La mejor defensa de Ucrania: la neutralidad

Enrique Gomáriz Moraga
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La mejor defensa de Ucrania: la neutralidad

Van pasando los días y la comunidad internacional observa cómo crece la incertidumbre y se reducen las certezas en torno a la crisis de Ucrania. Sin embargo, ciertos aspectos se mantienen incólumes. Por ejemplo, no hay duda de que la guerra fría entre el este y el oeste es capaz de resurgir bajo nuevas modalidades. También hay certeza acerca de que la crisis de Ucrania es parte de una confrontación entre Moscú y Washington que ha conseguido galvanizar —y desinformar— a las opiniones públicas de sus respectivos bloques, para impedir el surgimiento de una perspectiva independiente de sus relatos.

El mundo permanece expectante. América Latina observa el riesgo de una nueva confrontación militar desde la distancia, preguntándose sobre cuales podrían ser sus secuelas, y China, lejos de mantenerse como observadora, ya ha dado su apoyo diplomático a Rusia. En Estados Unidos, el presidente Biden aseguró que las tropas rusas desplegadas en la frontera invadirán Ucrania en febrero. Y en la Unión Europea, tampoco es seguro que los países mantenga un frente unido frente a Rusia, a menos que Moscú invada Kiev definitivamente. Entre otras razones, porque se mantiene desde hace tiempo un plan B que pasa por la ruptura del país.

En realidad, fue a la aceptación de la división de Ucrania a lo que en el fondo aludía el lapsus del presidente Biden días atrás cuando dijo que una intervención limitada de Rusia en Ucrania tendría sólo una respuesta moderada de Estados Unidos y la OTAN. Es decir, si Moscú se limitara a intervenir en Ucrania por el este para reunir los territorios donde habita población rusa, segmentándola del resto de país, eso sería un problema no tan grave como si interviniera en la parte occidental del país. En el fondo, Biden está señalando la solución B que ha venido sobrevolando este conflicto: la división de Ucrania.

Esa opción evitaría los riesgos que tiene para ambas partes una invasión rusa en toda regla, incluyendo Kiev. Para Moscú, porque si invadiera la parte occidental de Ucrania, perdería definitivamente la opinión pública europea, cuya división aprovecha. Para Washington, porque sabe que la OTAN no podría responder militarmente en el territorio ucranio, porque ese país no pertenece —todavía— a la Alianza Atlántica. Así las cosas, una intervención limitada, que dividiera el país, podría ser una solución de último recurso.

Desde luego, están surgiendo en Europa algunas voces contrarias a la militarización del conflicto. Varias agrupaciones políticas minoritarias como, por ejemplo, Podemos en España, son contrarias a enviar fuerzas nacionales al entorno del conflicto. Pero su “no a la guerra” apenas ofrece propuestas para su solución.

Hace algunas décadas, el otrora potente movimiento por la paz europeo había sugerido una perspectiva que parecía posible: el camino hacia la neutralidad. Esa opción recuperaba bien la memoria europea del siglo XX, sobre todo en aquellos países que habían sufrido la misma circunstancia que ahora sufre Ucrania: encontrarse en un sándwich entre las fuerzas del este y el oeste. Esos fueron, por ejemplo, los casos de Austria y Finlandia, quienes, además de Suecia, han aprovechado bien su estatuto de neutralidad.

Avanzando en esta dirección, Ucrania podría pertenecer a la Unión Europea sin pertenecer a la OTAN, como han hecho Austria y Finlandia. Un estatuto de neutralidad para Ucrania, sin demasiadas formalidades, pero reconocido por ambos bloques, sería la mejor defensa de una Ucrania sin divisiones.

Aunque no fuera totalmente del gusto de Moscú, una Ucrania neutral eliminaría los argumentos rusos acerca del riesgo para su seguridad que provoca el avance de la OTAN hacia sus fronteras, que tanto convence a sus ciudadanos. Desde luego, del lado occidental, la neutralidad de Ucrania significaría abandonar su propensión al viejo atlantismo de la guerra fría; algo de lo que no parece estén dispuestos a desprenderse, sobre todo Washington, que acaba de responder con un rotundo NO a la petición rusa de acordar que Ucrania nunca formaría parte de la OTAN.

Sin embargo, el surgimiento de una corriente de opinión favorable a la neutralidad de Ucrania en Europa favorecería enormemente una opción propiamente europea de seguridad, que fortalecería la distensión y los intereses de intercambio comercial con Rusia, comenzando por los productos energéticos.

La pregunta es: ¿de dónde podría surgir esa corriente de opinión? Los antiguos movimientos pacifistas han dejado de existir o se han transformado en organizaciones de estudio o de asistencia humanitaria. Los grupos políticos minoritarios que rechazan la amenaza de guerra no pueden desprenderse de su sospecha de favorecer a los intereses de Moscú. Los partidos conservadores absorben sin dudas el relato atlantista renovado. Y la socialdemocracia se muestra dividida en este tema en los principales países europeos.

No obstante, parece evidente que el país que más ganaría con esta perspectiva de neutralidad es precisamente Ucrania. No sólo porque recuperaría una seguridad estable, sino porque podría poner en práctica uno de sus mayores sueños económicos: hacer de puente entre los mercados de Rusia y la Unión Europea (hoy los productos ucranios tienen como su destino principal el mercado ruso). Pero esas ventajas también deben quedar claras en la propia Ucrania, cuya opinión pública sigue estando dividida.

Una corriente favorable a esa perspectiva de neutralidad, semejante a la de Austria o Suecia, podría impulsarse también mediante los buenos oficios de Naciones Unidas. Pero las palabras pronunciadas por su Secretario General, Antonio Guterres, no han sido muy afortunadas al afirmar que está “completamente seguro que Rusia nunca llegará a invadir Ucrania”.

La confianza de Guterres no debiera ser la base de la actuación de las Naciones Unidas ante este conflicto. Pareciera que la capacidad de iniciativa, con suficiente audacia y solvencia, no es hoy un atributo que posea el organismo internacional que se supone debe defender la paz mundial. Si el conflicto armado se produce, se demostrará una vez más que la comunidad internacional —incluyendo América Latina— no parece haber aprendido mucho en términos de prevención, ni siquiera después de haber padecido una pandemia.

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El cerebro del bolsonarismo muere tras contraer Covid

Federico Finchelstein
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El cerebro del bolsonarismo muere tras contraer Covid

Coautor Odilon Caldeira Neto

El gurú fascista de Jair Messias Bolsonaro, Olavo de Carvalho, ha muerto tras contraer el Covid. Olavo, como lo llaman sus seguidores, era un negacionista de la pandemia y un antivacunas empedernido y consecuente. Tras su muerte, Bolsonaro dijo que “había despertado a muchos” y lo presentó “como uno de los más grandes pensadores de nuestro país y un filósofo”.  No era nada de esto. Olavo de Carvalho era un propagandista, gran enemigo de la democracia brasileña y latinoamericana y una fiel muestra de que vivimos en tiempos de crisis donde las ideas y las mentiras más disparatadas ocupan el centro de la escena política mundial.

Olavo de Carvalho fue un personaje que parecía sacado de la imaginación del libro La literatura nazi en América de Roberto Bolaño. Como Luiz Fontaine de Souza, el personaje fascista brasileño inventado por Bolaño, Olavo de Carvalho fue autor de un número abismal de libros con títulos delirantes y sin ninguna credibilidad académica. Entre los más peculiares cabe citar uno de los mas famosos a título de Ilustración, “Lo mínimo que usted necesita saber para no ser un idiota”.

