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Una región, todas las voces

Caminos para el desarrollo de Haití

Por
Walter de Oliveira
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Coautor Robson Dias da Silva

El primer país latinoamericano en convertirse en república, Haití, es uno de los más pobres del mundo. Cuenta con bajísimos índices de desarrollo humano y social y ocho de cada diez de sus 11,2 millones de habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza, o sea menos de dos dólares al día. La agricultura de autosubsistencia es el principal medio de abastecimiento de alimentos, tanto en las zonas rurales como urbanas muy pobladas. Por lo tanto, el país que comprende la parte occidental de la isla de La Española, sufre la amenaza constante de no poder garantizar una alimentación regular y de calidad a la mayoría de su población.

Economía de subsistencia

Casi dos tercios de los haitianos sobreviven de la agricultura de subsistencia orientada al mercado interno, produciendo principalmente cereales, legumbres y alimentos básicos, haciendo de la agricultura la principal base económica del país. Aproximadamente el 78% de las familias participan de alguna manera en actividades agrícolas. Y la superficie cultivada está dividida en aproximadamente un millón de unidades agrícolas, de las cuales cerca del 80% están en manos de pequeños agricultores con parcelas inferiores a 1,3 hectáreas.

Estos pequeños agricultores se enfrentan a grandes dificultades de producción como la pérdida de fertilidad del suelo, el cambio climático, un débil sistema de financiación, acceso restringido a semillas de calidad e inestabilidad del mercado local. Pero también existen desafíos desde el punto de vista de la transformación y la comercialización debido a la escasa infraestructura con una pobre capacidad de almacenamiento y la falta de conexiones con carreteras y redes de transporte.

Como base de la económica nacional, la agricultura desempeña un papel fundamental en el suministro de alimentos y la generación de ingresos a nivel local. Además, el sector es clave para aumentar la resiliencia de otras actividades económicas y adaptar el país a los riesgos impuestos por las catástrofes naturales. Por lo tanto, la agricultura haitiana no sólo podría mejorar significativamente la seguridad alimentaria del país, sino también impulsar su economía y hacer que el país sea más seguro desde el punto de vista medioambiental.

Entre 1998 y 2012, un período de relativo crecimiento en las economías de América Latina y el Caribe, la expansión de Haití fue de apenas el 1,0% anual, muy por debajo de lo necesario para reducir los niveles de pobreza. Pero en 2019, el país redujo aún más su pobre crecimiento al 0,7%.

En el primer año de la pandemia, según estimaciones de las Naciones Unidas, la economía haitiana se contrajo un 2,0% y se espera que este año el descenso sea de alrededor del 1,8%. La pandemia, por lo tanto, se suma como un elemento más al ya complejo escenario nacional, resultante de años de inestabilidad política, guerra civil y desastres naturales como el terremoto de 2010 y el huracán Matthew de 2016.

Hacia una transformación productiva

La geografía, el potencial agrícola, los recursos naturales, la cultura y la historia de Haití lo convierten en un país rico en oportunidades. Sin embargo, para iniciar un proceso de transformación productiva y social, se necesitan políticas claras, integrales y adaptadas para apoyar a los pequeños agricultores y a las pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor agrícola.

En este sentido ¿Cómo se podría transformar, ampliar y fomentar la agricultura haitiana reforzando la pequeña producción agrícola? Hay dos áreas prioritarias de intervención con un claro potencial para aumentar la productividad agrícola, impulsar los ingresos rurales y mejorar la seguridad alimentaria en el país.

En primer lugar, hay que promover la diversificación de las fuentes de ingresos entre los hogares rurales. Al diversificar la producción agrícola, los riesgos asociados tenderían a reducirse, lo que permitiría aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria nacional. Todo esto haría que el país fuera más resistente y menos vulnerable a las crisis.

Foto de Alex E. Proimos en Foter.com

Y, en segundo lugar, hay que mejorar el rendimiento de los mercados rurales. La productividad agrícola se ve afectada por la limitada disponibilidad y los altos costes de los insumos de producción. Además, la falta de acceso fiable a los mercados reduce el interés por invertir en la mejora de la producción agrícola.

Teniendo esto en cuenta, los responsables políticos y demás actores deberían centrarse en ampliar la diversificación y mejorar el acceso a los mercados, los instrumentos financieros y la asistencia tecnológica agrícola y climática. Se necesitan políticas que promuevan y refuercen los vínculos entre las ciudades y el campo para facilitar el acceso de los pequeños agricultores a los mercados.

Dichas políticas deberían incentivar a los agricultores a aumentar la producción, la transformación y la comercialización mediante el acceso al crédito, seguros agrícolas, priorización de la producción local, fomento del sector privado para que se comprometa con los pequeños agricultores. Además, se debe apoyar la creación de cooperativas de producción y comercialización, asociaciones de agricultores e incentivos para proteger y preservar el medio ambiente.

Para ello, se debe reforzar la investigación destinada a identificar las actividades agrícolas más adecuadas para cada zona de producción agroecológica. También debe fomentarse el fortalecimiento de los servicios de extensión con iniciativas como las Escuelas de Campo o la FAO, y una mayor disponibilidad y accesibilidad a los insumos clave como semillas y fertilizantes.

Desarrollo de actividades no agrícolas

Además, se deben promover actividades no agrícolas para diversificar las fuentes de ingreso de las familias rurales. Esto contribuiría a reducir la vulnerabilidad y a establecer una planificación a largo plazo, que es esencial para hacer frente a los riesgos climáticos tan presentes en el país.

Para ello, las inversiones deben dirigirse a reducir las barreras a la educación básica, la formación profesional, el capital inicial, el acceso a los servicios básicos y a los mercados. La “industrialización sin chimeneas” podría utilizarse como marco para buscar cambios estructurales, no sólo en los países y comunidades subsaharianas como se ha debatido en los foros mundiales, sino también en Haití y otros países del Caribe.

Por último, la ampliación del crédito y la reducción del coste de producción están directamente asociadas a la reducción del riesgo, que en Haití tiene un fuerte contenido climático. Por ello, la adopción de instrumentos financieros innovadores como los seguros paramétricos podría ser una herramienta útil.

Al compartir los riesgos con diferentes regiones y mercados —locales y externos— se daría un primer paso hacia el fortalecimiento de los mercados financieros y la creación de acuerdos institucionales supranacionales que aumentarían las cantidades disponibles para los agricultores. Así se ampliarían sus mercados y reducirían los riesgos relacionados a los huracanes y las inundaciones.

Este tipo de seguro, al vincular un menor riesgo con el desarrollo de tecnologías y la adopción de medidas respetuosas con el clima, actuaría como fuerza motivadora para la adopción de nuevas prácticas. Y especialmente las sugeridas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para garantizar que los países y las partes interesadas sean resistentes al cambio climático.

El pueblo de Haití merece el apoyo mundial.

Robson Dias da Silva es economista y profesor de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ). Doctor en Desarrollo Económico por la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP).

Foto de Nathan Congleton en Foter.com

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Solidaridad, identidades y desgaste de lo público

Por
Esteban Caballero
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Vivimos una época de transición, con constantes turbulencias y contrastes. Somos muchos los que tenemos la convicción de que las crisis se superan mediante la cooperación y el esfuerzo mancomunado, para lo cual la solidaridad del ser humano juega un rol aglutinante que permite el acople de los engranajes. El padre de la sociología moderna, Emile Durkheim, advertía que, sin ese componente unificador, armonizador, la cohesión social se iría deshilachando hasta caer en mil pedazos. Hoy, esta distopía de un resquebrajamiento social general no deja de ser una posibilidad.

