Datos abiertos para la transformación de América Latina

Bruno Nathansohn
-
0
Datos abiertos para la transformación de América Latina

En los últimos tres años, se ha producido un enfriamiento de las inversiones en Ciencia, Innovación y Tecnología (TIC) en América Latina, asociado a la expansión de las discusiones y acciones en defensa de una producción científica, tecnológica y de innovación abierta. Esto significa que hay un fuerte movimiento para romper con el esquema de la producción de conocimiento actual, basado en la capitalización y monopolización del conocimiento por parte de los grandes grupos editoriales de carácter corporativo, que tienen su sede en los países desarrollados.

La idea de los datos científicos abiertos en relación con las TIC nació en la preparación del Año Internacional de la Geofísica, patrocinado por la Asamblea General de la ONU, entre 1957 y 1958. En 2004, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) formalizó una declaración según la cual todos los datos de archivo producidos con fondos públicos deben estar disponibles de forma gratuita.

Datos abiertos aplicados a la inclusión social

Según la definición de la Fundación del Conocimiento Abierto, «es abierto si cualquiera es libre de acceder a él, utilizarlo, modificarlo y compartirlo, sujeto, como máximo, a medidas que preserven la procedencia y la apertura». Sin embargo, la investigadora Anne Clinio señala el conflicto de perspectivas sobre esta cuestión en la región.

Según ella, «[hay] al menos dos perspectivas en disputa: la primera fomenta una visión utilitaria de la ciencia en términos de mayor eficiencia, productividad y competitividad; la segunda se centra en cuestiones como la garantía de los derechos, la justicia cognitiva y la justicia social».

La valorización de los datos abiertos puede ser un importante punto de inflexión para dinamizar la situación socioeconómica en América Latina, es decir, actuar de manera efectiva para satisfacer los derechos de inclusión social. Aunque es un tema en disputa teórica y práctica, la producción de conocimiento a través de los datos abiertos se presenta en un contexto que reúne bajo grado de participación política y bajos niveles de inversión empresarial en Investigación y Desarrollo, presenciado por una ola neoliberal que insiste en debilitar los ya debilitados sistemas sociales y económicos.

Por lo tanto, la calidad de los productos, servicios y procesos sólo mejorará cuando la sociedad obtenga un aumento de su nivel de vida, se cumplan las condiciones materiales de existencia y se resuelvan las cuestiones sociales básicas. No sirve de nada pensar en las aplicaciones tecnológicas emergentes sin transformar antes las mentalidades y las formas de actuar en la sociedad.

A pesar de los avances en la región, considerando el desarrollo de repositorios de datos científicos, la colaboración latinoamericana en datos abiertos aún depende de una gobernanza estructurada regionalmente, ya que necesita un marco normativo para la gestión de los datos de investigación. Ejemplos de repositorios que podrían integrarse en un futuro próximo son: el IBICT, el RNP y el acuerdo CNPq, en Brasil; el Portal de Datos de la UAM, en México; los repositorios Dataverse; y Re3data.

Los factores inherentes a las acciones, que apuntan a la transformación social, deben involucrar métodos, técnicas y herramientas orientadas a la evaluación de las condiciones sociales y económicas, y tener la capacidad de producir datos científicamente calificados y abiertos, públicamente accesibles para su reutilización con el propósito de mejorar el conocimiento producido.

Pero esto debe hacerse de forma simétrica, valorando el acceso a los bienes comunes, con protección contra las prácticas desiguales de la ciencia moderna tradicional. Además, esto permitiría la inclusión de conocimientos basados en el saber tradicional, rompiendo las barreras impuestas por la hegemonía de las TICs de carácter eurocéntrico.

Esto permitiría perfilar otras perspectivas en un entorno participativo, con una mayor interacción entre los representantes de la comunidad y los responsables de la toma de decisiones, en el que el investigador actúa como facilitador y descodificador de la producción y los resultados de la investigación.

Las experiencias de datos abiertos son fundamentales para que otros investigadores o responsables puedan reutilizarlos, resignificarlos y reorientarlos, ya que la transformación de las dinámicas sociales es constante y las acciones para entenderlas deben estar en sintonía con la realidad.

Ejemplos de todo el mundo

Se pueden encontrar ejemplos prácticos de herramientas de datos abiertos en los distintos repositorios institucionales de todo el mundo. La Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC), en el marco del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, demuestra lo decisivo que es para la investigación, la innovación y la educación invertir con el objetivo de intercambiar conocimientos sin barreras de costes.

En América Latina, el informe d el Foro Abierto de Ciencias – CILAC, en 2018, Transformando nuestra región: Ciencias, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible, da fe de la importancia de los datos científicos abiertos para la transformación social de la región y abre la posibilidad de crecimiento de esta modalidad de intercambio de conocimiento.

Un buen ejemplo de articulación continental, que parece funcionar eficazmente incluso en momentos de aguda crisis política, es el ámbito de la investigación en salud pública (Unasur-Salud, OPS, etc.). El intercambio de información técnica y científica interinstitucional puede inspirar prácticas más sólidas y continuas de fomento de la TIC como políticas de Estado y no sólo a través de iniciativas gubernamentales.

Los debates avanzados sobre Datos Abiertos son también una muestra de que el continente tiene un papel destacado y pionero en las propuestas defendidas por la Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta, en 2018, y en las acciones en defensa del acceso democrático al conocimiento científico.

Hay prioridades incuestionables en cuanto a la implementación de políticas de las TIC y esto está ligado a las inicuas y contradictorias condiciones materiales de existencia de la población latinoamericana, siendo primordial resolver sus cuestiones sociales básicas. Así, la transformación pasa necesariamente por rediseñar nuevas estrategias de desarrollo que tengan a la investigación, la educación y la innovación como elementos fundamentales para el disfrute de una ciudadanía plena, justa, inclusiva y diversa.

Los legados de la pandemia a la agenda sostenible

Fabián Echegaray
-
0
Los legados de la pandemia a la agenda sostenible

A horas de completarse los dos años del inicio de la pandemia, se multiplican los balances sobre el legado del COVID-19. Emulando el adagio de que “con cada recesión, el planeta respira”, en medio del confinamiento surgieron señales de ecosistemas en recuperación, calidad del agua y aire más puros, y una redefinición de prioridades humanas hacia los afectos, la sociabilidad, y lejos del estatus y el consumo. Aquellos signos de bienestar ecológico, fruto de las cuarentenas gubernamentales, recolocaron al Estado y las políticas públicas en el centro de la escena como agentes de cambio y por encima de las restricciones voluntarias de los individuos.

Al igual que en crisis anteriores y en línea con los esfuerzos de concertación global que propulsaron las Metas del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el protocolo de Kioto, las conferencias climáticas COP y el nuevo acuerdo de París, se redobló la apuesta por ordenar el mundo de manera sustentable a partir de la planificación anticipada y controlada de resultados deseables (sustentabilidad por diseño).

Sin embargo, las propuestas de shocks verdes, políticas ecorresponsables etiquetadas de build back better y transiciones climáticamente justas quedaron en el tintero cediendo espacio a la alternativa menos deseada: la radical desorganización de nuestras vidas, fruto de la crisis económica y sociopsicológica que acompañó los confinamientos (sustentabilidad por desastre). Y si en los países con Gobiernos fuertes que cuentan con más recursos la conducción central del Estado quedó en el discurso, qué decir de las sociedades latinoamericanas.

