El riesgo de una desintegración del MERCOSUR

Por

30 julio, 2021

Co-autor Bernabé Malacalza

Desintegrar, según la Real Academia de la Lengua Española, admite varias acepciones. Una de ellas significa destruir por completo; otra, perder cohesión y fortaleza. La noción de desintegración remite entonces a una pérdida y/o a una destrucción. Acá asumimos que la desintegración es, no solo la antítesis de la integración, sino que refleja el ocaso de un modo de diseñar y aplicar políticas comunes en una amplia gama de asuntos entre Estados vinculados en una comunidad política. En ese sentido, existe el peligro de que el MERCOSUR pudiera, eventualmente, desintegrarse y la responsabilidad mayor será de Argentina y Brasil.

Desde el comienzo de los procesos de democratización en los ochenta y antes del final de la Guerra Fría, ambos asumieron el mérito de una sociedad estratégica. Hoy, el gran producto sub-regional de ese compromiso bilateral, el MERCOSUR, pierde gravitación y es fuente de una creciente divergencia intra-grupo. Año a año aumentan, según la coyuntura nacional en cada país, los MERCO-escépticos, los MERCO-obstaculizadores y los MERCO-impugnadores. Simultáneamente se han acallado las voces de los MERCO-entusiastas, MERCO-pragmáticos y MERCO-comprometidos.

¿Por qué a pesar de los esfuerzos por crear organizaciones internacionales y los beneficios que estas generan los Estados las abandonan o destruyen? La internacionalista Mette Eilstrup-Sangiovanni realizó un estudio basado en el desempeño de 561 organizaciones intergubernamentales creadas entre 1815 y 2006, y llegó a una conclusión sorprendente: el índice de mortalidad ha sido relativamente alto, puesto que aproximadamente dos quintas partes dejaron de existir.

¿Qué lleva al fallecimiento de las organizaciones intergubernamentales? Existen dos tesis. Por un lado, se alude a que las muertes son causadas por cambios en los equilibrios de poder internacional y/o por shocks políticos y económicos externos que reducen la utilidad de los Estados, como fue el caso de la SAARC (Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia) fundada en 1985. Por otro lado, se sostiene que estas organizaciones son propensas a cesar por causas endógenas relacionadas con la fragilidad de su institucionalidad, la reducción de vínculos transnacionales entre los miembros y las divisiones ideológicas, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), creada en 1969 bajo el nombre de Pacto Andino y en estado vegetativo desde 2006.

La actual crisis del MERCOSUR es, en parte, diferente y más compleja. De manera paulatina, se observa una confluencia de factores exógenos y endógenos que actúan como causas inhibidoras —y eventualmente destructoras— del proceso integrador. La encrucijada que enfrenta hoy el MERCOSUR se parece a una combinación de lo que sucedió con la SAARC y la CAN.

Según el internacionalista Stephen Walt, el fracasan o colapsan de estas sociedades se debe a aspectos estratégicos, de poder material y simbólico, políticos y socio-económicos. La SAARC no ha podido organizar una cumbre desde 2014. La última correspondía a Pakistán, pero con el aumento de tensiones tras los ataques terroristas en Bombay en 2016, India boicoteó los intentos de realizar tal cónclave. Llevan siete años sin reuniones y en ese lapso Pakistán consolidó una relación muy estrecha con China, mientras que la India fortaleció su acercamiento a Estados Unidos.

Algo semejante podría acontecer si, por ejemplo, en el escenario de disputa acentuada entre Estados Unidos y China, Argentina y/o Brasil optasen por plegarse a una y otra de las potencias. Así, las respectivas aquiescencias enterrarían el espíritu de convergencia estratégica de la Declaración de Foz de Iguazú de 1985 que selló la amistad entre la Argentina y Brasil.

El MERCOSUR atraviesa, además, el período de menor densidad de vínculos transnacionales económico-comerciales de su historia. Este declive de los intercambios intra-zona comenzó a consolidarse a partir de 2011 y fue acentuándose, de manera abrupta, a partir del avance de la demanda de productos primarios de China que, a la par, contribuyó a la aceleración de un proceso de primarización del bloque.

Frente a ello, los países del MERCOSUR no generaron nuevas condiciones para un re-despegue productivo basado en cadenas de valor agro-industriales o en proyectos conjuntos de diversificación productiva. Por el contrario, se fueron incrementando lentamente dinámicas unilaterales y creencias dogmáticas que desalentaron los lazos productivos.

¿Estamos ad portas de la desintegración?

Una primera lección es que las organizaciones internacionales pueden sucumbir por el estrés ambiental de un shock externo si no generan los suficientes anticuerpos y sus miembros se inclinan a responder afirmativamente a requerimientos de aquiescencia de grandes potencias, tal el caso mencionado de SAARC. Una segunda lección es el riesgo que supone la menor densidad de vínculos transnacionales, las insuficiencias de infraestructura física, la escasa disposición o capacidad innovadora y de inserción en cadenas regionales de valor de las empresas, y la fragilidad social derivada de la escasa participación ciudadana en proyectos conjuntos.

Es posible, como sostiene el internacionalista Andrew Moravcsik respecto a la Unión Europea, que incluso un colapso del euro no ponga en peligro la integración. Sin embargo, las repercusiones de tal evento indudablemente darían un impulso masivo a los movimientos anti-europeos. Finalmente, una tercera lección a subrayar es que las vacilaciones políticas que cada gobierno le otorga a la integración pueden erosionar la cohesión y, con ello, sentar las bases para una desintegración.

Según el sociologo y polítologo Karl Deutsch, un sistema está integrado si, en virtud de la cohesión entre sus miembros, puede afrontar tensiones y presiones, soportar desequilibrios y resistir divisiones. Un ejemplo es el fracaso de la Liga de las Naciones que llegó a tener un apogeo promisorio entre 1924-1929. Por razones particulares en cada país, los gobiernos y la opinión pública en los países occidentales vacilaron en otorgarle relevancia durante el período 1934-1938. El presidente Franklin D. Roosevelt, en un famoso discurso pronunciado en 1937, pedía “la cuarentena de los impugnadores”, pero ni las élites ni las sociedades lo respaldaron.

¿Hay consciencia en los países miembro —en especial, Argentina y Brasil— de lo que podría significar el fin del MERCOSUR?

Ya no se trata de adaptarse a las circunstancias para permitir la supervivencia de MERCOSUR, sino de la necesidad de un esfuerzo, principalmente de la Argentina y Brasil, de rescatar y reactivar el sentido estratégico de este acuerdo que cumple ahora 30 años de existencia. En este marco, resulta urgente, como complemento natural de lo que hagan los gobiernos de turno, estimular y desarrollar la diplomacia ciudadana para que asuma un rol complementario al del Estado.

En definitiva, es indispensable un amplio involucramiento de los ciudadanos —políticos, empresarios, trabajadores, ONGs, sindicalistas, académicos, científicos, comunicadores, artistas, mujeres, jóvenes, etc.— en una recuperación efectiva del ideal integracionista argentino-brasileño y en un relanzamiento franco de MERCOSUR.