En este primer cuarto de siglo las tensiones parecen ir en aumento, vivimos una época en que las sociedades oscilan entre fuerzas centrífugas que intentan llevar hacia un centro solidario los pedazos dispersos, y fuerzas centrípetas, que dispersan las voluntades, dejando tras su paso desechos sociales. Una problemática amplia y general, con múltiples variantes y facetas, y con expresiones a nivel familiar, comunitario y social.

Comportamientos solidarios

Durante la pandemia hemos visto cómo en los niveles familiares y comunitarios las personas son capaces de generar comportamientos solidarios frente a la enfermedad. La resiliencia que genera la agencia solidaria en esos niveles es sin duda conmovedora y la tragedia humana sería aún más patente si no hubiese ese agenciamiento, pero las cosas se complican cuando abordamos el tema a nivel social.

Es a nivel macro que las colectividades o grupos humanos se convierten en masas anónimas. Es ahí donde hay mayores posibilidades de que se forme un “ellos” y un “nosotros”, y que “los otros” se reconozcan no mediante un contacto directo y palpable, sino de forma mediatizada, con narrativas teñidas de ideologías, prejuicios y malos entendidos.

Hoy por hoy, esta mediatización del otro está exacerbada por las redes y el sin fin de grupos y comunidades virtuales que se forman en ese mar de informaciones, desinformaciones, invitaciones al odio, teorías conspirativas y demás. El resultado es una fragmentación identitaria que hace difícil apelar a los lazos solidarios y por ende conformar proyectos colectivos a largo plazo.  Más aún, no se trata sólo de que el otro sea mediatizado en un solo momento, sino que hay una constante batalla de calificaciones y descalificaciones que neutralizan o destruyen voces legítimas con voluntad de construir. 

Nuevas tácticas políticas

La política es uno de los ámbitos más afectados y, a su vez, que más afecta por este fenómeno. Las nuevas tácticas políticas que ocupan el espacio mediático apuntan con insistencia a la formación de narrativas ancladas en el binomio amigo-enemigo. Lo que en otras épocas era establecer la diferencia entre una fuerza y otra haciendo referencia a la política pública, hoy se está replanteando en términos de un “nosotros” y un “ellos”, los que somos y los que no. Descalificaciones que pueden basarse en las identidades más generales como la religión, la etnia y la nacionalidad, o en las más específicas como los que creen en el derecho animal y los que no.

De hecho, el gran desafío para las campañas electorales actualmente, es poder por un lado crear la línea divisoria y descalificadora, para luego ir sumando los pedazos en el terreno propio. Se divide y se crean amalgamas que produzcan mayorías electorales. Esta táctica da resultados en el corto plazo, pero corre en detrimento de construcciones programáticas más sustantivas que le den a la política su cariz transformador a largo plazo. Con el peligro adicional que cuando esas amalgamas se construyen sobre identidades excluyentes del otro, es más probable que la polarización coyuntural implícita en cada período electoral se convierta en una polarización endémica que impida todo esfuerzo de reconstrucción.

Estas dinámicas pueden ser doblemente destructivas en momentos históricos como los que estamos pasando. En este nuevo ciclo político latinoamericano que se está abriendo paso, las grandes reformas serán ineludibles si queremos enfrentar los temas como la desigualdad, la pandemia o el cambio climático. Hoy, la solidaridad no pasa solo por ayudar al vecino o al hermano, sino que debe proyectarse en medidas mucho más complejas como el pacto fiscal, el fortalecimiento de sistemas de protección social, la transición a una economía verde, la multiculturalidad, el reconocimiento de la diversidad, entre otros. Todo ello, en democracia y con libertad.

La política ya no puede sólo hacerle el juego a la fragmentación identitaria premiando una gestión política transaccional. Se trata en todo caso de promover liderazgos y dirigencias políticas capaces de recuperar el sentido de nociones como “el interés público”, “el bien común” o la “voluntad general”. Términos que hoy por hoy son recibidos con enorme escepticismo y desafección, justamente porque el ámbito público está contagiado por la misma virulencia que aqueja al mundo de los fragmentos.

Cualquier concepto que nos remita a la idea de trazar una hoja de ruta para el Estado, requiere hoy de un doble esfuerzo si se quiere que pase por las distintas instancias del Gobierno. Los liderazgos que se van presentando para el nuevo ciclo no podrán dejar de constatar que la época que les tocará gestionar no será “normal”. Hay una elevación necesaria de la gestión política. Ello implica que inclusive los nombres que ya están en ruta para dirigir el nuevo ciclo, véase Guillermo Lasso en Ecuador, Gustavo Petro o Sergio Fajardo en Colombia, Lula y otros en el Brasil, tendrán que entrar con otro paradigma y sobre todo recuperar las ideas de equipo, política pública basada en evidencia y de pensamiento estratégico, con el fin de contrarrestar la fragmentación. Las incógnitas son innumerables, pero el margen de acción es sumamente estrecho, si se quiere recuperar ese centro solidario que nos permitirá superar el desafío.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de JorGe Loor Bowen en Foter.com

¿Y Zé Gotinha? Bolsonaro y su rechazo a la vacuna

Por
Carolina de Paula
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En el primer discurso tras recuperar sus derechos políticos —mediante la anulación, por parte del STF, de las condenas que sufrió en la Operación Lava Jato— el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se preguntó: «¿Dónde está nuestro querido Zé Gotinha?».

“Zé Gotinha» ha sido un personaje muy simbólico en Brasil durante las campañas de vacunación dirigidas a niños y adultos. Carismático y popular, desde los años 80 ha contribuido a impulsar el éxito de las campañas nacionales promovidas por el Ministerio de Salud, convirtiendo a Brasil en un ejemplo a seguir en materia de vacunación masiva. Por lo tanto, su ausencia durante la inmunización contra el Covid-19 se hizo sentir.   

El descuido del gobierno central

La crítica del expresidente, el 10 de marzo de 2021, sobre el retraso/descuido del actual gobierno en el proceso de compra y distribución de la vacuna, estaba en la mente de muchos. Anclados en la línea de salida, asistimos atónitos al avance de la carrera mundial por la inmunización, mientras ocupábamos —y desgraciadamente seguimos ocupando— el epicentro mundial de la crisis sanitaria, con una media de 2 mil muertes diarias ese mes.

Lo que no sabíamos todavía, y hemos sabido oficialmente ahora en mayo, es que “Zé Gotinha”, es decir, el hito inicial de nuestra campaña nacional de vacunación podría haber aparecido ya en 2020. 

El 13 de mayo, el gerente general de Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, afirmó ante la Comisión Parlamentar de Consulta (CPI) Covid-19 del Senado que la empresa hizo al menos cinco ofertas de dosis de vacunas contra el coronavirus a Brasil. Ni siquiera hubo respuesta a las cartas dirigidas a varios miembros del Planalto en 2020. Según los datos de Murillo, se hubiera podido disponer de 70 millones de unidades del inmunizador hasta el segundo trimestre de este año.