Aquí los trastornos de la vida cotidiana derivados del COVID-19 aparejaron cambios súbitos e inesperados en la forma de consumos y demás prácticas sociales. La eventual herencia prosostenibilidad es más fácil de reconocer como consecuencia del desastre sobrellevado por las personas que del diseño o la planificación gubernamental.

Las seis fuentes de cambios

De acuerdo con el estudio Consecuencias sustentables del COVID-19, realizado por la consultora Market Analysis, en Brasil —resultado probablemente extrapolable a las demás sociedades latinoamericanas— se pueden distinguir una serie de fuentes de cambios que apuntan a una menor huella climático-ambiental. Estos cambios implican transformaciones traumáticas en los estilos de vida, lo cual revela la predominancia de un efecto sustentable por desastre.

La primera transformación fue una reducción fenomenal en los gastos de consumo por el fuerte deterioro de las condiciones financieras y el persistente desempleo, pero también como consecuencia de un despertar hacia la frugalidad, la planificación de los gastos y la idea de ahorrar. Según el estudio, 53 % de los brasileños vieron empeorar sus gastos en 2021 respecto del primer año de pandemia, que ya había sido un año pésimo. Algo parecido ocurrió con la capacidad de generar ingresos, que en 2021 empeoró para el 49%. Por el contrario, mejoró la capacidad de evitar compras superfluas o no planificadas.

En segundo lugar, hubo una redefinición del entretenimiento y esparcimiento crecientemente desconectada de experiencias comercializables o viajes convencionales. Casi la mitad de los brasileños cortaron sus planes de viajes y vacaciones, especialmente los vuelos internacionales, e inclusive hubo poco entusiasmo con escapes por vía terrestre hacia áreas cercanas al lugar de residencia. Al mismo tiempo, el consumo de alcohol y bebidas tan asociado al ocio se redujo.

Además, según los encuestados, hay un sentido generalizado de mejoría en las relaciones sociales y afectivas, que ganan centralidad y disparan una sensación de bienestar individual, a pesar del aumento de la soledad entre los entrevistados. Sin embargo, la sociabilidad y la contención afectiva se extrapolaron del espacio presencial al ámbito online.

En cuarto lugar, hay una acentuada percepción de utilidad individual para el bien colectivo mediante la participación en acciones voluntarias o solidarias. Casi un tercio de los brasileños se involucró en acciones filantrópicas, de voluntariado y cooperación no remunerada con pares o desconocidos, más fuertemente entre las mujeres, los más jóvenes y las clases media-altas. Hubo, así, una revalorización de prácticas solidarias que amplían la noción de ciudadanía, más allá de los formalismos electorales.

También hubo un boom en las preocupaciones y prácticas de mejoría de la salud tendientes a priorizar la inmunidad y hábitos más saludables en general. Según el sondeo, se disparó el uso de accesorios y aplicativos de autocuidado y control personal como los fitband, aplicativos de meditación y gimnasia, monitoreo del ritmo cardíaco, presión arterial, etc. Se disparó también la intención de practicar deportes o actividades físicas exclusivamente individuales, mientras que mejoraron las elecciones de comida. El doble de personas prevé comer menos proteína animal como carnes y lácteos, y se duplicó el número de los que buscan alimentos más orgánicos y naturales.

Por último, hubo una inmersión en ambientes y formatos fuertemente digitalizados para desempeñar las diferentes funciones y papeles de la vida diaria. La hibridación online/offline de la cotidianeidad, sus obligaciones y elecciones es un hecho. Por ejemplo, 36 % harán más home office y solo un 23% lo reducirán. Y en el plano de los estudios y la capacitación profesional, una mayoría se adhiere a formatos de educación a distancia.

El cambio como resultado de restricciones indeseadas

Las señales de progreso hacia la sostenibilidad que pueden identificarse en Brasil a dos años de haber empezado la pandemia son, por lo tanto, mucho más el resultado de restricciones impensadas e indeseadas que el fruto de un diseño erigido desde el Estado en favor de una transición hacia la responsabilidad climático-ambiental.

El ordenamiento resultante y sus dividendos ambientales y de sostenibilidad están lejos de obedecer a un plan a causa de la adaptación forzada al desastre o desajuste que recayó sobre nuestras vidas personales. Los progresos en la dirección de una menor huella ambiental no se derivan de acciones planificadas, sino de la recesión económica, el empobrecimiento súbito de amplias camadas de la población, las restricciones a las formas de trabajar, educarse, socializar y divertirse, y el forzoso confinamiento de las familias sin condiciones de albergar la multiplicidad de funciones de todos sus miembros.

¿Hasta qué punto todo ello alimentará estilos de vida substancial y permanentemente menos dañinos al medio ambiente? ¿Será que esta nueva realidad cambiará a la primera señal de mejora económica? Solo el tiempo lo dirá.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Colombia: de las calles a las urnas

Iván Garzón Vallejo
-
0
Colombia: de las calles a las urnas

Las elecciones legislativas del 13M ratificaron el giro paulatino de Colombia hacia la centro izquierda desde el Acuerdo de Paz de 2016. A cinco años y medio del final del proceso que reincorporó a la vida civil a la guerrilla más antigua de América Latina, el país celebra este año las primeras elecciones nacionales en las cuales la exguerrilla ya no es el tema dominante. De hecho, si hace 4 años su exiguo respaldo se cristalizó en 52.532 votos, esta vez, y a pesar del cambio de franquicia a Partido Comunes, descendieron a 31.116 en todo el país. No obstante, en La Habana se pactaron 5 curules en el Senado entre 2018 y 2026.  

Como consecuencia de que el problema de la violencia política se volvió secundario, aunque persiste en la forma de asesinatos sistemáticos a líderes sociales y excombatientes, el sistema político se ha visto tensionado por una conflictividad social cuya válvula de escape fueron las multitudinarias protestas callejeras de 2019, 2020 y 2021. Si bien estas no produjeron un estallido social como en Chile, están generado de rebote algunos cambios en la agenda electoral y en los liderazgos emergentes. Todo ello de manera gradual, dentro de la inveterada medianía colombiana.

Política tradicional y aires de renovación: la composición del próximo Congreso

El domingo 13, la partida entre la política tradicional y la renovación quedó en tablas. De un lado, los dos partidos políticos tradicionales demostraron que son muertos que gozan de buena salud, especialmente por la movilización regional de sus maquinarias. Y como es habitual, una parte de los futuros padres de la patria son alfiles de personas condenadas por la justicia o incluso ellos mismos han sido sancionados o están siendo investigados. 

De otro lado, como ocurre desde la Constitución de 1991, el tradicional bipartidismo liberal-conservador fue desafiado una vez más por un caótico multipartidismo: el sistema colombiano es un Frankenstein en el que 22 partidos y movimientos están reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. En este escenario, parece obvio decirlo, sobresalen las microempresas electorales y las ideologías brillan por su ausencia. 

En consecuencia, la composición del legislativo será bastante plural, lo cual le augura al próximo ejecutivo un dispendioso trabajo de negociación, en un régimen presidencialista en el que el órgano colegiado se ha caracterizado por escaso control político y por ejercer el papel de “notario” de las iniciativas del gobierno de turno. Además, la representación será fragmentaria: habrá 11 fuerzas políticas en el Senado y 30 en la Cámara de Representantes (entre partidos y coaliciones). 

