencias ideológicas. Aunque en ambas cámaras los partidos Liberal y Conservador obtuvieron el mayor número de escaños –58 y 43 respectivamente–, el Pacto Histórico, movimiento liderado por Gustavo Petro, obtuvo 44 escaños, una votación histórica para la izquierda: 16 en el Senado, donde se convirtió en la fuerza más representativa a la par de los conservadores, y 28 en la Cámara, segundos después de los liberales. 

Sin embargo, aunque será un congreso más plural que el actual, solo hasta el 20 de julio se sabrá su signo ideológico. El Estatuto de la Oposición trae la curiosa exigencia de que los partidos deben decidir dentro del mes siguiente del inicio del nuevo gobierno si serán oficialistas, independientes o de oposición. Es probable que sea más afín a un eventual gobierno de derecha que a uno de izquierda o de centro. A fin de cuentas en Colombia, se dice, hay más conservadurismo que partido conservador.

De azul a rosado: el lento viraje ideológico 

Aunque las legislativas tuvieron una participación del 46% del electorado (2 puntos menos que en 2018), la mayor atención de la jornada electoral la recibieron las consultas de las tres coaliciones que postularán candidatos a la presidencia el 29 de mayo. El Pacto Histórico obtuvo la votación más alta, y ungió a Gustavo Petro con un contundente respaldo de 4’487.551 votos. La coalición de derecha llamada “Equipo por Colombia” eligió al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez con 2’160.329, mientras que la coalición de Centro Esperanza se desplomó y Sergio Fajardo solo obtuvo 723.084 apoyos ciudadanos.

Aunque paradójicamente el presidente Iván Duque es uribista y el Centro Democrático tiene la bancada de senadores más numerosa (19), el 13M se formalizó el declive electoral del uribismo. La razón es de Perogrullo: Álvaro Uribe salió del escenario electoral luego de renunciar a su curul en el Senado en 2021 en medio de la investigación de la Corte Suprema de Justicia en su contra por manipulación de testigos. Así, sin su mayor elector, el Centro Democrático perdió 5 sillas en el Senado y el lunes 14 su candidato renunció a su aspiración presidencial, precipitando la transición hacia un uribismo sin Uribe. 

Algunos datos dan cuenta del paulatino cambio que está operando en la política colombiana: de 294 escaños que tiene el Congreso, 83 estarán ocupados por mujeres, 8.5% más que en el actual. También fueron elegidas 16 curules reservadas a las víctimas provenientes de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y previstas en el Acuerdo de Paz. Como los ganadores de varias de ellas han sido cuestionados, el pronóstico sobre la representación efectiva que tendrán las víctimas es, por ahora, reservado. Más mujeres, más líderes sociales, más activistas, más líderes ambientales, una líder palenque y varios influencers delinearán los perfiles de los nuevos legisladores. 

En cualquier caso, el fenómeno electoral del 13M fue la histórica votación que obtuvo Francia Márquez en la consulta del Pacto Histórico –783.160 votos–, una líder ambiental afro que encarna el discurso de cambio que cuestiona radicalmente el status quo y la política tradicional. Su votación debe leerse como un llamado de las minorías afro, indígenas y alternativas –a quienes llama “los nadies”– por ser incluidos. Con un discurso enmarcado en categorías identitarias y posmodernas expresa demandas de cambios estructurales, y su propuesta alrededor del concepto de “vida digna” tiene el potencial de ponerle prosa a las reformas que mujeres, estudiantes y comunidades rurales reclaman en forma de poesía: “hasta que la dignidad se haga costumbre”, “soy porque somos”. Allí está el germen de un cambio de generación y de época en la política colombiana. 

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿El petróleo venezolano puede sustituir el suministro ruso?

Xavier Rodríguez-Franco
-
0
¿El petróleo venezolano puede sustituir el suministro ruso?

El pasado 6 de marzo, una representación del gobierno de Joe Biden viajó a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro. La visita fue una más de las que diplomáticos de Occidente están realizando a diferentes potencias petroleras con el fin de incrementar la inyección de hidrocarburos al mercado energético global para compensar la escasez, producto de las sanciones a Rusia. Estas gestiones han implicado el acercamiento a regímenes poco democráticos y conocidos por su precario historial de derechos humanos como Turkmenistán, Nigeria, Arabia Saudí o la misma Venezuela.

