Crimen pandémico y Estados distraídos en la región

César Niño
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Crimen pandémico y Estados distraídos en la región

América Latina es una región pacífica pero altamente violenta y criminalizada. La dimensión de “pacífica” se refiere más a que no hay tensiones militares de gran nivel que amenacen la estabilidad regional y que no hay hipótesis reales de confrontación a pesar de ciertas escaramuzas limítrofes con bajos dilemas de seguridad. Sin embargo, la naturaleza de la región es compleja, violenta e insegura. A saber, entre las 50 grandes ciudades más violentas e inseguras del mundo, 42 son latinoamericanas y, mientras la región representa el 13% de la población mundial, aquí sucede el 40% de los homicidios violentos del mundo. En América Latina hay más violencia y crimen que en cualquier otra parte del planeta.

A pesar de ello, al principio de la pandemia, como se esperaba, hubo un descenso interesante en el crimen tradicional en la región desplazando la violencia y los principales crímenes al interior de los hogares. Dicho descenso puede responder a que el crimen tradicional estuvo afectado por el aislamiento social y la alteración de la vida cotidiana en gran parte de los países. Por otro lado, los criminales digitales se aprovecharon de la pandemia y los ciberdelitos crecieron más de 70% en la región.

El aumento del crimen y la violencia en la pandemia

Sin embargo, a partir de mayo de 2020, las estructuras y los fenómenos criminales tradicionales comenzaron a adaptarse a las nuevas situaciones de emergencia y vigilancia en los diferentes países. La puesta en marcha de estrategias para el control de la población y el aislamiento social en la mayoría de los países de América Latina por parte de las instituciones estatales, dejó en evidencia Estados distraídos.

Mientras las fuerzas de seguridad patrullaban las zonas rurales y urbanas haciendo labores atípicas en materia sanitaria, los grupos y organizaciones criminales potenciaron sus capacidades de gobernanza en varios territorios. Y en los países más débiles y con instituciones más distraídas, los criminales comenzaron rápidamente a adoptar y emular elementos distintivos de los Estados.

En México, Colombia y Brasil, por ejemplo, grupos armados de diferentes naturalezas suplantaron roles estatales en el orden y control territorial, social y económico. El tráfico de menores entre Haití y República Dominicana se elevó un 60 %, la participación de los peligrosos carteles del narcotráfico mexicano en los diferentes nodos geográficos en Colombia con el Clan del Golfo, los Pelusos y demás, se incrementó hasta el punto de comprender esta dinámica como una diplomacia criminal. Mientras que las maras centroamericanas de MS-13 y Barrio 18 encontraron nuevos métodos de lavado de activos en negocios legales.

El crímen y la construcción de legitimidades

Estos ejemplos no demuestran que la pandemia es la causante del crimen y la violencia, sin embargo, dejan en claro que esta ha sido un elemento acelerador del fenómeno. Y es que crecimiento del críemen puede tener una explicación interesante, y es que, los operativos de las fuerzas de seguridad en las calles y la distracción sanitaria de los Estados han dejado el camino libre a los criminales para construir ciertas legitimidades en alguno territorios latinoamericanos donde las organizaciónes ya estaban acentadas.

De hecho, tanto en Centroamérica como en Suramérica, algunas de las estructuras armadas al margen de la ley impusieron sus propias medidas de asilamiento y aprovecharon las precariedades de las políticas públicas estatales para brindar protección a la población, administrar justicia, prevenir contagios, construir rutas de acceso y tejer relaciones subterráneas con la población. Todo esto a un alto costo social. Por lo tanto, la pandemia impulsó con más fuerza la gobernanza criminal y dejó al desnudo las grandes falencias institucionales en la región.

En conclusión, mientras los tomadores de decisiones en los diferentes estados siguen leyendo el contexto de seguridad de sus países en clave de policías y militares, los criminales entienden que la legitimidad es un recurso fundamental en su estrategia de pervivencia. La militarización de la seguridad no es directamente proporcional a un estadio de paz y de no crimen y no violencia. Hacen falta mejores reflexiones sobre la seguridad particular y una mejor cercanía sobre las “seguridades cotidianas” del ciudadano de a pie, para que haya mejores relaciones cívico-estatales y no cívico-criminales. Por todo esto, América Latina es una región muy pacífica pero peligrosa.

