El regreso de la agenda de privatizaciones en Brasil

João Roberto Lopes
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El regreso de la agenda de privatizaciones en Brasil

América Latina es hoy escenario de disputas entre grandes empresas por el control del agua. Conocida como el «continente del agua», la región está sometida a presiones para privatizar las fuentes de agua y los servicios de saneamiento que son resistidas en Bolivia, Argentina, México y, más recientemente, Chile y Brasil.

El 30 de abril, la mayor empresa pública del estado de Río de Janeiro, la Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado de Río de Janeiro (CEDAE), vio subastados sus servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado a grandes empresas financieras. Y por si fuera poco, el proceso está lleno de incoherencias e irregularidades técnicas, jurídicas y sociales.

¿Qué implica la privatización de la CEDAE?

La venta es, de hecho, es una contrapartida exigida por el gobierno federal dentro del plan de recuperación fiscal del estado de Río, firmado en 2017. Según el modelo de concesión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), los concesionarios se encargarían de la distribución, la recogida y el tratamiento del agua. Por otro lado, los costosos servicios de recogida y tratamiento de agua seguirían en manos de la CEDAE.

Las concesionarias ganadoras (AEGEA e IGUÁ) mantendrían, en principio, la actual tarifa cobrada por los servicios de agua y alcantarillado y pagarían a la CEDAE el importe de 1,70 reales por metro cúbico de agua. Este valor es extremadamente bajo y no cubre la parte de inversión para la mejora y ampliación del suministro de agua.

Así, las concesionarias se garantizarían una subvención, ya que las inversiones en la producción de agua se quedarían en el sector público, cargando a la CEDAE, que hasta ahora ha sido una empresa excedentaria.

El mantenimiento del valor actual de la tarifa no está en absoluto asegurado. El contrato de concesión enumera los «riesgos» que pueden llevar al «reequilibrio económico y financiero del contrato», incluida la «alteración del valor de las tarifas». Riesgos relacionados, por ejemplo, con la «disponibilidad hídrica en el sistema», que es muy probable que se produzca, entre otros factores, por la propia debilidad financiera de la CEDAE, que seguirá produciendo agua.

Irónicamente, los concesionarios podrán responsabilizar a la CEDAE, cuya capacidad operativa se verá profundamente afectada por la privatización, de un eventual aumento de las tarifas.

AEGEA, ganadora de la subasta de los bloques que incluye las zonas sur, norte y centro de Río y municipios del interior y de la región de la baixada fluminense, es la concesionaria con la tarifa más alta de Brasil. Controla PROLAGOS, responsable del saneamiento de los municipios de la región de los lagos en Río, en 2019 cobró una tarifa de más del doble de lo que cobra la CEDAE.

El contrato también prevé la universalización de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado para 2033. Tal objetivo sería cómico si no fuera trágicamente falso. Sobre el enorme déficit de saneamiento en las favelas y zonas periféricas, no hay garantías reales de inversión en el contrato.

De hecho, existe una diferenciación entre «zonas irregulares elegibles y no elegibles» en términos de inversiones, pero los criterios de elegibilidad no se explicitan, dejándolo a la discreción de los concesionarios y del gestor público de turno.

¿A quién le interesa la privatización?

Toda esta situación se ve reforzada por el hecho de que los propietarios de las concesionarias vencedoras son instituciones financieras, centradas en la remuneración de sus accionistas. En el caso de los controladores de AEGEA, no sólo destaca Grua Investimentos, sino también el Fondo Soberano de Singapur (GIC) y el Banco Itaú.

¿Qué pretende ganar el Banco Itaú, que batió otro récord de rentabilidad en el primer trimestre de 2021, con el servicio de saneamiento, donde el déficit de este servicio es enorme? Como respuesta, además de la mencionada, agregaríamos el préstamo anunciado por el BNDES de R$ 17 mil millones para financiar la oferta de las concesionarias de R$ 22,7 mil millones.

En el caso de IGUÁ, ganadora del bloque que reúne Barra da Tijuca, Jacarepaguá y Cidade de Deus más los municipios de Miguel Pereira y Paty do Alferes, sus controladores son fondos de pensiones de trabajadores públicos canadienses: el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Alberta Investment. Así es, las pensiones de los trabajadores públicos canadienses se financian con la explotación de un servicio esencial para la población de Río de Janeiro.

Más que a la privatización, nos enfrentamos a la depredación. La depredación no sólo se produce dentro de las formalidades del derecho contractual. Recientemente se han denunciado indicios de fraude en la subasta de la CEDAE.

Los supuestos licitadores de la subasta, AEGEA e IGUÁ, compartían posiciones en un tercer consorcio, REDENTOR, que también participó en la subasta sin pujar por ningún bloque, lo que levanta sospechas sobre un proceso amañado. Esta sospecha llevó a los sindicatos de la CEDAE a presentar denuncias ante la Fiscalía y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

El BNDES, responsable del diseño de la concesión, tiene una participación del 11% en la IGUÁ, en un claro conflicto de intereses. ITAÚ, por su parte, adquirió el 10% de AEGEA sólo tres días antes de la subasta, el mismo día en que el juez del Supremo Tribunal Federal Luiz Fux decidió suspender preventivamente cualquier decisión judicial que impidiera la subasta.

Las disputas legales persisten. El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado del gobierno de Jair Bolsonaro, determinó que la subasta se llevara a cabo, a pesar de que la Asamblea Legislativa del Estado había decidido el día anterior suspenderla. Los sindicatos también presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Trabajo, cuestionando la ausencia de un plan que evalúe el impacto de la concesión en los contratos laborales, ya que se prevé el despido de más de 4.000 trabajadores.

Bajo el liderazgo de la Internacional de Servicios Públicos, organizaciones sociales y sindicales de Brasil y Canadá se han movilizado contra la privatización. El mayor sindicato de trabajadores públicos de Canadá, el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), ha rechazado públicamente la presencia de los fondos de pensiones canadienses en la privatización de la CEDAE. El 11 de junio, 200 organizaciones brasileñas y canadienses enviaron al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a los dirigentes de los fondos de pensiones del CPPIB y de Alberta, una carta en la que presentaban las irregularidades y pedían que la IGUÁ no firmara el contrato de concesión.

Sin duda, los contratos no deberían firmarse hasta que se aborden y aclaren adecuadamente las deficiencias y sospechas que marcan la privatización de la CEDAE. De hecho, el impulso privatizador del actual gobierno, que ahora apunta a la empresa Eletrobras y a la empresa de Correos, deberá seguir el mismo patrón, buscando atraer a instituciones financieras interesadas en especular con los fondos públicos y los derechos de la población.

Foto de Lu_Brito

De izquierdas y post-izquierdas

Esteban Caballero
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De izquierdas y post-izquierdas

Durante el reciente proceso electoral peruano, cuando Pedro Castillo estaba en plena campaña para la segunda vuelta, se generó cierta tensión entre los dos partidos de izquierda: Juntos por el Perú, liderado por Veronika Mendoza y Perú Libre de Castillo. Se trató de una diferencia en torno a cuestiones de género, salud sexual y reproductiva. Las dos fuerzas políticas acababan de firmar un acuerdo, pero se abrió una brecha entre lo que la congresista electa por Perú Libre, Betsy Chávez, llamó una izquierda “popular” y una izquierda “progresista».