_{Bernabé Malacalza esprofesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Torcuato Di Tella. Doctor en Ciencias Sociales. Investigador en Temas Estratégicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).}

_{Foto de Casa de América en Foter.com}

La CELAC ante una nueva encrucijada

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Detlef Nolte

29 julio, 2021

Los presidentes de los estados miembros de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC) se reunirán en septiembre por primera vez desde 2017. La comunidad, que estuvo paralizada por casi tres años y estuvo en riesgo de sufrir la misma suerte que la UNASUR o convertirse en una “organización zombi”, resucitó cuando México asumió la presidencia pro tempore en enero de 2020. Pero el capital político recientemente acumulado podría agotarse rápidamente si la CELAC se convierte en un instrumento de las ambiciones políticas de México y Argentina. El gobierno argentino ya se ha declarado dispuesto a suceder a México y asumir la Presidencia pro tempore de la CELAC en 2022.

Cuando el gobierno de AMLO asumió el liderazgo, se propuso resucitar la CELAC concentrándose en temas de cooperación internacional y dejando de lado las diferencias políticas. La estrategia funcionó. La comunidad, impulsada por la pandemia, aprovechó, a diferencia de otras organizaciones regionales que no cumplieron con las expectativas, a actuar en un campo en el que no había estado activa hasta entonces.

La CELAC y las relaciones entre México y Argentina

Las relaciones entre México y Argentina, ambos con gobiernos de izquierda, se han estrechado desde la elección de Alberto Fernández. A mediados de junio, cuando la OEA condenó con amplia mayoría las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, ambos gobiernos se abstuvieron. Ambos gobiernos comparten, también, las críticas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuya reelección no pudieron evitar. Y a principios de junio, el canciller mexicano, Ebrard, calificó a Almagro como uno de los peores secretarios la historia de la OEA.

El gobierno mexicano aprovechó, además, una reunión de los cancilleres de CELAC en la Ciudad de México para lanzar un nuevo proyecto bolivariano. Parafraseando a Marx, parece que se podría decir que la historia se repite como farsa. El 24 de julio, con presencia de los cancilleres de CELAC el gobierno mexicano organizó un evento para conmemorar a Simón Bolívar, que no tiene nada que ver con la independencia de México, pero que ahora sirve para reclamar un liderazgo mexicano en el proceso de integración latinoamericano. En su afán, el gobierno mexicano olvide que los éxitos de su presidencia pro tempore se debieron al hecho de que se ignoraron deliberadamente temas políticamente controvertidos y dominó un enfoque de cooperar en áreas de política práctica.

El discurso del presidente mexicano en el acto conmemorativo ha producido burbujas de aire que podrían volver a paralizar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como ha sucedido previamente con tantos otros proyectos de integración regional. AMLO planteó la idea de sustituir la OEA, lo que es un tema políticamente controvertido y difícilmente encontrará consenso en América Latina.

Además, propuso “construir algo semejante a la Unión Europea”, lo que es otro ejemplo de un regionalismo puramente declaratorio. Para crear un proyecto comparable a la UE hace falta una sólida base económica, y el comercio intrarregional latinoamericano ha tocado fondo durante la pandemia.

Además, económicamente México está desconectado del resto de América Latina por lo que se necesita mucha fantasía para imaginarlo como el motor de un proyecto autónomo de integración latinoamericana. El TLC con EE.UU. y Canadá y la dependencia económica de EE.UU. imponen límites estrechos al espacio de maniobra económica de México. Y los límites de la independencia de Estados Unidos y de la solidaridad con los países latinoamericanos se hicieron evidentes cuando el gobierno de Trump obligó a México a limitar los flujos migratorios.

Los valores comunes de una comunidad

Además, los integrantes de la UE comparten ciertos valores como el compromiso con la protección de los derechos humanos y la democracia. En los casos de erosión de la democracia y del estado de derecho como es el caso de Polonia y Hungría, el resto de los integrantes ejercen presión para contener las tendencias autoritarias. En contraste, los líderes autoproclamados del nuevo proyecto de integración latinoamericano, Argentina y México, abogan por el silencio en el caso de violaciones a los derechos humanos y de normas democráticas con referencia a los principios de la no intervención y del respeto a la autodeterminación. El presidente mexicano incluso ve a Cuba, por su resistencia contra Estados Unidos, como “la nueva Numancia” y “patrimonio de la humanidad”, pero no menciona las protestas sociales y la represión policial.

Si uno es malicioso puede ver un significado simbólico en el hecho de que, antes de asumir los problemas en la tierra, los países miembros de la CELAC acordaron en primer lugar crear una Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). Pero el enfoque adecuado debe basarse en intensificar la cooperación en temas técnicos, en el sector de salud, en las transformaciones científicas-tecnológicas y en medidas preventivas de desastres naturales y en la protección ambiental para mitigar el cambio climático.

Las ambiciones políticas de México y Argentina, como su aliado principal, han vuelto a poner en riesgo la reciente revitalización de la CELAC. Esto es más cierto cuando la revitalización de la cooperación regional va de la mano de un encubrimiento de las violaciones de derechos humanos en América Latina. Ambos países buscan perfilarse internacionalmente sin grandes esfuerzos para desviar la atención de los problemas domésticas, y en lugar de enfrentarse directamente a Estados Unidos, se esconden detrás del escudo protector de la CELAC.

De cara a la futura presidencia argentina pro tempore de CELAC es importante señalar que debería ser posible cooperar en cuestiones técnicas y criticar abiertamente las violaciones a los derechos humanos y a quienes se saltan las normas democráticas. Solo así los Estados de América Latina y el Caribe podrán convertirse en una comunidad de estados, como sugiere el nombre de la CELAC. Una comunidad presupone un consenso básico sobre valores comunes, no solo a nivel de declaraciones, sino también en la práctica.

_{Foto de Cancillería Argentina em Foter.com}

¿El cosmopolitismo está en los márgenes?

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Sofía Cavalcanti Zanforlin

28 julio, 2021

En la película «Bird City» de Netflix, dos hermanos nigerianos intentan resolver sus problemas personales en medio de trabajos temporales, comunidades de inmigrantes y viviendas improvisadas en la ciudad de São Paulo. Mientras que en la miniserie «September Mornings», de Amazon Prime y que transcurren en la misma ciudad, una mujer negra y trans que convive con inmigrantes nacionales e internacionales y realiza entregas a través de apps, descubre que es el padre de un niño que vive con su madre en un coche y vende lo que puede en los semáforos.

En tiempos de pandemia, en los que la circulación en las ciudades se vuelve limitada, estas dos producciones evidencian experiencias etnográficas donde el encuentro con la diferencia es posible también en las periferias de las ciudades. Los lugares despreciados por los capitales financieros y sus gentrificaciones son los lugares que desbordan vida y nuevas solidaridades.

¿Qué nos enseñan estas producciones sobre el cosmopolitismo?