Foto de markarinafotos en Foter.com

Realidad y desafíos en las relaciones Brasil-Venezuela

Paulo A. Velasco Júnior
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Realidad y desafíos en las relaciones Brasil-Venezuela

Con el avance de la crisis venezolana a lo largo de la década de 2010, especialmente tras la toma de posesión de Nicolás Maduro en 2013, se produjo un progresivo descenso del comercio bilateral entre Brasil y Venezuela, habiéndose reducido el flujo comercial total a menos de 1.000 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Las relaciones en la década de 2000

Esta situación, contrasta con la de la década de 2000, cuando la asociación bilateral con Venezuela se fortaleció en un contexto marcado por la llamada «ola rosa» (la serie de victorias electorales de los partidos de izquierda) en la región y la construcción de una agenda más armonizada entre los gobiernos de Lula y Chávez.

Es cierto, sin embargo, que también hubo espacio para el desacuerdo, como cuando el presidente brasileño trató de promover la diplomacia del etanol como base para la integración energética en la región y fue desafiado por el líder venezolano.

En ese período, además de los proyectos de patrocinio conjunto, como la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA), luego transformada en la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), también hubo grandes avances en el comercio bilateral, en un escenario marcado por el esfuerzo brasileño de diversificar las asociaciones y avanzar en los intercambios con los países del llamado sur global.

A principios de la década de 2010, el comercio con Venezuela alcanzó la marca histórica de 6.000 millones de dólares anuales (en 2012 y 2013), con un gran superávit comercial brasileño. De hecho, las ventas brasileñas se mantuvieron entre 4.500 y 5.000 millones de dólares anuales entre 2012 y 2014, lo que sitúa a Venezuela entre los mayores mercados para las exportaciones del país.

En una comparación con las dos mayores economías europeas, antiguos socios de Brasil, las ventas a Venezuela fueron ligeramente inferiores al volumen exportado a Alemania en el mismo periodo (entre 6.600 y 7.300 millones de dólares) y superiores a las ventas a Francia (entre 2.900 y 4.100 millones de dólares).

El declive del comercio y la desvinculación ante la crisis venezolana

Históricamente, Brasil ha mantenido una posición de articulador de consensos y mediador en los conflictos de su región, y ha sido importante para mitigar las crisis en diferentes periodos, así como para ayudar a poner fin a las guerras entre vecinos. En la década de 1930, por ejemplo, fue posible ver el activismo brasileño, junto con Argentina, en la mediación de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Más recientemente, en la década de 1990, el país fue fundamental para negociar la paz entre Perú y Ecuador en la Guerra del Cenepa (1995-1998).

En ese mismo período, podemos reconocer la importancia del país en la preservación del orden democrático en Paraguay ante el intento de golpe de Estado liderado por el general Lino Oviedo en 1996, así como la rápida reacción contra el golpe de Estado en Venezuela que derrocó al gobierno de Hugo Chávez durante menos de 48 horas en 2002. A finales de ese mismo año, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso envió un barco de Petrobras con combustible a Venezuela para ayudar a abastecer al país en el contexto de una huelga general.

Sin embargo, se observa que con la intensificación de las críticas al gobierno de Maduro desde la administración de Michel Temer, Brasil parece haber renunciado a un mercado clave para las ventas brasileñas en la región, con un volumen de exportaciones que oscila en torno a sólo 500 millones de dólares al año. 

La ineptitud de Brasil ante la crisis venezolana es aún más evidente con la controvertida decisión del gobierno de Bolsonaro de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo encargado de Venezuela, siguiendo la posición de los Estados Unidos de Trump, acompañado también por miembros de la Unión Europea.

Al decantarse decididamente por un bando y asumir una retórica agresiva contra Maduro, con el excanciller Ernesto Araújo denunciando una «narcodictadura» y un «complejo político-criminal» chavista, Brasil se ha alejado en gran medida de la moderación que siempre le ha caracterizado en el trato con sus vecinos y ha minado las perspectivas de actuar como mediador entre gobierno y oposición.

Señales positivas pero insuficientes

La nueva administración del embajador Carlos França en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) ha adoptado un tono más moderado en su manejo de diversos asuntos internacionales y en su postura ante la crisis venezolana. Al asumir un perfil más pragmático, el canciller reconoce que, ante la permanencia de Maduro en el poder, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de sectores estratégicos, es importante que Brasil restablezca los canales de diálogo con su gobierno, aunque oficialmente el país siga reconociendo a Guaidó como presidente legítimo, posición abandonada a principios de año por la Unión Europea.

A pesar de la mayor moderación del nuevo mando del Itamaraty, Brasil sigue siendo un mero espectador de las iniciativas de acercamiento entre gobierno y oposición, como la nueva ronda de negociaciones liderada por Noruega. Al mismo tiempo, falta un pensamiento más claro capaz de reconocer los enormes intereses económicos de Brasil en el país vecino y las posibilidades de recuperar un mercado que, debido a la profunda recesión, aún no ha sustituido a Brasil por otros proveedores.

Más que nunca, el país parece haber olvidado la vieja máxima de José Ortega y Gasset: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo».

