La Unión Europea y las nuevas energías verdes

Magdalena Bas
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La Unión Europea y las nuevas energías verdes

Coautor Leonardo Stanley

El Pacto Verde Europeo establece objetivos ambiciosos para la lucha contra el cambio climático, tales como la reducción de las emisiones de CO₂ para alcanzar la neutralidad climática en 2050. En este contexto, el pasado febrero la Comisión de la Unión Europea alcanzó un acuerdo para incorporar al gas y a la energía nuclear a la taxonomía verde bajo ciertas condiciones. Se trata de una lista de actividades consideradas sostenibles y hacia las cuales la Unión Europea busca orientar las inversiones del sector privado, evitando, así, que las acciones corporativas queden en un mero greenwashing o maniobra de marketing verde con el fin de aumentar sus beneficios.

Aún el acuerdo alcanzado no está en vigor. Una vez que sea adoptado formalmente, el texto pasa a ser considerado por el Consejo y el Parlamento Europeo, que pueden oponerse por mayoría cualificada, reforzada en el primer caso (72% de los Estados que representen el 65% de la población) o por mayoría simple en el segundo. Si no hay oposición, la entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023.

El entramado normativo de la Unión Europea es complejo, pero en lo que respecta a lo  político y social, la discusión no está exenta de polémica. Con las emisiones de metano en niveles récords, como indica el periodista especializado en energía, Jeff Tollefson, en Nature, su incorporación como energía verde genera gran rechazo.

Al rechazo ambiental que genera el uso del gas, se suma lo geopolítico, la invasión de Rusia en Ucrania no hace más que avivar el interés de la Unión Europea de acelerar la transición hacia energías más limpias. En efecto, el 1 de marzo el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hizo referencia ―en su discurso ante el Parlamento Europeo sobre la agresión de Rusia a Ucrania― a la dependencia del suministro de gas ruso.

La dependencia europea del gas ruso ha ido en aumento en los últimos veinte años, aunque desde las instituciones comunitarias se pregonara la necesidad de reducirla. Pero “a partir de ahora, pongamos nuestras acciones en concordancia con nuestros dichos”, afirmó Borrell. La decisión que finalmente se adopte puede terminar influyendo sobre la suerte de los proyectos gasíferos que hoy en día se discuten en Latinoamérica.

Por otro lado, la energía nuclear también está en debate. Suenan las alarmas tanto por los residuos tóxicos como por los antecedentes en otras partes del mundo. El accidente en la planta de Fukushima en 2011 es un ejemplo ilustrativo de los riesgos que entraña. De hecho, la política de “apagón nuclear” en Alemania tomó como base lo ocurrido en Fukushima y determinó que la última planta nuclear funcionará hasta el 31 de diciembre de este año.

Esta decisión produjo reacciones en el ámbito corporativo. Empresas como la sueca Vattenfall iniciaron arbitrajes inversor-Estado, así como procesos ante cortes nacionales. En marzo de 2021, Alemania acordó una indemnización por 2.438 millones de euros para terminar con los litigios.

Aun cuando los proyectos nucleares resultan acotados, en algunos países se discute avanzar con la construcción de nuevas centrales. Tal es el caso de Argentina que, asociada a China, ha decidido empezar la construcción de una cuarta central nuclear (Atucha III). Aun cuando el proyecto despertó el rechazo de vastos sectores, este sigue su curso. En definitiva, la decisión que finalmente adopte la UE en esta materia parece intrascendente ―por varios motivos― para la región. Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos, accidentes o atentados: el ataque ruso a las instalaciones de Zaporiyia reinstalará con fuerza el debate sobre el desarrollo nuclear.

El lado B

El debate por las inconsistencias de la nueva taxonomía verde enmascara su lado B: la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía de 1994, del cual son parte tanto la Unión Europea como la mayoría de sus miembros. Las negociaciones están en marcha y la polémica también se encuentra sobre la mesa. El mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, contenido en el tratado original, ha constituido la base legal para 135 demandas de inversores extranjeros. Según los datos del Policy Investment Hub de la Unctad, el Tratado sobre la Carta de la Energía es el acuerdo internacional con base en el  cual hubo el mayor número de demandas a escala mundial. Incluso, las demandas registradas comprenden a inversores de nacionalidad de un miembro de la Unión Europea contra otro Estado miembro.

Lucha contra el cambio climático

En tiempos de lucha contra el cambio climático, el camino no debería estar marcado por la inclusión de la energía nuclear y el gas en la taxonomía verde ni por los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado del Tratado sobre la Carta de la Energía. De lo contrario, el Estado termina cuestionándose si modifica una decisión, aunque esta agrave la crisis climática, situación que está arrastrando a la humanidad a su extinción.

La inclusión del gas y la energía nuclear no viene a minimizar riesgos, sino que agrava la incertidumbre que afrontan nuestras sociedades de cara al momento de la transición.

Leonardo Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad-Cedes (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press, 2020.

La industria privada de la desinformación en América Latina

Gustavo A. Rivero
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La industria privada de la desinformación en América Latina

Juan Orlando Hernández empleó en su reelección en 2017 cuentas falsas para manipular a la opinión pública hondureña. Esto fue descubierto cuando el expresidente —arrestado por cargos vinculados al narcotráfico luego de abandonar el poder— llevaba un año de su segundo período. Sophie Zhang, la experta en datos de Facebook que lo descubrió y que fue despedida por revelar el descuidado tratamiento que le dio la plataforma al incidente, identificó que miles de likes, shares y comentarios a favor del expresidente fueron realizadas por cuentas que pretendían ser de empresas, organizaciones y figuras públicas. Este es un ejemplo más de que las elecciones en la región están bajo amenaza, ya no tanto por la compra de votos o la corrupción, sino por la emergente industria privada de la desinformación.

Los principales clientes de estas nuevas empresas especializadas en manipular el ecosistema digital son los Gobiernos de turno, aspirantes y partidos políticos. De esta manera engañan a los votantes, moldeando el discurso público del país a su favor para posicionarse o mantenerse en el poder. Este fenómeno, se suma a las presuntas amenazas provenientes de regímenes con prácticas autocráticas como China, Rusia e Irán, que junto a hackers de Venezuela ejecutan operaciones para desestabilizar determinadas democracias de la región.

Pero con la emergencia de actores no estatales en la producción de desinformación, el panorama se torna significativamente más complejo, pues hallar culpables a los partidos políticos y gobiernos que contratan estas empresas está supeditado a la lealtad de acuerdo al pago por estos servicios. 

Este mercado de desinformación fue expuesto por el Instituto de Internet de Oxford en su informe Desinformación industrializada del 2021. Allí se insiste en que la manipulación de las redes sociales es una seria amenaza para las democracias contemporáneas. Uno de sus hallazgos más preocupantes es la creciente actividad de las tropas cibernéticas, que son producidas por empresas privadas que han sido contratadas por Gobiernos o partidos políticos con el objetivo de diseminar desinformación política a través de plataformas para afectar a sus opositores. 