En primer lugar, es importante entender el término. Cosmopolitismo significa cultivar la buena voluntad de las poblaciones locales y nacionales para que sean empáticas con los extranjeros, especialmente los más vulnerables, más allá de su grupo de identidad o distinción social.

Para la filósofa norteamericana Martha C. Nussbaum, el extranjero, emigrante o refugiado, se convierte en un bienvenido. Ya no como un extraño, sino como un maestro cosmopolita que enseña a la comunidad lo que es ser ciudadano del mundo.

Así, en la era de la conectividad global, el ethos cosmopolita debería convertirse en una necesidad moral. Con los medios de comunicación globalizados, las empresas y los gobiernos ya no pueden mantener en secreto las atrocidades y la ignorancia ya no es una coartada.

Migraciones y cosmopolitismo común

A partir del auge de las migraciones transnacionales y de la llamada crisis de los refugiados de 2015, el antropologo francés Michel Agier desarrolló la idea del cosmopolitismo común para pensar la experiencia global del encuentro cotidiano con el otro, o con quienes viven «situaciones de frontera».

El autor sostiene que lentamente se está formando una condición a partir del encuentro de las llamadas «vidas marginales». Para Agier, el mundo es globalizado e híbrido, y en él se comparten a diario las experiencias de lo desconocido e incierto, y esta condición nace en la frontera.

El informe «Tendencias Globales», publicado en 2021 por ACNUR, señala que 82,4 millones de personas han sido desplazadas por guerras y conflictos en el mundo. En Brasil, el número oficial de refugiados es de 57.099 personas, según el último informe «Refugio en números». Esto lleva a una mayor interconección entre personas ya sea en los lugares de trabajo, en los mercados, los barrios, las escuelas o en el transporte público.

Ante esta nueva realidad, cada vez son más los expertos que defienden la idea de un cosmopolitismo de lo cotidiano, de lo ordinario, que incluye a aquellos cuyas experiencias diarias se sitúan en la frontera, tanto geográfica como cultural, del Norte y del Sur global.

La diversidad ya no es una abstracción de un discurso que invita a una experiencia única, sino la vida cotidiana de las ciudades latinoamericanas. No sólo de las megalópolis como São Paulo, Ciudad de México o Buenos Aires, sino también ciudades grandes y medianas como Recife, Medellín o Santiago de Chile.

Los centros de las ciudades con su maraña de tiendas, oficinas, viviendas, aceras, edificios abandonados y plazas, son el escenario donde se entremezclan acentos, lenguas, alimentos y productos, enredando el flujo de personas con el de mercancías, revelando un sistema de conexiones que tejen nuevas reglas en los márgenes del sistema.

De este modo, la experiencia contemporánea tiene lugar desde un cosmopolitismo fronterizo, marginal, periférico e intersecado por múltiples negociaciones de pertenencia identitaria, de origen étnico y racial, de nacionalidades, de lenguas, de géneros, de clases, pero con un panorama común: la lucha diaria contra la precariedad de los que están en los márgenes.

La idea del geógrafo brasileño Milton Santos sobre la noción de «espacio banal, espacio de toda la gente» es fundamental ya que el espacio del acontecimiento banal donde interactuan los acores incluye lo que Santos llama las «fuerzas centrípetas» que provocan simultaneamente agregación y cohesión. Estos son también los lugares donde escribimos nuestras historias de comunión cotidiana.

Para Milton Santos, la reinvención tiene lugar a través de los pobres que actúan y resignifican el espacio de la ciudad, creando nuevos significados entre lo global y lo local a través de la hibridación de los signos. Podría señalar aquí la Praça da República, en São Paulo, los alrededores de la Avenida Conde da Boa Vista, en Recife, o la Feria de la Salada en las afueras de Buenos Aires como algunos de estos lugares.

Cosmopolitismo desde abajo

Volviendo a las dos producciones audiovisuales, la noción de cosmopolitismo adquiere allí diferentes interpretaciones. No está desconectado de sus raíces griegas, de los estoicos, que señalan a Odiseo, el héroe viajero interesado en la humanidad. Ni de su conexión con los hábitos de consumo de una élite globalizada. Pero en el siglo XXI, también empieza a incorporarse la noción de un cosmopolitismo desde abajo, llevado a cabo por los que están en los márgenes de la sociedad elitista.

Celebremos el cosmopolitismo de los márgenes, de la interseccionalidad de las periferias del mundo, de la mezcla diaria de los flujos transnacionales. Como ethos de la ciudadanía mundial, el cosmopolitismo puede describirse como un intento intelectual de comprender el denominador común —la humanida— disperso en un mundo de caos y diversidad cultural. La pregunta que queda es: ¿comparten estos sujetos una conciencia cosmopolita?

_{Foto de Gustavo Minas no Foter.com}

El conflictivo Bicentenario del Perú

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Álvaro Zapatel

28 julio, 2021

El régimen democrático peruano entra al Bicentenario de la República en medio de la prueba de estrés más compleja registrada en los últimos 20 años. Así como ocurre con los pacientes cardíacos, los sistemas financieros o en una planta nuclear, las pruebas de estrés tienen como propósito medir el nivel de presión que cualquiera de estos puede soportar ante escenarios adversos. Lamentablemente, lo que debiera ser el camino entre el final de una etapa y el comienzo de otra se ha convertido en un tedioso tránsito infestado de baches que amenaza todavía con hacernos tropezar y caer al precipicio de la precariedad y el colapso institucional.

El 28 de julio, Pedro Castillo Terrones, profesor de escuela primaria y dirigente sindical de origen andino, se colocará la banda presidencial tras largos 43 días que han dividido al país en una amarga disputa que ha puesto en agenda la única propuesta de gobierno consistente durante toda la campaña del candidato de izquierdas: convocar a una Asamblea Constituyente con el objetivo de reemplazar a la Constitución vigente, promulgada en 1993.

¿Hacia una nueva Constitución?

Los caminos hacia una nueva Constitución no están delimitados por la Carta Magna vigente, sino solamente las reformas parciales, que, de por sí, deben ser aprobadas en dos legislaturas ordinarias sucesivas por dos tercios de los votos en el Parlamento, es decir, 86 votos. En tal sentido, los malabares del presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, líder del Partido Perú Libre, tendrían que sostenerse en la movilización popular a través de una consulta popular o referéndum que condicione al Congreso a revisar la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente.

El pasado 26 de julio se eligió a la Mesa Directiva del Congreso de la República para el ejercicio parlamentario 2021-2022. En principio se presentaron tres listas, una oficialista en alianza con dos agrupaciones políticas y una congresista no agrupada, y dos listas de oposición. En el Perú, país imaginado por Kafka, el absurdo es la norma, y por eso, la lista oficialista quedó fuera de la contienda por un craso error administrativo, ya que no son admisibles a elección las listas que cuenten con congresistas no agrupados. Por ello, las listas opositoras solicitaron la inadmisibilidad de la lista oficialista y, en votación a mano alzada, obtuvieron su primera victoria política al evitar la inscripción de la lista oficialista para la elección de Mesa Directiva.

