La reacción de los líderes latinoamericanos frente a la invasión rusa

Xavier Rodríguez-Franco
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La reacción de los líderes latinoamericanos frente a la invasión rusa

Las tensiones en la frontera oriental de Ucrania desembocaron el pasado 24 de febrero en la invasión masiva por parte de Rusia, la más reciente de las 28 incursiones militares que ha hecho fuera de sus fronteras desde 1991. Durante las primeras 48 horas de las hostilidades, las reacciones de los Gobiernos del mundo no se hicieron esperar, sobre todo a través de las redes sociales. Los Gobiernos latinoamericanos, en su mayoría, rechazaron categóricamente el empleo de la fuerza en la resolución del conflicto, sin embargo, como era de esperarse, los autoritarismos de la región cerraron filas en apoyo a Rusia.

Las voces latinoamericanas en el Consejo de Seguridad

Dentro de la posición diplomática predominante de condena a la invasión se destacan principalmente México y Brasil. Estos son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y desde las primeras horas del mismo jueves 24 han venido sesionando de emergencia con el fin de generar una resolución que permita, ante todo, el cese al fuego. De momento, no se ha conseguido, ya que Rusia ha ejercido el derecho de veto a pesar de ser el único voto en contra de la resolución.

En estas deliberaciones, tanto la vocería del representante de Brasil, Ronaldo Costa Filho, como la embajadora mexicana, Alicia Buenrostro, sintonizaron ―a pesar de las diferencias ideológicas de ambos Gobiernos― en el rechazo a lo que llamaron una “flagrante violación al derecho internacional”. Ambos destacaron la importancia del retorno a las negociaciones, al cumplimiento de los acuerdos de Minsk, y advirtieron del costo humano que esta incursión armada causará. Incluso la diplomática mexicana cuestionó de forma directa al representante ruso Vasili Alekséyevich Nebenzia por haber asegurado varias veces que Rusia no invadiría Ucrania.

Además de estos pronunciamientos, los Gobiernos como el de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú han coordinado esfuerzos desde el viernes 25 de febrero para colaborar en la labor logística de evacuación de sus nacionales en Ucrania o en las naciones de Europa del este.

En América Latina, mientras tanto, se han dejado entrever los movimientos de las potencias enfrentadas. El mismo día que comenzó el bombardeo aéreo, el flamante ministro de Defensa de Honduras, José Zelaya, recibió en Tegucigalpa a la comandante general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien ofreció ayuda militar al nuevo Gobierno. Por su parte, el presidente del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, se reunía en La Habana con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Unas imágenes anecdóticas pero que pareciera dejar claras las tendencias y alianzas que tienen los Gobiernos de la región frente a los acontecimientos internacionales.

Voces discordantes

La reacción diplomática inmediata ha sido mayoritariamente de rechazo al uso de la fuerza por parte del Gobierno ruso. Sin embargo, en el caso del presidente boliviano Luis Arce, este hizo un pálido llamado a la paz sin mayores calificativos sobre el conflicto, mientras que el mediático presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha cuestionado la credibilidad de Estados Unidos antes de la ofensiva rusa, aún no se ha pronunciado.

Como era de esperarse, Cuba, Nicaragua y Venezuela “cerraron filas” apoyando abiertamente las acciones militares de Rusia siguiendo en sus comunicados oficiales la línea argumental de que este país busca liberar a Ucrania del fascismo y defender a las minorías prorrusas de un presunto “genocidio” en curso conducido por el Gobierno ucraniano. De esta manera, estos Gobiernos, de inocultable deriva dictatorial, acercan posiciones con uno de los pocos aliados internacionales que aún mantienen.

Estas visiones están alineadas con la narrativa propagandista auspiciados por el Kremlin. Incluso, algunas cuentas oficiales de redes sociales de estos Gobiernos propagan abiertamente las versiones de medios rusos como RT, Hispan TV o Sputnik —vetados por la Unión Europea y Facebook—, así como de otros medios de comunicación alineados ideológicamente con Rusia, tales como Telesur y Al Mayadeen.

Esta notoria discordancia revela un abierto distanciamiento con dos de los principios rectores del derecho internacional: el principio de autodeterminación y el rechazo al uso de la fuerza para la resolución de los conflictos. De esta manera, queda también en evidencia el distanciamiento de estas tiranías de izquierda radical con los nuevos Gobiernos de izquierda democrática de la región.

Estas declaraciones discordantes, sin embargo, son minoritarias y contrastan con los mensajes diplomáticos de la mayoría de los Gobiernos de la región en rechazo al uso injustificado de la fuerza y la búsqueda de una resolución pacífica a un conflicto que sigue dejando víctimas a su paso.

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¿Hacia un capitalismo autoritario en Venezuela?

Benedicte Bull
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¿Hacia un capitalismo autoritario en Venezuela?

En los medios de comunicación internacionales, el gobierno venezolano sigue siendo mencionado a menudo con el prefijo «socialista». Dentro del país, un proceso de desregulación desordenada está abriendo más espacios al mercado, pero también está creando nuevas y aparentes desigualdades. ¿Hacia qué tipo de sistema económico se dirige Venezuela? Ante la escasez de datos públicos, comenzamos a realizar encuestas en tres ámbitos de la economía, con la esperanza de aportar algunas piezas al rompecabezas que supone el funcionamiento real de la economía venezolana actual. Lo que encontramos fue más un capitalismo depredador y autoritario que un socialismo.

El ascenso global del capitalismo autoritario

Es evidente que el capitalismo no es el mismo sistema en todo el mundo. Aunque siempre implica una actividad lucrativa por parte de actores privados, el capitalismo está regulado de diferentes maneras y con diferentes fines. La mayoría de los países reservan algunos espacios, como la sanidad, la educación y el cuidado de los niños, para que se rijan por otros principios que no sean el lucro, y ven algún tipo de participación del Estado en la economía. 

Los acontecimientos recientes han dejado muy claro que no existe una asociación automática entre capitalismo y democracia. Por el contrario, hemos visto el auge de sistemas capitalistas en países autoritarios de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a China. Otra dimensión que distingue a los distintos sistemas capitalistas es la solidez de las instituciones. En los Estados con instituciones débiles, es difícil hacer compatible una economía con ánimo de lucro con objetivos sociales como proporcionar un cierto nivel de bienestar para todos.

Sin embargo, las instituciones débiles pueden coexistir con gobiernos autoritarios que tratarán de dirigir la economía de forma que se refuerce su control político y se compense la debilidad de las instituciones. Este es el caso de los países nominalmente socialistas que pueden emplear formas de reformas de mercado a instancias de los dirigentes políticos para su beneficio y el de sus aliados cercanos.

Con un equipo coordinado por Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) y supervisado por Antulio Rosales, de la Universidad de New Brunswick, y por mí mismo, hemos realizado tres encuestas que han tratado de aportar información sobre diferentes aspectos de la nueva economía. ¿Cómo se relaciona con el proceso ad hoc de desregulación de la economía? ¿Cómo sobrevive la gente en lo que se ha convertido en una economía de alto coste pero en la que los salarios siguen siendo «de hambre»?

La minería ilegal

La primera parte de la investigación fue una encuesta a los trabajadores de la minería ilegal en el estado de Bolívar. Como una forma de enfrentar los menguados ingresos de la producción petrolera, en 2016 el gobierno de Maduro estableció la zona especial de desarrollo Arco Minero del Orinoco (AMO) con el objetivo de formalizar alianzas y atraer nuevas inversiones en el estado Bolívar.

Con ello, el Estado aumentó su presencia en la zona. Sin embargo, continuaron las prácticas informales de control territorial existentes por parte de los grupos armados y aumentó la producción y venta ilegal de oro.  En nuestra encuesta entre los trabajadores de la zona, descubrimos que soportaban jornadas laborales de 12 horas y más. La mayor parte de las veces se les pagaba en gramos de oro. No existían formas de protección social y respondían a una combinación de bandas locales, guerrillas, mafias y la Guardia Nacional.

Todos estos actores se dedican a la extorsión, cobrando a los trabajadores «vacunas» (dinero de protección), en una depredadora sin ley. Las extorsiones se suman al extremo coste de la vida en la zona, con precios de 4 a 5 veces superiores a los de las zonas centrales del país, debido a una serie de trabas al mercado.