¿Cibertropas en América Latina?

De los 81 países analizados en el informe, 12 son latinoamericanos —Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela— han sido víctima de las operaciones desinformativas por parte de las cibertropas en periodos electorales y/o en transiciones de poder. El espectro ideológico para distinguir a los contratantes es irrelevante, pues en el informe figuran políticos tanto de izquierda como de derecha que han tenido vínculos con este tipo de empresas con el propósito de hacerse con el poder.

Las tácticas usualmente empleadas por las empresas privadas para desinformar son el narrative laundering o blanqueamiento de narrativas y el uso de cibertropas. La primera modalidad consiste en desarrollar una narrativa desde el seno del Gobierno para lo cual se contrata una empresa de comunicación estratégica extranjera, la cual crea páginas web que simulan ser centros de pensamiento virtuales que se caracterizan por fabricar personas.

Estos perfiles falsos son supuestamente autores renombrados que hacen publicaciones con mensajes a favor del contratante con el objetivo de viralizarlas hasta que sean acogidas por los medios de comunicación para reproducirlas en las audiencias particulares. 

Esta táctica aún no ha sido completamente verificada en Latinoamérica, mientras que las cibertropas sí han sido empleadas por los políticos de la región. Usualmente estas empresas tienen en su nómina a hackers o programadores que ofrecen el manejo de una variedad de cuentas falsas para dispersar la desinformación. Entre ellas, las sock puppet accounts, trolls o cuentas de usuario títere. Este tipo de perfiles modifican su comportamiento en línea de acuerdo a los requerimientos del cliente, ya sea para elogiar, defender, atacar o apoyar a un político u organización, y con ello manipulan a la opinión pública. 

El hacker de las elecciones en América Latina

Según el infame hacker colombiano Andrés Sepúlveda, este trabajó junto al consultor político J.J. Rendón en las elecciones presidenciales de Nicaragua, Panamá, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, entre otros países, efectuando operaciones de desinformación a través de servidores contratados de manera anónima en Rusia y Ucrania y pagados por medio de bitcoins. Estas operaciones se caracterizaban por diseminar propaganda y rumores políticos, infiltrando las campañas de líderes opositores, especialmente de izquierda o progresistas con el objetivo de sepultarlos social y políticamente.

A la firma norteamericana CLS Strategies, Facebook le cerró 55 cuentas, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram centradas en Bolivia y Venezuela por injerir en su política interna de países con Gobiernos de izquierda. De acuerdo con el informe del Stanford Internet Observatory: Bolivarian Factions: Facebook Takes Down Inauthentic Assets (2020), las cuentas enfocadas en Bolivia apoyaban a la presidenta interina Jeanine Áñez y acusaban de fraude electoral a Evo Morales, pero sin contar con mayor evidencia. Respecto a Venezuela, esta empresa se centró en apoyar a los líderes de la oposición como Juan Guaidó, a quien hicieron viral manejando sus redes sociales desde Washington, particularmente cuando se declaró presidente legítimo de este país.  

Nuevas amenazas a la democracia

Este es un año de elecciones presidenciales y referéndums en la región. Países como Costa Rica, Colombia, México y Brasil, los cuales han sido afectados previamente por las campañas de desinformación que han hecho empresas privadas están de nuevo en el ojo del huracán debido a que cualquier actor político puede contratar estos servicios.

La diversificación y la sofisticación que se ha desarrollado para dispersar desinformación con los Deep fakes —imágenes y videos creados a partir de inteligencia artificial— y la automatización de bots cada vez más similares al comportamiento humano, socavan la legitimidad de las democracias contemporáneas. 

En este marco, si bien la sociedad civil trabaja en iniciativas como los fact-checking para mitigar las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, esto no es suficiente para limitar su efecto nocivo en el debate público y la democracia.

Cuba: 70 años sin democracia

Leandro Querido
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Cuba: 70 años sin democracia

Había una vez una Cuba democrática en donde los partidos políticos dirimían su competencia en elecciones libres, en donde las ciudadanas y ciudadanos elegían a sus representantes en un contexto de libertad. Este período duró poco, pero existió. Se extendió por algo más de una década. El problema es que el discurso único oficial ha sepultado su registro histórico y la transmisión oral, luego de siete décadas, se ha extinguido. Lo sorprendente es que ese período excepcional también produjo una Constitución en 1940 que expresaba en su primer artículo su impronta republicana al sostener que se trataba de “un Estado independiente y soberano, organizado como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”. 

El 10 de marzo se cumplen 70 años de la ruptura del orden democrático en Cuba. Esto no quiere decir que desde su independencia la Isla haya gozado de una democracia ininterrumpida. Por el contrario, ese único periodo democrático cubano fue muy breve, de 1940 a 1952. El historiador Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, se ha sumergido en esa etapa para dar cuenta de la dinámica de la competencia electoral.

En su libro “La democracia republicana en Cuba 1940-1952”, da cuenta del sistema de partidos de aquel entonces que contrasta con el régimen de partido único actual. Destaca, además, que los incentivos que presentaba el sistema político para el multipartidismo hizo que partidos radicales, como el Comunista, ingresaran en una lógica de competencia electoral, con lo cual se trató de un sistema político inclusivo. Lamentablemente esto arroja como saldo que Cuba ha vivido gran parte de su historia bajo regímenes autoritarios y esto marca una ausencia en materia de cultura democrática.

Tanto el discurso de Fidel Castro como el de la élite actual del Partido Comunista de Cuba han intentado desconocer que hubo grandes esfuerzos por promover reformas democratizadoras en Cuba, y que de hecho hubo un periodo en el que prevalecía una democracia plural que celebraba elecciones competitivas entre fuerzas políticas tan diversas como comunistas, socialistas, liberales, conservadores y reformistas.

Esto lo describe muy bien Loris Zanatta en su libro “Fidel Castro, el último Rey Católico”. Allí hay un joven Fidel Castro con un marcado discurso antipolítica, que con desprecio cuestionaba a la democracia cubana de aquel entonces a la que clasificaba como una “partidocracia”. Con la utilización discursiva permanente del término “politiquería” hacía una impugnación de la dimensión consensual y dialoguista de la política, lo que dio lugar a una coincidencia con el discurso que tuvo después Batista en el vestíbulo del golpe.

Este período democrático fue una originalidad incluso en la región. Solo recordemos que en República Dominicana gobernaba Rafael Trujillo, en Nicaragua Anastasio Somoza García y en El Salvador, en 1948, un golpe militar ponía fin al gobierno de otro militar. En cambio, en Cuba todo indicaba que se había dejado atrás su historia colonial y la tutela norteamericana cuando las fuerzas políticas locales celebraban una Asamblea Constituyente que brindaría el marco legal para la celebración de varias elecciones presidenciales y legislativas en las que habría alternabilidad en el poder, al menos hasta 1952.