La izquierda popular, representada por Castillo, se opone al matrimonio igualitario, al aborto y a la fluidez de género, mientras que la izquierda progresista, la de Mendoza, tiene un fuerte componente feminista, apuesta por la justicia social y se apoya en sectores de las clases medias urbanas.

¿Cómo formar alianzas?

Este evento trae a colación uno de los principales avatares de la política actual, sobre todo en el campo de la izquierda. ¿Cómo formar alianzas y obtener mayorías electorales? El ejemplo de las diferencias en torno al género y la salud sexual y reproductiva es sólo un punto, de muchos otros. Hay posiciones discordantes respecto al nacionalismo o internacionalismo, laicismo vs secularismo, proteccionismo vs libre mercado, migración, entre otras.

Estas diferencias, hacen que el mayor desafío para la izquierda no sea solo resolverlas, sino mantenerlas en una especie de campo magnético común que podamos llamar “la izquierda”. El polo de atracción de dicho campo no debería ser necesariamente concebido como un todo armónico e integrado, sino que puede albergar tensiones y diferencias. 

Perú es solamente un ejemplo. La coexistencia del apoyo a políticas económicas y sociales progresistas y el apego a un conservadurismo moral y religioso marcará durante un buen tiempo la interpelación populista de izquierda en América Latina. En otras regiones los dilemas no son iguales, pero guardan similitudes.

Un ejemplo es el debate europeo en torno a la interpelación de la clase obrera y los incómodos posicionamientos a los que ello lleva en términos de nacionalismo xenofóbico y antiinmigrante. El precio que se paga es que cuando no se es capaz de articular estas contradicciones, el pueblo se termina volcando a los Trumps y Bolsonaros del mundo.

Descolgarse de las grandes narrativas

Ante semejante disyuntiva, han emergido voces dentro de la izquierda que han hecho un llamado a descolgarse de las grandes narrativas sobre pujas entre una “izquierda” y una “derecha”. Esta es una campaña más posmoderna, que habla del fin de las grandes narrativas sobre dirección general del Estado y enfoca la atención en  temas concretos de política pública.

Este grupo alberga a políticos como Iñigo Errejón de Más País, en España, que sin querer quitarle mérito a las grandes narrativas sobre el horizonte normativo, insiste en la importancia de una praxis política temática, enfocada en problemas y soluciones de política públicas concretas, relacionadas con el cotidiano de la gente. En comentarios sobre la derrota de Pablo Iglesias en las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid, se refirió a la insistencia de Iglesias en atacar al fascismo de Vox, en lugar de aterrizar en lo concreto.

Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, también parecería transitar por esa vía de cara a las presidenciales francesas del 2022 al decir que quiere “trabajar con lo real”, argumentando que el electorado ya no es partisano, sino que prefiere decidir sobre temas concretos y los compromisos que los políticos deben asumir. La alcaldesa confiesa su desazón con respecto a la caída de narrativas históricas con las cuáles se siente identificada, pero que ya no resuenan entre los electores. 

Priorizar lo concreto

Esta línea de priorizar la atención en lo concreto y en lo “propositivo-práctico” florecerá en ciertos ambientes, pero en otros no logrará ser la única o más importante solución. Probablemente, porque la política está llamada a responder a dos grandes exigencias. Por un lado, la presentación de “una historia” con un valor arquetípico donde una porción importante de la población se encuentra a sí misma y sea capaz de relacionar esa historia con su propio sentir. Por otro, por la exigencia de ofrecer soluciones concretas a problemas reales como el hambre, el desempleo, deuda, déficit, corrupción, etc. 

Es posible que una de las principales inspiraciones sobrevenga cuando se alcance la coherencia entre esa “historia” y las soluciones propuestas. Pero, esto no es lo usual. Hay liderazgos que se basan en grandes narrativas, pero no ofrecen soluciones, que sería el caso de Pedro Castillo en Perú. Y otros que se concentran en un listado de soluciones pero pierden de vista el fin, como Sergio Fajardo en Colombia.

Lo que puede ayudar a los liderazgos mantener un mejor enlace entre la gran narrativa y las medidas concretas es que los mismos cuenten con una referencia política. Una función que los partidos políticos solían proveer con su experiencia, ideas, intelectuales e institucionalidad. Sin embargo, hoy por hoy, la figura del partido político también está en plena mutación, por lo que se tiene que buscar otros tipos de referentes. Hay conjuntos más diversos que pueden conectar a los liderazgos con un horizonte normativo más sólido, compuesto de convicciones  argumentadas con ahínco y ciencia. De otro modo, nos quedaremos con la fluidez y fragmentación de las redes y liderazgos sin referencias sólidas, envueltos en  la comunicación efectista, con ribetes neo-caudillistas, personalistas y autocráticos.

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Los derechos de las mujeres en la política brasileña

Débora Thomé
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Los derechos de las mujeres en la política brasileña

Para los movimientos a favor de más mujeres en la política, el mes de junio en Brasil fue intenso. Con una reforma política en curso que cuestiona el reducido avance de la participación de las mujeres en los parlamentos, prevista para ser votada el mes siguiente, y bajo la coordinación de una diputada, era necesario afrontar el hecho de que la ya débil representación femenina en Brasil está amenazada.

A pesar de varios avances en cuanto a los espacios ocupados por las mujeres, el país oscila entre el último y el penúltimo lugar en América Latina cuando se trata de la representación femenina.

Logros y retos de la representación política

A pesar de que el sufragio femenino está garantizado por ley desde 1932 -por lo tanto, a punto de cumplir 90 años de historia- y con cuotas constitucionales desde 1995 para los puestos legislativos (excepto el Senado), el país no ha superado hasta ahora la marca del 15% de diputadas federales, lo que lo sitúa en posiciones poco honrosas en los rankings internacionales, como el de la Unión Interparlamentaria. Según el mapa 2020 de la participación de las mujeres en la política, elaborado por esta última organización en colaboración con ONU-Mujeres, Brasil ocupa el puesto 142 de 193 naciones en el ranking de representación femenina en el Parlamento.

La razón de esta ausencia puede explicarse por varios motivos, entre ellos, el diseño de las cuotas, la votación de listas abiertas y el elevado coste de la financiación de las campañas. Por otro lado, el sistema proporcional y nuestro intenso multipartidismo, con 33 partidos en liza, serían aspectos que impulsarían la participación y la elección de las mujeres.

En este contexto, con el imlpulso de países vecinos como México y Argentina, los grupos que luchan por los derechos políticos de las mujeres comenzaron a ensayar movimientos hacia la paridad.

Proyectos de ley como el 5250/2019, por ejemplo, prevén la paridad de género en las candidaturas al Senado. También en 2019 se presentó una propuesta, bautizada como «proyecto Marielle Franco» (concejala asesinada en 2018 en Río de Janeiro), para garantizar el 50% de escaños para las mujeres en todos los parlamentos brasileños.

Aunque el escenario brasileño nunca ha sido propicio para la aprobación de estas propuestas, nunca se habría esperado semejante reducción de los espacios. Dos años después, en junio de 2021, se discute el riesgo de aprobar el voto por distritos, con un cambio crucial para las mujeres: la garantía del 15% de los escaños en los parlamentos.

