Un posible plan B para Chile

Juan Carlos Arellano
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Un posible plan B para Chile

Ahora que la Convención Constitucional (CC) comienza a entregar los primeros resultados concretos de su propuesta se ha instalado en la opinión pública la posibilidad real del rechazo en el plebiscito de salida. Seguramente las razones que se podrían esgrimir para fundamentar el rechazo son múltiples. Algunos invocarán la ilegitimidad de origen (la violencia) y el mal diseño de todo el proceso; otros sostendrán el carácter refundacional que le asignó la CC a la propuesta, la cual no rescataría nada de nuestra tradición política institucional, y otros que el resultado final sería la representación de las ideas maximalistas de un grupo. También podría darse el caso de posiciones que apuntan a las perjudiciales consecuencias para el país de uno o varios artículos de la nueva carta fundamental. Así pues, sensibilidades de derecha, centro e izquierda podrían converger por distintos caminos a la idea del rechazo.

El punto central es que aún no hay claridad sobre una propuesta que aborde la posibilidad del postriunfo del rechazo, y ahora es el momento de poner a discusión algunas posibles alternativas, considerando que a estas alturas, para la mayoría de los ciudadanos (plebiscito/2020) y para gran parte de las fuerzas políticas partidarias, la actual Constitución figura desahuciada. 

Por esta razón, es necesario responder qué se puede hacer en el caso de que el camino seguido hasta ahora por la CC no resulte como lo visualizan los partidarios más optimistas. No es el objetivo de esta columna entrar en reproches o apuntar a culpables, solo se asume que el camino está trazado y que la posibilidad del fracaso ha ido tomando fuerza. De este modo, lo urgente es proponer en la mesa ―para su discusión― lo que se ha denominado en la opinión pública como un “plan B”. 

Se trataría de una alternativa que podría tener factibilidad política. Específicamente, me refiero a resucitar el proyecto de reforma constitucional que se presentó durante el gobierno de Michelle Bachelet. No es una idea original, ya que había sido sondeada en 2020, pero ante las cambiantes posibilidades y las destempladas puestas en escena de la CC, puede transformarse en una opción atractiva para muchos sectores políticos. 

Proyecto de reforma constitucional

Esta idea no nace por considerar que este proyecto sea una pieza constitucional perfecta, ni mucho menos. Tampoco es la defensa ferviente de un devoto del gobierno de Bachelet y su legado. Son cuatro puntos que en el escenario actual hacen pensar que podría ser una opción concreta. 

El primero es que la propuesta cuenta con un proceso de participación ciudadana. Se estila que todo proceso constitucional debe disponer de una etapa de consulta efectiva o simbólica para dar un sostén de legitimidad. Esta iniciativa partió en 2015 y tuvo una serie de instancias de participación que fueron procesadas y cerradas. Criticar su nivel de participación o forma me parece inoficioso, considerando que no existe un mecanismo ideal para esto. Así pues, este proyecto posee un trabajo adelantado, en un contexto menos crispado y por conductos institucionales. 

Segundo, en la lógica de reducir la incertidumbre, lo importante es que contamos con un texto que está muy bien definido. En este sentido, se supera de inmediato la incierta y peligrosa “hoja en blanco”, muy polémica en el comienzo del proceso constituyente que hoy vivimos. Independientemente de que guste o no el contenido, desde ya la ciudadanía y los diferentes actores políticos pueden discutir un escrito concreto para proponer sus mejoras y ajustes. 

Además, si revisamos el documento enviado al Congreso, este deja la discusión en los márgenes de lo posible. Con esto me refiero a que, por un lado, se reconoce la tradición institucional chilena de que permanezca la mayoría de sus instituciones, lo que lo aleja completamente del aire refundacional que impera en la CC. Y, en algunos casos, se abordan temas ineludibles de incorporar en el contexto actual, por ejemplo, el reconocimiento de pueblos indígenas y derechos medioambientales.

Tercero, hay que tener presente que pasar esta propuesta por el Congreso tiene la ventaja de reducir la incertidumbre y de no someter a la ciudadanía a otro agotador proceso electoral de elección de convencionales. Consensuar esta Constitución en el Parlamento permitirá acogerse a una normativa procedimental ya existente y avalada por todos los actores políticos. 

No volveremos a perder tiempo en la definición de nuevas reglas. Además, la distribución de las fuerzas políticas en el Congreso, luego del proceso eleccionario de noviembre, es bastante equilibrada y fruto de una elección más reposada e informada, a diferencia de lo vivido al fragor de la crisis de octubre de 2019. Asimismo, los partidos tradicionales y emergentes podrán actuar de forma mucho más coordinada en espacios que son conocidos para la negociación, por lo que se posibilita un acuerdo transversal. 

En definitiva, el Congreso, por experiencia, disposición de recursos y lugar de encuentro de las sensibilidades partidarias, es el mejor espacio para acordar una salida ante el eventual rechazo.  

Cuarto, su factibilidad política también está mediada por provenir del gobierno de Michelle Bachelet. Pensemos que al actual gobierno le sería menos complejo promover en el Congreso una propuesta que de alguna manera proviene de un gobierno de la “nueva mayoría”, en el que participaron comunistas, socialistas y hasta la democracia cristiana. También, al actual presidente Gabriel Boric se le vio muy cómodo con el apoyo de Bachelet en la segunda vuelta y de (casi) todas las tiendas partidarias que participaron de ese gobierno. 

A su vez, sería una jugada que le permitiría a Boric firmar en el nuevo texto constitucional y tener una salida política a su gobierno, que está muy comprometido con el cambio constitucional. En definitiva, ganan algunos sectores importantes de la izquierda y, a lo menos, otros más críticos no se sentirían tan incómodos apoyando este proyecto. 

Finalmente, luego de ser despachado por el Congreso se deberá realizar un plebiscito, de manera que cuente con la aprobación de la mayoría de los ciudadanos. Así, será un proceso que le dará continuidad institucional al ser levantado en democracia y canalizado por las instituciones políticas tradicionales. 

Muchos cuestionaron al Congreso, pero a estas alturas considero que el Poder Legislativo, al ser una pieza clave en la historia de nuestra república, tiene la experiencia y la legitimidad suficientes para encauzar este nuevo ciclo político en Chile. 

En suma, la opción del rechazo se hace más viable en la medida que ofrezca una hoja de ruta clara que zanje la incertidumbre y dé estabilidad, un camino más atractivo que sentarse a esperar una seguidilla de reformas, según la opinión de algunos, que mejoren en el futuro el texto aprobado en el plebiscito de salida.