Foto de Ministério da Defesa de Venezuela

Las prisiones latinoamericanas en pandemia

Vinícius Pinheiro Israel
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Las prisiones latinoamericanas en pandemia

Coautor Carlos Eduardo Bezerra

La pandemia del nuevo coronavirus ha planteado grandes retos a los responsables de la toma de decisiones, especialmente en países con pocos recursos e influencia en la escena internacional. Además de la gestión de los sistemas sanitarios y de evitar el colapso económico y social, desde el inicio de la pandemia en América Latina se ha planteado otra cuestión: ¿qué hacer con la población privada de libertad?

Ante el empeoramiento de la Covid-19 en la región, cuyos índices de difusión son los más altos del mundo, la situación de los sistemas penitenciarios es extremadamente grave. Las nuevas variantes del virus, la infradeclaración y una posible tercera oleada, puede dar lugar a un panorama dramático de infecciones y muertes tanto de presos como de profesionales de los sistemas penitenciarios.

En la primera fase de la pandemia surgieron dos preocupaciones. Por un lado, la posibilidad de un genocidio biológico en los sistemas penitenciarios debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y el escaso acceso a servicios médicos. Por otro lado, la posibilidad de que las prisiones se conviertan en bombas de relojería, debido al gran flujo de personas.

Mayores tasas de encarcelamiento

Los países latinoamericanos tienen más de 1,6 millones de personas privadas de libertad —más del 15% de los presos del mundo—, con una tasa media de 273 presos por cada 100.000 habitantes, según datos del World Prison Brief, Institute for Crime & Justice Policy Research (WPB). Entre 2006 y 20 16, la población encarcelada en América Latina aumentó en torno al 71%.

El Salvador, Cuba, Panamá, Costa Rica y Brasil son los países latinoamericanos con mayores tasas de encarcelamiento, muy por encima de la mayoría de los países del mundo. Mientras que Haití, el país con la tasa de encarcelamiento más baja del bloque, se acerca a la media mundial.

Teniendo en cuenta el aumento de las tasas de encarcelamiento, en una década, Venezuela, El Salvador, Perú, Guatemala y Nicaragua duplicaron con creces sus cifras, mientras que Cuba y México registraron un descenso en este indicador. Ante estos numeros, la pandemia exigió varias medidas para controlar la propagación del virus.

Estas actitudes pueden pensarse en tres fases distintas: las acciones iniciales, tomadas bajo el impacto del descubrimiento del virus y el reconocimiento de su gravedad; el período entre la primera y la segunda ola que en América Latina va desde el tercer trimestre de 2020 hasta el final del mismo año; y la aparición de nuevas variantes del virus en el paso al año 2021. El gráfico 1 muestra la evolución de la pandemia en la región, permitiendo visualizar las fases de la enfermedad.

Gráfico 1. Evolución de la Covid-19 en América Latina.

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del, Our World in Data en <https://ourworldindata.org/>.

Divergencia entre los punitivistas y los grupos pro-descarcelación

Los periodos analizados tienen en común la intensificación de la disputa entre los grupos más punitivistas y los defensores de las formas alternativas de resolución de conflictos, en particular los grupos pro-descarcelación.

En la primera fase, la medida inmediata en varios casos fue la suspensión de actividades en el sistema penitenciario, entre ellas: visitas familiares, audiencias, talleres, actividades educativas, etc. Esta medida aumentó el aislamiento de los presos, dificultó el acceso a los artículos de higiene básicos y generó una ola de protestas y motines en varias unidades.

En la segunda fase, se intensificó el pulso entre los partidarios de menos presos y los de más castigos. En Brasil, que cuenta con el 45% de los presos de la región, los defensores del encarcelamiento se enzarzaron en una disputa retórica, argumentando que se produciría un daño a la sociedad al liberar a los «criminales peligrosos» y afirmando que el aislamiento de los presos garantizaría una mayor seguridad, ya que el riesgo de contagio y muerte sería menor en las cárceles. Entre los responsables públicos que se han pronunciado en este sentido están los ministros Sérgio Moro (ex ministro de Justicia) y Luiz Fux (ministro del Tribunal Supremo).

Por otro lado, la Recomendación nº 62, del 17 de marzo de 2020, del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) brasileño aconseja a los tribunales y magistrados la adopción de medidas preventivas a la propagación del Covid-19 dentro de los establecimientos del sistema penitenciario y juvenil.

Entre ellas hay recomendaciones de control sanitario y de descarcelación, como por ejemplo, la libertad para personas de grupos de riesgo y la progresión de las penas. Los estudios sobre los impactos de esta recomendación muestran que no hubo ningún cambio en la actuación de los jueces ni reducción significativa de la población encarcelada.

