Los vaivenes de la izquierda en el nuevo superciclo electoral

La victoria de Gabriel Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile le dio un corte definitivo a la incertidumbre que reinaba en un escenario político polarizado, donde cada uno de los candidatos intentó matizar posturas y conquistar el centro; la centroizquierda en el caso de Boric y la centro-derecha en el caso de Kast.

Esta victoria de la izquierda, sin duda, marca un hito importante en el desarrollo del nuevo superciclo de elecciones en América Latina. Nos ayuda a contestar la pregunta de si en esta ronda estamos viendo el péndulo volcarse a la izquierda, en contraposición al giro a la derecha que se dio en el pasado superciclo. 

El sinuoso camino de la izquierda

Hasta ahora, lo que se puede apreciar en la región es un leve y sinuoso repunte de la izquierda. Las elecciones nacionales bolivianas iniciaron ese proceso, eligiendo por cómoda mayoría al sucesor de Evo Morales, Luis Alberto Arce. El Perú también se fue a la izquierda, por estrecho margen, y las elecciones para la constituyente en Chile fueron un fenómeno muy sui generis, pero en el que predominaron fuerzas “progresistas independientes”. Las recientes elecciones en Honduras le dieron una rotunda victoria a la candidata Xiomara Castro, que se expresaba de manera muy clara por una opción de izquierda. El caso de Chile viene a sumarse a esta tendencia.

Además, y ya más bien en un plano prospectivo, la izquierda tiene grandes chances en dos de los países más importantes de la región. Por un lado, Lula reaparece en Brasil, liderando las intenciones de voto, y, por el otro, Gustavo Petro se mantiene en punta en lo que se refiere a intención de voto en Colombia, mientras la centro-izquierda intenta salir con un candidato de consenso.

Las elecciones en Ecuador y las legislativas en Argentina dieron el contrapunto. Guillermo Lasso, un neoliberal democrático e institucionalista finalmente logró su cometido, y en Argentina Juntos por el Cambio superó al Frente de Todos en votos totales y logró un mejor posicionamiento en el Legislativo. Aunque hay una paridad en Diputados, el kirchnerismo perdió el control del Senado.

Los desafíos del pragmatismo

Los desafíos de la izquierda democrática en América Latina son múltiples y difíciles de remontar. Tanto en los países con una o dos vueltas electorales, la construcción de alianzas es el desafío político-electoral más importante. Sin alianzas la izquierda no llega. Así como Boric negoció con la centro-izquierda, estrechando lazos con los actores de la Concertación, es muy probable que el Pacto Histórico liderado por Petro tenga que negociar con la centro-izquierda en el caso de que se vuelvan a polarizar las opciones en la segunda vuelta. Lo mismo cabe para el caso de Brasil.

Además, el péndulo se mueve a la derecha o a la izquierda, no necesariamente por el atractivo de las propuestas, sino por el rechazo hacia quienes gobernaron durante la pandemia. El voto de rechazo es fundamental para ganar elecciones, pero no tiene que ver con el marco ideológico, sino más bien con temas coyunturales. El trabajo, la seguridad ciudadana, la calidad de los servicios y del empleo son algunas de los temas que inciden en los ciudadanos.

Este tipo de apoyo político tiende a ser escéptico con las grandes narrativas de los líderes políticos y clama por mejoras a corto plazo. Pero el voto de rechazo puede revertirse rápidamente. Las elecciones regionales de 2021 en Bolivia, por ejemplo, demostraron una pérdida de entusiasmo por el gobierno de izquierda de Arce. Esta corta mecha representa un enorme escollo para los nuevos gobiernos, ya que cuando llegan al poder se encuentran con Estados inoperantes, corruptos y a menudo penetrados por el crimen organizado. Y en ese marco, mostrar resultados inmediatos es sumamente difícil por lo que cualquier aspirante tendría que prever medidas rápidas de impacto y que preferiblemente no tuvieran que pasar por el Congreso.

Justamente, es ese Congreso el otro factor a tomar en cuenta. Por visionaria que sea la narrativa del Presidente electo, este no puede menospreciar la opinión y el peso del Legislativo. Pedro Castillo está sufriendo los embates de un Congreso que en cualquier momento puede lograr una mayoría para declarar su incapacidad. No importa por cuánto margen gane Boric, el Congreso ya tiene una composición en la que la derecha tiene una voz y un voto contundente.

Ante dichos escenarios, lo que queda es el arte de lo posible y la construcción de un discurso de política pública a la medida para cada tema y cada correlación de fuerzas que se presenta. Ello incluye, desafortunadamente, el debate sobre la política fiscal y los planteamientos de justicia redistributiva que quiera plantear la izquierda. En dicho ámbito, el espacio fiscal y el endeudamiento serán siempre  grandes limitantes. Los casos de Honduras y Argentina, en contextos muy distintos, nos dan la pauta de que se puede protestar y negociar con el FMI, pero eventualmente, nadie, en estas épocas, puede soslayar el rol esencial que desempeña el crédito y los factores que lo habilitan.

El proyecto de largo plazo

En este juego de posibilidades que tiene la izquierda democrática no se debe entender que la consigna es abandonar las grandes narrativas de cambio y transformación, sino que se proceda a un proceso de construcción política democrática y reforma del Estado a más largo plazo. Aunque es lento y gradual, lo que está en juego es sumamente importante. Por un lado, está la necesidad de hacer de contrapeso a la amenaza de los movimientos populistas de derecha con su neofascismo digital, dispuestos a torpedear la institucionalidad del Estado de Derecho. Y por el otro lado, marcar la diferencia frente a la deriva autoritaria de Venezuela, Nicaragua y Cuba que siempre están ahí, para ofrecer a la derecha la mejor plataforma para establecer paralelismos falsos, acusando a demócratas auténticos de ser agentes del “castro-chavismo”.


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Boric Presidente de Chile

En una final que se preveía muy cerrada, Gabriel Boric fue electo Presidente de Chile con una diferencia de doce puntos (56%-44%) sobre José Antonio Kast. Antes de la elección del domingo algunos vieron a esta segunda vuelta como la decisión entre un estatus quo ultramontano y radical (Kast) o cambios estructurales revolucionarios  (Boric). Pero no debemos esperar ni lo uno ni lo otro. Cualquiera de los dos candidatos potencialmente electos hubiese tenido que convivir y acordar con otros poderes democráticamente constituidos con distinta sensibilidad política que morigerarían cualquier decisión.

Sin embargo, la elección del presidente no es trivial en lo más mínimo, menos en un país como Chile, donde lo que está en discusión es qué modelo de país se desea cultivar. Esto quedó reflejado en la campaña de segunda vuelta, cuando un candidato, Boric, centró su discurso en clave de inclusión de grupos relegados, redistribución, y sustentabilidad ambiental, el otro, Kast, propuso un “párate” a la agenda de derechos, el crecimiento económico en base al achique del estado, la mano dura, la limitación de la inmigración, e incluso la salida de Chile de organismos internacionales.