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El «trumpismo» llega a Costa Rica

Jorge Vilaplana
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El «trumpismo» llega a Costa Rica

El 6 de febrero y ante nada menos que 25 candidatos de izquierda a derecha, el electorado tico entró al “pasillo de los cereales” para terminar dándose cuenta de que, a pesar de la diversidad de envoltorios, no había mayores diferencias. Los escogidos fueron un candidato de derecha populista y antisistema, Rodrigo Chaves, y un expresidente, José María Figueres, que representa un partido de tradición de centroizquierda y bases socialdemócratas pero que hoy en día puede calificarse de centroderecha. 

La elección entre un candidato acusado de corrupción y de complicidad en todos los males del país, y otro sin mayor experiencia en la Administración pública y acusado de acoso sexual, implica una decisión particularmente difícil para los ticos, pues se traduce en escoger por más de lo mismo o probar un sabor nuevo como el populismo, con todos los riesgos que ello implica, con un candidato inexperto, de corte mesiánico, prepotente, autoritario y matón.

El contexto político es complicado. Costa Rica tiene un Gobierno impopular que ha llevado adelante una inefectiva lucha contra la histórica pobreza. Las instituciones y los valores costarricenses tradicionales de solidaridad y justicia social han estado bajo ataque, mientras que la sociedad, cada vez más desigual, está cansada y desgastada por la pandemia y la corrupción. Esta ha sido tierra fértil para que germinara el trumpismo en el país. 

Tal y como sucedió en Estados Unidos, Polonia, Brasil o El Salvador, ha aparecido en Costa Rica un mesías que cuenta exclusivamente con las soluciones para resolver los problemas del país. Apalancado en un manejo casi virtuoso de las redes sociales y cargado de verdades a medias, Chaves se presenta como alternativa viable, y capitaliza el descontento.

El sistema democrático corre riesgo cuando el pueblo, ansioso y voluble, se presta a la manipulación populista de los discursos a medias tintas que invocan al cambio con cantos de sirena. La tentación de una mano fuerte al timón es grande y nos hace olvidar temporalmente que la solución a los problemas de la democracia es más democracia. Sin embargo, el cambio por el cambio nunca lleva nada bueno. Basta con ver los desastres y la agudización de las crisis en los países donde el trumpismo se ha instaurado. 

La realidad es que esa mano firme debe operar en un sistema repleto de contrapesos que la mantienen en jaque. No obstante, la defensa ante el desmantelamiento de las instituciones no siempre es efectiva, ya que invariablemente el mesías cuenta con el apoyo de elementos, que insertados en las instituciones, se convierten en agentes de cambio. Y ahí radica el principal peligro.

El trumpismo se caracteriza por dar voz al extremismo, por sembrar la polarización, por construir una realidad paralela y por socavar las bases institucionales y la moral en la que se apoya la sociedad de derecho en que vivimos. Y en ese contexto, el uso meticuloso de las redes sociales le permite manipular a sectores de la sociedad para favorecer los intereses del mesías y sus seguidores.

Otra característica del trumpismo es la lealtad ciega de los seguidores a pesar de las descaradas mentiras de su líder. Esto ha quedado en evidencia ante la timorata reacción del electorado con respecto a la serie de acusaciones sin sustento de Chaves. Esta es una actitud recurrente entre los seguidores de los líderes populistas que quieren tapar el sol con un dedo mientras idolatran al matón.

¿Hasta dónde llegan el cinismo y la decepción? ¿Será que, como al mismo Trump, el aparente éxito profesional de Chaves le ha dado licencia para hacer y decir lo que le viene en gana sin importar las consecuencias?  

Debido a su profundo desconocimiento de la función pública, Chaves se permite hacer  aseveraciones y propuestas absurdas e incendiarias que son abrazadas apasionadamente por un pueblo cada vez más debilitado. Esta vulnerabilidad nos lleva a pensar que Costa Rica ha dejado de ser aquella nación idílica de solidaridad ciudadana y justicia, y de respeto institucional, para convertirse en una nación ―polarizada y dividida― de valores cuestionables.

Este triste fenómeno tiene raíces profundas. La incapacidad de los sucesivos Gobiernos de solucionar los problemas más básicos y el mal manejo del erario han generado las condiciones para el desarrollo de un trumpismo tico.

Finalmente, la prensa tampoco está exenta de culpa. La incapacidad de cuestionar propuestas inviables se combina con la circulación de contenidos sin sustento. Y al igual que la prensa norteamericana, la prensa costarricense oxigena de manera irresponsable el mensaje de discordia, simplemente porque vende.

Quiero pensar que esto no es más que una nube pasajera y, tomando prestadas las palabras del poeta tico don Isaac Felipe Azofeifa, espero que no sea otra cosa sino un preludio a un nuevo amanecer.

*La versión original de este texto fue publicado en La Revista CR, de Costa Rica

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¿Hacia dónde podría evolucionar el régimen cubano?

Santiago Leiras
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¿Hacia dónde podría evolucionar el régimen cubano?

Las manifestaciones del mes de julio del año pasado en Cuba, una de las más importantes desde el inicio de la revolución de 1959, estallaron, en parte, debido a la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, la escasez y el racionamiento de alimentos y medicamentos, y las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Estas movilizaciones, que tomaron por sorpresa al régimen, reabrieron una serie de expectativas en torno a las posibilidades de una transformación democrática del régimen cubano.

¿Pero cómo podríamos imaginar ese proceso de transición en la isla? ¿Cuáles serían las alternativas teniendo en cuenta las diversas experiencias de transiciones en regímenes no democráticos? Teniendo presente la centralidad de los procesos de liberalización económica y de democratización política, existen tres grandes escenarios alternativos: una democratización del régimen, una apertura económica sin democratización política al estilo de Vietnam o un cambio del liderazgo sin cambios estructurales que podríamos denominar como una “camporización/balaguerización” del régimen político cubano.

Una vía en clave de democratización significaría un cambio de régimen político que podría comprender —o no— una transformación de su modelo de organización productiva. Podría tratarse de una transición a la democracia sin una necesaria transición a una economía de mercado como aquellos procesos acontecidos en América Latina durante la década de los ochenta. Dentro de esta misma vía, la transición también podría implicar una doble transición como la que ocurrió en los países de Europa del Este en los noventa, de regímenes totalitarios a regímenes democráticos y de economías planificadas a economías de mercado.

