Chile: la democracia no necesita espejismos

El resultado de las pasadas elecciones presidenciales en Chile ha levantado debates conexos de algún calado. Pero hay uno que parece central: ¿La victoria de Gabriel Boric, un joven que lidera una plataforma considerada radical, es una demostración que ha llegado la hora de superar la democracia representativa? Por supuesto que algo así nunca se lo oiremos decir al propio Boric, sobre todo después de que haya logrado ganarle la competencia por el voto moderado al oponente Kast. Mas bien en su primer discurso Boric ha enfatizado que será un presidente que resguardará la democracia en vez de ponerla en riesgo.

Pero la idea de superar la democracia representativa comienza a aparecer en algunos medios latinoamericanos por diversas vías. En primer lugar, claro, en los círculos políticos del populismo regional. La forma en que los gobiernos de Maduro y Ortega han felicitado a Boric, trasluce esa perspectiva. Incluso desde Cuba se insinúa que Boric refleja bien el cansancio de la juventud con una democracia que no da de comer.

Otra vía que conduce al coqueteo sobre la superación de la democracia representativa es la que refiere a un análisis erróneo de los resultados electorales. Y esa interpretación equivocada parece capaz de arrastrar a los medios periodísticos progresistas, incluyendo al diario madrileño El País. Según esa interpretación lisonjera, Boric ha obtenido un apoyo enorme, el mayor de la democracia, que expresa el espíritu de las protestas del 2019 y le permite apoyarse en una amplia base social sobre la que impulsar su gobierno.

Es decir, la victoria de Boric habría resuelto en los hechos el problema que acuciaba la política chilena hasta el 2020: la reducida participación en las elecciones desde que se estableció en voto voluntario. El hecho de que esta participación incluyera a los tres cuartos del electorado cuando el voto era obligatorio, y que, con el voto voluntario, oscilara entre un 40% y un 50%, preocupaba a todos los medios progresistas chilenos, que se estaban planteando el regreso al voto obligatorio (también Boric). Entre otras razones, porque al ser tan baja la participación, el voto propio en que se asentaban las autoridades electas rondaba solamente el 25% del electorado (Piñera fue elegido por el 24%).

¿Eso ha sido resuelto con la victoria de Boric?

Rotundamente no. Boric ha conseguido sólo el 56% del 55% que ha votado; es decir, sigue siendo un apoyo acentuadamente minoritario, en torno al 27% del total del electorado. Pero además sucede que, entre la primera y la segunda vuelta, Boric apenas ha logrado halar una pequeña proporción del voto abstencionista. El estudio más reconocido, realizado tras las elecciones por la empresa Unholster, que ha desarrollado un algoritmo que procesa la información de las mesas que entrega el servicio electoral chileno (SERVEL), muestra que los votos nuevos que ha recibido Boric en la segunda vuelta, han procedido sólo en un 28% de nuevos votantes que abandonaron la abstención, mientras más del 70% restante proviene de quienes votaron por otras fuerzas políticas, principalmente de la Concertación (un 42%) y un 26% (sorpresa) procedente del voto al candidato Parisi, además de un 5% que ha logrado atraer de quienes votaron a Kast en la primera vuelta.

Supone un desconocimiento de la dinámica política chilena, pensar que esos votos van a quedarse en el apoyo al nuevo presidente; lo más probable es que, tras la disyuntiva forzada de tener que elegir entre dos candidatos que no son de su preferencia, esos votos vuelvan a sus cabañas políticas tradicionales. Sobre todo, teniendo en cuenta que la correlación de fuerzas en el poder legislativo no es favorable a Boric.

En suma, del minoritario 27% adquirido, hay que descontar una proporción importante del voto que regresará a sus tiendas previas, lo cual hace que el voto propio de Boric oscile en torno al 20% del electorado. La amplia base de apoyo que se sugiere y de la que se hace eco el diario El País (editorial 21/12/2021) es, en realidad, algo que tendrá que ganarse Boric con su forma de gobierno y no la plataforma real de la que parte, que no es muy distinta a la minoritaria de presidentes anteriores (en torno a un cuarto del electorado).

En realidad, el problema de fondo, que tanto preocupó a los líderes democráticos hasta ahora, sigue en pie: ¿por qué mas de los dos tercios de la población chilena no está interesada en la elección de sus autoridades de gobierno? Los estudios sobre cultura política en Chile señalan varios segmentos de esa población. El mas numeroso refiere a las personas que rechazan o son refractarios a la política, una actitud heredada del régimen pinochetista, que aconsejó a la población abominar de la política. El otro segmento, minoritario, refiere a las generaciones que han llegado a la política sin conocer la dictadura y la transición y hoy buscan la sustitución de la democracia por la búsqueda de decisiones colectivas a través del activismo en las calles.

Ahora bien, si es cierto que Boric no está dispuesto a poner en riesgo la democracia, deberá enfrentar el reto estratégico de incorporar a los abstencionistas de uno u otro tipo a la vida política nacional. Y eso será lo que permita halar de un país que sigue dividido y todo apunta que continúa siendo mayoritariamente conservador. Tratar de tirar del país, con un apoyo directo minoritario, en medio de una proporción tan alta de personas que no están interesadas en la política, puede conducir a tensiones insostenibles. Un desafío en el plano sociopolítico que irá acompañado del otro fundamental en el plano socioeconómico: lograr una modificación del modelo productivo que aumenta la desigualdad, pero todavía tiene complacida a una parte notable de empresariado nacional.

Pero, para enfrentar esos retos estratégicos, un buen punto de partida es no equivocarse con el análisis del resultado electoral. Es así aconsejable evitar un espejismo consistente en imaginar un apoyo masivo al nuevo presidente (que sólo ha obtenido el voto de algo más de un cuarto del electorado) procedente del espíritu directo de las protestas de 2019 (cuando más bien ha estado presente el temor a que se repitan en la mayoría de los votos obtenidos de otros partidos) y basado únicamente en el apoyo de sus propias fuerzas (cuando la negociación con las fuerzas de la Concertación seguirá siendo decisiva). Habrá que ver cuánta fuerza tiene ese espejismo en los círculos próximos al nuevo presidente.

Foto de Mediabanco Agencia


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Sputnik V, la vacuna de los influencers

La vacuna Sputnik V no solo fue la primera registrada contra el Covid-19, sino que también posee una de las más llamativas estrategias de divulgación en redes sociales. El medio de comunicación financiado por el gobierno ruso RT reportó, al mejor estilo de un storytime propio de un influencer, como sus periodistas más populares fueron vacunados con el objetivo de demostrar su efectividad y mitigar el escepticismo que la rodea. Para la audiencia angloparlante fueron voluntarios la corresponsal de guerra María Finóshina y el documentalista Konstantín Rozhkov. Para Latinoamérica fue Inna Afinogenova, quien es la presentadora del popular canal de YouTube Ahí les va. Ellos se encargaron de mostrarle al mundo su experiencia después de ser inoculados a través de internet.

No es fortuito el desarrollo de esta estrategia propagandística digital de la vacuna. De hecho, algunos expertos consideran que hace parte de la Diplomacia de las vacunas y/o poder blando, el cual consiste en usar este desarrollo científico, tanto su distribución geográfica como el empleo de los medios de comunicación afiliados a Rusia, para mejorar su imagen e influencia en países extranjeros. Sin embargo, algunos más escépticos consideran que esta estrategia es sólo una herramienta más de la desinformación producida por el Kremlin para inundar con contenido falso, conspirativo y propagandístico las redes sociales y, así desestabilizar las democracias globalmente.     