Sus libros lo consagraron. Las ilusiones de grandeza de este agitador con pretensiones intelectuales, encandiló a un gran numero de aficionados. Steve Bannon, por ejemplo, dijo que “Olavo es uno de los grandes intelectuales conservadores del mundo”. Para explicarlo en términos estadounidenses, el “intelectual” brasileño representa una combinación entre Bannon y Stephen Miller, pero más atrevido y esotérico.

Olavo se presentó como un outsider académico, aunque nada de lo que dijo tenía rigor científico. Básicamente, casi nada era cierto. Además de ser un profundo discriminador de la diversidad era terraplanista y negaba el cambio climático. Odiaba a Albert Einstein, Galileo Galilei y aún más a Isaac Newton. Además de partidario de Donald Trump, era un entusiasta de la invasión del Capitolio, que describió como una lucha del pueblo contra una élite globalista y comunista.

Entre algunas de sus más destacadas declaraciones afirmó que Biden era un «retardado mental» y que Kamala Harris era una agente del Partido Comunista Chino. Llegó a decir que “ni Mussolini imaginó que en el futuro el fascismo se vería reducido a defender el ano” y por si fuera poco, advirtió que la Pepsi Cola se fabrica con células de fetos humanos.

¿Cómo puede ser que un personaje tan grotesco como Olavo haya tenido tanta influencia en Brasil y el mundo? Olavo de Carvalho fue el líder intelectual de una nueva generación de militantes y políticos de la extrema derecha brasileña. Si bien su estilo se caracterizó por el enfrentamiento diario, incluso con antiguos y recientes aliados como el extremista de derecha ruso Alexander Duguin, sus ideas constituyeron la principal guía ideológica para la construcción de la campaña electoral y del gobierno de Jair Bolsonaro.

Con el inicio del actual gobierno brasileño se hizo patente la presencia de sus seguidores (o si se quiere, sus discípulos) en cargos estratégicos, como los Ministerios de Educación y Relaciones Exteriores. Inclusive la Fundación Palmares, originalmente diseñada para promover la educación y la cultura afrobrasileña, fue convertida en un frente para la persecución del movimiento afrobrasileño.

Estos espacios fueron estratégicamente ocupados por creyentes en busca de una guerra cultural contra supuestos enemigos de las ideas defendidas por Olavo de Carvalho, basadas en preceptos reaccionarios, antiilustrados y de clara temática fascista. Teorías conspirativas como el “marxismo cultural”, el “globalismo” o incluso la negación y relativización de la Esclavitud o la defensa de la Inquisición, se han convertido en un componente de agitación y propaganda de militantes y miembros del gobierno brasileño que buscan proponer un nuevo modelo de identidad nacional, fundamentado en valores cristianos fundamentalistas.

Si bien Olavo de Carvalho incorporó ideas y tendencias de sectores radicales como la efervescente derecha cristiana norteamericana desde las décadas de 1980 y 1990, la cosmovisión conspiracionista, jerárquica y, no pocas veces, abiertamente antidemocrática ha revivido tradiciones de organizaciones históricas de extrema derecha y del fascismo brasileño.

No sorprende, por tanto, la similitud entre algunos intelectuales fascistas como el integralista Gustavo Barroso, cuyas ideas circularon en sectores fascistas, religiosos y militares en el Brasil del siglo XX. Fueron los medios cercanos a Olavo de Carvalho, incluso, los que sirvieron de espacio para la celebración de simbologías fascistas como la “versión brasileña” de Joseph Goebbels, encarnada por Roberto Alvim, entonces secretario de Cultura de Bolsonaro.

La frase «Olavo tiene razón», tan cercana a la mussoliniana, “Il Duce ha sempre ragione”, estampada en camisetas y carteles en manifestaciones callejeras, fue otra de las consignas olavistas invocando la tradición fascista. Al retomar parte de estas ideas —y llevarlas al campo político nacional— Olavo de Carvalho y sus seguidores también reivindican una larga tradición del pensamiento político brasileño y latinoamericano que trata, desde sus mitologías, a la política como campo de batalla permeado por acciones persecutorias contra los enemigos políticos.

Desde estas categorías, la política se convierte en arma e instrumento de los procesos de fascistización de los populismos de derecha. Su legado, que sin duda será objeto de disputa entre sus más destacados seguidores, fue dar protagonismo a sus ideas de extrema derecha. No fue un pensador original, sí un difusor del absurdo y de disparates autoritarios que, sin embargo, fue aplaudidos por muchos brasileños. 

Ha muerto un gran enemigo de la democracia, pero sus ideas, que ya pertenecen a la larga historia del fascismo latinoamericano, seguirán vivas.

*La versión original de este texto salió en Clarín, Argentina.

Odilon Caldeira Neto es historiador, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Juiz de Fora y coordinador del Observatorio de la Extrema Derecha. Es autor de varias publicaciones sobre el fascismo, el neofascismo y la extrema derecha. Su libro más reciente es «El fascismo en camisas verdes» (2020, con Leandro Pereira Gonçalves).

Foto de Menezesfernandes

La expulsión de brasileños en la agenda electoral 2022

Gustavo Dias
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La expulsión de brasileños en la agenda electoral 2022

Este es, sin duda, un año decisivo para la sociedad brasileña. Iremos a las urnas para decidir si seguimos ahondando en la miseria social en defensa del mercado desregulado, o si, una vez más, volvemos al frágil pacto de clases y su supuesto progresismo. Hasta ahora, éstas parecen ser las dos únicas opciones que nuestras élites políticas han ofrecido a Brasil, desde los últimos años de la Dictadura Militar y la instauración de la Nueva República en la década de 1980.

A principios de enero, Folha de São Paulo publicó diversos artículos sobre temas económicos considerados importantes por, hasta ahora, los principales precandidatos a la presidencia de Brasil. Los economistas que componen los equipos de Ciro Gomes, Lula, Doria y Moro participaron en esta serie. El cambio de modelo económico, la reanudación de modelos basados en pactos ilusorios entre los «de arriba» y los «de abajo» o la intensificación del neoliberalismo autoritario, presente a través de palabras como «eficacia», «experiencia» y «responsabilidad», fueron abordados por cada uno de los entrevistados.

Todavía es pronto, pero hay que entender qué visión tienen estos precandidatos sobre la guerra declarada entre el capital y las poblaciones que estamos viviendo en Brasil, y de qué lado están realmente. Debemos también entender cómo pretenden tratar un tema que ha cobrado nuevo protagonismo en los medios de comunicación: la cada vez mayor expulsión de brasileños.

¿Cómo harán estos candidatos para que las ciudades pequeñas y medianas sean atractivas para sus jóvenes, que, sin ninguna perspectiva, emigran y se convierten en mano de obra barata? ¿Cómo van a retener a nuestros investigadores que, semanalmente, acaparan la atención de los medios de comunicación por la llamada «fuga de cerebros» y, con ello, se llevan años de inversión pública en ciencia y tecnología?

Después de todo, ¿qué queremos? ¿Seguir insistiendo en un modelo excluyente, sustentado en el cuento del desarrollo económico a través de la agricultura y el comercio minorista, que sigue expulsando a miles de brasileños a las fronteras de Estados Unidos y la Unión Europea o adoptar un modelo de sociedad que sea, de hecho, inclusivo?

Brasil país de emigración

Las sucesivas salidas de brasileños en las últimas cuatro décadas son el resultado de una coyuntura que se produce desde el final de la Dictadura Militar. Sin embargo, adquieren mayor visibilidad mediática y académica cuando estallan las crisis económicas. Cada vez que eso ocurre, asistimos a una emigración masiva de brasileños hacia los países centrales en busca de mejores condiciones de vida; brasileños deportados en las fronteras terrestres y aéreas o que desaparecen en rutas clandestinas. Hemos vivido este drama en la transición de los años 80 a los 90, a principios de los 2000 y ahora.