De hecho, Fulgencio Batista, quien con el golpe de 1952 acabaría con el periodo democrático cubano, había sido electo en el marco de la Constitución en 1940. Luego le seguirían Ramón Grau San Martín (1944) y Carlos Prío Socarrás (1948). En las elecciones de este período la participación electoral iba en aumento, del 73 al 78 por ciento. 

La conocida como “Constitución de octubre” establecía que la elección presidencial era indirecta, a través del colegio electoral, y bastaba con una mayoría relativa (como la mayoría de los países de la región para esa época, no había segunda vuelta). Sin embargo, en 1943 a través de un nuevo Código Electoral se estableció la elección directa del presidente.

El periodo democrático concluiría el 10 de marzo de 1952, cuando Batista, en campaña para las presidenciales que se celebrarían ese año, al verse con muy pocas chances de llegar al poder de manera democrática, usó sus influencias militares para clausurar el orden constitucional.

El pueblo cubano no volvería a conocer un régimen democrático, dado que luego del golpe de Batista llegaría la experiencia totalitaria más longeva de la región, encarnada por Fidel Castro primero y luego por su hermano Raúl. Hoy es el Presidente Miguel Díaz-Canel el que heredó la responsabilidad de impedir que las y los cubanos puedan elegir libremente a sus representantes.

Para sorpresa de la opinión pública internacional y del propio régimen el 11 de julio del 2021 una multitud salió a la calle a exigir libertad y democracia. Su himno fue “Patria y Vida”. La represión fue inmediata, hoy las cárceles de Cuba están atiborradas de presos políticos, activistas como el artista Luis Manuel Otero Alcántara o políticos como Daniel Ferrer siguen detenidos. Se advierten procesos y condenas a menores de edad y persecución a periodistas, sobre todo mujeres como lo muestra el caso de Luz Escobar.

Quizá la juventud de Cuba se haya movilizado sin conocer ese interregno democrático, no obstante, su emergencia debe interpretarse como una línea de continuidad en la tradición democrática de Cuba, una tradición que busca ser desplegada pese a la impugnación compartida entre Batista y los Castro.

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El candidato sorpresa encabeza las encuestas en Costa Rica

Enrique Gomáriz Moraga
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El candidato sorpresa encabeza las encuestas en Costa Rica

Se evaporaron las dudas. Rodrigo Chaves podría convertirse en el próximo presidente, según todos los sondeos. Una vez publicados los resultados de las encuestas de intención de voto que en febrero hicieron la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), parecen despejarse las dudas sobre la marcha de las preferencias políticas con respecto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 3 de abril. Ambas muestran una cómoda ventaja de más de 10 puntos a favor de Rodrigo Chaves, del partido Progreso Social Democrático, con relación a José María Figueres, del partido Liberación Nacional. 

Estos resultados, que señalan una notable disminución de los indecisos que ahora son del 15%, confirman los de la primera encuesta que fue realizada por OPol para el diario La República y que otorgaba el 49% de la intención de voto a Chaves frente al 33% de Figueres, y que muy pocos analistas tomaron en serio. Ahora, esas cifras son de 43% y 30%, según la UNA, y de 46,5% y 36%, según la UCR. Ello ha creado sorpresa y alarma en muchos observadores que se preguntan por las causas de esta fuerte preferencia a favor de Chaves. 

Un dato importante es que la competencia se produce en un contexto en el que la opinión de los votantes indica altos índices de rechazo hacia los candidatos. De acuerdo con el sondeo de la UNA, a prácticamente la mitad de los consultados no le gusta ninguno de los dos candidatos, pero aún así, la mayoría afirma que acudirá a emitir el voto. 

Las causas del rechazo difieren según los candidatos. Partiendo del sondeo de la UCR, a Figueres le reprochan la supuesta corrupción por el caso ICE-Alcatel durante su presidencia y su ausencia del país para eludir el cargo. Un 47% de los encuestados afirma que ese antecedente influye “mucho” en su orientación del voto. Por su parte, Chaves es cuestionado por una denuncia de acoso sexual que enfrentó cuando trabajaba en el Banco Mundial. Ese asunto, sin embargo, influye “mucho” en un 38% de los encuestados y no influye en absoluto en un 40%. 

Es decir, pesa apreciablemente más el cuestionamiento por corrupción de Figueres que la acusación de acoso sexual sobre Chaves. Ello guarda relación con la imagen negativa de Figueres que ronda el 49% en comparación con una imagen negativa del 27% para Chaves.

Por otro lado, los observadores coinciden acerca de que la inclinación favorable hacia Chaves guarda relación con la acentuada molestia de la gente de a pie contra el orden social y político del país. Incluso, hay quienes retratan al candidato como un mesías salvador al estilo de Donald Trump. Una deducción apresurada que merece contrastarse.

Es cierto que en Estados Unidos también se produjo una rebelión de la gente común frente a las élites, algo que puede apreciarse en la Costa Rica de hoy. Sin embargo, Rodrigo Chaves presenta un programa y una ideología política muy diferente, planteada formalmente desde la “socialdemocracia moderna”, según se recoge en su plataforma. 

Por otra parte, se cuestiona la forma asertiva del candidato y su planteamiento de saltarse las trabas institucionales para acometer las medidas necesarias, pero eso es precisamente lo que le solicitan sus votantes: alguien que sea capaz de superar la trabazón institucional en que se apoya el denostado statu quo. En este cuadro cobra relevancia el hecho de que el partido de Chaves cuenta con solo 9 diputados de un total de 47, algo que deja entrever una virtual contradicción entre su fuerte iniciativa presidencial y la necesidad que tendrá de negociar en el futuro en caso de ganar. 

El temor en círculos políticos y culturales al respecto podría minimizarse si se superara el otro factor que favorece al candidato Chaves que es la aguda división de las fuerzas políticas más relevantes. Puede ser que parte de la sociedad se decida a escogerlo por su rechazo a las élites, pero la alta intención del voto a su favor también procede del deslizamiento hacia su cauce electoral del voto que tuvieron los otros partidos en la primera vuelta. Hay una alta proporción de votantes socialcristianos y del oficialista Partido Acción Ciudadana que declaran que votarán por Chaves, además de votantes procedentes de varias fuerzas del centro emergentes como el Partido Liberal Progresista que consiguió 6 diputados en la pasada elección.

Todo indica que de momento puede más el rechazo al expresidente Figueres que el temor del presumible comportamiento hiperpresidencial de Rodrigo Chaves, a pesar de que buena parte de las élites culturales y políticas, de forma un tanto paradójica, tienden a caricaturizarlo. Habrá que ver si la rebelión contra las élites y la división política basada en viejos rencores se mantienen hasta el final de esta peculiar campaña electoral.