La vacuna del laboratorio ruso Gamaleya cuenta con una eficacia del 91,6% contra el virus sintomático del covid-19 según la revista médica británica The Lancet Regional Health Americas. Estos resultados han sido recibidos con escepticismo por países europeos, los Estados Unidos y la OMS debido a su rápida creación y a prácticas poco éticas como la falta de transparencia en la información y en el proceso de manufactura. Pese a ello, la vacuna ha sido empleada en 11 países de la región, entre ellos están Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, San Vicente y Granadinas y, Venezuela de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esto podría ser una confirmación del llamado retorno del Kremlin a América Latina, en el que Rusia busca posicionarse como un nuevo aliado para el desarrollo económico y social, desmarcándose levemente del enfoque militar que lo ha caracterizado históricamente. 

Propaganda, periodismo e influencers

La estrategia de divulgación digital de la Sputnik V tiene dos componentes esenciales: la página web y el contenido de los presentadores en redes sociales. La web se creó en agosto del 2020 y está disponible en 9 idiomas, ruso, inglés, mandarín, árabe estándar moderno, español, portugués, francés, tagalo y malayo. Además, cuenta sus respectivas redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Incluso tiene una sección bastante llamativa denominada medios de comunicación, en la que se encuentra un gran número de notas de prensa que se han producido sobre el fármaco en el mundo. Allí hay medios de la región como Prensa Latina de Cuba, Télam de Argentina y Canal 4 de Uruguay. En otras palabras, el contenido de este sitio y sus redes se convirtieron en la fuente oficial de información sobre el fármaco que busca disipar la desconfianza existente alrededor de él.           

El segundo componente de la estrategia es el contenido producido por la periodista más popular de RT en la región: Inna Afinogenova, quien en Twitter cuenta con 306,668 seguidores y recientemente llegó a un millón de suscriptores en YouTube. Con el fin de generar más confianza entre los hispanohablantes, la periodista fue voluntaria de la fase III del fármaco y compartió su experiencia en sus redes sociales –Facebook, Twitter, Telegram e Instagram–. En septiembre de 2020 anunció su participación en dicho proceso que duraría 180 días a través de un trino que superó los diez mil “me gusta”. Luego, realizó un conjunto de publicaciones resaltando la efectividad de la vacuna, de los cuales tres aparecen entre el top 10 más retuiteados en cuentas con geolocalización en Colombia según una investigación de Linterna Verde

El 23 de septiembre de 2020 publicó en su canal de YouTube un video en el que relata, en un formato de video-blog, cómo fue su experiencia personal al ser inoculada. Este video obtuvo más de 400 mil vistas y más de cinco mil comentarios. Estos últimos fueron creados por usuarios desde diferentes países como Argentina, Colombia, Cuba, México, Venezuela, entre otros, quienes reiteradamente la felicitan y le agradecen su valentía en este proceso para acabar con la pandemia. Incluso, algunos de ellos mencionan que considerarían un honor ser voluntarios para los ensayos de este fármaco. En los meses siguientes, Inna continuó publicando contenido analizando la recepción de la Sputnik V en la región a través de YouTube, así como sugiriendo que las críticas contra la vacuna son una campaña de desinformación en contra Rusia.

¿Manipulación o éxito en internet?

Recientemente muchos analistas y periodistas se han cuestionado el éxito digital de RT en América Latina, pues sugieren que los datos de las métricas e interacciones no son confiables ya que son producidas por presuntos bots –cuentas semiautomatizadas– que se encargan de hacer viral este tipo de contenido. Frente a esto, las investigaciones, al menos en Latinoamérica, siguen siendo inconclusas. Por lo tanto, la academia y organizaciones de la sociedad civil deben continuar monitoreando el comportamiento de estos medios afiliados y sus seguidores para obtener resultados contundentes.   

Lo cierto es que la estrategia de divulgación de la Sputnik V es una muestra de la acertada adaptación de los medios de comunicación rusos y sus corresponsales en las redes sociales. Inna es un excelente ejemplo de ello, pues a través de sus redes ha divulgado e intentado desmitificar el escepticismo sobre esta vacuna. Además, ha empleado estas plataformas digitales para llegar a nuevas audiencias, en especial a los jóvenes, con un formato fresco y un lenguaje ciertamente sarcástico que ha logrado posicionarla en la región.

Los verdaderos desafíos de la nueva constitución chilena

Coautor Alejandro Olivares

En la reciente campaña presidencial fueron frecuentes las propuestas que buscaban “eliminar la grasa del estado” para conseguir mejores resultados sin “operadores políticos” que obstaculizan la gestión pública profesionalizada que necesitamos. Sin embargo, más allá del relato de los candidatos, en Chile cada centavo invertido logra mayores retornos en términos de bienestar social que sus vecinos, superando ampliamente, según el Indicador de Efectividad Gubernamental elaborado por el Banco Mundial, a Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México, entre otros países.

Lo anterior está lejos de ser casualidad. Desde el retorno a la democracia en 1990, en el país se han llevado a cabo importantes reformas orientadas a modernizar la gestión pública, con énfasis en el correcto uso de los recursos y la eficiencia del gasto. Todo esto acompañado de la incorporación de tecnologías como apoyo a la labor de los servicios públicos.

Del mismo modo, se han hecho importantes esfuerzos en la profesionalización de los funcionarios, principalmente mediante la creación de un sistema de servicio civil con lo que se han impuesto altos estándares para la selección del personal en la dirección del estado en los primeros niveles jerárquicos. Chile ha creado un sistema de alta dirección pública que asegura niveles de idoneidad de la persona que esté a cargo de una institución pública, cuestión que con el tiempo se ha expandido incluso hacia los directores de colegios públicos que deben concursar a través de estos procedimientos.

Por lo tanto, el debate sobre la administración pública no se debe centrar en aquellos aspectos que ya se encuentran medianamente resueltos con el andamiaje institucional actual. Más bien, debemos pensar cómo incorporar nuevas lógicas, procesos y estructuras en la gestión pública que permitan enfrentar los temas urgentes. Desde la crisis migratoria y climática, y temas relativos a la inclusión de grupos excluidos de la sociedad, hasta la descentralización efectiva y la necesidad de solidificar ciertos valores que permiten el correcto funcionamiento de la democracia.

Autonomía y flexibilidad de la administración publica

Por ello, la administración pública requiere ser repensada. No en función de indicadores de eficiencia, sino en un sentido más amplio que le permita ser autónoma de políticos contrarios a los ideales democráticos y flexible para responder rápidamente a cambios en el entorno.

Respecto a la autonomía, desde hace algunos años los académicos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt vienen advirtiendo que las democracias en el mundo actual ya no caen por golpes de estado o invasiones extranjeras, sino que lo hacen a través de líderes que con sus decisiones terminan erosionando las instituciones.

Esto es especialmente relevante en Latinoamérica, donde muchas instituciones políticas y económicas se crean sin tener nunca la intención de cumplir en la práctica el rol que tienen en el papel, tal como advierten en un reciente libro los especialistas Daniel Brinks, Steven Levitsky y María Victoria Murillo.