Actualmente hay un gran crecimiento de emigrantes brasileños. Las estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que son más de 4 millones. Las cifras son sin duda más elevadas, ya que no incluyen a los indocumentados. Una vez más, la principal razón que dan los medios de comunicación es la actual crisis económica. El elevado desempleo formal, el aumento del coste de la vida y la falta de perspectivas son algunos de los factores que sugieren esta salida. Sin embargo, la emigración de brasileños es un síntoma del modelo económico excluyente que adoptamos en los años 80 y en el que seguimos insistiendo.

El periodo de la Nueva República, aún vigente, marca el final de un largo ciclo de desarrollo nacional, que comenzó en los años 30 y se intensificó en los 50. Era un proyecto que pretendía convertir a Brasil, que se estaba urbanizando, en un país industrializado y exportador de productos manufacturados, menos desigual y capaz de satisfacer las crecientes demandas del pueblo. Sin embargo, este proyecto fue distorsionado y agotado por los gobiernos militares, que acumularon una enorme deuda externa entre 1970 y 1980. Era el comienzo de la Década Perdida, y no entramos solos. Washington y Wall Street se llevaron cuidadosamente toda América Latina.

No es exagerado pensar que el modo de producción depredador adoptado y su impacto en nuestra población es un modo de destrucción a escala avanzada. Vivimos guerras raciales y de clase en Brasil. Algunas se originan en nuestra formación, como las que experimentan los pueblos indígenas y los negros. Muchas son declaradas por la agroindustria y la minería contra los pueblos tradicionales y nuestros biomas. Otras son producidas por aplicaciones tecnológicas millonarias que se alimentan de la precariedad de los trabajadores informales.

El proyecto desarrollista retrocedió durante la Dictadura Militar y la posterior transición a la democracia. La apertura indiscriminada del comercio, la liberalización de las inversiones extranjeras sin control, la privatización de empresas estatales estratégicas y la desregulación de los mercados que le sigue han generado un precio social muy alto. Un modelo económico que nos sitúa en la periferia de la división internacional del trabajo, que erosiona nuestro tejido tecnológico e industrial y nos convierte en rehenes de la exportación de materias primas. Al mismo tiempo, sigue empujando a nuestra población hacia sectores de servicios poco sofisticados e informales.

Un proyecto que ponga fin a la expulsión de brasileños

La palabra «expulsión» en el título del artículo no es extraña. Esta es la condición que mejor expresa lo que vivimos en este país en guerra y que produce miles de derrotados. Desde hace casi cuarenta años en Brasil tenemos un proyecto político neoliberal dependiente que se metamorfosea a través de sucesivas crisis económicas y que tiene, en las limitadas élites nacionales, el apoyo para seguir haciendo la guerra contra nuestra propia población. Los que pierden son expulsados.

Hay quienes pueden y quieren abandonar el país. Pero también hay una gran masa de brasileños que, sin opción, se enfrentan a los dilemas y tragedias de la inmigración. Cuando superan el viaje migratorio, se convierten en subproletarios baratos e indocumentados, dispuestos a satisfacer las necesidades inmediatas de los países desarrollados.

Somos un país que ve crecer y envejecer su población. Las demandas de educación, ingresos dignos, salud, alimentación y vivienda son cada vez más latentes. Son derechos que están en nuestra Constitución y, por lo tanto, no se pueden conseguir a través de la emigración masiva, un proceso cruel y subordinado de entrega de la fuerza de trabajo a nuestros «socios comerciales». No cabe duda de que este modelo económico es defectuoso y debe ser superado cuanto antes. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar?

Necesitamos un proyecto nacional de largo plazo, capaz de superar este modelo económico dependiente que, con personas como Jair Bolsonaro y Paulo Guedes, muestra su peor cara. Un plan capaz de dirigirnos hacia una sociedad más igualitaria con una mejor distribución de la riqueza, a través de empleos dignos y con derechos laborales garantizados para todos. Es una respuesta para los más de 4 millones de brasileños documentados e indocumentados en el extranjero, y para aquellos que, sin ninguna perspectiva de futuro, pueden al menos considerar la posibilidad de quedarse en el país.

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Conflicto en Las Bambas: la explotación china del cobre peruano

María Osterloh Mejía
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Conflicto en Las Bambas: la explotación china del cobre peruano

Perú alberga cuatro de las 20 minas productoras de cobre más grandes del mundo que en el año 2020 contribuyeron con el 8,3% de la producción mundial de este mineral y donde en el octavo lugar se encuentra la mina Las Bambas que aportó el 2.2%. Sin embargo, la empresa china responsable lleva más de un mes inactiva debido a que los comuneros han bloqueado la vía que conduce a la mina como consecuencia del conflicto que viene escalando desde el año 2015 entre la empresa y las comunidades locales.

Inversiones mineras en Perú

La inversión china en minería ha impulsado la producción nacional de minerales, especialmente de cobre. Actualmente, las concesiones mineras operadas por empresas chinas en Las Bambas (MMG Ltd) y Toromocho (CHINALCO), y la empresa de relaves Shouxin producen concentrados de cobre. En el año 2020, la producción de cobre de estas empresas representó el 25% de la producción nacional, donde Las Bambas contribuyó con el 15%. Ese año, la empresa fue la cuarta con mayor producción de cobre, el valor de sus exportaciones contribuyó con 5% al total exportado por Perú al mundo, con 14% en las exportaciones de cobre y con 1% del PIB total.

Las Bambas es hasta ahora la mayor inversión extranjera realizada en el Perú, por la cual la empresa china MMG Ltd. pagó US$7,000 millones de dólares y hasta la fecha ha generado una inversión de US$4 mil millones de dólares en ampliaciones y otros adicionales. El monto total de la inversión representa un poco menos que la onceava parte de la inversión extranjera total acumulada al 2020 en el Perú (US$115 mil millones de dólares según cifras de la CEPAL). Y en el plano laboral, la empresa genera más de 2.500 puestos de trabajo directos y alrededor de 5,000 puestos por medio de contratistas.

Aunque este yacimiento minero es un activo importante para el crecimiento de la economía peruana, Las Bambas enfrenta conflictos sociales desde que se abrió la convocatoria pública para la adjudicación del proyecto en el año 2004 a causa, principalmente, de la oposición de las comunidades locales.  Sin embargo, desde el 2015 los disturbios y las protestas han ido escalando, dejando desde entonces y hasta la fecha cinco muertos.

El origen del conflicto y las demandas

Antes que la empresa china MMG Ltd. adquiriera la concesión minera en el año 2014, esta pertenecía a la empresa suiza Glencore, la cual había considerado transportar los minerales a través de un mineroducto que pasaría primero por otra concesión minera de la empresa. Sin embargo, luego del traspaso, la construcción de este ya no se consideró rentable, por lo que se realizó una modificación al «Estudio de Impacto Ambiental» (EIA) y se empezó a transportar el mineral por vía terrestre.

Las vías que conducen a Las Bambas atraviesan tierras que pertenecían a diferentes comunidades campesinas. En el año 2016, estas tierras fueron incorporadas por el Estado peruano al “Corredor Minero del Sur”, vía que conecta diferentes concesiones mineras en las regiones de Apurímac (donde se encuentran Las Bambas), Cusco y Arequipa. En el caso del área de influencia de Las Bambas, unas 40 comunidades han reclamado por el uso de las tierras, que, según sus representantes, el Estado incorporó al corredor vial sin su consentimiento.