Boric moderó su discurso y se mostró como un espejo de los gobiernos social demócratas europeos (principalmente nórdicos) y sudamericanos, como el del Frente Amplio uruguayo. Kast, en cambio, se declaró admirador de Donald Trump y llamó a formar una suerte de coalición internacional con Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, Kaczyński en Polonia, y hasta explícitamente declaró su nostalgia por la Italia de hace algún tiempito, cuando la Liga Norte, con Salvini a la cabeza, tenía una posición privilegiada en aquel gobierno.  

Chile está finalizando un ciclo electoral que se inició con el plebiscito de octubre del 2020 y su claro dictamen popular de redactar una nueva constitución escrita por una Convención Constituyente directamente electa. El extenuante ciclo electoral—hemos ido a las urnas en siete oportunidades en 14 meses—comenzó a raíz de un amplio acuerdo inter-partidario en noviembre de 2019 luego de lo que se denominó el estallido social de octubre.

Desde entonces, se han electo gobernadores regionales, alcaldes, concejales, constituyentes, senadores y diputados, y ahora, presidente. Solo queda decidir en el plebiscito de salida, a mediados del próximo año, si se acepta el borrador de la nueva Constitución que actualmente está siendo redactado. De lo contrario, prevalecerá la actual Constitución, escrita durante el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet y marginalmente retocada en democracia.

Más allá del resultado, la participación electoral fue llamativa. La gran pregunta de la jornada era si el electorado se parecería más al del plebiscito del 2020 o al de la primera vuelta presidencial de noviembre. Aun con los datos muy frescos, todo indica que se movilizó como en el primero. En términos generales, la participación ha venido cayendo desde la transición y recientemente alcanzó una meseta en torno al 50% del electorado. En esta segunda vuelta alcanzó un 55%. Si bien es la más alta del ciclo, sigue siendo relativamente baja dado lo sensible del contexto y lo crítico de las decisiones.

Boric está inmerso en un escenario político muy complejo. El presidente enfrentará un parlamento peligrosamente fragmentado, donde le será particularmente difícil lidiar con el Senado ya que dista de las mayorías necesarias para aprobar políticas significativas. También deberá lidiar con autoridades en las distintas subdivisiones territoriales que no necesariamente tienen referentes en la política nacional y con las que será altísimo el costo de negociación. Para empeorar las cosas, las autoridades subnacionales no están alineadas entre ellas: es decir, alcaldes y gobernadores de distinto color político conviven en un mismo territorio. Solo en el ámbito municipal, casi un tercio de los alcaldes son independientes fuera de los pactos, es decir independientes puros.

Asimismo, el presidente deberá convivir con una Convención (también fragmentada) que, si bien ha perdido parte de su mística e ímpetu inicial, sigue siendo un actor clave a la hora de definir el futuro de Chile. La Convención es cada día más consciente que si avanza un proyecto maximalista, la posibilidad de rechazo en el Plebiscito de salida es alto, y si avanza un proyecto minimalista aumenta la frustración de aquellos que, en última instancia fueron los catalizadores del proceso. El proceso está, además, rodeado de una nube de incertidumbre, toda vez que en esa elección el voto será obligatorio, con lo cual la mitad del electorado que consistentemente se resta de participar se verá obligado a pronunciarse.

El futuro gobierno no solo tendrá que acomodar a todas las instituciones con una precisión de relojería, sino que deberá encarar urgencias sobre las cuales no se puede solo “surfear la ola”. Se deberán tomar decisiones difíciles. Quizás, de lo más apremiante tiene que ver con la pandemia y sus efectos económicos y sociales. En lo económico Chile está pisando cifras record de inflación, bajos niveles de inversión y de productividad.

Las ayudas sociales cada día se hacen más imperiosas y no queda mucho espacio para seguir apelando a los ahorros previsionales (ya hubo tres quitas voluntarias de 10% cada una de los ahorros de las cuentas individuales), lo que posiblemente también esté empujando la inflación al alza. Chile necesita crecer nuevamente y para eso hay que prender los motores y generar las condiciones de estabilidad para generar la confianza necesaria.

Por otro lado, si bien la pandemia le permitió a las autoridades actuales hacer gala de una gran capacidad logística en relación con la campaña de vacunación, es innegable el fuerte golpe que COVID19 ha asestado a la sociedad más allá de la economía; algo que se evidencia, por ejemplo, en todos los desafíos que impuso la educación y la salud mental de los niños y jóvenes en pandemia (temas sorprendentemente ausentes de la puja electoral).

Otros acápites significativos son la seguridad pública (donde se incluirían las policías y su reforma, el crimen organizado y el narcotráfico), la Araucanía (región que aún se mantiene bajo Estado de Excepción), tema que indirectamente incluye a la relación del Estado de Chile y los pueblos originarios. Y ni que hablar de la inmigración…. Con más de un millón y medio de nuevos residentes, Chile es hoy uno de los países con mayor porcentaje de inmigrantes en relación a su población de todo el continente.

Por último, Chile se está repensando y rediseñando, y su suerte estará fundamentalmente atada al resultado del Plebiscito del 2022. Sin embargo, independientemente del resultado del año que viene, el leit motiv de los tiempos inmediatos y futuros tiene más que ver con el manejo sobrio de las expectativas, tanto de los ganadores, como de los perdedores. Los desafíos que enfrentará Boric son colosales.

La pandemia consolida las relaciones entre China y América Latina

Aprovechando el vacío de políticas estratégicas de Estados Unidos para América Latina, China ha profundizado sus relaciones con la región durante la pandemia de Covid-19. La agenda ha crecido en torno a tres ejes especialmente: comercio, inversión y acciones conjuntas contra la pandemia.

En relación a la pandemia, Pekín amplió su abanico de acciones políticas y económicas, ofreciendo lo que Washington se mostró incapaz de proporcionar: vacunas, respiradores y otros equipos médicos esenciales para combatir el coronavirus. Varios países latinoamericanos recurrieron al gobierno y a las empresas chinas para obtener estos materiales esenciales. En el caso de Brasil, con un presidente a menudo crítico con Pekín, los gobernadores estatales han tendido estos puentes con China, llegando a sus propios acuerdos por encima de Brasilia.

El crecimiento de la influencia de China en América Latina se produce en medio de las crisis de Estados Unidos, con iniciativas diplomáticas erráticas hacia la región que a menudo se han caracterizado más por la hostilidad hacia los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela que por una agenda constructiva con los principales socios regionales en temas como el comercio y la migración. Todavía no hay directrices claras sobre lo que cambiará bajo el mandato del presidente Joe Biden, cuya política hacia América Latina se ha guiado más por la respuesta de emergencia que por una visión estratégica a largo plazo.