Uno de los pilares que necesita la gestión es contar con la autonomía suficiente para cumplir adecuadamente su mandato legal y los valores que promueve la administración pública, resguardando su labor de mandatarios políticos de turno que quieran instrumentalizarla. Esto es de espacial preocupación para el caso chileno, ante el ascenso que ha tenido la ultra derecha y la posibilidad cierta de ocupar el sillón presidencial en los próximos años.

Respecto a la flexibilidad, la administración pública necesita tener una estructura ágil que haga frente de forma adecuada a los cambios en el entorno. Algunos principios estructurantes de la administración pública, como el apego irrestricto a las normas y la estandarización de procesos administrativos la han convertido en una organización con dificultades para enfrentar problemas globales, como las crisis migratoria y climática. Esto es especialmente cierto en el caso chileno, donde se suma un proceso de toma de decisiones centralizado, que deja escaso margen de acción a las administraciones regionales.

Recientemente hemos visto como la llegada masiva de migrantes al norte de Chile generó el rápido colapso de los servicios públicos y un conflicto con las localidades de la zona. Lo propio ha hecho la crisis climática, llevando al estado al límite ante incendios y situaciones de escasez hídrica, por mencionar algunas. Los servicios públicos desconcentrados y descentralizados podrían adaptarse de mejor manera ante estas dinámicas si tuviesen mayores atribuciones y recursos para actuar a nivel local y con perspectiva territorial, sin depender de las decisiones del gobierno central y los servicios que están en la capital.

El estado debe estar al servicio de las personas pero las estructuras estatales que tenemos hoy, en particular fuera de la capital, no cuentan con las herramientas para responder ante situaciones extremas y urgentes. La flexibilidad y la capacidad pueden hacer la diferencia para el tratamiento adecuado de los problemas públicos. Este es el desafío que debemos aceptar para asumir el nuevo ciclo político de Chile.  Y el debate constitucional actual es una oportunidad única para repensar la vinculación del estado con otros ámbitos de la vida social y económica, así como su estructura, procesos y funcionamiento. Así, una nueva constitución debe incorporar principios rectores que aseguren a la administración pública la autonomía, flexibilidad y capacidades necesarias para resolver adecuadamente problemas públicos, con independencia del gobernante de turno.


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Alejandro Olivares es politólogo y profesor asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco. Doctor en Ciencias Sociales y Master en Ciencia Política por la Universidad de Chile.

Luis Arce: retroceder para gobernar

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En 2008 el afamado politólogo estadounidense Joel S. Migdal soltó una afirmación con tintes de profecía: “a medida que transcurre el Siglo XXI, el Estado seguirá en el centro de la escena pero serán cada vez más las dificultades del Estado para lograr conformidad y obediencia”.

La paradoja era que ese Estado tan requerido, buscaba dominar a una sociedad con fuertes tendencias a desconocer su autoridad y, en algunos casos, la legitimidad de sus gobiernos. A finales de 2019 se presentaron “estallidos sociales” en Chile, Ecuador y Bolivia que derivaron en crisis políticas. En Chile el gobierno presidido por Sebastián Piñera no tuvo otra opción que dejar sin efecto la alza en el precio del pasaje del Metro de Santiago así como, en el caso de Ecuador, el presidente Lenin Moreno, tuvo que abandonar su pretensión de eliminar el subsidio a la gasolina. Por su parte, en Bolivia, las masivas protestas urbanas causadas por la insistencia del presidente Morales de permanecer en el poder, terminaron con su renuncia y posterior salida a México.

Empero, algo distingue al caso boliviano: el MAS, pese a la crisis de 2019 y a la renuncia de Morales, pudo recomponer sus estructuras partidarias, organizar sus bases y lograr un contundente triunfo en las presidenciales de 2020 con mayoría absoluta. Esto es algo que no pasó en Chile ni en Ecuador, donde ni Piñera ni Moreno pudieron reproducir su estancia en el poder.  

El retroceso como lógica de gobierno

Con estos antecedentes ¿Se puede hablar de debilidad gubernamental en un gobierno como el de Luis Arce que obtuvo el 55% de los votos más 76 bancas en el parlamento de 130 posibles? ¿Más aún, cuando los partidos de oposición son (casi) una caricatura de partido político? Ciertamente no, el contundente triunfo electoral ha dotado al gobierno del MAS de una indiscutible legitimidad de origen que, en teoría, debería llevarlo a desplegar sus políticas sin mayores turbulencias.

Sin embargo no es así.  En lo que va del período, el gobierno ha tenido que retroceder en varias políticas, la más notable la abrogación de la Ley 1386 contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, una Ley que, además, ya había pasado todos los filtros del Poder Legislativo. Lo sorprendente es que la oposición a esta norma provino de sectores aliados al gobierno como los transportistas, gremiales y cooperativistas mineros quienes, más allá de los discursos anti-MAS de sus coyunturales compañeros de lucha como los cívicos de Santa Cruz y Potosí, estaban ciertamente asustados ante una Ley que podía investigar las fuentes de sus fortunas.

El segundo gran retroceso fue la postergación del requisito de portar el carnet de vacunación contra el Covid-19 para realizar trámites en entidades públicas y privadas.  El 1 de enero de 2022 Luis Arce puso en marcha esta política para pararla en seco seis días después. El gobierno ha justificado el congelamiento aludiendo a las largas filas en los puestos de vacunación, empero esa no es la verdad o no toda la verdad. Lo que ocurre es que (otra vez) movimientos sociales aliados al MAS anunciaron medidas pidiendo la anulación del decreto como la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz, los cocaleros de Yungas, las juventudes del MAS, las Federación de campesinos Tupac Katari, la Federación de Mujeres Campesinas bartolinas, los Interculturales, la Confederación de Markas y Ayllus, el Comité Cívico de El Alto y el Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas, junto a varias otras organizaciones más pequeñas pero no menos combativas como los Ponchos Rojos. Todos ellos  hoy están en el poder pero, desde fuera, bloquean la política de Arce.  

En un artículo anterior postulé que esto podía deberse al estilo de gobierno de Arce que, a diferencia del de su predecesor, prefiere retroceder a confrontar. Empero, si bien el liderazgo es importante, más aún en un régimen presidencialista como el boliviano, la repetición de estos retrocesos de Arce invitan a plantear algunas explicaciones que apunten a aspectos más estructurales, propios de la configuración del Estado plurinacional boliviano.

El problema radica en que el gobierno del MAS llegó al poder aupado por una serie de organizaciones populares (sindicatos campesinos, movimientos indígenas, agrupaciones urbanas) que nunca fueron del todo institucionalizados por el Estado, es decir que no fueron absorbidos por el MAS. Para los actores sindicales resultó más beneficioso mantener la independencia de sus organizaciones sin dejar de estar presentes en el aparato estatal, lo que los lleva a actuar, a la hora de preservar sus intereses, tanto desde dentro como desde fuera del gobierno. El ejemplo más claro es la Federación de mineros cooperativistas cuyos dirigentes han llegado a la cabeza del ministerio de minería, pero que cuando vieron que las políticas gubernamentales no coincidían con sus intereses empresariales no dudaron en salir a las calles para enfrentar a su gobierno.