Este encuentro “exploratorio” evidencia la disposición de Biden a dejar de lado la “transición energética” ante una eventual escasez de petróleo, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre de 2022.

Pero, por otra parte, el diálogo directo de los representantes diplomáticos con el régimen de Maduro también revela un cambio en la política exterior hacia Venezuela, a pesar de que la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, insistió en que no reconoce a Nicolás Maduro como líder de Venezuela.

Cabe destacar que el régimen venezolano, con fuertes vínculos diplomáticos y militares con Rusia, no tiene capacidad para asumir compromisos con ninguna de las partes. Su poder se sustenta en una forma de feudalismo extractivista, controlado por diferentes facciones protegidas por el Estado, por lo que el Gobierno no cuenta con capacidad técnica real para incrementar sosteniblemente un eventual repunte de la producción petrolera.

La Pdvsa de hoy, desprovista del capital humano de alta calidad que tuvo hasta hace algunos años y con unas instalaciones gravemente deterioradas, difícilmente podría ser el anclaje estratégico de la nueva geopolítica energética de EE. UU., al menos a corto o mediano plazo.

Actualmente, Venezuela produce alrededor de 740.000 barriles de petróleo al día, lo cual no llega a la décima parte de la producción rusa actual. Una eventual reactivación de la industria tendrá un efecto muy limitado en la crisis energética global de este momento. Pero más allá de estas desventajas, Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y si bien el tipo de petróleo pesado y extrapesado venezolano requiere mayor nivel de inversión para su extracción, refinación y transporte, rinde mejores beneficios en contextos de altos precios, tal como pareciera ser la tendencia. 

En este sentido, el petróleo venezolano vuelve a convertirse en un atractivo, tal como lo han anunciado grandes empresas como Chevron. Una reactivación de la explotación petrolera podría, de todas maneras, compensar a EE. UU. parcial o totalmente el volumen procedente ahora de Rusia, es decir, unos 550.000 barriles de petróleo diarios en promedio para el año 2021.

¿Una mala noticia para la causa democrática venezolana?

Un eventual y aún poco probable acercamiento entre la Casa Blanca y Miraflores para proveer a EE. UU. de petróleo podría dar aire al régimen de Maduro y convertirse en un nuevo obstáculo a la causa democrática que, por años, muchos venezolanos han venido construyendo desde dentro y fuera del país. 

Esto fue reconocido por el propio Juan González, asesor presidencial de EE. UU. para América Latina y miembro de la comitiva diplomática que viajó a Caracas. Sin embargo, en medio de una crisis mundial en la que la propia seguridad energética de EE. UU. se ve amenazada, estos aspectos pasan a desempeñar un papel secundario para el gobierno de Biden.

Independientemente de la diplomacia a dos bandas que sigue practicando el régimen de Maduro, la causa democrática debe tomar apunte de lo ocurrido y centrarse en su continuidad. Se debe asumir que un eventual retorno a la democracia no dependerá exclusivamente de la dirección diplomática que asuman los actores centrales del orden mundial.

En todo caso, la invasión rusa a Ucrania y su impacto en el mercado energético mundial ha abierto un nuevo esquema político que la dictadura venezolana intentará aprovechar para posicionarse tras años de sanciones y aislamiento internacional, algo que se ha agravado recientemente, ya que buena parte del dinero de la venta de petróleo venezolano permanece en bancos rusos sancionados por EE. UU. Esto podría acelerar una nueva etapa en el proceso de negociaciones con la oposición, suspendido algunos meses atrás unilateralmente por el Gobierno. Muchas cosas quedan aún por definirse en un contexto internacional cambiante e incierto.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Chile reconoce los derechos de la Naturaleza

Alberto Acosta
-
0
Chile reconoce los derechos de la Naturaleza

Después de una larga disputa, la Convención Constituyente de Chile aprobó los Derechos de la Naturaleza. En el artículo 9 se reconoce que «Las personas y pueblos son interdependientes con la Naturaleza y forman un conjunto inseparable. Y más específicamente se establece que “la Naturaleza tiene derechos y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos”.