Foto de Isac Nobrega

No por casualidad, el 19 de marzo, diez días después de que el discurso del expresidente Lula se difundiera en la prensa y las redes sociales, el gobierno federal decidió abrir el diálogo con Pfizer y firmó un contrato para la compra de 100 millones de vacunas. Hasta ese momento, la vacuna no era una prioridad. Por el contrario, la narrativa del actual gobierno federal consistió esencialmente en difundir medidas erróneas y sin sustento científico, como el “tratamiento precoz”, mediante el uso de cloroquina e ivermectina.

El tiro criminal de la presidencia salió por la culata con respecto a los datos de los estudios de opinión pública. Hubo un grave error estratégico del entorno del presidente Jair Bolsonaro (sin partido) al creer que la población brasileña no estaría interesada en la vacuna y habría creído mayoritariamente en el discurso poco científico del “tratamiento precoz”.

De hecho, en octubre y noviembre de 2020, PoderData y Datafolha publicaron encuestas que indicaban una disminución en la intención de la población de vacunarse. En la encuesta de PoderData, en la última semana de octubre, la tasa de quienes dijeron que «seguramente no se vacunarían» fue del 22%, mientras que el 63% dijo que «seguramente se vacunaría» y el 15% «no sabía».

Un cambio de opinión

Los datos anteriores de la encuesta de agosto del instituto mostraban que el 82% de los entrevistados querían vacunarse, es decir, el número de brasileños que cambió de opinión aumentó casi 20 puntos porcentuales en sólo dos meses. Ciertamente, la fuerte propaganda negativa del presidente respecto a la «vachina» —como se refiere peyorativamente a la CoronaVac, que viene de China— tuvo un impacto en estas cifras.

Sin embargo, como sabemos, los sondeos de opinión son fotografías instantáneas de un momento determinado. El año cambió y asistimos al triste estallido de la segunda ola de la pandemia de Covid-19 en Brasil. Vimos cómo la ciudad de Manaos agonizaba por la falta de oxígeno en los hospitales, mientras que las hospitalizaciones y las muertes aumentaron exponencialmente en todo el país.

Al mismo tiempo, los países que respondieron comenzaron a inmunizar a sus ciudadanos con agilidad, lo que trajo la esperanza de volver a la normalidad. En febrero de 2021, IPSOS publicó una encuesta mundial que mostraba que Brasil era el segundo lugar donde más personas querrían vacunarse, el 88% de los encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta.

Lamentablemente, debido a la omisión del gobierno federal, al rechazar cinco veces las propuestas de Pfizer inicialmente sólo pudimos contar con la producción de la CoronaVac del Instituto Butantan, que no pudo acelerar la inmunización de un país continental como Brasil. La nación lo pagó caro con la vida de más de 400 mil personas. El abandono no escapó a los ojos de la población.

Datafolha divulgó el 12 de mayo una encuesta nacional sobre la popularidad del presidente y también escenarios de intención de voto para las elecciones de 2022. Jair Bolsonaro estaría en el peor momento de su mandato, con una desaprobación muy alta: el 45% de los encuestados considera que su gestión es mala o pésima y el 54% no votaría por él en 2022. Lula es el claro líder en la carrera electoral. En una posible segunda vuelta, el candidato presidencial obtendría un 55% frente al 32% del actual presidente.  

La vacuna se ha convertido en la clave para mantener a Bolsonaro en el poder en 2022. Además, por supuesto, de los indicadores —y la percepción del electorado— de la recuperación, o no, de la economía, especialmente el desempleo y la inflación. Pero desde la fotografía del momento, revelada por las últimas encuestas, la situación es muy desfavorable para el actual presidente. Muchas vidas podrían salvarse si al menos una de las cinco propuestas de Pfizer hubiera recibido una respuesta positiva. La eventual pérdida del mandato de Jair Bolsonaro en 2022 saldrá extremadamente barata ante tanta tragedia y omisión.

Foto de Ministério da Saúde

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Pandemia, desigualdad y geopolítica

Por
Andrés Serbin
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La pandemia ha causado el mayor daño económico, político y social a la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. A nivel internacional, la primera víctima – y la más evidente – ha sido la cooperación internacional y su capacidad de proveer los necesarios bienes públicos globales. Particularmente en un mundo caracterizado por las desigualdades entre los habitantes del planeta y entre las naciones.

América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada por la pandemia. Representa el 8,4% de la población mundial y, sin embargo, concentra 30% de las muertes por COVID-19 y sufre su peor contracción del PBI, con una caída del 7,7% en 2020.

La pandemia ha ocasionado el cierre de 2,7 millones de empresas, con una dramática destrucción de empleo que afecta principalmente a jóvenes y mujeres y con un desplome drástico del comercio, la inversión extranjera y las remesas.

Como consecuencia de este deterioro de las economías de la región, se ha incrementado la desigualdad y la pobreza. Si en años anteriores América Latina había logrado reducir la pobreza, de un 45,2% de la población en 2001 a un 30,3% en 2019, como consecuencia de la pandemia el número de pobres en la región aumentará en 28,7 millones de personas, alcanzando a un 33 % de su población total.

En líneas generales, como lo señala un informe de la CEPAL, el impacto de la pandemia en la región ha sido brutal y ha magnificado las brechas estructurales en materia de desigualdad afectando, en particular, a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Pero el mundo en general se enfrenta a una pandemia amplificada por la desigualdad social que requiere profundizar no sólo en las causas estructurales profundas que en cada sociedad han conducido a este impacto desparejo sino también en los diversos efectos de la transición que vive el sistema internacional.

La desigualdad que caracteriza a América Latina y que propicia la propagación de la pandemia por la falta de insumos médicos y de vacunas que contribuyan a una respuesta sanitaria consistente, no es una particularidad de la región.

La asimetría entre naciones en su acceso a estos elementos a nivel mundial marca también la dinámica global actual. Emerge un nacionalismo de las vacunas en las naciones con economía más poderosas que acumulan insumos médicos en exceso, agravando la escasez de vacunas entre las naciones marginadas y la brecha entre el mundo desarrollado y las naciones en desarrollo.

Los países ricos tienen 14% de la población mundial, pero han comprado más de la mitad de las dosis de vacunas disponibles para su comercialización.

En este marco, ante la escasez de vacunas en América Latina por la insuficiente producción y el acaparamiento de los países ricos, entra a tallar – con todo su peso – la geopolítica de las vacunas.

En una región asolada por la desigualdad y la ausencia de recursos sanitarios, la “diplomacia de las vacunas” genera una estampida por proveer de un bien público global para reforzar el “poder blando” de algunas potencias.

El vacío dejado por las naciones occidentales y algunas grandes corporaciones farmacéuticas en asistir a la región es ocupado por la creciente presencia e influencia de Rusia y China e inclusive de la India, actualmente sumida en plena catástrofe sanitaria.

Un hecho que no escapa al creciente peso de Eurasia en el proceso de desplazamiento del dinamismo económico mundial y de la influencia y proyección política desde Occidente a Oriente.