La profundización también se ha producido a través de una mayor inversión en el sector clave de la tecnología de la información. En medio de las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, los países latinoamericanos han optado por mantener sus puertas abiertas a las operaciones de Huawei, permitiendo que el gigante chino suministre equipos para la implementación de la tecnología 5G. Es una pauta diferente a la que ha marcado la actuación de Australia, Canadá o la Unión Europea, en la que prevalecen los vetos u otras restricciones a las inversiones chinas.

Otro tema importante es la forma en que Centroamérica se ha convertido en un escenario de disputas entre China, Estados Unidos y Taiwán. Desde 2008, varios países de la región han dejado de reconocer diplomáticamente a la isla y han establecido relaciones con Pekín. Esto ha ocurrido con Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. La presidenta electa de Honduras ha anunciado que hará lo mismo, reduciendo aún más los 14 Estados que actualmente reconocen a Taiwán, menos de la mitad de los que había hace 20 años.

Pekín también llena un vacío que ha surgido de las dificultades de los países latinoamericanos para promover la integración regional en medio de la polarización ideológica y las disputas partidistas que han desbordado las fronteras.

La región no ha sido capaz de responder eficazmente a la crisis de Venezuela, por ejemplo. Brasil bajo el gobierno de Jair Bolsonaro se ha retirado de iniciativas de integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Unasur. La propia influencia creciente de China ha dividido a partidos y gobiernos, desde la hostilidad de Bolsonaro hasta el entusiasmo de las naciones del Pacífico que buscan acuerdos de libre comercio con Pekín. Uruguay también quiere firmar un tratado similar, a pesar de las restricciones del Mercosur.

Las relaciones han ido creciendo en los últimos años

En medio de todo esto, en diciembre se celebró el Foro de la CELAC con China, un encuentro que puso de manifiesto la importancia de la organización como principal canal de diálogo y cooperación entre el país asiático y la región. Pero ya desde antes, las relaciones de Pekín con los países latinoamericanos habían experimentado un notable crecimiento.

En las dos primeras décadas del siglo XXI, el intercambio económico entre China y América Latina pasó de ser pequeño a convertirse en una fuerza considerable. El comercio bilateral ha superado los 300.000 millones de dólares anuales y el stock de capital chino en la región supera los 110.000 millones de dólares.

El motor de esta expansión ha sido el rápido crecimiento de China y la demanda de productos agrícolas y minerales de la región, como la carne, el cobre, el mineral de hierro, el aceite y la soja. A menudo, el mercado chino se ha convertido en el principal o en el segundo destino para el comercio exterior regional, especialmente para los países sudamericanos; en México y Centroamérica continúa el dominio económico de Estados Unidos.

A raíz del comercio llegaron las inversiones chinas, generalmente para facilitar la extracción y el transporte de las materias primas latinoamericanas que se exportan al país asiático. Estos flujos financieros se concentran en sectores como la minería y la energía, financiando la construcción de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, minas y oleoductos. En Brasil hay un patrón diferente con las inversiones de China que están centradas en la generación, distribución y transmisión de electricidad para el mercado interno brasileño.

El fortalecimiento de los lazos económicos también ha provocado cambios en la diplomacia, con la construcción de un marco político para ampliar los canales de diálogo y cooperación. Desde finales de la década de 2000, China ha prestado más atención a América Latina, con la publicación de dos Libros Blancos con directrices oficiales para esta relación y la ampliación de sus asociaciones estratégicas en la región. A partir de la articulación original con Brasil, en 1993, Pekín formuló iniciativas similares con otros ocho países latinoamericanos, además de los peculiares lazos que desarrolla con Cuba, por la similitud del sistema político.

China también comenzó a tener una presencia oficial y permanente en los espacios de integración regional latinoamericanos, como la CELAC y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas medidas representan la consolidación de su influencia como actor local. Diecinueve de los 33 países de la región se han sumado a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, el proyecto chino de inversiones globales en infraestructuras, pero hasta ahora las naciones latinoamericanas más grandes (Brasil, México, Argentina, Colombia) han optado por quedarse fuera.


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El nuevo gobierno en Chile seguirá por la senda del cambio

Cayó el telón electoral en Chile. A menos de dos horas de cerradas las urnas, Gabriel Boric emergió como claro vencedor. A la segunda vuelta concurrieron más de 8.2 millones de ciudadanos de cerca de 15 millones de votantes habilitados. Se trata de la elección con mayor participación desde que el voto es voluntario, de los cuales más del 55% votaron por el candidato izquierdista que terminó sacándole diez puntos de diferencia al derechista José Antonio Kast.

¿Se cierra el ciclo abierto por el estallido social de octubre del 2019?  ¿Lograron los chilenos canalizar sus demandas por vía institucional?  ¿Qué escenario político enfrentará el nuevo presidente? ¿Cómo será su coexistencia con la Convención Constituyente? ¿Se recompone el mapa político chileno? ¿De dónde viene Boric?

Más allá de los resultados, las elecciones abren varias incógnitas. Una de ellas es explicar cómo la derecha se subordinó a una opción tan extrema. La candidatura de Kast surgió mofándose de la “derecha light”, como llamaba a los partidos de la derecha tradicional, y calificó de cobarde a la gestión de Piñera por “arrodillarse ante la izquierda”. Inicialmente propuso que Chile se saliese de la ONU, y la misoginia y la homofobia fueron parte de su narrativa. Y aunque en segunda vuelta moderó su discurso, su perfil semeja al más duro pinochetismo del cual fue partidario.

Si la derecha tradicional –que decir de la más liberal– fue absorbida por la extrema derecha, la antigua Concertación también perdió protagonismo. Vale en especial para el partido socialista y la democracia cristiana. En suma, las dos grandes coaliciones que protagonizaron la transición pos Pinochet han perdido protagonismo. Han surgido nuevos actores: el Frente Amplio en la izquierda y el partido republicano en la derecha. A dos años del estallido social, se ha reconfigurado la representación política del país y también se opera un recambio generacional.  

El país que asumirá el nuevo gobierno

El nuevo gobierno que asumirá en marzo, enfrentará una economía golpeada por la pandemia con una incipiente y tenaz inflación del entorno del 7% que no destaca en comparación con otros países de la región, pero que preocupa a los chilenos que no la padecían desde hace décadas. Además, durante la pandemia se ha recurrido a la entrega de bonos y subsidios a la población, necesarios pero imposibles de sostener en el tiempo, mientras que la deuda pública se ha elevado considerablemente.

Pero no todo es economía y política. La persistente migración, en su mayoría de la propia región ya representa a cerca del 8% de la población y es uno de los temas de mayor preocupación.  Y por otro lado, la crisis que se vive en la Araucanía y donde el gobierno de Piñera fracasó en toda la línea es otro de los temas candentes para el futuro gobierno. Sin embargo, el proceso de vacunación exitoso que frenó la pandemia da cierto respiro al nuevo gobierno.  

