Una región, todas las voces

La traición a la democracia y sus justificaciones legales

En estos días en los que se cumple un nuevo aniversario del primer golpe de Estado en la historia de la Argentina moderna es necesario recordar lo fácil que fue justificar en términos legales la ilegalidad más absoluta. Cuando el 6 de septiembre de 1930 el  general José Félix Uriburu hizo su golpe inspirado en la experiencia fascista, solo tuvo que recurrir a su poder de facto para barnizar su dictadura con un marco legal.

Cero de exclusividad en esta destrucción de la política constitucional argentina mediante justificaciones legales. En América Latina, ha habido varios líderes políticos y funcionarios que traicionaron las constituciones y el gobierno democrático de sus países al propiciar golpes de Estado y participar en ellos.

También es el caso más reciente de Estados Unidos con el intento trumpista de auto-golpe el 6 de enero de este año. Pero una diferencia con el pasado golpista latinoamericano es que en Estados Unidos las Fuerzas Armadas y los otros poderes no apoyaron el golpe. Tampoco lo hizo la mayoría de la población.

En Argentina no pasó lo mismo en 1930. Los políticos conservadores que habían perdido las elecciones presidenciales de 1928 luego apoyaron el golpe del general Uriburu, quien quería cambiar permanentemente la nación de una democracia a una nueva república fascista corporativista y dictatorial. Analicemos como se “legalizó” ese robo de la democracia.

La Corte Suprema, días después de la toma de posesión de Uriburu, reconoció oficialmente la situación de facto y legitimó el golpe por motivos extraconstitucionales: la estabilidad y supervivencia de la república. Nuestros jueces priorizaron el orden social y la seguridad política sobre la legitimidad democrática, sentando un precedente legal para los futuros dictadores argentinos y también para presidentes democráticas que piensan que la ley es ornamental.

En otros casos latinoamericanos, los tribunales no fueron facilitadores y, en cambio, los golpes fueron legitimados por partidos conservadores y anticomunistas que controlaban las legislaturas nacionales. Tras una derrota en las urnas, estos conservadores se consolidaron y tomaron el poder dentro de las instituciones de gobierno para luego impulsar políticas impopulares y desiguales.

Por ejemplo, en Brasil en 1964 los políticos conservadores, incluida la mayoría en el Congreso, apoyaron un golpe de estado contra el presidente electo João Goulart. En Chile, Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado contra Allende, legítimamente electo, superando por la fuerza al gobierno en 1973. El dictador disolvió inmediatamente el Congreso, pero los partidos conservadores apoyaron el golpe.

Estados Unidos apoyó estos dos golpes como parte de su cruzada anti-izquierdista de la Guerra Fría. Mas recientemente, vemos un peligro similar en Brasil en donde los tribunales superiores se oponen a la amenaza de un golpe bolsonarista el año que viene, pero las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado parecen mantener una alarmante ambigüedad sobre los peligros fascistas del bolsonarismo.

En la historia del golpismo el caso argentino tiene la particularidad de que la Justicia se olvidó de su función y acompañó al poder de facto desde el comienzo. Ya el teórico jurídico más importante del fascismo, Carl Schmitt, había presentado su idea de que la legitimidad es más importante que la legalidad, es decir, que si un gobierno es popular y por lo tanto “legitimo”, esa legitimidad es más importante que el marco legal preexistente. Esta teoría llevó a Schmitt a plantear que la palabra del líder es fuente del derecho. Llegada al límite esta situación destruye la democracia y así paso con el nazismo.

En el fascismo, el poder discrecional del dictador prevalece sobre el estado de derecho. En la Alemania nazi, Adolf Hitler se representó a sí mismo como “el juez supremo de la nación”. Schmitt afirmó en 1934 que el Führer era la encarnación de la “jurisdicción más auténtica”. Schmitt tenía intenciones arribistas e ideológicas. Y terminó convirtiéndose en un nazi pleno legitimando al Führer con su personalidad jurídica y, en última instancia, dando cobertura legal a la idea fascista de que el líder siempre tiene razón.

Al igual que Schmitt, la mayoría de los juristas, fiscales, jueces y funcionarios públicos aceptaron la transformación del sistema legal por parte de Hitler de tal manera que la suya se convirtió en la última palabra legal.

Las mismas intenciones tenía Uriburu como las tuvo Pinochet o los generales de la Junta Militar argentina en las décadas del 70 y los primeros años 80. Lo mismo se puede decir de gobiernos que destruyen la democracia como los de Nicaragua, Venezuela o El Salvador en la actualidad o de los políticos aspirantes a fascistas que glorifican la violencia, mienten descaradamente, se creen los dueños de la verdad y niegan la ciencia (de las vacunas al cambio climático), hacen del odio y la demonización el eje de la política, y pretenden que sus intereses son más importantes que el marco constitucional.

Todos estos ejemplos iluminan la actualización de una tendencia anti-democrática y anti-constitucional de los que piensan que el poder y la legitimidad del poder los autoriza a ir por encima de la ley.

En este marco, el aniversario del funesto golpe de 1930 se presenta como advertencia. La norma y la política no siempre van de la mano. Pero cada vez que la ley se somete absolutamente a la discrecionalidad del poder la democracia sufre o es destruida, como nos pasó en 1930.

*Texto publicado originalmente en Clarín

Foto de Luis E. Fidhel G.

Esquizofrenia colonial en América Latina

Es buena noticia que en América Latina seamos cada vez más conscientes del racismo y sus efectos negativos. Un síntoma de aquello es que el comentario del presidente argentino sobre el origen naval de sus ciudadanos haya sido tan criticado y haya herido tantas sensibilidades. No obstante, como toda acción genera una reacción, el racismo aflora con fuerza cuando los “no blancos” ocupan el espacio público y/o de poder. Contestan quienes ven peligrar sus privilegios o se sienten agredidos al constatar que se trata de una región mestiza con una gran mayoría de raíces afro o indígenas.

Esto explica la sorna y condescendencia con la que se trata a la presidenta de la Asamblea Constituyente chilena o las críticas al presidente Castillo, que no se limitaron a sus planteamientos políticos –algunos, como los homófobos, muy cuestionables– sino que apuntaron a su origen y a la extracción de sus votantes: hacían demasiado presente al Perú cholo y serrano que avergüenza a la “pituquería” por el riesgo de que los de fuera piensen que “todos son así”.

El racismo en América Latina es generalizado y está bien repartido, basta recordar la actitud de la izquierda correísta ecuatoriana con Yaku Pérez o la lapidación a la actriz mexicana Yalitza Aparicio por usar un vestido de alta costura. La “gente bien” le lanzó piedras por “alzada” o “igualada” y la izquierda “chaira” por no llevar huipil, rebozo y huaraches.

Sacando la conquista del cajón

Mientras en las calles se tiraban estatuas, los gobiernos se subieron a la ola de la critica a la colonización buscando la confrontación con España. A las autoridades les resulta más cómodo y rentable criticar al colonialismo de siglos atrás que adoptar políticas públicas que remedien sus efectos. Ahora bien, han pasado al menos dos siglos desde las independencias y el colonialismo sigue estando ahí porque mutó de externo a interno. Así pues, el racismo como síntoma colonial se ha mantenido, fortalecido y sofisticado, porque beneficia a las élites y clases medias latinoamericanas.