Pero las desigualdades persisten – tanto al interior de las sociedades latinoamericanas como en el marco del sistema internacional -, mientras que, parafraseando a von Clausewitz, la salud pública global pareciera pasar a ser la continuación de la política por otros medios.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Marcio Cabral de Moura en Foter.com

Estrategias para salir del populismo

Por
Nadia Urbinati
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Coautor Federico Finchelstein

Jorge Luis Borges una vez señaló que a nadie le gusta “deber nada a sus contemporáneos”. La máxima del escritor argentino no se ajusta a los populistas contemporáneos quienes se legitiman en la experiencia del trumpismo pero ponen mucho empeño en hacernos olvidar que son parte de una larga historia que comenzó con el fascismo. De hecho, el populismo moderno nació de las sombras que dejó el fascismo después de su derrota total en la Segunda Guerra Mundial.

Desde un punto de vista histórico, el populismo en el poder y su creación de una democracia posfascista fue quizás el fenómeno más perturbador de la posguerra y se dio por primera vez en América Latina después de 1945, cuando el populismo se convirtió en un régimen bajo líderes como Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil.

A lo largo de las décadas, países como Argentina, Brasil y también Bolivia, Ecuador y Venezuela han sido testigos de manera significativa de los renovados intentos de establecer los cimientos de una tercera vía; un régimen democrático y autoritario a la vez, diferente del fascismo, la democracia liberal y comunismo.

La vitalidad y versatilidad del populismo

El populismo, como régimen político, se ha enfrentado tanto a los dos enemigos de la Guerra Fría en la que creció, así como con el fascismo desaparecido. Con el fin de la Guerra Fría, el populismo ha demostrado una extraordinaria vitalidad y versatilidad y, como ayer, la historia es útil hoy para comprender los éxitos, pero también las posibles estrategias de salida de los regímenes populistas.

En los países del Atlántico Norte —Europa y Estados Unidos—, las estrategias para salir del populismo han tomado hasta ahora dos direcciones, una tecnocrática que minimiza la política partidaria y una política que intenta reconfigurar la política a lo largo de los canales partidistas.

En el primer caso, representado por Emmanuel Macron en Francia, la solución consistió en federar a una gran cantidad de fuerzas anti-populistas bajo el estandarte de la meritocracia y la responsabilidad con el doble objetivo de ir más allá de la derecha y la izquierda y de superar la distinción entre política y tecnocracia.

Los padrinos de este curso de acción fueron Bill Clinton en Estados Unidos y Tony Blair en el Reino Unido, quien declaró después de su victoria electoral de 1997: “Ahora somos el partido del pueblo, el partido de todo el pueblo”. En la Unión Europea se ha continuado esta práctica tecnocrática mientras Estados Unidos dejó atrás la política de Clinton.

El segundo caso es representado por Joe Biden y el camino seguido es el del clásico partido político. El nuevo presidente, tras una campaña electoral en nombre de la moderación y unidad nacional y el ataque trumpista al Capitolio del 6 de enero, ha cambiado de rumbo. Biden ha elegido escuchar el ala más progresista de su partido, que desde hace tiempo proponía políticas de intervención estatal, redistribución y tributación progresiva. En lugar de abandonar posiciones ideológicas, Biden está armando su política con un lenguaje claramente socialdemócrata, renunciando a las soluciones bipartidistas perseguidas previamente —sin éxito— por Obama y Clinton.

En Europa, la salida del populismo parece ir hacia la absorción del conflicto dentro de una expansión de la tecnocracia que deprime el protagonismo de los partidos a favor de la gestión por parte de técnicos y expertos. En Estados Unidos, la forma de sacarle oxígeno al populismo viene de la mano de una intervención estatal para combatir la pobreza y la exclusión.

Digamos que las dos trayectorias de salida del populismo reflejan dos líneas de interpretación de las causas del populismo: la primera enfatiza que hay demasiada política de partidos; la segunda insiste en la temática de la demagogia.

La experiencia en América Latina

Si estudiamos las experiencias de América Latina, vemos que los caminos no son tan diferentes. Ha habido respuestas extremas, a menudo defendidas en nombre de soluciones tecnocráticas, como los golpes de Estado contra Perón (1955), Chávez (2002) y Morales (2019). Pero ahora, Trump ha dejado claro que esta posibilidad también existe en las “democracias consolidadas”.

Foto de Palácio do Planalto en Foter.com

Pero si se excluye el cambio de régimen, en general las respuestas al populismo autoritario en América Latina no son diferentes de las que han surgido en los países del Atlántico Norte. Y ambas involucran formas de populismo ligero o moderado como es el caso de Mauricio Macri en Argentina, y formas tecnocráticas de la derecha como en el caso de Sebastián Piñera en Chile, o formas de populismo de izquierda —no socialdemócrata— como en los casos del peronismo kirchnerista en Argentina o de Pedro Castillo en Perú.

Recientemente, Alberto Fernández, —presidente peronista de Argentina— argumentó que Biden es en última instancia similar a Juan Domingo Perón, de hecho, lo llamó Juan Domingo Biden. Pero Biden no es de ninguna manera un populista. Carece de todos los ingredientes del populismo: paternalismo, demagogia, uso de la religión política, anti-pluralismo, culto al líder, impaciencia con la división de poderes.

La respuesta de Biden

Sin duda, la actual respuesta de Estados Unidos al populismo es la que más sintoniza con la democracia.  Si la de Biden es una respuesta propiamente democrática al populismo, ¿podemos concluir que el regreso a la política de partidos y la discusión programática es también la respuesta ganadora al miedo al fascismo, así como al éxito del populismo?

Recientemente, periodistas e historiadores han afirmado que Biden no presenta una alternativa suficiente, y que el estímulo de su gobierno palidece en comparación con el de FD Roosevelt. Pero la comparación negativa con el New Deal no es convincente. No solo por la estructura ideológica radical de “o-todo-o-nada” que la inspira y la identificación de Biden como una imagen invertida de Trump, pero también por su falta de historicidad.

Estas críticas no prestan atención al contexto de la economía financiera mundial en la que el trumpismo subió y cayó, y en la que ganó Biden. No podemos ignorar el hecho de que los programas de Biden llegan después de décadas de bajar los impuestos a la riqueza según la ideología de la economía de goteo para abajo. Si se piensa en el cambio de dirección de Biden como un intento de ataque directo a estos presupuestos, aparece entonces la posibilidad de un cambio transformador. Y además, su plan está concebido con la intención de tener un impacto estructural en la vida de las personas empobrecidas por la crisis financiera de 2008.

En definitiva, el plan de Biden sin duda representa un intento de respuesta democrática a la política antidemocrática del populismo en general y a la vocación de aspirante a fascismo del trumpismo en particular. Al menos en términos de sus objetivos, la estrategia de Biden para salir del populismo no se satisface con incentivos y intervenciones regulatorias, y quiere atacar la pobreza, las dificultades y la discriminación con objetivos y acciones políticas concretos.

En este sentido, Biden está conectado al New Deal, y más en general a la historia de las coaliciones antifascistas que derrotaron al eje. Como ellos, intenta romper la combinación mortal de política del odio y la desesperación económica que hicieron que el trumpismo, y los trumpistas latinoamericanos como Bolsonaro o Buekele, tuvieran tanto éxito.

Federico Finchelstein es profesor de historia de New School for Social Research (Nueva York). Fue profesor en Brown University. Doctor por Cornell Univ. Autor de varios libros sobre fascismo, populismo, dictaduras y el Holocausto. Su último libro es «Brief History of Fascist Lies» (2020).