La composición del congreso 2022-2026 también será plural por las tendencias ideológicas. Aunque en ambas cámaras los partidos Liberal y Conservador obtuvieron el mayor número de escaños –58 y 43 respectivamente–, el Pacto Histórico, movimiento liderado por Gustavo Petro, obtuvo 44 escaños, una votación histórica para la izquierda: 16 en el Senado, donde se convirtió en la fuerza más representativa a la par de los conservadores, y 28 en la Cámara, segundos después de los liberales. 

Sin embargo, aunque será un congreso más plural que el actual, solo hasta el 20 de julio se sabrá su signo ideológico. El Estatuto de la Oposición trae la curiosa exigencia de que los partidos deben decidir dentro del mes siguiente del inicio del nuevo gobierno si serán oficialistas, independientes o de oposición. Es probable que sea más afín a un eventual gobierno de derecha que a uno de izquierda o de centro. A fin de cuentas en Colombia, se dice, hay más conservadurismo que partido conservador.

De azul a rosado: el lento viraje ideológico 

Aunque las legislativas tuvieron una participación del 46% del electorado (2 puntos menos que en 2018), la mayor atención de la jornada electoral la recibieron las consultas de las tres coaliciones que postularán candidatos a la presidencia el 29 de mayo. El Pacto Histórico obtuvo la votación más alta, y ungió a Gustavo Petro con un contundente respaldo de 4’487.551 votos. La coalición de derecha llamada “Equipo por Colombia” eligió al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez con 2’160.329, mientras que la coalición de Centro Esperanza se desplomó y Sergio Fajardo solo obtuvo 723.084 apoyos ciudadanos.

Aunque paradójicamente el presidente Iván Duque es uribista y el Centro Democrático tiene la bancada de senadores más numerosa (19), el 13M se formalizó el declive electoral del uribismo. La razón es de Perogrullo: Álvaro Uribe salió del escenario electoral luego de renunciar a su curul en el Senado en 2021 en medio de la investigación de la Corte Suprema de Justicia en su contra por manipulación de testigos. Así, sin su mayor elector, el Centro Democrático perdió 5 sillas en el Senado y el lunes 14 su candidato renunció a su aspiración presidencial, precipitando la transición hacia un uribismo sin Uribe. 

Algunos datos dan cuenta del paulatino cambio que está operando en la política colombiana: de 294 escaños que tiene el Congreso, 83 estarán ocupados por mujeres, 8.5% más que en el actual. También fueron elegidas 16 curules reservadas a las víctimas provenientes de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y previstas en el Acuerdo de Paz. Como los ganadores de varias de ellas han sido cuestionados, el pronóstico sobre la representación efectiva que tendrán las víctimas es, por ahora, reservado. Más mujeres, más líderes sociales, más activistas, más líderes ambientales, una líder palenque y varios influencers delinearán los perfiles de los nuevos legisladores. 

En cualquier caso, el fenómeno electoral del 13M fue la histórica votación que obtuvo Francia Márquez en la consulta del Pacto Histórico –783.160 votos–, una líder ambiental afro que encarna el discurso de cambio que cuestiona radicalmente el status quo y la política tradicional. Su votación debe leerse como un llamado de las minorías afro, indígenas y alternativas –a quienes llama “los nadies”– por ser incluidos. Con un discurso enmarcado en categorías identitarias y posmodernas expresa demandas de cambios estructurales, y su propuesta alrededor del concepto de “vida digna” tiene el potencial de ponerle prosa a las reformas que mujeres, estudiantes y comunidades rurales reclaman en forma de poesía: “hasta que la dignidad se haga costumbre”, “soy porque somos”. Allí está el germen de un cambio de generación y de época en la política colombiana. 

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿El petróleo venezolano puede sustituir el suministro ruso?

Xavier Rodríguez-Franco
-
0
¿El petróleo venezolano puede sustituir el suministro ruso?

El pasado 6 de marzo, una representación del gobierno de Joe Biden viajó a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro. La visita fue una más de las que diplomáticos de Occidente están realizando a diferentes potencias petroleras con el fin de incrementar la inyección de hidrocarburos al mercado energético global para compensar la escasez, producto de las sanciones a Rusia. Estas gestiones han implicado el acercamiento a regímenes poco democráticos y conocidos por su precario historial de derechos humanos como Turkmenistán, Nigeria, Arabia Saudí o la misma Venezuela.

Este encuentro “exploratorio” evidencia la disposición de Biden a dejar de lado la “transición energética” ante una eventual escasez de petróleo, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre de 2022.

Pero, por otra parte, el diálogo directo de los representantes diplomáticos con el régimen de Maduro también revela un cambio en la política exterior hacia Venezuela, a pesar de que la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, insistió en que no reconoce a Nicolás Maduro como líder de Venezuela.

Cabe destacar que el régimen venezolano, con fuertes vínculos diplomáticos y militares con Rusia, no tiene capacidad para asumir compromisos con ninguna de las partes. Su poder se sustenta en una forma de feudalismo extractivista, controlado por diferentes facciones protegidas por el Estado, por lo que el Gobierno no cuenta con capacidad técnica real para incrementar sosteniblemente un eventual repunte de la producción petrolera.

La Pdvsa de hoy, desprovista del capital humano de alta calidad que tuvo hasta hace algunos años y con unas instalaciones gravemente deterioradas, difícilmente podría ser el anclaje estratégico de la nueva geopolítica energética de EE. UU., al menos a corto o mediano plazo.

Actualmente, Venezuela produce alrededor de 740.000 barriles de petróleo al día, lo cual no llega a la décima parte de la producción rusa actual. Una eventual reactivación de la industria tendrá un efecto muy limitado en la crisis energética global de este momento. Pero más allá de estas desventajas, Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y si bien el tipo de petróleo pesado y extrapesado venezolano requiere mayor nivel de inversión para su extracción, refinación y transporte, rinde mejores beneficios en contextos de altos precios, tal como pareciera ser la tendencia. 

En este sentido, el petróleo venezolano vuelve a convertirse en un atractivo, tal como lo han anunciado grandes empresas como Chevron. Una reactivación de la explotación petrolera podría, de todas maneras, compensar a EE. UU. parcial o totalmente el volumen procedente ahora de Rusia, es decir, unos 550.000 barriles de petróleo diarios en promedio para el año 2021.

¿Una mala noticia para la causa democrática venezolana?

Un eventual y aún poco probable acercamiento entre la Casa Blanca y Miraflores para proveer a EE. UU. de petróleo podría dar aire al régimen de Maduro y convertirse en un nuevo obstáculo a la causa democrática que, por años, muchos venezolanos han venido construyendo desde dentro y fuera del país. 

Esto fue reconocido por el propio Juan González, asesor presidencial de EE. UU. para América Latina y miembro de la comitiva diplomática que viajó a Caracas. Sin embargo, en medio de una crisis mundial en la que la propia seguridad energética de EE. UU. se ve amenazada, estos aspectos pasan a desempeñar un papel secundario para el gobierno de Biden.

Independientemente de la diplomacia a dos bandas que sigue practicando el régimen de Maduro, la causa democrática debe tomar apunte de lo ocurrido y centrarse en su continuidad. Se debe asumir que un eventual retorno a la democracia no dependerá exclusivamente de la dirección diplomática que asuman los actores centrales del orden mundial.