El primer contrapunto a las posturas más punitivas está en el hecho de que un gran contingente de la población encarcelada, o bien no cometió delitos violentos o bien está bajo la condición de detenido provisional. En cuanto a la postura de que las prisiones son lugares más seguros, existe un error demográfico al comparar la población general con la población encarcelada. Esto se debe a que el segundo grupo está compuesto predominantemente por jóvenes, que, hasta la llegada de nuevas cepas de la enfermedad, son el grupo menos susceptible de infectarse y morir.

La necesidad de dar prioridad a los presos en la vacunación

Sin embargo, a partir de enero de 2021, existe un intercambio de posiciones de las tasas de mortalidad entre la población penitenciaria y la población general. La aparición de nuevas variantes de la enfermedad es la principal explicación del fenómeno.

El gráfico 2 muestra el número acumulado de muertes en el sistema penitenciario brasileño. Hay dos puntos que llaman la atención. El primero es la aceleración de las muertes a partir de enero de 2021, especialmente a partir de abril. En segundo lugar, está el fuerte aumento de las muertes de trabajadores registradas por el CNJ. Teniendo en cuenta que el número de funcionarios del sistema penitenciario brasileño es mucho menor que el número total de presos, esto indica un subregistro de muertes de personas privadas de libertad en Brasil.

Gráfico 2. Total de óbitos acumulados en el sistema de prisiones brasileño.

Fuente. Producción propia a partir de los datos del Consejo Nacional de Justicia – CNJ.

Si por un lado es un deber de los Estados preservar la vida de sus internos, por otro lado, las prisiones no son sociedades separadas, impactando y siendo impactadas por la propagación de enfermedades dentro y fuera de las unidades.

En Brasil, la solución al problema es tomar en serio la Recomendación Nº 62 de los jueces y, por supuesto, priorizar a la población carcelaria en el plan de vacunación, incluyendo obviamente a los trabajadores del sector y a sus familiares.

Ante la escasez de vacunas y la lentitud de la inmunización en América Latina es fundamental comprender la importancia de la inmunización de este grupo específico, para preservar la vida, cumplir con los compromisos constitucionales y proteger a toda la sociedad.

Carlos Eduardo Bezerra Investigador del Proyecto «Estudio de los impactos de las políticas públicas de combate a la pandemia del nuevo Coronavirus en Brasil: un enfoque socio-matemático crítico», UNIRIO.

Foto de GOVBA

El impuesto a las transnacionales en América Latina

Gustavo Cuesta Rugel
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El impuesto a las transnacionales en América Latina

La pandemia ha profundizado la pobreza, la desigualdad y la necesidad fiscal a nivel global. Por ello, a fines de mayo los ministros de finanzas del G-7 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— lograron un acuerdo inicial para implementar un impuesto global a las empresas transnacionales, principalmente las enfocadas en tecnología. Posteriormente, el 10 de julio, el acuerdo enmarcado en el Marco Inclusivo BEPS (base erosion and profit shifting) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE) fue adoptado en la cumbre del G-20 por 130 países, que representan el 90% del PIB mundial.

El empleo precario, el desempleo, la pobreza y la desigualdad se ha incrementado rapidamente a nivel mundial, pero sobre todo en los países en desarrollo, a medida que millones de empresas han quebrado o cerrado. Para hacer frente a la crisis sanitaria, mejorar las condiciones sociales, adquirir vacunas, dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y reactivar la economía, los gobiernos han implementado políticas que han repercutido en un fuerte deterioro de las cuentas fiscales y mayor endeudamiento público.

Las exorbitantes ganancnias de las empresas más grandes del mundo

Pero ante el desastre económico, 32 de las empresas más grandes del mundo tuvieron ganancias en el 2020 que superaron el promedio de los cuatro años anteriores en más de 109 billones de dólares, de acuerdo a un estudio de Oxfam. Esto ha llevado a políticos, académicos e inclusive varios accionistas de estas corporaciones a exigir reformas tributarias, nacionales e internacionales, acorde a la nueva realidad para que estas multinacionales contribuyan más.

En este marco, el objetivo de esta potencial reforma, de acuerdo con varias autoridades fiscales y monetarias de los países del G-20, es mejorar un sistema fiscal mundial que data de la década de 1920s, luchar contra los paraísos fiscales y que las grandes corporaciones tributen de manera equitativa en los países donde llevan a cabo operaciones y no solamente en su país de origen. Con esto se prevé también disminuir la competencia entre países para atraer la inversión de grandes empresas estableciendo impuestos más bajos.

