Una región, todas las voces

Los mapas del general Milley

En un mundo de interdependencias complejas, responsabilidades compartidas y desafíos comunes, no deja de llamar la atención la vigencia de las visiones imperiales que asumen como responsabilidad propia de las grandes potencias el control sobre sus “áreas de influencia” 

El general Mark Milley es el mismo alto jefe militar de los EE.UU. que en noviembre del año pasado se comunicó con el general Li Zuocheng, su contraparte china —a quien había conocido y tratado esporádicamente cinco años antes— y le garantizó que EE.UU. no atacaría en caso de que el entonces presidente Trump, en un arrebato de locura, le diera esa orden. 

La historia está contada en el libro Peril (Peligro) de Bob Woodward y Robert Costa. Milley confirmó luego esas conversaciones en una audiencia ante al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. “Mi tarea en ese momento —dijo— era desescalar”. “Mi mensaje fue coherente: mantener la calma y la estabilidad. No vamos a atacarlos”, agregó. Y matizó aclarando que en su opinión nunca fue la intención de Trump atacar a China. 

La destacada foja de servicios del general Milley es un recorrido por la geopolítica global de los últimos cuarenta años, así que cubre desde el último tramo del mundo bipolar de la Guerra Fría, en los ’80, al «momento unipolar» de hegemonía estadounidense de los ’90 y la transición hacia un escenario sin hegemonías, entrando al siglo XXI, con los EE.UU. replanteando su papel como superpotencia global y observando el ascenso de China como potencia mundial. 

Graduado en 1980 con estudios en ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad de Princeton, con una tesis titulada “Un análisis crítico de la organización de la guerrilla revolucionaria en teoría y práctica”, y estudios de posgrado en Columbia y la Escuela de Guerra Naval, Milley participó en la fuerza de paz en Sinaí, en las intervenciones norteamericanas en Panamá y Haití, y en las guerras de los Balcanes, Irak y Afganistán. 

Hoy, al frente del Estado Mayor Conjunto, advierte que el desarrollo de un arma supersónica china lleva al mundo a “un momento Sputnik”, en referencia al primer éxito soviético en la carrera espacial durante la Guerra Fría. “Ellos (los chinos) se están expandiendo rápidamente: en el espacio, en el ciberespacio y en los dominios tradicionales de tierra, mar y aire”, dijo. Y remarcó cómo desde finales de los 70 la República Popular China ha pasado de tener un enorme ejército de infantería de base campesina a unas fuerzas armadas “muy capaces y con ambiciones globales”. 

El más alto jefe militar norteamericano tiene claro que China se perfila como “el mayor desafío geoestratégico para Estados Unidos” en un escenario que describe así: “Estamos entrando en un mundo tripolar en el que Estados Unidos, Rusia y China, todas son grandes potencias. En mi opinión, estamos entrando en un mundo que será potencialmente más volátil desde el punto de vista estratégico en comparación, por ejemplo, con los últimos 40, 50, 60 o 70 años”, declaró en estos días durante el Foro de Seguridad de Aspen. 

El comandante militar del Pentágono también subrayó que será de gran importancia “mantener la paz entre las grandes potencias”. “Estamos entrando en un periodo, en mi opinión, de mayor inestabilidad y riesgo potencial”, sostuvo, explicando que por eso Washington, Moscú y Pekín y todos los demás aliados deben ser “muy cuidadosos” en términos de cómo actúan unos con otros en el futuro. 

Respecto a la OTAN, Milley señaló que la alianza atlántica debe mantener el diálogo con Rusia y China. “Creo que en este momento estamos en un periodo de paz entre las grandes potencias. Y queremos que siga siendo así (…) Lo último que necesita el mundo, Estados Unidos y cualquier otro, es una guerra entre las grandes potencias”, opinó. En ese sentido, Milley apuntó que es necesaria “la comunicación mutua con Rusia, China o cualquier otro país”, que podría ser llevada al cabo a través de intermediarios o directamente. “Creo que es un enfoque acertado”, dijo. 

“Pienso firmemente que no solo hay que hablar con los aliados, socios y amigos, sino que también hay que hablar con los adversarios y enemigos”, reiteró, al tiempo que aseguró que ya existe “mecanismos de comunicación mutua” entre Washington y la OTAN con Moscú. 

Pero Milley dijo en este último tiempo, además, algunas otras cosas que nos atañen más cercanamente a los latinoamericanos. Lo hizo en el acto de asunción de la nueva jefa del Comando Sur —por primera vez una mujer—la general Laura J. Richardson, que sucede al almirante Craig S. Faller, en la sede de Southcom en Doral, Florida. 

Allí afirmó que “este hemisferio (en referencia al continente americano) nos pertenece a nosotros y a nadie más, y todos estamos hombro con hombro en esa causa común para proteger nuestro hemisferio de cualquier amenaza internacional”. Y por si quedara alguna duda mencionó como principales adversarios globales con incidencia en la región a China, Rusia e Irán. No se recuerda una afirmación tan contundente en tiempos recientes sobre cómo se observa desde Washington a América latina. 

En un mundo de interdependencias complejas, responsabilidades compartidas y desafíos comunes, no deja de llamar la atención la vigencia de las visiones imperiales que asumen como responsabilidad propia de las grandes potencias el control sobre sus “áreas de influencia”. Lo hizo Rusia, desde Chechenia a Crimea, lo hace China con Taiwán y el sudeste asiático, lo sigue haciendo EE.UU. con su “patio trasero”. Doctrina Monroe over and over again. Pero el escenario es otro. Otros flujos —comerciales, migratorios, tecnológicos—, intercambios sociales e influencias culturales atraviesan y desdibujan esas fronteras geopolíticas demarcadas por la geografía física y el reparto del poder mundial entre las grandes potencias.

*Esta es una versión modificada del texto publicado originalmente en Clarín, Argentina 

¿Atacarán los zombis de la Lava Jato en 2022?

Jair Bolsonaro difícilmente ocuparía el sillón presidencial de Brasil si no fuera por la operación Lava Jato. Supuestamente destinada a luchar contra la corrupción, la operación repleta de irregularidades procedimentales eligió un objetivo en lugar de limitarse a seguir las pistas y el debido proceso legal. Tratar la política como un crimen y al Partido de los Trabajadores (PT) como una banda fueron elementos centrales para crear el «clima» adecuado para el golpe de Estado de 2016, a través de un proceso de impeachment sin las condiciones legales necesarias. El juicio sesgado al expresidente Lula llevó a su encarcelamiento sin pruebas, elevando a Bolsonaro a la condición de favorito en las elecciones presidenciales de 2018.

Las sombras de la operación Lava Jato

Los principales actores de la operación Lava Jato, que implicó una actuación parcial y partidista de la Justicia, fueron el entonces juez Sérgio Moro y los fiscales del Ministerio Público de Curitiba, especialmente el coordinador de la operación, Deltan Dallagnol. El juez y los fiscales acordaron entre ellos estrategias, ignoraron selectivamente la información, expresaron en conversaciones el deseo de que el PT no ganara las elecciones presidenciales y abusaron del instrumento de la cooperación eficaz.

Todo esto quedó al descubierto en la serie de reportajes de The Intercept Brasil, conocida como Vaza Jato, tras obtener conversaciones entre estos personajes en la aplicación Telegram. Más tarde, salieron a la luz nuevos diálogos tras la operación Spoofing, de la Policía Federal. Las confesiones obtenidas mediante el mecanismo de la cooperación o colaboración eficaz, que debían ser un incentivo para que algunos delincuentes ayudaran a desentrañar las grandes tramas, fueron utilizadas deliberadamente para construir una narrativa que llevara a la condena de Lula.

Para decir lo que el Ministerio Público quería oír, fuera o no cierto, los denunciantes recibieron a veces ventajas totalmente ajenas al compromiso efectivo de lucha contra la corrupción, y a veces sufrieron tortura psicológica, en un claro abuso de los derechos humanos. Alberto Youssef, un importante blanqueador de dinero, cuyas condenas combinadas superarían los 122 años de prisión, consiguió permanecer en la cárcel sólo tres años, con la conservación de varias propiedades declaradas procedentes de sus propios delitos.