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Igualdad de género hoy para un futuro sostenible

Oficina Regional de ONU Mujeres para las Americas y el Caribe
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Igualdad de género hoy para un futuro sostenible

El 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, es un hito que permite poner al centro del debate público los avances alcanzados por las mujeres y el movimiento feminista, pero sobre todo los desafíos pendientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. En este marco, la pandemia ha profundizado las brechas de género existentes en América Latina y el Caribe e iniciamos 2022 haciendo frente a graves desigualdades.

La pandemia redujo la participación de las mujeres de la región en el mercado laboral. En 2021, según datos de la OIT, más de 13 millones de mujeres vieron desaparecer sus empleos a causa de la pandemia en América Latina y el Caribe. La contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral representa un retroceso de 18 años en los avances logrados por las mujeres según los datos de CEPAL de 2021.

La pobreza y la pobreza extrema están a niveles de hace más de dos décadas. Según datos de CEPAL de 2021, al cierre de 2020, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontraban en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. Ese año, el promedio regional de mujeres sin ingresos propios alcanzó el 28 %, mientras que para los hombres fue del 10,4%. Esto significa que casi un tercio de las mujeres de la región depende de otros para su subsistencia, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres.  

Entre los hogares más pobres, los monomarentales están sobrerrepresentados y suelen ser mujeres que fueron madres adolescentes, con un acceso limitado a la educación y la formación, y en general con empleos precarios y en la informalidad. Mientras que las mujeres rurales viven situaciones de extrema precariedad laboral y aislamiento. Según la OIT, en el año 2019 el 85,7% de los trabajadores ocupados en el sector agrícola eran informales, mientras en el sector no agrícola la tasa de informalidad fue de 65,8%. En el caso de las mujeres, la proporción de informalidad es mayor a la de los hombres, destacándose que en el sector agrícola la tasa ha alcanzado el 91,6%.  

Las mujeres siguen enfrentando horas de carga de cuidados en los hogares en condiciones muy difíciles. En la región, las mujeres todavía dedican más del triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Estas diferencias son incluso mayores para las mujeres de menores ingresos, quienes dedican en promedio 46 horas semanales al trabajo no remunerado.  

También se han intensificado las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo en el hogar. El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres siguen ocurriendo en la calle, en los espacios públicos y en las redes sociales. De acuerdo con la CEPAL, un promedio de al menos 12 mujeres muere diariamente en la región por el mero hecho de ser mujeres y en promedio una de cada tres ha padecido violencia física y/o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida.  

Por ello, el mejor predictor del nivel de fragilidad de un país no es la riqueza, el tipo de gobierno o la religión que practica la mayoría de sus habitantes, sino sus índices de igualdad de género. 

Recuperación post COVID 19

En este marco, una recuperación exitosa implica también asegurar la participación de las mujeres en todas las etapas de las respuestas. No solo por un compromiso con una representación justa, sino por la contundente evidencia de que cuando las mujeres participan en espacios de toma de decisión los beneficios para la población en su totalidad son múltiples. 

La recuperación también debe tener en cuenta los estrechos lazos entre el género, la seguridad y el cambio climático. Las consecuencias del cambio climático pueden generar motores de inseguridad para las mujeres, incluyendo una mayor exposición a la violencia de género, un aumento de la inseguridad alimentaria, así como barreras para el acceso a recursos y un mayor riesgo de desplazamientos forzados. Es por esto que se hace necesario que las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático contemplen la plena participación de las mujeres y una perspectiva de construcción de paz y de género. 

Para reconstruir nuestras sociedades, es fundamental avanzar las autonomías económica, física y política de las mujeres, fortaleciendo su rol en la economía, el desarrollo y la transformación social, fortaleciendo el rol protagónico de las organizaciones de mujeres en las comunidades, y en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de ruta a la que se han comprometido los gobiernos y toda la comunidad internacional. A nivel global, uno de los retos más urgentes que enfrentamos sigue siendo el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, lo cual nos obliga a buscar soluciones tomando en cuenta el poder transformador de las mujeres en toda su diversidad.   

Por ello, es necesario que cada vez más mujeres y organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe participen de forma sistemática en las políticas públicas productivas, de desarrollo sostenible y de respuesta al cambio climático. 

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Hermanamientos China-América Latina ¿Qué son y hacia dónde van?

Andres Raggio
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Hermanamientos China-América Latina ¿Qué son y hacia dónde van?

Los hermanamientos entre localidades chinas y latinoamericanas toman cada vez mayor relevancia en un contexto de gran incertidumbre del sistema internacional, ya que este nivel de gobierno ha desarrollado un espacio de intercambio multidimensional. Estos acuerdos, que implican el emparejamiento entre pueblos o ciudades de distintas zonas geográficas y políticas para fomentar el contacto humano y los enlaces culturales, se han convertido en un espacio donde los tomadores de decisión, tanto de los gobiernos centrales como locales, pueden desarrollar sus relaciones internacionales con China, pero también generar insumos para fortalecer sus propias políticas hacia el exterior.

Los hermanamientos entre China y América Latina

Las relaciones de hermandad entre los países de América Latina y China pasan por dos niveles: el multilateral y el bilateral. El primer nivel se refiere a la política exterior China y su acción, lo cual ha sido destacado en los dos Libros Blancos sobre América Latina. Además, también se actúa en el marco del Foro de Cooperación entre Gobiernos Locales China-América Latina (Foro China-CELAC), el cual está “destinado a promover la cooperación amistosa entre los gobiernos locales de ambas partes”.

Es allí donde el tema de los hermanamientos se proyecta como parte de la política exterior china, aunque esto no limita el propio recorrido entre localidades. Como afirma el experto Ignacio Niño, este es un “proceso que tiene una doble naturaleza: por un lado, son las propias ciudades las que se lanzan a una creciente acción internacional. Y por otro lado, la misma viene también animada por las instancias centrales”.

El segundo nivel trata el relacionamiento local propiamente dicho, la firma del hermanamiento y el desarrollo de las relaciones bajo ciertas áreas temáticas pactadas previamente. En el caso de América Latina, estas suelen estar centradas en temas culturales, de educación, de deporte, turismo y comercio, pero también se destaca un creciente interés por la cooperación en ciencia y tecnología, así como en lo relativo a la minería.

El crecimiento del número de hermanamientos entre localidades chinas y latinoamericanas es notorio y no escapa a la lógica internacional de China con otras regiones. Sin embargo, el aumento ha sido significativo en los últimos años. Hasta 2015 existían al menos 147 hermanamientos, pasando en 2021 a más 200, sin contar los que han firmado Carta de Intención y se encuentran en proceso.