La nueva cara de la desigualdad: los bodegones

La realidad de las zonas de minería ilegal contrasta fuertemente con la de los nuevos comercios de importación, los llamados bodegones. Como forma de enfrentar la escasez generalizada de bienes y la inflación asociada, se flexibilizó la prohibición del cambio privado de dólares.

En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el gobierno, derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios. Esto significó el fin de los controles de divisas y la bendición gubernamental de la dolarización informal. Esto, y varias exenciones temporales de los aranceles y las regulaciones de importación, permitieron las importaciones de bienes a gran escala, incluyendo los llamados servicios «puerta a puerta» – la importación directa de bienes por parte de personas privadas sin ningún tipo de aranceles, o regulaciones sanitarias.

Este es el telón de fondo de la aparición de los llamados bodegones, que empezaron con pequeñas tiendas que vendían productos importados en unos pocos lugares de lujo de la capital. Con el tiempo, estos evolucionaron hasta convertirse en un fenómeno nacional e incluyeron enormes supermercados en zonas urbanas de todo el país que vendían tanto alimentos normales como un amplio surtido de artículos de lujo.

A finales de 2020, realizamos 81 entrevistas a responsables de bodegones y 103 clientes en 73 bodegones, de los 613 que se calcula que existían en ese momento. Se encontraban en barrios de lujo de los estados Aragua, Miranda, Mérida, Barinas y Zulia, además del Distrito Capital. La mayoría de los establecimientos (81%) se establecieron después de la dolarización, y 47% tenían menos de dos años de antigüedad.

La mayoría de los propietarios no tenía experiencia previa en el comercio minorista, lo que indica que este es un negocio que puede contribuir a establecer una nueva clase de empresarios. Los bodegones son claramente una de las expresiones de la creciente importancia del dólar. Comprobamos que, aunque el 66% de las compras se realizaban en la moneda nacional, se trataba de compras menores, equivalentes a 1 o 2 dólares.  Los importes elevados se pagaban en dólares.

Curiosamente, la mayoría de los trabajadores de los bodegones (56%) reciben sus salarios en bolívares, y sólo el 12% en dólares o euros. Los sueldos, si bien son significativamente más altos que el salario mínimo y el que se paga en el sector público, también son bajos: el 73% gana menos de 60$ al mes, y el 33% gana entre 20$ y 40$. 

Los precios de los bodegones van desde lo relativamente razonable, hasta lo extremo. Sin embargo, los precios generales son elevados a pesar de que los bodegones no pagan impuestos ni aranceles, debido en parte a la sobrevaloración de la moneda. Como noruega, me resultó casi cómico encontrar salmón noruego en su envoltorio original con texto en noruego a un precio unas cuatro veces superior al que habría tenido que pagar en mi caro país de origen.

Una comida familiar de salmón costaría el equivalente al salario medio mensual de uno de los trabajadores del mismo bodegón donde se vendía. Así, en muchos aspectos, los bodegones son la cara de las nuevas desigualdades. Son propiedad de un grupo de nuevos empresarios que se ganan la vida vendiendo productos de lujo en un mercado no regulado a clientes de alto nivel a precios totalmente prohibitivos para la mayoría de la gente.

La supervivencia en el sector público

El tercer aspecto que hemos estudiado son las estrategias de supervivencia de los trabajadores del sector público. Nuestro equipo realizó 207 entrevistas a empleados públicos de 68 instituciones diferentes en 8 estados, sobre una serie de cuestiones, como los salarios, las estrategias de supervivencia y la politización del lugar de trabajo. En cuanto a los salarios, el 47% ganaba menos de 6 dólares al mes; el 83% ganaba menos de 15 dólares al mes. La mayoría recibía además un salario en especie en forma de alimentos, pero en el 47% de los casos, éste valía menos de 1$ al mes.

Llevar el controvertido «carné de la patria» controlado por el gobierno significaba para muchos una bonificación adicional. Sin embargo, en dos tercios de los casos suponía menos de 10$ al mes, y para la mayoría mucho menos.

Casi todos complementaban su salario de una forma u otra. De los encuestados, el 68% tenía puestos adicionales o su propio negocio.  Más del 70% permaneció en el puesto de trabajo esencialmente como medio de mantener cierta estabilidad o de acceder a contactos políticos, a la espera de tiempos mejores. Cuando se les preguntó por la formación en el puesto de trabajo, sólo el 34% de los informantes respondió haber recibido alguna, y de ellos la mayoría sólo había recibido formación ideológica (en el 85% de los casos). 

La imagen que se desprende de nuestra encuesta, ciertamente limitada, es la de una forma de capitalismo bastante fragmentada en la que algunos espacios están abiertos a la competencia privada, pero en la que la regulación está politizada y las oportunidades para la mayoría de las personas son escasas.

Los espacios para la producción y el intercambio capitalista se han ampliado aún más a medida que la ley antibloqueo adoptada en 2020 ha abierto a la privatización a gran escala de las empresas públicas, beneficiando sobre todo a los aliados del gobierno. Recientemente, el país ha dejado atrás el tercer período más largo de hiperinflación jamás registrado, y ha visto un ligero aumento en la producción de petróleo y se ha registrado un crecimiento económico mientras la dolarización continúa.

Todo esto mientras el gobierno de Maduro se ha fortalecido en el poder, y la democracia sigue maltratada, con el país celebrando elecciones en su mayoría injustas y escasamente competitivas que no disputan el poder del ejecutivo.

Nuestras encuestas abren una serie de interrogantes adicionales sobre hacia qué modelo económico se mueve Venezuela. ¿De dónde sacan los dólares los clientes de los bodegones? ¿Quiénes son las nuevas élites que controlan los negocios emergentes? ¿Cuán profundas son realmente las desigualdades en la economía?

Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre estas grandes preguntas. Con la recién adoptada Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que agrega un impuesto a transacciones en divisas o criptomoneda, puede producir nuevos cambios. Pero lo que está cierto es que el sistema actual tiene más rasgos de un capitalismo autoritario que del socialismo democrático que los chavistas aspiraban a instaurar en un principio.

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Ucrania, víctima de un círculo vicioso

Enrique Gomáriz Moraga
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Ucrania, víctima de un círculo vicioso

A estas alturas del conflicto, se debe distinguir dos momentos: el antes y el después de la agresión de Rusia a Ucrania. El primero está marcado por la responsabilidad de los distintos actores a la hora de evitar una confrontación militar. Y el actual, que parte de la condena rotunda de la violación del derecho internacional que conlleva la agresión de Moscú. La responsabilidad de impulsar la agresión militar a Ucrania es del gobierno de Putin. Pero hay muchos otros países responsables por no haber logrado establecer condiciones para evitar la guerra.

La UE es responsable por la disolución de la clara distinción que existía en los años 90’ entre los intereses de la propia UE y la OTAN respecto de la seguridad en el continente. Encuentro tras otro, esta distinción se ha ido difuminando, hasta que en la reunión del pasado 19 de febrero en Múnich de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), quedó claro que la identificación de la UE con la OTAN es casi total.

Ello determina un segundo factor, el resurgimiento del atlantismo ideológico en Europa y Estados Unidos. Los discursos de los representantes occidentales reflejan una excesiva confianza en la disuasión que ha representado la ampliación de la Alianza Atlántica en las dos décadas anteriores. Esto explica la arrogancia exhibida por sus líderes para rechazar cualquier objeción de Rusia acerca de que esa ampliación afectaba a su seguridad y de que el caso de Ucrania era un punto de no retorno.

En realidad, parece que la OTAN y la UE hubiesen actuado adrede para incrementar la molestia rusa y fortalecer así los argumentos del autócrata ruso. El analista mexicano Carlos Taibo ha escrito que Putin es en buena medida producto de la OTAN. Habría que agregar que el reverdecimiento de la OTAN es en gran medida un producto de la prepotencia de Putin y que este infernal círculo vicioso es el que habría que romper para evitar una escalada del conflicto.