Un primer reclamo es de carácter ambiental, ya que el constante tránsito de camiones cargados con minerales e insumos para la explotación levanta polvareda afectando a la salud de los habitantes y al ganado que se alimenta de los pastizales adyacentes a la vía. Algunas comunidades piden indemnización por la contaminación ambiental y otras piden que ya no se utilice esa vía.

Otro reclamo es el estancamiento de las negociaciones, desde el comienzo de la pandemia, por la venta de sus predios al Estado. Además, de acuerdo a los comuneros, aún quedan pendiente pagos y piden que se incremente el precio por metro cuadrado de sus tierras. Por otro lado, otros solicitan que se les indemnice por el uso de sus tierras desde el año 2014 y luego acordarían el precio de venta. Por último, estas comunidades también reclaman ser proveedores de bienes y servicios de la minera.

Desde el inicio del conflicto se han formado varias mesas de diálogo con altos funcionarios del Estado y representantes de Las Bambas, sin mucho éxito. Según la empresa, los acuerdos que se logran no llegan a implementarse porque algunos comuneros no quieren reconocer las actas firmadas durante las mesas de diálogo.

Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo después de Chile. Actualmente, la demanda por este mineral se ha incrementado y se proyecta que aumentará en las próximas décadas por el uso cada vez más frecuente de energías renovables y autos eléctricos.

Al igual que en otros países de América Latina, los conflictos sociales entorno a la minería no son nuevos en Perú, pero generan grandes pérdidas económicas y le restan competitividad como país destino de inversiones. Lamentablemente, la ausencia del Estado y una agenda ambiental insuficiente, así como la falta de empatía y capacidad de negociación de los diferentes gobiernos con las comunidades aledañas a los proyectos mineros ha desembocado en la situación actual, comprometiendo la seguridad y el desarrollo económico del país.

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* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

Lula y Alckmin: una buena noticia para la democracia

Fábio Kerche
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Lula y Alckmin: una buena noticia para la democracia

El anuncio del probable binomio Lula-Alckmin para las elecciones presidenciales de 2022 ha causado un gran revuelo en el debate público. Hasta el momento se han producido acaloradas disputas entre los que sienten el potencial del binomio, los que se oponen a Lula y los que están decepcionados por una alianza entre la izquierda y un representante del centroderecha.

Entre los partidarios de Lula, las críticas llegaron en dos direcciones. Algunos escribieron que Alckmin no aportaría votos a Lula. Por el contrario, el ex presidente podría incluso perder apoyos. Otros centraron sus comentarios en aspectos ideológicos, quejándose de que el ex gobernante impediría a Lula hacer un gobierno más de izquierdas, teniendo que ceder a una política más conservadora. Creo que ambas críticas son erróneas.

Los vicepresidentes no aportan votos a los candidatos presidenciales, al menos no de forma sustantiva. No hay noticias, por ejemplo, de que Fernando Collor, el primer presidente elegido tras la redemocratización, haya sorprendido a todos por Itamar Franco, su compañero de fórmula. Ni que Fernando Henrique Cardoso se hiciera con dos presidencias en primera vuelta gracias a los votos de Marco Maciel, o que Lula hiciera historia en 2002 y 2006 debido al empresario José Alencar y que Dilma Rousseff fuera elegida dos veces con la ayuda de los votos de Michel Temer, un político que corría el riesgo de no salir ni siquiera elegido si se presentaba a diputado federal. La elección del vicepresidente es un acuerdo y una estrategia para diferentes cosas: tiempo de televisión, financiación de la campaña, mensaje a sectores que ven con malos ojos al candidato, alianzas partidistas para formar una base para el futuro gobierno, etc.

Geraldo Alckmin, desde el punto de vista electoral, probablemente aporta poco. Pero al dejar la disputa por el gobierno de São Paulo, donde es el favorito, abre la oportunidad al Partido de los Trabajadores (PT) de soñar con gobernar por primera vez el estado más rico de la federación. Por otro lado, una fuerte candidatura del PT en São Paulo, apoyando a Lula, podría generar importantes ganancias electorales. Y, si nada de esto funciona, tampoco le quitaría votos al PT en las elecciones presidenciales. Incluso los más críticos con la izquierda de la alianza no dejarán de votar a Lula. Si el ex presidente no gana desde el punto de vista electoral strictu sensu, tampoco perderá. Y como las urnas no miden la intensidad, los votos de los descontentos tendrán el mismo peso que los indiferentes y los entusiastas de la alianza.

En cuanto a las críticas por motivos ideológicos, creo que no entienden la gravedad del momento y la importancia de esta elección en 2022. No sólo estamos viviendo la pesadilla de un mal gobierno, probablemente el peor de la historia de Brasil, sino que estamos en medio de una crisis de la propia democracia. Esta crisis comienza con el mal perdedor Aécio Neves en 2014, que no reconoció su derrota ante Dilma Rousseff, pasa por un impeachment basado en falsas acusaciones y culmina con la elección de un representante de la extrema derecha sin preparación, Jair Bolsonaro.

Todo ello acompañado de la Operación Lava Jato, una operación judicial en la que un juez de primera instancia y un grupo de fiscales, trabajando en connivencia, sentaron a la política en el banquillo de los acusados sin observar el debido proceso legal. Por lo tanto, las instituciones no fueron capaces de detener este triste proceso de degradación de la democracia. Ni el Supremo Tribunal Federal (STF), ni el Congreso, por ejemplo, fueron capaces de detener esta avalancha de fechorías. Por el contrario, estas dos instituciones, durante muchos años, fueron cómplices del proceso de deterioro democrático. Ni siquiera un sistema electoral de doble vuelta, una norma capaz de impedir la victoria de la extrema derecha en países como Francia, pudo evitar la elección del ex capitán Bolsonaro.

Un frente amplio por la democracia

Cuando las instituciones fallan, Ziblatt y Levitsky enseñan que corresponde a los políticos detener a los extremistas y a los reacios a la democracia. Las instituciones brasileñas no han sido suficientes para detener este proceso de degradación política. Incluso la candidatura de Lula en las elecciones de 2022, que se está convirtiendo en una de las favoritas, sólo fue posible tras la filtración de los diálogos entre los miembros de la investigación Lava Jato en Curitiba, que revelaron los montajes para asegurar la prisión del ex presidente e impedir que se presentara en 2018.

Fue un hacker, y no las instituciones, quien dio una nueva oportunidad al proceso democrático. El STF, siempre atento a la coyuntura política, se dio cuenta de que mantener a Lula en prisión y no garantizar sus derechos políticos, tras la incontestable demostración de mala fe del entonces juez Sergio Moro y del fiscal Deltan Dallagnol, era insostenible.

En esta clave, la alianza entre Lula y Alckmin es positiva. Un frente amplio, contra las fuerzas antidemocráticas, es bienvenido, sobre todo cuando las instituciones no impiden que se presenten candidatos en los extremos del espectro político. El sistema brasileño fomenta las negociaciones. Además de la elección de doble vuelta, que obliga a reposicionar a todos los candidatos en torno a dos nombres, el Congreso brasileño nunca ha ofrecido a los presidentes mayorías basadas en un único partido, lo que exige conversaciones, concesiones y frentes entre los distintos partidos.

La alianza es la norma en Brasil, no la excepción. Lula gobernó así, incluso con el apoyo del Centrão, eufemismo para un grupo de partidos de derecha que sobrevive gracias a su adhesión a los gobiernos. Esta necesidad de hacer alianzas puede haber impedido a Lula gobernar basándose exclusivamente en sus «preferencias sinceras», pero no le impidió tener una administración muy bien evaluada y responsable de iniciativas innovadoras y distributivas.

Todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la alianza y Lula se ha equivocado en otras ocasiones -creo que era mejor nombre que Dilma Rousseff para las elecciones de 2014-. Pero no perdamos el contexto al que nos enfrentamos. Los vicepresidentes más conservadores en los partidos petistas no son nada nuevo.