Algunos casos han mostrado aumentos muy significativos, como Argentina (de 17 a más de 40), Chile (de 13 a más de 30) o Uruguay (de 4 a más de 15). En los tres casos de los países del Cono Sur, la amplia mayoría de sus provincias, regiones o departamentos cuentan con hermanamientos firmados. De hecho, todos los países sudamericanos con relaciones diplomáticas con China cuentan con al menos un hermanamiento, mientras que en América Central y el Caribe destacan México y Cuba, y en menor medida Costa Rica, Jamaica, Panamá, Grenada y República Dominicana.

Los orígenes de los hermanamientos chinos

Las relaciones entre localidades de China y el exterior cuentan con su primer caso en 1973 cuando Tianjin se hermanó con la ciudad japonesa de Kobe. Se considera que esta política ha pasado a ser parte de la política exterior china en general, teniendo como cimientos la coexistencia pacífica y siendo un eslabón más para un actor internacional cada vez más presente en el sistema internacional

Las relaciones de hermandad de las localidades costeras de China están notoriamente más desarrolladas que las del oeste, siendo esa “internacionalización” la que permite a dichas localidades generar un efecto “spillover” o círculo virtuoso, y con ello reproducir las desigualdades, cuestión ya alertada por el gobierno chino. Este aspecto, en gran parte tiene que ver con el nivel de desarrollo de las provincias costeras y su propia diplomacia de ciudades.

Sin embargo, casi todas las provincias y regiones autónomas chinas cuentan con algún hermanamiento con países de la región. Esto potencia la relación de América Latina a nivel regional en el marco del Foro China-CELAC, convirtiéndolo en un espacio de diálogo ya no solo con China, sino entre los propios países de la región, que además de encontrar puntos en común a nivel regional, también pueden tener intereses en común a nivel subregional.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

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Por un orden internacional de pueblos libres: Ayudemos a Ucrania

Carlos Domínguez Avila
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Por un orden internacional de pueblos libres: Ayudemos a Ucrania

El ataque no provocado del gobierno ruso a Ucrania es una amenaza a la comunidad internacional. Más allá de las diferencias teórico-metodológicas en el estudio de las Relaciones Internacionales o de las preferencias político-ideológicas, no cabe duda de que se trata de un uso injustificado de la fuerza militar, de una agresiva tentativa de reconfiguración de un área de influencia hegemónica y de la imposición de un “nuevo Tordesillas” global que beneficia a unos pocos. Se trata de una renovación de la antigua política del “gran garrote”, una manifestación de imperialismo ilegitima que, ciertamente, no ha sido una práctica exclusiva del Estado ruso, pero con la que no se puede transigir.

Desde la perspectiva del derecho internacional, el ataque a Ucrania viola casi todos los principios, valores y fundamentos sobre los que se asientan las relaciones entre Estados soberanos. Ello incluye una tentativa de relativización de criterios esenciales de las Relaciones Internacionales tales como la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, el respeto por la soberanía, independencia e integridad territorial, la resolución pacífica de las controversias, la abstención del uso de la fuerza, la autodeterminación de los pueblos, la credibilidad de los tratados y la igualdad jurídica.

Para los países latinoamericanos, que durante mucho tiempo fueron objeto de abusos imperialistas estadounidenses y europeos, mantener y reivindicar tales criterios es absolutamente crucial, inestimable e incuestionable. He aquí un desafío claro y directo contra el esfuerzo orientado a construir un orden internacional de pueblos libres. Reconocer y apoyar al pueblo de Ucrania en su lucha para defenderse de una agresión externa y en un momento decisivo de su historia sería, desde una perspectiva latinoamericana, lo correcto, justo y necesario.

Por el lado de los estudios en seguridad internacional y cuestiones estratégicas contemporáneas es evidente que en el cálculo estratégico de Moscú aparecen consideraciones que van más allá de lo estrictamente bilateral con su vecino. Otros actores estatales y no estatales inciden en este conflicto como los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), las relaciones euroasiáticas con China, y hasta tópicos etnopolíticos y civilizacionales. Nada de ello autorizaría, sin embargo, implementar en pleno siglo XXI una agresión imperialista, expansionista y militarista como la observada.

Desdeñar este ataque contra el pueblo y gobierno ucraniano incentivará conductas igualmente agresivas de otras grandes potencias regionales o mundiales. Por tanto, teniendo en consideración la experiencia latinoamericana, en la que no faltaron abusivas intervenciones imperialistas de carácter semejantes, bien como las correspondientes reacciones antiimperialistas, se entiende que una postura progresista y republicana debería implementarse contra las ambiciones geopolíticas del gobierno del presidente Vladimir Putin, los oligarcas rusos y colaboradores –como el gobierno de Bielorusia.

Además, mientras que el gobierno ucraniano fue electo democráticamente, no se puede afirmar lo mismo de Rusia, que es considerada como un caso de autoritarismo competitivo. He aquí el riesgo de una erosión democrática y de autocratización derivada directamente del asunto en cuestión.

América Latina tiene una larga tradición de lucha antiimperialista, contrahegemónica y de cooperación Sur-Sur. Por lo tanto, denunciar la agresión contra Ucrania no significa, en modo alguno, ser subordinado o complaciente con potencias occidentales como Estados Unidos que también han tenido pretensiones igualmente abusivas. En el fondo, se trata de ser coherente, mantener una política de principio antiimperialista y seguir la senda abierta por los Libertadores del siglo XIX.

Después de una semana de operaciones militares contra Ucrania que han sido condenadas por casi todos los actores de la comunidad internacional, especialmente en el sistema de Naciones Unidas, la salida más constructiva seria la negociación directa y de buena fe entre las partes. El gobierno de Moscú debería tomar nota de que su agresión no será reconocida ni aceptada pasivamente, incluso dentro de la propia Rusia. Una negociación sin precondiciones, con agenda abierta y en pie de igualdad ayudaría a resolver sus divergencias con el gobierno de Kiev y reduciría las crecientes tensiones globales.

Una eventual victoria político-militar rusa en Ucrania implicaría, entre muchas otras cosas, retroceder a la era de la política de la barbarie, de las cañoneras o de las “guerras bananeras”. Sería un error y una tragedia para la inserción internacional de seguridad de los países menores y medianos.

Asimismo, otras potencias regionales envalentonadas por el precedente del ataque ruso a Ucrania podrían sentirse legitimadas a invadir otros países por discordar de sus preferencias, prioridades y conductas. Por tanto, la amenaza del uso de la fuerza en la política y seguridad internacional no puede ser tolerada pasiva, ingenua o cándidamente, sea en el este de Europa, en América Latina u otras regiones del planeta.

La agresión contra Ucrania merece una profunda y detallada reflexión, principalmente de las fuerzas progresistas latinoamericanas. El pueblo de aquel país necesita y reivindica nuestro apoyo, solidaridad y fraternidad. Como afirmaron algunos filósofos: “Donde hay agresor y víctima, la neutralidad beneficia siempre al agresor”.

Los gobiernos del planeta, la emergente sociedad civil transnacional y el mundo académico deben alzar su voz. Llegados a este punto, solamente así se podrá avanzar en la constitución de un orden mundial de pueblos libres.