Así se llega a la intervención rusa del 24 de febrero, que abre una nueva fase del conflicto. La decisión de Putin viene acompañada del apoyo institucional en la Duma (parlamento ruso) y de la mayoría de la opinión pública en su país. Esa relativa fortaleza interna ha llevado a Putin a desconocer una máxima reiterada: para defender las causas propias en una confrontación geopolítica hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar. Al perpetrar una agresión armada, se desvanece bajo la condena de la comunidad internacional el argumento de Moscú acerca de la amenaza de occidental a su propia seguridad.

Con la agresión militar, Putin ha proporcionado el deseado escenario político autoanunciado por los halcones europeos y de la Alianza Atlántica. Ha logrado que la OTAN y los Estados Unidos se reivindiquen como verdaderos oráculos de las intenciones últimas de Putin, que los países de la UE reduzcan significativamente sus diferencias (al menos en público) y que la ONU, cuyo Secretario General, Antonio Guterres, no hace mucho decía estar seguro de que nunca se produciría una guerra abierta, condene sin paliativos al gobierno de Moscú. En suma, con su agresión, Putin pierde buena parte de su legitimidad dentro y fuera de fronteras.

¿Cuáles han sido las razones para que Putin haya optado por llevar a la confrontación armada el contencioso geopolítico? Existen razones de orden militar que, por cierto, han incorporado algunos cálculos erróneos. De hecho, se ha creado el mito, en buena parte gracias a los medios occidentales, de que todo lo que está sucediendo responde exactamente a los planes diseñados por un siniestro estratega: Putin. Ese supuesto dista mucho de la realidad.

Como antiguo jefe de la KGB, Putin es consiente de la importancia de tener un plan, pero también de la necesidad de readaptarse dependiendo del contexto. No es cierto que Putin haya usado astutamente la opción diplomática del presidente Macron para camuflar su verdadera intención de invadir Ucrania. Putin estaba dispuesto a seguir cualquier camino para impedir la entrada de Ucrania en la OTAN y obligarla a mantener relaciones estrechas con Rusia. Pero la respuesta occidental a esas exigencias fue un altisonante rechazo.

Por otro lado, la opción militar no está resultando tan sencilla como podía preverse. El cálculo del Kremlin de imponerse rápidamente en todo el territorio de las dos provincias, Donest y Lugansk ha fallado. El gobierno ucraniano ha sido capaz de una concentración de fuerzas considerable en esa región, lo que ha obligado a Rusia a tratar de evitarlo impulsando ataques disuasorios en otras partes del territorio ucraniano. Algo que realiza en la noche del 24 de febrero.

Hay que subrayar que Rusia no tiene la capacidad para plantearse una invasión territorial generalizada ya que se estima que para invadir un territorio del tamaño de Ucrania serían necesarios un millón y medio de efectivos. Por lo tanto, con alguna excepción los ataques se concentran en algunas ciudades fronterizas y la propia Kiev, que está a solo 60 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.

Al comprobar que no encontraba obstáculos en el camino hacia Kiev, Moscú ha incurrido en otro error de cálculo: pensar que la ciudad caería de inmediato y que podía convertir al gobierno del presidente Zelenski en objetivo militar directo. Pero la toma de Kiev y su distrito gubernamental, lo cual se esperaba que sucediera en la noche del sábado 26 de febrero, no ha sucedido porque la movilización de fuerzas armadas y milicianas han conseguido la autodefensa de la ciudad. Puede ser que Kiev caiga en los próximos días, pero cada jornada que pasa es un paso más hacia el desencadenamiento de una guerra de guerrillas en el resto del país, algo que Rusia quiere evitar.

Un escenario enfangado en una guerra irregular que se extienda en el tiempo es lo que busca evitar Moscú. Entre otras razones, porque si bien Putin tiene hoy el apoyo mayoritario de los actores políticos y la población rusa, esa situación puede cambiar rápidamente. Mantener una guerra abierta por mucho tiempo y sin el más mínimo respaldo político fuera de fronteras, sumado a unas sanciones económicas occidentales, puede recordar a la población rusa el fantasma del fracaso de la guerra en Afganistán.

Putin puede equivocarse también acerca de las consecuencias que tiene este órdago militar en la política doméstica de su país. Por eso acaba de entreabrir la puerta a una posible negociación para un alto el fuego con las autoridades de Kiev. Y si en principio ha incitado a los mandos militares ucranios a hacerse con el poder, para negociar con ellos, eso parece desdibujarse, entre otras razones porque depende mucho de la velocidad con que consiga capturar al presidente Zelenski y su gobierno.

Puede que el conflicto armado en Ucrania, lejos de estar concluyendo, apenas esté comenzando. Esto es algo que en todo caso sufrirá Ucrania, que es, en última instancia, la verdadera víctima de esta guerra y del indeseable círculo vicioso que la precedió.

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Jeanine Áñez: ¿víctima o culpable?

José Orlando Peralta
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Jeanine Áñez: ¿víctima o culpable?

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, será juzgada en 2022 por el presunto delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. El proceso se desarrollará en el marco de un poder judicial que ha sido extremadamente cuestionado desde la opinión pública por su dependencia política y la constante interpelación a la expresidenta desde sectores afines al MAS que la acusan de golpista por asumir la presidencia en 2019 sin respetar los procedimientos internos de la Asamblea Plurinacional.

No obstante, hay que tomar en cuenta que Áñez asumió la presidencia basada en una sentencia constitucional y en un momento crítico a causa del vacío de gobierno con el propósito de evitar un mayor caos, luego de la renuncia de Evo Morales y de todas las autoridades a quienes correspondía la sucesión presidencial.

Este suceso político sigue polarizando a la sociedad boliviana y la pregunta sigue abierta ¿Jeanine Áñez es víctima de un sistema judicial políticamente dependiente del gobierno de turno o es la culpable de la muerte de civiles que se manifestaban a favor del expresidente Morales?

¿Víctima de un sistema judicial politizado?

Hay que tener en cuenta seis factores para comprender el ascenso de Jeanine Áñez a la presidencia de forma interina y su reconocimiento legal por la Asamblea Legislativa con mayoría del MAS. Primero, Evo Morales violó la Constitución cuando se postuló por cuarta vez consecutiva a la presidencia en 2019, luego que un referéndum se lo negara en 2016. En segundo lugar, los congresistas del MAS no asistieron a la sesión extraordinaria en la Asamblea convocada para resolver el vacío de poder. Tercero, el 12 de noviembre de 2019, después que Añez asumiera la presidencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio su respaldo legal a la sucesión en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2000, que se sustenta en la “vacancia” del presidente. La cuarta certeza es que Morales fue quien convocó a la OEA para auditar las elecciones. La quinta certeza son las irregularidades del proceso electoral de 2019 demostradas por los observadores de la OEA. Y por último, el artículo 4 de la Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, firmada por representantes del MAS en enero de 2020, dice que “Excepcionalmente se prorroga el mandato de la Presidenta del Estado Plurinacional… hasta la posesión de las nuevas autoridades”.

La crisis sociopolítica de 2019 ubicó a Añez como un actor clave con un margen de acción porque su investidura otorgó certidumbre institucional ante el caos desarrollado antes, durante y después de la cadena de renuncias del partido gobernante (MAS) que desembocó en la anarquía política. Ahora bien, en 2022 Áñez se encuentra víctima de un sistema judicial altamente cuestionado por su parcialidad cuando se trata de opositores políticos al MAS.

De acuerdo a su defensa legal, existen numerosas ilegalidades dentro del proceso, entre ellos su salud ya que se encuentra en huelga de hambre, el desdoblamiento del caso y el juicio vía ordinaria y no en la Asamblea Legislativa a través de un juicio de responsabilidades entre otros. 

¿Culpable de la muerte de ciudadanos?

Un acontecimiento infausto en el inicio de la gestión de Áñez es la muerte de más de 30 ciudadanos en las localidades de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba) como efecto de operativos militares y policiales. Este es el eje de la interpelación por parte del MAS hacia su gobierno interino y las condiciones política-institucional en que fue nombrada presidenta.    