Un candidato a la vicepresidencia procedente de un partido que representaba el contrapunto histórico del PT y que ya ha disputado unas elecciones con Lula es una buena noticia. Es una señal de que por encima de las diferencias ideológicas está la democracia. Esto no se percibió en 2018, con Ciro Gomes escondido en París y Fernando Henrique Cardoso que se mantuvo al margen en la segunda vuelta entre el petista Fernando Haddad y la ultraderecha capitaneada por Bolsonaro. La alianza es una importante corrección del error que cometieron las fuerzas democráticas en las últimas elecciones. Más vale tarde que nunca. 

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La CELAC: el desafío de la revitalización

Esteban Caballero
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La CELAC: el desafío de la revitalización

El dialogo político regional ha venido decayendo en los últimos años, jalonado por diferencias sustanciales en lo que se refiere a los temas prioritarios y las distancias ideológicas. Gran parte de las desavenencias tienen que ver con el giro a la derecha que se dio en el último super ciclo de elecciones y el rechazo de los nuevos gobiernos a instancias que consideraban teñidas por los marcos ideológicas de la izquierda. Entre ellas el UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Un logro de la diplomacia mexicana, un desafío para la diplomacia argentina

En 2021, México hizo un esfuerzo por revitalizar el diálogo político, convocando a la VI Cumbre de la CELAC. Si bien en el encuentro quedaron en evidencia —nuevamente— las tensiones políticas que subsisten en la región, al menos participaron varios jefes de Estado como no ocurría hace años. En ese sentido, y a pesar de que no hubo grandes avances, la cumbre fue un logro importante de la diplomacia mexicana y de su presidente López Obrador.

La VI Cumbre de la CELAC, sin embargo, tuvo lugar a solo unos meses del fin de la presidencia pro tempore de México, por lo que Argentina y su presidente Alberto Fernández tienen ahora la tarea de continuar revitalizando la CELAC. 

En primer lugar, Fernández haría bien en despejar las suspicacias políticas que sobrevuelan las bases de esa posible revitalización. No sin razón, desde la derecha se argumenta que lo que se está intentando reconstruir es un liderazgo regional progresista perdido, coordinado por jefes de Estado que se sienten cómodos con dicha denominación y que están especulando con el avance de las opciones progresistas en la región durante el actual super ciclo de elecciones.

Tras la vitoria de Gabriel Boric en Chile y la posible victoria de Lula —quien reincorporaría a Brasil a la CELAC, revirtiendo la salida de Jair Bolsonaro— y de Gustavo Petro u otro candidato de centro izquierda en Colombia, se especula desde la derecha latinoamericana que el perfil de la CELAC podría retomar esa impronta.

Por ello, desde la izquierda se debe comprender que volver a construir foros e instancias regionales con una perfil ideológico tan marcado volverá a desembocar en fracasos. Las relaciones internacionales deben cimentarse en políticas de Estado que perduren y trasciendan las políticas coyunturales de los gobiernos.

Una de las maneras de disipar esa lectura política de la derecha es dejar de lado la idea de la CELAC como sustituto de la OEA. La izquierda, sobre todo aquella ligada a Cuba y a la actualmente disminuida ALBA, siempre se ha batido por presentar a la CELAC como una alternativa a la organización multilateral historicamente dominada por Estados Unidos y que en el pasado avaló las dictaduras de derecha y expulsó a Cuba.

De alguna manera, Alberto Fernández ya se posicionó contra esa visión al hacerse eco de las palabras del expresidente Santos de Colombia, cuando en 2011 dijo que la integración no se debe buscar en contra de nadie o de otros países.

Por otro lado, la idea de la CELAC como sustituto de la OEA refleja una falta de comprensión de los mecanismos multilaterales y lo que distingue a la CELAC de la OEA. La CELAC es todavía un foro mientras que la OEA es una organización multilateral, con una estructura, con órganos, procedimientos y normativas forjadas con el tiempo, por lo que la idea de que una pueda sustituir a la otra es un error.

Otro aspecto que debería considerar cualquier proyecto de revitalización de la CELAC es el de su narrativa. Lo peor que le puede suceder a la CELAC es convertirse en un foro donde se ejercita la anacrónica retórica antiimperialista. Esta bien el acto de albergar en su seno a Cuba y Venezuela. Con ello, la CELAC da un mensaje positivo de querer fomentar un diálogo sin exclusiones. De lo que si no puede caer presa, es de una estrategia geopolítica que busque seguir vendiendo la narrativa antimperialista para legitimar las derivas autoritaria o autocráticas.

Este es buen momento para hacer una ruptura con el pasado y rescatar las trayectorias nacionales y populares latinoamericanas, tan frecuentemente avasalladas por intereses económicos extranjeros, pero dentro del marco de un diálogo interamericano positivo y maduro.

El futuro de la CELAC como foro político

Revitalizar la comunidad es un gran desafío y es fundamental tener en mente que el cambio se debe dar en esa dimensión de foro político que tiene la CELAC. La ambición de esa revitalización tiene que tener en cuenta que la misma está muy lejos de poder albergar una función técnica y de desarrollo de contenidos. De hecho, en la propia declaración de México se conjugaron los principios de autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, con una clara referencia a los órganos multilaterales existentes, como las Naciones Unidas, la CEPAL, el BID o la OPS. Incluso, se hicieron propuestas importantes en el área de combate al Covid-19, pero que se apoyaron en propuestas que ya han circulado en los medios multilaterales, como la compra conjunta de medicamentos.

Con dicho trasfondo, podemos concluir que lo que le cabe a Argentina es servir eficaz y eficientemente de pasarela para fomentar el diálogo y la coordinación entre los países miembros, promover intervenciones conjuntas en los órganos multilaterales, sobre todo en la ONU, generar encuentros periódicamente y hacer declaraciones políticas que demuestren que, a pesar de todas las desavenencias, la región tiene una perspectiva común en un mundo en el cual somos cada vez más irrelevantes.

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Costa Rica: elecciones en tiempos de crisis

Enrique Gomáriz Moraga
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Costa Rica: elecciones en tiempos de crisis

Existe coincidencia en todas las casas de sondeos y estudios acerca de que el vocablo que define bien la actual carrera electoral en Costa Rica es incertidumbre. Una incertidumbre relativa, claro, porque más de la mitad de la población cree que el próximo presidente de la República será José María Figueres, el candidato del socialdemócrata Partido de Liberación Nacional (PLN). Pero la considerable dispersión de candidaturas y el alto nivel de indecisos (más del 40%) valida esa sensación de incertidumbre, puesto que, aunque existe coincidencia acerca de que ningún candidato ganará en primera vuelta, resulta imposible predecir quienes pasarán a la segunda.

El problema de fondo es que esta campaña, deslucida e incierta, tiene lugar en una coyuntura de crisis nacional como no se recordaba desde 1984, cuanto explotó la gran crisis de la deuda. Esto es repetido por la mayoría de los candidatos, varios de los cuales hablan de la emergencia nacional en que se encuentra el país. Y, desde luego, hacía tiempo que no tenía lugar una coincidencia tan grave entre estancamiento económico y crisis sociopolítica.

Inmediatamente antes de que llegara la pandemia, Costa Rica mostraba un serio desequilibrio macroeconómico. El aumento pronunciado de la deuda y el déficit fiscal obligó al gobierno a lanzar la Ley 6935 sobre Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que provocó un fuerte descenso del consumo y un aumento considerable del malestar social. De todas formas, al comenzar 2019 la deuda llegaba al 60% del PIB y el déficit fiscal al 7% del producto interno. Y sobre ese panorama aterrizó la pandemia a comienzos del 2020. La contracción económica de ese año se aproximó al 5% del producto nacional y los gastos sanitarios agravaron la situación de las finanzas públicas: la deuda ascendió hasta superar el 70% del PIB y se incrementó todavía más el déficit fiscal.