El absurdo del 15% para las mujeres en la política puede entenderse desde varios puntos de vista. Para empezar, este es ya el porcentaje actual de mujeres en el Congreso Federal. El bajísimo porcentaje es inferior al ya alcanzado en las elecciones locales. Después de las elecciones de 2020, las mujeres pasaron a ser, en promedio, el 16% de los concejales de las ciudades brasileñas.

Un segundo punto por destacar es que las reservas se convierten en techos, es decir, por experiencia, incluso con las cuotas, ya sabemos que, cuando no hay incentivos claros y bien establecidos para el cambio, los partidos mantienen sus ciclos de poder en torno a los líderes que ya están en el cargo. Reservar el 15% de las vacantes es condenar nuestro destino a mantener -y no ampliar- la presencia de las mujeres en la política.

Amenaza a los derechos ya conquistados

Finalmente, la decisión puede amenazar el avance obtenido recientemente por la coalición de diferentes movimientos de mujeres en la política, diputadas electas y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En 2018, actuando en conjunto, se garantizó el 30% de la financiación pública de las campañas para las mujeres candidatas (en Brasil, las campañas políticas son financiadas por el Estado). Si hay algún cambio debido a la reforma política, este avance institucional, que fue responsable de parte del aumento observado en el número de diputadas electas en las elecciones de 2018 -pasaron del 10% de la Cámara Federal al 15%- puede verse amenazado.

El grupo de mujeres del Congreso, cuyo perfil es más conservador, siempre se ha caracterizado por no aliarse con las agendas de derechos sexuales y reproductivos, es decir, con el derecho al aborto. Ante esta imposibilidad en las últimas décadas, la labor del movimiento feminista, en gran parte, tuvo que volcarse a evitar una regresión en las permisiones legales para la interrupción del embarazo.

Sin embargo, tres agendas fueron más convergentes dentro de la bancada de mujeres: la garantía de la igualdad salarial; la prioridad y urgencia de combatir la violencia contra las mujeres (aunque con entendimientos distintos sobre las políticas públicas de contención y reducción) y, finalmente, la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los espacios políticos de poder. Esto último está estrechamente relacionado con las dificultades que encuentran las mujeres al ver cuestionado su poder simbólico en un entorno tan dominado por los hombres.

Hasta ahora se entendía que, en estos tres ámbitos, era posible establecer un diálogo convergente entre las diputadas conservadoras y progresistas que componen la bancada femenina. Sin embargo, el último movimiento, con la posibilidad de una reforma política que amenaza los reducidos y lentos avances logrados por las mujeres en casi un siglo de voto femenino, apoyado por varios de los conservadores, hizo necesario que el movimiento femenino caminara en otra dirección.

Una vez más, en lugar de dedicar horas a pensar en las estrategias más eficientes para recabar apoyos y conseguir votos que permitan alcanzar la paridad en el Congreso, fue necesario readaptar la estrategia a la contención, que en este caso significa evitar la reducción de espacios para las mujeres en la política, en disputa con las propias congresistas.

Académicos, congresistas, representantes del tercer sector, una vez más, tuvieron que reunirse con la nada fácil tarea de frenar un posible retraso. Mientras nosotros secamos el hielo, el progreso y la paridad siguen esperando, allá en el futuro que nadie sabe cuándo llegará.

Foto de Wilson Dias/Agência Brasil

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Haití: «entre la anarquía política y el caos social»

Jerónimo Giorgi
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Haití: «entre la anarquía política y el caos social»

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se ha dado en “un contexto político marcado por la anarquía y una sociedad sumida en el caos”, como lo define el analista político haitiano Joseph Harold Pierre. Un país donde las bandas criminales tienen más poder que la policía y donde el vacío de poder, con la muerte del presidente, se termina de apropiar de lo poco que quedaba del Estado más antiguo de América Latina.

El presidente fue asesinado a tiros en la madrugada del miércoles en su residencia en Puerto Príncipe por un grupo de sicarios extranjeros sin que de momento se conozca el o los autores intelectuales del crimen. Lo que sí se sabes es que el presidente contaba con una larga lista de enemigos, dentro y fuera de la política, debido a su comportamiento conflictivo. A esto se suma que la política haitiana se rige por códigos corruptos y criminales y que es el único mercado que funciona en la actualidad, por lo que los interese detrás del sistema político suelen ser mayores que en otros países de la región.

¿Cual es la situación política en Haití?

De momento, “Haití vive una calma aparente. La sociedad se encuentra en shock” explica Harold Pierre. La gente evita salir de sus casas y el primer ministro, Claude Joseph, que en los papeles no lo es, ha declarado el estado de sitio.

Desde el punto de vista político, según la constitución haitiana, cuando se da un vacío de este tipo por el fallecimiento o incapacidad del presidente, es el primer ministro quien tiene que asumir el cargo. Sin embargo, para ello el primer ministro tendría que ser ratificado por el parlamento, pero el país carece de uno. Esto, debido a que en enero del año pasado se terminó la legislatura sin que hubiera elecciones para renovar la Cámara de Diputados y el Senado debido a la crisis generalizada.

Además, el primer ministro, al no haber sido nunca ratificado por un parlamento, lo es de facto. Y para terminar de complicar la situación, “el primer ministro de facto, que en condiciones normales debería asumir la presidencia, fue revocado por el propio presidente el lunes pasado” y el recientemente nombrado primer ministro recién está conformando su gobierno y no ha asumido. Por lo tanto, para el analista político haitiano el país se encuentra ante la particular situación de tener dos primeros ministros, uno saliente y otro entrante y sin que ninguno de los dos cuente con las condiciones legales para asumir la presidencia.

¿Cómo se llegó aquí?

El origen del caos político actual se desató a partir de las elecciones del 25 de octubre de 2015. Tras una primera vuelta en la cual ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta se convocó a una segunda vuelta para el 27 de diciembre de 2015. Esta, sin embargo, fue pospuesta primero para el 24 de enero de 2016 y debido a los disturbios y enfrentamientos volvió a posponerse para el 24 de abril. Tras una tercera cancelación la elección se celebró en noviembre de 2016, con la victoria de Moïse.

Según la constitución haitiana, explica Harold Pierre, el mandato del presidente es de cinco años. Pero las sucesivas cancelaciones y el retraso de la asunción del presidente llevó a un debate entorno a la extensión de su mandato. Si bien se realizaron elecciones en 2015 y en 2016 el debate se desarrolló entorno a si se trató de una única elección o dos diferentes, lo cual establecería claramente la extensión del mandato. Sin embargo, las instancias que tendrían autoridad para dirimir la cuestión —el Tribunal Constitucional y el Consejo Electoral Permanente—, tampoco existen en el país, lo que llevó a una situación en la cual no se sabía si el mandato de Moïse había concluido o no.

En simultáneo a la profundización del caos político, “se produjo durante los últimos años una acelerada descomposición de la institución policial debido a una voluntad política expresa”, según el analista, con el objetivo de poder operar libre e impunemente. El vacío dejado por un sistema político en plena descomposición y una fuerza policial debilitada empezó a ser ocupado por las bandas criminales, lo que generó un acelerado aumento de los crímenes y la violencia. Esto en medio de una profunda crisis económica y sanitaria que ha azotado aún más a una sociedad de por si muy castigada.