Para explicar el cuestionamiento del MAS a las condiciones política-institucional en que asumió como primera mandataria identificamos cuatro certezas jurídicas. En primer lugar, la Asamblea Plurinacional no se reunió para admitir o negar la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Segundo, no estuvo presente la mayoría parlamentaria para recibir el juramento de la Presidenta. En tercer lugar, la Constitución establece una línea de sucesión presidencial hasta la presidenta o presidente de la cámara de diputados (Añez era segunda vicepresidenta del Senado en representación del bloque minoritario opositor). Por último, el Decreto Supremo Nro. 4078 del 15 de noviembre de 2019, dejó exento de responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas que participó en el restablecimiento del orden interno.

En síntesis, las faltas a la Carta Magna y las muertes propiciaron el escenario para que desde el MAS se acuse a Áñez como culpable de irrumpir el orden constitucional.

Paradójico, catastrófico, injusto y reprochable

Es paradójico que la Asamblea Plurinacional, que no le tomó juramento para que asumiera el cargo en 2019, luego, en 2020, le prorrogara el mandato, y que el Tribunal Constitucional la reconozca como primera mandataria en su momento y, después, con el nuevo gobierno de Luis Arce, lo niegue. Fue catastrófico el Decreto Supremo que dio luz verde a los militares para disparar contra los ciudadanos movilizados, libres de cualquier responsabilidad penal. Es injusto un sistema de justicia que no permite el debido proceso a una exmandataria porque carece de un poder político que la respalde. Y es reprochable violar la Constitución, como lo hizo Evo para postularse por cuarta vez consecutiva a la presidencia, y como lo hizo Jeanine en la Asamblea Plurinacional para jurar como primera mandataria.

Esta doble condición de víctima y culpable de Jeanine Áñez, es contradictoria porque responde a diferentes certezas, criterios, ideologías y premisas. No existe una sola verdad. En otras palabras, para unos Áñez es símbolo de la democracia y resistencia, y, para otros de golpismo y muerte. Por tanto, como no es un caso políticamente resoluble, seguirá polarizando la política boliviana, lo cual beneficia a una minoría y perjudica a la mayoría.

Juan Orlando Hernández, del Olimpo al abismo

Dardo Justino Rodríguez
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Juan Orlando Hernández, del Olimpo al abismo

…Y llegó el día tan temido que desvelaba a los seguidores del expresidente de Honduras y sus aliados: ver al “jefe” esposado de pies y manos, con cadenas más duras para el alma que para el cuerpo. Humillante epílogo para tantos años de abusos, corrupción y colusión con los narcotraficantes.

Los medios mostraban a un encadenado Juan Orlando Hernández (JOH), el mismo que, hace unos nueve años, dijo, muy seguro de sí mismo: “yo seré un nuevo Tiburcio Carías Andino”, refiriéndose al dictador nacionalista que gobernó el país con mano de hierro durante 16 años, a mediados del siglo XX.

Carías Andino jamás fue apresado ni juzgado por sus crímenes, pero los tiempos cambiaron. Lo irónico es que quienes ahora piden su arresto y extradición son los mismos que en 2017 avalaron su ilegal y fraudulenta reelección.

Los prolegómenos del arresto

Desde que Xiomara Castro asumiera la presidencia el pasado 27 de enero, los hondureños estuvieron pendientes del paradero de JOH. Eran sabidos los anhelos de ciertos actores estadounidense por extraditarlo para juzgarlo por su relación con el narcotráfico desde que asumió la presidencia del Congreso en 2010. Y no conformes con esos doce años, la Justicia de Estdos Unidos le achaca colusión con el comercio ilegal de drogas desde 2004.

JOH es acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico. Se le señala como partícipe en una conspiración violenta para traficar unas 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde 2004 hasta la fecha.

Según la embajada de Washington en Tegucigalpa, como parte de esta conspiración, el expresidente recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de varios carteles del narcotráfico. A cambio, protegió a los narcotraficantes de la investigación, detención y extradición, aunque, tras ser presionado, permitió la extradición de varios de ellos.

Desde hace tiempo, la Fiscalía que lo investiga lo incluye en los documentos de los juicios a varios narcos hondureños, entre los cuales se encuentra un hermano de JOH, el otrora inefable y sonriente Juan Antonio Hernández, alias Tony, actualmente purgando una larga pena en una cárcel estadounidense.

Aunque el ex presidente fue citado pocas veces por su nombre, era sabido que “coconspirador 4” (CC4) era, indudablemente, él. JOH siempre se defendió negando la relación, acusando a quienes lo vinculaban con el tráfico de drogas, todos ellos sometidos a juicio en la citada Fiscalía, de declarar en su contra por venganza, pues permitió su entrega a la Justicia estadounidense.

Cabe señalar que la figura de la extradición fue aprobada a instancias del mismo JOH, quien por esos días ni soñaba con que su propio hermano y él mismo, pudieran ser objeto de la medida. Desde que JOH perdiera la inmunidad como presidente, las elucubraciones estuvieron a la orden del día. La mayoría pensaba que se refugiaría en Nicaragua, gracias a la “profunda amistad” con Daniel Ortega. Otros, que su destino podía ser Israel, y unos pocos de sus adeptos, los más fieles o ingenuos, que se quedaría en el país dando la cara ante sus acusadores.

Nada de ello ocurrió, o sea, JOH se quedó pero no por valentía, sino porque desde antes de entregar el poder formal estuvo vigilado permanentemente por personal encubierto de la DEA y el FBI, los mismos que, discretamente, participaron en su detención.

Por otro lado, quizás Ortega tuvo la intención de asilar a su amigo, pero dadas las circunstancias, es probable que se hubiera arrepentido. Una cosa es darle cobijo a dos ex presidentes salvadoreños acusados de corrupción en su país y otra muy diferente es dárselo a un acusado por narcotráfico por Estados Unidos.

Ortega no está en condiciones de seguir provocando a Washington, mucho menos con un tema que le es totalmente ajeno. El mismo mandatario nicaragüense se encargó de aclararlo poco después de la detención de JOH: “Nicaragua no es refugio de delincuentes”.

¿Qué se le viene a JOH? 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras nombró como juez para el caso a un magistrado profundamente relacionado con el entorno del expresidente y todas sus argucias y mañas judiciales para perseguir y silenciar a sus enemigos.

Edwin Francisco Ortez Cruz, de 42 años, fue asistente de la exmagistrada de la Sala de lo Civil, María Elena Matute de Hernández, cuñada de JOH y hermana de Oscar Raúl Matute, exsecretario del Interior del gobierno de facto de Roberto Micheletti Bain. Desde entonces, de acuerdo con fuentes tribunalicias, ha sido un elemento dentro del Poder Judicial para que JOH y sus aliados lograran sus objetivos.

En tanto, el presidente de la CSJ, Rolando Edgardo Argueta Pérez, señalado como fiel a JOH desde su nombramiento, parece que lo invitó a tomar chocolate caliente con galletitas integrales en su propio despacho, cuando el ex presidente fue llevado por primera vez a la CSJ para interiorizarse de los cargos en su contra.

Una actitud de deferencia poco menos que inédita, pero… ¿se animará el presidente de la CSJ a ir más allá? ¿tendrá el juez a cargo la valentía para ir en contra del poder casi omnímodo de EEUU?

Es de esperar que las lealtades, amistades e incluso intereses comunes, queden detrás. Sin embargo, los rumores, los trascendidos y las elucubraciones más disparatadas corren por las calles hondureñas, mientras que el nuevo gobierno no termina de asentarse.

Lo ideal habría sido juzgarlo en Honduras, lo cual pretende, muy tardíamente, el fiscal general Oscar Chinchilla, como argucia para evitar la extradición. En tanto, los dirigentes del partido del expresidente, otrora fieles militantes del juanorlandismo, o guardan silencio o dicen, apesadumbrados, que “cada uno debe hacerse responsable por lo que ha hecho”. El colmo del cinismo.

El incierto sentido de la alternancia

Manuel Alcántara
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El incierto sentido de la alternancia

La democracia en el mundo según el recientemente publicado estudio de The Economist Intelligence Unit está en almoneda. Aunque el deterioro es generalizado a nivel mundial, los países latinoamericanos sufren un retroceso evidente. Cuando se comparan los valores relativos a 2021 con los de dos años atrás con el Índice Democrático que publica dicha institución, sólo Uruguay progresa. El retroceso es superior a 0,50 (en una escala de cero a diez) en siete países: Colombia, Perú, Ecuador, México, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. En Paraguay y El Salvador el descenso es de 0,38 y de 0,43 respectivamente. Por consiguiente, la mitad de los países de la región han visto socavado el rendimiento de las dimensiones que configuran el referido índice relativas a elecciones y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.