Por tanto, si bien Luis Arce puede establecer su agenda con cierta autonomía, a la larga quienes moldean las políticas, quienes definen si la ley o política pública entra en vigencia o no, son los movimientos sociales o una parte de ellos. El ya mencionado Migdal señalaba que el Estado entablaba verdaderas “batallas campales” con otros actores con poder que se oponían o que resistían sus determinaciones, pero Migdal afirmaba esto suponiendo que ellos estaban, de una manera u otra, fuera del gobierno, no dentro. La particularidad del gobierno del MAS es que sus socios, cuando les conviene actúan como aliados y cuando no, como sindicatos independientes.

Si bien esto  no es ninguna novedad (de hecho fue el rasgo constitutivo del gobierno de MAS), el amplio dominio y liderazgo de Morales sobre los movimientos sociales atenuaba en algo este problema. En cambio ahora, el presidente Arce carece en absoluto de alguna llegada sobre estos actores, lo que lleva a configurar un gobierno con una autonomía muy relativa para establecer su propia agenda de prioridades y una marcada debilidad para llevar a cabo sus política pública.

El daño a la democracia

Dicho esto, es posible que esta rutina de avanzar para luego retroceder, esta lógica de contentar a los aliados para llevar a cabo las políticas sea la tónica en el gobierno de Arce. Michael Mann (el sociólogo no el cineasta) estableció que los Estados evolucionaban en tanto lograban un poder infraestructural en la que el Estado penetraba y dominaba la sociedad. En Bolivia se da un proceso inverso: es la sociedad la que penetra el Estado, son sus organizaciones las que terminan configurando las políticas del MAS.

Este fenómeno es altamente negativo para la sociedad. Un estado que no puede imponerse sobre los intereses particulares de los actores con poder es un Estado que no construye ciudadanía y a la postre, tampoco democracia.

Foto de Casa América

China deberá esperar para establecer relaciones diplomáticas con Honduras

Pocos días antes de las elecciones generales de Honduras, una delegación estadounidense de visita en el país fue directa y poco diplomática en sus mensajes a los dos principales candidatos presidenciales, la luego victoriosa Xiomara Castro, del Partido Libre, y el alcalde capitalino Nasry Asfura, del hasta ahora oficialista Partido Nacional. En sus reuniones, la comitiva, encabezada por Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dejó en claro que Washington quiere que el país mantenga sus relaciones diplomáticas con Taiwán.

Washington y Pekín en la región centroamericana

Desde los tiempos de Nixon, Estados Unidos reconoce a la República Popular China como la representante de Taiwan, del pueblo chino, pero como los designios del poder sólo responden a sus propios intereses, no es cuestión de dar más poder al enemigo, permitiendo relaciones non sanctas.

Un vocero oficioso del Departamento de Estado, quien solicitó anonimato, señaló que Washington advirtió a las naciones centroamericanas de «algunos de los riesgos asociados con el enfoque de China hacia la región». Con un Asfura triunfante, no habrían surgido ni siquiera sospechas de acercamientos con China Continental, pero como el candidato del oficialismo de derecha sufrió una derrota apabullante, las cosas se complicaron.

El plan de 30 puntos para los primeros cien días del nuevo gobierno, que ha elaborado el equipo de Xiomara, indica con precisión en el punto seis que “de inmediato abriré relaciones diplomáticas y comerciales con China Continental”.

Antes de los comicios, sin embargo, el entonces candidato a la vicepresidencia, Salvador Nasralla, expresó que ése era un tema a consensuar y que no era considerado de carácter urgente. Tras las elecciones, en similares términos se pronunció el diputado electo Hugo Noé Pino, un respetado economista de renombre, cofundador del Partido Libertad y Refundación (Libre).

O sea que, por el momento, Washington puede esperar que Honduras no cambie su postura respecto de Taiwán, pero la situación podría cambiar en un futuro más o menos cercano. Debe considerarse que empresas de China continental tienen presencia en el país, construyendo diversas obras públicas como la hidroeléctrica Patuca III. China, de hecho, aunque con bajo nivel, ya tiene un pie en Honduras.

Cabe señalar que Honduras es uno de los pocos países en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwan, lista que se achica casi periódicamente. Recientemente, Nicaragua rompió sus lazos de larga data con la isla para volcarse a China.

En Washington se ve con alarma la creciente influencia china, tanto en el campo económico como en lo político-diplomático, en una región en la cual Estados Unidos siempre tuvo decisiva influencia. El vocero del Departamento de Estado indicó ante la agencia Reuters que «hemos sido bastante claros con todos los actores clave en Honduras por qué creemos que la relación entre Honduras y Taiwán es tan importante. Nos gustaría que eso continuara».

El Triángulo Norte de Centroamérica

En el último tiempo, a Estados Unidos no le ha ido muy bien en la estratégica región centroamericana, conocida como el Triángulo Norte, integrada por Honduras, Guatemala y El Salvador. El presidente guatemalteco Giammattei, tiene actitudes que no siempre responden a los intereses de Washington. Y ni hablemos del díscolo y errático salvadoreño Nayib Bukele.

Hasta ahora, a Washington le quedaba la interesada y temerosa lealtad del hondureño Juan Orlando Hernández, pero éste se va y deja en la silla presidencial nada menos que a la esposa de Mel Zelaya, quien fuera derrocado en 2009 con el beneplácito de la entonces administración Obama.

Las preocupaciones respecto a China se intensifican en la Casa Blanca y el Pentágono, quien ha definido a estos tres países como la valla roja que Pekín no debería cruzar en su estrategia de influencia y en la instalación de infraestructura civil de posible uso militar. Según la revista especializada Military Times, Washington presiona fuertemente a los gobiernos de la región para que no permitan que en sus territorios alberguen instalaciones de China que puedan ser de uso civil y militar, como la base espacial emplazada en la provincia argentina de Neuquén, que tiene escasa supervisión por parte del Estado nacional.

Otro, más preocupante para el Pentágono, es el permiso otorgado por Nicaragua a la empresa Xinwei Telecom Enterprise Group para levantar redes de telecomunicaciones. En su momento, el canal interoceánico fue otro motivo de alarma, pero, tal como lo vaticinaban los expertos, éste nunca pudo concretarse por inviable estructural y financieramente.

Honduras y las relaciones con China

Es tal el interés de Washington de impedir el establecimiento de relaciones de Honduras con China que, tras las elecciones, envió a la subsecretaria de Estado para Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, para mantener conversaciones con las actuales autoridades y la presidenta electa Xiomara Castro.

Cabe señalar que el equipo de trabajo del Partido Libre ha estado realizando gestiones desde hace un par de meses ante altos funcionarios estadounidenses para tranquilizar los ánimos. El nuevo gobierno no se centrará en acciones conflictivas, pues demasiado tiene con la herencia que recibe. Por ello, sus acciones estarán principalmente dirigidas al combate a la corrupción y a mejorar la economía. Dos puntos esenciales que son bien recibidos en Washington, porque son las causas más importantes de las emigraciones masivas y descontroladas. En ese contexto, las relaciones con China pasan a segundo plano y, por el momento, probablemente no será tratado.


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Partidos en Latinoamérica: ideología antes que democracia

En su primer encuentro desde la pandemia, el ideológicamente izquierdista Grupo de Puebla huele una oportunidad. Mientras esperan «vientos progresistas» de los próximos procesos electorales, la izquierda democrática y la autoritaria cierran filas contra el neoliberalismo. La declaración final también apoya a las dictaduras latinoamericanas, lideradas por Cuba. Mientras tanto, el partido español populista de derecha VOX intenta posicionarse en América Latina como punta de lanza de la lucha anticomunista. Esta dinámica bipolar coloca en aprietos en particular a las fuerzas del espectro de centroderecha.