Ante semejante panorama se presentan dos escenarios. El primero sería el de una oleada de violencia donde las bandas criminales, aprovechando el conflicto entre el primer ministro entrante y el saliente, aumenten su poder y terminen adueñándose del país. El segundo escenario sería el de la intervención de la comunidad internacional para participar en la resolución del conflicto, con un protagonismo de Estados Unidos. Sin embargo, es probable que la comunidad internacional, “que no termina de entender el problema haitiano”, según Harold Pierre, considere que el país no cuenta con las condiciones necesarias o con los actores apropiados para salir de esta situación.

¿Cómo salir de esta situación?

En una situación normal, se debería llamar elecciones presidenciales para este año. Sin embargo, la ausencia de consensos políticos mínimos, la grave inseguridad, la desconfianza en el gobierno y el hecho de que el organismo electoral no tiene capacidad legal ni logística hacen inviable el llamado a elecciones. Y de organizarse a la brevedad, probablemente esta exacerbaría el caos y la anarquía.

El país necesita una solución socio-política explica el analista, una concertación de los principales actores que incluya a los partidos políticos, el sector privado, las universidad y autoridades religiosas para que se pongan de acuerdo en seleccionar —no elegir— a las personas moralmente competentes para conformar un gobierno de transición hasta que se puedan organizar unas elecciones en condiciones aceptables. Y para garantizar este proceso, sería indispensable la presencia y el apoyo de la comunidad internacional.

La dramática situación a la cual ha llegado Haití se debe a la sumatoria de un sinfín de factores que no han permitido la consolidación de una democracia decente. Y en este marco, según Harold Pierre, “el problema fundamental del país ha sido el rechazo a toda cultura institucional” que le permita construir sus propios cimientos.

*Este texto está basado en una entrevista realizada a Joseph Harold Pierre: economista, politólogo y consultor internacional haitiano, experto en América Latina y El Caribe y estudiante doctoral en ciencia política en la Nottingham Trent University en Inglaterra.

Argentina renegocia la deuda de cara a las elecciones

Gabriel Gaspar Tapia
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Argentina renegocia la deuda de cara a las elecciones

Este es un año difícil para Argentina. La inmensa mayoría de la gente vive angustiada por las lamentables condiciones económicas y la dilatada campaña de vacunación. Mientras tanto, el gobierno ha logrado prolongar el pago de la deuda y sus consecuencias, y los partidos se preparan para las próximas elecciones parlamentarias de noviembre que podrían reconfigurar nuevamente el mapa político argentino. 

A fines de 2019, Mauricio Macri perdió las elecciones luego de que su gobierno naufragara por el derrumbe del peso, la inflación y la debacle de las cuentas nacionales. La solución a la debacle por aquel entonces fue un gigantesco préstamo concedido por el FMI que los ciudadanos reprobaron en las siguientes elecciones cuando le dieron la presidencia y vicepresidencia a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. 

Fernández llegó al poder con un peronismo reunificado, corroborando la máxima de que “el peronismo unido, jamás será vencido”. La mayoría de los diversos sectores del peronismo (algo que sólo los argentinos pueden entender) apoyaron la alianza que representaba Alberto Fernández y el kichnerismo. “Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede”, fue la conclusión realista que sacaron los peronistas desde Jujuy hasta la Patagonia. 

Y entonces llegó el virus

Inicialmente, al Gobierno no le fue mal en materia sanitaria e incluso las autoridades “canchereaban” comparándose con sus vecinos.  Pero pronto el virus se expandió y la sociedad, acostumbrada a la socialización y a una intensa vida urbana, cayó bajo los rigores de la cuarentena.  El turismo —buen afluente de divisas— se desplomó, los estadios, cines y teatros cerraron y la convaleciente economía sufrió un mazazo.  

En 2019 el dólar llegó a valer alrededor de 50 pesos argentinos, mientras que hoy al cambio oficial está arriba de 100 y el llamado dólar “blue” pasó los 170.  La inflación aumenta mes a mes y la pobreza afecta a más del 40% de la población.  En este contexto, a finales de año se cumplían los primeros plazos para empezar a devolver los más de 45,000 millones de dólares del préstamo del FMI.

Ante semejante desafío, el gobierno representado por el ministro de Economía, Martin Guzmán, desplegó una ofensiva antes sus principales acreedores representados por el FMI y el llamado Club de Paris, y en ambos casos logró postergar los pagos para marzo del 2022.  Y es que evitar el default es vital para todos, y aquí empieza a jugar la política.

De cara a las elecciones

A pesar del punto a favor, todo indica que el oficialismo ha sufrido el desgaste. ¿Cuánto? ¿Afecta más al presidente que al kichnerismo?  ¿Seguirá unido el peronismo?  Diversos episodios evidencian las diferencias al interior del oficialismo. Cristina Fernández adelanta alfiles y ha posicionado a Axel Kiciloff, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, como presidenciable.

En la oposición, el gobernador de la capital, Rodríguez Larreta, le disputa la candidatura del PRO a Macri y mueve peones a la provincia de Buenos Aires (principal distrito electoral argentino). Los radicales también se animan y “conforme a reglamento”, los socialistas argentinos están divididos. 

Ante un escenario polarizado entre Larreta-Macri por la derecha y el kichnerismo en la otra punta, muchos se preguntan si entre Corea del Norte y Corea del Sur no sería conveniente una Corea del Medio. Sobre todo, de cara a las elecciones parlamentarias parciales del 14 de noviembre donde se elegirán a 127 de los 257 diputados y a 24 de los 72 senadores (las primarias serán el 12 de septiembre).   

Ante un escenario de estas características, es presumible que los acreedores accedieran a prorrogar la renegociación de la deuda esperando el resultado de las elecciones que serían un indicador del poder del gobierno y un anuncio de lo que podría pasar en la elección presidencial.  

Las incertidumbres de siempre

No todo es oscuro. Como el Papa es argentino y seguro tiene influencia arriba, los precios de la soya y otros granos se han disparado en los últimos meses y hoy la soya genera mas ingresos que la carne. Los chinos demandan en volúmenes chinos y Argentina es de sus principales proveedores, por lo que están entrando divisas y el Banco Central no está sufriendo tanto. 

En este contexto y con el objetivo de frenar el alza del precio de la carne, el gobierno decretó una veda a su exportación.  ¿Funcionará?  Los controles estatales no gustan a las calificadoras de riesgo y Argentina acaba de perder su calidad de país “emergente”, lo que repercutirá en el acceso al crédito.  De momento las acciones de las empresas argentinas están a la baja, especialmente YPF.

Para variar, las interrogantes no son pocas.  ¿Llegarán mas vacunas? ¿Serán efectivas ante la variante Delta?  ¿Se reducirá la inflación?  ¿Se estabilizará el dólar?  La angustia de los argentinos es entendible.

En medio de este deprimente panorama hay un aspecto a rescatar y es que a diferencia de gran parte de los países de América Latina, donde la ciudadanía ya no confía en los partidos políticos, en Argentina parecería que no está pasando lo mismo.  El debate político se sigue dando entre los partidos y con mecanismos para dirimir sus controversias, como las PASO. De momento, los argentinos al menos preservan su sistema de partidos.