Por otro lado, los denunciantes menos importantes para la trama de corrupción fueron detenidos preventivamente y amenazados con ser trasladados a prisiones peligrosas si no colaboraban «espontáneamente». En una conversación mantenida en 2017, Dallagnol se burlaba de la «eficacia» de las detenciones preventivas como herramienta para presionar a los investigados a aceptar acuerdos de culpabilidad.

El ex ejecutivo de Petrobras Pedro Barusco, que fue uno de los primeros denunciantes de la operación Lava Jato, allá por 2014, había denunciado un acuerdo de sobornos entre empleados de la empresa, políticos y representantes de contratistas. Sin embargo, Deltan Dallagnol y su colega fiscal Athayde Ribeiro Costa se mostraron insatisfechos con el hecho de que la declaración de ese denunciante permitiera incluir al Partido Progresista entre los implicados, pero no al Partido de los Trabajadores. Decidieron hacer un nuevo acuerdo, dejando a Barusco sin ninguna pena grave, para que pudiera hacer una nueva denuncia, que contaría con extractos escritos por los propios fiscales.

Moro, Dallagnol y las perspectivas políticas para las elecciones de 2022

Moro pidió su exoneración como juez federal en 2018 para convertirse en ministro de Justicia del propio Bolsonaro, con quien rompió dos años después por disputas de poder. Dallagnol ha pedido la exoneración a la Fiscalía Federal ahora, en noviembre de 2021. Su objetivo, como el de Sérgio Moro, debe ser seguir en política, pero esta vez por la vía electoral, y no manipulando a la Justicia.

El ex juez de la inquisición lavajatista se ha presentado como probable candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2022. Todavía no se conoce la ambición política de Dallagnol. 

Lo único que se sabe es que le gusta el dinero: un artículo del Intercept Brasil mostró que Dallagnol y su socio el fiscal Roberson Pozzobon estaban organizando en 2018 un plan de negocios para lucrar con eventos y conferencias pagadas a partir de la fama y los contactos logrados a través de la operación Lava Jato. Utilizarían a familiares como propietarios de la empresa, para evitar cuestionamientos legales, y estaban pensando en crear un instituto «sin ánimo de lucro» para pagar cachés para ellos mismos.

En 2019, la Fiscalía Federal de Paraná intentaba llegar a un acuerdo con Petrobras y el gobierno de Estados Unidos para que la empresa estatal, objeto de la investigación de la Lava Jato, pagara 2.500 billones de reales a un fondo privado que sería gestionado por el propio Deltan Dallagnol y sus colaboradores. Ahora que ha renunciado a su alto sueldo como fiscal, no se sabe si intentará ser diputado o se atreverá a buscar un escaño en el Senado o el puesto de gobernador del estado de Paraná.

Sérgio Moro ha sido visto como un posible nombre de la «tercera vía», contra Lula y Bolsonaro, por sectores de la prensa que siempre publicaron noticias elogiosas y acríticas sobre la operación Lava Jato. Hoy en día ya no se ven manifestantes en las calles con camisetas amarillas con su cara y llamándole héroe, o incluso montajes de él con un traje de Superman. Pero con el favoritismo de Lula y la certeza de la polarización, es el espacio de enemigo del PT y defensor del punitivismo el que estará en disputa. Moro tiene cierto potencial para volver a atraer a parte de la base reaccionaria desilusionada con Bolsonaro y ocupar ese lugar.

La plataforma política de Moro y Dallagnol en una campaña electoral es previsible: mucho alarmismo contra la corrupción, defensa de más cárceles y penas más duras, crítica de una burocracia «excesiva» en la legislación penal brasileña que llevaría a la impunidad, y difusión de la idea de que la clase política es toda corrupta y es necesario sustituirla por no políticos.

La ruptura democrática de 2016 empoderó a figuras conspirativas y autoritarias. En primer lugar, el entonces vicepresidente Michel Temer, al que todos llaman «vampiro», se convirtió en presidente sin necesidad de votar. Después Jair Bolsonaro tuvo una carrera política segura hacia la presidencia, sin Lula en el camino.

A Bolsonaro se le suele llamar «Bozo», pero el nivel de destrucción que ha causado lo acerca a payasos más terroríficos, como Pennywise u otros asesinos inventados que pueblan las películas. En febrero se desarticuló la operación Lava Jato, ya desprestigiada por todas las arbitrariedades y parcialidades reveladas. Pero en esta película de terror que vive Brasil desde 2016, la muerte de la Lava Jato puede no ser definitiva. Es posible que vuelva como un zombi, con las candidaturas de Sérgio Moro y Deltan Dallagnol en el horario de máxima audiencia.

Foto de Agência Brasil


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Honduras: entre el autoritarismo electoral y la recomposición democrática

El próximo 28 de noviembre los hondureños están llamados a participar en el décimo proceso electoral general desde el retorno al orden constitucional en 1982. Se espera que más de cinco millones de votantes acudan a las urnas para escoger a las autoridades ejecutivas y legislativas nacionales y municipales, además de los representantes al Parlamento Centroamericano. En consecuencia, en enero de 2022, un nuevo gobierno asumirá los destinos del país.

Más allá de escoger a candidatos, esta elección es de crucial importancia para determinar si Honduras podrá —o no— continuar siendo considerado como un país gobernando mediante un régimen democrático representativo. Resulta que, desde la irregular interrupción de mandato del presidente Manuel Zelaya en 2009, numerosos informes, particularmente el de Variedades de Democracia, V-Dem, han alertado que el país habría caído a la categoría del Autoritarismo Electoral. Esto quiere decir que se trata de un régimen híbrido con mínima competencia y participación política, y con poco aprecio por el Estado de Derecho o por la rendición de cuentas. Este es un panorama político comparable al de Haití, Nicaragua o Venezuela.

Más allá de celebrar una fiesta cívica y republicana, las próximas elecciones hondureñas determinarán si dicha nación conseguirá recomponerse o si continuará siendo víctima de un gravísimo proceso de erosión democrática. Tras una “década trágica”, en la que se constató todo tipo de irregularidades, el pueblo hondureño tiene una magnífica oportunidad para corregir los rumbos del Estado, de la sociedad y de su inserción internacional.

Prolegómenos

El proceso hondureño fue precedido por reformas políticas y electorales que han producido una nueva institucionalidad. Entre las principales disposiciones se destaca la creación de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral. Hubo también algunas innovaciones en la tecnología, paridad de género, y una depuración del censo.

Desafortunadamente, no fue posible avanzar en lo concerniente a la introducción del balotaje o segunda vuelta, en la denominada “ciudadanización de las mesas electorales” o mayores controles al financiamiento de campañas y de los partidos. En general, tales reformas procuraron generar transparencia y confianza, bien como reasegurar la integridad y legitimidad de las instituciones y los mecanismos propios de la rendición de cuentas electoral o vertical, dimensión fundamental de la calidad de la democracia.

El asunto es sumamente urgente, principalmente ante las numerosas insuficiencias de las tres últimas elecciones generales hondureñas. Esto explica la notoria caída en el índice de apoyo ciudadano a la democracia, conforme demuestra, entre otros, el informe de Latinobarómetro 2021 con una caída del apoyo ciudadano al régimen democrático entre 2006 y 2020 del 55% al 30%. El abstencionismo supera el 40% del censo y los vencedores han ganado con aproximadamente el 25% de los votos válidos y un estrecho margen en relación a los otros aspirantes.

En consecuencia, en el marco de esta “década trágica”, Honduras es uno de los países latinoamericanos con menor apoyo ciudadano al régimen democrático. Esto es sumamente preocupante y representa una involución con espurias implicaciones para la población local, y negativos desdoblamientos regionales, hemisféricos y globales.

¿Quiénes compiten?

En relación con la competencia por la presidencia, están concurriendo 14 aspirantes, una cantidad sin precedentes. Según las encuestas, dos de esas candidaturas presentan posibilidades reales de alcanzar la victoria. De un lado, aparece Xiomara Castro (Partido Libertad y Refundación-Libre), quien encabeza una alianza multipartidaria de partidos de centro e izquierda. Actualmente, Castro tendría entre 30 y 35% de la intención de voto.