Los siguientes pasos

A pesar de que este impuesto mínimo de 15% a las grandes corporaciones y la economía digital luce prometedor en términos de equidad fiscal, el acuerdo adoptado por estos 130 países es el primer paso. En primer lugar, la implementación de esta tasa depende, en gran medida, de reformas fiscales en cada uno de los países que podrían requerir aprobación del legislativo y por ende consensos políticos a nivel nacional e incluso subnacional (estatal y/o municipal).

Adicionalmente, para que esta tasa cumpla parte de sus objetivos debe orientarse a conseguir un consenso más amplio. De los 139 países pertenecientes al Marco Inclusivo BEPS de la OCDE, 9 no firmaron aún el acuerdo en la cumbre del G-20, entre estos Irlanda, Hungría y Estonia. En América latina y el Caribe, por otro lado, países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela ni si quiera son parte del Marco Inclusivo de la OCDE.

¿Qué sucede con los esquemas tributarios en América Latina y el Caribe?

América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta si se compara su distribución de la renta con el resto del mundo. Además, la calidad y cobertura de sus servicios públicos, sobre todo en salud y educación, se encuentran por debajo de los países desarrollados.

A pesar de estas brechas en los servicios sociales, un informe sobre la tributación en la región realizado por la OCDE en el 2021 mostró que los impuestos en América Latina y el Caribe, en relación con su PIB, son en promedio el 23,1%, mientras que en los países de la OCDE este llegó en el 2019 al 33,1%. Además, los impuestos en América Latina están concentrados principalmente en impuestos al valor agregado e impuestos indirectos, mientras que en los países del OCDE —entre los cuales se encuentran México y Chile— los tributos están enfocados a la renta personal y corporativa.

Otro dato que revela la compleja distribución de la renta y la evasión fiscal en la región es que el 27% de la riqueza privada de América Latina se encuentra en paraísos fiscales, cifra mayor a la registrada en cualquier otra región del mundo, según el Boston Consulting Group.

Ante las necesidades fiscales, agravadas por la pandemia, las propuestas de reformas tributarias realizadas en los últimos años en varios países de la región como Chile, Colombia o Ecuador, están enfocadas en el incremento de impuestos indirectos como el IVA. Estos impuestos lo que hacen es acentuar la desigualdad, a diferencia de los esquemas de tributación enfocados a incrementar la contribución de las grandes multinacionales o los patrimonios personales.

Desde la academia y los organismos internacionales como la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional se debate la necesidad de regular a las grandes corporaciones e incrementar los impuestos a los más ricos en la región para mejorar la redistribución del ingreso. Sin embargo, el simple hecho de pensar en aplicar políticas que regulen la utilización de paraísos fiscales o impuestos más progresivos causan incomodidad en las élites sociales y políticos latinoamericanos.

Por estos motivos, a pesar del impacto que ha tenido la pandemia a nivel social y en las cuentas fiscales de la región, en el corto y mediano plazo la implementación de sistemas tributarios que reduzcan las desigualdades parecen ser una utopía. Pero si el acuerdo de los 130, —que incluye a la mayor parte de países de la región— se logra implementar, se podría crear un precedente importante y motivar a América Latina y el Caribe a realizar reformas aún más profundas de sus sistemas tributarios para cerrar las brechas de acceso a servicios públicos. De esta manera se podría colaborar a reducir las desigualdades multidimensionales que caracterizan a la región.

Foto de Leonhard Lenz

El despertar cubano: manifestaciones versus discursos

Carlos M. Rodríguez Arechavaleta
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El despertar cubano: manifestaciones versus discursos

El domingo 11 de julio de 2021 pasará a la historia de Cuba como un día singular. Azotada por uno de los mayores picos pandémicos de su historia, y en difíciles condiciones económicas y financieras, las redes sociales sorprendieron al mundo con una marcha popular pacífica, creciente, espontánea, con presencia mayoritaria de jóvenes y sin la convocatoria de grupos de oposición o liderazgos visibles en el municipio de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, al este de La Habana.

En pocos minutos, idénticas expresiones públicas de descontento popular se sucedieron en más de treinta ciudades y pueblos a lo largo de la isla. Llama la atención no sólo el creciente espiral de participación, sino el contenido explícitamente político de sus demandas: LIBERTAD, PATRIA Y VIDA, y ABAJO LA DICTADURA. 

La simultaneidad de las marchas, gracias al internet y las redes sociales, parece haber sorprendido a las autoridades. Cuando el presidente Miguel Díaz-Canel se apersonó en San Antonio, ya las manifestaciones habían adquirido carácter nacional y eran un relevante suceso internacional. Por primera vez, en 62 años de la Cuba posrevolucionaria, asistimos a la libre apropiación del espacio público y la expresión de un pueblo acostumbrado a las rutinas y los rígidos controles manipulativos del estado.