La segunda vía, que podríamos denominar como una “vietnamización” del régimen cubano, implicaría una transición de una economía planificada a una descentralizada pero sin un cambio de régimen político. El proceso de liberalización económica en Vietnam comenzó con un proceso de reformas conocido como Do Moi en el año 1986. En este, el país del sudeste asiático legalizó la creación de empresas para luego incentivarlas expresamente con el objetivo de crear un régimen de libre mercado.

Esta transición comenzó con reformas de base en la agricultura colectivizada y se fue ampliando a diferentes sectores que diversificaron notablemente su economía. Vietnam estableció también una ley de inversión extranjera, normalizó su relación con el resto de los países del mundo —incluido su enemigo EE. UU. — y privatizó muchas de sus corporaciones estatales.

Este proceso de apertura en lo económico, sin embargo, no fue acompañado por un cambio de régimen político. El Partido Comunista llevó a cabo los cambios económicos, a la vez que reafirmaba su primacía política en el país y la mística en torno a su pasado heroico, aunque ya no con tintes prosoviéticos.

La última vía sería la “camporización/balaguerización” del régimen, que supondría un cambio en el liderazgo político, sea este sobre un “regente” bajo la tutela ideológica y política del líder, como fue en su oportunidad el caso del delegado personal del general Perón, es decir, Héctor J. Cámpora, en Argentina, o un sucesor que, ante la desaparición física o retiro del referente natural del antiguo régimen, asume una dirección tendiente a la autonomización, tal como ha sido el caso de Joaquín Balaguer, quien sucedió al asesinado Rafael Leónidas Trujillo y desplazó paulatinamente del poder a los herederos de este en República Dominicana: el proceso en curso no parece haber todavía resuelto por lo menos a corto plazo este dilema de encontrarnos con un mero delegado personal como Cámpora o un líder que va adquiriendo un mayor grado de autonomización como Balaguer. En cualquiera de estas situaciones están ausentes tanto la posibilidad de la liberalización económica como la democratización política.

Analizadas estas tres posibles vías de transición, ¿podría Cuba transitar su propia ruta hacia la democratización política? Esto dependerá de algunos factores fundamentales.

En primer lugar, del fortalecimiento de la sociedad civil y su correlato en la construcción de una sociedad política. En segundo lugar, de la disponibilidad de los actores sociales y políticos para la cooperación y el establecimiento de reglas mínimas de convivencia. Así, los acuerdos de Punto Fijo, Frente Nacional o Moncloa podrían servir como referencia aun en condiciones distintas. También dependerá de la relación futura que el sistema político establezca con las Fuerzas Armadas en una búsqueda por crear un ambiente de mutuas y generosas concesiones, siendo, quizás, la experiencia del proceso de paz en Colombia una referencia. Finalmente, es de vital importancia la reedición de un ambiente internacional más favorable a la democracia, en tela de juicio en la actualidad.

Si bien a lo largo de las últimas décadas hemos sido testigos de numerosas transiciones exitosas, el papel del Estado en la sociedad, el papel de las Fuerzas Armadas, la debilidad organizativa de la oposición, la ausencia (o debilidad) de una tradición democrática y el contexto internacional son aspectos que dificultan la posibilidad de cualquier transición. Por ello, la transición política y económica implica un enorme desafío para Cuba.

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El rápido agotamiento del nuevo ciclo de la derecha en América Latina

Fabricio Pereira da Silva
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El rápido agotamiento del nuevo ciclo de la derecha en América Latina

El actual ciclo de la derecha en América Latina muestra signos de agotamiento incluso antes de haber logrado una hegemonía duradera. La victoria de Gabriel Boric en Chile en diciembre de 2021 podría simbolizar un cambio de tendencia, y las elecciones en Colombia y Brasil en 2022 serán decisivas para confirmar este escenario.

Los gobiernos de derechas han sido derrotados sin haber conseguido permanecer ni siquiera una década en el poder. Más concretamente, sólo han aguantado una legislatura. Las excepciones fueron Honduras y Paraguay, dos países en los que habían regresado mediante golpes institucionales. Incluso en Honduras, fueron derrotados recientemente.

Efectivamente, en las 12 elecciones presidenciales que se han celebrado desde 2019 en la región, en 11 han sido elegidos opositores. La excepción está en Nicaragua en 2021, claramente unas elecciones falsas celebradas sólo para mantener a Daniel Ortega en el poder.

Los diferentes ciclos de la derecha

El ciclo de la derecha no debe entenderse como un intervalo entre ciclos progresistas, y que pronto desaparecerá sin dejar rastro. Algunos elementos de esta ola perdurarán en los próximos años. Tampoco es una suspensión temporal de un ciclo progresivo que ni siquiera habría llegado a su fin.

El ascenso de la derecha ha respondido al agotamiento del ciclo de la década de 2000 y principios de 2010. Por último, no se trata de una restauración de alguna etapa anterior del pasado latinoamericano. Presenta algunos elementos nuevos propios que la diferencian de las etapas anteriores.

Para caracterizar el ciclo de la derecha que se inició a mediados de los años 2010, tratemos de huir de la aplicación de análisis duales como liberales y conservadores, demócratas y autoritarios, nuevos y viejos, cosmopolitas y nacionalistas.

Debe entenderse como algo que tiene elementos propios, que proyecta un futuro, no sólo la restauración de un pasado, mítico o no. Por consiguiente, no debe tratarse como una «restauración conservadora», ni como una reanudación de las políticas neoliberales de los años 90. En gran medida, es algo diferente.

Lo es porque: 1) presenta elementos de neoconservadurismo que no estaban presentes en el ciclo de derecha anterior, en algunos casos incluso de neofascismo, y su neoliberalismo es más agresivo y antipopular; 2) se organiza de forma diferente, disputa elecciones y organiza golpes de Estado de forma diferente, gobierna de forma autoritaria o con democracia limitada; y 3) presenta un alineamiento internacional diferente al de los años 90.

Nuevas ideas

Estas derechas tienen una larga historia en América Latina: son la regla, no la excepción en la política regional. No han ignorado las ideas que los han alimentado desde la constitución de la región. Las líneas de pensamiento liberales, conservadoras y católicas siguen presentes, informando sus propuestas y acciones.

Sin embargo, hay una renovación, ya que estos elementos se presentan con nuevas formas. Varios de sus líderes se expresan como figuras más agresivas y autoritarias, asociadas a valores y prácticas en parte inspiradas en el neoconservadurismo o el tradicionalismo de la derecha alternativa (alt-right) del Norte, como en los casos de Jair Bolsonaro, Nayib Bukele e Iván Duque, que predominan en este ciclo actual.