Más allá de lo anecdótico, el incidente evidencia una fundamental desorganización y desconocimiento de la facción parlamentaria oficialista que siembra dudas sobre la capacidad de generar una corriente política organizada con el objetivo de promover una Asamblea Constituyente. Asimismo, la oposición adquiere una posición de ventaja que, utilizada irresponsablemente, puede llevar al país a escenarios de vacancia precipitada sin que se hayan consolidado argumentos de indubitable incapacidad moral.

En el mejor de los casos, el flamante gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre navegará en un contexto de severa crisis económica y sanitaria con la mira puesta en un proceso político que entrampará al país en discusiones bizantinas durante dos o tres años. En el peor de los casos, el conflicto entre el oficialismo y la oposición podría terminar en colisión, ya sea con la vacancia de Pedro Castillo o con una suerte de putsch irregular y potencialmente autoritario hacia una Asamblea Constituyente que no respete la vigente regulación constitucional sobre la materia. Lo ideal, aunque improbable, es que el presidente Castillo entienda la urgente necesidad por desenredar la sobrecogedora circunstancia que nos ha llevado a este colapso económico y a cerca de 200,000 muertos por el SARS-CoV2 y se aboque a ello con sentido del deber y visión de largo plazo.

El Bicentenario de Perú se vive con ánimo anticlimático y de pesar

Es penoso percibir en el ánimo colectivo la incertidumbre y desasosiego que han dejado como colofón estos 18 meses pandémicos y de crisis electoral. Quizá se repite, circularmente, el desamparo que los peruanos pudieron sentir en los albores de la República, allá por 1821, cuando se eligió perseguir ese sueño soberano que exige la capacidad de autogobierno.

No obstante, esta crisis puede ser también una nueva oportunidad. Esta puede ser la posibilidad de demostrar que, parafraseando al poeta César Moro, en el Perú no solo se cuecen habas, sino que, recordando al historiador Jorge Basadre, “problema es, en efecto y por desgracia el Perú, pero también, felizmente, posibilidad”.

Feliz Bicentenario, feliz 28 de julio.

_{Foto de braianreyna1 no Foter.com}

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El fin del excepcionalismo cubano

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Andrés Serbin

27 julio, 2021

Desde hace más de seis décadas, la revolución cubana ha sido un referente para los movimientos de izquierda de todo el mundo y en especial para las izquierdas latinoamericanas. La imagen del David revolucionario enfrentando al Goliat del imperio nutrió las narrativas antiimperialistas, revolucionarias y bolivarianas de la región y los discursos de muchos dirigentes políticos. Con frecuencia, esta imagen del faro de la revolución y de la confrontación con los Estados Unidos prevaleció sobre otras miradas y otros análisis del proceso revolucionario en Cuba, contribuyendo a generar una percepción acerca de la excepcionalidad de la isla en relación a otras naciones del continente.

La Isla –así con mayúscula, como es percibida por los propios cubanos– exportó su revolución a otras latitudes y desarrolló una amplia proyección internacional que excedía su tamaño demográfico y territorial y su escala geopolítica. Hasta la implosión de la URSS, la alineación con el bloque socialista contribuyó al desarrollo de una cooperación y una asistencia externa que encubría las dificultades de un régimen político que se sustentaba en un modelo económico estatista y centralizado. Al desaparecer el apoyo soviético, sin embargo, se pusieron en evidencia las dificultades de supervivencia de este modelo, generalmente desdibujadas por una retórica antiimperialista que acusaba al embargo económico estadounidense de las fallas que pudiera acarrear. El eje de cualquier situación problemática por la que atravesara Cuba – el desabastecimiento, el fracaso de una mega-zafra, la emigración por cualquier medio-, parecía personificarse en su dificultosa y hostil relación con los Estados Unidos como causa y razón principal.

Por su parte, la carismática figura de Fidel y de los veteranos de la revolución, incluyendo a su hermano Raúl, encarnados en una élite político-militar que gobernaba el país, garantizaron que el modelo sobreviviera. Chávez y la asistencia petrolera venezolana contribuyeron a esta supervivencia al proveer de un nuevo apoyo económico a la revolución y a la élite gobernante desde la Venezuela bolivariana. Al punto de que Cuba pudo sustituir su rol de faro de la revolución armada por el amable rostro del “honest bróker” entre las guerrillas de Colombia y el gobierno colombiano.

Proceso de cambios

Sin embargo, empujados por la necesidad de introducir una serie de reformas en el modelo económico, al reemplazar Raúl a Fidel Castro en el poder, desde 2008 se comenzó a vislumbrar la posibilidad de que asomara un proceso de cambios. Sin asumir el carácter de “transición” –reminiscente de los cambios en Europa Oriental– ni de “reformas” –propios de los procesos de modernización en China y en Vietnam- ,el proceso avanzó con timidez mediante el desarrollo de la llamada estrategia de “actualización económica y social” anunciada desde 2011, reforzada por la distensión de la “normalización” de las relaciones con los Estados Unidos durante la administración del presidente Obama y refrendada por dos sucesivos congresos del Partido Comunista Cubano (PCC), la aprobación de una nueva constitución en abril de 2019 referéndum mediante, y un conjunto de documentos que culminan en el lanzamiento de la “Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19” en julio de 2020 al inicio de la pandemia.

Sin embargo, como señalan algunos analistas, la última década se caracterizó por ser “una década de reformas incompletas” que no abordaron a fondo las reformas estructurales necesarias para adaptar el modelo a las nuevas condiciones nacionales e internacionales y a mantener los equilibrios sociales internos. La crisis venezolana alejó las posibilidades de apoyarse en un socio similar a la URSS en una fase previa; pese a que China y Rusia invirtieron y cooperaron, a diferentes escalas, con la isla, nunca alcanzaron el carácter de socio estratégico vital que reemplazara a la ayuda soviética, y la relación con los Estados Unidos naufragó -pese a la apertura de 2014- bajo las crecientes restricciones y presiones económicas de Trump que, hasta ahora, no han sido revertidas por Biden.

Las complejas circunstancias que impuso el entorno económico se reflejaron en la escasez de alimentos y de suministros médicos, el aumento del combustible y los cortes de electricidad, los bajos ingresos de la mayoría de la población y una dolarización de la economía que impusieron privaciones múltiples a los ciudadanos cubanos y se sumaron a una creciente represión a los opositores y disidentes políticos para finalmente dar lugar a los estallidos sociales del domingo pasado. Y al inmediato anuncio del presidente Diaz-Canel de llamar a “combatir” a los manifestantes y de convocar a los miembros del partido comunista para enfrentarlos, en un retorno a la retórica de la guerrilla revolucionaria.