Tal agravio tuvo su correlato en uno de los discursos más agresivos y radicales de un presidente cubano. El presidente en funciones, visiblemente descompuesto y en términos discursivos absolutamente militares, —tal vez reproduciendo fielmente un mandato superior— dio la orden de combate: “a la calle los revolucionarios a enfrentar con valentía estas manifestaciones contra-revolucionarias”.

Una vez más, la vieja retórica polarizante ‘revolucionarios’ versus ‘mercenarios vendidos al imperio.’ Poco después de su amenazante arenga, las imágenes en redes sociales presentaban lamentables actos de violencia pública, represión y arrestos masivos a lo largo del país.

Para la narrativa oficial, el inusual evento responde a una “reacción provocada” por una estrategia intervencionista orientada al cambio de régimen, potenciada por la capacidad de réplica de las redes sociales de ciertas historias tergiversadas ‘fake news’, cuyo fin es estimular la desorientación emocional, la ansiedad y la angustia existencial, así como confundir a los ‘revolucionarios’ sobre las verdaderas causas de situaciones de crisis.

Los autores de dicha estrategia ‘milagrosa’ serían las agencias y los laboratorios de guerra no convencional de los EE.UU. Por consiguiente, las manifestaciones populares habrían sido provocadas por agentes externos pro-anexionistas, enmascarados en el falso humanismo de las teorías de la “intervención humanitaria”. La solución retórica será, una vez más, sugerir “paciencia, unidad y acciones organizadas desde el estado frente al cruel bloqueo imperialista”.

Un día después, escuchando las intervenciones del presidente y los ministros, la causa de los estallidos sociales se reduce al impacto del bloqueo norteamericano sobre la economía y las finanzas del país. No es menos cierto que la pasada administración Trump limitó de forma importante cualquier intento de intercambio con Cuba, elevando el costo de acceso a tecnologías y recursos internacionales del gobierno cubano. Pero reducir la complejidad del momento al embargo comercial demuestra que la ‘nueva’ generación de dirigentes políticos hereda la miopía ideológica de los líderes históricos. Los efectos acumulativos de las deformaciones estructurales del socialismo cubano apenas merecen una mención, cuando bien podrían ser las causas determinantes.

El encuadre ideológico de las decisiones económicas durante seis décadas, la obstinada e irreal concepción monopólica del estado como eje articulador del sistema económico, la negación continua del potencial innovador de la iniciativa privada y la inversión extranjera son algunos de los mecanismos que frenan el desarrollo productivo.

Ordenar el caos es una tarea imposible; de ahí el fracaso rotundo de la Tarea Ordenamiento, y su negativo impacto sobre el bienestar popular. Específicamente, la unificación financiera y la apertura de tiendas en moneda libremente convertibles (dólares americanos) que afectó de forma importante el acceso a productos de primera necesidad, acentuando las diferencias sociales y la precarización de la vida cotidiana.

Desde el punto de vista político, todos los intentos de organización y expresión de visiones e intereses divergentes de la sociedad civil han sido minimizados, difamados o reprimidos por el estado. La ambigüedad jurídica y el uso difamatorio de los medios oficiales contra sectores divergentes del mundo cultural, periodístico o emergentes minorías ha sido la norma, (re)activando tensiones acumuladas y una creciente percepción de exclusión y conflicto. Sin embargo, el mito de la identidad ‘Estado-PCC-pueblo’ —otra de las deformaciones estructurales del régimen— parece haberse roto el domingo pasado.

Aunque en el caso cubano, la crisis económica antecede al impacto pandémico, las autoridades debían haber previsto los altos costos del ‘pico pandémico’ en condiciones sanitarias limitadas. El drama humano de la constante amenaza del contagio y la letalidad del virus traduce la creciente incertidumbre del entorno en ansiedad, frustración, miedos y emociones diversas.

Finalmente, las masivas manifestaciones responden a múltiples factores acumulados y de contexto, internos y externos, carencias de bienestar y crisis de expectativas. El factor sorpresa para el gobierno refleja su desconexión de las precarias condiciones de vida del cubano promedio, y debería sugerirle los límites de la legitimidad y la necesidad constante de todo estado de flexibilizar sus mecanismos de participación e inclusión en condiciones de bienestar y libertades públicas.

La violencia que hemos atestiguado refleja los odios y las fobias cultivadas durante décadas, y la incapacidad del estado de propiciar reales espacios de participación social. La radical dicotomía utilizada por el presidente para referirse al pueblo “revolucionarios” o “contra-revolucionarios” visibiliza la incapacidad del actual liderazgo cubano para convocar un diálogo de refundación nacional inclusivo y respetuoso hacia TODOS los cubanos.