Es bien sabido que la democracia representativa tiene una prueba de madurez en su capacidad de garantizar que la oposición tenga un nivel adecuado de certeza de ser gobierno en algún momento. En términos de probabilidades ello significa que idealmente esta situación se debería dar una de cada dos veces obteniendo entonces la probabilidad del 50%. Como se trata de una cuestión probabilística este nivel ideal se alcanzaría en la medida en que se dieran más ocasiones (elecciones). En los dieciocho países de América Latina que habitualmente se tienen en consideración, desde 1978 hasta hoy se han celebrado 150 elecciones presidenciales en las que el gobierno saliente podía revalidar su situación circunstancia que logró en 63, dicho de otro modo, en 87 procesos electorales se produjo un escenario de alternancia o lo que es igual la probabilidad fue del 0,58.

Esta circunstancia ha sido enfatizada para evidenciar el asentamiento de la democracia en la región a lo largo de las últimas cuatro décadas. No obstante, hay que señalar que el citado es un valor medio y que hay países que tienen un comportamiento extremo como Nicaragua, Paraguay y Venezuela, que poseen un nivel de alternancia muy bajo, y, en el lado opuesto, Guatemala y Panamá, con una alternancia permanente (1) y Ecuador y Perú con alternancia alta (0,75 y 0,78 respectivamente).

Este escenario ha cambiado drásticamente en los últimos cuatro años. En efecto, si se consideran los últimos comicios presidenciales celebrados en 16 países (dejo fuera de consideración a Nicaragua y Venezuela por haber celebrado elecciones no homologables en términos democráticos) solamente no ha habido alternancia en Bolivia, puesto que el MAS ganó las elecciones tras el gobierno interino, y en Paraguay donde volvió a ganar los comicios presidenciales el partido colorado.

El hecho de que las formaciones en el poder no lograran mantenerse en el mismo y que se abriera la puerta a las fuerzas opositoras, puede explicarse por el coste que los gobiernos han tenido que pagar por la gestión de la pandemia culpabilizados por poblaciones agotadas por el extendido deterioro económico que ha incrementado el empobrecimiento y la desigualdad, por el desgaste sicológico generado como consecuencia de la incertidumbre y por la a menudo mala política comunicativa acosada por una gigantesca ola de desinformación.

Sin embargo, hay factores gestados en el interior de cada país que han tenido un impacto nada desdeñable a la hora de provocar el cambio en contra del gobierno saliente. Estos tienen denominadores comunes equiparables que desde hace tiempo no dejan de evidenciar una clara situación de fatiga derivada de la combinación existente entre el malestar en la ciudadanía y la crisis de la representación política que no deja de profundizarse.

Hay sobradas evidencias para vincular el malestar con cuatro aspectos: la desigualdad, la corrupción y la violencia, que se han deteriorado enormemente, a lo que hay que añadir la frustración de las expectativas. En cuanto a la crisis de la representación esta se centra en el híper personalismo de la política al albur de los cambios sufridos en las sociedades en las dos últimas décadas.

La liza política, en marcos institucionales definidos por el presidencialismo, ha ido derivando a la potenciación de candidaturas arropadas por partidos que apenas son siglas con un bajísimo nivel de militancia, una propuesta programática que se articula en media docena de frases huecas y una estructura organizativa reducida a niveles mínimos que basa su estrategia en campañas electorales de naturaleza digital aupándose sobre procesos de inteligencia artificial para dirigirse a las redes sociales. En la mejor de las situaciones, las candidaturas trenzan alianzas con otras en una espiral confederal para obtener mayores réditos en la competición electoral.

En el momento presente hay tres casos que ameritan la atención como reflejos de lo señalado. En las elecciones presidenciales chilenas celebradas el pasado mes de noviembre, un candidato, Franco Parisi, obtuvo el 12,8% de los votos en la primera vuelta, lo que le valió la tercera posición, sin pisar el país con una formación política de apoyo de diseño y centrando su campaña completamente en modo virtual.

Por su parte, en Colombia el candidato Rodolfo Hernández, cuya formación que le sostiene ni siquiera se auto concibe como partido político, cuenta con el 14% de intención de voto lo que le proyecta en segunda posición y ha anunciado que su campaña será completamente virtual.

Por último, Rodrigo Chaves en Costa Rica ha logrado pasar a la segunda vuelta que se celebrará el próximo 3 de abril habiendo obtenido el segundo lugar en la primera con el 16,7% y de nuevo se trata de un candidato apoyado por un partido marginal que es el tercero en que milita en los últimos tres años.

El escenario existente valida cierta facilidad gracias a la que individuos pueden llegar al poder ajenos a la lógica tradicional de hacerlo aupados en partidos políticos institucionalizados y dotados de una capacidad mínima de cumplir ciertas funciones que se consideraban imprescindibles como la de articular preferencias o la de servir de canal de reclutamiento y de formación de quienes querían dedicarse a la política.

En esta guisa, la alternancia deja de tener el significado que una vez se le confirió, pues poco a poco se entra en un juego individualista tan extremo que deja de tener sentido. La representación, por consiguiente, se fragmenta hasta niveles extremos y las preferencias de la gente quedan al albur, cuanto menos del azar, si no de proyectos minuciosamente diseñados por expertos en comunicación que acompañan la pulsión personal por el poder.

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La crisis de Ucrania y la pesadilla occidental

Andrés Rivarola Puntigliano
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La crisis de Ucrania y la pesadilla occidental

En 1904, el geógrafo británico Sir Halford Mackinder presentó el estudio The Geographical Pivot of History, que ha tenido gran impacto en el análisis y pensamiento geopolítico hasta nuestros días. Mackinder planteaba que la supremacía del imperio británico estaba en peligro frente a estados con capacidad real de controlar un continente. Se refería a Estados Unidos y al imperio ruso. En lo que respecta al primero, ambas potencias lograron un balance con la cesión a EEUU de la hegemonía de lo que esta consideraba su espacio vital—el continente americano—en el marco de la Doctrina Monroe. El imperio británico relegaba así este espacio para concentrarse en el conflicto sudafricano pero, sobre todo, en el continente euroasiático, visto por Mackinder como central para el poder global. La «Isla Mundo», como la denominaba el geógrafo, era considerada un pivot central, o heartland que se extendía desde Siberia hasta la actual Ucrania.

Gran Bretaña había combinando el control de los mares con ser la primera potencia industrial para imponer su hegemonía sobre el sistema global sin ser una potencia continental. El punto de Mackinder era que esto era posible si no surgía una potencia alternativa que lograra controlar la «isla (continental) del mundo».

Las tesis de Mackinder no eran del todo nuevas, pero sí ponían un marco racional y geopolítico (aunque no usara esa palabra) a lo que ya era un modus operandi del imperio británico. Un desafío continental al imperio británico vino de la Francia napoleónica y su intento de crear un ‘sistema continental’, intentando incluir a Rusia por la fuerza.

La confrontación franco-rusa fue un gran logro británico, cuyo apoyo a Rusia impidió el surgimiento de un potente rival euroasiático. Algo más de un siglo después, retornó la amenaza continental en el pacto Molotov-Ribbentrop entre Alemania y la Unión Soviética. Esto podría haber sido una seria amenaza continental a la alianza talasocrática británico-estadounidense. Pero no primó en Alemania, ni la geopolítica ni las lecciones del pasado. Nuevamente se quebró el frente continental y fue Rusia (ahora la Unión Soviética) quien nuevamente salvó a las potencias talasocráticas.

En la confrontación de la Guerra Fría, la URSS retomó el objetivo de construir una plataforma euroasiática a través de la cual lograr una proyección global. Tenía el control del heartland, pero esto no alcanzaba, por lo cual buscó la alianza con el nuevo estado comunista que se constituía a partir de 1949, la República Popular China. Sin embargo, esa alianza no logró una fuerza determinante dado que China estaba enormemente debilitada por décadas de guerras y pérdida territorial.