Dado que las elecciones generales son resueltas por mayoría simple, la candidata de Libre presenta las mejores opciones para alzarse con el triunfo. En tal hipótesis, sería la primera vez en la historia de Honduras que una mujer llega a la presidencia. Vale agregar que Castro propone un plan de gobierno de orientación reformista, social-democrática y popular para el país.

Del otro lado, Nasry Asfura, del Partido Nacional, de derecha y ex alcalde de Tegucigalpa es el candidato del oficialismo. Según encuestas, él tendría entre 20 y 25% de la intención de voto. Aunque cuenta con cierto respaldo popular debido a su razonable gestión municipal en la capital y el apoyo del presidente Juan Orlando Hernández, pesan contra sus aspiraciones numerosos desaciertos y abusos, tanto propios, como de su partido y del gobierno durante los últimos tres períodos.

Así las cosas, es bastante probable que el candidato oficialista sea derrotado en las urnas y que Hernández —con un bajo y decreciente respaldo popular— sea substituido por un opositor. Esto permitiría una saludable alternancia en el poder.

Los restantes aspirantes cuentan con muy pocas opciones en la competencia por la presidencia. Sin embargo, pueden contribuir en el campo del pluralismo político-partidario, en la representación democrática y en la conformación del futuro Congreso Nacional. Todo ello favorecería la recomposición de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, la revalorización del sistema de partidos y la formación de las mayorías en el próximo período.

Otras variables que pueden incidir en las preferencias de los electores hondureños son los efectos de la pandemia y los fenómenos climáticos adversos, bien como la exclusión social y la cultura política. También es relevante el posicionamiento de actores sociales y económicos, tales como el empresariado, la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, las instituciones religiosas, las fuerzas armadas o los medios de comunicación de masas.

La comunidad internacional, a través de observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, contribuirán a garantizar la integridad y transparencia del proceso electoral. Los gobiernos de Washington y de Ciudad de México también están acompañando y monitoreando el proceso, principalmente buscando un interlocutor válido en Tegucigalpa. Básicamente alguien dispuesto a trabajar para reducir los flujos migratorios, reprimir los ilícitos transnacionales, luchar contra la corrupción y la impunidad, garantizar el desarrollo social y económico, e impulsar un gobierno efectivo, republicano y democrático en el país centroamericano.

En suma, Honduras tiene la oportunidad de revertir el nocivo proceso de erosión democrática observado desde 2009. La irregular interrupción del mandato de Zelaya dio inicio una “década trágica” y fue uno de los primeros síntomas de la ola de autocratización que acabó envolviendo a otras naciones en América Latina y el Caribe.

El próximo proceso electoral hondureño tiene el potencial de definir mucho más que los líderes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Partiendo de la premisa que los comicios generales serán libres y justos, el 28 de noviembre los hondureños decidirán si el país podrá reconducir su destino por la senda de la democracia representativa y republicana, o se hundirá en el autoritarismo electoral, en el caudillismo, en la ingobernabilidad y en la barbarie. En mi opinión, el pueblo hondureño puede y merece construir una recomposición democrática, asegurar el traspaso del poder hacia un nuevo liderazgo político y avanzar hacia un mejor futuro.

¿Vale la pena cambiar de régimen político?

Coautor Christopher Martínez

Recientemente fueron las elecciones generales en Alemania y todos están pendientes de cómo será el próximo gobierno. De momento parecería que SPD, verdes y liberales estarían en negociaciones avanzadas… pero no hay anuncios previstos antes de diciembre… La incerteza ya es algo bastante corriente en Europa. Frecuentemente tras una elección en Bélgica y Holanda hay que esperar meses y a veces más de un año para que se pueda tener un gobierno. Recientemente Israel tuvo que recurrir a cuatro elecciones para poder determinar quién sería el jefe de gobierno y en 2019 sucedió algo similar en España. Estos gobiernos “Frankestein”, producto de juntar partidos con agendas opuestas tienden a ser imprevisibles y poco duraderos como el efímero gobierno italiano compuesto por la Lega Nord y el Movimiento Cinque Stelle.

¿Qué tienen en común todos esos casos? Todos son sistemas parlamentaristas.

En América Latina el debate sobre la adopción de nuevos sistemas políticos no es nuevo. Casi todos los países se plantearon alguna vez discutir la adopción de nuevos sistemas. Otros, como Brasil, recurrieron a referéndums para ello. Y Chile o Perú, ya experimentaron más de un sistema a lo largo de su historia.

La cuestión de abandonar el sistema presidencialista tuvo mucho eco en los años 80’ y 90’, tras los trabajos de Juan José Linz y sus seguidores, quienes apuntaban los supuestos “peligros” del sistema presidencial. El principal argumento era que este sistema, por su rigidez, era incapaz de zanjar cualquier controversia entre los poderes ejecutivos y legislativos, aumentando así la probabilidad de impasse político pudiendo llegar al quiebre democrático. Linz utilizaba el ejemplo del Chile de Allende, argumentando que, si hubiese sido primer ministro en un sistema parlamentarista, un voto de censura habría sido suficiente para derrocarlo, en vez de un golpe de Estado.

Otro argumento utilizado es que, debido a su supuesta concentración de poder, los sistemas presidencialistas ofrecen menos incentivos para formar alianzas tendiendo, por ende, a ser más radicales e inestables.

Los defensores de las democracias presidenciales parecen privilegiar los elementos constitucionalistas por sobre los estructurales, históricos o contextuales para explicar su funcionamiento. Según esta visión, los golpes de Estado de los 70’ en América Latina se debieron mucho más a cuestiones constitucionales que a cuestiones sociopolíticas, e incluso geopolíticas como la Guerra Fría.

La realidad latinoamericana tras los 80’ mostró que los sistemas presidencialistas son, en realidad, mucho más estables y eficientes de lo que Linz y compañía teorizaron. Países como Chile, Brasil o Colombia han sido ejemplos de “presidencialismo de coalición”, conjugando estabilidad política y democrática con relativo éxito en términos de eficiencia gubernamental.

El politólogo José Antonio Cheibub mostró que los países presidencialistas recurren un 62% del tiempo a formar coaliciones cuando parten como gobiernos de minoría. Esto refuta una de las principales tesis de Linz, pues las coaliciones sí se forman y lo hacen regularmente. No solo eso, la democracia ha sido relativamente estable en la región. Incluso los golpes de Estado ocurridos en las últimas décadas contra de Manuel Zelaya en Honduras (2009) o Jamil Mahuad en Ecuador (2000), no llevaron al quiebre de la democracia y sus gobiernos fueron reemplazados por civiles.

Es decir, ante graves crisis constitucionales no hemos presenciado la caída de la democracia tal como lo predijo Linz y Valenzuela. De hecho, más que una confrontación insalvable entre el legislativo y el ejecutivo, propia de la separación de poderes del presidencialismo, lo que ha mermado la democracia en algunos países latinoamericanos ha sido la excesiva y autoritaria concentración de poder de algunos presidentes, como es el caso de Nicaragua, Venezuela o El Salvador.

Sin embargo, eventos recientes vuelven a poner en cuestión el sistema de gobierno. Y particularmente en Chile y Brasil, han surgido diversas propuestas con vistas a la adopción de un sistema parlamentario o “semi presidencialista”. A raíz de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y del inédito —aunque improbable— proceso a Sebastián Piñera, el principal argumento defendido es “¿como deshacernos de un presidente impopular?”

Los defensores de los sistemas parlamentaristas o semi-presidencialistas —sin especificar qué entienden por ello— abogan que, por ser más flexibles, estos sistemas facilitan la salida de las crisis ya que los gobiernos pueden ser derrocados a través de un voto de censura o desconfianza. Como si la inestabilidad gubernamental fuera una sinecura.

Esa retórica tiende a sobredimensionar las crisis al focalizarse sobre la resolución de las mismas. Pero no considera los mecanismos previos al estallido de crisis. Cabe señalar, de hecho, que siempre se compara al presidencialismo sobre este elemento, supuestamente negativo, y no se evalúan sus elementos positivos.

La caída de un gobierno, cualquiera sea el sistema, no necesariamente pone fin a la crisis. En América Latina lo hemos visto en Argentina luego de la salida de Fernando de la rúa en 2001 cuando el país tuvo una seguidilla de presidentes interinos sin poder controlar la crisis que originó todo. En Europa también ha habido casos donde los gobiernos caen y los partidos no logran ponerse de acuerdo para formar otro. O, incluso si forman un gobierno nuevo, este vuelve a caer para luego ser reemplazado por otro.