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Foto de Eneas en Foter.com

La asunción de Lasso y un encuentro bananero

Por
Pedro Silva Barros
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El presidente de Brasil pasó su infancia en la principal región bananera de Brasil. Hoy visita Ecuador, primer exportador mundial del producto.

El término «república bananera» forma parte de la historia y del imaginario político latinoamericano. A principios del siglo XX, después de que la United Fruit Co., con sede en Estados Unidos, se interesara por los plátanos, éstos estuvieron en el centro de varias intervenciones militares y golpes de Estado en la región.

Gabriel García Márquez eternizó en una versión de ficción la masacre de las bananeras de Aracataca (Colombia) de 1928 en Cien años de soledad. Los trabajadores de la empresa se declararon en huelga para exigir mejores condiciones laborales, y Estados Unidos amenazó con invadir Colombia si no se reprimía el movimiento. El gobierno, con el apoyo de los empleados de la empresa, mató a sus propios ciudadanos acusándolos de comunistas y dejó heridas sin cicatrizar hasta el día de hoy.

Mario Vargas Llosa mostró en su reciente novela, Tiempos recios, el papel de la misma empresa en el golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos en Guatemala en 1954. En este caso, con el apoyo de otros países de la región en los que la empresa también estaba activa.

En 2014, la decadente United Fruit Co, que ha operado bajo el nombre de Chiquita Brands International desde los 70’, fue comprada por dos grupos brasileños y ahora se dirige desde Suiza. Ese mismo año, el 6 de agosto, Jair Bolsonaro subió a la tribuna de la Cámara de Diputados para acusar una articulación de partidos de izquierda de estar detrás de la apertura del mercado brasileño a las importaciones de banano.

El proteccionismo bananero

El diputado reaccionaba así a una instrucción del Ministerio de Agricultura que permitía la importación de plátanos de Ecuador, abriendo así el mercado brasileño del plátano, uno de los más cerrados del mundo. Bolsonaro afirmó que la idea «fue seguramente de la compañera Dilma Rousseff porque Ecuador es parte del Foro de São Paulo». Al inicio del gobierno de Bolsonaro, la norma fue revocada.

El actual presidente pasó su infancia en dos pequeños pueblos de Vale do Ribeira, la región más pobre del estado más rico de Brasil. La mayor parte de su familia sigue viviendo en la única zona que tiene la producción de plátanos como principal actividad económica. Sostiene que la competencia ecuatoriana «roza el terrorismo» y traería plagas inexistentes en Brasil.

Este lunes 24 de mayo, por primera vez, Bolsonaro visita un país donde el plátano es tan importante como en la región donde creció. Sin embargo, la dinámica productiva de este producto en ambos países es muy diferente. Ecuador es el primer exportador mundial de plátanos. En 2020, exportó bananas por 3.300 millones de dólares, mientras que Brasil sólo vendió 25 millones.

Otras frutas

En 2000, Brasil exportó el mismo valor en plátanos y uvas. En los años siguientes, el mercado del plátano permaneció cerrado mientras que el de la uva se abrió provocando un aumento de su calidad. Veinte años más se exporta la misma cantidad de plátanos, mientras que el volumen exportado de uva se triplicó.

En relación con otras frutas, como los mangos y los melones, los resultados son aún más desfavorables. En 2000, Brasil no exportó mangos y exportó 25 millones de dólares en melones. Veinte años después, se exportaron 247 millones de dólares en mangos y un monto seis veces mayor en melones.

Diplomacia presidencial

Desde el 2000, Brasil lideró la integración regional haciendo un amplio uso de la diplomacia presidencial. Ese año se celebró en Brasilia la primera reunión de 12 presidentes en la historia de Sudamérica, reuniendo mandatarios políticamente antagónicos como Fujimori y Chávez, en torno a una agenda común.

En la década de 2000 se produjeron 12 reuniones entre los presidentes de Brasil y Ecuador. Durante este periodo, los flujos comerciales entre ambos países pasaron de 151 millones de dólares a más de mil millones. En cambio, en los últimos 10 años solo ha habido dos reuniones presidenciales y en 2020 el flujo comercial se redujo a 686 millones.

Hace quince años era habitual que el presidente brasileño viajara acompañado de ministros de economía y empresarios de distintos sectores. En cambio, la delegación brasileña en Quito cuenta hoy con diputados ideológicos, como Eduardo Bolsonaro y Pastor Marcos Feliciano.

Aunque asistió a la toma de posesión de Lacalle Pou en Uruguay, Jair Bolsonaro no estuvo en la investidura de otros cinco presidentes sudamericanos en los últimos dos años (Argentina, Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela; en este último caso, la reelección).

Agenda económica Brasil-Ecuador

El comercio bilateral Brasil-Ecuador está marcado por una fuerte asimetría y por el proteccionismo brasileño. Brasil vende a Ecuador ocho veces más de lo que le compra. Las ventas brasileñas a Ecuador, como a otros países sudamericanos, están diversificadas y son más intensivas en productos industrializados. Aunque Ecuador sólo representa el 0,5% de las ventas totales de Brasil, compra más del 1% de los productos industrializados.

La recuperación del comercio bilateral y la reducción del déficit de Ecuador podrían ser factibles con la mejora de las infraestructuras y la reducción de las barreras no arancelarias. Aparentemente, la visita de Bolsonaro a Ecuador será meramente política y no presentará avances en la agenda económica. La estructuración de la ruta multimodal entre el puerto de Manta, en el Océano Pacífico, y Manaos o la apertura de Brasil a la importación de productos con los que Ecuador es muy competitivo, como el banano y el camarón, quedarán para otra oportunidad.

En los últimos años, Brasil renunció unilateralmente a sus dos principales instrumentos para promover sus exportaciones a la región: la financiación post-embarque del BNDES y el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) de la ALADI. Al no presentar una política comercial para Sudamérica, Brasil ha visto caer en picado sus exportaciones industriales.

Guillermo Lasso

El nuevo presidente ecuatoriano, de derecha, es nacido en Guayaquil, la principal ciudad de la costa ecuatoriana, cercana a las zonas de producción de banano y camarón. Sin embargo, este se identifica más con otros millonarios autodeclarados liberales que han gobernado recientemente en Sudamérica, como Mauricio Macri o Sebastián Piñera que con Bolsonaro.

Lo que podría ser una reunión de líderes políticos regionales para retomar la diplomacia presidencial y fortalecer la integración en temas como la salud pública y la recuperación económica, parece que se limitará a una expresión más de la fragmentación política de Sudamérica.

En los últimos días, los presidentes de Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay han renunciado a asistir. Los presidentes de Argentina, Bolivia y Perú no han mostrado interés. El presidente de Venezuela ni siquiera fue invitado y Ecuador tiene pocas relaciones con Guyana y Surinam.

De los once presidentes sudamericanos que podrían asistir a la toma de posesión de Lasso, solo Bolsonaro está en Quito. La presencia del presidente del mayor país de la región no atrajo a ningún mandatario vecino, lo que refleja una falta de liderazgo y un aislamiento sin precedentes. No se presentará ningún orden del día positivo. Llueve en Macondo y ni siquiera hablan de plátanos.