Si bien la Unión Soviética tenía un poder de alcance global, no lograba una posición de liderazgo en términos económicos y tecnológicos frente a EEUU y sus aliados. En otras palabras, había un débil frente continental. Por ello, a pesar de la fatal derrota en la guerra de Vietnam, EEUU logró un objetivo estratégico en términos de geopolítica global: el quiebre de la alianza Chino-Soviética en el año 1972. Nuevamente, la potencia talasocrátrica pudo respirar gracias al debilitamiento de la alternativa euroasiática que se desvanecía aún más con la debacle de la URSS.

Pero el sueño euroasiático es recuperado por el nuevo estado ruso, que bajo el liderazgo de Vladimir Vladimirovich Putin, lo institucionaliza en la creación de la Unión Euroasiática, una unión aduanera entre Bielorrusia, Kazajistán y Rusia. Naturalmente, el nombre no hace al contenido. Si bien Rusia se mantiene como potencia militar, está lejos de la anterior fuerza política, económica e incluso territorial de la URSS.

Es aquí que, entrado el siglo XXI, nos topamos con el resurgimiento de otra potencia euroasiática, la República Popular China, ya desconectada de la alianza con EEUU y con una agenda geopolítica propia. Esta tiene elementos que nunca lograron Rusia (ni siquiera en su etapa soviética) ni cualquier otra potencia continental euroasiática. Por un lado, tener una economía de alcance global con proyección a ser la primera economía del mundo. La presencia de China en América Latina es un buen ejemplo de esto, desafiando al espacio comercial estadounidense y occidental como nadie anteriormente. El otro elemento es estar en la avanzada en el área tecnológica, como lo es en el nuevo estándar de 5G en telecomunicaciones.

Esta renovada alianza China-Rusia es, sin duda, una pesadilla mackinderiana para la actual potencia talasocrática y sus aliados. El desafío ruso al orden de seguridad de Europa occidental que vemos ahora en el conflicto de Ucrania sería imposible sin esta alianza euroasiática. El comercio bilateral entre China y Rusia se ha duplicado entre 2013 y 2021, lo que para Rusia significa un aumento en la proporción de China en su comercio exterior de 10 a 20 por ciento.

Pero la ambición es mucho mayor, ya se ha anunciado una profunda estrategia de integración regional hacia lo que denominan la ‘Gran Asociación Euroasiática’. Esto significa un entrelazamiento de la Unión Euroasiática dirigida por Rusia con la ”Iniciativa de la Franja y la Ruta” promovida por China. Agreguemos a esto las conexiones que, al mismo tiempo de la crisis de Ucrania, se están estableciendo entre el espacio chino-ruso con Irán y la India, que jugará un papel clave en la composición del tablero geopolítico euroasiático y global.

Si este espacio continental se continúa consolidando, no solo significaría la alternativa de una potencia continental sin precedentes en el espacio euroasiático. También sería la primera vez que una potencia de este tipo tiene un verdadero peso global, tanto en lo militar como (aquí la novedad) en lo económico. Rusia determina un peso decisivo en lo primero, China en lo segundo.

Sin duda, el conflicto de Ucrania antagoniza a Rusia con Europa occidental y EEUU, pero desde el tablero global la unión euroasiática cobra fuerza. El efecto ya se ve, y lo hará aún más en América Latina que pasará a jugar un papel de mayor importancia por sus recursos naturales, por el poder de consumo de su población y por ser parte del heartland de EEUU.

El destino de Ucrania es una advertencia para los países débiles que anden solos por el mundo. Rusia no duda en intervenir y, más allá de mucha retórica, no hay tropas occidentales asistiendo a los ucranianos. Confrontar a las grandes potencias en conjunto debería ser un imperativo de seguridad para los países latinoamericanos.  

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El Estado Botín: del bloqueo de poderes al colapso estatal en el Perú

Jesús Tovar
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El Estado Botín: del bloqueo de poderes al colapso estatal en el Perú

Hoy, el Estado peruano es un botín, una presa maniatada por los poderes ejecutivo y legislativo, por los partidos políticos viejos y nuevos, de izquierda, centro y derecha, por los políticos de turno. Mientras tanto, la ciudadanía observa estupefacta, pasiva, inmóvil, sin saber que hacer o sin poder hacer nada. Los cargos públicos se rematan, ya no en la clandestinidad, sino a vista y paciencia de los medios de comunicación. Las políticas públicas yacen inertes y la delincuencia se apropia de las calles. ¿Cuánto puede durar un Estado en piloto automático y en proceso de asalto y rapiña interna?

Parecía que estábamos ante un bloqueo político de poderes que enfrentaban a una izquierda y derecha radicalizadas y atrincheradas en el gobierno y el congreso respectivamente. Dos poderes que se amenazaban con una disolución y una vacancia; que se habían acusado mutuamente de corrupción, fraude, golpismo, conspiración mafiosa.

La ciudadanía, que no atinaba a quién creer, al final sospecha que ambas partes tienen razón. Parecía, entonces, que se venía un desenlace inminente de choque de poderes, pero al final prevaleció un acuerdo cómplice: el contubernio y una paz viciada. En el interín, los beligerantes deciden sacar el mejor provecho de esta crisis política.

Podemos retrotraer esta situación caótica a los resultados de las elecciones presidenciales de año 2015, los cuales no fueron reconocidos por la candidata perdedora Keiko Fujimori, y que con una bancada parlamentaria mayoritaria pudo finalmente vacar al Presidente Pedro Pablo Kuczynski dos años más tarde, lo cual acentúo la crisis política que paradójicamente dura hasta el día de hoy.

Las siguientes elecciones presidenciales de abril del 2021 tampoco fueron reconocidas por la sempiterna perdedora Keiko Fujimori. El actual Presidente Pedro Castillo, un profesor rural, sin partido, ni programa, ni ideología, parecía tambalearse de su cargo desde el primer día de su mandato; no obstante, la política peruana da un giro sorpresivo: un acuerdo entre las alas radicales.

El fundamento de dicho entendimiento provino del cálculo, de que en caso alguno de los poderes públicos pudiera eliminar políticamente a su adversario, se corría el peligro inminente de unas nuevas elecciones generales, quedando fuera de juego todos. Bajo esa consideración implícita de perder sus empleos electoralmente adquiridos, el Congreso ya había aprobado previamente los dos primeros gabinetes del Presidente Castillo, no importando cuán radicales y confrontativos fuesen, aunque posteriormente no tardaron en caer por sus propios errores y escándalos.

A menos de medio año en el poder, el nuevo gobierno se encuentra inmovilizado ante graves problemas, como fue el derrame de petróleo en el mar peruano de la empresa REPSOL, sin atinar a sancionar a los infractores o a emprender una acción urgente de limpieza y descontaminación. Es en este contexto, que el 3 de marzo se presentará el nuevo primer ministro, Aníbal Torres, a solicitar la confianza al Congreso, el cual no tendrá una conducta diferente las anteriores aprobaciones, y continuará un status quo de parálisis y corrupción abierta.

Del enfrentamiento a la negociación

Los rivales políticos desde el Congreso como desde el Ejecutivo se dieron cuenta que se necesitan unos a otros, no para emprender un proyecto nacional o para hacer algún tipo de reforma para salir de la crisis; sino porque no pueden perder la inversión que hicieron en la campaña electoral del 2021. Por lo demás, un presidente débil e incompetente es una magnífica oportunidad para que los poderes fácticos puedan recuperar el poder económico y legal que perdieron en los últimos años, ya sea en el sector educación, en el transporte, en la construcción, y en las diversas licitaciones que el Estado convoca permanentemente.

El mero interés privado de los protagonistas de este entuerto prevaleció sobre sus aparentes diferencias ideológicas. Se volvieron socios de “bolsillo”, y validaron una nueva forma de régimen político: el Estado Botín.

No obstante, un Estado no puede permanecer inmóvil, inactivo, paralizado indefinidamente. Sus tareas de preservar la vida de sus ciudadanos devienen en un peligro inminente para la vida de la propia gente. Un retroceso del proceso en curso de vacunación provocará nuevas víctimas mortales, como ocurrió durante un año y medio de pandemia, donde Perú fue el país con más muertes promedio por COVID en todo el mundo, frente a un Estado disminuido por 30 años de neoliberalismo y por errores garrafales de un presidente en turno, altamente incompetente.