Es frustrante ver a esta ‘nueva’ generación de políticos cubanos repetir sloganes ideológicos históricos sin conexión con la vida cotidiana del cubano de a pie. Tal vez ello nos explique el menosprecio por las consignas del domingo; no eran delincuentes ni mercenarios, eran jóvenes cubanos gritando LIBERTAD, PATRIA Y VIDA, ABAJO LA DICTADURA.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Haití, mucha pobreza y poco Estado

Gabriel Gaspar Tapia
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Haití, mucha pobreza y poco Estado

El asesinato del presidente Jovenel Moïse abre un escenario de incertidumbre sobre Haití, y también en su entorno regional más inmediato. La primera pregunta es: ¿Quien manda? Obvio, aquel que controla a la Policía y al Ejército, y que además es reconocido por los EEUU. Hasta ahora, Claude Joseph quien ejercía como Primer Ministro al momento del asesinato del presidente es quien mantiene las riendas del poder tras decretar el estado de sitio.   

Los tres poderes del Estado están acéfalos

Institucionalmente la crisis no puede ser mayor ya que los tres poderes del Estado hoy están acéfalos. El Ejecutivo ha quedado descabezado de una manera dramática. El Congreso en la práctica no funciona desde 2020, al no convocarse las elecciones correspondientes en 2019.  La cúpula del Poder Judicial tampoco funciona por diversas causas y dos días antes de su muerte el presidente designó a un nuevo Primer Ministro: Ariel Henry, quien no alcanzó a asumir el cargo en remplazo de Claude Joseph.

Para complicar aún más la situación, la Constitución de Haití establece que Moïse debería ser sustituido por el Presidente del Tribunal Supremo, quien murió recientemente de Covid-19.  Por ello, lo que queda del Senado —10 de un total de 30 senadores— acordó designar a Joseph Lambert, el hasta ahora Presidente del Senado como nuevo presidente. Pero el Primer Ministro en funciones ha ignorado de momento la designación. 

El poder de las pandillas haitianas

Pero más allá del sector formal, en Haití proliferan las “gang”, pandillas fuertemente armadas que controlan determinados territorios, especialmente en la capital. Estas se organizan en el “G9”, una federación criminal liderada por Jimmy “Barbecue” Cherizier, un ex policía que emplea un lenguaje populista, crítico con los “oligarcas” y que mantuvo nexos con sectores del oficialismo. No es el único, muchos observadores advierten vínculos entre caudillos políticos y empresariales con estas organizaciones criminales.

Estas pandillas han podido desarrollarse debido a la debilidad del Estado para garantizar la seguridad. Para darse una idea, solo en el mes de junio asesinaron a 30 policías y efectuaron mas de 200 secuestros. La policía, de alrededor de 15.000 efectivos, en proceso de desarrollo aún, no controla todo el territorio. El gobierno de Moïse dispuso hace poco la reconstrucción de las FFAA, disueltas hace años, y de momento el primer contingente de 500 efectivos está concluyendo su formación con asesoría mexicana.

Consciente de su precariedad, el Primer Ministro interino le ha pedido a los EEUU apoyo de todo tipo. Pero por ahora, ni EE.UU. ni la ONU están en condiciones (y menos convencidos) de enviar tropas a la isla. Hasta su muerte, tanto EE.UU. como los organismos multilaterales le venían exigiendo al presidente que llamara a elecciones y entregara el mando el 2022. Finalmente, estas habían sido convocadas para septiembre de este año, pero ante el contexto actual es impensable que se puedan llevar adelante bajo unas condiciones mínimamente aceptables. 

Al caos político se suma el desastre económico que se profundizó aun más con la pandemia. Según datos de CEPAL y Banco Mundial, el 60% de la población vive en la pobreza (alrededor de 6.3 millones) y de ellos, un 24% en pobreza extrema, la inseguridad alimentaria crónica alcanza a la mitad de la población mientras que los dólares escasean cada vez más. Y si bien la migración ha sido una tradicional válvula de escape para los haitianos, la pandemia la ha bloqueado con el cierre de fronteras.

Efectos de la crisis en la región

Sin embargo, una profundización de la crisis podría derivar en una emigración masiva. En primer lugar, hacia República Dominicana, que de momento cerró sus fronteras con cerca de 9.000 soldados. Otro destino, mas deseado, pero más complejo de alcanzar es Florida, muchas embarcaciones —sin sistemas de navegación— terminan arribando a las costas de Santiago de Cuba, mientras en menor medida otras buscan la Guyana francesa. Antes de la pandemia, los migrantes haitianos privilegiaron Brasil y en especial Chile.