En la insistencia del presidente López Obrador de que la Corona y el Gobierno de España pidan disculpas por la conquista se intuye más oportunismo político que ganas de hablar en serio de las estructuras coloniales que persisten y sus efectos. Resulta más fácil buscar culpables fuera, explotando el nacionalismo, los imaginarios anti “gachupines” y la gratuidad geopolítica que genera atacar a un país con limitado poder en la región que perdería más de lo que ganaría de entrar en una confrontación: el 38% de activos bancarios mexicanos están controlados por dos instituciones con sede en España.

La pareja presidencial nicaragüense también usó el colonialismo como bomba de humo. Estiraron tanto el argumento que provocaron la retirada del embajador de España en Managua. Si se presta atención a los comunicados de Ortega, la persecución a los candidatos opositores no evidencia autoritarismo sino la justa defensa de un país atacado por agentes de potencias extranjeras.

Las consecuencias de la colonización

Es obvio que la colonización es criticable, más aún vista desde hoy. Debemos debatir sobre sus consecuencias y la implicación de los distintos actores. Además del papel de la Corona Española es necesario hablar, por ejemplo, de las monarquías esclavistas –con la casa de Orange a la cabeza– o del papel de la Iglesia Católica que ha tratado de convencernos de que todos los curas eran “Bartolomé de las Casas” cuando en realidad fue una gran beneficiaria de las miserias de la colonización, con el agravante, de ser el único actor de esa época con poder y presencia actual en Latinoamérica.

Pero, sobre todo, es preciso revisar el papel de las nuevas repúblicas y sus élites en la continuidad y fortalecimiento de las estructuras coloniales. La independencia de las metrópolis no significó la desaparición de los mecanismos de explotación porque en los nuevos países hubo un proceso de división simbólica entre una “república de blancos”, herederos y continuadores del orden colonial, y una “república de indios”, para quienes la independencia no implicó mejores condiciones de vida. Además, si de genocidios se trata, Rosas no fue el único en perseguir a tiros a los indígenas de su república.

La épica anticolonial es parte sustancial de la identidad latinoamericana. Lo que para Bolívar o San Martín fue la Corona Española, para las nuevas generaciones es Estados Unidos a pesar de su paulatina pérdida de influencia. En rigor, el papel de potencia extranjera que extrae recursos y riqueza de la “Patria Grande” ahora lo ocupa China y debería ser ésta el nuevo objeto de la lucha anticolonial. 

Sin embargo, ni la izquierda, ni la derecha, ni los presidentes más activos en denunciar el saqueo y los crímenes de las potencias extranjeras repudian a China. Tampoco sus intelectuales orgánicos han producido algo parecido a una versión 2.0 de “Las venas abiertas” que lleve en portada la bandera roja con estrellas amarillas clavada sobre el perfil continental. No sé si se debe al cariño que se le tiene a Mao y su revolución o a la dependencia económicamente con China. Será más bien lo primero: la soberanía y dignidad de los pueblos no se vende.

Foto de Adolfo LJ en Photer

La punta del iceberg de la violencia

La tercera década del siglo XXI está removiendo los miedos e incertidumbres acumulados a lo largo de la historia: enfermedades pandémicas, crisis climática, radicalizaciones y extremismos, autoritarismos, invasiones, tensiones nucleares y proliferación del crimen y el terrorismo. Parece que este siglo, en lugar de ver solucionados los problemas del pasado, es una recolección “frankenstiana” de desgracias añejas. Paradójicamente, incluso con los avances científicos más sofisticados, las amenazas y los problemas parecen agravarse formando una peligrosa colcha de retazo que cubre al mundo de miedo y angustia.

A pesar de que el terrorismo ha tenido una importante carrera a lo largo de la humanidad, el 11 de septiembre de 2001 marcó la seguridad internacional contemporánea. El rostro de Osama Bin Laden materializó durante varios años la figura del terrorismo luego de saltar al estrellato tras los espectaculares atentados que se cobraron la vida de tres mil personas en Nueva York y el Pentágono.

El enemigo estaba claramente definido, tenía nombre, salía en las pantallas de televisión y se convirtió en el principal objetivo de la empresa de Washington por la seguridad internacional. No obstante, a pesar de la muerte de Osama bin Laden diez años después, el problema no cesó y el terrorismo pervive. De hecho, han aparecido nuevos grupos extremistas y los antiguos han mutado, pero ninguno se ha extinguido.

¿Vivimos en un mundo inseguro?

La respuesta tiene matices, de hecho ¿qué es la inseguridad o la seguridad? ¿los Estados pueden sentirse seguros? ¿hay brechas entre la sensación de la ciudadanía y lo de los líderes políticos? La seguridad nunca ha tenido que ver exclusivamente con las dinámicas militares y la presencia de tanques, aviones y despliegues de tropas regulares. La seguridad tiene más que ver más con la prevención de las amenazas que ponen en riesgo a los civiles en el planeta. ¿Qué es más peligroso y para quién, la falta de agua potable o una central nuclear en Irán? ¿la xenofobia en Europa o la contaminación de un río en África?

La narrativa imperante de la seguridad internacional es peligrosa y, paradójicamente, conlleva a peligros e inseguridades. Es una lectura aún binaria, maniquea y contraproducente. Bajo esa lógica, el mundo actual es más tendiente a experimentar violencias que guerras y, en términos absolutos y en clave conservadora, es menos probable una guerra entre Estados que conflictos violentos. Por lo tanto, en la actualidad, las pistas para construir una seguridad sostenible pasan por comprender qué lleva a la violencia y a los conflictos y que los eslabones para construir mejores seguridades son los civiles y las propias víctimas de la violencia.

En otras palabras, el asunto está en que la tarea de minimizar el riesgo de sufrir nuevas explosiones y atentados no puede ser dejada exclusivamente en manos militares. Es más, es una tarea que para realmente tener éxito debe ser construida junto con las víctimas de las violencias y los conflictos. De hecho, esto reafirma la idea de que se pueden alcanzar mayores niveles de seguridad si se tiene como principal objetivo proteger a los ciudadanos.

Se trata de construir legitimidades globales y reemplazar las gobernanzas criminales y terroristas que son las que han definido algunas de las reglas de juego establecidas desde Kabul y Bagdad hasta Bogotá y Río de Janeiro.

La clave de la lucha moderna contra el terrorismo y el crimen organizado está en el desarrollo de instituciones con base en los ciudadanos. Y si bien las armas del talibán en Afganistán y las rutas de los carteles del narcotráfico en Colombia y México deben preocupar a los gobiernos, los ojos deben centrarse en dos problemas generacionales: los niños de la violencia, reclutados y forzados a combatir, y la cultura de la violencia.