El gobierno del Partido de Acción Ciudadana (PAC), encabezado por Carlos Alvarado, aceptó que el país iba a la inmediata bancarrota si no acudía al apoyo internacional y entró en negociaciones con el FMI. En septiembre del 2020 se produjo el estallido social contra la negociación con el Fondo que paralizó el país por varios días y que a muchos les hizo recordar la protesta en Chile del año anterior.

Recientemente, cuando faltan pocos días para las elecciones, ha salido a la luz el verdadero alcance de aquel estallido social: los líderes de la protesta habían pedido al entonces presidente de la Asamblea, Eduardo Cruickshank, que fuera conformando un gobierno porque el objetivo último de la movilización era derrocar al presidente Alvarado. Esa perspectiva de golpe en una democracia como la costarricense da una idea de la gravedad de la crisis sociopolítica.

La caída en picado de la popularidad del gobierno saliente, en medio de sonoros escándalos de corrupción, podría provocar el hundimiento del partido de gobierno, el PAC, que no sólo perdería rotundamente las elecciones (las encuestas le dan un 1% de intención de voto) sino que incluso enfrenta el riesgo de ser irrelevante en la Asamblea Legislativa.

Dos gobiernos sucesivos han bastado para socavar los fundamentos sobre los que se basó la configuración del PAC. Pero tal vez el fenómeno más preocupante sea el bajo nivel de confianza mutua que experimenta el país. Ticos y ticas no confían en las instituciones públicas, pero tampoco entre ellos. Los últimos estudios al respecto, muestran niveles de confianza mutua semejantes a países como El Salvador o Nicaragua.

No es extraño, por tanto, que los intentos de lograr acuerdos básicos para enfrentar la crisis nacional no hayan llegado a buen puerto en esta legislatura. Faltaban ingredientes básicos como la credibilidad del liderazgo convocante y un nivel mínimo de confianza mutua.

En estas condiciones, hay dos fenómenos que están presentes en estas elecciones: la escogencia por descarte (o elección del menos malo) y la existencia de un elevado nivel de intención oculta del voto. No son fenómenos nuevos, porque ya se manifestaron en las elecciones de 2018, pero en las actuales parecen más pronunciados.

En los últimos sondeos el porcentaje de los indecisos ha vuelto a subir hasta el 49% y las respuestas más frecuentes refieren a que elegirán por descarte. Pero la mayoría de los observadores creen que el aumento de los indecisos contiene una apreciable cantidad de voto oculto. El electorado no está dispuesto a declarar por quien votará, entre otras razones porque también hay un elevado voto de rechazo manifiesto.

Por ejemplo, el candidato que encabeza los sondeos, José María Figueres, enfrenta esa grave circunstancia: un 40% de los encuestados afirman que nunca lo votarían, lo que pone en duda su victoria en la segunda vuelta. Un menor rechazo presenta la candidata del Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío, que aparece como segunda opción en los sondeos.

Se especula sobre cuál será el destino final de ese voto oculto. Todo indica que una parte iría hacia el PAC, que difícilmente se quedaría sólo con ese 1% de apoyo. Otra parte se orientaría hacia el propio Figueres, pese al voto contrario que se hace público. Y quizás en ese voto oculto haya también alguna proporción de votantes que apoyaría a Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, que representa los sectores confesionales, principalmente evangélicos, quien ya perdió las pasadas elecciones por haber planteado la separación de Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ésta resolvió a favor del matrimonio homosexual.

En todo caso, no está descartada la sorpresa de que quien pase en segundo lugar a la siguiente ronda pueda ser elegido presidente, dado el nivel de rechazo que presentan las principales fuerzas políticas. Y probablemente el candidato elegido lo haría con una proporción muy reducida del padrón electoral.

Puede así hablarse de un círculo vicioso entre incertidumbre electoral y crisis económica y sociopolítica. La dispersión de candidaturas y el alto nivel de indecisos no son simplemente fenómenos políticos epidérmicos, sino que reflejan problemas de profundas raíces en las entrañas de la sociedad. De lo que no hay duda es de que el próximo mandatario va a caminar por el filo de la navaja. Incluso si obtiene algún período inicial de gracia, cualquier tropiezo en su gestión hará emerger nuevas manifestaciones que expresen el malestar social acumulado. Es difícil estimar el grado de turbulencia que se anticipa en el horizonte.

Foto de izahorsky em Foter

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Crisis en el Congreso de Honduras a días de la asunción

Dardo Justino Rodríguez
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Crisis en el Congreso de Honduras a días de la asunción

El pasado 21 de enero, los diputados recientemente elegidos en Honduras debían nombrar una Comisión Directiva provisional para el Congreso Nacional que presidiría la sesión de este domingo 23, en la cual se votaría por la Junta definitiva. Sin embargo, el acuerdo preelectoral que definía que el próximo presidente del Congreso debía ser escogido por uno de los partidos minoritarios de la coalición ganadora, fue desconocido por una parte de la bancada parlamentaria electa del partido mayoritario de la coalición, el Partido Libre. Esto ha generado una crisis política de proporciones en el seno de la coalición que gobernará, a días de la asunción de la nueva presidenta Xiomara Castro.

El acuerdo preelectoral entre el partido Libertad y Refundación (Libre), Unidad e Innovación Social Demócrata (PINU-SD) y Partido Salvador de Honduras (PSH) del elegido vicepresidente Salvador Nasralla, definía que el PSH nombraría al presidente del Congreso Nacional a cambio de que éste renunciara a su propia candidatura a la presidencia y se sumara a la fórmula como vicepresidente.

Ante el resultado que dio como amplio ganador al partido Libre, sus líderes propusieron de común acuerdo con Nasralla —previo a la sesión del 21—, al diputado Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH) como presidente del Legislativo. Sin embargo, en la elección provisional del 21 de enero, 20 de los 50 diputados electos de Libre se rebelaron contra el mandato partidario y votaron, con el muy sospechoso aporte de los 44 diputados del todavía oficialista Partido Nacional (PN) y de casi todos los legisladores del alicaído Partido Liberal (PL), por el diputado de Libre Jorge Cálix.

Inmediatamente los diputados rebeldes fueron expulsados del partido. Esto, sin embargo, no evitó que el domingo 23, cuando se debía realizar la elección definitiva y ante la vigilia mantenida por la militancia de Libre en el Congreso Nacional para evitar la elección, los disidentes y quienes los apoyaban se reunieran en el club recreativo Bosques de Zambrano, a pocos kilómetros de la capital y escogido como lugar sustituto, para llevar adelante la sesión.

En tanto, en el edificio del Congreso, 32 diputados de Libre (dos rebeldes desertaron de su posición anterior), junto a los del PSH y el PINU-SD y unos pocos liberales, sesionaron con la presencia de varios diputados suplentes, votando su propia Junta Directiva, con Luis Redondo a la cabeza.

Tras los sucesos, la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado de apoyo a la constitucionalidad, garantizando la asunción del mando de Xiomara Castro. En tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) al igual que la embajada de Estados Unidos, llamaron al diálogo.

Desde el Partido Nacional, acusado como artifice de la turbia maniobra, hubo un silencio casi absoluto, mientras que Yani Rosenthal, el ex candidato liberal y ex convicto por lavado de dinero del narcotráfico, aplaudió la decisión de la mayoría de la bancada de su partido. Lo concreto es que son pocos los sectores que apoyan decididamente a Cálix y su grupo, pues desde la gran mayoría de los estamentos de la sociedad, se manifiestan por el diálogo y en apoyo a Xiomara Castro como presidenta.