El ejemplo chileno es expresión de que el mundo avanza en la discusión sobre los Derechos de la Naturaleza. La razón es simple, la realidad no se puede encubrir más. El colapso ecológico es inocultable. Ninguna región, población o mar está ya a salvo de los daños que actualmente provoca dicho colapso, nos dice el Informe del Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC). La Humanidad está confrontada de forma brutal y global con la posibilidad cierta del fin de su existencia. Tenemos que actuar. Eso explica porqué este debate encuentra un punto relevante en Chile, país afectado por múltiples destrozos socio-ecológicos.

En los debates de la Convención Constitucional chilena se ha abierto la puerta a cuestiones fundamentales, como los Derechos de la Naturaleza. El tema despierta una creciente acogida y choca también con el desconocimiento sobre su significado y con el miedo a perder privilegios por su aplicación. Se ha posicionado un argumento que habla de la inutilidad de dichos derechos, remitiéndose a la experiencia ecuatoriana. Inclusive se ha dicho que los Derechos Humanos se subordinarían a los Derechos de la Naturaleza y afectarían el modelo de desarrollo… Aclaremos algunas dudas.

A pesar de las múltiples incomprensiones en diversas instancias y las limitaciones que se ponen para impedir la vigencia de estos derechos en Ecuador, empezando por sus propios gobernantes, hay cabida para el optimismo. En este pequeño país andino, paulatinamente se consolidan los Derechos de la Naturaleza. Una serie de procesos judiciales -casi 60 hasta la fecha- lo ratifican. Se trata de un trajinar arduo en un país atrapado por desbocados extractivismos. 

Sin minimizar la necesidad de acelerar el paso para su mayor enraizamiento, tengamos en mente que la vigencia de la Constitución es reciente: menos de 14 años y que su aplicación está rompiendo con visiones conservadoras. Adicionalmente, podríamos preguntarnos cuánto tiempo ha tomado la aceptación de los Derechos Humanos, cuyo cumplimiento en muchas partes es más que deficitario. Lo mismo se podría comentar de los derechos de las personas afro que fueron esclavizadas: la esclavitud fue abolida, pero el racismo no ha sido superado; los derechos de las mujeres avanzan, pero el patriarcado sigue presente; similares reflexiones cabría para los pueblos originarios. Aceptar estas falencias no debería llevarnos a la peregrina conclusión de que esos derechos son inútiles.

Lo importante, entonces, es que, pese a múltiples reticencias e ignorancias, los derechos conquistados por grupos tradicionalmente marginados de forma cada vez más acelerada permean en la sociedad. De a poco los derechos provocan más sensibilidad social, una sensibilización muchas veces más efectiva que los simples cambios institucionales. 

Respecto a la justicia ecuatoriana, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza no ha resuelto el conflicto entre la Naturaleza-objeto y la Naturaleza-sujeto. Incluso registramos manipulaciones estatales de dichos derechos al ser enarbolados para expulsar actividades mineras irregulares en determinados territorios con el fin de abrir el campo a grandes empresas mineras. 

La indignación que pueden provocar estas aberraciones no pueden desanimarnos. Tengamos siempre presente que una Constitución por sí sola no cambia la realidad, pero si puede ayudar a que la misma sociedad se empodere de lo que ella dispone en tanto vigorosa herramienta para la cristalización de los cambios que sean indispensables. 

De hecho, en Ecuador, para muchas organizaciones de la sociedad civil estos Derechos representan un cambio de visión importante, son una herramienta de lucha. Esto no sorprende pues varios movimientos sociales, sobre todo indígenas y campesinos, desde mucho antes de la expedición constitucional de estos derechos, han defendido la Naturaleza en sus luchas por sus territorios. Lo que es interesante ahora es que con estos derechos se fortalecen los mecanismos de protección de sus territorios e inclusive de las personas defensoras de la Pachamama, muchas veces criminalizadas por sus luchas. 