El problema de los niños crecidos en la violencia puede ser más peligrosos que todas las armas nucleares juntas, mientras que la cultura de la violencia y el crimen es un fenómeno muy arraigado en América Latina y una amenaza rampante para nuestras democracias. 

Sin embargo, los niños criados en la violencia y la apropiación cultural de la violencia se cruzan, y dicha unión es el punto de inflexión de la sostenibilidad de la seguridad internacional. De momento lo que estamos viendo es la punta del iceberg, pero debemos ver el bloque completo para encontrar la respuesta.

Foto de Apenas um bonito gesto Edward… em Foter.com

Perú: treinta ¿días? después

En el Perú, las leyes de la Física son puestas a prueba, puesto que la actividad política de treinta días parece la de treinta meses. El vértigo de estas primeras semanas de gobierno de Pedro Castillo deja un saldo agotador para la población, al persistir tanto la incertidumbre sanitaria como económica. Por si fuera poco, el flamante gabinete de ministros presidido por el también Congresista Guido Bellido ya cuenta con una notoria renuncia y otro ministro gravemente cuestionado que reconfirman la poca idoneidad de quienes hoy ocupan una cartera ministerial. Tal circunstancia, sumada a la tensa relación con el Congreso, proyectan una guerra de desgaste de final traumático y abrupto.

El pasado jueves 26 de agosto, Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, llegó al Congreso de la República para pedir el voto de confianza de un gabinete de ministros que ya había nacido en medio de una gran turbulencia: este juramentó cerca de la medianoche del 29 de julio, tras horas de incertidumbre por los problemas que Pedro Castillo y Guido Bellido tuvieron para completar la nómina de 18 ministros. Recién el 30 de julio completaron la lista, con la juramentación de los ministros de Economía y Justicia.

A puertas del voto de confianza, el contexto ya había forzado la renuncia del otrora canciller y exguerrillero comunista Héctor Béjar. La renuncia se hizo impostergable tras hacerse públicas unas declaraciones en las que afirmaba que la organización terrorista Sendero Luminoso había sido un invento de la CIA y de la Marina de Guerra del Perú (sic). La salida de Béjar fue el cierre de un primer capítulo político que ya tenía varios días a un gobierno contra las cuerdas, debido a las flagrantes limitaciones profesionales y la cuestionable capacidad ética de algunos ministros vinculados a Sendero Luminoso o sus organismos de fachada.

Bellido se dirigió al Congreso de la República en quechua, lengua originaria, reconocida como oficial y hablada por cerca de cuatro millones de peruanos. La intervención fue interrumpida por airadas críticas de la oposición, al no entender lo expresado por el Premier y poner en evidencia la falta de traductores oficiales en ese idioma. Evidentemente, Bellido y compañía consiguieron desviar la luz de los reflectores hacia aspectos de forma relacionados a las lenguas oficiales del Perú y evitar discusiones de fondo sobre lo planteado en su discurso. La maniobra distractora tuvo efecto esencialmente por el poco oficio de un Congreso que cayó en el juego de Bellido. De esta manera, el gabinete logró superar el primer escollo para el inicio de su gestión con 75 votos a favor, siendo necesario un mínimo de 66 votos de 130 posibles.

Sin embargo, no pasó ni una semana del voto de confianza para que el ministro del Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, enfrentara serios cuestionamientos por los vínculos que él y su familia tienen con el MOVADEF, vigente organismo de fachada de Sendero Luminoso. La información llevó a que Bellido le pida su renuncia, aún pendiente de ser realizada. De esta manera, esta administración culminó el primer mes de gestión con varios tropiezos básicamente producidos por propios disparos al pie.

Es muy posible que el resto del 2021 se caracterice por el manifiesto amateurismo del gabinete ministerial, que, según se percibe, estaría dirigido desde las sombras por Vladimir Cerrón, presidente del oficialista Partido Perú Libre y sentenciado por corrupción. A ello se suma la presencia ausente de Pedro Castillo, quien ha tenido que declarar en televisión que quien manda es él y no Cerrón, lo que pareciera ser una confesión de parte en el sentido opuesto. Asimismo, la depreciación del sol frente al dólar y las pendientes medidas de reactivación económica plantean un escenario crítico para el despegue de la actividad productiva nacional, en tanto se incrementan las dudas sobre la capacidad ejecutiva para potenciar el sector salud. En paralelo, en el Congreso no son pocas las voces que reclaman censurar a más de un ministro y hasta gestionar la vacancia presidencial, mientras que Guido Bellido amenaza con la disolución del Congreso tal y como ocurrió en septiembre del 2019. En un país que ha pasado por dos renuncias y una vacancia en cinco años, el uso de tales prerrogativas no parece ser ya de tipo excepcional.

Aunque por momentos el Perú parece un producto de la imaginación de Kafka, en otros pareciera haber sido concebido como elemento de ciencia-ficción. Así como la notable película de ciencia ficción Interestelar representó con claridad nociones complejas de la Física con relación al espacio-tiempo, la política peruana parece retarlas también. Finalmente, esta es una carrera contra el reloj entre el Ejecutivo y Legislativo que, desafortunadamente, no dejará a nadie bien parado.


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Foto del Congreso de la República del Perú

Bolsonaro intentará dar un golpe de Estado

Jair Bolsonaro intentará dar un golpe de Estado. ¿Saldrá victorioso? Probablemente no. Pero es terrible que hayamos llegado a este punto. Es fundamental que todos los demócratas tengan clara la inminencia del golpe: opiniones como «las instituciones funcionan» (todavía alimentadas por algunos politólogos) sólo nos acercan a una catástrofe. Bolsonaro intentará dar un golpe, y la prioridad ahora es que su plan salga mal.

Es un proceso que sólo se completará en 2022, y una fecha clave (pero no decisiva) es la manifestación prevista para el 7 de septiembre, por la «libertad», la «intervención militar», «contra el STF», «por el voto impreso» y quién sabe qué más. Se trata de un acto de provocación y es importante que los demócratas no aceptemos la provocación. Que griten solos. Según ellos, es el «7 de septiembre del pueblo». ¿Y qué somos nosotros? ¿No somos acaso parte de este pueblo, no tenemos derecho a celebrar el Día de la Independencia, nuestra Fiesta Patria? Por supuesto que sí, y somos la mayoría. Pero evitemos las provocaciones: lo único que quieren es encontrar justificaciones para cerrar el régimen.

¿Por qué y cómo se llevará a cabo el golpe?

Me refiero aquí al mayor politólogo brasileño, Wanderley Guilherme dos Santos, y su clásico libro de 1962 «Quem dará o golpe no Brasil?” El trabajo actual es mucho más sencillo, por supuesto, y no es necesario que lo haga un Wanderley, lo puedo hacer yo mismo.

Bolsonaro dará el golpe porque siempre ha sido autoritario y sabe que sus posibilidades electorales son escasas. Ha adoptado un comportamiento histérico y paranoico que denota su aislamiento político. Con la economía debilitada, el desempleo, la inflación y las altas tasas de interés, la sequía, la crisis energética a la vista y la pandemia del Covid-19 gestionada criminalmente y aún lejos de su fin, es poco probable que Bolsonaro gane las elecciones de 2022 (si es que las hay). Lula se impone como virtual elegido, catapultado por la reanudación de sus derechos políticos, por el recuerdo de tiempos mejores y por la dispersión del sesgo persecutorio de la Operación Lava Jato.