Mientras tanto, el proceso constituyente sigue su paso. La Convención concluirá su trabajo en julio 2022 y luego se llevará a cabo un plebiscito que ratifique el texto final. En la práctica se trata de la elaboración de un nuevo pacto social. En este marco, la mayoría de los convencionales se ubican a la izquierda, aunque están fragmentados en diversas bancadas y, por otro lado, hay una importante representación de los pueblos originarios que representan a 17 de 155.

Nadie duda que el nuevo texto buscará consagrar derechos sociales hoy muy diluidos, como también muchos esperan que el reconocimiento de los pueblos originarios facilite un nuevo trato, en especial en la Araucanía. Otra cosa será la forma de Estado que se proponga (presidencialismo o parlamentarismo).  

Ahora se abrirá una compleja etapa de transición marcada por la probable evaporación de la administración Piñera. Sus partidarios tradicionales lo han abandonado y sus opositores son amplia mayoría. El presidente electo se hará sentir desde ya y a partir de la instalación del nuevo gobierno (11/3) y hasta el plebiscito (probable en septiembre) se abrirá otra etapa que coincidirá con la fase final del proceso constituyente. Por lo tanto, la lucha por el poder no termina con la elección presidencial ya que falta el desenlace del proceso constitucional. Pero es indudable que el gobierno de Boric tendrá una adecuada empatía con el trabajo de la Convención. 

Cerca de las ocho de la noche del domingo, cuando Kast reconocía su derrota llamando a Boric para felicitarle y Piñera hacía lo respectivo en una video llamada trasmitida por todos los canales, en las calles de Chile miles de partidarios de Gabriel Boric, -predominantemente jóvenes- se lanzaban a las calles. El nuevo presidente proviene de las movilizaciones estudiantiles y pertenece a una generación de izquierda pos guerra fría, exenta de los traumas y sin liturgias. Una izquierda conectada con la supervivencia del planeta, la igualdad de género y la superación de las desigualdades sociales y que representa un paso importante en la construcción de la nueva institucionalidad que canalice la protesta social que estalló en octubre del 2019.  

¿Qué hay en un nombre? La deformación institucional en Honduras y Nicaragua

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Son gente de poder. No filósofos ni filólogos: son políticos. Suelen tener un dominio limitado del idioma en cuanto dardo portador de belleza, pero gran eficacia a la hora de aprovecharlo como herramienta política. Suelen ser incapaces de escribir un endecasílabo, pero pueden conseguir que millones de ciudadanos acepten la definición que ellos han ideado –estrictamente en atención a su conveniencia– de alguna palabra o concepto.

Así, por ejemplo, con la democracia. La pulsión por redefinir este concepto de acuerdo a las necesidades de cada circunstancia es directamente proporcional a la inconsistencia en su uso. Dicho más sencillamente: cada vez que un político se llena la boca de democracia crecen las contradicciones y se entiende menos a qué se está refiriendo con ese término. Algunos simulan comprenderlo, porque aspiran a saturar la palabra “democracia” con un contenido ético, despreocupándose de que eso implique vaciarla de contenido técnico-político. Es decir, consideran que democracia equivale a bien; todo lo que suene a bien cabe dentro de la democracia. Puede ser un método (como las elecciones), puede ser un valor (como la igualdad), puede ser un sistema (como la división de poderes), puede ser un símbolo (como la república).

Algo similar ocurre con la soberanía. En algún momento de la historia significó algo. Significó una cosa: una sola, clara y muy concreta. Sin embargo, quien lea escritos sobre soberanía publicados en el siglo XXI y luego se acerque a Jean Bodin, padre del concepto moderno en el siglo XVI, sufrirá una especie de colapso térmico. En términos generales podemos decir que la soberanía pasó de ser la descripción de una sencilla circunstancia, a saber, que un actor ostenta más poder que otro; pasó de ahí a representar con estupefaciente grado de abstracción las aspiraciones de dignidad de cualquier grupo que se autoperciba como oprimido.

No casualmente, los conceptos que se estiran como chicles en las políticas bocas son los que acaban remitiendo al poder del pueblo. Es decir, los que sirven para adularlo. Democracia: la potestad del pueblo para decidir. Soberanía: la dignidad del pueblo frente a poderes que pretenden oprimirlo. Los ejemplos podrían seguir hasta el empacho.

A partir de esta idea general se puede abordar una gran variedad de eventos políticos recogidos cotidianamente por medios de todo el mundo. En este caso, veamos qué ocurrió en Nicaragua y en Honduras, con apenas unas semanas de diferencia.

Primer acto: Nicaragua, 25 de octubre de 2021. Daniel Ortega nombra a su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, co-presidente. Es decir, la eleva a rango presidencial. Sin embargo, se trata de una operación meramente discursiva: el cargo de co-presidente no existe ni se puede crear sin reformar la constitución. Más aún: ni siquiera virtualmente recibe Murillo las atribuciones del presidente. Usemos, ahora sí, la palabra soberanía en toda su potencia: entre Ortega y Murillo, la relación de soberanía, el resayo de poder, se inclina forzosamente a favor del presidente. La co-presidencia son las deslumbrantes galas de una reina desnuda.

Segundo acto: Honduras, 28 de noviembre de 2021. Las elecciones presidenciales son ganadas por una coalición: presidente de un partido, primer designado presidencial (equivalente a vicepresidente) de otro. Nadie habla de co-presidencias ni pone en duda las jerarquías formales: primero, la presidente; por debajo, los vices. Sin embargo, Salvador Nasralla, primer designado presidencial de la fórmula electoral ganadora, no se demoró en marcar territorio: “Tomaremos las decisiones junto a [la presidente] Xiomara, estaremos en el poder porque no seremos designados como en los partidos tradicionales. (…) no vamos a ser figuras decorativas, nosotros vamos a estar acuerpando las decisiones y participando en las decisiones que el gobierno va a realizar a partir del 27 de enero”, aseguró el vice a El Heraldo.

Puesto que nos hemos situado entre bastidores, recurramos al gran maestro inglés del género. “What’s in a name?”, se preguntaba Shakespeare haciendo vibrar la voz de Julieta. ¿Qué hay en un nombre? Y seguía: “Eso que llamamos rosa, lo mismo perfumaría con otra designación” (en traducción de Matías de Velasco y Rojas, Marqués de Dos Hermanas). Es decir: los nombres dan igual; lo que importa son las realidades que representan. Romeo seguiría siendo Romeo aunque no llevara el proscrito Montesco por apellido.

¿Funciona esa idea si la bajamos de las tablas al prosaico escenario político? Recordemos: los políticos usan las palabras como bombas que caen tosca y verticalmente, causando gran estruendo; no como dardos que se deslizan grácil, silenciosa, horizontalmente por el aire. El “¿Qué hay en un nombre?” hilado con finura de Capuleto se transforma en la arena política en un basto “¡qué más da, si nos entendemos!”.