Foto de Chris B Richmond no Foter.com

Argentina y la privatización autoritaria

Por
Fabián Echegaray
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Coautor Ezequiel Raimondo

Históricamente las sociedades oscilan entre agitarse en el mundo público o entregarse al privado como elecciones para corregir sus frustraciones y aproximarse a la realización de sus intereses y valores. Ese péndulo, ilustrado ejemplarmente por el economista Albert Hirschmann, suele explicar —de forma genérica— qué nos lleva en algunos momentos a hiperpolitizarlo todo y ganar las calles para inmediatamente después concentrarnos en nuestras familias, hobbies, vida laboral o regocijos consumistas con indiferencia hacia lo público.

Pero ¿Qué sucede con la insatisfacción social y frustración individual cuando el espacio público es clausurado por motivos de emergencia sanitaria? ¿Qué pasa cuando las restricciones dejan el mundo privado deshidratado al punto que se van minando las prácticas de crecimiento individual, disfrute familiar, inmersión en el trabajo o gratificación debido a la evaporación de los ingresos? ¿Qué ocurre cuando en este contexto buena parte de los espacios residenciales resultan insuficientes? En definitiva: ¿Hacia dónde y cómo se canalizan las frustraciones cuando el ámbito público y el espacio privado se desdibujan o dejan de existir?

Restricciones sin válvula de escape

El peculiar abordaje argentino de la pandemia hundió a la esfera privada y su carácter de última trinchera para resguardarse de la ofuscación con la oferta del mundo público-político. Desde el gobierno, se estigmatizó la ocupación de ese ámbito para expresar desengaños colectivos en términos de traición social negacionista o monopolizándolo sectariamente.

Mediante un severo control social, recorte de libertades, ampliación de restricciones y el recurso a la publicitación del miedo, la política oficial de la cuarentena vació e hizo subir el costo de canalizar la protesta.

Como en otras latitudes, bajo el rótulo de protección del interés público, la cuarentena forzó la privatización de la vida. Todo ello, enmarcado en relatos virtuosos sobre las bondades del claustro e instrumentación de medidas económicas paliativas insuficientes y perversas ya que —por sus consecuencias inflacionarias— terminaron socavando aún más las bases del refugio privado de los argentinos.

En nuestro país, el vaciamiento punitivo de la esfera pública fue instrumentado en forma paralela a la desprotección y asfixiamiento por casi un año del espacio de la vida privada. Las expectativas de realización íntima o individual fueron comprimidas con vigilancia, búsqueda de disciplinamiento y profusión del miedo. El resultado fue que los argentinos quedaron sin válvula de escape para canalizar sus frustraciones.

En efecto, el empobrecimiento de la esfera privada completa su deficiencia como lugar de realización personal al demoler las bases  que permitirían el autodesarrollo. Ya fuera comercial o profesional, o alrededor del consumo de bienes, de experiencias o sensaciones como el arte, la práctica de  dogmas religiosos, tribales o estéticos entre otros.

En más de un sentido, los argentinos están volviendo a su pasado pre-democrático, sometidos a una privatización autoritaria que convierte en insatisfactoria la experiencia cotidiana. La “orden” de “cerrar” lo público confina a las personas, restringe sus espacios de sociabilidad y, de hecho, las privatiza.

Su mundo se vuelve cada vez más pequeño y la conectividad —para quien pueda pagarla— se torna un factor clave pero distorsivo de los lazos sociales. No es lo mismo una clase presencial que una virtual. No es lo mismo una sesión parlamentaria presencial que remota. No es lo mismo visitar a un familiar que verlo en una pantalla.

Lo que se viene

¿Cómo extrapolar esta exasperación y sentimientos de fracaso cuando se cierran simultáneamente los ámbitos privado y público? Hirschmann, pensando en lo individual daba tres alternativas: la salida, la voz y la lealtad. La voz consiste en reclamar y participar públicamente, opción obturada por las medidas restrictivas que lo reducen a cacerolazos aislados, participación en redes sociales y marchas cada vez menos convocantes.

La salida consiste en la fuga hacia la vida íntima o privada, crecientemente vaciada por la escasez. También existiría la salida como identificación con otro tipo de oferta —sea política, de mercado o espiritual— escenario actualmente debilitado debido a la carencia de liderazgos. Por último, Hirschmann reconocía la lealtad, seguida a pie juntillas por un tercio de la población alineada al gobierno como votante o como clientela y expresado por una suerte de inercia acrítica. Este triple encuadre queda corto hoy para dar cuenta de las vivencias de la sociedad argentina.

Cuando la vida pública y privada desencantan, y la protesta cívica convencional, la defección o el leal silencio generan más descontento que compensaciones, asoman otras últimas dos opciones. Una es la implosión emocional del sujeto, representada internamente por las adicciones y los desvíos de conducta. Cunden el alcoholismo, la obesidad y las depresiones, la PlayStation dependencia, la Netflixmanía, la violencia doméstica, la disolución familiar y los suicidios.

Esa respuesta convierte a la privatización en una opción perversa porque, en lugar de canalizar aquella energía de movilización pública hacia ámbitos privados clásicos, se transforma en una suerte de implosión negativa interna de esa energía. Colectivamente, esta respuesta se proyecta en una anomia anárquica en la que nadie cumple las reglas y todos pierden intentando maximizar sus ganancias a costa de los demás.

Otra respuesta que empieza a vislumbrarse de modo desordenado y fragmentado consiste en la autoconvocatoria autoorganizada que no es ni convencionalmente publica (partidista) ni exclusivamente privada (individualista) sino un mix de ambas. Esto, a partir de lazos y redes autónomas horizontales, aglomerando colectivos previamente inexistentes como ONGs no partidarizadas, corporaciones con propósitos sociales y una infinidad de pequeños agentes articulados como los grupos de padres movilizados por la reapertura de las escuelas.

¿Bajo estas circunstancias, sólo pierden los individuos y su precario equilibrio psicosocial? Ni un poco. Las pérdidas son colectivas. El desencanto masivo con el mundo privado y político, y la desocupación forzada de la escena pública son la receta ideal para erosionar el apoyo a la democracia, la radicalización de las opiniones, la entronización de líderes mesiánicos y la propensión a la ruptura por la vía de la naturalización del desconocimiento a las normas legales y de conducta pública más elementales.

La privatización autoritaria nos desensibiliza frente a las conquistas civilizatorias de la Argentina como la democracia pluralista, el espíritu cívico, la prosperidad a base de esfuerzo y mérito, y la aspiración a la autorrealización junto a una sociedad más integrada. La privación de canalizar las frustraciones, mediante la participación responsable en la vida privada o pública, nos vuelve indiferentes a valores e instituciones vinculados al progreso individual y colectivo. Y sobre todo nutre el demonio que acaso termine superando a los arquitectos de la privatización autoritaria.

Fabián Echegaray y Ezequiel Raimondoi son autores del libro “Desencanto Político Transición y Democracia”. Colección Biblioteca Política Argentina N° 177. Centro Editor de América Latina, 1987.

Ecuador: entre la pugna de poderes y el buen gobierno

Por
David Córdova
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Los procesos electorales conllevan una dinámica de transferencia. Por un lado, la ciudadanía realiza permanentemente juicios de valor sobre la gestión de un gobierno o un político, mientras que los aspirantes al poder se disputan la representación mediante la cual asumen una supuesta voluntad popular que les transferimos. Ese traspaso, por medio del voto, se traduce en una mayor o menor legitimidad de los ganadores, que es empleada como justificación para imponer una agenda. Esta dinámica es clave en la conflictividad entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, o la denominada pugna de poderes.