Como el camino electoral le parece bloqueado, Bolsonaro tendrá que encontrar otros caminos (según su recurrente expresión) «fuera de las cuatro líneas de la Constitución» para proseguir su proyecto regresivo, de volver a un imaginario Brasil armónico y cristiano, en el que los comunistas eran torturados, y las mujeres, los «negros» y los «maricones» aceptaban un lugar inferior en la sociedad sin protestar. Un proyecto centrado en una figura «mesiánica», convencida de su predestinación, que moviliza a las clases medias resentidas por su pérdida de estatus, a las élites advenedizas, a los sectores atrasados de la agricultura y la minería y a parte de los más precarizados de la sociedad. Parece fascismo, huele a fascismo, sabe a fascismo. Y realmente es fascismo.    

Bolsonaro dará el golpe de la siguiente manera: su modus operandi habitual es producir el caos, elegir nuevos enemigos y polarizar. De este modo, mantiene a sus partidarios movilizados y cada vez más armados. Acosan a los ministros de la Corte Suprema, a los senadores, a los periodistas, a la izquierda, a los movimientos indígenas, negros y feministas. Mientras tanto, siguen armándose. 

En el mejor de los casos, Bolsonaro intentará evitar las elecciones produciendo el caos como justificación para una «intervención militar». Lo más probable es que Bolsonaro sea capaz de producir algo más concreto después de su derrota electoral. Alegará fraude, falta de confianza en las urnas electrónicas y es muy posible que decida acantonarse en el Palacio del Planalto. Los partidarios producirán disturbios de policías militares en los estados, eventualmente insubordinación por parte de sectores de bajo rango de las Fuerzas Armadas, y en el límite, invasiones al Congreso Nacional y al Supremo Tribunal Federal.  

Tiene todo para salir mal: parece que no hay base social. Pero el infierno está en los detalles.

¿Por qué puede tener éxito el golpe?

No hay un apoyo popular mayoritario para un intento de golpe de Estado. No hay mayoría en el Senado Federal (ya de la amorfa y conservadora Cámara de Diputados se puede esperar cualquier cosa), ni apoyo en el Tribunal Supremo o entre los gobernadores de los estados. Los grandes medios de comunicación se oponen esta vez claramente a una aventura de este tipo, así como la Iglesia católica, buena parte de los empresarios e incluso los banqueros. Tiene todo para salir mal.

Sin embargo, cabe mencionar que las instituciones brasileñas están destrozadas y el Estado está cada vez más ocupado por los militares desde el golpe de 2016. También sucede que Bolsonaro tiene sus partidarios: empresarios aventureros, parte del agro, asociaciones de camioneros, las cumbres de las iglesias evangélicas, clubes de tiro, paramilitares. Y lo principal: importantes contingentes de la policía militar (que pueden decidir responder directamente a él y ya no a los gobernadores) y posiblemente las Fuerzas Armadas y la Policía Federal parecen dispuestos a seguir a Bolsonaro en su putsch.

Quién posee las armas no es un asunto menor. Así, si los sectores armados deciden mantener a Bolsonaro en el Palacio y ocupar el Congreso Nacional o la Corte Suprema tras la derrota en las elecciones, cabe preguntarse quién sacará al golpista y a sus partidarios de los palacios. Así, volvemos a depender de los llamados «militares legalistas», es decir, de una parte del aparato represivo del Estado que decide garantizar la investidura del presidente elegido (suponemos que será Lula). Teniendo en cuenta la trayectoria autoritaria, intervencionista y demofóbica de nuestras Fuerzas Armadas, depender sólo de ellas no es el mejor escenario. Es mejor no confiar sólo en esto.

Lo que deben hacer los demócratas

Es imprescindible garantizar la preservación física de los demócratas y de sus principales dirigentes. Ya es hora de extremar el cuidado en los mítines de la oposición (que deben seguir celebrándose), evitar las provocaciones y reforzar la seguridad de figuras como Lula. Una victoria contundente del candidato de la oposición en 2022 será importante. Asegurar su investidura, aún más.

No queda mucho más que buscar un «frente amplio», intentando hablar con todos. Preservando, sin embargo, el carácter de izquierda de la candidatura y la agenda de recuperación de derechos y de la propia Constitución de 1988.

Un entorno con tal nivel de polarización como el brasileño hace inviable cualquier pretendida «tercera vía». Si el candidato será Lula, no es necesario renunciar a todo en las negociaciones. Se trata de una fina línea entre garantizar la elección, la investidura y la gobernabilidad, por un lado, y mantener una agenda transformadora, por otro.       

En cualquier caso, un año en el conflicto brasileño equivale a un siglo. Es arriesgado hacer cualquier predicción, pero me aventuro a concluir una más. Recientemente, Bolsonaro dijo en un evento evangélico que visualizaba tres alternativas en su futuro: «estar preso, muerto o la victoria». No cabe duda de que todos los demócratas debemos luchar por la derrota de Bolsonaro (de su candidatura y de su golpe), y desearle salud y bienestar para cuando finalmente rinda cuentas y sea detenido por sus crímenes. 


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Foto de Palácio do Planalto en Foter.com

Nuevos progresismos latinoamericanos

El primer ministro peruano, Guido Bellido, fue duramente insultado y atacado por los congresistas de oposición cuando dirigía unas palabras de saludo al Congreso de su país en kechwa. A decir verdad, ese gesto simbólico fue lo más sustancioso que dijo; ningún anuncio de fondo sobre las reformas que se preparan o sobre las metas que se proponen. La elección de Elisa Loncón, intelectual y activista mapuche, como presidenta de la Asamblea Constituyente chilena, fue también un emblema de los cambios institucionales que todavía no se perfilan, pero que se intuyen. Como en Perú, en Chile esos gestos iniciales también han despertado rencores aletargados y reacciones desproporcionadas. Junto a Colombia, los tres grandes países del pacífico sudamericano se erigieron durante las dos últimas décadas como los adalides más exitosos de la estabilidad neoliberal. Y los tres se encuentran ahora asediados, luego de poderosos estallidos de protesta popular, multitudinariamente joven, por una sorprendente reacción de los profusos damnificados de ese triunfo.

Chile, Colombia y Perú ¿Nuevos progresismos latinoamericanos?

Cada uno tiene sus peculiaridades. Las protestas peruanas no alcanzaron la masiva magnitud de las de sus vecinos al norte y sur. Chile conoció un diluido progresismo con Michelle Bachelet, cuyas tímidas reformas ni siquiera pretendieron horadar seriamente el modelo económico que acumulaba más o menos silenciosamente un inaudito número de náufragos en sus costas. En Perú, Ollanta Humala ni siquiera llegó a imaginar el perfil de alguna reforma antes de abandonarla. Nada parecido en Colombia, asolado por veinte años de irrestricta hegemonía uribista, asentado como estuvo siempre, en la mano dura contra una guerrilla que perdió en 1999 la última oportunidad de una paz con dignidad.