Cualquier similitud –pese a la excepcionalidad del llamado modelo cubano– con las reacciones populares frente a elites deslegitimadas, incapaces de gestionar adecuadamente sus economías y de proveer bienes básicos a su población en el resto de la región, no es mera coincidencia. Más allá del brutal impacto de la pandemia, la “mala hora” de América Latina alcanza a todas las elites por igual, independientemente de su filiación política o ideológica, y los “modelos” de cualquier orientación hacen agua frente a la combinación de factores externos e internos que desatan la pandemia, la contracción económica y la fragilidad institucional. Y la excepcionalidad que la revolución otorgó a Cuba –por su modelo socialista y por su enfrentamiento con los Estados Unidos en su momento- parece no escapar a esta tendencia general.

_{*Texto publicado originalmente en La Nación, Argentina}

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¿Qué busca Duque con la nueva reforma tributaria?

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Jaime Tenjo

27 julio, 2021

El 20 de julio el gobierno colombiano presentó al congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria. No solo es uno de los pocos gobiernos latinoamericanos que decide implementar una reforma de este tipo en medio de la pandemia, sino que ya en el mes de mayo tuvo que retirar el controversial proyecto anterior que desembocó en la ola de protestas más grande del Colombia en los últimos cien años.

El gobierno aprendió la lección. Esta nueva reforma es mucho más modesta y el nuevo ministro de Hacienda, Juan Manual Restrepo —el anterior tuvo que renunciar— trató de consensuar con el sector privado y los sectores políticos su contenido. Esta reforma no “pisa callos” de nadie y en su presentación se han enfatizado los aspectos positivos del gasto que se piensa financiar con los nuevos recaudos. Es una reforma planeada para ganar gobernabilidad.

Recaudación de Impuestos

El proyecto espera recaudar 15.4 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares a la tasa de cambio actual), diez billones menos que la fallida reforma de abril. Con este ingreso el gobierno espera recuperar el equilibrio fiscal, iniciar el camino hacia la recuperación de la calificación de deuda por parte de calificadoras internacionales —Fitch y Estándar and Poor— perdida recientemente y financiar programas sociales para mitigar los efectos de la pandemia, políticas de recuperación del empleo y satisfacer algunas demandas surgidas de las protestas recientes.

El Ministro de Hacienda estima que el grueso de estos ingresos —cerca del 70%— será aportado por el sector empresarial y que el resto provendrá de restricción de gastos del gobierno y control a la evasión fiscal. La contribución de las empresas proviene del aumento de la tasa impositiva de 30 a 35% y de una sobretasa temporal (hasta el año 2025) al sector financiero de 3 puntos porcentuales. También de una reducción en la deducción del 100% al 50% del impuesto de Industria que las empresas pueden hacer al calcular sus ganancias gravables.

Aunque es muy temprano para hacer una proyección de los nuevos ingresos, algunos analistas son pesimistas en cuanto a la capacidad del gobierno para reducir sus gastos. Esto debido a que en general son muy rígidos ya que son mandatos constitucionales o de ley y porque en un año de campaña electoral, como es el actual, reducir significativamente la contratación de personal no es fácil. En cuanto a la reducción de la evasión, es cierto que se han logrado algunos avances, pero el proceso ha sido lento y aunque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se ha venido modernizando, probablemente no tiene la capacidad plena de implementar todas las medidas necesarias.

Programas de gasto de la nueva reforma tributaria

Los programas que el gobierno espera financiar con estos recursos buscan aliviar la situación de los grupos más afectados por las medidas implementadas para controlar los efectos de la pandemia, apoyar la generación de empleo como elemento fundamental de la recuperación de la economía y responder a algunas demandas de los jóvenes durante las protestas recientes.

Uno de esos programas es el llamado Ingreso Solidario que consiste en una transferencia de 160.000 pesos colombianos mensuales —unos 42 dólares — a las familias más pobres, según la focalización del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales). El propósito del gobierno es poder mantener este programa hasta finales del 2021.

En cuanto a la generación de empleo, el gobierno tiene el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal), creado el año pasado, para subsidiar a las empresas para que no despidan a sus trabajadores y ha propuesto un programa de subsidios a la nueva generación de empleo. Este último está dirigido a empresas de 50 trabajadores o menos y privilegia la contratación de jóvenes menores 28 años. El gobierno pagará el 25% del salario mínimo —unos 260 dólares— por cada nuevo trabajador joven y 10% si es mayor de 28 años. El propósito es mantener este programa hasta agosto de 2023.

Finalmente, se espera garantizar matrícula gratis en las universidades e institutos de formación técnica y tecnológica oficiales a todos los estudiantes de ingresos bajos. En efecto, esto ya se está implementando en algunas ciudades como Bogotá, pero la idea es convertirlo en una política nacional permanente.

El contexto político colombiano

El contexto político ha determinado la nueva propuesta de reforma tributaria. En marzo 2022 se renovarán totalmente el Senado y la Cámara de Representantes y el 29 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El país está saliendo de la protesta social más grande de su historia reciente —aún hay jóvenes en las calles, la llamada Primera Línea— que afectó profundamente la recuperación económica y la generación de empleo.

Los recientes informes de la CIDH y de Human Rights Watch han sido muy poco favorables al gobierno. No solo por el manejo de la fuerza pública, sino también por la larga serie de asesinatos de líderes sociales ocurridos durante el periodo. El gobierno, además, enfrenta el tercer pico de la pandemia, el más alto y duradero hasta el momento, lo cual ha limitado la capacidad del Presidente y a su partido, el Centro Democrático —presidido por Álvaro Uribe— para gobernar.

En estas condiciones, no era de esperar que el gobierno presentara una reforma profunda que buscara solucionar los problemas estructurales y de equidad que adolece el país. Lo que el gobierno busca con este nuevo proyecto es una reforma que le permita ganar tiempo para organizarse de la mejor manera de cara a las elecciones del año que vienen. Así, el gobierno le deja al próximo presidente la tarea de encontrar soluciones a los problemas sociales y económicos que la pandemia y las protestas han dejado en evidencia.

Episodio relacionado de nuestro podcast con esta nueva reforma tributaria

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Vargas Llosa, el deicida irresponsable

Por

Manuel Alcántara

26 julio, 2021

El oficio de pensar es consustancial con la historia de la humanidad. Vinculado inicialmente a todo lo trascendental que inspiraba el intento de conocer el sentido de la propia existencia y de su propósito final, coqueteó primero con lo mágico para irse desplazando a lo teológico. Entre medias, en nuestro ámbito cultural, se fue creando un espacio peculiar para quienes hacían del pensamiento una forma de vida. Atenas y Roma constituyeron baluartes para esa práctica y pusieron los cimientos de lo que enseguida constituyó la tradición occidental. Si los filósofos de entonces no hicieron sino dar continuidad a las ideas que siglos antes habían ido germinando en oriente, sus supuestos fueron fundamentales para dar paso al Renacimiento y, más tarde, a la Ilustración.

Fue en el siglo XVIII en el que los maestros del pensamiento configuraron una imagen novedosa que llenó los salones de la aristocracia y que la burguesía ya consolidada supo convalidar. Más tarde, a finales del XIX, la nueva figura del intelectual vino a establecerse en la arena pública. Entonces coincidió un triple asentamiento: la afirmación de la nación, la entrada de las masas en la política y la floración de nuevos mecanismos de difusión de las ideas. El recién llegado supo pronto que su actuación tenía efectos inequívocos en la realidad. A su actitud novedosa en la que se hizo imperativo decir la verdad al poder se unía la toma de conciencia de una insólita responsabilidad pública. Vinculado normalmente al mundo de la creación literaria el intelectual se validará por su compromiso en la propia tarea de pensar.