¿Y ahora qué?

De acuerdo con la mayoría de los analistas locales, quien gana tras todo este escandalete es Xiomara Castro, porque, si bien desde el punto de vista legal, la comisión presidida por Cálix sería la legalmente constituida, —no todos están de acuerdo— el eje, de ahora en más, pasa por lo político.

En primer lugar, la futura presidenta tiene el apoyo explícito de las FFAA, lo cual sumado al control de la Policía Nacional le permitirá “proteger” el edificio del Congreso. Aunque no se llegue a ello, quien recibiría las “llaves” del Palacio Legislativo, sería la Comisión conducida por Luis Redondo, pudiendo, por lo tanto, ingresar al hemiciclo legislativo. Además, la presidenta dispondrá de los fondos destinados al funcionamiento del Congreso Nacional, a través de la Secretaría de Finanzas, los cuales entregaría a la Comisión presidida por Luis Redondo.

Por otro lado, para que la Junta Directiva presidida por el díscolo Jorge Cálix se confirme, su nombramiento debe ser publicado en la Gaceta oficial, cuya sede está actualmente ocupada por sindicalistas afines a Xiomara Castro, que impiden al actual gobierno completar su maniobra. Incluso, aunque el todavía partido oficialista lo publicara, sería cuestión de horas para que el nuevo gobierno la anulara.

Más allá de estas supuestas maniobras, constitucionalmente quien debería decidir es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada por el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, a quien se acusa de estar detrás de toda esta maniobra, con el objetivo de evitar caer en manos de la Justicia. La cuestión pasa por saber hasta dónde llegarán esos jueces. Han sido fieles servidores del poder que se va, pero ¿lo seguirán siendo? En cuanto a los integrantes del Ministerio Público, también favorecedores de la impunidad actual, podrían, de mantenerse fieles al mandatario saliente, ser destituidos por un nuevo Congreso afín a Xiomara Castro.

El rol de Estados Unidos en la crisis hondureña

En cuanto al apoyo de las FFAA, se especula que hay un guiño de EEUU detrás. Xiomara tiene legitimidad, por lo cual Washington no irá en su contra, salvo que sus políticas vayan en contra de sus intereses, lo cual no parece probable por ahora. De hecho, el mensaje del partido Libre a Washington, inclusive antes de las elecciones, fue que de alcanzar el gobierno se centraría en la lucha anticorrupción y en mejorar la economía. Dos aspectos centrales, ya que son las principales causas de la emigración masiva.

Una clara señal de Estados Unidos será el accionar de su sistema judicial respecto al narcotráfico y una persecución inmediata contra el presidente saliente y sus secuaces sería entendida como una señal de apoyo indirecto a Xiomara. Por lo pronto, Kamala Harris no ha cancelado su visita al acto de asunción, otro signo de apoyo.

Para EEUU, la estabilidad de Honduras es fundamental, ya que las constantes crisis se han traducido en salidas masivas de migrantes irregulares. Además, siendo Honduras el único país en el Triángulo Norte con el que podría contar, se infiere que la potencia del norte, tan influyente en la región, no permitirá acciones desestabilizadoras. Pero claro, esto es Centroamérica, ferviente cultora del realismo mágico, así que, a observar con atención, porque todo puede pasar.

La pandemia: de la hegemonía al repliegue del Estado

Diego M. Raus
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La pandemia: de la hegemonía al repliegue del Estado

Hace ya casi dos años aparecía un nuevo virus, luego bautizado Covid-19, que sumergía al mundo en una pandemia. El temor, casi terror, inicial llevó a miles de millones de personas en el globo a encerrarse en sus casas —por decisión propia o aceptación sin mayor cuestionamiento de las disposiciones de los gobiernos— atentos a cómo se desarrollaba la situación. Pero a dos años del inicio de la pandemia ¿qué ha cambiado? Básicamente que el control de la situación ya no lo tienen los gobiernos, como sucedió al principio, sino que pasó de manera contundente a la sociedad.

En estos dos años, en lo que respecta al Covid-19 se han desarrollado una sucesión de mutaciones que permiten imaginar que el virus, contra lo que se pensaba al principio, va a permanecer con nosotros durante mucho tiempo. La variante actual, Omicron, representa un nuevo desarrollo del virus que es interpretado por la ciencia —y el sentido común— como una especie más contagiosa pero menos letal.

Un sentido común que parece querer decir algo así como que “ya que no es tan letal y estamos en gran parte vacunados, contagiémonos todos de una vez y hagamos languidecer y morir al maldito virus”. Es decir, en dos años naturalizamos la pandemia y le perdimos el miedo.

Primer Tiempo: los gobiernos deciden, dicen y mandan

La súbita aparición del Covid-19, la posterior pandemia, la falta de antecedentes y la inexistencia de una cura, sean vacunas, internaciones o tratamientos, sumió a la humanidad en el caos. Esta situación derivó, de forma hobessiana, en el consenso absoluto de que las decisiones debían ser tomadas por los gobiernos para tratar de enfrentar al monstruo.

Los gobiernos reaccionaron en general muy rápidamente y ordenaron, hasta tratar de entender lo que pasaba y sus posibles consecuencias, que las personas se aislaran por tiempo indeterminado en sus casas. Nadie debía salir y sólo había que gestionar el aprovisionamiento de las casas y preparar los sistemas de salud. El mundo se despobló.

Las decisiones gubernamentales de encierro obligatorio fueron acatadas urbi et orbi. Los espacios públicos quedaron vacíos. Solo se habilitaron horarios muy restringidos para el aprovisionamiento mínimo necesario de alimentos de las familias. Mientras tanto la cantidad de internados y muertos crecían drásticamente.

El terror se expandía y con él el acatamiento absoluto a las decisiones políticas. Nunca, desde los antiguos imperios, los mandatos de los gobiernos gozaron de tanta legitimidad. Nunca, desde las monarquías, se otorgó tanta aceptación a la idea que el gobierno es tal en tanto protege a sus pueblos.

La adaptación de los sistemas de salud y la búsqueda de soluciones como las vacunas que se fueron desarrollando contribuyeron definitivamente a esa gloria gubernamental. Los gobernantes encarnaban casi el ideal griego del buen gobierno. Decisión, democracia y consenso.

Segundo Tiempo: los gobiernos ya no deciden, no dicen, ni mandan

A la misma velocidad que el virus, la situación política fue mutando. Se comenzaron a desplegar, en formas diferentes pero en todas las regiones, resistencias cada vez más fuertes a las decisiones gubernamentales. Al principio, sobre todo contra el encierro obligatorio, y luego contra la vacunación.

Ya desde fines de 2020, pero claramente en todo el transcurso de 2021, a lo largo y ancho del globo fueron expandiéndose distintas formas de resistencia primero, y rechazo después, a las decisiones gubernamentales. Más allá de los argumentos —encierros, aislamientos, vacunaciones, restricciones a viajar, diagnósticos de la situación— el denominador común de esas resistencias fue el creciente rechazo al “absolutismo político gubernamental”, es decir, a la potestad política de decidir sobre la vida personal y social de las poblaciones.

En la medida que las poblaciones fueron aceptando la persistencia de la pandemia en el tiempo, se fueron sintiendo más seguras a partir de las defensas corporales, vía vacunas o contagios, y se comenzó a discutir acerca del sentido, la legalidad y la legitimidad de la centralización política del control de la pandemia. Reitero, las formas de resistencias y rechazo son varias, al punto que habría que interpretarlas en relación a la cultura de las poblaciones.