También se puede sugerir que el llamado neoliberalismo actual es una concepción que se expresa más allá de aquellas reformas privatizadoras asociadas anteriormente al Consenso de Washington. En las últimas décadas ha arraigado profundamente en las sociedades latinoamericanas. En este sentido, constituye un modo de vida hegemónico, que continuó desarrollándose durante el ciclo progresivo anterior. Probablemente se expresará en el posible nuevo ciclo progresista, limitándolo. Se asocia con la uberización, el emprendimiento, el individualismo, las milicias privadas y paramilitares, el narcotráfico, el consumismo, el neopentecostalismo.

Nuevas prácticas

Estas derechas también están adoptando nuevas prácticas para disputar el poder. Estos recursos incluyen golpes institucionales (Honduras, Paraguay y Brasil), lawfare para impedir el regreso de líderes progresistas mediante la criminalización, la proliferación de fake news y la digitalización de las campañas electorales.

Si todavía sobreviven algunos partidos de derecha tradicionales (como el Partido Nacional en Uruguay y el Partido Colorado en Paraguay), se han hecho más comunes los candidatos que se presentan de forma independiente, o a través de plataformas ciudadanas y partidos de alquiler. Se trata de una derecha que se aleja explícitamente de sus instituciones tradicionales. Y que en varios casos apuesta más abiertamente por la defensa de la dictadura, la persecución de los opositores y los estados de excepción permanentes.

Si en el anterior ciclo de la derecha sus representantes pretendían presentarse como demócratas, esta exigencia parece ahora menor. Muchos gobiernan de forma abiertamente autoritaria, poniendo a prueba en todo momento los límites de la tambaleante democracia liberal (casos de Bolsonaro, Bukele y Duque), o recurriendo a sucesivos estados de excepción (Sebastián Piñera). 

Alianza incondicional con Washington

Por último, en comparación con el ciclo de la derecha de los años 90, hay un alineamiento incondicional con Estados Unidos (sobre todo durante la presidencia de Donald Trump), y un abandono de las políticas integracionistas regionales, incluso del «regionalismo abierto». Evidentemente, la preferencia de alineamiento internacional de las derechas latinoamericanas desde 1945 ha sido con EEUU.

Sin embargo, en el ciclo anterior se apostó por políticas más multicéntricas, especialmente en la construcción de instituciones de integración sudamericana, iberoamericana y lusófona. Incluso las llamadas «relaciones carnales» del menemismo con EEUU dieron paso a una apuesta por el Mercosur. Ahora, lo que vemos son instituciones sudamericanas, latinoamericanas y sur-sur abandonadas, y una notable ausencia de iniciativas asertivas en las relaciones internacionales. 

Esta alianza incondicional ha dado muestras recientes de debilitamiento, que pueden ejemplificarse con los conflictos de la administración estadounidense de Joe Biden con Bukele por su apoyo al bitcoin, y con Bolsonaro por su confuso apoyo a Vladimir Putin en el conflicto Rusia-Ucrania. Será importante observar en los próximos meses si al final la alianza era más que nada ideológica, con la extrema derecha estadounidense.

Ciclos desgastados

Se podría sugerir que hoy, en una región todavía formalmente democrática en su mayoría, y con los niveles de desigualdad más altos del planeta, sería difícil establecer una larga hegemonía explícitamente de la derecha. También se puede considerar que la crisis y la reconfiguración del capitalismo desde 2008, con el fin del «consenso de las commodities», no han favorecido este nuevo ciclo. Tampoco la desorganización a varios niveles promovida por la pandemia de Covid-19 en los últimos dos años.

En general, las sociedades están cada vez más divididas, polarizadas y atomizadas, especialmente en el contexto de la pandemia. En este contexto, una posible nueva ola o marea rosa también se enfrentará a importantes dificultades para mantenerse. Esto podría prolongar indefinidamente una situación de ciclos y contraciclos cortos que no se consolidan -en una larga crisis regional orgánica-.

La Unión Europea y las nuevas energías verdes

Magdalena Bas
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La Unión Europea y las nuevas energías verdes

Coautor Leonardo Stanley

El Pacto Verde Europeo establece objetivos ambiciosos para la lucha contra el cambio climático, tales como la reducción de las emisiones de CO₂ para alcanzar la neutralidad climática en 2050. En este contexto, el pasado febrero la Comisión de la Unión Europea alcanzó un acuerdo para incorporar al gas y a la energía nuclear a la taxonomía verde bajo ciertas condiciones. Se trata de una lista de actividades consideradas sostenibles y hacia las cuales la Unión Europea busca orientar las inversiones del sector privado, evitando, así, que las acciones corporativas queden en un mero greenwashing o maniobra de marketing verde con el fin de aumentar sus beneficios.

Aún el acuerdo alcanzado no está en vigor. Una vez que sea adoptado formalmente, el texto pasa a ser considerado por el Consejo y el Parlamento Europeo, que pueden oponerse por mayoría cualificada, reforzada en el primer caso (72% de los Estados que representen el 65% de la población) o por mayoría simple en el segundo. Si no hay oposición, la entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023.

El entramado normativo de la Unión Europea es complejo, pero en lo que respecta a lo  político y social, la discusión no está exenta de polémica. Con las emisiones de metano en niveles récords, como indica el periodista especializado en energía, Jeff Tollefson, en Nature, su incorporación como energía verde genera gran rechazo.

Al rechazo ambiental que genera el uso del gas, se suma lo geopolítico, la invasión de Rusia en Ucrania no hace más que avivar el interés de la Unión Europea de acelerar la transición hacia energías más limpias. En efecto, el 1 de marzo el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hizo referencia ―en su discurso ante el Parlamento Europeo sobre la agresión de Rusia a Ucrania― a la dependencia del suministro de gas ruso.

La dependencia europea del gas ruso ha ido en aumento en los últimos veinte años, aunque desde las instituciones comunitarias se pregonara la necesidad de reducirla. Pero “a partir de ahora, pongamos nuestras acciones en concordancia con nuestros dichos”, afirmó Borrell. La decisión que finalmente se adopte puede terminar influyendo sobre la suerte de los proyectos gasíferos que hoy en día se discuten en Latinoamérica.

Por otro lado, la energía nuclear también está en debate. Suenan las alarmas tanto por los residuos tóxicos como por los antecedentes en otras partes del mundo. El accidente en la planta de Fukushima en 2011 es un ejemplo ilustrativo de los riesgos que entraña. De hecho, la política de “apagón nuclear” en Alemania tomó como base lo ocurrido en Fukushima y determinó que la última planta nuclear funcionará hasta el 31 de diciembre de este año.