El ejemplo chileno

Más allá de Ecuador, hay avances en el mundo. De acuerdo a Naciones Unidas, ya son 37 países los que han incorporado de alguna manera este tema a nivel oficial e institucional. En noviembre de 2016, en Colombia al Río Atrato y su cuenca se le reconoció derechos por la Corte Constitucional; igual sucedió en 2018 con la Amazonia colombiana. En 2016 la Corte Suprema de Uttarakhand en Naintal, al norte de la India, sentenció que los ríos Ganges y Yumana son entidades vivientes y recientemente Panamá marcó un hito notable con una poderosa Ley de Derechos de la Naturaleza. Además, hay otras propuestas en marcha para llegar a aceptar constitucionalmente a la Naturaleza como sujeto de derechos. 

Este eco internacional se expande. Tratándose de un asunto de repercusiones mundiales, nos urge, entonces, que más y más países constitucionalicen estos derechos y que se avance en la construcción de la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como se planteó en Tiquipaya, Bolivia, en el año 2010. Esta reunión fue el detonante para el surgimiento del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, construido desde la sociedad civil de todos los continentes, como paso previo a un tribunal formal en el marco de Naciones Unidas para sancionar los crímenes contra la Madre Tierra. 

Bien sentencia Eduardo Gudynas: “el reconocimiento de los valores intrínsecos de la Naturaleza impone mandatos universales, ya que la vida debe ser protegida en todos los rincones del planeta. Problemas ambientales globales, como el cambio climático o la acidificación de los océanos, refuerzan todavía más esa ética como un valor esencial”. Y así, más temprano que tarde, la globalización de estos derechos seguirá el camino de los Derechos Humanos, que sirvieron para encauzar al dictador chileno Augusto Pinochet y detenerlo en Europa por sus crímenes de lesa Humanidad. 

Una iniciativa en esta dirección ya se expresó hace un par de años en la acción pública para impedir la construcción de la Hidroeléctrica en Belo Monte, Brasil, que buscaba defender al río Xingú y a sus habitantes riberiños, remitiéndose a los Derechos de la Naturaleza de la Constitución ecuatoriana. 

Pese a la ignorancia de algunos y a la defensa de los privilegios de otros, la aceptación de los Derechos de la Naturaleza es, a todas luces, una cuestión global e indetenible. Chile es ahora ejemplo mundial y el segundo país en el mundo en liberar constitucionalmente a la Naturaleza de su condición de objeto, como lo fue cuando emancipó a los esclavos en 1823. 

Por último, aquello de que los Derechos Humanos se verían limitados al asumir a la Naturaleza como sujeto de derechos, es insostenible. Los Derechos de la Naturaleza no se oponen para nada a los Derechos Humanos. No se pueden tolerar modelos de desarrollo depredadores de la vida de los seres humanos y no humanos. Por lo tanto ambos grupos de derechos se complementan y potencian. Es más, aceptemos que sin Derechos de la Naturaleza no habrá plenos Derechos Humanos.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El lento reconocimiento de los derechos LGBT+ en América Latina

Ericka López Sánchez
-
0
El lento reconocimiento de los derechos LGBT+ en América Latina

El avance del reconocimiento de los derechos LGBT+ en América Latina comenzó recién con la llegada del siglo XXI, cuando en 2002 la Corte Suprema argentina falló a favor de la adopción entre parejas del mismo sexo. Desde entonces se han aprobado 75 derechos de alcance nacional en 13 países, que benefician de manera diferenciada a las personas de las diversidades sexuales y de género.

Los países que han reconocido derechos LGBT+ lo han hecho por cuatro vías principales de aprobación: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos. Esto implica que los derechos, a pesar de tener un alcance nacional, tienen estatus legales diferentes. Aquellos que han sido aprobados por el Legislativo modifican las leyes como son los códigos civiles; en cambio, los que son reconocidos por las otras tres vías no siempre logran cambiar la gramática legal e incluso algunos requieren de segundos procesos de judicialización. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay han ido modificando paulatinamente en el transcurso de 20 años las estructuras cissexistas (la creencia de que los cuerpos validados son aquellos cuyas identidades binarias de género están estrictamente sujetas a los genitales, los hombres “verdaderos” tienen pene y las mujeres “verdaderas” tienen vulva) y heterosexuales que imperan en el orden político, social y simbólico. 