El boom del precio de las materias primas acumuló excedentes y permitió una tímida redistribución de los ingresos, comparada con la década regresiva de 1990, incluso en estos países, heraldos de la ortodoxia económica. ¿Por qué no se produjeron trastrocamientos políticos similares a los de Bolivia, Ecuador y Venezuela? Un rasgo común en Chile, Perú y Colombia fue lo que podríamos llamar una auténtica derechización de la sociedad, que yace como fuerza subyacente tras la férrea permanencia del modelo económico liberalizador.

El fujimorismo en el Perú es impensable sin el hastío, el horror y el shock de una década de una de las más violentas guerras civiles del hemisferio. Según el informe de derechos humanos, tras la guerra, Sendero Luminoso ostenta el dudoso honor de haberse convertido en la única guerrilla del continente en haber asesinado a más personas que el ejército. Vencer por la fuerza a Sendero fue la base de la hegemonía política incontestada por una década de una más de las corruptas dinastías políticas a que nos tiene acostumbrados la historia de América Latina. Desde el año 2000, el fujimorismo ha sido una primera minoría, pero su influencia se asienta precisamente en el descrédito que cualquier lucha social o discurso de redistribución sufrió por la tragedia de haber incubado lo más parecido a la brutalidad de Pol Pot en el continente.

El uribismo en Colombia tiene una historia de éxito basada en un origen similar. Las FARC no se parecen a Sendero Luminoso, pero la guerra duró cinco veces más; y se enredó también, hasta degradarse, con demasiados estambres del narcotráfico y la violencia delincuencial. Se volvió para demasiados, por demasiado tiempo, en una forma de vida, antes que en una elección forzada por un tiempo limitado. La victoria militar uribista, con su cortejo de intransigencia y atropello a cualquier derecho humano mínimo, arrojó la guerra de guerrilla a los márgenes de los que había salido en los años ochenta.

Uribe y Fujimori encarnaron la mano dura para combatir el desorden y la incertidumbre. La sociedad se derechizó al calor de esa lucha contra quienes decían representar, en el discurso que articulaban, un programa de igualdad social y justicia económica. Las atroces crueldades económicas del neoliberalismo, con su cortejo de incertidumbres y desigualdades, palidecían ante los logros viriles del guerrero intransigente. Quienes enarbolaban un discurso de justicia y redistribución, opuesto al neoliberalismo, terminaban empañados por la sombra difusa de sus precedentes militares.

En Chile no hubo una guerra semejante. Pero la Unidad Popular (1970-1973) sufrió una derrota similar, sin precedentes. Impuesto por el miedo, el experimento neoliberal chileno, fue capaz de reducir la pobreza hasta mínimos históricos en el Tercer Mundo, pero a costa de una polarización y desigualdad crecientes. La derechización de la sociedad chilena es más difícil de explicar; quizá resida en una combinación de factores de largo plazo, como una clase dominante bastante más homogénea, con factores de plazo medio, como una serie de mecanismos tecnocráticos paliativos de las desigualdades, digitados desde un Estado inusualmente fuerte para los estándares latinoamericanos. Lo cierto es que las exclusiones neoliberales estallaron ante todo entre los jóvenes, que fueron acumulando agravios lentamente, primero en la forma de desafección y abandono, luego en la forma de una ira callejera largamente encadenada.

Sea como fuere, el resultado es una aguda deslegitimación de los tres países “modelo” del orden liberalizador en Sudamérica. Aquellos que habían resistido exitosamente la ola rosada y eran exhibidos por los opinólogos de la prensa mainstream como el ejemplo de lo que había que hacer. Ante su descalabro en el imaginario popular de sus propios países, el amparo de las fuerzas políticas que ahora se encuentran a la defensiva es pobre: solo les queda vociferar que la alternativa es aun peor. Que los ejemplos de la Nicaragua neosomocista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, o el desastre económico del madurismo, están ahí para ilustrarlo.

Aprender de las experiencias pasadas y crear alternativas

Así que, en esas condiciones, a estas nuevas izquierdas incubadas en el seno de una similar experiencia histórica de derechización social, agudización de las desigualdades y exclusiones económicas, y dificultad para erigir una alternativa política, les conviene leer bien las experiencias del más reciente progresismo latinoamericano.

No les corresponde, ni por principios ni por estricta conveniencia política, quedar atados al ejemplo de unas autocracias dignas de ser sus enemigas. Incluso aquellas experiencias alejadas de los prototipos extremos del madurismo o el orteguismo, el correísmo ecuatoriano y el evismo boliviano, exhiben una deriva caudillista incompatible con la vigorosa maduración de movimientos sociales activos, audaces y autónomos que requiere una auténtica transformación radical y de largo plazo del modelo económico y de la sociedad dominante.

Desde Mariátegui hasta Allende, pasando por las experiencias autonomistas de las colonias de Sumapaz, hay en la memoria, la historia y la imaginación de estos tres países, la capacidad de inventar caminos alternativos a partir de los materiales que se encuentran dispersos a su paso.

Uno de esos materiales es la enorme fuerza del rechazo que generan las injusticias y crueldades del modelo neoliberal, pero otro es la fracasada forma en que las previas experiencias andinas del progresismo manejaron la compleja relación entre movimientos sociales transformadores y movimientos políticos en el Estado. Hay mejores vías. Y en estos países se pueden experimentar alternativas.

Foto de Paulo Slachevsky

Lasso y el nuevo Parlamento ecuatoriano

nuevo parlamento ecuatoriano

El pasado 22 de agosto, el nuevo parlamento ecuatoriano cumplió los primeros 100 días de gestión parlamentaria. Estos primeros meses nos permiten avizorar los frentes que marcarán la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo liderado por Guillermo Lasso. Y el rostro que comienza a posicionarse como clave para los próximos dos años es el de Guadalupe Llori, diputada indígena del partido Pachakutik que encarna la resistencia a crear un frente común de izquierda junto al correísmo, principal grupo político de esta nueva legislatura.

Las controvertidas y reñidas elecciones presidenciales ecuatorianas mostraron el importante peso electoral que aún tiene el correísmo. Sin embargo, por otra parte, especialmente en la segunda vuelta, se evidenció también el enorme rechazo que despierta entre sus adversarios. Esto ha quedado expresado, en cierta medida, en la asignación de curules de la nueva Asamblea Nacional. Más allá del efecto que pudo haber tenido la implementación del método Webster en esta elección, pareciera que el Poder Legislativo será la principal instancia de coordinación y articulación con la que tendrá que lidiar el nuevo gobierno en esta nueva etapa política del Ecuador.

Aún así, el parlamento ecuatoriano como institución pública, tiene por delante mucha credibilidad que reconstruir. La gestión saliente alcanzó alrededor de un 10% de respaldo popular de su gestión. Y si bien la expectativa de la ciudadanía sobre esta nueva legislatura mejoró considerablemente hasta promediar un 38% de confianza, la gravedad de la crisis sanitaria y financiera del país no ofrecen mucha holgura de respaldo social.