Radiantes y sin máscaras posaron frente al fotógrafo: el exprimer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, y el actual ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. Acababan de inaugurar el Grupo de Puebla (GP), que reunió alrededor de 200 «líderes progresistas» del 30 de noviembre al 1 de diciembre en la capital mexicana. No obstante, estaba clara la señal que debería enviar la reunión bajo el lema «Cambio ahora»: la izquierda unida está de vuelta, ganando influencia y unificándose contra el oponente común. Pidió nada menos que la sustitución del «anacrónico modelo neoliberal» por un «modelo de desarrollo solidario».

Si bien el documento tiene pocos aportes concretos sobre cómo debería ser este nuevo modelo, se manifiesta en general en pro de un papel fuerte de los Estados en la inversión pública, de una sesión especial de la Asamblea General de la ONU respecto a los caminos globales para salir de la pandemia, de la descarbonización de la economía, del «multilateralismo», de un impuesto mínimo global de al menos el 21% y de los «valores del feminismo».

En cuanto al compromiso con la libertad y la democracia, el documento es ambivalente. Si bien pide «una democratización que dé espacio a nuevas voces», en el texto de 2629 palabras, democracia solo aparece una vez más como un concepto básico positivo.

Según su página web, el Foro de San Pablo reúne hoy a 123 partidos de 27 países, desde el Partido Comunista de Cuba hasta el Partido de Unidad Socialista de Venezuela (PSUV) y fuerzas de centroizquierda democráticamente establecidas como el Partido Socialista de Chile, el Partido de los Trabajadores de Brasil o el Frente Amplio de Uruguay. La diferencia organizativa más importante entre el FSP y el GP es que el primero es una asociación formal de partidos, mientras que el segundo está formado por un grupo de individuos. En ambas organizaciones, sin embargo, existe la misma fusión entre elementos autocráticos, populistas y democráticos. En ambos casos está claro que la ideología es más importante que la democracia.

Halagos para México, Cuba y Venezuela

Como regalo al anfitrión, por así decirlo, el GP celebra la «profundización de la democracia» del gobierno populista de izquierda del jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador. Apenas unos días antes, este había emitido un decreto que le permitirá, en lugar del proceso de licitación legal, llevar a cabo importantes proyectos de infraestructura prácticamente a dedo y sin ninguna transparencia. Sin embargo, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff celebró al gobierno mexicano como una «luz» para la «integración latinoamericana».

La declaración final del GP también adopta sin restricciones la retórica de la dictadura cubana cuando se solidariza con «el pueblo cubano» y nombra a las sanciones estadounidenses como la causa del «malestar social» y las más recientes protestas de «redes y enemigos de la revolución cubana financiadas y promovidas desde Estados Unidos». El GP también declara su «apoyo a la democracia venezolana» y rechaza cualquier «injerencia extranjera».

Está claro que la izquierda internacional en América Latina huele una oportunidad. Tras los cambios de rumbo político en México (2018) y Argentina (2019), el eje político se desplazó más a la izquierda por las elecciones en Bolivia (octubre de 2020) a través de Chile (elección a la asamblea constituyente en mayo de 2021), Perú (junio de 2021) y más recientemente en Honduras (noviembre de 2021). Según el expresidente colombiano Ernesto Samper, en la Ciudad de México se depositaba una gran esperanza en un persistente «viento progresista» en la región y, por ende, en una victoria electoral de Gabriel Boric el 19 de diciembre en Chile, del populista de izquierda Gustavo Petro en Colombia en 2022 y del expresidente Lula da Silva en octubre de 2022 en Brasil.

La respuesta desde la derecha populista

Como antagonista de las dos alianzas de izquierda desde el comienzo de la pandemia, ante todo el partido populista de derecha español Vox intenta posicionarse específicamente. Su presidente, el diputado español Santiago Abascal, impulsa intensamente el Foro Madrid, una «alianza internacional para contrarrestar el comunismo en la Iberosfera». El objetivo es encontrar una «respuesta al Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla».

Para enfrentarlos, diferentes líderes políticos y sociales de diferentes orientación política deberían acordar algunas declaraciones esenciales: el reconocimiento del «avance comunista» como una amenaza a la ley y la libertad, el compromiso con el Estado de derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión y propiedad privada, la «defensa» de las libertades políticas y sociales, así como la promesa de los firmantes de trabajar por la democracia, los derechos humanos, el pluralismo y la justicia. En gran parte no prestando atención a la pandemia, las delegaciones de VOX viajaron en 2021, en particular el propio Abascal, su colega Víctor González Coello de Portugal y el eurodiputado español Hermann Tertsch a varios países latinoamericanos como Colombia, México, Perú y Ecuador, así como a Estados Unidos.

Al hacerlo, consiguieron persuadir a numerosos representantes de la política y la sociedad civil a que firmaran la Carta de Madrid. Entre los firmantes se encuentran políticos de partidos populistas de derecha en estrecha armonía con los del centro político. Este activismo se complementa con la Fundación Disenso, cercana a VOX, también dirigida por Abascal, que invita a jóvenes políticos latinoamericanos a programas de estudio en España. De esta forma, VOX reúne en un proyecto común a actores de filiación dudosamente democrática con representantes de partidos firmemente establecidos en el centro político.

La comparación con lo que sucede del otro lado político no parece del todo absurda. En forma colateral el partido populista de derecha español, como autoproclamada punta de lanza contra el «totalitarismo» y el «comunismo» latinoamericanos, se está ganando una legitimidad internacional que de otro modo difícilmente habría podido lograr. Por tanto, no es de extrañar que Abascal quiera más para el futuro: una estructura permanente y un plan de acción anual.

¿Y el centro político?

Comprometidos en la responsabilidad de gobierno en el contexto del covid-19 u ocupados con problemas internos, muchos partidos moderados quedaron bastante sorprendidos ante tal activismo. Dirigirse a individuos en lugar de estructuras partidarias enteras permite que tanto el Grupo de Puebla como el Foro Madrid ignoren a estas últimas.

Justamente para los representantes de los partidos de centroderecha, a menudo lentos, no es fácil reaccionar adecuadamente a esta táctica. Es grande la tentación de saltar al barco común con VOX contra la izquierda organizada y cada vez más fuerte. A menudo hay una falta de conciencia de que una acción realmente creíble contra el autoritarismo de izquierda organizado en la región solo es posible con socios cuya identidad democrática libre esté fuera de toda duda.

*Publicación original en alemán en el sitio web de la Fundación Konrad Adenauer, el 13 de diciembre de 2021.


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¿Qué hay de nuevo en las inversiones chinas en América Latina y el Caribe?

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En los albores del siglo XXI, China se posiciona como potencia mundial basando su política exterior en su dinámico crecimiento económico, sus objetivos sobre “desarrollo pacífico” y el acelerado paso hacia un profundo proceso de reconversión productiva y tecnológica. En este contexto, las relaciones con América Latina y el Caribe (ALC) adquieren particular interés por tratarse de mercados demandantes de sus bienes y servicios, sus manufacturas y tecnologías, en el marco de las estrategias de internacionalización (go out policy) y ganancias de competitividad global. Como resultado, las relaciones comerciales, financieras y de inversión con ALC se han incrementado, con algunas particularidades durante la última década.