En todo caso, la invasión rusa a Ucrania y su impacto en el mercado energético mundial ha abierto un nuevo esquema político que la dictadura venezolana intentará aprovechar para posicionarse tras años de sanciones y aislamiento internacional, algo que se ha agravado recientemente, ya que buena parte del dinero de la venta de petróleo venezolano permanece en bancos rusos sancionados por EE. UU. Esto podría acelerar una nueva etapa en el proceso de negociaciones con la oposición, suspendido algunos meses atrás unilateralmente por el Gobierno. Muchas cosas quedan aún por definirse en un contexto internacional cambiante e incierto.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Chile reconoce los derechos de la Naturaleza

Alberto Acosta
-
0
Chile reconoce los derechos de la Naturaleza

Después de una larga disputa, la Convención Constituyente de Chile aprobó los Derechos de la Naturaleza. En el artículo 9 se reconoce que «Las personas y pueblos son interdependientes con la Naturaleza y forman un conjunto inseparable. Y más específicamente se establece que “la Naturaleza tiene derechos y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos”.

El ejemplo chileno es expresión de que el mundo avanza en la discusión sobre los Derechos de la Naturaleza. La razón es simple, la realidad no se puede encubrir más. El colapso ecológico es inocultable. Ninguna región, población o mar está ya a salvo de los daños que actualmente provoca dicho colapso, nos dice el Informe del Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC). La Humanidad está confrontada de forma brutal y global con la posibilidad cierta del fin de su existencia. Tenemos que actuar. Eso explica porqué este debate encuentra un punto relevante en Chile, país afectado por múltiples destrozos socio-ecológicos.

En los debates de la Convención Constitucional chilena se ha abierto la puerta a cuestiones fundamentales, como los Derechos de la Naturaleza. El tema despierta una creciente acogida y choca también con el desconocimiento sobre su significado y con el miedo a perder privilegios por su aplicación. Se ha posicionado un argumento que habla de la inutilidad de dichos derechos, remitiéndose a la experiencia ecuatoriana. Inclusive se ha dicho que los Derechos Humanos se subordinarían a los Derechos de la Naturaleza y afectarían el modelo de desarrollo… Aclaremos algunas dudas.

A pesar de las múltiples incomprensiones en diversas instancias y las limitaciones que se ponen para impedir la vigencia de estos derechos en Ecuador, empezando por sus propios gobernantes, hay cabida para el optimismo. En este pequeño país andino, paulatinamente se consolidan los Derechos de la Naturaleza. Una serie de procesos judiciales -casi 60 hasta la fecha- lo ratifican. Se trata de un trajinar arduo en un país atrapado por desbocados extractivismos. 

Sin minimizar la necesidad de acelerar el paso para su mayor enraizamiento, tengamos en mente que la vigencia de la Constitución es reciente: menos de 14 años y que su aplicación está rompiendo con visiones conservadoras. Adicionalmente, podríamos preguntarnos cuánto tiempo ha tomado la aceptación de los Derechos Humanos, cuyo cumplimiento en muchas partes es más que deficitario. Lo mismo se podría comentar de los derechos de las personas afro que fueron esclavizadas: la esclavitud fue abolida, pero el racismo no ha sido superado; los derechos de las mujeres avanzan, pero el patriarcado sigue presente; similares reflexiones cabría para los pueblos originarios. Aceptar estas falencias no debería llevarnos a la peregrina conclusión de que esos derechos son inútiles.

Lo importante, entonces, es que, pese a múltiples reticencias e ignorancias, los derechos conquistados por grupos tradicionalmente marginados de forma cada vez más acelerada permean en la sociedad. De a poco los derechos provocan más sensibilidad social, una sensibilización muchas veces más efectiva que los simples cambios institucionales. 

Respecto a la justicia ecuatoriana, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza no ha resuelto el conflicto entre la Naturaleza-objeto y la Naturaleza-sujeto. Incluso registramos manipulaciones estatales de dichos derechos al ser enarbolados para expulsar actividades mineras irregulares en determinados territorios con el fin de abrir el campo a grandes empresas mineras. 

La indignación que pueden provocar estas aberraciones no pueden desanimarnos. Tengamos siempre presente que una Constitución por sí sola no cambia la realidad, pero si puede ayudar a que la misma sociedad se empodere de lo que ella dispone en tanto vigorosa herramienta para la cristalización de los cambios que sean indispensables. 

De hecho, en Ecuador, para muchas organizaciones de la sociedad civil estos Derechos representan un cambio de visión importante, son una herramienta de lucha. Esto no sorprende pues varios movimientos sociales, sobre todo indígenas y campesinos, desde mucho antes de la expedición constitucional de estos derechos, han defendido la Naturaleza en sus luchas por sus territorios. Lo que es interesante ahora es que con estos derechos se fortalecen los mecanismos de protección de sus territorios e inclusive de las personas defensoras de la Pachamama, muchas veces criminalizadas por sus luchas. 

El ejemplo chileno

Más allá de Ecuador, hay avances en el mundo. De acuerdo a Naciones Unidas, ya son 37 países los que han incorporado de alguna manera este tema a nivel oficial e institucional. En noviembre de 2016, en Colombia al Río Atrato y su cuenca se le reconoció derechos por la Corte Constitucional; igual sucedió en 2018 con la Amazonia colombiana. En 2016 la Corte Suprema de Uttarakhand en Naintal, al norte de la India, sentenció que los ríos Ganges y Yumana son entidades vivientes y recientemente Panamá marcó un hito notable con una poderosa Ley de Derechos de la Naturaleza. Además, hay otras propuestas en marcha para llegar a aceptar constitucionalmente a la Naturaleza como sujeto de derechos. 

Este eco internacional se expande. Tratándose de un asunto de repercusiones mundiales, nos urge, entonces, que más y más países constitucionalicen estos derechos y que se avance en la construcción de la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como se planteó en Tiquipaya, Bolivia, en el año 2010. Esta reunión fue el detonante para el surgimiento del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, construido desde la sociedad civil de todos los continentes, como paso previo a un tribunal formal en el marco de Naciones Unidas para sancionar los crímenes contra la Madre Tierra. 

Bien sentencia Eduardo Gudynas: “el reconocimiento de los valores intrínsecos de la Naturaleza impone mandatos universales, ya que la vida debe ser protegida en todos los rincones del planeta. Problemas ambientales globales, como el cambio climático o la acidificación de los océanos, refuerzan todavía más esa ética como un valor esencial”. Y así, más temprano que tarde, la globalización de estos derechos seguirá el camino de los Derechos Humanos, que sirvieron para encauzar al dictador chileno Augusto Pinochet y detenerlo en Europa por sus crímenes de lesa Humanidad. 

Una iniciativa en esta dirección ya se expresó hace un par de años en la acción pública para impedir la construcción de la Hidroeléctrica en Belo Monte, Brasil, que buscaba defender al río Xingú y a sus habitantes riberiños, remitiéndose a los Derechos de la Naturaleza de la Constitución ecuatoriana. 

Pese a la ignorancia de algunos y a la defensa de los privilegios de otros, la aceptación de los Derechos de la Naturaleza es, a todas luces, una cuestión global e indetenible. Chile es ahora ejemplo mundial y el segundo país en el mundo en liberar constitucionalmente a la Naturaleza de su condición de objeto, como lo fue cuando emancipó a los esclavos en 1823. 