Cuestiones centrales como la representatividad, previsibilidad y responsabilidad tienden a ser más fuertes en sistemas presidenciales. En esos sistemas la formación del gobierno está a cargo exclusivo de quien ganó las elecciones y las discusiones son limitadas en el tiempo ya que cuando se inaugura el mandato el gobierno tiene que estar montado, lo cual los hace mucho más previsibles.

La previsibilidad en términos de políticas públicas es particularmente relevante para países dependientes de inversiones extranjeras, como son los latinoamericanos. Basta mirar a Bélgica que en los últimos diez años ha pasado cuatro sin gobierno para pensar en los posibles problemas que esto traería.

Finalmente, se debe sopesar en las potenciales ventajas y costos de instalar nuevos regímenes políticos que reemplacen al presidencialismo, sin olvidar la cultura y aprendizaje político de cada país. Los países con sistemas parlamentarios que usualmente se usan como ejemplo, ubicados mayoritariamente en Europa occidental, están acostumbrados a lidiar con la formación de gobiernos y los conflictos entre el presidente y el primer ministro. De alguna manera, estos países se han acostumbrado y han aprendido a lidiar con esos problemas. Pero ese tipo de dinámicas serían totalmente nuevas para América Latina, que históricamente ha preferido el presidencialismo, el cual ha adaptado a sus propios contextos e idiosincrasias.

Christopher Martínez es profesor Asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Adm. Pública de la Universidad Católica de Temuco. Doctor en Ciencia Política por Loyola University Chicago. Especializado en el Poder Ejecutivo y la estabilidad de los gobiernos.

Foto de GameOfLight

Elecciones argentinas y una inflación que resta votos

El 14 de noviembre se celebrarán las elecciones legislativas en Argentina, luego de que el 12 de septiembre las internas hayan arrojado un contundente triunfo en las urnas para la coalición opositora, Juntos por el Cambio (JxC). Existe un repertorio de razones que pueden haber llevado a la derrota del oficialista Frente de Todos (FdT). Al margen de que los oficialismos en pandemia han venido perdiendo elecciones, en Argentina la crisis se tornó más que crítica en los planos económico, social y ético.

Una cuarentena estricta, prolongada y obligatoria impactó en el cierre de miles de PyMEs, el desempleo continuó creciendo, la pobreza y la indigencia siguieron escalando (se estima que casi un 50% de la población ya no puede acceder a la canasta básica y que 7 de cada 10 niños en Argentina son pobres). Al mismo tiempo, las medidas gubernamentales para hacerle frente a la crisis sanitaria no pudieron lograr los resultados esperados. Argentina se encuentra entre los países con más muertes por cada millón de habitantes a razón del covid-19. Y la inseguridad crece.

Frente a esta situación, no faltaron los privilegios para personas cercanas al gobierno que recibieron vacunas antes de tiempo, o celebraciones de los amigos del poder político, incluido el mismo presidente en época de cuarentena total. A esto, se suma la que probablemente sea la causa número uno que hoy preocupa a los argentinos: el constante y excesivo aumento de precios. Así, la inflación se encuentra liderando la agenda pública.

Argentina viene sufriendo una escalada de precios desde el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Al abandonar ésta el poder en 2015, la inflación ya era un tema de preocupación para los argentinos. A partir del gobierno de Mauricio Macri del partido Pro de la coalición Cambiemos (hoy JxC), la inflación continuó acelerándose en sintonía con una constante devaluación.

En 2019, Alberto Fernández ocupó la presidencia en medio de una grave crisis macroeconómica con altos índices de inflación. El nuevo presidente del FdT no pudo contener el gasto público, en parte por los requerimientos de la pandemia, en parte porque la ineficiencia y/o la falta de ética llevaron a que el gobierno gaste mal o de más. En abril de 2020 el Ministerio de Desarrollo Social compró toneladas de alimentos para comedores sociales con sobreprecio, en el último tramo de la campaña en curso el oficialismo gastó $ 7.200.000 en tan solo 5 encuestas para medir su performance electoral o el “plan platita”, que luego de la derrota en las internas, promovió que el gobierno inyecte $ 192.000 millones para provincias y municipios.

El déficit fiscal es un problema casi crónico en Argentina, y la impresión de la moneda suele ser la manera de sortear estos desajustes, generando inexorablemente inflación. Además, actualmente y como pasa con frecuencia, nos encontramos frente a un contexto de alta incertidumbre, que lleva a altas expectativas de inflación que a su vez decantan concretamente en un escenario de efectiva inflación (los empresarios aumentan sus precios queriendo adelantarse a la posible suba futura de sus costos de producción). Por otra parte, la devaluación de la moneda local converge en un tipo de inflación estructural, así, los insumos o productos importados aumentan mecánicamente y afectan el precio final de los bienes y servicios que se consumen internamente. 

En Argentina, el valor del dólar oficial actual es $100,07 mientras que el del dólar paralelo es $199,50. Con el fin de poder evitar que la devaluación siga alentando más aún la suba de precios, el dólar oficial se encuentra anclado (desde marzo de 2021). Pero con dólar anclado y todo, llegado el mes de septiembre de 2021, la inflación ya se encuentra en 52,5%.

Este aumento de precios se manifiesta bajo una coyuntura, no solo de un dólar oficial anclado, sino también de tarifas públicas casi congeladas; servicios de luz, agua, gas no han sufrido prácticamente aumentos. Por otra parte, algunos precios fueron regulados en ciertas ramas y actividades como, por ejemplo, el sector de combustibles.

Al mismo tiempo, vale destacar que, después de años electorales en Argentina, regularmente ha devenido una devaluación. Luego de las elecciones legislativas de 2013, durante el gobierno de CFK, se devaluó la moneda local y la inflación escaló del 20% al 40%. En 2015, luego de que Macri ganó la elección presidencial, se devaluó nuevamente la moneda y la inflación también escaló del 25% al 40%. En 2017, luego de las elecciones legislativas, Macri volvió a devaluar y la inflación aumentó del 25% al 50%. Así, en época de elecciones, en Argentina, el dólar oficial se usa como ancla de precios, y después se corrige, se devalúa la moneda local.

Así las cosas, se espera que, luego de la elección legislativa, —en un contexto donde el Banco Central no contará con las reservas necesarias para contener al dólar oficial, donde el FMI incluirá entre sus requerimientos de renegociación de deuda que la brecha entre el dólar paralelo y el oficial se reduzca y con una suba de este último— la devaluación siga su curso y con esto que el problema inflacionario empeore. Si aumenta el precio del dólar, el precio “contenido” de los combustibles también dejará de contenerse debido a que éste se encuentra atado al dólar oficial, lo mismo que los precios de los servicios públicos casi congelados.

Todo esto devela una crisis inflacionaria actual y futura de enorme envergadura en Argentina, que difícilmente pueda solucionarse con un coyuntural congelamiento de precios por el período de unos meses. Sin embargo, esta fue, hasta ahora, la medida tomada por el gobierno del FdT para poder, en lo inmediato, contener la inflación.

Roberto Feletti, el nuevo Secretario de Comercio Interior, luego de detectar que desde el 1 al 13 de octubre los precios habían escalado estrepitosamente (a modo de remarcaciones preventivas) comenzó a reunirse con empresarios fabricantes de alimentos, de productos de higiene y limpieza, con los supermercados y posteriormente con los industriales de medicamentos para imponer el congelamiento de precios, que deberá acatarse para un total de 1432 productos por un período tres meses. El mismo Feletti reconoció que la inflación en Argentina no va a resolverse solo congelando precios hasta el 7 de enero de 2022, aunque señaló “sí sabemos que hay una oferta monopólica y en ese contexto hay que regular los consumos esenciales”.

Las elecciones pasarán, las negociaciones con el FMI continuarán —y las condiciones del organismo se harán escuchar más fuerte—, el dólar oficial atrasado aumentará, y la inflación, sin un plan integral estructural, continuará siendo un súper tema para los ciudadanos que habitan suelo argentino.

Foto de lauromaia en Foter


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Nicaragua antidemocrática y ¿monárquica?