Los errores de la política cuestan vidas, afectan la salud de las personas, ocasionan desastres humanitarios, como bien lo señala Michel Foucault con el concepto de “biopolítica” que hace referencia a la regulación de la población por parte del Estado. Por tanto, un pacto pro-impunidad no puede sostenerse en el tiempo. Algo tiene que pasar y pasará. El Estado no sólo son sus poderes públicos, sus partidos políticos; el Estado es, ante todo, sus ciudadanos, su sociedad civil.

¿Cuánto puede durar un Estado Botín?

Un Estado Botín no puede durar mucho tiempo, apenas es un respiro (o un ahogo), un accidente de corta vigencia. El Estado reaccionará frente al enviciamiento de sus actores más dañinos. Un Estado tiene mecanismos propios de defensa: su sistema jurídico, su masa crítica (intelectuales, artistas, estudiantes, académicos, periodistas), y finalmente su base social.

En un contexto donde están en peligro las condiciones del bienestar de la población y de la vida misma, el Estado se revuelve en sus entrañas y revirará contra su cúpula gubernativa. Será la sociedad misma quien empuje hacia una transición institucional, mediante los mecanismos eleccionarios que restablecerán un mínimo aseguramiento de la convivencia pacífica y de la salud de su gente.

Finalmente, el paradójico pacto implícito de la ultraizquierda (Perú Libre) y la ultraderecha (Fuerza Popular y Renovación Popular) en el Perú, que hace menos de un año se enfrentaban como enemigos mortales en las elecciones presidenciales del 2021, y que hace menos de un mes se amenazaban mutuamente con la vacancia y la disolución, no resistirá la menor prueba de lealtad. Este es un arreglo de conveniencias inmediatas, que caerá apenas alguno de estos actores políticos vea un incentivo que le permita deshacerse del otro.

Mientras tanto, esta precaria alianza deja a la deriva al Estado peruano; pero frente a esta inercia no hemos de descartar la acción colectiva de masivas protestas ciudadanas, que también estuvieron presentes en los años recientes, y que impidieron el desmantelamiento del poder judicial el 2019, y la instauración de un presidente ilegítimo, como fue el caso de Manuel Merino en el 2020, en plena pandemia.

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El 2022 definirá el futuro político de Paraguay

Esteban Caballero
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El 2022 definirá el futuro político de Paraguay

Paraguay celebrará elecciones generales en poco más de un año por lo que en este 2022 los partidos tendrán que definir su oferta electoral. En este marco, si bien en la región se están dando cambios de timón significativos en Chile, Honduras y Costa Rica, es probable que el Paraguay opte por la continuidad ya que el oficialista Partido Colorado, el partido tradicional predominante, pareciera estar en camino a mantener las riendas del poder.

Un indicador de su vitalidad como fuerza política fueron las elecciones municipales de octubre de 2021, en las que el Partido Colorado ganó en 161 de los 254 distritos municipales, incluyendo la Capital, dejando 61 municipios en manos del otro partido tradicional, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y otros 32 en manos de alianzas, movimientos y partidos más pequeños.

Este desempeño electoral puede volver a repetirse si el Partido Colorado es capaz de navegar sus internas con la sagacidad que demostró en 2021. La definición de los candidatos para las elecciones de 2023 está ya en pleno vuelo. Por un lado, el movimiento interno Honor Colorado, liderado por el ex presidente, Horacio Cartes, está lanzando una dupla compuesta por Santiago Peña, excandidato a presidente en 2018 y ex ministro de Hacienda de su gobierno como candidato a presidente, acompañado por Pedro Aliana, actual presidente de la Cámara de Diputados como vice.

Por el otro lado, el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ha lanzado su candidatura a la presidencia, apoyado por el “oficialismo” que lidera el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero sumando otros liderazgos que se van aglutinando en torno el nuevo movimiento Fuerza Republicana.

Se prevé que las elecciones internas del Partido Colorado sean en la primera mitad de diciembre de 2022 y que superadas las diferencias el partido vaya en bloque a hacer campaña por sus candidatos. De hecho, y de manera muy pragmática, los colorados usan la expresión “operación cicatriz” para esos menesteres. Del éxito de dicho operativo post internas dependerá en gran parte el continuismo o la alternancia.

Los esfuerzos por aliarse y concertar

El panorama fuera del oficialismo ya no es tan claro ya que es mucho más plural y fragmentado. La primera fuerza opositora sería el PLRA, pero también hay una serie de pequeñas fuerzas de izquierda, algunas aglutinadas bajo el liderazgo del expresidente Fernando Lugo del Frente Guazú. Aparte, ha surgido una nueva derecha—Partido Patria Querida—que va creciendo y un grupo de “otros”.

Más allá del predominio del Partido Colorado, las cosas se están moviendo en el campo político paraguayo como lo demuestra la multiplicidad de actores que presentaron candidaturas en las pasadas elecciones municipales. 28 partidos, 134 movimientos políticos, 121 alianzas y 256 concertaciones electorales presentaron candidatos para intendentes y miembros de junta municipales. Obviamente, uno de los grandes desafíos para el campo no colorado, es articular una voz que recoja muchas de esas inquietudes y que a la vez pueda también explotar las diferencias a la interna del Partido Colorado.

Contra este deseo de articulación político  conspira un elemento muy concreto del sistema electoral paraguayo y es que la elección de presidente y gobernadores departamentales se define en una sola vuelta con mayoría relativa. Ese aspecto fuerza a los actores a decidir si crear alianzas antes de que haya una medición de fuerzas clara, como sucede en el sistema de dos vueltas.

Este  desafío legal no es desdeñable, tanto por las dificultades que entraña armar coaliciones, como por un  hecho más de fondo, que es  que el Partido Colorado, salvo  una breve interrupción en el periodo 2008 a 2013, ha ejercido el control del Gobierno desde 1947. Es un partido fuertemente empotrado en el aparato estatal que ha manejado los hilos del poder, inclusive en asoción con los militares en el período de la dictadura del Gral. Stroessner (1954 – 1989), pero también compitiendo en pujas electorales desde 1989.

Por lo tanto, el Partido Colorado, no solamente está fuertemente arraigado en el Estado, sino también a las estructuras clientelares de transportistas, contratistas y proveedores, entre otros sectores.  Ante este contexto, las fuerzas opositoras deben tener en cuenta el sesgo inherente  que favorece Partido Colorado en la competencia electoral, por su control del aparato

El PLRA y el tercer espacio

El desafío actual en el seno de la oposición es debatir los términos de  una alianza o concertación. Para muchos ese es el mejor camino, pero surgen inquietudes respecto a, por un lado,  el acercamiento programático de las partes y, por el otro,  una mayor apertura a debatir el candidato de la alianza o concertación.  Ante ello, el PLRA se está viendo con dificultades para  definir el aspecto programático y no demuestra mayor disposición  a aceptar un candidato que  no provenga de sus propias filas.

El plazo para presentar alianzas o concertaciones cierra en junio de 2022, de manera que las discusiones actuales no pueden continuar sine die. Si las negociaciones entre el PLRA y las demás fuerzas fueran infructuosas podrían surgir otras alternativas que le dejaran fuera de la jugada.

Por un lado, una candidatura de izquierda como el de la senadora Esperanza Martínez del Frente Guazú y por otro lado, una candidatura más de centro, con un discurso “ciudadano” como el de Soledad Núñez, ex ministra del gobierno de Cartes pero que se declara independiente y busca una base programática amplia podría posicionarse de cara a la eclección.

El éxito de cualquiera de estas otras opciones es dudoso, pero siempre pueden prender en el imaginario colectivo y constituirse en una alternativa que afecte más al PLRA que al Partido Colorado.

Otra posibilidad más distante es una concertación del llamado “tercer espacio” que se construya como una alternativa a los partidos tradicionales. Esta debería forjarse en un marco programático en el que la izquierda y el centro se encuentren y que se beneficie de una migración de votos colorados, liberales e independientes, sobre todo de los jóvenes considerando que de un estimado de 4.6 millones de electores, 1.4 millones tienen entre 18 y 29 años.