Principales rasgos de las inversiones chinas en la región

Hasta el año 2010, la inversión extranjera (IE) china estaba funamentalmente concentrada en sectores como el energético, minería y agrícola. Pero durante los últimos diez años las IE de empresas chinas comenzaron a tener mayor preponderancia en América Latina. Alentadas por oportunidades de negocios en Brasil, Colombia, Perú, o Bolivia, las empresas chinas (en su mayoría estatales) viraron su atención hacia Latinoamérica con el objetivo de posicionarse, no sólo en sectores extractivos, sino también en servicios comerciales y financieros y producción manufacturera e industrial.

Desde fines del siglo XX hasta el 2009, la región captó IE china por valor de USD 7.000 millones de dólares, según la CEPAL. A partir de 2010 se marcó un punto de inflexión, con un flujo estimado de IE china que se acercó a los USD14.000 millones de dólares, equivalentes a un 11% de la IED total recibida por la región. Tres cuartas partes de dicho monto correspondieron a dos adquisiciones en la industria petrolera por parte de Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation) en Brasil y la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) en la Argentina.

Tal como lo demuestran estos indicadores, la IE china estuvo principalmente vinculada a la necesidad de satisfacer su demanda de petróleo y gas (seguridad energética), recursos naturales y agroalimentos (principio de seguridad alimentaria); insumos críticos destinados a garantizar su desarrollo económico, y escasos a nivel doméstico. Paralelamente, las firmas chinas buscaron nuevos mercados en ALC, las ETN (exchange-traded note) se propusieron mejorar su competitividad y los grandes bancos estatales apuntaron a financiar proyectos para el desarrollo de infraestructura que viabilizara la salida e ingreso de bienes y servicios por medio de mejoras en la conectividad intra regional bioceánica. De esta forma, los préstamos direccionados, por ejemplo, por el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), conformaron una densa malla de intereses que hoy interconecta ambas partes.

¿Una nueva etapa?

Lo cierto es que desde entonces hasta la actualidad, la IE canalizada por firmas estatales y/o privadas chinas, así como los créditos dirigidos hacia proyectos de infraestructura, se han incrementado. En la actualidad, las inversiones chinas se orientan en función de los planes de internacionalización de las firmas estatales y privadas a través de fusiones y adquisiciones (F&A), compra de empresas o inversión directa en proyectos Greenfield.

Asimismo, se han diversificado hacia sectores como la generación de energías renovables, producción automotriz, telecomunicaciones y explotación de minerales estratégicos como el cobre, litio o niobio. Según la CEPAL, en los anuncios de inversión de empresas chinas en América Latina y el Caribe por sector, al año 2020 destacan el sector automotor y autopartes (44%), el sector de energías renovables (17%), el sector de servicios financieros (11%) y el sector de bienes de consumo (6%). La radicación de IE china, también se refleja en el sector agropecuario, pesquero y agroquímico, logística e infraestructura de transporte, con una creciente participación en la construcción de infraestructura digital.

Si bien actualmente las inversiones en sectores tecnológicos son de pequeña escala, las empresas tecnológicas chinas empiezan a tener presencia en la región, vinculadas al desarrollo de comercio electrónico. Las grandes empresas tecnológicas chinas, que son claves en la implementación del Proyectos de la Ruta de la Seda Digital (DSR), muestran una presencia creciente en ALC, registrando inversiones en centros de datos, redes de telecomunicaciones y proyectos de ciudades seguras; proyectos favorecidos porque diecinueve países latinoamericanos han firmado memorandos de entendimiento (MOU) en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (OBOR/BRI).

De acuerdo al Monitor de la OFDI china en ALC, las inversiones en nuevos proyectos, si bien son de menor nivel, aparecen vinculadas a sectores claves para el desarrollo sostenible de la región, como las energías renovables y los vehículos eléctricos, y otras destinadas a la economía digital, donde las empresas chinas están a la vanguardia de la tecnología mundial. Generalmente estas inversiones están ligadas a actividades de comercialización o ensamblaje, y no a la ejecución de actividades manufactureras o de investigación y desarrollo.

En suma, la mayor participación de las empresas chinas, en una primera etapa, se verifica mediante fusiones y adquisiciones; mientras que en una segunda etapa, la compra directa o proyectos Greenfield surgen como indicadores del interés inversor en la región.

A los sectores tradicionales (energía, minería, manufacturas, agroalimentos) se suman en una etapa posterior inversiones dirigidas hacia sectores manufactureros de mayor complejidad para integrarlos con cadenas locales y regionales de valor. Asimismo, proyectos de infraestructura acompañan estas tendencias sostenidos financieramente por bancos estatales chinos como el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el Bank of China o el China Development Bank (CDB).

Las tendencias, indican que el interés inversor por parte de grandes y medianas firmas públicas y privadas chinas en la región continuará profundizando su compromiso en sectores tecnológicamente intensivos como telecomunicaciones, redes de Internet, plataformas digitales y comercio electrónico. Confirman estas presunciones el posicionamiento de firmas tecnológicas como Alibaba, Huawei con sus proyectos sobre IA, Lenovo y ZTE, entre otras.


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Columna inicialmente publicada en el portal de la REDCAEM

El impulso verde de la UE y la inserción global de América Latina

La crisis climática acapara hoy la agenda de los líderes mundiales y tal como sostiene António Guterres, “no hay tiempo que perder”. La Unión Europea avanza introduciendo medidas y una de las más recientes es prohibir toda importación de alimentos que provengan de áreas consideradas en riesgo deforestación, independientemente que sean legales o ilegales. Y la normativa a punto de aprobarse, como destaca la Comisionada Europea por el Medio Ambiente y los Océanos, Virginijus Sinkevicius, será aún más exigente ya que las empresas deberán certificar que sus productos no provienen de áreas sensibles.

Aún cuando las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) se asocian comúnmente con la emisión de dióxido de carbono y la producción de combustibles fósiles, en la región también resultan de gran importancia las generadas por el sector agropecuario, silvicultura y cambio de uso del suelo (AGSOUT). La irrupción de China y el consiguiente aumento exponencial en las exportaciones del complejo agrícola-ganadero agravaron aún más el problema. El aumento implicó el avance de la frontera productiva, con la consiguiente deforestación y degradación del bosque nativo.

La deforestación está llevando al Amazonas a un punto de quiebre, que podría transformar su vasta superficie en una sabána con graves consecuencias sobre el régimen de lluvias en toda América del Sur. Idéntico efecto produce la quema de los humedales o los desmontes en el norte argentino.

Actores y políticas

Independientemente de la orientación política, neoliberales o neodesarrollistas, todos miran las medidas recientes europeas con recelo. La primera reacción pasa por desconocer la problemática ambiental y minimizar los costos sociales que conlleva el extractivismo. Esta es la postura del gobierno de Bolsonaro que vacía la agencia ambiental (IBAMA), al tiempo que alienta a los garinpeiros, hacendados y otros grupos de aventureros a avanzar sobre las áreas protegidas.