Esta desconfianza también se debe a que más de la mitad de la representación parlamentaria de la pasada legislatura (2017-2021) cambió de afiliación partidaria durante su gestión. Este fenómeno de transfuguismo —conocido coloquialmente en Ecuador como «camisetazos»—, además de distorsionar la representatividad política, contribuye al descrédito generalizado que persiste sobre la Asamblea Nacional en su conjunto. A pesar del probado repudio público que tiene esta práctica, en la actual legislatura ya van registrados siete casos de transfuguismo.

Fuente: Observatorio Legislativo. Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Agosto 2021

El nuevo arco parlamentario

En este contexto, a primera vista destaca en la nueva correlación de fuerzas el desmoronamiento organizacional del correísmo. Alianza País, además de dividirse en la legislatura anterior, en la actualidad quedó sin curules. Sin embargo, el correísmo tiene presencia en los 49 diputados del partido Unión por la Esperanza (UNES) alimentados electoralmente por la candidatura de Andrés Arauz. Por otra parte, destaca el crecimiento de la representación de los partidos de izquierda no alineada al correísmo, como la Izquierda Democrática (18 curules) y el movimiento indigenista Pachakutik (27 curules).

Este distanciamiento tan marcado entre las izquierdas, ofrece espacios de interlocución con el partido que respalda al Presidente Lasso (Movimiento Creando Oportunidades CREO) el cual tan solo obtuvo el 12% de la representación parlamentaria. De igual manera destaca el crecimiento de la representación política del Partido Social Cristiano, (PSC) principal aliado estratégico del gobierno.

A pesar de esta correlación de fuerzas en la que el gobierno es minoría, después de sortearse algunas dificultades se pudo conseguir una alianza inicial al menos para el nombramiento de las principales autoridades de la Asamblea Nacional. Un adelanto, quizá, del tipo de relación que tendremos entre Ejecutivo y Legislativo al menos para los próximos dos años. Una pauta de gobernabilidad que si bien no pareciera de hostilidad ni bloqueo, tal como ocurre en sistemas políticos como el peruano, pero que podría plantear una estrecha vigilancia al Ejecutivo y una contención política a sus iniciativas. Este sería un entorno poco favorable para cambios muy radicales, al menos en el corto o mediano plazo.

Entorno parlamentario 2021

Es importante advertir, que el análisis de la gestión legislativa, no sólo debe hacerse desde la producción cuantitativa de leyes y la ratificación de tratados internacionales. También es importante examinar la capacidad contralora que tiene el parlamento sobre la gestión pública en su conjunto. De aquí la importancia de su operatividad institucional, independientemente su correlación de fuerzas, lo cual permita la gobernabilidad democrática del país.

Un rasgo importante a destacar es la agenda parlamentaria 2021-2024, la cual por primera vez desde 2008 no se había elaborado en observancia a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto constituye un rasgo importante de autonomía institucional que contrasta con las gestiones anteriores.

Sin embargo, más allá de esta declaración de buenas intenciones, hemos podido conocer durante estos primeros meses las tensiones entre las principales bancadas, lo cual tiene su expresión en la proliferación de exhortos, así como también en las objeciones a las leyes aprobadas por la gestión saliente. Lo propio se ha visto también en las recurrentes acusaciones de corrupción, el rechazo del informe de gestión del presidente Lenín Moreno y las protestas de sectores sociales importantes como los maestros.

De esta manera el tablero político resultante de las elecciones en el Ecuador, para este 2021 ya está desplegado, teniendo como telón de fondo los rigores que impone aún la pandemia y una gestión saliente con cuestionables resultados socioeconómicos.

En este sentido, el principal punto de tensión seguramente será la aprobación del presupuesto general del Estado, así como las principales iniciativas legislativas que busque el nuevo gobierno como la Ley de Comunicación. Aún así, la Asamblea Nacional ya ha aprobado cuatro leyes, orientadas tres de ellas hacia la reactivación económica. Un guiño temático interesante considerando que quien ocupa el Palacio de Carondelet, llegó allí prometiendo una nueva conducción fiscal del país que permita mejorar la maltrecha economía ecuatoriana.


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Fotos: Fernando Lagla / Asamblea Nacional

Estados Unidos pone las armas, México los muertos

La situación de violencia en México es grave y parte de esta situación es responsabilidad del tráfico ilegal de armas proveniente, en su totalidad, de Estados Unidos. Desde hace años, en parte como efecto de la lucha contra el narcotráfico, México suma miles de muertos a una sombría estadística que asombra, preocupa y genera pavor en su sociedad. Como dicen en el norte azteca, “los gringos ponen las armas, nosotros ponemos los muertos”.

La demanda mexicana

El pasado 4 de agosto, el gobierno federal mexicano presentó una demanda civil por daños ante la Corte Federal de Massachusetts, Estados Unidos, contra once empresas fabricantes de armas por la venta irresponsable y negligente que habrían estado concretando en territorio mexicano, favoreciendo así al tráfico ilegal de armas lo cual ha provocando daños directos al país.

Tras la presentación de la demanda, el pasado 21 de agosto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México comunicó que la corte estadounidense aceptó a trámite la demanda presentada. «La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio (…) Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos», publicó el canciller en sus redes sociales. La demanda se presentó en Boston porque es la ciudad sede de las empresas demandadas.

Sin embargo, a pesar de esta aceptación judicial, hay que tener en cuenta que el proceso puede prolongarse por años, máxime teniendo en cuenta el poder político de dichos fabricantes que tienen entre sus principales apoyos a la muy poderosa Asociación del Rifle, a la cual pertenecieron, entre otros famosos, los ya fallecidos John Wayne y Charlton Heston. Su lema: “las armas no matan; los hombres matan” es una falacia de cabo a rabo que encuentra muchos adeptos en un pueblo históricamente acostumbrado al manejo de armas de fuego.

Según el gobierno mexicano, el objetivo de esta demanda es doble. Por un lado busca lograr un aumento de los controles dentro mismo de Estados Unidos, y por otro obtener una compensación económica, cuyo monto todavía no se ha dado a conocer. 

Las empresas demandadas son Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta USA; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H.; Sturm, y Ruger & Co.

Asimismo, se demanda a Witmer Public Safety Group e Interstate Arms como distribuidores y proveedores de las armas. Debe señalarse que Barrett fabrica el fusil de francotirador calibre 50, que es el preferido por los narcos mexicanos.

Cifras que estremecen

La presentación judicial del país azteca, cita algunas cifras que estremecen: el tráfico ilegal supera el medio millón de armas de fuego anuales que colaboraron a causar, sólo en el año 2020, más de 36 mil víctimas, lo que representa una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil personas.

De acuerdo con una revisión de datos publicados por los medios de prensa mexicanos, la realidad no sólo es grave, sino que va in crescendo. De 23.100 muertos en 2017, se pasó a 36.750 en 2020.