Por último, aquello de que los Derechos Humanos se verían limitados al asumir a la Naturaleza como sujeto de derechos, es insostenible. Los Derechos de la Naturaleza no se oponen para nada a los Derechos Humanos. No se pueden tolerar modelos de desarrollo depredadores de la vida de los seres humanos y no humanos. Por lo tanto ambos grupos de derechos se complementan y potencian. Es más, aceptemos que sin Derechos de la Naturaleza no habrá plenos Derechos Humanos.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El lento reconocimiento de los derechos LGBT+ en América Latina

Ericka López Sánchez
-
0
El lento reconocimiento de los derechos LGBT+ en América Latina

El avance del reconocimiento de los derechos LGBT+ en América Latina comenzó recién con la llegada del siglo XXI, cuando en 2002 la Corte Suprema argentina falló a favor de la adopción entre parejas del mismo sexo. Desde entonces se han aprobado 75 derechos de alcance nacional en 13 países, que benefician de manera diferenciada a las personas de las diversidades sexuales y de género.

Los países que han reconocido derechos LGBT+ lo han hecho por cuatro vías principales de aprobación: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos. Esto implica que los derechos, a pesar de tener un alcance nacional, tienen estatus legales diferentes. Aquellos que han sido aprobados por el Legislativo modifican las leyes como son los códigos civiles; en cambio, los que son reconocidos por las otras tres vías no siempre logran cambiar la gramática legal e incluso algunos requieren de segundos procesos de judicialización. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay han ido modificando paulatinamente en el transcurso de 20 años las estructuras cissexistas (la creencia de que los cuerpos validados son aquellos cuyas identidades binarias de género están estrictamente sujetas a los genitales, los hombres “verdaderos” tienen pene y las mujeres “verdaderas” tienen vulva) y heterosexuales que imperan en el orden político, social y simbólico. 

Esto ha sido posible gracias al activismo LGBT+ que desde los setenta ha luchado, muchas veces a costa de sus vidas.

La larga lucha por los derechos de la población LGBT+

Los procesos históricos de transición política en la región se concentraron en la formalidad procedimental pero partiendo de la necesidad de concebir a la ciudadanía desde el imperativo de la homogeneidad. Esto implicó que, en aras de hacer que prevaleciera la razón normativa en el espacio público para garantizar la imparcialidad, se negara la especificidad de los cuerpos y sus deseos, así como la diferencia de raza, género, orientación sexual, entre otros rasgos que amenacen la unidad y coherencia homogénea desde donde se articula la democracia liberal.

Las luchas de larga data por las diversidades sexuales y de género, así como la escucha y atención que recibieron en los escenarios internacionales de derechos humanos, permitieron que sus demandas ingresaran a los marcos de comprensión de la legalidad de los derechos humanos. Esto hizo que los países democráticos que han firmado acuerdos internacionales en esta materia se vieran obligados a atender estas exigencias. 

Pero estos procesos no han sido automáticos. A pesar de la obligatoriedad internacional que se ha ido construyendo, las personas LGBT+ han tenido que dar la batalla para hacer valer las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta batalla se ha realizado mediante diferentes estrategias como el acercamiento a las personas congresistas más empáticas con los derechos LGBT+ o el litigio estratégico, hasta la llegada esporádica y limitada de personas de las diversidades sexuales y de género a cargos de representación popular.

Avances y desafíos pendientes

La experiencia de los países en el reconocimiento de estos derechos evidencia que han surgido, las más de las veces, sin una armonización legal o vinculante. Por ejemplo, se reconocieron las uniones civiles o el matrimonio igualitario sin la robustez legal que arropa al matrimonio heterosexual, que incluye los derechos a la adopción o la gama de beneficios legales de seguridad social como el derecho a la salud, a las guarderías, a la pensión a la pareja en caso de fallecimiento, entre otros.

En muchos casos como en México (2017) el voto de las personas trans en todo el país ha sido aprobado por el Instituto Nacional Electoral. La medida de este organismo público autónomo se sitúa desde la ausencia legal de alcance nacional del reconocimiento del derecho a la identidad de género. Este se ha ido aprobando a escala subnacional, y no fue sino hasta enero de 2021 cuando este mismo organismo, por mandato del Tribunal Electoral Federal, estableció las medidas afirmativas para que personas de las diversidades sexuales y de género tuvieran cuotas para acceder a las candidaturas a cargos de representación popular.

En Perú, el derecho a la identidad de género fue reconocido en 2016 mediante una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Pero el proceso para la rectificación del sexo en los documentos de identidad debe hacerse por medio del proceso sumarísimo (juicios abreviados) donde este proceso queda aún bajo tutela judicial. Es decir, la rectificación del sexo deberá ser ordenada por un juez.

Además, este tipo de procesos en Perú no establece que las personas trans gocen del derecho a la identidad de género en su DNI, aunque sí en otro tipo de documentos considerados “menores”. Al respecto, se han presentado demandas ante el Tribunal, y este, a su vez, ha ordenado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reconocer el derecho a la identidad de género. La respuesta hasta ahora, sin embargo, ha sido negativa.

Estas formas atropelladas y desvinculadas de reconocer los derechos reafirman las condiciones de violencia y discriminación que padecen las personas LGBT+ por no responder a los mandatos cissexistas y heterosexuales bajo los cuales se ancla la moral de la condición ciudadana liberal. 

No podemos olvidar que se han aprobado derechos en apenas 13 países y en algunos apenas se ha logrado reconocer uno solo, como es el caso de El Salvador; dos en Bolivia y Panamá, o cinco en Chile, frente a los 13 derechos de Argentina o los 10 de Uruguay, donde además se han ido generando políticas públicas al respecto. 

La tardanza con la que se empiezan a reconocer los derechos de las personas LGBT+ exige una genuina empatía y agudeza legal de los Gobiernos democráticos de América Latina a fin de reconocer el derecho desde el compromiso de hacer extensiva la dignidad de estos individuos que históricamente han vivido en los bordes del decoro humano.

Un posible plan B para Chile

Juan Carlos Arellano
-
0
Un posible plan B para Chile

Ahora que la Convención Constitucional (CC) comienza a entregar los primeros resultados concretos de su propuesta se ha instalado en la opinión pública la posibilidad real del rechazo en el plebiscito de salida. Seguramente las razones que se podrían esgrimir para fundamentar el rechazo son múltiples. Algunos invocarán la ilegitimidad de origen (la violencia) y el mal diseño de todo el proceso; otros sostendrán el carácter refundacional que le asignó la CC a la propuesta, la cual no rescataría nada de nuestra tradición política institucional, y otros que el resultado final sería la representación de las ideas maximalistas de un grupo. También podría darse el caso de posiciones que apuntan a las perjudiciales consecuencias para el país de uno o varios artículos de la nueva carta fundamental. Así pues, sensibilidades de derecha, centro e izquierda podrían converger por distintos caminos a la idea del rechazo.

El punto central es que aún no hay claridad sobre una propuesta que aborde la posibilidad del postriunfo del rechazo, y ahora es el momento de poner a discusión algunas posibles alternativas, considerando que a estas alturas, para la mayoría de los ciudadanos (plebiscito/2020) y para gran parte de las fuerzas políticas partidarias, la actual Constitución figura desahuciada. 