“Pues da”, respondió sabiamente Lázaro Carreter. No lo escribió pensando en las instituciones políticas, pero a ellas se puede aplicar tan cabalmente como a cualquier otra esfera de nuestras sociedades. Por lo mismo que resulta peligroso confundir democracia a secas con democracia liberal, y ésta con Estado de Derecho; por eso mismo es riesgoso confundir vicepresidencia con co-presidencia, y ésta con designación presidencial. ¿Y cuál es ese motivo? Que tales confusiones no son azarosas ni inocentes. Son bombas toscas y verticales, pero también eficaces y estruendosas. Lo único que nos protege de los abusos del poder son las instituciones. Si se alteran los significados de las instituciones y sus contornos, si se desprecian las palabras que marcan sus límites, que se produzcan abusos de poder es mera cuestión de tiempo.

Las declaraciones antes citadas de Salvador Nasralla son un temible ejemplo. Reiterémoslas: “Tomaremos las decisiones junto a [la presidente] Xiomara, estaremos en el poder porque no seremos designados como en los partidos tradicionales. (…) no vamos a ser figuras decorativas, nosotros vamos a estar acuerpando las decisiones y participando en las decisiones que el gobierno va a realizar a partir del 27 de enero”.

¿Habrá reparado Nasralla en el artículo 235 de la Constitución hondureña? “La titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente, y en su defecto, los Designados a la Presidencia de la República”. Solamente en defecto del Presidente. Mientras hay Presidente, los Designados no ejercen el Poder Ejecutivo.

¿Qué más da?, se preguntará Nasralla. Es la misma pregunta que se habrá hecho Daniel Ortega al nombrar co-presidente a Rosario Murillo. Honduras y Nicaragua se encuentran en los puestos más bajos de todos los índices de calidad democrática. Dicho de otra manera: pues da. Y tanto que da.


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Migrar no es un delito

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El pasado 12 de diciembre, en un desesperado intento por llegar a Estados Unidos, 56 migrantes centroamericanos murieron en una carretera de Chiapas, México tras volcar el camión donde clandestinamente se desplazaban. Entre las víctimas que viajaban hacinadas y sin ventilación había jóvenes, adultos y familias completas con niños y niñas. Esta historia, sin embargo, es una más de las tantas que se repiten frecuentemente ya sea en camión, en tren o en balsa. Cada año cientos de personas pierden la vida tratando de migrar a otro país.

Desde 2014 más de 45 mil personas han muerto en proceso de migración internacional, según datos del programa Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones. Las rutas de la migración en las Américas son las más mortales y una de las peores es la frontera entre México y Estados Unidos, con 5815 decesos.

Aunque migrar es un derecho humano, las restrictivas políticas migratorias de los países obligan a las personas, que no cumplen con los requisitos para solicitar una visa, a someterse a peligrosos recorridos en la búsqueda de una vida mejor. Hoy, cuando conmemoramos el día internacional de las personas migrantes queremos hacer un llamado a la reflexión sobre el fenómeno migratorio en la región, la gestión migratoria y la necesidad de proteger la vida de estas personas.

El derecho a migrar y las políticas migratorias

Se estima que 281 millones de personas en el mundo son migrantes internacionales. Es decir, cerca del 3.6% de la población mundial. Pese a que se habla con frecuencia de una crisis migratoria, la verdad es que en términos porcentuales la cifra se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 20 años.

En Latinoamérica y el Caribe se encuentra el 14.8% de los migrantes internacionales. Un reto mayúsculo para la gestión migratoria y la protección de sus derechos fundamentales.

Aunque desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce “el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, la libre circulación está supeditada a la protección de Estado-Nación que se configura en políticas migratorias.

El principal problema es la securitización de las políticas migratorias que, en muchos casos percibe a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad nacional y deja en segundo plano los derechos humanos. Desde esta óptica, aquellas medidas que buscan preservar el orden, además de necesarias se encuentran plenamente justificadas.

Tal fue el caso de los 59 venezolanos expulsados de Colombia en 2019, a quienes se les atribuía la responsabilidad de protagonizar hechos vandálicos en Bogotá durante las protestas sociales de ese año.. Nueve de ellos emprendieron acciones legales debido a las arbitrariedades de la autoridad migratoria durante el proceso de expulsión. Entre ellas, el hecho de ser abandonados en medio del Río Orinoco.

En este sentido, luego de un complejo proceso legal, la Corte Constitucional se ha pronunciado al encontrar que se vulneró el debido proceso y la dignidad humana, por lo cual dictó medidas para revocar la expulsión de siete de ellos y evitar la repetición de las irregularidades encontradas en el caso. Pese a lo positivo del fallo, esta situación deja en evidencia una forma de criminalización de la migración y los riesgos de situar la seguridad  por encima del derecho de las personas migrantes.

Otro ejemplo de los retos estructurales de la población en materia de política migratoria es la ausencia del enfoque de género, de niñez. Acciones tan alarmantes como la deportación de mujeres embarazadas de origen haitiano cuando asisten a centros de salud y hospitales en República Dominicana no pueden pasar inadvertidas. Tampoco, los silencios sobre la niñez víctima de la violencia e intersecciones en complejos contextos migratorios. Las múltiples capas de derechos en la gestión migratoria deben ser visibles y rectoras en las políticas públicas.

Migrar en tiempos de pandemia

Si bien la pandemia afectó a todos, los migrantes -como otras poblaciones vulnerables- enfrentaron mayores dificultades. Las medidas de contención ante la emergencia sanitaria adoptadas por los países fue solo una de ellas. El cierre de fronteras y el aislamiento prolongado para contener la propagación del virus, dejó a miles de personas en una situación aún peor.

Además, sin la posibilidad de retornar a sus países de origen o culminar el viaje, esta población fue condenada a condiciones de vulnerabilidad extrema. La condición migratoria irregular, en muchos casos, limitó el acceso a la vacunación o servicios de salud, que priorizaban a los nacionales o personas regularizadas. La precaria situación de estas personas, exacerbó los discursos de odio y las narrativas sobre el peligro de salud pública que representaba esta población.

En resumen, los migrantes han sido víctimas de múltiples formas de violencias que no distinguían edad o género vinculadas a la xenofobia y la discriminación. En este sentido, los Estados asociados al MERCOSUR respondieron con una declaración de compromiso para aumentar los esfuerzos de atención a sus necesidades y, particularmente para evitar la discriminación contra esta población bajo una premisa necesaria “Nadie ha de quedar relegado, y ningún derecho humano desatendido”

Día Internacional de las Personas Migrantes: un llamado a la acción

Desde el año 2016, en el marco de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 18 de diciembre como el Día Internacional de las Personas Migrantes. Con esto se busca exponer la multiplicidad de retos a los que se enfrentan, las lecciones aprendidas por los países de acogida y sobre todo las oportunidades de cooperación para fortalecer la gestión migratoria de una forma segura, ordenada y regular.

En ese sentido, la declaración reconoce los aportes de la población migrante y la necesidad de proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Esto impulsó la idea de contribuir a lo que conocemos hoy como el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, un esfuerzo intergubernamental adoptado por más de 150 países en 2018.