“Ella no es la vicepresidenta; es la co-presidenta”, dijo acerca de la nicaragüense Rosario Murillo. Pero lo dijo sin saber realmente cuán acertada resultaría su profecía. Porque quien pronunció estas palabras no fue Daniel Ortega en octubre de 2021, sino Agustín Jarquín en 2016, durante la campaña electoral que aupó a Murillo a la segunda magistratura del país.

Cinco años después, el presidente Ortega vino a confirmarlo: desde el 25 de octubre de 2021, la compañera Rosario es oficialmente –que no legalmente– co-presidenta. Algunos medios de comunicación, tanto nicaragüenses como prestigiosos diarios de ámbito internacional, se apresuraron a denunciar el golpe dado por Daniel Ortega. La denuncia partía de un hecho indudable: hay algo que no suena bien cuando un presidente inventa instituciones de primer orden político al margen de la Constitución. Pero “hay algo que no suena bien” no es suficiente. Y a eso se limitaron en general las columnas de opinión publicadas durante los últimos días. ¿Qué hay realmente detrás de ese anuncio? ¿Qué significa esa co-presidencia, y cómo se diferencia de la vicepresidencia?

Co-presidente sería una actualización de la monárquica asociación al trono. Es decir, el monarca incorpora paulatinamente a su heredero a las labores de reinado. Pero el poder permanece en última instancia en manos del titular, que puede modular esas delegaciones y, en principio, el heredero debe acatar sus decisiones. Es decir, se mantiene la asimetría de poder, tanto formal como real, a favor del titular.

La asociación al trono puede estar institucionalizada o no. Por ejemplo, en España, durante el lustro 2009-2014, el Rey Juan Carlos fue incorporando crecientemente a Felipe a las responsabilidades de la Corona. Ello ocurrió sin una institución formal llamada “Asociación al trono”, pero con máximo respeto por las instituciones formales. Aquí hay una primera clave: el comportamiento de los actores políticos puede permitir que una institución informal fortalezca las instituciones formales. O todo lo contrario: como vemos en Nicaragua, una institución informal puede significar la liquidación de las instituciones formales.

El ejemplo de España es particularmente útil para comparar y comprender, porque viene del universo hispanoparlante y del pasado reciente. Es decir que resulta relativamente cercano al caso nicaragüense. Pero el invento es en realidad antiquísimo: podemos rastrear la asociación al trono al menos desde la Antigua Grecia. Así, en un sentido institucional, Ortega no inventa nada. El problema es que sí lo hace en el plano metainstitucional. La asociación al trono en sistemas presidenciales ya existía: se llama vicepresidencia. Por lo tanto, Ortega reinventa una figura ya existente; pero su método de creación es informal. Más grave aún, en lugar de reemplazar la figura existente, la sitúa al lado, coexistiendo ambas. Y más grave aún, la figura creada por Ortega no tiene sustento constitucional; no nace de un acuerdo entre fuerzas políticas que representen a toda la nación; no se origina en un debate en el que se ponderen las ventajas y desventajas del nuevo cargo. Podemos decir, en última instancia, que no tiene la menor legitimidad democrática ni el menor anclaje en el Estado de Derecho.

Ahora bien, si Ortega decidió dar este paso, probablemente tuviera algún objetivo. Por lo tanto, intentemos encontrar en la asociación al trono la lógica detrás de este tipo de mecanismo. Aquella solía utilizarse con dos fines: que el heredero se fuera haciendo a las tareas de la Corona y que la población (hoy diríamos la ciudadanía) fuera conociendo al futuro rey. Es decir, que éste fuera ganando legitimidad. Ahora, Rosario Murillo es vicepresidente y esposa del presidente; por lo tanto, es probable que conozca sobradamente las tareas del Ejecutivo. Respecto del segundo objetivo, el propio Ortega afirmó durante el discurso en que la nombró co-presidente: “Todos los días se está comunicando con nuestro pueblo, dando a conocer todo lo que se está haciendo en beneficio de las familias nicaragüenses”. Cabe inferir de esto que el pueblo la conoce sobradamente. Por lo tanto, si ya domina las tareas de gobierno y la ciudadanía ya la conoce, ¿qué se adelanta con hacerla co-presidente? ¿Es quizá la co-presidencia algo sustancialmente nuevo, y no nos estamos dando cuenta?

Aunque Ortega insinuó lo contrario, está claro que esa co-presidencia no es de dos iguales. Ante el disenso, quien tiene la última palabra es el presidente. Es decir: la co-presidencia es un cargo que convive en el Ejecutivo con el presidente; que tiene menor poder formal y real que él; que desempeña tareas delegadas por el primer mandatario; y cuyo poder y capacidad ejecutiva será directamente proporcional a la confianza que le tenga el presidente.

¿Qué es la vicepresidencia? Es un cargo que convive en el Ejecutivo con el presidente; que tiene menor poder formal y real que él; que desempeña tareas delegadas por el primer mandatario; y cuyo poder y capacidad ejecutiva será directamente proporcional a la confianza que le tenga el presidente.

(Tras la invención en la Argentina de Cristina Fernández de la vicepresidencia con más poder real que la presidencia, quizá no podamos dar por sentado que el presidente siempre tiene mayor poder que el vice. Pero éste no parece ser el caso en Nicaragua. Ni siquiera parece que tengan el mismo poder: Ortega predomina claramente. Así que sigamos adelante con el análisis).

¿Podemos decir, entonces, que co-presidencia y vicepresidencia son lo mismo? Sí y no. De los párrafos anteriores se colige lo que tienen en común, que es casi todo. Pero hay entre ellos una diferencia radical: mientras la vicepresidencia es un cargo real, la co-presidencia es virtual. Por ejemplo, imagínese el lector que Ortega quiere remover al vicepresidente: no puede. La Constitución no contempla esa posibilidad. Imagínese, en cambio, que quiere desplazar al co-presidente: ¡hecho! Desearlo, anunciarlo y materializarlo son una misma cosa.

Puesto que el cargo no existe formalmente, no se le puede asignar un presupuesto, una oficina, un equipo. Pero en el caso concreto de Murillo, el engaño es sutil, puesto que vicepresidente y co-presidente coinciden en la misma persona. Así, se puede proclamar que determinadas funciones, títulos o presupuestos han sido asignados al co-presidente, cuando en realidad lo han sido a la vice. Esa coincidencia en la misma persona oculta parcialmente la farsa — al menos ante los ojos que quieran dejarse estafar.

Como siempre, en política debemos pensar en el futuro; en lo que pasaría si lo que hoy es excepcional, con el tiempo se convierte en norma. Así, ¿qué pasaría si la tradición de nombrar un co-presidente se establece, pero el día de mañana hay un vice y un co-presidente que no coinciden en la misma persona?

Un hecho se presenta meridiano: la maniobra de Ortega liquida la vicepresidencia y las instituciones en general. Viene a decir: esta misma persona, con las mismas funciones, tiene poco valor político si sólo ostenta el título de vice; por eso hay que crearle uno más importante: la co-presidencia. Y viene a decir también: el cargo de vice, respaldado por la Constitución, por la historia y por el voto popular, tiene menos valor que un cargo inventado mágicamente por la palabra del presidente.

La Francia de los Capetos agregó a la asociación al trono un segundo mecanismo: la consagración anticipada, por la que el heredero coronado anticipadamente recibía el título de rex junior. Teniendo en cuenta las reminiscencias del régimen nicaragüense con una monarquía absoluta, Ortega podría haber sido más generoso con su compañera: más que co-presidenta, Rosario Murillo merece la investidura de regina junior.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

La ciudad como escenario para construir el futuro

Cuatro de cada cinco latinoamericanos viven en ciudades y casi 100 millones de personas viven en las principales 6 megaciudades de la región. Lo que sucede allí impacta la vida y altera el futuro. Las ciudades siempre han sido un lugar de transformación para la humanidad. Con su surgimiento, 5000 años atrás, se ampliaron los horizontes de las personas lo que permitió que las ideas circularan más rápido y se desarrollaran los principales avances de la ciencia, las artes y la producción. Hoy, las ciudades también son el escenario donde se enfrentan los principales desafíos que tenemos como sociedad: la desigualdad y el cambio climático. En América Latina, la región más urbana del mundo, estos desafíos se amplifican.