Aunque no todas las fuentes coinciden en las cifras, sí hay coincidencia en que desde el año 2007 fueron asesinados más de 350 mil mexicanos, muchos de ellos totalmente ajenos al conflicto armado por causa del narcotráfico. Del total de muertos del año pasado, unos 5 mil eran jóvenes, en tanto unos 300 eran niños.

Demanda adelantada

Los abogados del gobierno mexicano vienen trabajabdo en la demanda desde inicios de 2020, pero un suceso apuró la presentación ante la Corte. Se trata de la oferta de indemnización que presentó la Remington Arms a los familiares de las víctimas de la matanza en una escuela de Connecticut. En ese hecho, ocurrido en 2012, 26 niños y adultos fueron asesinados con armas de su fabricación.

Aunque leyes federales aprobadas a inicios de este siglo, amparan a los fabricantes ante una demanda civil, Remington, consciente que la impunidad tiene límites, estableció negociaciones privadas para resarcir a las familias de los asesinados con 33 millones de dólares. Por ello, el gobierno mexicano estimó que este era el momento propicio para presentar su propia demanda.

Y es que, de hecho, las empresas fabrican armas diseñadas especialmente para los narcos con el objetivo de atraer al nada despreciable mercado de los carteles. Incluyen diferentes arreglos estéticos y de funcionamiento pensados expresamente para los jefes y sicarios del narcotráfico.  Como ejemplo, la pistola Colt calibre 38, que lleva la imagen de Emiliano Zapata, todo un ícono mexicano, incluye el lema más famoso del revolucionario: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.


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Foto de Jesús Villaseca Pérez. en Foter.com

El “liderazgo político pandémico” y las mujeres gobernantes

En 2020 se dio un cambio significativo en la apreciación de los liderazgos políticos de las mujeres, aunque es muy pronto saber si esta valoración persistirá en el tiempo. La forma como algunas jefas de Estado o de gobierno manejaron la pandemia de la Covid-19 llevó a que se realzara su gestión. En Brasil, por ejemplo, un estudio realizado con el apoyo de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Barcelona, que indagó sobre la gestión de la pandemia por parte de los alcaldes y las alcaldesas, muestra que las alcaldías lideradas por mujeres mostraron una mortalidad 43,7% menor que las lideradas por los hombres.

Liderazgos femeninos frente a la pandemia

Un mes después de que el director de la Organización Mundial de la Salud declarara que la Covid-19 era una pandemia, salió publicado un artículo en Forbes en el que se señaló que los países que mejor la habían manejado tenían en común que eran gobernados por una mujer. Se destacó la labor realizada por Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán; Angela Merkel, canciller de Alemania; las primeras ministras Jacinda Ardern, de Nueva Zelandia; Sanna Marin, de Finlandia; Katrín Jakobsdóttir, de Islandia; Mette Frederiksen, de Dinamarca y Erna Solberg, de Noruega.

A partir de entonces, se publicaron artículos de prensa en todo el mundo resaltando su gestión en el manejo de la pandemia. Se destacaron cualidades como el cuidado de la ciudadanía que privilegió la vida de las personas por encima de la racionalidad económica. Todo ello con un enfoque que no desmontaba los estereotipos de género, sino que en muchos casos los profundizaba y se seguía aplicando el doble rasero: se evaluaban las conductas de manera distinta si las desarrollaba un hombre o una mujer.

América Latina no fue una excepción. Aunque la región actualmente no tiene mujeres gobernantes en la cúspide del Poder Ejecutivo, hay mujeres que dirigen gobiernos regionales o locales.

El estudio mencionado al inicio del texto, además de mostrar una mortalidad sensiblemente menor de las alcaldías lideradas por mujeres, demuestra también que estas tuvieron un 30,4% menos de hospitalizaciones por Covid-19. Además, los autores del estudio concluyeron que si la mitad de los municipios de Brasil hubiesen estado liderados por mujeres, la mortalidad en el país hubiese sido menor en un 15%.

Es importante destacar que un enfoque excesivo en el género de los liderazgos para determinar los factores de éxito en la gestión de la pandemia puede resultar contraproducente para las mujeres; se corre el riesgo de que se les evalúe con mayor exigencia y que reciban un rechazo mayor si no cumplen con los estándares establecidos.

¿Qué tienen en común los países liderados por mujeres que han gestionado con éxito la pandemia?

Lo primero a destacar es que los siete países pertenecen al Norte global. Presentan una sólida institucionalidad, alta inversión social, incluida la salud pública (está demostrado que los países dirigidos por mujeres invierten más en esta área y eso está asociado con un menor número de muertes por la Covid-19), están en los primeros lugares del Índice de Desarrollo Humano y hay una presencia alta de mujeres en los órganos legislativos que está por encima del 30% .   

Por lo tanto, estos países estaban entre los más preparados para gestionar la pandemia. Cabe destacar, no obstante, que se observaron diferencias entre estos países y otros liderados por hombres que también están entre los que tienen mayor Índice de Desarrollo Humano y una institucionalidad sólida, como Suecia y Reino Unido.

Esta información puede llevar a conclusiones simplistas de que las mujeres lo hicieron mejor por razones de género, pero es necesario profundizar y responder a un conjunto de interrogantes: ¿cómo fueron estas actuaciones? ¿qué medidas se tomaron? ¿qué determinó una gestión exitosa?

Liderazgo pandémico

Basándose en una investigación sobre la gestión de la pandemia de la primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinta Ardern, considerada una de las más exitosas, Suze Wilson desarrolló el concepto de “liderazgo pandémico” y los elementos que se tuvieron en cuenta en el manejo de la Covid-19. Su estudio establece un marco analítico que permite evaluar las actuaciones de las siete mujeres gobernantes señaladas en este artículo.

El primer factor se refiere a la importancia que se le dio a las orientaciones y directrices de las personas expertas en pandemia a la hora de tomar decisiones. En el caso de Ángela Merkel, se asesoró con una red de expertos provenientes de distintas agencias de salud pública y universidades.

Otro elemento a destacar es el manejo de información seria, creíble y oportuna, que llegue a la ciudadanía. La primera ministra neozelandesa ha sido elogiada por la manera cómo ha manejado la información a través de las redes sociales y se ha mantenido en contacto con la ciudadanía. También destaca el caso de la primera ministra de Finlandia, quien usó a influencers para informar a la población más joven y evitar la propagación del virus.

La empatía ha sido uno de los factores altamente valorados en el contexto de la pandemia. Se han destacado los liderazgos que han reconocido públicamente el impacto de las medidas tomadas en la vida cotidiana y el mensaje que han transmitido sobre la necesidad de unir esfuerzos. En este caso destaca la primera ministra de Noruega, quien usó la televisión para hablarle a la niñez de su país sobre el virus.

El manejo de aspectos prácticos por parte de quienes ejercen el liderazgo también ha sido importante. En ese sentido, Jacinda Ardern grabó videos sobre la vida cotidiana para concientizar sobre el confinamiento, mientras que Ángela Merkel explicó que se garantizaría el abastecimiento permanente de alimentos e instó a la ciudadanía a evitar el acaparamiento.