Foto de Esteban Collazo – Presidencia de Argentina

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Amazonía: soberanía y derecho amazónico

Eugenio Hernández-Bretón
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Amazonía: soberanía y derecho amazónico

Ocho países soberanos se reúnen en torno a la cuenca amazónica: La Amazonía; el corazón de América del sur. Esos ocho Estados, todos vecinos de la inmensa selva común, atravesada por los ríos que de todas partes fluyen al gran río madre, y que constituye la avenida del interior suramericano al Océano Atlántico, son los administradores de lo que para muchos es el pulmón del mundo. Junto a ellos hay, además, en una esquina de la Amazonía, un “territorio de ultramar” bajo la soberanía francesa.

La riqueza de la diversidad natural de la Amazonía no ha sido totalmente cuantificada ni tampoco evaluado su potencial para el desarrollo de los Estados vecinos. Es un territorio tan grande -de más de siete millones y medio de kilómetros cuadrados-  y de tan difícil acceso en muchas de sus partes que todavía se puede hablar de las «manchas blancas» en el mapa de la Amazonía y de poblaciones que la ocupan que probablemente todavía no hayan tenido contacto con la «civilización occidental». Poblaciones ubicadas en regiones que, en su mayoría, no se han podido incorporar a los procesos socio-económicos de los respectivos países de la zona y cuyo potencial turístico no se ha logrado descubrir todavía.  

Hace cuarenta años, mucho antes de que el debate de posiciones en torno a la Amazonía, el desarrollo sustentable, el cambio climático y el futuro del planeta y de la humanidad se hiciera tan público y global, y mucho antes de los horrorosos incendios de cientos de miles de hectáreas en el lado brasileño durante el 2018, los ocho países soberanos de la Amazonía suscribieron (el 3 de julio de 1978, Brasilia) el Tratado de Cooperación Amazónica («TCA»).

El potencial de desarrollo de la Amazonía

Los países ribereños se dieron cuenta de que el verdadero potencial de desarrollo racional de la Amazonía y la conservación de la ecología de la zona eran dos factores que se encontraban del mismo lado de la ecuación, y que no era posible alcanzarlos sin un esfuerzo conjunto y coordinado en el ejercicio de la soberanía territorial y sin la gestión alineada de las políticas de todos los Estados involucrados. Hubo, en ese momento, un sentimiento de responsabilidad compartida inherente a la soberanía de cada uno de los Estados amazónicos. La cooperación entre los Estados de la Amazonía habría de servir para facilitar el cumplimiento de esa responsabilidad, tal como lo dice el propio TCA.

Foto de Norad – Norwegian Agency for Development Cooperation

El desarrollo económico y social de la Amazonía ha sido, sin embargo, desordenado, a veces caótico, criminal y depredador de ese espacio de selva tropical, que es, además, generador de millones de litros de agua dulce día a día. No solamente está el caso brasileño ya mencionado, sino el caso dantesco del Arco Minero en la parte venezolana, o los grandes derrames petroleros en el área que corresponde al Ecuador, sin mencionar la cantidad de descargas contaminantes a los ríos tributarios del Amazonas y a este último. Aquí los afectados más directos son las poblaciones locales, más de 420 pueblos indígenas y comunidades, con el respectivo daño a las riquezas etnológicas del área amazónica. Los daños son irreparables y lo único que puede hacerse es prevenirlos.

Los países firmantes del TCA se dieron cuenta que los mejores deseos de cooperación indispensable para la protección y desarrollo equilibrado de la región son meras ilusiones si los compromisos entre ellos no se fortalecían. Por eso, veinte años después de firmado el TCA se firmó una enmienda de ese tratado. El Protocolo de Caracas de 1998,  que creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica («OTCA»), con personalidad jurídica propia, para así fortalecer los compromisos de cooperación asumidos. Fue un paso importante hacia la supranacionalidad de la Amazonía, como lo destacan los estudiosos contemporáneos, y desde 2003 funciona la Secretaría General de la OTCA en Brasilia.

El “Derecho amazónico”

A pesar de estos progresos, sin embargo, ha faltado lo que los autores más autorizados han llamado un verdadero «Derecho amazónico». Se trata de una normativa que establezca con mayor claridad y precisión los derechos de las poblaciones locales y de cada uno de los países de la región respecto de la Amazonía, incluidos la protección y conservación del medio ambiente, así como los correspectivos deberes de los Estados parte del TCA.

Es decir, hace falta la normativa amazónica. Pero a la par de ella, y con igual urgencia, es necesario que los Estados parte del TCA creen ellas mismas, dentro de la OTCA, las instancias vigilantes del TCA y del Derecho amazónico. Es decir, órganos de investigación y fiscalización, una policía amazónica coordinada, y un órgano u órganos de justicia amazónica, que conozcan de los reclamos por violación del Derecho amazónico —incluyendo por los daños al medio ambiente y a las poblaciones locales— y ante los cuales sean responsables, no solo los Estados por sus incumplimientos sino también los particulares por sus delitos ambientales.

La soberanía nacional individual no debe ser obstáculo, como tampoco lo fue en el pasado para alcanzar este resultado. Es la necesaria justicia ambiental amazónica la que se impone, y que además marcaría un ejemplo para el mundo. Se trata de un deber de solidaridad soberana de los países de la Amazonía con sus gentes y con los habitantes del planeta Tierra. Sería esto, al menos, un significativo paso en el desarrollo del difícil proceso de cooperación universal en materia de conservación de los espacios más delicados y más útiles para el presente y sobre todo para el futuro de toda la humanidad.

Foto de Neil Palmer/CIAT

Luciano Huck y la carrera presidencial brasileña

Carolina de Paula
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Luciano Huck y la carrera presidencial brasileña

El 16 de mayo, el presentador de televisión Luciano Huck concedió una entrevista al periodista Pedro Bial en la Red Globo en la que afirmó que está oficialmente fuera de la carrera electoral de 2022. El principal motivo de su retirada sería el mantenimiento de su contrato con la TV Globo, asumiendo el principal programa de entretenimiento de la cadena carioca a partir del próximo año.

Curiosamente, en los días siguientes a la entrevista se pudo observar una razonable agitación entre los periodistas que se dedican a cubrir la política nacional. Como analista de encuestas y escenarios electorales, y motivada por el cuestionamiento de algunos de ellos sobre «el destino de los votos de Luciano Huck», evalúo que la retirada del presentador es bastante insignificante para las elecciones de 2022.

¿Qué revelan las encuestas?

Un error común al leer las encuestas es interpretarlas como una expresión fiel y consolidada de los deseos de los votantes. El error es aún mayor si no consideramos que para las próximas elecciones falta más de un año (octubre de 2022).

No es raro encontrar análisis, originados a partir de la divulgación de los porcentajes de las encuestas, en los que se afirma que la disputa por la presidencia está polarizada -entre el actual presidente Jair Bolsonaro (sin partido) y el expresidente Lula (PT)-, pero que aún hay espacio para una tercera vía, ya que la suma de todos los demás nombres presentados suma entre el 25 y el 30%.

Antes de abordar los problemas de este argumento, cabe señalar que la idea de «polarización» en el escenario electoral brasileño es bastante errónea. Equipara a un candidato de extrema derecha que ha estado desafiando día tras día las instituciones del Estado de Derecho democrático -cuestionando la equidad de las elecciones y señalando una posible no aceptación del resultado electoral- con un candidato de izquierdas que opera en el campo democrático y respeta las reglas del juego.