Hoy son personas cuya proyección puede ser mediática o vinculada a soportes comunicativos más estables. Llevan a cabo acciones que se expresan de manera puntual y espontánea o que tienen una cadencia sosegada y constante. Puros guiños que terminan evaporándose en el fragor del ruido diario, aldabonazos que despiertan temporalmente la conciencia, o cuya influencia es profunda y permanente. A veces el personaje público termina oculto por su obra, sea un exabrupto, una imagen o un denso tratado de pensamiento. La gente incluso llega a confundir la autoría con la obra, o, mejor, llega a olvidar a la primera en detrimento de la segunda. Una consecuencia de todo ello es el papel que desempeñan al promover religiones laicas y el consiguiente asentamiento de fanatismos dogmáticos.

Mario Vargas Llosa es el ejemplo por excelencia de uno de los intelectuales más relevantes en el ámbito del español. Su reconocimiento al máximo nivel como novelista, su presencia semanal como articulista en los principales medios, su tarea como conferenciante y su dinamismo en el mundo cultural constituyen su capital simbólico-cultural. Por otra parte, su notoriedad llena sesenta años de creación, de momentos felices, de polémicas relevantes, de amores y odios encendidos. Constituye también un ejemplo excelente de personaje público que en un momento concreto tuvo ambición política y que luego lo contó. Desde su tribuna abarca multitud de temas.

La política peruana se mueve desde hace décadas en un callejón de difícil salida tras haber superado hace un cuarto de siglo los embates de uno de los movimientos guerrilleros más agresivos de toda la región. Todos los presidentes que ha tenido el país desde 1985 hasta muy recientemente han tenido problemas con la justicia. El sistema de partidos prácticamente desapareció a partir de la década de 1990 sustituyéndose por camarillas de candidatos. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo son complejas cuando no malsanas. Sin embargo, de las diferentes dimensiones de la democracia como es la electoral las valoraciones de su rendimiento son correctas.

Así, el país viene celebrando ininterrumpidamente sus comicios presidenciales y legislativos cada cinco años con resultados aceptables y validados internacionalmente. Desde 2001 hasta 2021 los presidentes electos lo fueron desde posiciones políticas diferentes y el margen de victoria fue corto tendiendo a hacerse cada vez más pequeño. Así: Alejandro Toledo ganó en 2001 a Alan García por una ventaja del 6,2%, este a Ollanta Humala en 2006 por el 5,3%, este a Keiko Fujimori en 2011 por el 2,9%, Pedro Pablo Kuczynski a Keiko por el 0,3% en 2016 y, ahora, Pedro Castillo a Keiko, otra vez, por el 0,2%.

En su columna semanal del 20 de junio Vargas Llosa escribió: “Mi impresión, desde el lejano Madrid y a través de las múltiples y contradictorias informaciones que me llegan, es, cada día más, de que ha habido graves irregularidades… “ Tres semanas después sostuvo: “…la presidencia de Castillo parece consumarse pese al fraude perpetrado por Perú Libre que acompañó dichos comicios, por obra de un Jurado Nacional de Elecciones que resiste impávido todas las demostraciones en contrario”.

Con ello el afamado novelista comete dos graves deslices.

El primero tiene que ver con su caída en la moda presente del uso de los hechos alternativos. Frente a la existencia de una realidad evaluada y administrada por quienes están institucionalmente nominados para hacerlo exhibe una supuesta verdad diferente definida de manera ambigua y consistencia precaria. Su proclama es inmediatamente asumida como prueba fehaciente por la parte derrotada.

El segundo es más preocupante pues cae en una irresponsabilidad de lesa humanidad. De entre las muchas facetas que la actuación pública de un intelectual trae consigo hay dos que configuran un bucle cuyo hilo conductor es la idea de responsabilidad. Existe un compromiso del actor con las implicaciones que sus acciones generan en otros y se da un cierto nivel de exigencia a la hora de mantener coherencia con sus acciones realizadas en el tiempo.

Ahora bien, ésta es muy difícil de mantener a lo largo de una vida en cuyo entorno se registran tantos cambios ideológicos profundos. Vargas Llosa, que escribió en 1971 el ensayo sobre García Márquez titulado La historia de un deicidio, cuando apoyaba fervientemente la revolución cubana, ahora, parafraseando a Max Weber, abraza exclusivamente la ética de la convicción alejándose de la ética de la responsabilidad que exige tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia opinión. El Perú no lo merece.

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La tendencia hacia los pagos digitales en América Latina

Por

Juan Pablo D'Antiochia

25 julio, 2021

En 2020, América Latina experimentó cambios impactantes en los canales de pago en medio de la pandemia. Los índices comparativamente más bajos de penetración del comercio electrónico, junto con un mercado de puntos de venta dominado por el efectivo físico, sufrieron un cambio radical que se extendió por toda América Latina. El Covid-19 puso de manifiesto las desventajas del papel moneda y obligó a millones de empresas y consumidores a recurrir a las alternativas de pago disponibles.

El volumen de transacciones de comercio electrónico se ha disparado en la región durante el último año, a pesar de un clima de recesión que ha reducido el tamaño global de la economía. Muchos latinoamericanos recurrieron al comercio electrónico por primera vez durante la pandemia de Covid-19. Para hacernos una idea, más de diez millones de consumidores de esta región hicieron su primera compra digital por la necesidad impuesta por la crisis sanitaria. Y el efectivo en el punto de venta se redujo en un 34,7% como consecuencia de la pandemia; en 2019, el efectivo fue el pilar del comercio latinoamericano, acaparando la mayor parte del gasto en el punto de venta.

Se prevé que las transacciones de comercio electrónico en América Latina superen los 160.000 millones de dólares en 2024, con tasas de crecimiento continuas de dos dígitos en las mayores economías de la región: Brasil (11,9%), México (15,8%) y Argentina (22,3%). La baja penetración del comercio electrónico en la región sugiere además que América Latina ofrecerá un fuerte potencial de crecimiento a lo largo de la presente década.

La ventaja de los pagos a plazos, muy extendidos en esta región, hace que las tarjetas de crédito sigan siendo bastante populares: siguen estando a la cabeza de los medios de pago electrónicos en los seis países latinoamericanos que aparecen, por ejemplo, en el estudio The Global Payments Report 2021, siendo el porcentaje más bajo de la región el 29,1% de México y el más alto el 43,2% de Brasil.

El débito, por su parte, ha crecido un 37% en el último año, pasando del 11,9% (2019) al 16,3%. El aumento de este método de pago se atribuye a la mayor cantidad de compras de pequeño valor, ya que el gasto diario que antes se realizaba en el punto de venta se ha trasladado a Internet. Además, los gobiernos y los bancos también han promovido su uso como alternativa al efectivo físico.