Por esta razón, es necesario responder qué se puede hacer en el caso de que el camino seguido hasta ahora por la CC no resulte como lo visualizan los partidarios más optimistas. No es el objetivo de esta columna entrar en reproches o apuntar a culpables, solo se asume que el camino está trazado y que la posibilidad del fracaso ha ido tomando fuerza. De este modo, lo urgente es proponer en la mesa ―para su discusión― lo que se ha denominado en la opinión pública como un “plan B”. 

Se trataría de una alternativa que podría tener factibilidad política. Específicamente, me refiero a resucitar el proyecto de reforma constitucional que se presentó durante el gobierno de Michelle Bachelet. No es una idea original, ya que había sido sondeada en 2020, pero ante las cambiantes posibilidades y las destempladas puestas en escena de la CC, puede transformarse en una opción atractiva para muchos sectores políticos. 

Proyecto de reforma constitucional

Esta idea no nace por considerar que este proyecto sea una pieza constitucional perfecta, ni mucho menos. Tampoco es la defensa ferviente de un devoto del gobierno de Bachelet y su legado. Son cuatro puntos que en el escenario actual hacen pensar que podría ser una opción concreta. 

El primero es que la propuesta cuenta con un proceso de participación ciudadana. Se estila que todo proceso constitucional debe disponer de una etapa de consulta efectiva o simbólica para dar un sostén de legitimidad. Esta iniciativa partió en 2015 y tuvo una serie de instancias de participación que fueron procesadas y cerradas. Criticar su nivel de participación o forma me parece inoficioso, considerando que no existe un mecanismo ideal para esto. Así pues, este proyecto posee un trabajo adelantado, en un contexto menos crispado y por conductos institucionales. 

Segundo, en la lógica de reducir la incertidumbre, lo importante es que contamos con un texto que está muy bien definido. En este sentido, se supera de inmediato la incierta y peligrosa “hoja en blanco”, muy polémica en el comienzo del proceso constituyente que hoy vivimos. Independientemente de que guste o no el contenido, desde ya la ciudadanía y los diferentes actores políticos pueden discutir un escrito concreto para proponer sus mejoras y ajustes. 

Además, si revisamos el documento enviado al Congreso, este deja la discusión en los márgenes de lo posible. Con esto me refiero a que, por un lado, se reconoce la tradición institucional chilena de que permanezca la mayoría de sus instituciones, lo que lo aleja completamente del aire refundacional que impera en la CC. Y, en algunos casos, se abordan temas ineludibles de incorporar en el contexto actual, por ejemplo, el reconocimiento de pueblos indígenas y derechos medioambientales.

Tercero, hay que tener presente que pasar esta propuesta por el Congreso tiene la ventaja de reducir la incertidumbre y de no someter a la ciudadanía a otro agotador proceso electoral de elección de convencionales. Consensuar esta Constitución en el Parlamento permitirá acogerse a una normativa procedimental ya existente y avalada por todos los actores políticos. 

No volveremos a perder tiempo en la definición de nuevas reglas. Además, la distribución de las fuerzas políticas en el Congreso, luego del proceso eleccionario de noviembre, es bastante equilibrada y fruto de una elección más reposada e informada, a diferencia de lo vivido al fragor de la crisis de octubre de 2019. Asimismo, los partidos tradicionales y emergentes podrán actuar de forma mucho más coordinada en espacios que son conocidos para la negociación, por lo que se posibilita un acuerdo transversal. 

En definitiva, el Congreso, por experiencia, disposición de recursos y lugar de encuentro de las sensibilidades partidarias, es el mejor espacio para acordar una salida ante el eventual rechazo.  

Cuarto, su factibilidad política también está mediada por provenir del gobierno de Michelle Bachelet. Pensemos que al actual gobierno le sería menos complejo promover en el Congreso una propuesta que de alguna manera proviene de un gobierno de la “nueva mayoría”, en el que participaron comunistas, socialistas y hasta la democracia cristiana. También, al actual presidente Gabriel Boric se le vio muy cómodo con el apoyo de Bachelet en la segunda vuelta y de (casi) todas las tiendas partidarias que participaron de ese gobierno. 

A su vez, sería una jugada que le permitiría a Boric firmar en el nuevo texto constitucional y tener una salida política a su gobierno, que está muy comprometido con el cambio constitucional. En definitiva, ganan algunos sectores importantes de la izquierda y, a lo menos, otros más críticos no se sentirían tan incómodos apoyando este proyecto. 

Finalmente, luego de ser despachado por el Congreso se deberá realizar un plebiscito, de manera que cuente con la aprobación de la mayoría de los ciudadanos. Así, será un proceso que le dará continuidad institucional al ser levantado en democracia y canalizado por las instituciones políticas tradicionales. 

Muchos cuestionaron al Congreso, pero a estas alturas considero que el Poder Legislativo, al ser una pieza clave en la historia de nuestra república, tiene la experiencia y la legitimidad suficientes para encauzar este nuevo ciclo político en Chile. 

En suma, la opción del rechazo se hace más viable en la medida que ofrezca una hoja de ruta clara que zanje la incertidumbre y dé estabilidad, un camino más atractivo que sentarse a esperar una seguidilla de reformas, según la opinión de algunos, que mejoren en el futuro el texto aprobado en el plebiscito de salida.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El «trumpismo» llega a Costa Rica

Jorge Vilaplana
-
0
El «trumpismo» llega a Costa Rica

El 6 de febrero y ante nada menos que 25 candidatos de izquierda a derecha, el electorado tico entró al “pasillo de los cereales” para terminar dándose cuenta de que, a pesar de la diversidad de envoltorios, no había mayores diferencias. Los escogidos fueron un candidato de derecha populista y antisistema, Rodrigo Chaves, y un expresidente, José María Figueres, que representa un partido de tradición de centroizquierda y bases socialdemócratas pero que hoy en día puede calificarse de centroderecha. 

La elección entre un candidato acusado de corrupción y de complicidad en todos los males del país, y otro sin mayor experiencia en la Administración pública y acusado de acoso sexual, implica una decisión particularmente difícil para los ticos, pues se traduce en escoger por más de lo mismo o probar un sabor nuevo como el populismo, con todos los riesgos que ello implica, con un candidato inexperto, de corte mesiánico, prepotente, autoritario y matón.

El contexto político es complicado. Costa Rica tiene un Gobierno impopular que ha llevado adelante una inefectiva lucha contra la histórica pobreza. Las instituciones y los valores costarricenses tradicionales de solidaridad y justicia social han estado bajo ataque, mientras que la sociedad, cada vez más desigual, está cansada y desgastada por la pandemia y la corrupción. Esta ha sido tierra fértil para que germinara el trumpismo en el país. 

Tal y como sucedió en Estados Unidos, Polonia, Brasil o El Salvador, ha aparecido en Costa Rica un mesías que cuenta exclusivamente con las soluciones para resolver los problemas del país. Apalancado en un manejo casi virtuoso de las redes sociales y cargado de verdades a medias, Chaves se presenta como alternativa viable, y capitaliza el descontento.

El sistema democrático corre riesgo cuando el pueblo, ansioso y voluble, se presta a la manipulación populista de los discursos a medias tintas que invocan al cambio con cantos de sirena. La tentación de una mano fuerte al timón es grande y nos hace olvidar temporalmente que la solución a los problemas de la democracia es más democracia. Sin embargo, el cambio por el cambio nunca lleva nada bueno. Basta con ver los desastres y la agudización de las crisis en los países donde el trumpismo se ha instaurado. 