Ya sabemos que América Latina es la región más desigual del mundo con países como Brasil, Colombia, Guatemala, México y Panamá que alcanzan coeficientes Gini por encima del 0.50. Pero es en las ciudades donde esta desigualdad se objetiviza en forma de segregación espacial, en exclusión social y en informalidad económica. La falta de capacidades, recursos y poder por parte de los gobiernos para dar respuestas a la hipertrofia de las grandes ciudades, ha dado lugar a que el crecimiento haya sido dominado por el mercado.

La consecuencia es una segregación voluntaria de los sectores más ricos, encerrada y privatizada; y la involuntaria de los sectores populares en asentamientos precarios, informales y en zonas de riesgo. En el medio, resiste una clase media frágil y en retroceso. Hoy la informalidad laboral en la región supera el 50% de los trabajadores, con un porcentaje más alto para las mujeres. Asimismo, los casi 100 millones de indígenas y afrodescendientes que viven en ciudades son un 30% más pobres que el promedio de la población, y tienen unos 4 años menos de escolaridad, enfrentando peores situaciones de hacinamiento, desalojos y violencia. La ciudad divide.

Paralelamente, el principal impacto de la región en el cambio climático global proviene de las ciudades. Tanto la concentración poblacional como el desarrollo urbano no planificado de las ciudades han traído consecuencias dramáticas. Una causa es el consumo desmedido de recursos naturales, agua en particular, con la sobreexplotación de acuíferos, costas, etc. Otra es el uso del transporte, principal aportador de CO2 a la atmósfera, y que en la región se ve empeorado por las grandes distancias a recorrer, la carencia de transporte público de calidad y el consecuente sobreuso del automóvil. El tercero es la destrucción del suelo debido a la invasión desmesurada de bosques, humedales y la pérdida de biodiversidad. La ciudad no es sostenible.

Ambos desafíos, claro está, se encuentran completamente imbricados. Para poder dar respuesta a la emisión creciente de gases de efecto invernadero, el deterioro de los ecosistemas y la contaminación del aire y del suelo, hay que también dar respuesta a la creciente brecha social. Los sectores más vulnerables de la población viven cada vez más lejos de los centros urbanos con precarias condiciones de vivienda, falta de infraestructura y un ambiente poco sano.

Es por ello que tenemos que pensar en soluciones socio-ecológicas integrales que incluyan la reducción de consumo energético, la sostenibilidad, la reducción de las desigualdades sociales, el desarrollo de espacios habitables adecuados y la justicia ambiental.

Estas medidas deben surgir, necesariamente, de un proceso democrático para la creación de acuerdos sociales e institucionales de largo plazo. Tal como observa la reconocida urbanista Jane Jacobs, “las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todos, pero sólo porque, y sólo cuando, son creados por todos”.

Es decir, el tercer gran desafío que enfrentamos, y quizás el más importante, es el de construir una nueva gobernabilidad democrática. Necesitamos desarrollar la infraestructura política y los mecanismos de funcionamiento que puedan construir los acuerdos sociopolíticos que sean integrales, de largo plazo y socialmente participativos. La clave está en modelos de gobernanza de base territorial, con participación ciudadana efectiva, institucionalizando espacios de inteligencia colectiva apoyados en redes de organizaciones, universidades y colectivos. Solo así lograremos construir los consensos para una urbanización equitativa, productiva, ordenada y sustentable que logre mejorar la calidad de vida, el orden espacial y la sustentabilidad ambiental de nuestro planeta.

La transformación es posible y las ciudades son el escenario. Así como las ciudades nos permitieron salir del neolítico, hoy pueden ser el espacio donde se construya la salida de un modelo de ciudad excluyente y determinado por el mercado. Es en las ciudades donde se concentra la riqueza, el poder de decisión y el conocimiento sobre los desafíos y las soluciones que tenemos por delante.

*En CILA 2021 – Ciudades Latinoamericanas en Acción – Asuntos del Sur y Ciudadanía inteligente invitan a debatir sobre las ciudades que queremos construir en la región. www.cila.org

Foto de Nicolas de Camaret

Mayoría imaginaria, crisis y tentativas autoritarias en Ecuador

Guillermo Lasso atraviesa una zona de turbulencia política cuya intensidad podría instalar a Ecuador en la incertidumbre extrema. Si sus problemas de gobernabilidad podían anticiparse por la magra votación de su partido en febrero 2021 (CREO tiene 12 de 137 curules), las otras aristas del trance eran menos previsibles y remiten a las propias limitaciones gubernativas. El modo en que procese su empantanamiento dirá si la derecha prosigue el trayecto de radicalización y cierre democrático, verificado en el cuatrienio de Lenin Moreno (2017-2021), o si se sujeta a la promesa de respetar la República que el ex-banquero hiciera en su reciente toma de mando.

Crisis ampliada

Frente a las masacres carcelarias que sacuden al país, el Ejecutivo no logró identificar si quiera los comandos institucionales responsables del horror. La idea de un gabinete poco expedito se extiende. Luego de un fulgurante crecimiento –debido al acelerado avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19– el presidente sufrió una drástica caída de popularidad apenas a cinco meses de gestión. El veloz empobrecimiento, la caída del poder adquisitivo, el sobreendeudamiento de los hogares, la estampida migratoria, la creciente inseguridad, lucen como problemas acuciantes que el gobierno solo encara con el corroído recurso al pasado (culpar al expresidente Rafael Correa).

Más que el descenso en la evaluación social del poder, sin embargo, se asiste a un quiebre de las expectativas con el futuro y las posibilidades de cambio. La profundidad de la crisis social impide asociar tal escepticismo ciudadano únicamente con las desilusiones políticas, pero su rápida implantación en el nuevo ciclo político revela un déficit de consenso social frente a un gobierno en que el proyecto de las clases dominantes asume pretensiones refundacionales.

Sus primeras iniciativas de reforma estructural provocaron una inmediata impugnación popular y diversas jornadas de protesta, antes de las revelaciones de Pandora Papers. Aunque las sospechas sobre Lasso como histórico evasor del fisco no son nuevas, el escándalo reveló un presidente intolerante y errático: confrontó a la prensa local que publicó la noticia, aludió a una conspiración de Soros -personaje infaltable en la narrativa global de las derechas extremas- y se negó a rendir cuentas ante el Parlamento luego de decir que comparecería donde fuere necesario. El descrédito de la palabra presidencial alumbra un problema más extenso de pérdida de legitimidad gubernativa.

Gobernabilidad precaria, ineficiente gestión, erosión del consenso y acelerada deslegitimación condensan, por ahora, la precoz crisis política de un gobierno que, arropado por el establecimiento y el poder mediático, no imaginó otra cosa que la inmediata aclamación del reformismo empresarial que representa.

Razones de una desilusión

Entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Lasso creció 32 puntos. Su contrincante, la mitad. La Revolución Ciudadana (RC) perdía su primera elección presidencial en 15 años. La épica remontada encumbró al nuevo presidente al podio de los próceres anti-populistas. Los mercados financieros celebraban (el Riesgo País cayó 345 puntos). Los portales de la gran prensa se mostraban eufóricos: finalmente, el país era “viable”, un “Ecuador mejor”. La aclamación sin fisuras de Lasso por parte de la opinión dominante, y su clara victoria en el balotaje, parecieron implantar la idea de que con el fin de las elecciones se clausuraba también el conflicto político. Solo restaba al elegido realizar el proyecto histórico de las élites, finalmente desbloqueado por el voto ciudadano.

La construcción cuasi-imperial de su mandato explicaría que Lasso haya olvidado su promesa de forjar un “gobierno del encuentro”. Dicha tesis emergió tras constatar su escueta votación (20%) en primera vuelta. Aludía así al imperativo de des-polarizar el país y de fundar confluencias de gobierno. Aquello le obligó, antes del balotaje, a mostrar que pasaba del extremo de la derecha hacia el centro político donde se concentraron las preferencias. Pese a ser del Opus Dei asumió incluso tesis del movimiento de mujeres. La virtual reelaboración de su identidad política persuadió indecisos y empujó su triunfo. La promesa de cambio que portaba Lasso pasó a contener, así, la promesa de modificar su propia fuerza. El abandono de tal opción multiplica decepciones.