Dicho esto, comencemos a abordar el argumento relativo a la existencia de «un 25 a 30% de intenciones de voto para un candidato de una posible tercera vía». Si no recordamos que los escenarios estimulados (en los que el entrevistador dicta las opciones de nombres) son artificiales, acabamos convenciéndonos de este argumento.

Sin embargo, el escenario espontáneo, en el que el entrevistado no recibe las opciones de nombre por parte de los institutos, revela que en este momento, según la última encuesta de Datafolha (13/5), el 49% de las personas simplemente «no sabe» a quién votar. Lula lidera con un 21%, Bolsonaro anota un 17% y Ciro Gomes tendría un 1% de menciones espontáneas («otros candidatos», 2%; «en blanco/nulo/nada», 8%).

Así, parece que el principal mensaje de las actuales encuestas es la inexistencia de una «tercera vía» en la mente de los votantes. El presentador Luciano Huck, por ejemplo, no llega ni al 1%.

Incluso si ignoramos este elemento y empezamos a observar los escenarios artificiales, es decir, los estimulados, la situación tampoco mejora. Es cierto que hay una parte importante del electorado que no querría votar ni a Lula ni a Bolsonaro, pero lo que hay que tener en cuenta es la variedad de perfiles dentro de esta porción.

El análisis de microdatos de las encuestas actuales revela que este votante tiende a ser de centroderecha. Sin embargo, existe una amplia gradación en la escala de preferencias políticas vinculadas a las costumbres y la agenda económica de este segmento. Potencialmente en esta misma franja hay también un votante que estaría ideológicamente más a la izquierda de Lula y difícilmente votaría a un candidato de centroderecha. Así, la ilusión del «25 o 30% del candidato de la tercera vía» comienza a diluirse poco a poco.

La simplicidad de las interpretaciones que atribuyen a la clase política la mera decisión de elegir un nombre para representar la «tercera vía» abstrae la complejidad de este desafío. Olvida que el otro lado de la ecuación, es decir, el electorado que no desea votar ni a Lula ni a Bolsonaro, conforma un enorme mosaico de pretensiones y expectativas sobre el próximo presidente y su proyecto de país.

Difícilmente habrá un solo nombre capaz de aglutinar tantos intereses en torno a sí. La consecuencia de esto será de nuevo un escenario electoral en 2022 con varios candidatos, cada uno compitiendo por una parte del electorado.

Reconfiguraciones y posibles escenarios futuros

Ahora, podemos volver al punto inicial donde afirmo la insignificancia de la retirada de Huck. El anfitrión de Globo no cambia el escenario electoral actual porque no deja «legado» a ningún otro opositor, dada la heterogeneidad de preferencias que engendra esta porción del electorado. Además, el supuesto porcentaje de voto de Huck (4% según Datafolha) era artificial, ya que ni siquiera puntuaba en las encuestas espontáneas.

Los datos de las encuestas son importantes para orientar a los candidatos y a los partidos. También ayudan a identificar los rechazos, formar alianzas y definir los temas de la campaña. Sin embargo, nunca está de más recordar que hay reconfiguraciones en estos escenarios cuando las candidaturas se lanzan oficialmente y el votante deberá decidir entre nombres reales y no en especulaciones partidistas o incluso provenientes del mercado y los medios de comunicación.

La pandemia de Covid-19 sigue dominando las preocupaciones de los brasileños, y con razón. A estas alturas del partido, atribuir alguna importancia a la candidatura fallida de Luciano Huck es una quimera.

Foto de Força Aérea Brasileira FAB Comando da Aeronáutica (Brazilian Air Force)

¿Hay un divorcio entre Ciudad de México y AMLO?

Alejandro García Magos
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¿Hay un divorcio entre Ciudad de México y AMLO?

El resultado más sorprendente de las pasadas elecciones intermedias en México fue el aparente divorcio entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el votante de Ciudad de México (ahora rebautizada como CDMX). Más de la mitad de sus divisiones territoriales pasaron a manos de la oposición, pintando un mapa electoral de la ciudad partido en dos: al oeste la oposición, al este el oficialismo. La derrota en la capital del país fue dolorosa para AMLO por dos razones. Primero porque fue ahí donde su carrera política despegó, y segundo porque dejó malparada a su ahijada política y actual alcaldesa Claudia Sheinbaum.

Su reacción fue de incredulidad primero y de negación después. ¿Cómo es posible que la ciudad que piensan de izquierda votó por partidos de derecha? Ello demuestra que no saben dónde están parados: la CDMX no tiene vocación de izquierda sino de oposición.

AMLO se debe a CDMX

Para empezar, hay que señalar la importancia de la CDMX en la carrera política de AMLO. Fue en la capital donde el hoy presidente cursó sus estudios de licenciatura en Ciencia Política, y fue ahí donde llegó de su natal estado de Tabasco con su familia en 1996 a presidir el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), su primer cargo con proyección nacional. Desde esa posición construyó su candidatura a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF) en 2000, sin contar el requisito de residencia de cinco años, todo hay que decirlo.

Ya instalado en la Jefatura, desde el primer día de su administración utilizó los reflectores y los recursos de la oficina para posicionarse políticamente con miras a la presidencia. Su estrategia fue sencilla: pelearse todos los días con el gobierno federal del derechista Partido Acción Nacional (PAN) encabezado por Vicente Fox (2000-2006), así fuera por nimiedades como por ejemplo el horario de verano.

De esa forma, AMLO transformó la Jefatura de Gobierno del DF en la cabeza de playa de la oposición al gobierno federal. El punto de confrontación más álgido entre los dos niveles de gobierno se dio en 2005 cuando Fox intentó torpemente apear de la carrera presidencial a AMLO. La ciudad entonces arropó a su alcalde y le brindó su apoyo con movilizaciones masivas que obligaron a Fox a dar marcha atrás.

Pero AMLO pagaría con ingratitud. Tras perder las elecciones de 2006 contra Felipe Calderón, acusó fraude y mandó a sus seguidores a bloquear Avenida Reforma como medida de presión para cancelar las elecciones. De la noche a la mañana la avenida más elegante de la capital fue taladrada con mazos y picas para montar tenderetes donde sus partidarios hacían guardias para forzar el quiebre del orden constitucional. Las pérdidas económicas para empresarios, comerciantes, empleados y restauranteros de la zona se calcularon entonces en 7 mil millones de pesos y despido de más de tres mil trabajadores.

Llegarían las elecciones presidenciales de 2012 y la ciudad le perdonó a AMLO el exabrupto de 2006 volviendo a votar masivamente por él. En aquella ocasión venció en la ciudad por dos a uno en votos al candidato triunfador de la elección, Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero qué creen: AMLO volvió a acusar fraude, aunque esta vez la diferencia en votos no le dio la fuerza para llevar a cabo movilizaciones como en 2006.

La historia de AMLO y la CDMX no terminaría ahí. En 2014 fundó en la capital su propio y personal partido, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con el que arrasó en las elecciones de 2018, no sólo en la ciudad sino en el país entero. Nótese que MORENA es un partido creado en la CDMX, no en Tabasco ni en ningún otro estado de la república.