En el balotaje, los ecuatorianos eligieron a Guillermo Lasso para dirigir el país durante los próximos cuatro años. Mientras que, en la primera vuelta, la ciudadanía eligió a los asambleístas del poder Legislativo, donde el partido del presidente electo obtuvo apenas 12 de 137 curules. En este marco, Lasso tendrá que buscar acuerdos con otras bancadas en busca de gobernabilidad y esquivar la confrontación.

De la pugna de poderes al buen gobierno

Si bien la pugna de poderes ha dejado de lado la resolución del conflicto por vías pretorianas, un fuerte conflicto entre Ejecutivo y Legislativo podría afectar seriamente la estabilidad de un gobierno, aunque no de un régimen.

En Ecuador, para la nueva administración que se inaugura en mayo de 2021, todo dependerá de tres factores. En primer lugar, la capacidad del Ejecutivo para incluir en su agenda medidas popularmente respaldadas y transversales. En segundo lugar, la cohesión de las bancadas en la Asamblea bajo una lógica de gobernabilidad y no de revanchismos. Y por último, el grado de conflictividad social que se desarrolle como producto de los dos factores anteriores.

La gobernabilidad o “buen gobierno” en el Ecuador, durante los últimos catorce años, ha dependido de un hiperpresidencialismo—predominante en la región— que prácticamente se despojaba de los controles y equilibrios (checks and balances) debido a las holgadas mayorías legislativas. Esto redujo al mínimo las posibilidades de iniciativas de agrupaciones políticas no oficialistas y en ese marco, la pugna de poderes superó a la pluralidad y consensos que debería caracterizar a un régimen democrático.

El presidencialismo per se conlleva una personificación del poder, y con ello la conflictividad política y social. Por lo tanto, las condiciones institucionales que han de procesar esos umbrales de conflicto se vuelven imprescindibles. Tomando en cuenta el aparato gubernamental cultivado durante más de una década en el Ecuador, se torna urgente que el nuevo presidente direccione la institucionalidad bajo el imperativo categórico de acuerdos y objetivos compartidos. Es decir, una participación efectiva de todas las fuerzas políticas en la toma de decisiones, para así instaurar el legítimo “buen gobierno”.

Configuraciones Ejecutivo – Legislativo

Según los resultados oficiales, la primera mayoría de la Asamblea Nacional recae en la coalición de UNES (Unión por la Esperanza), un conglomerado de organizaciones afín al proyecto político del ex presidente Rafael Correa, que obtuvo 49 de los 137 escaños. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, de izquierda, se consolidó como segunda fuerza con 26 curules, mientras que la Izquierda Democrática completa la trilogía de las listas más votadas que, en la sesión inaugural, deberán dirigir la elección de las futuras autoridades del Legislativo.

Con este panorama de fragmentación, los acuerdos son imprescindibles para el oficialismo, que apenas cuenta con 12 legisladores. Izquierda Democrática y Pachakutik por su lado, se perfilan como los llamados a establecer alianzas con el resto de legisladores para formar mayoría, si no quieren que el control recaiga en el ala correista.

Por consiguiente, el Presidente electo tendrá que ensanchar su umbral ideológico para lograr integrar las posiciones del centro-izquierda que representan la Izquierda Democrática y Pachakutik, si lo que busca es gobernabilidad y cierto margen de maniobra. Por su parte, el correismo tendrá que decidir si se atrinchera en el Legislativo —con frágiles acuerdos— o se integra a las conversaciones dejando de lado su estigma de conducta política hermética, lo cual se traduce en una gran oportunidad del Ejecutivo para sortear la pugna de poderes.

La pugna de poderes conlleva en su génesis una crisis de legitimidad. Esta disputa ha sido histórica en el Ecuador, producto de un sistema multipartidista, sumada la cultura política con tendencia a liderazgos personales y/o regionales. Todo ello en clave de un régimen presidencialista que pocas veces ha logrado instaurar una “doble legitimidad” Ejecutivo-Legislativo.

En tiempos como los que transcurren, se vuelve imperioso llegar a acuerdos y establecer objetivos comunes en busca de superar la profunda crisis que atraviesa el país. Una pugna de poderes en este contexto, además de catastrófico, sería una clara muestra de la falta de voluntad política de nuestros representantes. Esto, en un escenario de democracias fatigadas donde se requiere más que nunca de compromisos y acciones para el bienestar de la mayoría.

Foto de Asamblea Nacional del Ecuador

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¿Quién pelea por los nacidos muertos?

Por
Daniela Delgado
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera como defunción fetal a “la muerte de un producto de concepción, antes de la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo”. Dicho esto, en América Latina como en el resto del mundo, la mayoría de las muertes fetales son prevenibles, así como la mayoría de las muertes maternas.

En América Latina, la muerte fetal, según datos de esta misma organización, ocurre en el 16% de los casos después del inicio del parto y antes del nacimiento, y el restante 84% antes del comienzo del parto, etapa conocida también como anteparto. Estas ultimas muertes, que podrían evitarse, son un indicador de la atención oportuna y de calidad a la madre y al feto durante el embarazo.

Según la OMS, cuando el fallecimiento del feto sucede hasta las 22 semanas de gestación es considerado un aborto, la muerte prenatal sucede hasta las 28 semanas de gestación y las muertes fetales tardías entre las 28 y 42 semanas de gestación. Todos estos casos son se engloban en los llamados nacidos muertos. La muerte pasadas las 42 semanas, e inclusive hasta los 7 días de nacido es denominada muerte neonatal temprana y hasta los 28 días muerte fetal tardía. En este marco, el seguimiento médico a la madre y al feto y el control a lo largo de todo el embarazo de su estado de salud es fundamental en la prevención.

Cómo reducir la muerte fetal

El acceso a servicios de salud integral, y en especial los controles prenatales son fundamentales para reducir el índice de mortalidad. En este marco, según el mismo estudio, se calcula que al menos cuatro de cada diez muertes fetales que se producen durante el parto podrían evitarse con la asistencia de un profesional y atención obstétrica en casos de emergencia. 

Foto por lunar caustic en Foter.com

Pero a pesar de las mejoras de los servicios de salud de las últimas décadas en los países en desarrollo, los progresos a la hora de reducir la tasa de mortalidad fetal no han sido suficientes. Según estimaciones de UNICEF, la OMS y otros organismos internacionales, entre 2000 y 2019, el índice anual de reducción de la tasa de mortalidad fetal en el mundo fue de del 35%. Mientras que Latinoamérica tuvo un avance inferior en 6% al promedio mundial. En este marco, según el estudio, es necesario establecer políticas y programas específicos para una mejora sustancial de los indicadores.

En la actualidad, además de los problemas estructurales de los sistemas sanitarios de la mayoría de los países de la región, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha acentuado las brechas de acceso a la salud. Esta precarización de la atención ha representado un incremento en las brechas de acceso a la atención oportuna durante el embarazo.