Esta decisión produjo reacciones en el ámbito corporativo. Empresas como la sueca Vattenfall iniciaron arbitrajes inversor-Estado, así como procesos ante cortes nacionales. En marzo de 2021, Alemania acordó una indemnización por 2.438 millones de euros para terminar con los litigios.

Aun cuando los proyectos nucleares resultan acotados, en algunos países se discute avanzar con la construcción de nuevas centrales. Tal es el caso de Argentina que, asociada a China, ha decidido empezar la construcción de una cuarta central nuclear (Atucha III). Aun cuando el proyecto despertó el rechazo de vastos sectores, este sigue su curso. En definitiva, la decisión que finalmente adopte la UE en esta materia parece intrascendente ―por varios motivos― para la región. Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos, accidentes o atentados: el ataque ruso a las instalaciones de Zaporiyia reinstalará con fuerza el debate sobre el desarrollo nuclear.

El lado B

El debate por las inconsistencias de la nueva taxonomía verde enmascara su lado B: la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía de 1994, del cual son parte tanto la Unión Europea como la mayoría de sus miembros. Las negociaciones están en marcha y la polémica también se encuentra sobre la mesa. El mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, contenido en el tratado original, ha constituido la base legal para 135 demandas de inversores extranjeros. Según los datos del Policy Investment Hub de la Unctad, el Tratado sobre la Carta de la Energía es el acuerdo internacional con base en el  cual hubo el mayor número de demandas a escala mundial. Incluso, las demandas registradas comprenden a inversores de nacionalidad de un miembro de la Unión Europea contra otro Estado miembro.

Lucha contra el cambio climático

En tiempos de lucha contra el cambio climático, el camino no debería estar marcado por la inclusión de la energía nuclear y el gas en la taxonomía verde ni por los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado del Tratado sobre la Carta de la Energía. De lo contrario, el Estado termina cuestionándose si modifica una decisión, aunque esta agrave la crisis climática, situación que está arrastrando a la humanidad a su extinción.

La inclusión del gas y la energía nuclear no viene a minimizar riesgos, sino que agrava la incertidumbre que afrontan nuestras sociedades de cara al momento de la transición.

Leonardo Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad-Cedes (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press, 2020.

La industria privada de la desinformación en América Latina

Gustavo A. Rivero
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La industria privada de la desinformación en América Latina

Juan Orlando Hernández empleó en su reelección en 2017 cuentas falsas para manipular a la opinión pública hondureña. Esto fue descubierto cuando el expresidente —arrestado por cargos vinculados al narcotráfico luego de abandonar el poder— llevaba un año de su segundo período. Sophie Zhang, la experta en datos de Facebook que lo descubrió y que fue despedida por revelar el descuidado tratamiento que le dio la plataforma al incidente, identificó que miles de likes, shares y comentarios a favor del expresidente fueron realizadas por cuentas que pretendían ser de empresas, organizaciones y figuras públicas. Este es un ejemplo más de que las elecciones en la región están bajo amenaza, ya no tanto por la compra de votos o la corrupción, sino por la emergente industria privada de la desinformación.

Los principales clientes de estas nuevas empresas especializadas en manipular el ecosistema digital son los Gobiernos de turno, aspirantes y partidos políticos. De esta manera engañan a los votantes, moldeando el discurso público del país a su favor para posicionarse o mantenerse en el poder. Este fenómeno, se suma a las presuntas amenazas provenientes de regímenes con prácticas autocráticas como China, Rusia e Irán, que junto a hackers de Venezuela ejecutan operaciones para desestabilizar determinadas democracias de la región.

Pero con la emergencia de actores no estatales en la producción de desinformación, el panorama se torna significativamente más complejo, pues hallar culpables a los partidos políticos y gobiernos que contratan estas empresas está supeditado a la lealtad de acuerdo al pago por estos servicios. 

Este mercado de desinformación fue expuesto por el Instituto de Internet de Oxford en su informe Desinformación industrializada del 2021. Allí se insiste en que la manipulación de las redes sociales es una seria amenaza para las democracias contemporáneas. Uno de sus hallazgos más preocupantes es la creciente actividad de las tropas cibernéticas, que son producidas por empresas privadas que han sido contratadas por Gobiernos o partidos políticos con el objetivo de diseminar desinformación política a través de plataformas para afectar a sus opositores. 

¿Cibertropas en América Latina?

De los 81 países analizados en el informe, 12 son latinoamericanos —Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela— han sido víctima de las operaciones desinformativas por parte de las cibertropas en periodos electorales y/o en transiciones de poder. El espectro ideológico para distinguir a los contratantes es irrelevante, pues en el informe figuran políticos tanto de izquierda como de derecha que han tenido vínculos con este tipo de empresas con el propósito de hacerse con el poder.

Las tácticas usualmente empleadas por las empresas privadas para desinformar son el narrative laundering o blanqueamiento de narrativas y el uso de cibertropas. La primera modalidad consiste en desarrollar una narrativa desde el seno del Gobierno para lo cual se contrata una empresa de comunicación estratégica extranjera, la cual crea páginas web que simulan ser centros de pensamiento virtuales que se caracterizan por fabricar personas.

Estos perfiles falsos son supuestamente autores renombrados que hacen publicaciones con mensajes a favor del contratante con el objetivo de viralizarlas hasta que sean acogidas por los medios de comunicación para reproducirlas en las audiencias particulares. 

Esta táctica aún no ha sido completamente verificada en Latinoamérica, mientras que las cibertropas sí han sido empleadas por los políticos de la región. Usualmente estas empresas tienen en su nómina a hackers o programadores que ofrecen el manejo de una variedad de cuentas falsas para dispersar la desinformación. Entre ellas, las sock puppet accounts, trolls o cuentas de usuario títere. Este tipo de perfiles modifican su comportamiento en línea de acuerdo a los requerimientos del cliente, ya sea para elogiar, defender, atacar o apoyar a un político u organización, y con ello manipulan a la opinión pública. 

El hacker de las elecciones en América Latina

Según el infame hacker colombiano Andrés Sepúlveda, este trabajó junto al consultor político J.J. Rendón en las elecciones presidenciales de Nicaragua, Panamá, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, entre otros países, efectuando operaciones de desinformación a través de servidores contratados de manera anónima en Rusia y Ucrania y pagados por medio de bitcoins. Estas operaciones se caracterizaban por diseminar propaganda y rumores políticos, infiltrando las campañas de líderes opositores, especialmente de izquierda o progresistas con el objetivo de sepultarlos social y políticamente.