La realidad es que esa mano firme debe operar en un sistema repleto de contrapesos que la mantienen en jaque. No obstante, la defensa ante el desmantelamiento de las instituciones no siempre es efectiva, ya que invariablemente el mesías cuenta con el apoyo de elementos, que insertados en las instituciones, se convierten en agentes de cambio. Y ahí radica el principal peligro.

El trumpismo se caracteriza por dar voz al extremismo, por sembrar la polarización, por construir una realidad paralela y por socavar las bases institucionales y la moral en la que se apoya la sociedad de derecho en que vivimos. Y en ese contexto, el uso meticuloso de las redes sociales le permite manipular a sectores de la sociedad para favorecer los intereses del mesías y sus seguidores.

Otra característica del trumpismo es la lealtad ciega de los seguidores a pesar de las descaradas mentiras de su líder. Esto ha quedado en evidencia ante la timorata reacción del electorado con respecto a la serie de acusaciones sin sustento de Chaves. Esta es una actitud recurrente entre los seguidores de los líderes populistas que quieren tapar el sol con un dedo mientras idolatran al matón.

¿Hasta dónde llegan el cinismo y la decepción? ¿Será que, como al mismo Trump, el aparente éxito profesional de Chaves le ha dado licencia para hacer y decir lo que le viene en gana sin importar las consecuencias?  

Debido a su profundo desconocimiento de la función pública, Chaves se permite hacer  aseveraciones y propuestas absurdas e incendiarias que son abrazadas apasionadamente por un pueblo cada vez más debilitado. Esta vulnerabilidad nos lleva a pensar que Costa Rica ha dejado de ser aquella nación idílica de solidaridad ciudadana y justicia, y de respeto institucional, para convertirse en una nación ―polarizada y dividida― de valores cuestionables.

Este triste fenómeno tiene raíces profundas. La incapacidad de los sucesivos Gobiernos de solucionar los problemas más básicos y el mal manejo del erario han generado las condiciones para el desarrollo de un trumpismo tico.

Finalmente, la prensa tampoco está exenta de culpa. La incapacidad de cuestionar propuestas inviables se combina con la circulación de contenidos sin sustento. Y al igual que la prensa norteamericana, la prensa costarricense oxigena de manera irresponsable el mensaje de discordia, simplemente porque vende.

Quiero pensar que esto no es más que una nube pasajera y, tomando prestadas las palabras del poeta tico don Isaac Felipe Azofeifa, espero que no sea otra cosa sino un preludio a un nuevo amanecer.

*La versión original de este texto fue publicado en La Revista CR, de Costa Rica

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Hacia dónde podría evolucionar el régimen cubano?

Santiago Leiras
-
0
¿Hacia dónde podría evolucionar el régimen cubano?

Las manifestaciones del mes de julio del año pasado en Cuba, una de las más importantes desde el inicio de la revolución de 1959, estallaron, en parte, debido a la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, la escasez y el racionamiento de alimentos y medicamentos, y las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Estas movilizaciones, que tomaron por sorpresa al régimen, reabrieron una serie de expectativas en torno a las posibilidades de una transformación democrática del régimen cubano.

¿Pero cómo podríamos imaginar ese proceso de transición en la isla? ¿Cuáles serían las alternativas teniendo en cuenta las diversas experiencias de transiciones en regímenes no democráticos? Teniendo presente la centralidad de los procesos de liberalización económica y de democratización política, existen tres grandes escenarios alternativos: una democratización del régimen, una apertura económica sin democratización política al estilo de Vietnam o un cambio del liderazgo sin cambios estructurales que podríamos denominar como una “camporización/balaguerización” del régimen político cubano.

Una vía en clave de democratización significaría un cambio de régimen político que podría comprender —o no— una transformación de su modelo de organización productiva. Podría tratarse de una transición a la democracia sin una necesaria transición a una economía de mercado como aquellos procesos acontecidos en América Latina durante la década de los ochenta. Dentro de esta misma vía, la transición también podría implicar una doble transición como la que ocurrió en los países de Europa del Este en los noventa, de regímenes totalitarios a regímenes democráticos y de economías planificadas a economías de mercado.

La segunda vía, que podríamos denominar como una “vietnamización” del régimen cubano, implicaría una transición de una economía planificada a una descentralizada pero sin un cambio de régimen político. El proceso de liberalización económica en Vietnam comenzó con un proceso de reformas conocido como Do Moi en el año 1986. En este, el país del sudeste asiático legalizó la creación de empresas para luego incentivarlas expresamente con el objetivo de crear un régimen de libre mercado.

Esta transición comenzó con reformas de base en la agricultura colectivizada y se fue ampliando a diferentes sectores que diversificaron notablemente su economía. Vietnam estableció también una ley de inversión extranjera, normalizó su relación con el resto de los países del mundo —incluido su enemigo EE. UU. — y privatizó muchas de sus corporaciones estatales.

Este proceso de apertura en lo económico, sin embargo, no fue acompañado por un cambio de régimen político. El Partido Comunista llevó a cabo los cambios económicos, a la vez que reafirmaba su primacía política en el país y la mística en torno a su pasado heroico, aunque ya no con tintes prosoviéticos.

La última vía sería la “camporización/balaguerización” del régimen, que supondría un cambio en el liderazgo político, sea este sobre un “regente” bajo la tutela ideológica y política del líder, como fue en su oportunidad el caso del delegado personal del general Perón, es decir, Héctor J. Cámpora, en Argentina, o un sucesor que, ante la desaparición física o retiro del referente natural del antiguo régimen, asume una dirección tendiente a la autonomización, tal como ha sido el caso de Joaquín Balaguer, quien sucedió al asesinado Rafael Leónidas Trujillo y desplazó paulatinamente del poder a los herederos de este en República Dominicana: el proceso en curso no parece haber todavía resuelto por lo menos a corto plazo este dilema de encontrarnos con un mero delegado personal como Cámpora o un líder que va adquiriendo un mayor grado de autonomización como Balaguer. En cualquiera de estas situaciones están ausentes tanto la posibilidad de la liberalización económica como la democratización política.

Analizadas estas tres posibles vías de transición, ¿podría Cuba transitar su propia ruta hacia la democratización política? Esto dependerá de algunos factores fundamentales.

En primer lugar, del fortalecimiento de la sociedad civil y su correlato en la construcción de una sociedad política. En segundo lugar, de la disponibilidad de los actores sociales y políticos para la cooperación y el establecimiento de reglas mínimas de convivencia. Así, los acuerdos de Punto Fijo, Frente Nacional o Moncloa podrían servir como referencia aun en condiciones distintas. También dependerá de la relación futura que el sistema político establezca con las Fuerzas Armadas en una búsqueda por crear un ambiente de mutuas y generosas concesiones, siendo, quizás, la experiencia del proceso de paz en Colombia una referencia. Finalmente, es de vital importancia la reedición de un ambiente internacional más favorable a la democracia, en tela de juicio en la actualidad.