Vale la pena recordar que muchas de estar personas migran obligadas por las condiciones de sus países de origen por lo que hablar de migración y derechos siempre será complejo. Criminalizar la migración no la detiene, solo expone a mayores peligros la vida de las personas migrantes. El llamado al unísono es para los gobiernos con el fin de garantizar los derechos humanos en la gestión migratoria.


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América Latina y la competencia global por capital humano

Coautor Diego Salazar-Morales

Mientras que en el mundo desarrollado crece la competencia global por atraer capital humano calificado, muchos países de América Latina experimentan grandes pérdidas anualmente. Cerca de la mitad de las empresas en la región tienen dificultades para encontrar personal calificado a comparación de un 35% de países miembros de la OECD.  Esta situación, en el mediano y largo plazo, tendrá serias consecuencias para la competitividad de los países de la región.

En los últimos años, diversos países de Europa y América del Norte se han enfrascado en una lucha frontal por atraer talento internacional. La Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá mencionó que el país requiere alrededor de 400 mil inmigrantes calificados y ha otorgado, recientemente, cerca de 90 mil residencias permanentes para estudiantes.

En 2020, Alemania aprobó su nueva Ley de Inmigración que facilita la llegada de personal con estudios técnicos y universitarios. Y en el Reino Unido, tras el Brexit y el éxodo de cerca de un millón de trabajadores, el primer ministro, Boris Jonhson, ha anunciado e implementado visado para personas graduadas de universidades top globales y ha reformado su sistema de inmigración enfocándolo en atraer “talento global”.

Los cambios demográficos presionan cada vez más a los países ricos para requerir grandes cantidades de capital humano ¿Qué rol ocupa América Latina en esta lucha global por el talento?

América Latina subsidia a los países ricos

Casi todos los países de ingreso medio y alto de América Latina cuentan con esquemas de becas para que jóvenes talentosos puedan capacitarse en universidades extranjeras con el objetivo de retornar e implementar dichos conocimientos en sus países de origen. Sin embargo, en la práctica, en muchos casos estos esquemas han subvencionado a los países más ricos del norte global que se terminan quedando con el personal capacitado.

Sólo en EE. UU. la aplicación de visas provenientes de personal altamente calificado de Brasil se incrementó un 30% en el último año mientras que durante el gobierno de Dilma Rousseff más de 100 mil brasileños estudiaron en cerca de 30 países financiados por el Estado. Sin embargo, pocos han retornado y es que para quienes regresan la situación no es nada prometedora dado que no existen plazas suficientes para poder recibir a dicho personal y muchos deben recurrir al subempleo ocupando posiciones para las que se encuentran sobrecalificados

Miles y miles de biólogos, ingenieros o médicos, entre otros, no encuentran en sus países plazas con carreras escalonadas, salarios adecuados o infraestructura para poder desarrollarse profesionalmente. Pero esto no se limita a personal con posgrado, esto también es válido para personal técnico como enfermeras, operarios e inclusive docentes que también deciden comenzar su periplo hacia el norte global.

Inversión que no retorna

Mientras el mundo se mueve hacia una nueva forma de capitalismo del conocimiento, América Latina se ha quedado rezagada. No sólo experimentamos grandes movimientos de emigración de personal mediana y altamente calificado, sino que la imposibilidad de financiar nuevas formas de negocio o innovar mantienen a los países de la región en la trampa de los ingresos medios donde. Si bien es cierto existen algunas rentas (principalmente materias primas) que facilitan ingresos a nuestros países, estas no son suficientes para transitar hacia la categoría de país desarrollado. Hace falta utilizar el conocimiento de nuestro personal calificado y enfocarlo hacia la innovación y fortalecimiento del estado. Mientras tanto, la fuga masiva de personal continúa.

Solo en el Perú, desde el 2005 y hasta antes de la pandemia, más de 150 mil personas emigraban por año, más del doble que durante los años más críticos de los 90’ donde dicha cifra no llegaba a los 75 mil anuales, según el Instituto de Estadística e Informática del Perú. Más de nueve de cada 10 emigrantes son jóvenes de entre los 18 y 35 años con educación secundaria y terciaria. Mientras que, en el caso de Venezuela, el éxodo masivo de los últimos años ha afectado a una proporción enorme de la población y estos jóvenes, en su gran mayoría, no retornarán.

Uno de los efectos de esta fuga masiva de capital humano es que los países tienen menos presión para construir sistemas de retención de personal altamente calificado. Y en el plano privado, la innovación no despega en gran medida debido a la falta de infraestructura adecuada para que esta se materialice.

Y mientras el personal calificado emigra masivamente, nuestros países han comenzado un gradual descenso en las tasas de natalidad, dirigiéndose de a pocos a una trampa productiva donde existirán cada vez menos jóvenes en edad de trabajar y mayores pensionistas, es decir que nuestros países se vuelven cada vez más viejos, pero sin ser ricos, a diferencia de lo que sucede en Europa.

Dicho fenómeno tiene repercusiones económicas importantes dado que en teoría los países de ingresos medios y altos tienen un tiempo limitado para poder transitar hacia economías desarrolladas. Con una capacidad limitada de absorber personal altamente calificado, los países de América Latina continuarán languideciendo debido a la falta de competitividad mientras los costos de vida, incluyendo el precio de los alimentos y otros crecen gradualmente debido a la urbanización y el incremento de los costos de producción.

Por lo tanto, los países de la región ni están a nivel de competir con el nivel de desarrollo tecnológico de países del norte global, ni tampoco se benefician de salarios relativamente bajos para poder competir con países de bajos ingresos con industrias basadas en el uso intensivo de mano de obra. Este es el costo al que se enfrenta América Latina, por exportar, no solo recursos naturales sino también humanos.


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El mundo postcovid-19, ¿nuevo paradigma mundial?

En estas fechas en las que todos comenzamos a hacer balance de lo bueno y lo malo, de los logros y los fracasos, el equipo de Latinoamérica21 no se queda atrás y llega a diciembre evaluando el camino recorrido en los últimos doce meses del año. Después de la sacudida que supuso para todos 2020, L21 comenzó 2021 con una clara apuesta por el crecimiento del proyecto, ampliando tanto sus contenidos como su red de colaboradores y canales de difusión.  

El resultado es cerca de quinientos artículos publicados en el último año, más de un centenar de nuevos expertos incorporados al proyecto -alcanzando la cifra de 270 firmas- y acuerdos de colaboración con 18 medios en América Latina. Asimismo, ha aumentado su presencia en redes y ha generado nuevos contenidos como un podcast donde se abordan temas clave para la región y un boletín semanal donde se incluyen todos los contenidos de la semana. Y para cerrar el año lanzamos una nueva iniciativa que esperamos perpetuar en el tiempo: el anuario de Latinoamérica21.