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El frente amplio de Lula

Hamilton Garcia de Lima
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El frente amplio de Lula

Los esfuerzos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por volver al poder continúan a toda marcha, como se dice en la jerga náutica. Lo que no se sabe es si esa navegación lo llevará a buen puerto o si se lo tragarán las tormentas en el camino. Lo cierto es que, aunque llegue al destino deseado, el desembarco de la tripulación presenta grandes retos.

Hasta ahora, el Partido de los Trabajadores (PT) nunca ha sido un partido de frentes amplios, aunque se constituyó como un frente para superar el viejo comunismo brasileño, representado por el Partido Comunista Brasileño (PCB). En este camino, iniciado en 1979, sindicalistas, teólogos de la liberación, comunistas disidentes y ecologistas se agruparon en torno a un discurso radical para derrocar la dictadura militar, cuya superación se dio por el voto en una transición negociada, liderada por el MDB, que el PT tildaba de “burguesa”.

Gobiernos sin compromisos programáticos

Desde entonces, el PT apostó por el “cuanto peor, mejor”, hasta la campaña electoral de 2002, cuando un cambio de discurso le permitió ganar la presidencia, pero sin asumir compromisos programáticos con aliados serios en el Parlamento. Prefiriendo navegar por los estragos de los intereses mal constituidos de la política brasileña, el gobierno de Lula desembocó en el Mensalão y el Petrolão.

La ampliación de la alianza con partidos como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Progresista (PP) no fue capaz de desviar al PT de la compra de bancadas conservadoras para remediar su minoría legislativa. Por el contario, ello le dio fuerza para profundizar en esta práctica.

¿Cuáles serían las razones para que apostáramos a la actual adhesión del lulopetismo a un frente amplio? Una respuesta proviene del sociólogo Luiz Werneck Vianna, intelectual destacado de la izquierda democrática brasileña. Para este sociólogo, “una nueva oportunidad” se abre “ante la situación excepcional que vive el país”, refiriéndose al desastre económico-social de la pandemia y a la forma en que el gobierno de Jair Bolsonaro intentó aprovechar la situación para imponer un régimen discrecional.

En este contexto, para Werneck Vianna, la alianza Lula-Alckmin para integrar la dupla presidencial sería “la fórmula brasileña de la geringonça portuguesa”, uniendo “las experiencias de la socialdemocracia entre nosotros”. De esta manera, se formaría un frente político capaz de enfrentar a la extrema derecha, ahora aliada con los partidos del llamado “centrão”, un verdadero bloque “de control social y político de la masa de rezagados de la modernización brasileña” que se proyecta a partir de “los intereses emergentes del agronegocio y de las élites encargadas de las finanzas”.

El problema de esta propuesta es que tales privilegios no solo no fueron enfrentados abiertamente por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en sus ocho años de gobierno, sino que fueron reforzados durante los trece años de gobiernos del PT. La Operación Lava Jato lo confirmó al sacar a la luz tales prácticas en procesos sancionados por la Justicia brasileña. Su anulación corresponde a una serie de casuismos jurídicos, lejos de verdaderas garantías constitucionales.

No se puede descartar, obviamente, que las penurias vividas por nuestra socialdemocracia, incluida la revuelta de 2013, hayan enseñado algo a sus dirigentes. Sin embargo, las circunstancias y el método de construcción de este supuesto frente amplio alrededor de Lula, que Werneck Vianna supone capaz de “rescatar las mejores promesas que hemos cultivado a lo largo de nuestra trayectoria”, no son nada prometedores.

En primer lugar, este frente común está marcado por el interés electoral inmediato de Lula en resolver la elección en la primera vuelta, lo que le liberaría de mayores compromisos programáticos en la segunda vuelta. En segundo lugar, porque gira en torno al liderazgo carismático del expresidente, que se convertiría en el principal árbitro de la “geringonça” en formación.

Otra respuesta, en la misma dirección, proviene de los (pocos) firmantes del manifiesto Movimento Pelo Brasil, articulado por una rama disidente de la Rede Sustentabilidade (partido de la excandidata presidencial Marina Silva). Caracterizando las próximas elecciones como un “plebiscito”, este grupo afirma que “no hay duda de que la historia está haciendo que Lula represente la alternativa que Brasil debe abrazar”, debido a los “éxitos de sus gobiernos y la voluntad de construir un amplio frente programático”.

Esa percepción se basa no solo en el olvido de los errores de los dos gobiernos de Lula y del gobierno y medio de Dilma Rousseff —cuya paternidad es innegable—, sino también en una confianza ingenua en una disposición que carece de una base efectiva en prácticas institucionales de acuerdos y diálogo.

La única articulación programática promovida por el PT se está produciendo con respecto a la formación de una federación con el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Verde (PV), basada fundamentalmente en la mera matemática del número de municipios gobernados por cada partido. Esto demuestra el fracaso de la izquierda para remontar el vuelo sobre el pantano en que se ha convertido el sistema partidario-parlamentario brasileño.

Las rupturas necesarias pero improbables

Sin embargo, no todos se dejan llevar por este canto de sirena. El editorial de un importante medio de prensa sostuvo recientemente que “la irresponsabilidad demagógica” que ha prevalecido durante lo últimos 20 años en el país, “con la excepción del (…) gobierno de Michel Temer”, ha significado el “retroceso y la destrucción del futuro” que culminó en el bolsonarismo y el “lulopetismo renovado”. La promesa de este último de “reconstrucción y transformación de Brasil” no se sustenta ante la persistencia en negar la necesidad de reformas que postergó durante todos los años en que estuvo en el poder.

Aunque podemos discrepar de los grandes medios de prensa sobre la naturaleza de las reformas que necesita el país, concordamos en que “Lula no está dispuesto a promover cambios legislativos estructurales, políticamente difíciles, y que requieren ir en contra de intereses organizados”.

Para desilusión de quienes siguen apostando por una ruptura democrática con el orden neopatrimonial-financiero que extorsiona el presente y roba el futuro de Brasil, lo más probable es que Lula y el PT sigan inclinados a restaurar el equilibrio (insostenible) de la Nueva República, cuyo cadáver se resiste a ser enterrado.

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La reacción de los líderes latinoamericanos frente a la invasión rusa

Xavier Rodríguez-Franco
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La reacción de los líderes latinoamericanos frente a la invasión rusa

Las tensiones en la frontera oriental de Ucrania desembocaron el pasado 24 de febrero en la invasión masiva por parte de Rusia, la más reciente de las 28 incursiones militares que ha hecho fuera de sus fronteras desde 1991. Durante las primeras 48 horas de las hostilidades, las reacciones de los Gobiernos del mundo no se hicieron esperar, sobre todo a través de las redes sociales. Los Gobiernos latinoamericanos, en su mayoría, rechazaron categóricamente el empleo de la fuerza en la resolución del conflicto, sin embargo, como era de esperarse, los autoritarismos de la región cerraron filas en apoyo a Rusia.