A la firma norteamericana CLS Strategies, Facebook le cerró 55 cuentas, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram centradas en Bolivia y Venezuela por injerir en su política interna de países con Gobiernos de izquierda. De acuerdo con el informe del Stanford Internet Observatory: Bolivarian Factions: Facebook Takes Down Inauthentic Assets (2020), las cuentas enfocadas en Bolivia apoyaban a la presidenta interina Jeanine Áñez y acusaban de fraude electoral a Evo Morales, pero sin contar con mayor evidencia. Respecto a Venezuela, esta empresa se centró en apoyar a los líderes de la oposición como Juan Guaidó, a quien hicieron viral manejando sus redes sociales desde Washington, particularmente cuando se declaró presidente legítimo de este país.  

Nuevas amenazas a la democracia

Este es un año de elecciones presidenciales y referéndums en la región. Países como Costa Rica, Colombia, México y Brasil, los cuales han sido afectados previamente por las campañas de desinformación que han hecho empresas privadas están de nuevo en el ojo del huracán debido a que cualquier actor político puede contratar estos servicios.

La diversificación y la sofisticación que se ha desarrollado para dispersar desinformación con los Deep fakes —imágenes y videos creados a partir de inteligencia artificial— y la automatización de bots cada vez más similares al comportamiento humano, socavan la legitimidad de las democracias contemporáneas. 

En este marco, si bien la sociedad civil trabaja en iniciativas como los fact-checking para mitigar las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, esto no es suficiente para limitar su efecto nocivo en el debate público y la democracia.

Cuba: 70 años sin democracia

Leandro Querido
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Cuba: 70 años sin democracia

Había una vez una Cuba democrática en donde los partidos políticos dirimían su competencia en elecciones libres, en donde las ciudadanas y ciudadanos elegían a sus representantes en un contexto de libertad. Este período duró poco, pero existió. Se extendió por algo más de una década. El problema es que el discurso único oficial ha sepultado su registro histórico y la transmisión oral, luego de siete décadas, se ha extinguido. Lo sorprendente es que ese período excepcional también produjo una Constitución en 1940 que expresaba en su primer artículo su impronta republicana al sostener que se trataba de “un Estado independiente y soberano, organizado como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”. 

El 10 de marzo se cumplen 70 años de la ruptura del orden democrático en Cuba. Esto no quiere decir que desde su independencia la Isla haya gozado de una democracia ininterrumpida. Por el contrario, ese único periodo democrático cubano fue muy breve, de 1940 a 1952. El historiador Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, se ha sumergido en esa etapa para dar cuenta de la dinámica de la competencia electoral.

En su libro “La democracia republicana en Cuba 1940-1952”, da cuenta del sistema de partidos de aquel entonces que contrasta con el régimen de partido único actual. Destaca, además, que los incentivos que presentaba el sistema político para el multipartidismo hizo que partidos radicales, como el Comunista, ingresaran en una lógica de competencia electoral, con lo cual se trató de un sistema político inclusivo. Lamentablemente esto arroja como saldo que Cuba ha vivido gran parte de su historia bajo regímenes autoritarios y esto marca una ausencia en materia de cultura democrática.

Tanto el discurso de Fidel Castro como el de la élite actual del Partido Comunista de Cuba han intentado desconocer que hubo grandes esfuerzos por promover reformas democratizadoras en Cuba, y que de hecho hubo un periodo en el que prevalecía una democracia plural que celebraba elecciones competitivas entre fuerzas políticas tan diversas como comunistas, socialistas, liberales, conservadores y reformistas.

Esto lo describe muy bien Loris Zanatta en su libro “Fidel Castro, el último Rey Católico”. Allí hay un joven Fidel Castro con un marcado discurso antipolítica, que con desprecio cuestionaba a la democracia cubana de aquel entonces a la que clasificaba como una “partidocracia”. Con la utilización discursiva permanente del término “politiquería” hacía una impugnación de la dimensión consensual y dialoguista de la política, lo que dio lugar a una coincidencia con el discurso que tuvo después Batista en el vestíbulo del golpe.

Este período democrático fue una originalidad incluso en la región. Solo recordemos que en República Dominicana gobernaba Rafael Trujillo, en Nicaragua Anastasio Somoza García y en El Salvador, en 1948, un golpe militar ponía fin al gobierno de otro militar. En cambio, en Cuba todo indicaba que se había dejado atrás su historia colonial y la tutela norteamericana cuando las fuerzas políticas locales celebraban una Asamblea Constituyente que brindaría el marco legal para la celebración de varias elecciones presidenciales y legislativas en las que habría alternabilidad en el poder, al menos hasta 1952.

De hecho, Fulgencio Batista, quien con el golpe de 1952 acabaría con el periodo democrático cubano, había sido electo en el marco de la Constitución en 1940. Luego le seguirían Ramón Grau San Martín (1944) y Carlos Prío Socarrás (1948). En las elecciones de este período la participación electoral iba en aumento, del 73 al 78 por ciento. 

La conocida como “Constitución de octubre” establecía que la elección presidencial era indirecta, a través del colegio electoral, y bastaba con una mayoría relativa (como la mayoría de los países de la región para esa época, no había segunda vuelta). Sin embargo, en 1943 a través de un nuevo Código Electoral se estableció la elección directa del presidente.

El periodo democrático concluiría el 10 de marzo de 1952, cuando Batista, en campaña para las presidenciales que se celebrarían ese año, al verse con muy pocas chances de llegar al poder de manera democrática, usó sus influencias militares para clausurar el orden constitucional.

El pueblo cubano no volvería a conocer un régimen democrático, dado que luego del golpe de Batista llegaría la experiencia totalitaria más longeva de la región, encarnada por Fidel Castro primero y luego por su hermano Raúl. Hoy es el Presidente Miguel Díaz-Canel el que heredó la responsabilidad de impedir que las y los cubanos puedan elegir libremente a sus representantes.

Para sorpresa de la opinión pública internacional y del propio régimen el 11 de julio del 2021 una multitud salió a la calle a exigir libertad y democracia. Su himno fue “Patria y Vida”. La represión fue inmediata, hoy las cárceles de Cuba están atiborradas de presos políticos, activistas como el artista Luis Manuel Otero Alcántara o políticos como Daniel Ferrer siguen detenidos. Se advierten procesos y condenas a menores de edad y persecución a periodistas, sobre todo mujeres como lo muestra el caso de Luz Escobar.

Quizá la juventud de Cuba se haya movilizado sin conocer ese interregno democrático, no obstante, su emergencia debe interpretarse como una línea de continuidad en la tradición democrática de Cuba, una tradición que busca ser desplegada pese a la impugnación compartida entre Batista y los Castro.