Las sociedades comenzaron a cercar a los gobiernos y a decidir cómo protegerse, transitar, circular, relacionarse, viajar, aislarse, desaislarse. Los gobiernos debieron replegarse, ceder su pretensión hegemónica, otear permanentemente el humor social y, a partir de ahí, tratar de gestionar la evolución de la pandemia.

Tercer Tiempo: Omicron devuelve (no tanto) la inicativa a los gobiernos

El vertiginoso aumento de contagios provocado por la variante Omicron está actualmente devolviendo la iniciativa y el comando de la situación a los Estados que en algunos casos han implementado nuevas restricciones a la circulación, aprobación de pasaportes de vacunación y otras medidas. El aumento de contagios también ha incidido en el aumento de la preocupación en amplios sectores de la ciudadanía que ha optado por volver a replegarse.

Sin embargo, salvo un aumento alarmante de fallecimientos por la pandemia, los Estados, en particular en los regímenes democráticos, ya no tendrán el mismo grado de libertad de acción en la gestión sanitaria. La pandemia está ahora mucho más condicionada a las decisiones de los ciudadanos, aunque a veces estos se equivoquen…

Foto de Carlos Andrés Gamero Esparza (leondeurgel) em Foter

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Bolsonaro oculta los datos de la pandemia y nos parece normal

Leonardo Magalhães
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Bolsonaro oculta los datos de la pandemia y nos parece normal

Mientras que en los primeros días de 2022 el mundo registraba récords consecutivos de infecciones de Covid-19, causados principalmente por la variante Ómicron, Brasil cumplía un mes sin informar sobre el número de casos de la enfermedad. En medio de la peor omisión de datos de la pandemia, los científicos brasileños parecían gritar solos que el país estaba ciego respecto a su pandemia, mientras que en la prensa el problema ya no parecía preocupar.

Este no ha sido el primer “apagón de datos” pandémico en Brasil. En 2020, cuando el Gobierno Federal decidió por primera vez adoptar una política basada en la omisión de datos, organismos de comunicación, políticos, expertos e influenciadores digitales reaccionaron con fuerza en nombre de la defensa de la vida y la transparencia. Desde entonces, se han producido otras ocultaciones deliberadas, pero ¿por qué ahora parece que a los brasileños les importa menos? ¿Qué ha pasado con el periodismo y su papel de «perro guardián» ahora que la pandemia ha vuelto a crecer gracias a una variante aún más contagiosa?

Una posible respuesta puede estar en la comparación entre el contexto de 2020 y el de 2022.

El primer “apagón de datos” oficial del gobierno de Bolsonaro

Al analizar cerca de tres millones de tuits entre el 3 y el 10 de junio de 2020, se observa que por entonces había un uso creciente del discurso de culpabilidad hacia el Gobierno Federal en la mala gestión de la pandemia.

La razón es que ese 3 de junio el Ministerio de Salud retrasó por primera vez la publicación de los datos oficiales sobre el número de muertos e infectados hasta las 22:00 horas. La estrategia buscaba evitar que las horribles cifras de la pandemia se difundieran en el programa de periodismo televisivo más tradicional del país, el “Jornal Nacional”, que se emite en el horario de máxima audiencia, a las 20:00 horas.

El día 5 de junio de 2020, Bolsonaro amenazó con abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando que la institución tendría una actuación «partidista». El día 6 se fijó oficialmente a las 22:00 horas como el horario para la publicación de los datos. En ese mismo día, preguntado por un periodista de la CNN Brasil sobre el “apagón de datos”, Bolsonaro celebró diciendo “se acabaron las noticias en el Jornal Nacional”.

La actitud del gobierno tuvo una rápida respuesta en la prensa y a partir de ese día, los principales medios de comunicación se unieron para formar un consorcio que reuniera y difundiera datos sobre la pandemia. El cobro de las cifras sobre muertos y contagiados comenzó a hacerse directamente con los estados, dejando de depender de la divulgación por parte del gobierno.

La decisión de cambiar la hora de divulgación oficial en el 2020 fue vista por varios sectores de la sociedad como un intento deliberado de ocultar los datos, definiéndolo como el primer «apagón». La medida tenía como objetivo ocultar las cifras y chocar así con los medios de comunicación, lo que puede haber contribuido a que su reacción haya sido más contundente que la de 2022.

En este primer mes de 2022, a pesar de la gran aceleración de los contagios y muertes, el avance de la vacunación, el ambiente preelectoral y la narrativa de que la variante Ómicron es más contagiosa pero menos mortal, junto con el deseo de superar la pandemia, parecen impedir que el tema de la omisión de datos oficiales adquiera la importancia que tuvo en 2020 y sensibilice a los periodistas y a la opinión pública.

En 2020, por otro lado, una serie de condiciones acumulativas generaron una verdadera ola de atribuciones de culpa al Gobierno Federal e hicieron que el tema del “apagón de datos” fuera central. Entre ellos, el empeoramiento sistemático de la pandemia, los enfrentamientos entre Bolsonaro y gran parte de los medios de comunicación, la esperanza de varios sectores de aprovechar el desgaste de Bolsonaro ante la opinión pública y la crisis económica asociada al Covid-19.

En 2022, esta tendencia a creer, o a querer creer, que la crisis está a punto de terminar, aunque empeore desde un punto de vista objetivo, parece tener la misma raíz que las condiciones que llevaron a muchos brasileños a evitar la vacunación, o al apego a soluciones fáciles como la cloroquina y otros medicamentos dudosamente milagrosos. Son percepciones dictadas más por los deseos que por la observación de la realidad.

Por otro lado, la fatiga provocada por las medidas de distanciamiento social puede estar afectando incluso al periodismo en Brasil para dejar de hablar del “apagón de datos” como uno de los principales problemas actuales.

Por qué esta omisión de datos es más grave

Brasil fue uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo. Aunque sólo corresponde al 2% de la población mundial, el país concentra el 6% de las infecciones de Covid-19. Antes de este último “apagón de datos”, que comenzó en diciembre de 2021, el país acumulaba el 8% de los casos del mundo con más de 20 millones de infectados. En número de muertes, Brasil sólo pierde ante Estados Unidos.

El 13 de diciembre, el Ministerio de Salud informó que había sufrido un ataque de hackers en todos sus sistemas. La acción derribó el acceso a los certificados de vacunación de los brasileños y, lo que es más grave, impidió que los hospitales, laboratorios y alcaldías informaran de las cifras de nuevas infecciones y muertes. El problema tardó un mes en solucionarse parcialmente y, aún hoy, los estados siguen afirmando que no funciona correctamente.

Este último “apagón”, sin embargo, afectó a los datos en su origen. Con todas las bases de datos caídas, ni siquiera los estados pudieron visualizar las cifras de casos y muertes. Durante un mes, Brasil registró cifras muy bajas de infecciones y muertes, dando la impresión de que la pandemia estaba llegando a su fin.

Mientras tanto, las playas y los sectores turísticos estaban abarrotados, poniendo a prueba la capacidad real de protección de las vacunas hasta hoy desarrolladas. La recopilación de datos siguió realizándose, al igual que la difusión en los medios, aunque las cifras ya no se correspondían con la realidad. La falsa sensación de que «la pandemia está terminando» se vio reforzada por una divulgación acrítica de las cifras.

Ahora, una vez resuelto parcialmente el problema, los registros diarios de casos parecen asustar a todos. Y para colmo, las principales víctimas de esta nueva oleada parecen ser los niños, aún no vacunados. La falta de transparencia durante la pandemia es una política gubernamental en Brasil, pero esta información no parece llegar al público. Un grave fallo de los comunicadores durante una pandemia que ya ha matado a más de 600.000 personas en el país.

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