Las voces latinoamericanas en el Consejo de Seguridad

Dentro de la posición diplomática predominante de condena a la invasión se destacan principalmente México y Brasil. Estos son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y desde las primeras horas del mismo jueves 24 han venido sesionando de emergencia con el fin de generar una resolución que permita, ante todo, el cese al fuego. De momento, no se ha conseguido, ya que Rusia ha ejercido el derecho de veto a pesar de ser el único voto en contra de la resolución.

En estas deliberaciones, tanto la vocería del representante de Brasil, Ronaldo Costa Filho, como la embajadora mexicana, Alicia Buenrostro, sintonizaron ―a pesar de las diferencias ideológicas de ambos Gobiernos― en el rechazo a lo que llamaron una “flagrante violación al derecho internacional”. Ambos destacaron la importancia del retorno a las negociaciones, al cumplimiento de los acuerdos de Minsk, y advirtieron del costo humano que esta incursión armada causará. Incluso la diplomática mexicana cuestionó de forma directa al representante ruso Vasili Alekséyevich Nebenzia por haber asegurado varias veces que Rusia no invadiría Ucrania.

Además de estos pronunciamientos, los Gobiernos como el de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú han coordinado esfuerzos desde el viernes 25 de febrero para colaborar en la labor logística de evacuación de sus nacionales en Ucrania o en las naciones de Europa del este.

En América Latina, mientras tanto, se han dejado entrever los movimientos de las potencias enfrentadas. El mismo día que comenzó el bombardeo aéreo, el flamante ministro de Defensa de Honduras, José Zelaya, recibió en Tegucigalpa a la comandante general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien ofreció ayuda militar al nuevo Gobierno. Por su parte, el presidente del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, se reunía en La Habana con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Unas imágenes anecdóticas pero que pareciera dejar claras las tendencias y alianzas que tienen los Gobiernos de la región frente a los acontecimientos internacionales.

Voces discordantes

La reacción diplomática inmediata ha sido mayoritariamente de rechazo al uso de la fuerza por parte del Gobierno ruso. Sin embargo, en el caso del presidente boliviano Luis Arce, este hizo un pálido llamado a la paz sin mayores calificativos sobre el conflicto, mientras que el mediático presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha cuestionado la credibilidad de Estados Unidos antes de la ofensiva rusa, aún no se ha pronunciado.

Como era de esperarse, Cuba, Nicaragua y Venezuela “cerraron filas” apoyando abiertamente las acciones militares de Rusia siguiendo en sus comunicados oficiales la línea argumental de que este país busca liberar a Ucrania del fascismo y defender a las minorías prorrusas de un presunto “genocidio” en curso conducido por el Gobierno ucraniano. De esta manera, estos Gobiernos, de inocultable deriva dictatorial, acercan posiciones con uno de los pocos aliados internacionales que aún mantienen.

Estas visiones están alineadas con la narrativa propagandista auspiciados por el Kremlin. Incluso, algunas cuentas oficiales de redes sociales de estos Gobiernos propagan abiertamente las versiones de medios rusos como RT, Hispan TV o Sputnik —vetados por la Unión Europea y Facebook—, así como de otros medios de comunicación alineados ideológicamente con Rusia, tales como Telesur y Al Mayadeen.

Esta notoria discordancia revela un abierto distanciamiento con dos de los principios rectores del derecho internacional: el principio de autodeterminación y el rechazo al uso de la fuerza para la resolución de los conflictos. De esta manera, queda también en evidencia el distanciamiento de estas tiranías de izquierda radical con los nuevos Gobiernos de izquierda democrática de la región.

Estas declaraciones discordantes, sin embargo, son minoritarias y contrastan con los mensajes diplomáticos de la mayoría de los Gobiernos de la región en rechazo al uso injustificado de la fuerza y la búsqueda de una resolución pacífica a un conflicto que sigue dejando víctimas a su paso.

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¿Hacia un capitalismo autoritario en Venezuela?

Benedicte Bull
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¿Hacia un capitalismo autoritario en Venezuela?

En los medios de comunicación internacionales, el gobierno venezolano sigue siendo mencionado a menudo con el prefijo «socialista». Dentro del país, un proceso de desregulación desordenada está abriendo más espacios al mercado, pero también está creando nuevas y aparentes desigualdades. ¿Hacia qué tipo de sistema económico se dirige Venezuela? Ante la escasez de datos públicos, comenzamos a realizar encuestas en tres ámbitos de la economía, con la esperanza de aportar algunas piezas al rompecabezas que supone el funcionamiento real de la economía venezolana actual. Lo que encontramos fue más un capitalismo depredador y autoritario que un socialismo.

El ascenso global del capitalismo autoritario

Es evidente que el capitalismo no es el mismo sistema en todo el mundo. Aunque siempre implica una actividad lucrativa por parte de actores privados, el capitalismo está regulado de diferentes maneras y con diferentes fines. La mayoría de los países reservan algunos espacios, como la sanidad, la educación y el cuidado de los niños, para que se rijan por otros principios que no sean el lucro, y ven algún tipo de participación del Estado en la economía. 

Los acontecimientos recientes han dejado muy claro que no existe una asociación automática entre capitalismo y democracia. Por el contrario, hemos visto el auge de sistemas capitalistas en países autoritarios de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a China. Otra dimensión que distingue a los distintos sistemas capitalistas es la solidez de las instituciones. En los Estados con instituciones débiles, es difícil hacer compatible una economía con ánimo de lucro con objetivos sociales como proporcionar un cierto nivel de bienestar para todos.

Sin embargo, las instituciones débiles pueden coexistir con gobiernos autoritarios que tratarán de dirigir la economía de forma que se refuerce su control político y se compense la debilidad de las instituciones. Este es el caso de los países nominalmente socialistas que pueden emplear formas de reformas de mercado a instancias de los dirigentes políticos para su beneficio y el de sus aliados cercanos.

Con un equipo coordinado por Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) y supervisado por Antulio Rosales, de la Universidad de New Brunswick, y por mí mismo, hemos realizado tres encuestas que han tratado de aportar información sobre diferentes aspectos de la nueva economía. ¿Cómo se relaciona con el proceso ad hoc de desregulación de la economía? ¿Cómo sobrevive la gente en lo que se ha convertido en una economía de alto coste pero en la que los salarios siguen siendo «de hambre»?

La minería ilegal

La primera parte de la investigación fue una encuesta a los trabajadores de la minería ilegal en el estado de Bolívar. Como una forma de enfrentar los menguados ingresos de la producción petrolera, en 2016 el gobierno de Maduro estableció la zona especial de desarrollo Arco Minero del Orinoco (AMO) con el objetivo de formalizar alianzas y atraer nuevas inversiones en el estado Bolívar.