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El candidato sorpresa encabeza las encuestas en Costa Rica

Enrique Gomáriz Moraga
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El candidato sorpresa encabeza las encuestas en Costa Rica

Se evaporaron las dudas. Rodrigo Chaves podría convertirse en el próximo presidente, según todos los sondeos. Una vez publicados los resultados de las encuestas de intención de voto que en febrero hicieron la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), parecen despejarse las dudas sobre la marcha de las preferencias políticas con respecto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 3 de abril. Ambas muestran una cómoda ventaja de más de 10 puntos a favor de Rodrigo Chaves, del partido Progreso Social Democrático, con relación a José María Figueres, del partido Liberación Nacional. 

Estos resultados, que señalan una notable disminución de los indecisos que ahora son del 15%, confirman los de la primera encuesta que fue realizada por OPol para el diario La República y que otorgaba el 49% de la intención de voto a Chaves frente al 33% de Figueres, y que muy pocos analistas tomaron en serio. Ahora, esas cifras son de 43% y 30%, según la UNA, y de 46,5% y 36%, según la UCR. Ello ha creado sorpresa y alarma en muchos observadores que se preguntan por las causas de esta fuerte preferencia a favor de Chaves. 

Un dato importante es que la competencia se produce en un contexto en el que la opinión de los votantes indica altos índices de rechazo hacia los candidatos. De acuerdo con el sondeo de la UNA, a prácticamente la mitad de los consultados no le gusta ninguno de los dos candidatos, pero aún así, la mayoría afirma que acudirá a emitir el voto. 

Las causas del rechazo difieren según los candidatos. Partiendo del sondeo de la UCR, a Figueres le reprochan la supuesta corrupción por el caso ICE-Alcatel durante su presidencia y su ausencia del país para eludir el cargo. Un 47% de los encuestados afirma que ese antecedente influye “mucho” en su orientación del voto. Por su parte, Chaves es cuestionado por una denuncia de acoso sexual que enfrentó cuando trabajaba en el Banco Mundial. Ese asunto, sin embargo, influye “mucho” en un 38% de los encuestados y no influye en absoluto en un 40%. 

Es decir, pesa apreciablemente más el cuestionamiento por corrupción de Figueres que la acusación de acoso sexual sobre Chaves. Ello guarda relación con la imagen negativa de Figueres que ronda el 49% en comparación con una imagen negativa del 27% para Chaves.

Por otro lado, los observadores coinciden acerca de que la inclinación favorable hacia Chaves guarda relación con la acentuada molestia de la gente de a pie contra el orden social y político del país. Incluso, hay quienes retratan al candidato como un mesías salvador al estilo de Donald Trump. Una deducción apresurada que merece contrastarse.

Es cierto que en Estados Unidos también se produjo una rebelión de la gente común frente a las élites, algo que puede apreciarse en la Costa Rica de hoy. Sin embargo, Rodrigo Chaves presenta un programa y una ideología política muy diferente, planteada formalmente desde la “socialdemocracia moderna”, según se recoge en su plataforma. 

Por otra parte, se cuestiona la forma asertiva del candidato y su planteamiento de saltarse las trabas institucionales para acometer las medidas necesarias, pero eso es precisamente lo que le solicitan sus votantes: alguien que sea capaz de superar la trabazón institucional en que se apoya el denostado statu quo. En este cuadro cobra relevancia el hecho de que el partido de Chaves cuenta con solo 9 diputados de un total de 47, algo que deja entrever una virtual contradicción entre su fuerte iniciativa presidencial y la necesidad que tendrá de negociar en el futuro en caso de ganar. 

El temor en círculos políticos y culturales al respecto podría minimizarse si se superara el otro factor que favorece al candidato Chaves que es la aguda división de las fuerzas políticas más relevantes. Puede ser que parte de la sociedad se decida a escogerlo por su rechazo a las élites, pero la alta intención del voto a su favor también procede del deslizamiento hacia su cauce electoral del voto que tuvieron los otros partidos en la primera vuelta. Hay una alta proporción de votantes socialcristianos y del oficialista Partido Acción Ciudadana que declaran que votarán por Chaves, además de votantes procedentes de varias fuerzas del centro emergentes como el Partido Liberal Progresista que consiguió 6 diputados en la pasada elección.

Todo indica que de momento puede más el rechazo al expresidente Figueres que el temor del presumible comportamiento hiperpresidencial de Rodrigo Chaves, a pesar de que buena parte de las élites culturales y políticas, de forma un tanto paradójica, tienden a caricaturizarlo. Habrá que ver si la rebelión contra las élites y la división política basada en viejos rencores se mantienen hasta el final de esta peculiar campaña electoral.

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Igualdad de género hoy para un futuro sostenible

Oficina Regional de ONU Mujeres para las Americas y el Caribe
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Igualdad de género hoy para un futuro sostenible

El 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, es un hito que permite poner al centro del debate público los avances alcanzados por las mujeres y el movimiento feminista, pero sobre todo los desafíos pendientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. En este marco, la pandemia ha profundizado las brechas de género existentes en América Latina y el Caribe e iniciamos 2022 haciendo frente a graves desigualdades.

La pandemia redujo la participación de las mujeres de la región en el mercado laboral. En 2021, según datos de la OIT, más de 13 millones de mujeres vieron desaparecer sus empleos a causa de la pandemia en América Latina y el Caribe. La contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral representa un retroceso de 18 años en los avances logrados por las mujeres según los datos de CEPAL de 2021.

La pobreza y la pobreza extrema están a niveles de hace más de dos décadas. Según datos de CEPAL de 2021, al cierre de 2020, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontraban en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. Ese año, el promedio regional de mujeres sin ingresos propios alcanzó el 28 %, mientras que para los hombres fue del 10,4%. Esto significa que casi un tercio de las mujeres de la región depende de otros para su subsistencia, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres.  

Entre los hogares más pobres, los monomarentales están sobrerrepresentados y suelen ser mujeres que fueron madres adolescentes, con un acceso limitado a la educación y la formación, y en general con empleos precarios y en la informalidad. Mientras que las mujeres rurales viven situaciones de extrema precariedad laboral y aislamiento. Según la OIT, en el año 2019 el 85,7% de los trabajadores ocupados en el sector agrícola eran informales, mientras en el sector no agrícola la tasa de informalidad fue de 65,8%. En el caso de las mujeres, la proporción de informalidad es mayor a la de los hombres, destacándose que en el sector agrícola la tasa ha alcanzado el 91,6%.  