Bajo el sugerente título, El mundo postcovid-19, ¿nuevo paradigma mundial?, cerca de una treintena de autores reflexionan sobre el impacto de la pandemia en América Latina desde una perspectiva multidisciplinar que aborda las dimensiones de la política, las relaciones internacionales, la economía y la sociedad. Siguiendo el principio que rige la actividad de L21, vinculando a la academia con las grandes audiencias para fortalecer el debate público de la región, esta obra colectiva supone una lectura recomendada para todos aquellos interesados en entender el presente y futuro más cercano de América Latina.

Conscientes de que la crisis de la Covid-19 ha traspasado la frontera de lo estrictamente sanitario para penetrar en prácticamente todas las esferas de la vida pública, a lo largo de veintiséis textos se aborda un amplio abanico de cuestiones como el estado de la democracia en América Latina, el auge de los populismos, la democracia digital, las relaciones internacionales de la región y los proyectos de integración, las políticas de reactivación económica, el cambio climático, las migraciones o la desigualdad.

A lo largo de los distintos artículos, el lector es invitado a reflexionar sobre los cambios que se están produciendo tanto en la región como a nivel global, y sobre si todas estas transformaciones dan lugar a un cambio de paradigma y a una nueva era. Así, por un lado, la instauración de estados de alarma o emergencia han afectado al funcionamiento de la democracia. Pero, además, los efectos colaterales de la crisis sanitaria han afectado las condiciones de gobernabilidad, alterando tanto el orden institucional y político como la continuidad de las normas. Por último, el impacto de la crisis sanitaria también se ha hecho evidente en el contexto socieconómico. Todo ello ha generado que los gobiernos de los cinco continentes hayan debido hacer frente a una situación excepcional que ha cambiado el orden de prioridad de sus políticas, las normas de convivencia y la capacidad de acción de los actores.

Con este telón de fondo, el anuario de L21 pretende contribuir a la discusión y el análisis crítico. En un contexto de desinformación y caos, es cada vez más importante la divulgación responsable y los puentes entre el conocimiento y la opinión pública. En este sentido, el anuario de L21 constituye un foro de debate que trasciende visiones particularistas y abre la puerta a diferentes perspectivas y argumentaciones. Todo ello bajo la premisa de la pluralidad, el conocimiento y la independencia.

Finalmente, debemos resaltar que, ante todo, esto ha sido un trabajo colectivo en el que se han vertido muchos esfuerzos desde diferentes ámbitos e instituciones. En primer lugar, desde L21 se quiere hacer un especial reconocimiento a los expertos que aceptaron nuestra invitación a participar en el proyecto. En segundo lugar, un especial agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer y su Programa Regional Partidos Políticos y Democracia por su implicación en el proyectoy su patrocinio.

De igual modo, es importante resaltar el auspicio de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), y el apoyo de la Universidad Diego Portales, el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) y al Programa de Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (PPGCP-UNIRIO). Y, por supuesto, a todos los lectores que nos han acompañado durante todo este tiempo. Esperamos que sigan ahí en 2022.


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El presidenciable chileno que busca detener y expulsar niños migrantes

José Antonio Kast, el candidato a las elecciones presidenciales por el Partido Republicano de Chile que llegó a la segunda vuelta en primer lugar prometió cercar la frontera, perseguir y capturar inmigrantes irregulares en centros de detención, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, mientras se procesa su expulsión del país. Así, además del nombre del partido, Kast también copió las propuestas antiinmigrantes de Donald Trump.

¿Quién es José Kast?

José Antonio Kast Rist tiene 55 años y se presenta como católico y conservador. Empezó en la política en el movimiento estudiantil gremialista y participó de la franja electoral del dictador Augusto Pinochet, en el plebiscito de 1988 y posteriormente fue electo diputado por cuatro mandatos consecutivos. En 2017 ocupó el cuarto puesto en las elecciones presidenciales con 8% de los votos y este 21 de noviembre pasó a la segunda vuelta en primer lugar, con cerca del 28% de los votos.

Es el hijo menor de inmigrantes alemanes ya fallecidos. En el libro “Misión de amor”, su madre, Olga Rist, narró como su padre, Michael Kast, ascendió a suboficial nazi, combatió en varios frentes, obtuvo documentos falsos y cruzó fronteras ilegalmente para huir a Argentina y luego a Chile con ayuda de otro oficial nazi. El candidato negó que su padre fuera adherente del nazismo, pero la prensa reveló los documentos que comprueban que Michael Kast se había afiliado al partido de Adolf Hitler.

Como candidato Kast ha prometido varias medidas polémicas que luego ha retirado debido a las críticas como la salida de Chile de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o eliminar el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, ha propuesto subsidios sólo para mujeres casadas y revocar la ley de aborto. Es admirador de Pinochet y amigo del presidente Jair Bolsonaro. Pero una de sus propuestas más radicales es, sin dudas, su política antiinmigración.

“Campos de concentración” para migrantes

Tras su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump declaró la persecución de cerca de 11 millones de inmigrantes para su detención y expulsión, bajo acusaciones infundadas de que millares cruzaban la frontera con la intención de cometer crímenes. Además del intento fallido del muro, su política de “tolerancia cero” contra la inmigración irregular resultó en la detención de miles de niñas y niños, quienes fueron separados de sus familias.

Los centros de detención de migrantes irregulares, sea en la frontera de Estados Unidos o en el Mediterráneo, han sido repudiados por organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y la ONU. Sin embargo, esta propuesta inspira campañas de extrema derecha en todo el mundo.

José Kast ha propuesto su propia versión del muro de Trump, prometiendo construir una zanja con rejas en la frontera para evitar el cruce irregular de personas. Además, inspirado en otras medidas del expresidente norteamericano, Kast promete el “Estatuto de Expulsión de Inmigrantes Ilegales” y la creación de una unidad de policía especializada en perseguir a personas en situación irregular en todo el territorio nacional.

Los derechos humanos de niñas y niños refugiados y migrantes

En su programa, José Kast promete que las medidas antiinmigración serán realizadas “con especial cuidado de los menores” y “conforme a derecho”. Sin embargo, la mera detención de niños y adolescentes por razones migratorias es una violación de derechos humanos. Los tratados internacionales y las leyes en la materia establecen que se debe observar el principio del interés superior de los niños y adolescentes, además del derecho a no ser separado de su familia. Según datos oficiales, hay decenas de miles de menores en situación migratoria irregular en Chile, miles desacompañados.

Más de seis millones de venezolanos han abandonado su país y en Chile, según cifras oficiales desactualizadas, habría cerca de 500 mil, incluidos centenas de miles de niñas, niños y adolescentes. Desde 2018, la ONU solicita que los Estados protejan al flujo migratorio venezolano, conforme las leyes y tratados sobre refugiados, aplicables a la mayor parte de personas provenientes de ese país.