En el último año, la Amazonia brasileña perdió 13.235 kilómetros cuadrados de árboles. El alineamiento del gobierno argentino con las entidades tradicionales del campo califica en la misma dirección. El sector agrícola-ganadero continúa negando cualquier efecto nocivo en sus prácticas, desdeñando toda legislación ambiental por afectar su tasa de ganancia, incluido el bloqueo a la ley de humedales. Pero el escenario global cambia, y ya no es posible ignorar el fenómeno por los efectos en los mercado, en la política internacional y los marcos normativos. 

Seguir pensando el problema con la misma óptica resulta, a nuestro entender, inadecuado. Y ello, al menos en dos frentes. Por el lado político, ello implica desconocer el creciente reclamo de la sociedad global por la protección del medio ambiente y el reclamo por avanzar en la lucha contra el riesgo climático, reflejado por el avance de los partidos verdes en el viejo continente. Al momento de elevar la propuesta de prohibición, la Comisión decidió iniciar una consulta pública. La reacción fue masiva y la ciudadanía otorgó un apoyo tácito a la propuesta.

Idéntico resultado se observó en la encuesta lanzada por el Eurobarometro en la primavera del 2021, donde se destaca el alto grado de interés de la ciudadanía por la temática del cambio climático, tanto como respecto a la pérdida de biosfera. Idéntico rechazo genera el extractivismo en nuestros países, aunque, lamentablemente su voz resulta silenciada: los activistas ambientales se exponen a la represión e incluso a arriesgar sus vidas.

Por el lado económico, el situarse como víctima implica seguir desconociendo el proceso de transformación que evidencian nuestros principales compradores. Si la demanda esta mutando hacia productos “amigables con el medioambiente”, es inútil seguir planteando que el problema solo refleja una “guerra comercial”. Los consumidores están dispuestos a pagar más (productos orgánicos), cambiar sus patrones de consumo (reducir su ingesta cárnica) e introducir nueva legislación que prohíba la entrada de productos contaminados con glifosato.

Podemos protestar, si. Pero si nuestro objetivo es seguir exportando debemos adaptarnos a la nueva realidad. Afortunadamente muchos productores reconocen estas restricciones y trabajan de acuerdo a protocolos y normativas medioambientales. Se debe aprovechar la coyuntura para proyectar un cambio en la visión de los negocios de quienes no lo hacen, obligar al conjunto de productores a internalizar la totalidad de los costos que genera su actividad, incluida la prohibición de toda deforestación.

Al pensar la interacción entre el modelo agroexportador y el diseño de la política climática local, las políticas comerciales adoptadas por los países importadores tienden a ocupar un lugar preponderante. Tal como destaca la experta Ana Paula Tostes, la praxis comercial verde de Europa es un camino sin retorno.

Puede que haya un dejo de proteccionismo, aún así América Latina no puede confrontar las medidas desde el discurso sino entenderlas como una oportunidad. Una vez que los países europeos cumplan sus compromisos, independientemente de que nuestros países cumplan los suyos, el impacto de la transición verde europea llegará a los sectores exportadores locales.

El frente externo se esta transformando de manera acelerada. Si frente a la crisis climática la inacción no resulta una opción, confrontar las nuevas medidas que impulsan nuestros socios comerciales tampoco debería resultar una estrategia válida.

Gabriel Boric y las posibilidades de renovación de las izquierdas latinoamericanas

La contundente victoria de Gabriel Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre de 2021 mantiene al país en la senda del cambio abierta por el estallido social de octubre de 2019. La victoria garantiza un camino relativamente tranquilo para la finalización de los trabajos de la Convención Constituyente en curso, y para la futura aprobación en referéndum de la nueva Constitución. Sobre todo, confirmó el paso de la revuelta popular a la vía institucional, traduciendo y al mismo tiempo «domesticando» las fuertes demandas que emanaban de las calles.

Un gobierno de refundación

En cualquier caso, más allá de esta «domesticación» institucional del proceso transformador, Boric se presenta como un futuro presidente con una fuerte agenda reformista, adecuada al proceso de refundación inaugurado por el estallido social. El desastre que representaría una victoria de José Antonio Kast ha sido enterrado (quizás junto con el fantasma del dictador Augusto Pinochet), dando paso a un gobierno que se proyecta como de transición entre la limitada democracia establecida por la transición pactada (que se agotó en 2019) y el nuevo régimen que viene.

Es evidente que la agenda de fuerte reformismo del nuevo gobierno se verá parcialmente bloqueada por la crisis económico-financiera que provocará el sabotaje del mercado financiero y de las élites chilenas, así como por la ausencia de una sólida mayoría parlamentaria. Aun así, la victoria de Boric refuerza la tendencia latinoamericana del retorno de los gobiernos de izquierda y centroizquierda, debilitando las versiones regionales de los gobiernos neoliberales autoritarios, una tendencia global que se traduce aquí principalmente en Jair Bolsonaro.

El regreso del progresismo: vuelta al pasado

Sin embargo, es probable que el gobierno de Boric se diferencie de otras experiencias regionales, que pueden considerarse una reanudación del «ciclo progresista» en una versión rebajada. Gobiernos como los de López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina y el probable regreso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil apuntan a intentos de retomar proyectos agotados. Agotados porque han llegado al límite de sus propuestas de cambio sin ruptura, y porque han perdido en gran medida su capacidad de movilización. Otros gobiernos, como los de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, el primero sobreviviente del «ciclo progresista» original en su versión refundacional, el segundo de la etapa rupturista anterior, se presentan como degeneraciones de sí mismos, hoy abiertamente autoritarios.

Todo esto ocurre en una coyuntura internacional mucho peor, en un contexto de crisis de las democracias y de ofensiva conservadora. Tomando el ejemplo brasileño: la esperanza que abrigamos abiertamente de un retorno del lulismo en Brasil no se traduce en expectativas de transformaciones estructurales, sino simplemente de bloquear el autoritarismo, la ignorancia, la violencia y el desmantelamiento social llevado a cabo por el gobierno de extrema derecha. Se trata, pues, de una reducción considerable de las expectativas en relación con los primeros gobiernos de Lula (que no eran ya tan altas). Si antes podíamos esperar al menos reformas y una fuerte inversión social, ahora tendremos que luchar para que las elecciones se celebren, para que sean limpias, para que Lula tome posesión, gobierne y termine su mandato.

No es mucho. Parece un intento de reinstaurar la Nueva República en un marco en el que ya no existe. Una cierta sensación de normalidad en medio de un proceso para nada normal, de una crisis orgánica sin fin.

Chile es diferente

Se espera mucho más de Boric. Su gobierno debe presentarse activamente como el inicio de una nueva era, consolidada por el entierro de la Constitución de Pinochet de 1980. Aunque tendrá que llevar a cabo algunas prácticas similares a las de la Concertación de Partidos por la Democracia (la encarnación limitada de la era progresista en el país) para garantizar la gobernabilidad, gobernará en diálogo con los movimientos sociales, con las minorías, con los jóvenes. Tendrá que establecer un gabinete femenino y plural, reconocer las luchas del pueblo indígena mapuche en el sur del país, tratar humanamente la cuestión de los inmigrantes irregulares, buscar memoria y justicia para los crímenes de la dictadura militar y la represión del estallido social.     