Si bien todavía no existen estudios del impacto de la pandemia en la muerte fetal, según el estudio Una tragedia olvidada: La carga mundial de la mortalidad fetal, de UNICEF, la reducción de los servicios de salud causada por la pandemia podría provocar cerca de 200.000 nuevas muertes fetales en un año en 117 países de ingresos bajos y medios. Esto representaría un aumento de más del 10% de la carga de la mortalidad fetal.

Las muertes fetales en la agenda política

Ni los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ni los Objetivos de Desarrollo del Milenio incluyen objetivos o una meta específica sobre las muertes fetales. Sin embargo, en el 2015 las Naciones Unidas presentó el “Plan de Acción Todos los Recién Nacidos”, cuyas metas han sido rescatadas para revisar los avances y mejoras.

Apenas cinco años más tarde, la OMS en su informe La Carga Global de los Nacidos Muertos, indica la urgencia de revisar las políticas enfocadas en las muertes fetales. Según el informe, cada 16 segundos ocurre una muerte fetal, lo que representa alrededor de dos millones de nacidos muertos al año a nivel mundial. Las cifras para América Latina no son alentadoras, se estima que uno de cada 126 nacimientos corresponde a una muerte fetal, lo que representa el 4% del total de nacidos muertos a nivel mundial.

En algunos países de la región existen avances en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres, ampliando su capacidad de decidir sobre su cuerpo. Hace apenas algunos meses en Argentina se aprobó una ley que permite a las mujeres la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Mientras que en Ecuador, el pasado 28 de abril la Corte Constitucional reformó el artículo 150 del Código Integral Penal para ampliar la despenalizar del aborto por violación, antes válido sólo para mujeres con discapacidad mental, a todas las mujeres.

Este debate ha ocupado un lugar importante en la opinión pública de la región, siendo incluso parte de las preguntas de rigor a los políticos en campaña. Sin embargo, los estados de muchos de los países de la región han sido incapaces, hasta el momento, de apoyar a las mujeres que sí quieren dar a luz.

Ecografía 2D – Feto 14semanas

Economía, pandemia y crisis en la región

Por
Gregorio Vidal
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Estimaciones recientes realizadas por los organismos económico-financieros multilaterales dan cuenta de una importante contracción en las economías en una enorme cantidad de países durante el año 2020. Era una situación prevista desde meses atrás y para gran cantidad de organismos e instituciones a nivel global explicada mayoritariamente por la súbita aparición del SARS CoV-2 y su difusión global. El FMI estima una contracción del producto mundial en 2020 de 3.3%. Sin embargo, es una caída con diferencias importantes y América Latina es la más afectada.

La reducción de la economía latinoamericana fue de 7%, y en el extremo contrario las economías emergentes y en desarrollo de Asia se han reducido solo un 1.1. Por países, entre las mayores economías, con las más altas caídas están España con una caída del 11%, Reino Unidos el 9.9%, Italia un 8.9%), Francia 8.2%, al igual que México e India un 8%. La excepción es China, con un crecimiento de 2.3%.

La desigualdad es una de las principales características

Sin embargo, como esta sucediendo en muy diversas materias, la desigualdad en el comportamiento del PIB entre los países y las regiones es uno de los datos que caracterizan la situación económica, política y social a nivel global desde hace años. Esto, plantea la interrogante de que lo explica más allá o incluso considerando el incidente de la pandemia de COVID-19.

Las enormes dificultades en los sistemas de salud en casi la totalidad de países para hacer frente a la pandemia es otro hecho que no puede explicarse únicamente por la aparición de la emergencia sanitaria. Además, deben tenerse en cuenta las reducciones en los recursos públicos destinados a los sistemas de salud y en muchos países su reorganización como actividad sujeta al mundo de las mercancías y las ganancias.

También es necesario considerar la baja o el menor peso de los ingresos de los trabajadores en el ingreso nacional, que impacta negativamente sus contribuciones fiscales. Así como la reducción o contención salarial aplicada en muchos países, el incremento de la precariedad laboral y del trabajo informal, que colocan a muchas familias y personas en una situación más vulnerable, incluyendo sus condiciones de salud.

Más revelador, de un modo profundamente excluyente de organizar las actividades económicas, es la producción y distribución de las vacunas. El espacio de las farmacéuticas es notablemente oligopólico y hay grandes diferencias entre los países para contar con muy diversos medicamentes. A la fecha uno de los resultados de esta modalidad de funcionamiento de los mercados es que la mayor parte de las vacunas para el COVID-19 se han destinado a un reducido grupo de países y la pandemia continua presente. 

Además, se reconoce que en la investigación y la producción de estos fármacos se contó con fondos públicos, lo que no ha implicado hasta la fecha plantear firmemente otras opciones para encarar la pandemia.     

Gran parte de los actores políticos y dirigentes de muy diversos organismos financieros multilaterales desconoce lo sustancial. Desde hace más de tres décadas, el comportamiento de las economías desarrolladas y un amplio número de las denominadas economías de mercados emergentes, han sufrido recurrentes crisis monetario-crediticias, crisis bancarias o del mercado de valores. En las economías en desarrollo, en pocos años se sucedieron devaluaciones de sus monedas con relación a las principales divisas que modifican sustantivamente sus principales variables macroeconómicas.

La debilidad en el crecimiento de las economías desarrolladas

Además, han habido recesiones de cierta significación y hace más de una década existe una sostenida debilidad en el crecimiento de las economías desarrolladas y mas recientemente en regiones como América Latina. Es un comportamiento muy diferente al de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. Desde hace más de diez años, en las principales economías de la OCDE se ejecuta una política monetaria calificada de acomodaticia, con tasas de interés cercanas al cero por ciento y la inyección de recursos por parte de los bancos centrales para mantener a los mercados financieros.

El comportamiento positivo de los mercados financieros no se ha correspondido con un proceso semejante en el espacio de la producción, y menos aún en mejoras sostenidas en el mundo del trabajo. El FMI reconoce lo que denomina la enorme diferencia entre los mercados de trabajo y de productos, y los mercados de activos. Es decir los mercados de valores, de títulos de deuda y todo aquello que pueda ser convertido en documentos transables, conservan su vigor.

Esto es resultado de las políticas ejecutadas por los bancos centrales. El FMI insiste que esto es necesario y se ha procedido adecuadamente. El problema es que son medidas ejecutadas desde los años inmediatos a la crisis monetario y financiera internacional de 2008-2009 que no lograron restablecer las condiciones de crecimiento de las economías y menos aún reducir la desigualdad social.

El comportamiento desde hace años de las principales economías de la OCDE indica que la ejecución de una política monetaria acomodaticia, acompañada de una política fiscal caracterizada por la austeridad, es parte del problema. Y cuando se modifica la política fiscal para únicamente realizar apoyos puntuales para mantener el empleo o para subsidiar algunas actividades económicas, con la premisa de regresar a la consolidación fiscal, es decir, recuperar lo más pronto posible el equilibrio fiscal, no se resuelve la crisis y menos aún se contribuye a reducir la desigualdad social.

En la actualidad lo prioritario es ampliar el espacio de las actividades productivas y del mundo del trabajo y la gestión estatal debe encaminarse por es sendero, supeditando los beneficios financieros. Un imprescindible primer paso es establecer el carácter de bien público de las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Es una condición para restablecer las capacidades de producción en el conjunto de nuestras sociedades.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Silvio Naef en Foter.com

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