Con una serie de transformaciones que se están produciendo en diferentes segmentos, la pandemia también ha acelerado el crecimiento de los monederos digitales en tres años, superando la proyección anterior a Covid-19 para 2023. Esto significa que el uso de recursos tecnológicos, como los programas informáticos ofrecidos al público en forma de aplicaciones como teléfonos inteligentes, ordenadores y otros medios digitales, para realizar pagos y transferencias se ha vuelto más común en la actualidad.

El análisis de The Global Payments Report indica que se espera que los monederos digitales continúen su sólido crecimiento, superando a las tarjetas de crédito para convertirse en el principal método de pago de comercio electrónico en la región para 2024, cuando se espera que capten el 31,2% de las transacciones de comercio electrónico.

Según el estudio, los monederos digitales y el débito son los únicos métodos de pago del comercio electrónico que se prevé que crezcan hasta 2024. Las tarjetas de crédito, las tarjetas de compra, las transferencias bancarias, el pago contra reembolso y los servicios de pospago, por otro lado, tendrán un descenso gradual de la participación en los pagos del comercio electrónico.

Si por un lado se produjo el crecimiento de los medios de pago alternativos derivados de la pandemia, como las billeteras digitales y las transferencias bancarias, el uso del efectivo mostró un descenso en el comercio en toda la región latinoamericana: 31,3% en Argentina, 24,9% en Brasil y 36,8% en México. El declive del efectivo en el punto de venta ha sido absorbido por las tarjetas, la financiación de los puntos de venta y, sobre todo, los monederos digitales. Todas las formas de pago con tarjeta experimentaron un aumento de la cuota de los pagos en los puntos de venta en la región: las tarjetas de crédito ganaron un 17% en 2019 para alcanzar el 26,1% del gasto en 2020, mientras que las tarjetas de débito ganaron un 37,3% en 2019 para alcanzar el 23, 2%.

Tanto las tarjetas de compra como las de prepago han adquirido una mayor presencia en la región. Las opciones de financiación en el punto de venta alcanzaron un punto de comodidad entre los consumidores latinoamericanos en los planes de pago, incluyendo las soluciones de mercado, los servicios de «compre ahora, pague después» y las ofertas de financiación por parte de los comerciantes. Una nueva categoría analizada este año, la financiación en el punto de venta, captó el 3,7% del gasto en el punto de venta de la región en 2020.

Teniendo en cuenta el periodo que va desde el año pasado hasta 2024, el descenso del efectivo continuará sin contratiempos significativos, sea cual sea la trayectoria de la pandemia. Sabemos que una vez que el consumidor disfruta de una experiencia positiva y segura, no volverá a los métodos y canales del pasado. Y así lo muestran algunas proyecciones, que indican que el efectivo físico caerá otro 36,1% desde los niveles de 2020, abandonando la primera posición en medios de pago en el TPV para 2024.

Las polémicas ciudades modelo en Honduras

Por

Dardo Justino Rodríguez

24 julio, 2021

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), —promocionadas como ciudades modelo— aprobadas por ley en Honduras en septiembre de 2013 tras un proceso controvertido, han recorrido un largo camino aletargado para explotar en este año electoral. Tras varios amagues previos de crear estos emprendimientos en Amapala, en el sur del país, en Choloma, al norte de San Pedro Sula u otras zonas de la costa caribeña, parece que esta vez va en serio. En marzo pasado, súbitamente, estallaron protestas en Crawfish Rock, en la isla de Roatán, contra la ZEDE Roatán Próspera, montada por un consorcio de inversionistas internacionales (Honduras Próspera) sin ninguna consulta previa a las autoridades ni a la comunidad.

Previamente, en abril de 2019, se corrió la bola de la construcción de la primera ZEDE en Choloma, departamento Cortés, bajo el nombre de Ciudad Morazán, pero no fue hasta octubre de 2020 cuando trascendieron algunas novedades, cuando se afirmó que el emprendimiento llevaba invertidos unos 90 millones de dólares en la compra de un terreno, viviendas y edificios de oficinas.

Se ignora quiénes son los inversores de Roatán Próspera y de Ciudad Morazán, pero se infiere que serían los mismos capitales. Ahora bien, ¿quién invertiría en proyectos fuertemente criticados por empresarios, políticos, líderes confesionales, académicos, sindicalistas y referentes sociales?

Las quejas contra las ZEDE parten de todos los sectores, excepto de aquellos que todavía permanecen junto al presidente Juan Orlando Hernández (JOH) y defienden sus planes.

Ciertos analistas sospechan que es probable que los inversores detrás de estos emprendimientos sean el propio presidente y su círculo más íntimo. No es tan alocada la inferencia. Capital financiero no les faltaría, pues a lo largo de tres administraciones cachurecas —como se conoce a los nacionalistas—, les han llovido denunciadas por corrupción y vínculos con el narcotráfico.

El origen de las ZEDE

Todo comenzó cuando el actual primer mandatario, JOH, era presidente del Congreso Nacional. Su idea era crear ciudades modelo sobre la base de experiencias previas vigentes en diversas partes del mundo. Las primeras menciones sobre estas iniciativas en Honduras surgieron en 2011.

El concepto, originalmente, estaba basado en la idea de «ciudades chárter», desarrollado por el economista Paul Romer, por esos días profesor de la Universidad de Nueva York y posteriormente economista en jefe del Banco Mundial. Pero el académico, que inicialmente apoyó y hasta asesoró la iniciativa de Hernández, finalmente tomó distancia de los planes de Honduras por no estar de acuerdo con el rumbo que tomaban el proyecto.

En 2012, tras un fallo adverso al primer proyecto presentado sobre las ciudades modelo, cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron destituidos por el Congreso. La excusa fue que se habían opuesto al proceso de depuración policial, otro controversial proyecto de JOH. Sólo sobrevivió el magistrado Oscar Fernando Chinchilla Banegas, quien había votado a favor de las iniciativas. Como premio a su lealtad, Chinchilla ya lleva dos períodos como Fiscal General del Ministerio Público.

¿Refugios para los corruptos?

Crecen las espeulaciones de que las ZEDE pueden convertirse en refugio, por lo menos temporal, para los ahora funcionarios cuando dejen el poder. Los riesgos de ser denunciados ante la justicia por el nuevo gobierno, incluso si éste también fuera cachureco, son altos. Además, existe el riesgo de ser requeridos por la Justicia de Estados Unidos por sus supuestas relaciones con los carteles de la droga.

Rrecientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó jurisdicciones especiales para las ZEDE, con jueces y tribunales propios, aunque, de acuerdo con la resolución, “sujetos a la Constitución Política de la República”. Según la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, estas zonas son áreas del territorio nacional sujetas a un «régimen especial» en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.

Esto implica, según la ley, que las ZEDE «deben establecer sus propios órganos de seguridad interna (….) incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario».