Las mujeres siguen enfrentando horas de carga de cuidados en los hogares en condiciones muy difíciles. En la región, las mujeres todavía dedican más del triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Estas diferencias son incluso mayores para las mujeres de menores ingresos, quienes dedican en promedio 46 horas semanales al trabajo no remunerado.  

También se han intensificado las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo en el hogar. El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres siguen ocurriendo en la calle, en los espacios públicos y en las redes sociales. De acuerdo con la CEPAL, un promedio de al menos 12 mujeres muere diariamente en la región por el mero hecho de ser mujeres y en promedio una de cada tres ha padecido violencia física y/o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida.  

Por ello, el mejor predictor del nivel de fragilidad de un país no es la riqueza, el tipo de gobierno o la religión que practica la mayoría de sus habitantes, sino sus índices de igualdad de género. 

Recuperación post COVID 19

En este marco, una recuperación exitosa implica también asegurar la participación de las mujeres en todas las etapas de las respuestas. No solo por un compromiso con una representación justa, sino por la contundente evidencia de que cuando las mujeres participan en espacios de toma de decisión los beneficios para la población en su totalidad son múltiples. 

La recuperación también debe tener en cuenta los estrechos lazos entre el género, la seguridad y el cambio climático. Las consecuencias del cambio climático pueden generar motores de inseguridad para las mujeres, incluyendo una mayor exposición a la violencia de género, un aumento de la inseguridad alimentaria, así como barreras para el acceso a recursos y un mayor riesgo de desplazamientos forzados. Es por esto que se hace necesario que las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático contemplen la plena participación de las mujeres y una perspectiva de construcción de paz y de género. 

Para reconstruir nuestras sociedades, es fundamental avanzar las autonomías económica, física y política de las mujeres, fortaleciendo su rol en la economía, el desarrollo y la transformación social, fortaleciendo el rol protagónico de las organizaciones de mujeres en las comunidades, y en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de ruta a la que se han comprometido los gobiernos y toda la comunidad internacional. A nivel global, uno de los retos más urgentes que enfrentamos sigue siendo el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, lo cual nos obliga a buscar soluciones tomando en cuenta el poder transformador de las mujeres en toda su diversidad.   

Por ello, es necesario que cada vez más mujeres y organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe participen de forma sistemática en las políticas públicas productivas, de desarrollo sostenible y de respuesta al cambio climático. 

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Hermanamientos China-América Latina ¿Qué son y hacia dónde van?

Andres Raggio
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Hermanamientos China-América Latina ¿Qué son y hacia dónde van?

Los hermanamientos entre localidades chinas y latinoamericanas toman cada vez mayor relevancia en un contexto de gran incertidumbre del sistema internacional, ya que este nivel de gobierno ha desarrollado un espacio de intercambio multidimensional. Estos acuerdos, que implican el emparejamiento entre pueblos o ciudades de distintas zonas geográficas y políticas para fomentar el contacto humano y los enlaces culturales, se han convertido en un espacio donde los tomadores de decisión, tanto de los gobiernos centrales como locales, pueden desarrollar sus relaciones internacionales con China, pero también generar insumos para fortalecer sus propias políticas hacia el exterior.

Los hermanamientos entre China y América Latina

Las relaciones de hermandad entre los países de América Latina y China pasan por dos niveles: el multilateral y el bilateral. El primer nivel se refiere a la política exterior China y su acción, lo cual ha sido destacado en los dos Libros Blancos sobre América Latina. Además, también se actúa en el marco del Foro de Cooperación entre Gobiernos Locales China-América Latina (Foro China-CELAC), el cual está “destinado a promover la cooperación amistosa entre los gobiernos locales de ambas partes”.

Es allí donde el tema de los hermanamientos se proyecta como parte de la política exterior china, aunque esto no limita el propio recorrido entre localidades. Como afirma el experto Ignacio Niño, este es un “proceso que tiene una doble naturaleza: por un lado, son las propias ciudades las que se lanzan a una creciente acción internacional. Y por otro lado, la misma viene también animada por las instancias centrales”.

El segundo nivel trata el relacionamiento local propiamente dicho, la firma del hermanamiento y el desarrollo de las relaciones bajo ciertas áreas temáticas pactadas previamente. En el caso de América Latina, estas suelen estar centradas en temas culturales, de educación, de deporte, turismo y comercio, pero también se destaca un creciente interés por la cooperación en ciencia y tecnología, así como en lo relativo a la minería.

El crecimiento del número de hermanamientos entre localidades chinas y latinoamericanas es notorio y no escapa a la lógica internacional de China con otras regiones. Sin embargo, el aumento ha sido significativo en los últimos años. Hasta 2015 existían al menos 147 hermanamientos, pasando en 2021 a más 200, sin contar los que han firmado Carta de Intención y se encuentran en proceso.

Algunos casos han mostrado aumentos muy significativos, como Argentina (de 17 a más de 40), Chile (de 13 a más de 30) o Uruguay (de 4 a más de 15). En los tres casos de los países del Cono Sur, la amplia mayoría de sus provincias, regiones o departamentos cuentan con hermanamientos firmados. De hecho, todos los países sudamericanos con relaciones diplomáticas con China cuentan con al menos un hermanamiento, mientras que en América Central y el Caribe destacan México y Cuba, y en menor medida Costa Rica, Jamaica, Panamá, Grenada y República Dominicana.

Los orígenes de los hermanamientos chinos

Las relaciones entre localidades de China y el exterior cuentan con su primer caso en 1973 cuando Tianjin se hermanó con la ciudad japonesa de Kobe. Se considera que esta política ha pasado a ser parte de la política exterior china en general, teniendo como cimientos la coexistencia pacífica y siendo un eslabón más para un actor internacional cada vez más presente en el sistema internacional

Las relaciones de hermandad de las localidades costeras de China están notoriamente más desarrolladas que las del oeste, siendo esa “internacionalización” la que permite a dichas localidades generar un efecto “spillover” o círculo virtuoso, y con ello reproducir las desigualdades, cuestión ya alertada por el gobierno chino. Este aspecto, en gran parte tiene que ver con el nivel de desarrollo de las provincias costeras y su propia diplomacia de ciudades.

Sin embargo, casi todas las provincias y regiones autónomas chinas cuentan con algún hermanamiento con países de la región. Esto potencia la relación de América Latina a nivel regional en el marco del Foro China-CELAC, convirtiéndolo en un espacio de diálogo ya no solo con China, sino entre los propios países de la región, que además de encontrar puntos en común a nivel regional, también pueden tener intereses en común a nivel subregional.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

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