Con ello, el Estado aumentó su presencia en la zona. Sin embargo, continuaron las prácticas informales de control territorial existentes por parte de los grupos armados y aumentó la producción y venta ilegal de oro.  En nuestra encuesta entre los trabajadores de la zona, descubrimos que soportaban jornadas laborales de 12 horas y más. La mayor parte de las veces se les pagaba en gramos de oro. No existían formas de protección social y respondían a una combinación de bandas locales, guerrillas, mafias y la Guardia Nacional.

Todos estos actores se dedican a la extorsión, cobrando a los trabajadores «vacunas» (dinero de protección), en una depredadora sin ley. Las extorsiones se suman al extremo coste de la vida en la zona, con precios de 4 a 5 veces superiores a los de las zonas centrales del país, debido a una serie de trabas al mercado.

La nueva cara de la desigualdad: los bodegones

La realidad de las zonas de minería ilegal contrasta fuertemente con la de los nuevos comercios de importación, los llamados bodegones. Como forma de enfrentar la escasez generalizada de bienes y la inflación asociada, se flexibilizó la prohibición del cambio privado de dólares.

En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el gobierno, derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios. Esto significó el fin de los controles de divisas y la bendición gubernamental de la dolarización informal. Esto, y varias exenciones temporales de los aranceles y las regulaciones de importación, permitieron las importaciones de bienes a gran escala, incluyendo los llamados servicios «puerta a puerta» – la importación directa de bienes por parte de personas privadas sin ningún tipo de aranceles, o regulaciones sanitarias.

Este es el telón de fondo de la aparición de los llamados bodegones, que empezaron con pequeñas tiendas que vendían productos importados en unos pocos lugares de lujo de la capital. Con el tiempo, estos evolucionaron hasta convertirse en un fenómeno nacional e incluyeron enormes supermercados en zonas urbanas de todo el país que vendían tanto alimentos normales como un amplio surtido de artículos de lujo.

A finales de 2020, realizamos 81 entrevistas a responsables de bodegones y 103 clientes en 73 bodegones, de los 613 que se calcula que existían en ese momento. Se encontraban en barrios de lujo de los estados Aragua, Miranda, Mérida, Barinas y Zulia, además del Distrito Capital. La mayoría de los establecimientos (81%) se establecieron después de la dolarización, y 47% tenían menos de dos años de antigüedad.

La mayoría de los propietarios no tenía experiencia previa en el comercio minorista, lo que indica que este es un negocio que puede contribuir a establecer una nueva clase de empresarios. Los bodegones son claramente una de las expresiones de la creciente importancia del dólar. Comprobamos que, aunque el 66% de las compras se realizaban en la moneda nacional, se trataba de compras menores, equivalentes a 1 o 2 dólares.  Los importes elevados se pagaban en dólares.

Curiosamente, la mayoría de los trabajadores de los bodegones (56%) reciben sus salarios en bolívares, y sólo el 12% en dólares o euros. Los sueldos, si bien son significativamente más altos que el salario mínimo y el que se paga en el sector público, también son bajos: el 73% gana menos de 60$ al mes, y el 33% gana entre 20$ y 40$. 

Los precios de los bodegones van desde lo relativamente razonable, hasta lo extremo. Sin embargo, los precios generales son elevados a pesar de que los bodegones no pagan impuestos ni aranceles, debido en parte a la sobrevaloración de la moneda. Como noruega, me resultó casi cómico encontrar salmón noruego en su envoltorio original con texto en noruego a un precio unas cuatro veces superior al que habría tenido que pagar en mi caro país de origen.

Una comida familiar de salmón costaría el equivalente al salario medio mensual de uno de los trabajadores del mismo bodegón donde se vendía. Así, en muchos aspectos, los bodegones son la cara de las nuevas desigualdades. Son propiedad de un grupo de nuevos empresarios que se ganan la vida vendiendo productos de lujo en un mercado no regulado a clientes de alto nivel a precios totalmente prohibitivos para la mayoría de la gente.

La supervivencia en el sector público

El tercer aspecto que hemos estudiado son las estrategias de supervivencia de los trabajadores del sector público. Nuestro equipo realizó 207 entrevistas a empleados públicos de 68 instituciones diferentes en 8 estados, sobre una serie de cuestiones, como los salarios, las estrategias de supervivencia y la politización del lugar de trabajo. En cuanto a los salarios, el 47% ganaba menos de 6 dólares al mes; el 83% ganaba menos de 15 dólares al mes. La mayoría recibía además un salario en especie en forma de alimentos, pero en el 47% de los casos, éste valía menos de 1$ al mes.

Llevar el controvertido «carné de la patria» controlado por el gobierno significaba para muchos una bonificación adicional. Sin embargo, en dos tercios de los casos suponía menos de 10$ al mes, y para la mayoría mucho menos.

Casi todos complementaban su salario de una forma u otra. De los encuestados, el 68% tenía puestos adicionales o su propio negocio.  Más del 70% permaneció en el puesto de trabajo esencialmente como medio de mantener cierta estabilidad o de acceder a contactos políticos, a la espera de tiempos mejores. Cuando se les preguntó por la formación en el puesto de trabajo, sólo el 34% de los informantes respondió haber recibido alguna, y de ellos la mayoría sólo había recibido formación ideológica (en el 85% de los casos). 

La imagen que se desprende de nuestra encuesta, ciertamente limitada, es la de una forma de capitalismo bastante fragmentada en la que algunos espacios están abiertos a la competencia privada, pero en la que la regulación está politizada y las oportunidades para la mayoría de las personas son escasas.

Los espacios para la producción y el intercambio capitalista se han ampliado aún más a medida que la ley antibloqueo adoptada en 2020 ha abierto a la privatización a gran escala de las empresas públicas, beneficiando sobre todo a los aliados del gobierno. Recientemente, el país ha dejado atrás el tercer período más largo de hiperinflación jamás registrado, y ha visto un ligero aumento en la producción de petróleo y se ha registrado un crecimiento económico mientras la dolarización continúa.

Todo esto mientras el gobierno de Maduro se ha fortalecido en el poder, y la democracia sigue maltratada, con el país celebrando elecciones en su mayoría injustas y escasamente competitivas que no disputan el poder del ejecutivo.

Nuestras encuestas abren una serie de interrogantes adicionales sobre hacia qué modelo económico se mueve Venezuela. ¿De dónde sacan los dólares los clientes de los bodegones? ¿Quiénes son las nuevas élites que controlan los negocios emergentes? ¿Cuán profundas son realmente las desigualdades en la economía?

Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre estas grandes preguntas. Con la recién adoptada Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que agrega un impuesto a transacciones en divisas o criptomoneda, puede producir nuevos cambios. Pero lo que está cierto es que el sistema actual tiene más rasgos de un capitalismo autoritario que del socialismo democrático que los chavistas aspiraban a instaurar en un principio.

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