A lo largo de los últimos años, el presidente Sebastián Piñera ha hecho campaña explotando la crisis de la frontera y asociando la migración a problemas sociales como la delincuencia. El término “Chilezuela” fue la tendencia de las últimas elecciones chilenas, donde Piñera, con el apoyo de Kast, prometió “ordenar la migración” para que Chile no se convirtiera en Venezuela. Sin embargo, su gobierno empeoró la crisis al prometer “visas de responsabilidad democrática” y ayuda humanitaria que en la práctica fueron rechazadas y sin otorgarles tampoco refugio.

La disputa por el nuevo Chile

Chile vive un proceso de transformación social profundo desde el “estallido social” de 2019 que llevó al plebiscito sobre una nueva Constitución de 2020 dónde el 78% de los votantes aprobó iniciar un proceso constituyente. De esa manera el país eligió una Convención Constituyente con mayoría progresista que es pionera en el mundo por la paridad entre mujeres y hombres, además de incluir la representación de los pueblos indígenas.

En las elecciones de este domingo José Kast se enfrentará a Gabriel Boric, diputado por el Frente Amplio que obtuvo cerca de 26% de los votos en la primera vuelta y quien se presenta como un militante de la izquierda democrática que promete ordenar la migración respetando los derechos humanos, de refugiados y migrantes. Según el último sondeo de Atlas Intel, hay un empate técnico pero con un gran número de indecisos.

El próximo presidente asumirá el poder en un país sumergido en una crisis económica y humanitaria pero que busca construir un nuevo modelo social, político y económico a partir de la Constitución. Esperemos que este modelo incluya el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas y la protección de niños y niñas con independencia de su nacionalidad o estatus migratorio.

Kast, Milei y el auge del libertarismo en el Cono Sur

Un fantasma está recorriendo América Latina, el libertarismo, o dicho más específicamente, los libertarios. Actualmente, las expresiones políticas absolutamente novedosas del libertarismo en la región la constituyen Javier Milei y su exitosa candidatura parlamentaria en Argentina y José Antonio Kast con su sorpresivo primer puesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. ¿Son iguales? No. Pero son parecidos, expresan el libertarismo occidental en modo latinoamericano.

Este fenómeno se ha desplegado en los últimos años en el mundo occidental. Se trata de una corriente que en resumidas cuentas incluye un discurso y una interpelación política reactiva a ciertos emergentes del orden global y su correlativo cambio cultural: migraciones, multiculturalismo, ambientalismo, diversidad sexual, individualismo o género. El denominador político común que engloba esas reacciones es el nacionalismo.

Pero en América Latina, la irrupción libertaria se produjo con el auge de Jair Bolsonaro, quien introdujo una intrincada mezcla de conservadurismo sociocultural, neoliberalismo económico y fundamentalismo religioso.

Los rasgos comunes

Milei y Kast son, en primer lugar, neoliberales, es decir creyentes renacidos en la economía de mercado tal cual esta se despliega, y adversarios absolutos de cualquier política de intervención estatal o de redistribución de los ingresos tal cual se llevó a cabo en muchos países de la región en la primera década y media de este siglo. Y, para ambos, esas políticas tienen nombre y apellido: socialismo comunista.

Ambos reposicionan, casi como precepto religioso, la centralidad del individuo y su voluntad racional para llevar adelante su proyecto de vida. El éxito o no solo depende del esfuerzo y la capacidad es decir, meritocracia. Así como pregona el calvinismo para la salvación de las almas, el futuro está predestinado. Quien llegó es por su mérito; quien no por su demérito. Por lo tanto es inútil, costoso y distorsionante intentar modificar la ecuación a través de la política.

América Latina responde, para ellos, a la cultura occidental, racional, moderna, descolectiva, libre. La forma actual de esa cultura occidental es el orden global capitalista en el modo neoliberal, tecnologizada, abierta a todo y geopolíticamente hegemónica.

Las diferencias en el parecido

Ahora bien, Milei y Kast no son lo mismo, o, mejor dicho, expresan formas diversas de lo mismo: su libertarismo. Javier Milei es un economista que se hizo popular a partir de su aparición en programas de TV como comentarista económico, donde puso en juego un estilo argumental provocador, insultante, soez y agresivo. Incluso su apariencia física y de estilo, la cual no modificó, es antiestética y disruptiva de lo que se espera en una figura de la TV primero y de la política después.

La popularidad le abrió la oportunidad para entrar en el juego político. Pero más que pulir su discurso, lo profundizó, tanto ideológica como estilísticamente. Esto, sumado a los insultos y provocaciones le hizo crecer políticamente, y tras candidatearse a diputado nacional se ubicó como tercera fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires. Su lema de batalla es la destrucción de la “casta política”.

Javier Milei es un emergente de los sectores medios urbanos, del ascenso social que lleva generaciones en Argentina, no proviene de la elite. Por eso, su estilo discursivo es introyectado rápidamente y permite canalizar el descontento generalizado, sobre todo de los jóvenes. Su programa es simple: economía de mercado, individuo y mérito y no hay ningún otro fundamento sociológico, cultural o ideológico. La vida fluye y lo único que la política debe proteger es la libre decisión, voluntad e iniciativa individual.

La versión chilena del libertarismo

Chile es el primer experimento neoliberal de América Latina. Esto, sumado al disciplinamiento social, producto de la brutalidad de la dictadura que duró 17 años, modificaron la estructura social y los patrones culturales del país.

José Antonio Kast es un emergente del cambio económico y social que devino estructural luego de la dictadura de Pinochet. Es la nueva clase alta chilena (al comienzo de la transición democrática se los denominaba los pinorich), la clase económica absolutamente dominante y enriquecida del otrora denominado “milagro chileno”.

Esta nueva burguesía, dueña de todos los resortes económicos de Chile, se alió con el tradicional patriciado chileno, la clase alta tradicional, estamental, rectora de la vida chilena hasta prácticamente Allende. Una clase referencia, dado el tradicionalismo de la sociedad chilena, pero ya desposeída de la gran riqueza, más aún luego de las reformas estructurales de 1982-1984.

En este marco Kast expresa la nueva riqueza, por eso es un férreo defensor del capitalismo neoliberal, pero también la alianza de clase con el patriciado chileno. Recogiendo los valores de este último se entiende en el discurso de Kast su devoción por las tradiciones normativas y su absoluto rechazo a cambios socioculturales como la paridad de género, el aborto, la diversidad sexual o la mezcla racial.

En ese contexto luce un discurso pulido, conservador, claro, acompañado por una imagen pulcra, serena y elegante. Su estilo referencia a una clase segura de sí misma y que se autoconsidera rectora de una sociedad occidental, civilizada y pujante. La síntesis, o el cemento político de esa alianza de clases, lo constituye la defensa religiosa del pinochetismo y la necesidad política de velar por su legado.

Más allá de las semejanzas y diferencias, Milei y Kast son dos de los principales libertarios emergentes en América Latina y dos referentes de la política alternativa más reciente y novedosa que despliega el mundo occidental.


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