Apenas posesionado Lasso empezó a operar como si la única cifra que condensa la representación nacional fuera el 52,5% que lo eligió. Desde esa mayoría imaginaria, el gobierno se repliega en su espacio, reafirma los extremos y se regodea en los factores de poder real. Entre la sobreestimación de fuerza popular y la apreciación -realista- de que los poderes fácticos (grupos económicos, militares, medios, embajadas) avalan su gobierno, el presidente juega ya a puentear las instituciones democráticas.

El diseño del gabinete marcó un primer repliegue. Lasso se rodeó de los profesionales libertarios que lo acompañan hace tiempo desde su Fundación Ecuador Libre y de la vieja democracia-cristiana con la que cohabitó como funcionario del expresidente Jamil Mahuad (1998-2000). Ningún espacio decisional relevante ha sido encargado a eventuales aliados. Rompió además con su socio electoral, el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot, poderoso exalcalde guayaquileño. Al hacerlo fragmentó la ya heterogénea familia de la derecha criolla y se enajenó de su expresión más realista y experimentada en la gestión estatal.

El primer megaproyecto del régimen desveló su dogmatismo. Entre otras cuestiones, la normativa procura desvincular trabajo y derechos. La reforma propone que dos personas que realizan similar trabajo sean contratadas de distinto modo -se crea un régimen laboral paralelo que desconoce derechos-; permite incrementar la jornada a 12 horas; reconoce estabilidad solo a partir del cuarto año de trabajo; introduce la figura del “despido justo” y sugiere incluso que el trabajador indemnice al empleador en ciertos casos.

El re-centramiento oficialista fue operativo de campaña. Ni los entendimientos con Pachakutik (partido vinculado al movimiento indígena) e Izquierda Democrática (de raíces socialdemócratas, hoy “cajón de sastre”), para controlar la Asamblea, han morigerado al oficialismo. En medio de invocatorias a diálogos con partidos y organizaciones populares, el Ejecutivo presentó una proforma presupuestaria (2022) que amplía recortes en seguridad social, salud, educación; anticipa despidos a funcionarios y privatización de bienes públicos; y prioriza el pago de deuda. Sin mediar convalecencia de la catástrofe sanitaria y la precarización de la vida experimentadas desde 2020, Lasso persiste en la agenda que las provocó. El momento radical de la derecha es indisociable del uso político de la crisis para profundizar la desigualdad.

La negativa de la Asamblea a tratar el megaproyecto del Ejecutivo, por vicios formales, y el anuncio de movilizaciones pincharon la burbuja. La aclamación al presidente no es ya la única música de fondo. Descolocado, Lasso acusó a Nebot, Correa y Leónidas Iza (presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE) de conspirar. Antes vinculó protesta con desestabilización. Con una Fiscalía leal, todo aquello asume carácter extorsivo. Dicha institución, de hecho, llamó a Iza a comparecer justo cuando iniciaba (fines de octubre) el Paro Nacional. Poco antes, abrió indagatoria a Andrés Arauz (ex presidenciable de RC), activo crítico de las cuentas offshore presidenciales.

La insistencia del relato oficialista de calificar como bloqueo a toda acción opositora empieza a fijar un doble criterio de valoración en las instituciones de control. El silencio de estas sobre Lasso y los Pandora Papers revelaría hasta qué punto la derecha ecuatoriana encara la coyuntura aceitando los poderes reales y con mínima atención de reconstruir reales mayorías democráticas.

La Corte Penal Internacional y el caso venezolano

Coautora Margarita López Maya

El pasado 3 de noviembre, el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Karim Khan, anunció la apertura de la investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta histórica decisión es la primera en América Latina y se produce luego de que Khan diera por concluido el examen preliminar después de tres días de visita en ese país. Dado que Venezuela es signataria del Estatuto de Roma que reconoce la autoridad de la CPI, este anuncio estuvo acompañado por un memorando de entendimiento firmado por Khan y el mandatario venezolano Nicolás Maduro, en el cual, bajo el principio de complementariedad, el gobierno se compromete a facilitar la investigación aun cuando exprese su desacuerdo con esta decisión.

La apertura formal de la investigación viene a confirmar los informes emitidos por la OEA, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos respecto a la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado venezolano. Creada en 1998 mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor en 2002. Desde entonces, esta corte ha abierto procesos contra exmandatarios como Laurent Gbagbo de Costa de Marfil y Omar al Bashir de Sudán.

En particular, entre las cuatro clases de crímenes de mayor trascendencia internacional, los de lesa humanidad son aquellos especialmente atroces cometidos sistemáticamente contra la población civil para imponer políticas de Estado. Incluyen la tortura, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos.

En 2017, desde el exilio, la fiscal venezolana destituida por Maduro, Luisa Ortega Díaz, y el Grupo de Lima acudieron a la CPI, en razón de la cooptación institucional de la justicia venezolana. A su vez, víctimas y ONGs también concurrieron y recabaron evidencia sólida sobre las múltiples ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas que permitieron abrir un proceso penal internacional en febrero de 2018. De este modo, el fiscal Khan culmina una primera fase iniciada por la anterior fiscal Fatou Bonsouda, responsable del examen preliminar de Venezuela por delitos de Estado cometidos al menos desde abril de 2017, en el marco del ciclo de protestas que entonces ocurrió.

¿Qué consecuencias podría tener esta decisión de la CPI?

En primer lugar, la apertura de una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad da esperanza de justicia a las víctimas. Serán ellas las principales protagonistas de la investigación, donde sus testimonios serán cruciales. En segundo lugar, la decisión de la CPI abre una ventana de oportunidades para Venezuela en al menos dos dimensiones: una de derechos humanos y otra más propiamente política.

En relación a la primera, si el gobierno desea evitar una condena, necesitará tomar medidas sustanciales que vayan más allá de las modificaciones cosméticas con las que pretendió engañar a la fiscalía en los últimos meses. Es importante tomar en cuenta que la CPI se rige por un principio de complementariedad que busca interactuar con las jurisdicciones nacionales.

En casos en los que se evidencia que no hay voluntad ni circunstancias para procesar los crímenes dentro de cada país, la CPI avanza por sí sola con los procesos penales y puede, eventualmente, llevar a condenas. Esta es la razón, por ejemplo, por la que, en su viaje a América Latina, Khan decidió cerrar el caso de Colombia y proseguir con la investigación formal sobre Venezuela. A diferencia de lo que ocurre en Venezuela, la Fiscalía concluyó que “existe un compromiso del Gobierno de Colombia con las diferentes pero interconectadas jurisdicciones que comprenden el sistema de justicia ordinario, el mecanismo de la Ley de Justicia y Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz, y en particular con la salvaguarda del marco legislativo y de las asignaciones presupuestarias requeridas para su implementación”.

Maduro tendría que demostrar entonces, en esta etapa que se abre, una voluntad de rectificación y reparación que conlleve, por ejemplo, la clausura de los centros clandestinos de detención, la prohibición de juzgar civiles en tribunales militares, la remoción y el procesamiento de las autoridades en los organismos perpetradores de los crímenes, incluidas la Fuerza Armada, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y los cuerpos de Inteligencia Militar. Igualmente, es imprescindible el cierre definitivo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y una reforma judicial que, entre otras cosas, garantice mediante concursos públicos y no a dedo, un sistema de justicia independiente.

En relación a la dimensión política, la reciente decisión del Fiscal Khan, presiona a Maduro, en caso de que busque evadir la condena, a reconocer delitos durante su gestión que podrían abrir fisuras en su coalición hegemónica. Habida cuenta de que en el memorando de entendimiento la CPI asegura que reconocerá los esfuerzos que el Estado haga en relación a estos crímenes, la determinación de las responsabilidades a lo largo de las cadenas de mando, incluidos los niveles superiores, será un factor fundamental para mostrar la buena voluntad del gobierno.