Las reacciones contrarias

Ante la concreción de un par de ZEDE, con la posibilidad de que sean muchas más, la sociedad hondureña ha reaccionado airadamente de forma casi unánime. Desde el empresariado, el todo poderoso Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), así como las Cámaras de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y de San Pedro Sula (Cortés), las más fuertes en el país, se han pronunciado en contra de estas iniciativas, incluso con argumentos bien fundamentados para justificar su posición.

Asimismo, la Iglesia Católica, comandada por un cardenal afín al oficialista Partido Nacional, por familia y convicción, y la Confraternidad Evangélica de Honduras, un sector cuyos pastores han sido fuerte apoyo de JOH desde hace años, se han pronunciado en contra, aunque con diferentes matices. Y en muchos municipios, se ha llamado a Cabildo Abierto, una figura constitucional que permite a la población opinar y decidir sobre temas inherentes a la vida dentro de su jurisdicción. Todos los cabildos concretados se han pronunciado para ser “territorios libres de ZEDE”.

Sin embargo, para el gobierno sólo vale lo que el presidente y sus funcionarios promueven. Con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, que se infiere serán conflictivas, escasamente transparentes y con posibilidades de un nuevo fraude, las ZEDE se han convertido en un punto más de fricción.

China en América latina: el Partido y los partidos

Por

Fabián Bosoer

23 julio, 2021

La proyección de China como potencia mundial no es solo económica y geopolítica. Empieza a serlo, también, en la dimensión política e ideológica, en los términos de lo que se da en llamar el “soft power” y las batallas por la hegemonía cultural: cómo influyen las ideas, imágenes y simbologías en el devenir político de los países y en los debates nacionales. La pandemia coloca además otro factor en esta pugna global: la pregunta por los “modelos” más efectivos o «exitosos» para salir de la crisis sanitaria que afecta a la humanidad.

Así lo mostró la reciente Cumbre del Partido Comunista Chino y los partidos políticos del mundo, un megaevento virtual organizado en el marco de la celebración del centenario del PCCh, del que participaron más de un centenar de dirigentes de más de 160 países, encabezado por el presidente de la República Popular China y secretario general del Comité Central del PCCh, Xi Jinping.

Allí hubo de todo. Entre ellos, numerosos líderes y dirigentes latinoamericanos: el presidente argentino Alberto Fernández, que es también actualmente el titular del Partido Justicialista, cabecera de la coalición gobernante, el Frente de Todos; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, secretario general del partido comunista cubano; Evo Morales, ex presidente de Bolivia acompañado por una delegación del MAS (Movimiento al Socialismo) actualmente gobernante en su país, representantes de partidos comunistas de varios países de América latina, africanos y asiáticos y referentes de movimientos de izquierda alternativa europeos.

Estuvieron también presentes desde el presidente sudafricano y líder del Congreso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa, y el ex presidente de Rusia y viceministro del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvedev, hasta líderes con dudosas credenciales democráticas como Nursultán Nazarbáyev, ex jefe de estado de Kazajistán entre 1990 y 2019 y Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas que gobierna con ley marcial y ejecuciones sumarias. Prácticamente no se vieron mujeres entre los participantes.

La novedad es que en esta etapa de su “ascenso pacífico”, la República Popular China, al tiempo que aboga por el principio de no injerencia en el escenario internacional, adopta un mayor activismo en cobijar, alentar y promover a fuerzas políticas desencantadas, críticas o manifiestamente adversas a la democracia liberal, tal como esta ha sido concebida, establecida y alcanzada en el mundo occidental y expandida en el mundo entero a lo largo del último siglo.

Tras la tercera ola de democratización, así definida por Samuel Huntington, que acompañó el fin de la Guerra Fría (1974-1990) y la cuarta ola democratizadora que impulsó otras tantas movilizaciones y avances en la conquista de derechos, entrados en las primeras dos décadas de este siglo XXI, hace tiempo que se vienen observando indicadores que mostrarían la entrada en un ciclo de reversión, recesión o retroceso de la democracia, los que afectan tanto a países centrales con democracias maduras como del mundo emergente, con democracias más recientes.

Un desafío claro al liderazgo alicaído de los EE.UU. en la materia, que puede ser leído de dos maneras: como una reedición de la bipolaridad Este/Oeste, en la que Beijing ocupa el lugar que tuvo Moscú en tiempos de la Guerra Fría, o como un aliento de la multipolaridad y el multilateralismo, tendencias ambas que pueden ser concurrentes o divergentes y conflictivas. En esta cumbre, el anfitrión Xi Jinping señaló que “el juicio sobre si un país es democrático o no debe hacerlo su propio pueblo, no un puñado de otras personas”.

Xi destacó, además, el papel de “los partidos políticos como una fuerza importante para impulsar el progreso de la humanidad” para continuar afirmando que estos “deben trazar el camino correcto a seguir y asumir la responsabilidad histórica de garantizar el bienestar del pueblo”. Esa es la diferencia sustancial: hay quienes creen que “el camino correcto” ya está escrito y transitado en el pasado y solo cabe tomar esa senda fijada, reprimiendo o despreciando a quienes se aparten de ella, y hay quienes creen que tal camino es aquel que se define garantizando que los pueblos se puedan expresar, elegir y decidir libremente su destino.

Bienvenido entonces este reconocimiento desde la República Popular China a la importancia de “los partidos políticos”, así puesto: en plural. Aunque en China, partido hay uno solo, claro. Podría estar evidenciando un mayor acercamiento y comprensión de los líderes chinos a la experiencia histórica de la modernidad occidental, de la que forma parte, con sus particularidades, América latina. Desde las primeras luchas por la emancipación en el siglo XIX, los pueblos latinoamericanos se agruparon en partidos políticos para alcanzar su autodeterminación, libraron cruentas guerras civiles, sufrieron dictaduras y encontraron en la democracia pluralista el menos malo de los sistemas políticos para resolver sus conflictos y convivir en paz.

Por eso, quienes rinden alabanzas al «modelo chino» o pretenden replicar la “democracia de partido único” como una supuesta alternativa a la democracia pluralista, están errando el camino. No creen que la verdadera democracia deba garantizar elecciones libres y competitivas. No les interesa mucho la importancia fundamental de la libertad de expresión y el derecho a la crítica y la protesta, cualquiera fuera el signo del gobierno o los contenidos de sus políticas. No creen que la alternancia en el poder entre distintas fuerzas políticas sea algo beneficioso para las sociedades. Justifican la licitud de censurar, prohibir, perseguir o reprimir a quienes cuestionan que un gobierno pueda controlar todos los resortes de la vida de un país.

Deberían reconocer que lo que en realidad están reivindicando es alguna forma de dictadura. Por las razones y justificativos que fueran. No lo hacen porque no pueden sostener de manera creíble los supuestos beneficios de una dictadura. Es más fácil, entonces, sembrar la prédica sobre los defectos de las democracias. China, mientras tanto, observa expectante. Y proyecta a escala planetaria su visión del mundo que viene.

_{*Este texto es una versión ampliada de un texto publicado originalmente en Clarín, Argentina.}