Ante tantas piezas en movimiento es difícil hacer predicciones, pero de momento el Partido Colorado parece ser el mejor posicionado de cara a la carrera electoral.

Venezuela: el país que no sembró el petróleo

Andrés Cañizález
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Venezuela: el país que no sembró el petróleo

Al cerrarse un largo ciclo de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien ocupó el poder en Venezuela entre 1908 y 1935 (cuando falleció), un joven intelectual venezolano acuñó la idea-frase de que el país debía “sembrar el petróleo”. Aquello devino en una suerte de mantra que se ponía de relieve, cada tanto, cuando Venezuela llegó a ser una potencia petrolera y se debatía sobre la necesidad de invertir aquellos cuantiosos ingresos en otros ámbitos de la vida económica, en aras de garantizar un desarrollo nacional no dependiente del crudo.

Fue Arturo Uslar Pietri, uno de las figuras intelectuales más relevantes de la Venezuela del siglo XX, quien en 1936 escribió por primera vez sobre la siembra del petróleo. Este país sudamericano, en este 2022, es la cruda imagen de una nación que podríamos catalogar de post-petrolera sin que efectivamente se haya producido un salto industrial o agrícola.

A fines de 2021, el más amplio estudio sobre la pobreza que se realiza en el país, el cual adelanta por varios años la Universidad Católica Andrés Bello, arrojó que la pobreza se ubicó en 94,5% y la pobreza extrema alcanzó 76,6%. Son imágenes de un país devastado, sin que haya ocurrido un conflicto bélico o un desastre natural de gran escala.

Como en toda crisis, hay múltiples variables que intervinieron para que Venezuela llegase a este punto. Dada la histórica dependencia del petróleo que tuvo la economía venezolana, sin duda un aspecto central en esta crisis generalizada tiene su explicación en la debacle de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El discurso oficial del gobierno de Nicolás Maduro insiste en achacarle a las sanciones de Estados Unidos la situación catastrófica que vive la industria petrolera local.

Hay, sin embargo, una serie de decisiones que antecedieron la llegada de Maduro al poder, de hecho, que tuvieron lugar mientras gobernaba Hugo Chávez y que a mi modo de ver explican el desastre actual. El actual mandatario tuvo la responsabilidad de no revertir lo que decidió en su momento el chavismo con Chávez en el poder.

En 2003, luego de superar un paro de la industria petrolera que habían atizado líderes opositores, Chávez en un solo acto administrativo despidió a 18.000 trabajadores de PDVSA, desde altos gerentes, empleados administrativos e ingenieros petroleros, hasta obreros calificados. La razón fue que todos ellos, según la tesis esgrimida por el gobierno de entonces, estuvieron involucrados “en actividades de sabotaje y traición a la patria”.

En 2007, el entonces todopoderoso presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, llamó a una purga ideológica dentro de la industria, pidiendo que se delatara a los traidores que sabotearon las operaciones. Aquello se selló con la frase “PDVSA es roja, rojita”, haciendo referencia al color emblemático del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Un año después, Chávez y Ramírez anunciaron con bombos y platillos que PDVSA se dedicaría a importar y distribuir alimentos, en el marco de lo que el gobierno llamaó “la guerra económica”. La ola masiva de expropiaciones de tierras y fábricas, junto a un control cambiario que llegaba ya a un lustro, colocaron en situación crítica a la históricamente débil producción nacional.

Todo aquello ocurrió mucho antes de las sanciones. En términos de capital humano, la empresa se descapitalizó de forma abrupta, en términos de clima laboral se impusieron las delaciones y además se dedicaron recursos y esfuerzos a un área completamente ajena, como lo era el tema alimenticio. Allí están algunas claves para entender la cruel paradoja que hoy embarga a los venezolanos.

Parados sobre un territorio que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, por encima de 300 mil millones de barriles, y una de las mayores reservas de gas natural, unos 200 mil millones de pies cúbicos, los venezolanos padecen recurrentes fallas en la distribución de gasolina y una crónica ausencia de gas doméstico. Hasta seis meses se puede tardar en ciertos municipios para hacerse de una bombona de gas para cocinar, según el observatorio ciudadano “La gente propone”.

En enero de 2022 se cumplieron tres años del establecimiento de sanciones de Estados Unidos contra PDVSA, y después de año y medio del peor momento de producción de crudo, el chavismo ha logrado retomar los niveles previos a las restricciones de Washington gracias a la sinergia con Irán junto a las exportaciones a China.

En enero, en una entrevista que concedió al periodista Ignacio Ramonet y que transmitió la televisión gubernamental de Venezuela, Maduro aseveró que se llegó –de nuevo, tras el impacto de las sanciones de EEUU- a un millón de barriles de petróleo por día.

La cifra, que apenas representa un tercio de la producción que tenía Venezuela antes de que el chavismo llegara al poder en 1999 representa, sin embargo, una victoria económica y simbólica para el régimen de Maduro. Lo peor parece haber pasado para el gobernante venezolano, al menos en materia de presión internacional y aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos.

Francisco Monaldi, director del programa de energía de América Latina de Rice University, en Houston, si bien pone en duda de que se haya alcanzado la cifra de un millón de barriles por día por parte de PDVSA, reconoce que en 2021 el chavismo logró revertir el impacto negativo que tuvieron las sanciones.

Atrás ha quedado junio de 2020, el peor momento para la producción y exportación de petróleo en Venezuela, cuando se agudizó el cerco comercial que impuso en enero de 2019 la administración de Donald Trump. Hace año y medio el entonces presidente estadounidense logró -tras presiones directas- que la rusa Rosneft dejase de transportar y comercializar crudo y derivados venezolanos.

Según las cifras de PDVSA, en junio de 2020 la producción apenas fue de 392 mil barriles por día. Una cifra que colocó a Venezuela en sus niveles de producción de ocho décadas atrás.

La caída abrupta de 2020 no fue por una disminución del potencial o capacidad de producción, sino por la incapacidad de vender el crudo a los precios (que habían bajado) y evadir las sanciones. La suba se debe a que subió significativamente el precio y PDVSA fue capaz, con la ayuda de Irán, de crear una estructura de evasión de sanciones sustituyendo a Rosneft. Además, Irán empezó a suplir los diluyentes que antes traían los rusos, ha explicado Monaldi.

Los altos precios, y una política no declarada de flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos, han permitido al chavismo comercializar con un poco más de comodidad su petróleo. “Casi todo el petróleo venezolano termina por los caminos oscuros en China, a descuento, y una porción menor va a Cuba”. En esencia, no hubo incremento del potencial de producción, al cierre de 2021, sino que se recuperó la producción que habían tenido que cerrar porque no podían vender”, sostiene Monaldi.

Rafael Quiroz, economista especializado en la materia y profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que en diciembre último se produjeron 800 mil barriles diarios, y no el millón que anunciara Maduro.

Asimismo, Irán ha tenido también un papel para lograr normalizar el suministro de gasolina, tras largos meses con escasez intermitente en diversas regiones, especialmente fuera de Caracas y las grandes ciudades del país.

Desde mediados de 2020 no hay ningún taladro de perforación operando, por tanto, no se han perforado nuevos pozos, coinciden en señalar los expertos, con lo cual será difícil elevar la producción por encima del millón de barriles diarios que sostiene el gobierno de Maduro.

A juicio de Quiroz, la recuperación de la industria petrolera venezolana requiere de inversiones por el orden de 40-50 mil millones de dólares, con inyección de recursos que sean sostenibles en el tiempo. Esto parece inviable, bajo el actual esquema económico y político en Venezuela.

Al concluir el año 2021, la firma Sustainalytics, que analiza globalmente al sector energético, ubicó a PDVSA como la empresa peor posicionada entre 253 productoras de petróleo por su falta de estrategia ambiental, social y de gobernanza.

Es un duro contraste al comparar con el pasado reciente. A fines de los 1990, antes de que Chávez llegara al poder en febrero de 1999, PDVSA se ubicó como la cuarta empresa petrolera más importante del mundo de acuerdo con el ranking del American Petroleum Institute.

Venezuela no sólo no pudo sembrar el petróleo, para diversificar su economía, sino que ni siquiera pudo sostener su condición de país petrolero.

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