¿A quiénes estaría dispuesto a sacrificar Maduro para evitar el proceso y posible condena de la CPI? ¿Qué altos rangos civiles y militares aceptaría procesar para evadir su propia responsabilidad y la de su entorno más inmediato? Este dilema momentáneo que fragiliza el bloque de gobierno podría aumentar los incentivos en la mesa de negociación que tuvo lugar este año en México y de la cual el gobierno se retiró en protesta por la extradición de Alex Saab a EEUU desde Cabo Verde. Saab, un empresario colombiano estrechamente ligado a los negocios del gobierno de Maduro y su familia en el exterior, fue imputado por blanqueado de dinero. La decisión del fiscal podría contribuir al regreso del gobierno a dicha mesa con mayores incentivos para hacer concesiones de reinstitucionalización democrática.

No cabe duda de que el régimen hará todo lo posible jurídicamente para dilatar la investigación de la CPI. Es consciente de que estos procesos pueden llevar años y están plagados de obstáculos. Además, continúa con el hostigamiento a ONGs y testigos que están colaborando. Sin embargo, el paso tomado por la Fiscalía constituye un primer logro para muchas víctimas venezolanas que, ante la ausencia de justicia en el país, la censura oficial y la campaña mediática internacional que invisibiliza los crímenes del Estado, han persistido sin descanso en el reclamo de justicia, del derecho a la verdad y a las debidas garantías de reparación y de no repetición.

En términos regionales, la histórica decisión de abrir la investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela es un precedente importante en tiempos en que los sistemas democráticos parecen estar en retroceso. Implica una advertencia frente a las ambiciones y prácticas autocráticas, de que aún existen mecanismos capaces de impartir justicia a pesar de que se controlen las instituciones nacionales. Rompe con la impunidad en la violación de derechos humanos en América Latina y el Caribe. Unos cuantos estarán calculando poner sus barbas en remojo.

Margarita López Maya fue profesora titular del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Fue directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Cinco elecciones en un mes

Coautor Ángel Arellano

Solamente en noviembre del 2021, América Latina tendrá cinco procesos electorales, en contextos que difieren mucho uno del otro. Nicaragua tendrá elecciones generales, Argentina legislativas de mitad de período, Chile generales, Venezuela regionales/municipales y Honduras generales.

Dos de estas convocatorias, la nicaragüense y la venezolana son procesos minados de críticas por parte de diversas instituciones internacionales. De tal manera, esta agenda electoral tendrá la oportunidad de traer renovación en algunos países mientras que en otros debemos acudir a una ratificación del régimen existente.

América Latina es hoy pista de aterrizaje de diversos proyectos de inversión de potencias no democráticas —China y Rusia a la vanguardia— que han puesto este vecindario dentro de sus prioridades de expansión. Por ello, mirar con atención los procesos electorales en la región reviste relevancia desde el punto de vista del fortalecimiento de las democracias, de los partidos políticos y la convivencia plural.

Nicaragua (generales): domingo 7 de noviembre

El domingo 7 de noviembre los nicaragüenses han sido convocados a votar en unas elecciones intensamente criticadas. En los comicios se votan 92 diputados nacionales, siendo 70 para la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 para el Parlamento Centroamericano. Es una elección (o mejor dicho, una votación) de ratificación, no de renovación del gobierno, ya que la posibilidad de alternancia en el poder no está presente porque la oposición fue proscrita mediante sucesivos arrestos a los candidatos, ordenados desde el despacho del presidente Daniel Ortega. De igual manera, el Consejo Supremo Electoral retiró la personería jurídica a varios partidos de oposición.

Argentina (legislativas): domingo 14 de noviembre

Luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado mes de setiembre —en las que el gobierno del peronista Alberto Fernández y su coalición Frente de Todos sufrieron una derrota notable en la mayoría de los distritos y hubo un repunte de la coalición opositora Juntos por el Cambio—, el oficialismo ha tenido que afrontar diversas crisis, con renuncia de ministros y fuertes divergencias dentro del peronismo. Tras una reconfiguración del gabinete y un relanzamiento de la gestión, el panorama luce incierto y poco alentador para el gobierno. La aprobación presidencial no ha mejorado y abundan críticas, como las referidas a las dificultades de acceso a la información pública.

Argentina vive un clima socioeconómico delicado: 50 % de su población está en condiciones de pobreza y hay pocas expectativas de un repunte económico en el horizonte. Esta elección legislativa, como toda prueba a mitad del camino, será determinante para el futuro del gobierno de Fernández y de la alternativa opositora.

Chile (generales): domingo 21 de noviembre

En estos comicios generales, Chile elegirá un nuevo presidente, 155 escaños en la Cámara de Diputados y 27 de los 50 senadores. La elección se celebrará en medio de un clima político enrarecido. Los tumultos durante las protestas por el segundo aniversario del estallido social, el pasado 18 de octubre, han demostrado que los fantasmas de la violencia no han desaparecido del todo de las calles.

Según las encuestas, este escenario parece favorecer a la candidatura del derechista José Antonio Kast, a quien muchos consideraban demasiado extremo para tener una opción de ganar las elecciones. Todo indica que su contrincante en la segunda vuelta en diciembre será el izquierdista Gabriel Boric, cuya candidatura aglutina a muchos de los movimientos sociales detrás del estallido social y su coalición electoral incluye fuerzas de extrema izquierda que contrarrestan la imagen conciliadora y dialogante que cultiva el joven candidato.

La polarización entre Boric y Kast, ha dejado en el camino a los candidatos de los bloques tradicionales, de la ex-Concertación y la ex-Alianza por Chile, la demócrata cristiana Yasna Provoste y el independiente Sebastián Sichel, ambos lejos de Kast y Boric en las encuestas.

La elección chilena cobra especial relevancia en el contexto de la Convención Constitucional, dominada por fuerzas de izquierda, que está en proceso de elaboración de una nueva carta magna. El nuevo Congreso tendrá que coexistir con esta inédita Convención y ello puede traer consigo incertidumbres institucionales.

Venezuela (regionales y municipales): domingo 21 de noviembre

Hace pocos meses, la oposición al régimen de Nicolás Maduro y su  Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), congregada en la coalición Unidad Democrática, decidió participar de estas elecciones. Ello ocurrió tras una renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, en la que se incorporaron dos (de los cinco) rectores no afines al oficialismo.

La entrada de dirigentes opositores a la arena electoral incrementó la cantidad de opciones políticas y estimuló la movilización en regiones y municipios. Sin embargo, las 24 gobernaciones y las 335 alcaldías en juego, de las cuales la oposición hoy posee 4 y 30 respectivamente, cuentan con muy baja capacidad de autonomía para la gestión gubernamental, vaciadas de atribuciones y recursos durante los 22 años que lleva el régimen chavista en el poder. De tal manera que la pugna en esta elección no es por los espacios locales sino por ganarle terreno al PSUV.

Honduras (generales): domingo 28 de noviembre

La democracia hondureña tiene la prueba de renovar sus autoridades políticas en una elección general que comprende al presidente, la totalidad del Congreso (128 diputados), los 20 representantes del país al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes y vicealcaldes. La batalla presidencial se librará entre el oficialista Nasry Asfura y Xiomara Castro, la esposa del ex-presidente izquierdista Manuel Zelaya.

El desafío más importante será lograr el reconocimiento general de los resultados, ante una débil institucionalidad electoral y el avance del desprestigio de la actividad política. A esa consigna se han sumado representantes de organismos multilaterales en el país, como la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que llamó a respetar los resultados ante el tenso clima político.

Las elecciones en regímenes no democráticos y la atención externa

Si bien falta camino por recorrer en la construcción y consolidación de muchas de las democracias latinoamericanas, la situación actual amerita una reflexión sobre los regímenes autoritarios hegemónicos que convocan una votación —no una elección—, para ratificar su existencia y mostrar algún atisbo de democracia aunque sea en un contexto de total cooptación de las instituciones.

Será particularmente importante la reacción de Occidente a estos acontecimientos electorales. China y Rusia, que no tienen interés en elecciones democráticas pero sí intereses en la región, también estarán atentas, no solo a esos dos resultados sino al de las cinco elecciones. Lo cierto es que no solamente América Latina mirará con atención las lecciones que dejará el noviembre electoral.

*Texto publicado iriginalmente en Diálogo Político

Ángel Arellano es Doctor en ciencia política, magíster en estudios políticos con especialización en gobierno y gerencia, y periodista. Coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer, oficina Uruguay y coordinador de la redacción de Diálogo Político.