La pérdida de la CDMX

Todo lo anterior explica porqué fue tan dolorosa la pérdida de espacios en la capital para AMLO, y porqué lleva semanas injuriando a las clases medias capitalinas por darle la espalda. Le mueve no sólo el orgullo herido sino también el cálculo político: la candidata presidencial in pectore de MORENA rumbo a 2024, la alcaldesa Sheinbaum, salió muy perjudicada con los resultados electorales.

Sheinbaum es una política de estilo frío y académico que contrasta con la rijosidad y sangre caliente del presidente, pero quien se ha ganado su afecto por su lealtad absoluta, algo que el presidente valora por encima de todo. Los resultados, sin embargo, mostraron que su delfinato y entronización no son tarea fácil.

El problema de AMLO y Sheinbaum es que se niegan a ver la realidad. Tantos años en el poder les han hecho creer que la ciudad es “de izquierda”. Se equivocan, la CDMX tiene vocación de oposición. AMLO y Sheinbaum confunden una cosa con la otra.

Esta vocación opositora no es nueva, además. Durante la época del autoritarismo del PRI en el siglo veinte, la ciudad siempre fue el bastión de los partidos opositores, tanto de derecha como de izquierda. Ya en el año 1976 durante el apogeo del PRI los votos para la oposición en la CDMX era el triple que la media nacional. Lo mismo se puede decir después de concluida la transición democrática (1976-1996).

Los gobiernos del PRD de Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000), AMLO (2000-2005), Marcelo Ebrard (2006-2012), y Miguel Mancera (2012-2018) fueron siempre vistos como “gobiernos de oposición” (un oxímoron de uso corriente en México). Estos gobiernos contaban con el apoyo de una ciudadanía citadina que veía en ellos un contrapeso saludable al gobierno federal del PAN y más tarde del PRI. ¿Por qué tendrían que ser las cosas distintas ahora?

Con los resultados del pasado junio, la CDMX vuelve a ser el epicentro de la oposición al gobierno federal. Esta nueva realidad ha sido muy difícil de aceptar para AMLO, quien al día de hoy se considera a si mismo un opositor al poder de las élites. Su problema es que la gente, y en especial los capitalinos, cada día le ven menos como un opositor y más como lo que es: una autoridad. Una autoridad, además, dicho sea de paso, que ofrece mucha política, pero pocos resultados.

Las angostas cornisas de Pedro Castillo

Luis Pásara
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Las angostas cornisas de Pedro Castillo

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, parece haber vencido los múltiples obstáculos interpuestos por Keiko Fujimori, perdedora en la segunda vuelta de las elecciones del 6 de junio. Una vez sea proclamado ganador por el organismo electoral, tras una apretada victoria por apenas cuarenta mil votos entre casi 19 millones de votantes, Castillo deberá tomar posesión del cargo el 28 de julio cuando el país conmemore el bicentenario de su independencia. A partir de allí, el nuevo presidente deberá enfrentar los considerables desafíos que le esperan para los cinco años de mandato.

Mientras tanto, a tres semanas de su derrota, la oponente —hija del dictador Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión por corrupción y violaciones de derechos humanos— no ha reconocido la victoria de Castillo. Keiko Fujimori sostiene que un fraude la ha perjudicado, continúa organizando marchas de protesta —que ya han ocasionado un muerto entre sus adversarios— y ha interpuesto múltiples recursos sin pruebas que no han tenido efecto. Estados Unidos, la Unión Europea y observadores internacionales han destacado la transparencia de los comicios.

Los desafíos de Castillo

Castillo, sin embargo, debe prepararse para una fase mucho más dura, cuando se le abran varios frentes en un cuadro social donde se multiplican demandas que exigen solución. Actualmente, varios conflictos sociales afectan a diversos sectores de la sociedad, pero principalmente a las industrias extractivas. En mayo de este año, la Defensoría del Pueblo identificaba 191 conflictos, que acaso se incrementen alentados por la llegada del nuevo gobierno.

En primer lugar, el mandato de Castillo es legítimo, pero con el respaldo de 50,1% del electorado resulta insuficiente para emprender una gran transformación. En segundo lugar, el partido que lo presentó como candidato adhiere a un marxismo-leninismo conservador en materias como familia y género, y mantiene un programa anacrónico. Y en tercer lugar, la primera vuelta electoral definió que haya diez partidos ocupando escaños en el Congreso. En este marco, encabezar el Poder Ejecutivo no será suficiente para llevar a cabo un cambio radical.

Pedro Castillo lo sabe. Es un hombre de origen humilde, profesor y evangélico que proviene de un pequeño poblado andino donde trabajó hasta ahora. Y es que en doscientos años de vida independiente, el país nunca vio llegar a la presidencia un hombre con ese perfil.

Castillo se fogueó como dirigente sindical del gremio magisterial y, cuando se decidió a entrar en política, pretendió formar un partido sobre la base de los maestros del país, que son más de medio millón. La tarea de recoger firmas, a fin de inscribir el partido ante las autoridades electorales, se vio interrumpida en 2020 por las restricciones impuestas por la pandemia. Fue entonces cuando dirigentes de Perú Libre —partido regional del centro del país que cuenta con inscripción electoral— le ofrecieron la candidatura ya que el fundador del partido y candidato a aspirar al cargo acababa de ser condenado por la justicia debido a su mal manejo de fondos públicos.

Los fantasmas del comunismo

Al ideario radical de Perú Libre se sumó la participación de maestros vinculados al MOVADEF —agrupación que busca por vías legales aquello que se propuso alcanzar con las armas el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso—, lo cual provocó que los principales medios identificaran a Castillo con el comunismo. Esto sembró la idea de que de ser elegido el país se convertiría en una Venezuela.

Pese a que la campaña a favor de Keiko Fujimori se nutrió del miedo al comunismo y del desprecio por el maestro campesino, la mayoría terminó escogiendo al candidato que más se les asemejaba.

“El profesor” no esconde sus limitaciones y se ha refugiado en discursos que abundan en generalidades. De allí que algunos comentaristas coinciden en señalar que no se sabe qué hará en el cargo. No obstante, en mayo presentó un plan de gobierno para los primeros cien días que evita radicalismos pero mantiene la necesidad de revisar los contratos que otorguen tratamientos excesivamente favorables a las explotaciones mineras y gasíferas.

¿Cómo será la bancada oficialista?

El reciente acercamiento de asesores de la izquierda educada ajenos a Perú Libre, ha tonificado las definiciones del futuro gobierno y ha dado lugar a ciertos forcejeos con los líderes del partido, lo cual adelanta otro frente a la interna del gobierno.

La fisura probablemente se replique en la representación parlamentaria de Perú Libre que cuenta con 37 congresistas sobre un total de 130. Al parecer, una porción de ellos fue seleccionada por el propio Castillo y otra por la dirigencia de Perú Libre, por lo tanto, en las próximas semanas se podrá saber si el gobierno cuenta con una bancada propia o surgirán las divisiones.

Si los 37 congresistas actuaran unificadamente, probablemente se les sumarían otros 13 de la izquierda y el centro que en conjunto no alcanzarían a una mayoría. La derecha, en tanto, contaría con, cuando menos, tres fuerzas que suman 44 congresistas. Otros tres grupos, con 36 parlamentarios, probablemente se dividan o pacten con la derecha o con la izquierda según sus conveniencias.