Esto ha sido posible gracias al activismo LGBT+ que desde los setenta ha luchado, muchas veces a costa de sus vidas.

La larga lucha por los derechos de la población LGBT+

Los procesos históricos de transición política en la región se concentraron en la formalidad procedimental pero partiendo de la necesidad de concebir a la ciudadanía desde el imperativo de la homogeneidad. Esto implicó que, en aras de hacer que prevaleciera la razón normativa en el espacio público para garantizar la imparcialidad, se negara la especificidad de los cuerpos y sus deseos, así como la diferencia de raza, género, orientación sexual, entre otros rasgos que amenacen la unidad y coherencia homogénea desde donde se articula la democracia liberal.

Las luchas de larga data por las diversidades sexuales y de género, así como la escucha y atención que recibieron en los escenarios internacionales de derechos humanos, permitieron que sus demandas ingresaran a los marcos de comprensión de la legalidad de los derechos humanos. Esto hizo que los países democráticos que han firmado acuerdos internacionales en esta materia se vieran obligados a atender estas exigencias. 

Pero estos procesos no han sido automáticos. A pesar de la obligatoriedad internacional que se ha ido construyendo, las personas LGBT+ han tenido que dar la batalla para hacer valer las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta batalla se ha realizado mediante diferentes estrategias como el acercamiento a las personas congresistas más empáticas con los derechos LGBT+ o el litigio estratégico, hasta la llegada esporádica y limitada de personas de las diversidades sexuales y de género a cargos de representación popular.

Avances y desafíos pendientes

La experiencia de los países en el reconocimiento de estos derechos evidencia que han surgido, las más de las veces, sin una armonización legal o vinculante. Por ejemplo, se reconocieron las uniones civiles o el matrimonio igualitario sin la robustez legal que arropa al matrimonio heterosexual, que incluye los derechos a la adopción o la gama de beneficios legales de seguridad social como el derecho a la salud, a las guarderías, a la pensión a la pareja en caso de fallecimiento, entre otros.

En muchos casos como en México (2017) el voto de las personas trans en todo el país ha sido aprobado por el Instituto Nacional Electoral. La medida de este organismo público autónomo se sitúa desde la ausencia legal de alcance nacional del reconocimiento del derecho a la identidad de género. Este se ha ido aprobando a escala subnacional, y no fue sino hasta enero de 2021 cuando este mismo organismo, por mandato del Tribunal Electoral Federal, estableció las medidas afirmativas para que personas de las diversidades sexuales y de género tuvieran cuotas para acceder a las candidaturas a cargos de representación popular.

En Perú, el derecho a la identidad de género fue reconocido en 2016 mediante una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Pero el proceso para la rectificación del sexo en los documentos de identidad debe hacerse por medio del proceso sumarísimo (juicios abreviados) donde este proceso queda aún bajo tutela judicial. Es decir, la rectificación del sexo deberá ser ordenada por un juez.

Además, este tipo de procesos en Perú no establece que las personas trans gocen del derecho a la identidad de género en su DNI, aunque sí en otro tipo de documentos considerados “menores”. Al respecto, se han presentado demandas ante el Tribunal, y este, a su vez, ha ordenado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reconocer el derecho a la identidad de género. La respuesta hasta ahora, sin embargo, ha sido negativa.

Estas formas atropelladas y desvinculadas de reconocer los derechos reafirman las condiciones de violencia y discriminación que padecen las personas LGBT+ por no responder a los mandatos cissexistas y heterosexuales bajo los cuales se ancla la moral de la condición ciudadana liberal. 

No podemos olvidar que se han aprobado derechos en apenas 13 países y en algunos apenas se ha logrado reconocer uno solo, como es el caso de El Salvador; dos en Bolivia y Panamá, o cinco en Chile, frente a los 13 derechos de Argentina o los 10 de Uruguay, donde además se han ido generando políticas públicas al respecto. 

La tardanza con la que se empiezan a reconocer los derechos de las personas LGBT+ exige una genuina empatía y agudeza legal de los Gobiernos democráticos de América Latina a fin de reconocer el derecho desde el compromiso de hacer extensiva la dignidad de estos individuos que históricamente han vivido en los bordes del decoro humano.

1...187188189...266Página 188 de 266