Si bien a lo largo de las últimas décadas hemos sido testigos de numerosas transiciones exitosas, el papel del Estado en la sociedad, el papel de las Fuerzas Armadas, la debilidad organizativa de la oposición, la ausencia (o debilidad) de una tradición democrática y el contexto internacional son aspectos que dificultan la posibilidad de cualquier transición. Por ello, la transición política y económica implica un enorme desafío para Cuba.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El rápido agotamiento del nuevo ciclo de la derecha en América Latina

Fabricio Pereira da Silva
-
0
El rápido agotamiento del nuevo ciclo de la derecha en América Latina

El actual ciclo de la derecha en América Latina muestra signos de agotamiento incluso antes de haber logrado una hegemonía duradera. La victoria de Gabriel Boric en Chile en diciembre de 2021 podría simbolizar un cambio de tendencia, y las elecciones en Colombia y Brasil en 2022 serán decisivas para confirmar este escenario.

Los gobiernos de derechas han sido derrotados sin haber conseguido permanecer ni siquiera una década en el poder. Más concretamente, sólo han aguantado una legislatura. Las excepciones fueron Honduras y Paraguay, dos países en los que habían regresado mediante golpes institucionales. Incluso en Honduras, fueron derrotados recientemente.

Efectivamente, en las 12 elecciones presidenciales que se han celebrado desde 2019 en la región, en 11 han sido elegidos opositores. La excepción está en Nicaragua en 2021, claramente unas elecciones falsas celebradas sólo para mantener a Daniel Ortega en el poder.

Los diferentes ciclos de la derecha

El ciclo de la derecha no debe entenderse como un intervalo entre ciclos progresistas, y que pronto desaparecerá sin dejar rastro. Algunos elementos de esta ola perdurarán en los próximos años. Tampoco es una suspensión temporal de un ciclo progresivo que ni siquiera habría llegado a su fin.

El ascenso de la derecha ha respondido al agotamiento del ciclo de la década de 2000 y principios de 2010. Por último, no se trata de una restauración de alguna etapa anterior del pasado latinoamericano. Presenta algunos elementos nuevos propios que la diferencian de las etapas anteriores.

Para caracterizar el ciclo de la derecha que se inició a mediados de los años 2010, tratemos de huir de la aplicación de análisis duales como liberales y conservadores, demócratas y autoritarios, nuevos y viejos, cosmopolitas y nacionalistas.

Debe entenderse como algo que tiene elementos propios, que proyecta un futuro, no sólo la restauración de un pasado, mítico o no. Por consiguiente, no debe tratarse como una «restauración conservadora», ni como una reanudación de las políticas neoliberales de los años 90. En gran medida, es algo diferente.

Lo es porque: 1) presenta elementos de neoconservadurismo que no estaban presentes en el ciclo de derecha anterior, en algunos casos incluso de neofascismo, y su neoliberalismo es más agresivo y antipopular; 2) se organiza de forma diferente, disputa elecciones y organiza golpes de Estado de forma diferente, gobierna de forma autoritaria o con democracia limitada; y 3) presenta un alineamiento internacional diferente al de los años 90.

Nuevas ideas

Estas derechas tienen una larga historia en América Latina: son la regla, no la excepción en la política regional. No han ignorado las ideas que los han alimentado desde la constitución de la región. Las líneas de pensamiento liberales, conservadoras y católicas siguen presentes, informando sus propuestas y acciones.

Sin embargo, hay una renovación, ya que estos elementos se presentan con nuevas formas. Varios de sus líderes se expresan como figuras más agresivas y autoritarias, asociadas a valores y prácticas en parte inspiradas en el neoconservadurismo o el tradicionalismo de la derecha alternativa (alt-right) del Norte, como en los casos de Jair Bolsonaro, Nayib Bukele e Iván Duque, que predominan en este ciclo actual.

También se puede sugerir que el llamado neoliberalismo actual es una concepción que se expresa más allá de aquellas reformas privatizadoras asociadas anteriormente al Consenso de Washington. En las últimas décadas ha arraigado profundamente en las sociedades latinoamericanas. En este sentido, constituye un modo de vida hegemónico, que continuó desarrollándose durante el ciclo progresivo anterior. Probablemente se expresará en el posible nuevo ciclo progresista, limitándolo. Se asocia con la uberización, el emprendimiento, el individualismo, las milicias privadas y paramilitares, el narcotráfico, el consumismo, el neopentecostalismo.

Nuevas prácticas

Estas derechas también están adoptando nuevas prácticas para disputar el poder. Estos recursos incluyen golpes institucionales (Honduras, Paraguay y Brasil), lawfare para impedir el regreso de líderes progresistas mediante la criminalización, la proliferación de fake news y la digitalización de las campañas electorales.

Si todavía sobreviven algunos partidos de derecha tradicionales (como el Partido Nacional en Uruguay y el Partido Colorado en Paraguay), se han hecho más comunes los candidatos que se presentan de forma independiente, o a través de plataformas ciudadanas y partidos de alquiler. Se trata de una derecha que se aleja explícitamente de sus instituciones tradicionales. Y que en varios casos apuesta más abiertamente por la defensa de la dictadura, la persecución de los opositores y los estados de excepción permanentes.

Si en el anterior ciclo de la derecha sus representantes pretendían presentarse como demócratas, esta exigencia parece ahora menor. Muchos gobiernan de forma abiertamente autoritaria, poniendo a prueba en todo momento los límites de la tambaleante democracia liberal (casos de Bolsonaro, Bukele y Duque), o recurriendo a sucesivos estados de excepción (Sebastián Piñera). 

Alianza incondicional con Washington

Por último, en comparación con el ciclo de la derecha de los años 90, hay un alineamiento incondicional con Estados Unidos (sobre todo durante la presidencia de Donald Trump), y un abandono de las políticas integracionistas regionales, incluso del «regionalismo abierto». Evidentemente, la preferencia de alineamiento internacional de las derechas latinoamericanas desde 1945 ha sido con EEUU.

Sin embargo, en el ciclo anterior se apostó por políticas más multicéntricas, especialmente en la construcción de instituciones de integración sudamericana, iberoamericana y lusófona. Incluso las llamadas «relaciones carnales» del menemismo con EEUU dieron paso a una apuesta por el Mercosur. Ahora, lo que vemos son instituciones sudamericanas, latinoamericanas y sur-sur abandonadas, y una notable ausencia de iniciativas asertivas en las relaciones internacionales. 

Esta alianza incondicional ha dado muestras recientes de debilitamiento, que pueden ejemplificarse con los conflictos de la administración estadounidense de Joe Biden con Bukele por su apoyo al bitcoin, y con Bolsonaro por su confuso apoyo a Vladimir Putin en el conflicto Rusia-Ucrania. Será importante observar en los próximos meses si al final la alianza era más que nada ideológica, con la extrema derecha estadounidense.

Ciclos desgastados

Se podría sugerir que hoy, en una región todavía formalmente democrática en su mayoría, y con los niveles de desigualdad más altos del planeta, sería difícil establecer una larga hegemonía explícitamente de la derecha. También se puede considerar que la crisis y la reconfiguración del capitalismo desde 2008, con el fin del «consenso de las commodities», no han favorecido este nuevo ciclo. Tampoco la desorganización a varios niveles promovida por la pandemia de Covid-19 en los últimos dos años.

En general, las sociedades están cada vez más divididas, polarizadas y atomizadas, especialmente en el contexto de la pandemia. En este contexto, una posible nueva ola o marea rosa también se enfrentará a importantes dificultades para mantenerse. Esto podría prolongar indefinidamente una situación de ciclos y contraciclos cortos que no se consolidan -en una larga crisis regional orgánica-.

1...188189190...267Página 189 de 267