Castillo tendrá que hilar muy fino para, de un lado, mantener unida a la bancada de Perú Libre y, de otro, contar con la flexibilidad necesaria para pactar con las fuerzas que muestren apertura a acuerdos circunstanciales. Si no lograra caminar por esa angosta cornisa, el Congreso podría aprovechar cualquier paso en falso para vacar la presidencia.

El empresariado es el otro gran desafío

Un frente adicional es el empresarial. Aunque desde este sector ha habido apoyo financiero para las campañas de miedo al comunismo, el realismo se impuso a partir del domingo 27 cuando un editorial del conservador diario El Comercio dijo ‘basta’ a los reclamos infundados de fraude de Fujimori.

El anuncio de Castillo el día anterior de que había pedido al actual presidente del Banco Central, Julio Velarde, permanecer en el cargo parece haber sido decisivo. El presidente electo afirmó además: “No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, es falso. Somos democráticos, respetaremos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana”. La cotización del dólar descendió y la Bolsa de Valores de Lima se reanimó.

En esta semana parece haberse producido un divorcio entre los intereses empresariales y las ambiciones políticas de quienes se acreditaban su representación. Más realistas los primeros, parecen haber aceptado la victoria de Castillo y estar preparándose para convivir con el nuevo gobierno.

Pero, claro está, será una aceptación condicionada. En particular, los empresarios pondrán atención al maneje del gobierno de los conflictos sociales y a la búsqueda de soluciones que sean aceptables por los reclamantes y, al mismo tiempo, no alarmen a los mayores intereses económicos. Esta será otra angosta cornisa a recorrer por un gobierno cargado de desafíos.

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Chile: de la revuelta a la Convención

Victor Tricot
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Chile: de la revuelta a la Convención

La movilización popular sin precedentes, iniciada en la revuelta de octubre de 2019, es la principal responsable de que el domingo 4 de julio se inicie en Chile una Convención Constitucional que confeccionará una nueva carta magna para el país. Ese día, comenzará un derrotero que en poco más de un año puede dejar la constitución redactada durante la dictadura cívico militar como un recuerdo del terrorismo de estado de Pinochet.

La tradicional pulsión institucionalista de la elite política logró canalizar —parcialmente— el fervor popular en el acuerdo por la paz del 15 de noviembre de 2019 que planteaba una hoja de ruta donde, mediante sucesivas elecciones, se otorgaba la posibilidad de cambiar la constitución. De esta manera, se intentaba otorgar legitimar a un sistema que se vio interpelado desde las calles.

¿Cómo estará integrada la Convención?

Que exista una institución participativa de estas características y con este objetivo, ya de por sí es novedoso e histórico en Chile. Esta Convención será, por primera vez en la historia, paritaria, con prácticamente igual representación de hombres y mujeres, y ofrecerá, también por primera ocasión, representación propia a los pueblos indígenas mediante escaños reservados. Además, tendrá el nada despreciable atributo de ser la primera constitución construida de forma colectiva y aprobada o rechazada de manera democrática en las urnas.

El próximo 4 de julio, más allá de las discusiones técnicas en cuanto a la conformación del reglamento que regirá la Convención, comisiones, presidencia u otros, se iniciarán diversos debates y muy probablemente comiencen a visualizarse los bloques y la correlación de fuerzas dentro de la Convención. En este marco, surgen diversas temáticas que sin duda serán relevantes y concitarán gran parte del debate y dinámica política en la constituyente.  

La paridad de género es un hito sin duda. Desde la discusión en el congreso para decidir la conformación de la Constituyente, la distribución paritaria de los curules se convirtió en un anhelo que se vio coronado finalmente con su aprobación. La Convención está conformada en la actualidad por 77 mujeres de los 155 convencionales posibles. Esto no es casual, ni representa la buena voluntad de los legisladores o una particular habilidad de cabildeo en el parlamento, sino que es la resultante de una movilización feminista constante, con presencia en múltiples escenarios y con repertorios de actuación diversos durante décadas.

Foto de pslachevsky en Foter.com

El desafío, es que esta representación se vuelque en la conformación de propuestas concretas que garanticen o plasmen en la constitución demandas del movimiento feminista como la igualdad y la no violencia contra las mujeres, entre otras.  Esto no será fácil mientras las voces conservadoras insistan en los perjuicios de la “ideología de género”.

Por su parte, los pueblos indígenas contarán con 17 representantes propios, no mediados por partidos políticos, en la Convención. De estos, siete corresponden al pueblo mapuche, dos al aimara y el resto a los demás pueblos originarios presentes en el país que cuentan con un representante cada uno.

Con el reconocimiento constitucional como base mínima sobre la cual empezar cualquier discusión, queda por verse que otras demandas históricas del movimiento indígena logren ser contempladas en la nueva constitución. Algunas de ellas son los derechos colectivos que tienen en cuenta los estándares internacionales vigentes en torno al territorio, la autonomía, la autodeterminación o incluso la demanda que se ha instalado con fuerza de reconocer a Chile como un estado plurinacional.

Esta disputa tampoco será fácil. Por lo tanto, habrá que ver si los representantes indígenas logran trabajar de forma mancomunada, más allá de diferencias específicas. En este sentido, los Constituyentes mapuches plantearon una propuesta de criterios mínimos para la conformación de la Mesa Directiva de la Convención para que esté presidida por una mujer y para que sea paritaria, plurinacional y rotativa.  

Las temáticas de la constituyente

La defensa del medio ambiente, las luchas territoriales contra las industrias extractivistas y el acceso al agua como derecho fundamental serán otras de las temáticas centrales llevadas a la convención por parte de los constitucionales. En este sentido, una declaración firmada por poco más de treinta convencionales electos plantea el compromiso de elaborar una constitución ecológica que consagre los derechos a la naturaleza, el “buen vivir” y la soberanía alimentaria entre otros puntos.

Por último, queda ver el rol que asumirán las decenas de independientes electos. Más allá de la estéril discusión de los partidos políticos en cuanto su imperativo existencial para una democracia de calidad, la realidad es que en la elección Constituyente abrió el tablero de posibilidades, obliterando de paso todas las predicciones previas a la elección.

Gran parte de estos, no todos, reunidos en lo que se conoce como la Vocería de los Pueblos, firmaron recientemente una declaración esbozando algunos lineamientos políticos generales que consideraban relevantes, como la soberanía de la Convención, la demanda de poner en libertad a los presos políticos existentes en el país, o la reparación a las víctimas de la represión, entre otras temáticas.

El escenario está abierto y las interrogantes son muchas aún. La inauguración de la Convención será en unos días y falta aún decidir acerca de la transparencia de las sesiones plenarias y de las comisiones. Tampoco se ha decidido si la Convención sesionará en alguna otra región aparte de la capital, si se deberían excluir de las votaciones en las que haya conflicto de intereses a los Constituyentes implicados, o la obligatoriedad de rendir cuentas ante los territorios que los eligieron entre otras muchas facetas pendientes que se irán dirimiendo a partir del 4 de julio.

Si hay algo que sí podemos afirmar con certeza es que el seísmo que implicó para el sistema político el salto de un torniquete por parte de los estudiantes, provocó un proceso constitucional que realineará las placas tectónicas de la política chilena.

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Foto de pslachevsky en Foter.com

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