No hay nada en el proyecto victorioso que se parezca al «socialismo», al «comunismo» y a otros fantasmas agitados por Kast. Sin embargo, existe un sólido proyecto inclusivo, con la ampliación de los derechos de las minorías oprimidas y la ampliación del acceso a la sanidad, la educación y el bienestar. Un proyecto, por tanto, marcadamente de izquierdas, mucho más que la versión más izquierdista de los gobiernos concertacionistas, el segundo de Michelle Bachelet. Pero sobre todo, es la traducción institucional de una revuelta popular, que complementa el proceso constituyente refundacional y apoya la posterior regulación e institucionalización de los profundos cambios que se inscribirán en la nueva Carta.

Además (lo que no siempre se tiene en cuenta), es una nueva generación la que emerge: la generación de 1968, los jóvenes cuadros del gobierno de Salvador Allende y los no tan jóvenes cuadros de la transición pactada, ya no están. Llegan los chicos y chicas de la revolución pingüina de 2006 y de la revuelta estudiantil de 2011 y 2012.

A nivel regional, el gobierno de Boric también podría presentarse como una novedad, en medio de reanudaciones a la baja en contextos deteriorados de proyectos de hace dos décadas. Podría convertirse en esa necesaria y difícil síntesis entre institucionalidad y movilizaciones populares. También entre las políticas para reducir la pobreza y la desigualdad (políticas tradicionales de izquierda) con las cuestiones ecológicas, los derechos reproductivos, los indígenas y otras minorías. Por último, es una gran oportunidad para fortalecer la democracia sin caer en degeneraciones autoritarias. Es una tradición: en Chile vuelve a estar en juego el futuro de las izquierdas latinoamericanas.


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2001-2021: las no coaliciones de gobierno en Argentina

Hace apenas días se conmemoró lo que se conoce en Argentina como “la crisis de 2001” ocurrida en diciembre de ese año, que desencadenó en una crisis económico-financiera que afectó a una multitud de ciudadanos y desembocó en un desorden político, donde abundaron marchas, protestas y cacerolazos en todo el país, lo cual terminó provocando la salida anticipada del presidente Fernando De la Rúa.

De la Rúa del partido centenario que representó históricamente la socialdemocracia en Argentina, la Unión Cívica Radical (UCR), ganó las elecciones en 1999 a partir de haber conformado una alianza electoral con la fuerza de centro-izquierda, Frente País Solidario (FREPASO). De tal modo la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación se transformó en la coalición gobernante. Durante la campaña electoral que llevó a De la Rúa a la presidencia, este repitió incansablemente que “el uno a uno no se toca”, y esto era sin duda lo que los votantes querían escuchar. Una devaluación en el marco de una sociedad altamente endeudada resultaría en penurias para una enorme cantidad de argentinos.

Lo que se conocía como el “uno a uno” no era más que el resultado del Plan de Convertibilidad implementado durante el gobierno peronista Carlos Saúl Menem en abril de 1991, que estableció por ley una relación cambiaria fija entre la moneda local y la estadounidense, a razón de un peso convertible por dólar.  Este plan, junto a las medidas de tinte ortodoxo recomendadas por el Consenso de Washington de reducir el gasto público, sin duda ayudaron a equilibrar las cuentas macroeconómicas y a frenar la espiral inflacionaria que había sumergido al país en dos crisis hiperinflacionarias.

Aquello que no pudo o no quiso contemplarse, es que, en un contexto de desregulación del comercio, la prolongación por casi diez años de un plan de apreciación monetaria condenó a que Argentina no pudiera competir con el resto de las economías del mundo, y así, la desindustrialización y el desempleo aumentaron significativamente, y con esto la pobreza comenzó a asomar como un problema de dimensiones preocupantes.

Fue así, como, luego de diez años ininterrumpidos de peronismo neoliberal, el padecimiento de “ser el país más caro del mundo” y la desbocada corrupción, llevó que el radical Fernando De la Rúa asuma la presidencia en 1999. Sin embargo, rápidamente el nuevo gobierno también se vio manchado por presuntas “coimas” en el Senado en octubre de 2000, mientras la industria y el empleo seguían resintiéndose. El principal denunciante de estas irregularidades fue el vicepresidente del FREPASO, Carlos “Chacho” Álvarez, quien renunció inmediatamente. Y desde aquel momento comenzó el principio del fin de la alianza conformada, que terminó de sucumbir luego de que se definiera la inminente devaluación, que resultó en la incautación de depósitos en los bancos de millones de ahorristas que desesperadamente acudían a las entidades bancarias sin poder retirar su dinero. Así el país vivió dos jornadas de extrema violencia, con varios heridos y muertos. Y la alianza electoral se derrumbó junto a la estabilidad económica y política.

En el correr de escasos días se sucedieron cinco presidentes y finalmente en 2003 los argentinos volvieron a las urnas y el peronista Néstor Kirchner asumió la presidencia. A partir de ese momento el kirchnerismo gobernó durante doce años, los últimos ocho con Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a la cabeza.  Desde 2003 el peronismo nuevamente pudo capitalizar las ventajosas condiciones internacionales, con precios exorbitantes de los commodities, lo que resultó en un ingreso masivo de recursos a las arcas del Estado. Así el gobierno de Néstor Kirchner logró estabilizar y hacer crecer la economía argentina, mientras se tejió, en su gestión y la posterior de CFK, una alta trama de corrupción que aún sigue investigándose/sobreseyéndose sin los juicios correspondientes. Por su parte, la última gestión de CFK mostró índices importantes de inflación y una pobreza que llegó al 30%.

En 2015, la coalición opositora Cambiemos, conformada por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, logró vencer en las urnas llevando a Mauricio Macri del Pro a la presidencia de la nación. La coalición electoral, sin embargo, no supo constituirse en una coalición de gobierno y el Pro hegemonizó el poder durante los cuatro años. La gestión de Macri derivó en una significativa crisis inflacionaria, un enorme aumento de la deuda externa y un incremento de la pobreza que escaló al 36%. Y la coalición desde 2019, rebautizada como Juntos por el Cambio, hoy continúa peleando por cargos futuros para 2023, en medio de una crisis garrafal que padece la ciudadanía argentina.

Finalmente, el actual gobierno peronista del Frente de Todos, elegido en 2019, tampoco logró rencauzar la recuperación del país, que se muestra cada vez más desarticulado en su conducción política. La economía continuó desmejorando, y así llegamos a registrar más de 50% de inflación anual, y a contabilizar casi un 45% de pobreza, en el marco de una pandemia también gestionada muy deficientemente. En medio de todas estas penurias, trascienden luchas intestinas entre el ala más cristinista o más albertista, y hasta el peronismo más peronista es consciente que este frente se conformó expresamente por decisión de la vicepresidenta, CFK, que mantenía pésimas relaciones con el actual presidente, Alberto Fernández, pero que necesitaba un peronista “moderado” para captar votos y seguir ocupando un lugar de poder para poder salir ilesa de las numerosas causas penales que la incriminan a ella y a sus hijos.

Cruzando el Río de la Plata, en Uruguay, una coalición, el Frente Amplio, gobernó desde 2005 hasta 2020. Cruzando la Cordillera de los Andes, en Chile, una coalición, la Concertación, gobernó desde 1990 hasta 2010. En Argentina, las coaliciones electorales no parecen poder constituirse en coaliciones de gobierno, sino que prima el oportunismo, la mezquindad, y la hegemonía o dominio de alguna fuerza sobre otras, junto a gestiones de gobierno conmocionadas e incompetentes.


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