Estas líderes actuaron, además, de forma rápida y oportuna, y aunque tomaron medidas impopulares que afectaron la economía como el confinamiento obligatorio, las estrategias permitieron un manejo eficiente de la Covid-19. Pero no hay una relación directa entre esta forma de actuar y el hecho de ser mujeres. También algunos hombres gestionaron de forma eficiente la pandemia, aunque no se hable de ellos.

Lo dicho anteriormente no desconoce el hecho que, por socialización de género, las mujeres lideresas hayan tenido más desarrollados ciertos rasgos fundamentales para el manejo de la pandemia, como la empatía y la cercanía con la población.

Que estos rasgos, considerados “típicamente” femeninos, sean valorados de forma positiva, lo que no ocurría anteriormente, parece abrir un camino nuevo en el estudio del liderazgo político. También hay que reconocer el impacto que tiene en la representación simbólica el hecho de que la gestión de las mujeres gobernantes sea evaluada positivamente.


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Kabul, EE.UU. y América Latina

US Army (USA) CH-47 Chinook helicopters, carrying a delegation of US Senators and Congressmen, prepare to land at the Afghan Army's training site in Policharki, Afghanistan (AFG). The American envoys are visiting Afghanistan to discuss a variety of issues with Hamid Karzai, President of Afghanistan during Operation ENDURING FREEDOM.

Cayó Kabul, los talibanes volvieron al poder, pero la derrota también impactará el ámbito internacional. ¿Cuán seguros se sienten hoy los aliados de Estados Unidos en el mundo? ¿la OTAN que pensará? ¿Ucrania? ¿Corea del Sur? ¿Japón? Y especialmente, ¿cómo impactará todo esto a nuestra región?

Las críticas recién empiezan, la urgencia es salvar a los militares occidentales y a sus colaboradores afganos más cercanos. Pero es indudable que la administración Biden pagará severos costos. Ya vemos los primeros signos: los sectores ultranacionalistas le reclaman debilidad e improvisación al gobierno demócrata —olvidando que fue Trump quien empezó tratos con los talibanes— y los rusos y chinos hicieron lo mismo hace semanas y meses. El tema se transformará en uno de los principales puntos de la agenda doméstica y electoral.

Para empezar, este desenlace era previsible, ya desde tiempos de Trump los norteamericanos habían anunciado su retiro. Lo que sorprendió fue la rapidez con la que se desmoronó el gobierno pro-occidental y el desbande de su ejército. Con ello, en vez de una retirada ordenada asistimos a una estampida de occidentales que aún no concluye.

La victoria talibana no es vital en el cuadro global, pero si acarrea importantes consecuencias para su región mas inmediata, en especial para India, Pakistán, Irán, China más Rusia y sus aliados limítrofes con los afganos (tayikos y uzbecos).

Pero la potencia que resiente en especial este colapso es Estados Unidos. Por cierto, los antecedentes auguran un fatídico futuro para las mujeres afganas, que se suma a la desmedrada situación que soportan las mujeres en otros países musulmanes y en especial, al secuestro y esclavitud al que bandas terroristas someten a niñas y jóvenes en regiones de África.

En ese contexto, la principal repercusión de la caída de Kabul será en Estados Unidos.

De Saigón a Kabul, las derrotas de EE.UU.

En Mayo de 1975 cayó Saigón. Los mayores recordamos los helicópteros abandonando abarrotados la embajada estadounidense y a los miles de refugiados a bordo de todo tipo de embarcación. La primera gran derrota militar de la potencia occidental en su historia. La sociedad norteamericana fustigó duramente a sus dirigentes, mas de 50,000 jóvenes muertos a miles de kilómetros, muchos más lisiados para toda la vida, un colosal gasto militar y un gigantesco arsenal abandonado a las tropas norvietnamitas.

La derrota agravó la posición del presidente Richard Nixon que ya venía con viento en contra por el escándalo de espionaje al partido demócrata. Nixon corrió la suerte de Saigón. En la durísima critica interna se fue imponiendo la máxima de nunca más intervenir en guerras lejanas. El futuro vería a Estados Unidos usando su diplomacia, su economía, la cooperación militar e incluso su poder blando, como fue la política de los DD.HH. del presidente Carter. Por supuesto, la CIA y demás agencias de inteligencia aumentaron sus acciones encubiertas. Todo cabía, menos enviar tropas. Hasta que Al Qaeda atacó a Estados Unidos el 11-S.

La reacción nacionalista fue gigantesca y demandó castigo a los culpables, y fue entonces que Estados Unidos volvió a intervenir, esta vez en Asia Central, en Iraq y Afganistán. La historia es conocida, y terminó hace pocos días, otra vez con helicópteros y un angustioso puente aéreo.

Gulliver en América Latina

A pesar de las imágenes, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar y económica del mundo y en la región eso se nota aún mas. Un sólo dato: el poderío estratégico del Comando Sur es superior a la totalidad del potencial de todas las FF.AA. latinoamericanas, suponiendo que actuasen de manera combinada. Que decir de la economía.

¿Y qué sucede en América Latina? Estamos en tiempo de pandemia y recesión económica, lo cual retroalimenta la temporada de protestas y movilizaciones que sacuden desde hace un par de años a diferentes países del continente. En esta coyuntura, sobresalen algunos gestos que desafían directamente a la potencia del norte.

Veamos. En El Salvador, el presidente Bukele, que goza de un amplio apoyo, pretende abandonar al dólar y manifiesta su simpatía por Pekín. En Haití, el desastre es sistémico y además de terremotos y temporales, también se dan magnicidios con mercenarios colombianos contratados por una empresa radicada en Miami. Y en Cuba y Nicaragua las autoridades no acusan recibo de los mensajes de Washington.

Sudamérica no canta mal las rancheras y en varios países asistimos a diversos procesos nacionales que ponen en entredicho la hegemonía de Estados Unidos. La OEA muestra sus límites para servir de espacio de diálogo mientras UNASUR colapsó y PROSUR nunca nació. ¿Puede la potencia parapetarse en la región mientras pasa el mal rato afgano? Gran pregunta.

Las dos potencias subregionales, Brasil y México se encuentran en momentos diferentes. Os brasileiros están muito ocupados en su interna. Poco espacio de maniobra.  En cambio, México ha activado su diplomacia: se ha hecho cargo de la CELAC y, sobre todo, sirve de sede a una nueva ronda de negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición.

Si miramos la historia reciente, tras la derrota en Viêt Nam, los americanos oscilaron en América Latina de forma diversa, como paladines de los DD.HH. con Carter, hasta los duros días de Reagan y la contrainsurgencia en Centroamérica. Se puede opinar sobre cual le fue mas fructífera, pero nadie puede negar que después de la derrota en el sudeste asiático, los americanos intensificaron su presencia en el continente.

Agreguemos que la debilidad de la que los conservadores acusan hoy a Biden tiene en Florida uno de sus principales bastiones, y muchas veces Miami ha pautado la política de Washington respecto a América Latina. ¿Ocurrirá lo mismo ahora con la caída de Kabul?

Foto de The U.S. National Archives