En el plano internacional, el asesinato del presidente abre varias interrogantes: ¿quién contrato a los mercenarios colombianos? ¿Quién y cómo se controla el accionar de empresas de seguridad privadas que se dedican a reclutarlos y equiparlos?  Hasta ahora las investigaciones apuntan a CTU Security que opera desde Miami y que en propiedad del ciudadano venezolano Antonio Intriago Valera quien posee buenos socios en Colombia. A nivel local, la duda que queda por despejar, es quién o quiénes son los autores intelectuales del magnicidio.

Más allá de los autores y motivos de la muerte del presidente, el tema de fondo en Haití es la carencia de la institucionalidad en un país expoliado históricamente por las potencias coloniales y desbastado por el azúcar amargo, que liquidó buena parte del campesinado para concentrar la tierra y la riqueza en pocas manos. En definitiva, un país con mucha pobreza y poco Estado.

Las raíces de la aberración política brasileña

Octavio Amorim Neto
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Las raíces de la aberración política brasileña

Coautor David Samuels

En una reciente entrevista con el reconocido periódico brasileño Valor Econômico del 24/6/2021, Sérgio Abranches, el politólogo que tanto nos enseñó sobre el presidencialismo de coalición, afirmó: “El modelo político no está funcionando”. Para solucionarlo, Abranches recomienda reformas urgentes a las leyes que regulan la remoción presidencial y la selección del Fiscal General (PGR) y el establecimiento del referéndum confirmatorio.

Las reformas deben eliminar la facultad unilateral del Presidente de la Cámara de Diputados para iniciar procedimientos de remoción contra el titular del Poder Ejecutivo —ha rechazado más de cien pedidos de impeachment contra el presidente Bolsonaro a pesar del desastroso manejo de la pandemia— e instituir una terna obligatoria para la selección del Fiscal General. El referéndum confirmatorio, en cambio, devolvería a la sociedad el derecho a anular el mandato que ha conferido al ocupante del Palácio do Planalto.

El sistema político brasileño no funciona

Estamos totalmente de acuerdo en que el sistema político brasileño no funciona. Sin embargo, los problemas de Brasil no provienen únicamente de la centralización del poder en manos del Presidente de la Cámara o de la falta de una lista obligatoria para la selección del Fiscal General. Las amplias prerrogativas del Presidente de la Cámara son el resultado de una delegación concedida por los miembros del Congreso interesados en lavarse las manos de decisiones complicadas y costosas.

Es decir, pueden ser revocados o incluso ampliados. En cuanto a la lista obligatoria, aunque se establezca, su intención original puede ser eludida por la connivencia entre los poderes ejecutivo y legislativo. Estados Unidos tuvo el mismo problema con Trump, que empezó a utilizar al Fiscal General de la Unión como si fuera el abogado particular del presidente. Las tradiciones no importan si los funcionarios elegidos las ignoran.

Al igual que Abranches, también vemos que, de hecho, el Congreso brasileño no ha ejercido su papel constitucional de freno y contrapeso a las tendencias autocráticas del jefe de Estado, disolviendo así la separación de poderes prescrita por la Carta de 1988.

La gran cuestión, sin embargo, no reside en la falta de separación constitucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino en la absoluta separación entre sus bases electorales y su desempeño, lo que, a su vez, conduce a una falta de responsabilidad política colectiva por parte de los políticos oficialistas, generando la percepción de que los miembros del Congreso no piensan en el país, animados sólo por estrechos intereses personales.

No es de extrañar que a los políticos oficialistas les vaya bien en las elecciones legislativas de 2022, incluso si Bolsonaro no es reelegido, como recordó Gilberto Kassab, líder del PSD (Partido Socialdemócrata) y uno de los más sagaces intérpretes de la escena política brasileña, en una reciente entrevista con O Globo. Este “desajuste” electoral es sencillamente imposible en los sistemas parlamentarios y mucho más difícil en los sistemas presidenciales bipartidistas, como el estadounidense.

El desajuste es imposible en el parlamentarismo porque el primer ministro carece de una base electoral independiente. En un sistema presidencialista puro o semipresidencialista, aunque las elecciones del ejecutivo y el legislativo se celebren el mismo día, el electorado del presidente es nacional, mientras que cada legislador tiene un electorado mucho más restringido geográficamente. El electorado de un primer ministro es precisamente el de su partido parlamentario. Por otra parte, un presidente puede obtener la victoria en una parte del país, mientras que su partido puede ser dominante en otra.

El problema de Brasil son los partidos políticos

El problema de Brasil, por tanto, son los partidos políticos y el entorno institucional en el que operan. El actual presidente no tiene afiliación partidista porque no le son útiles. Los políticos oficialistas prefieren tener a Bolsonaro fuera de sus asociaciones porque, como señala Abranches, aún no saben si apoyar al ex capitán es un costo o un beneficio.

Del problema partidario-institucional nace la asombrosa aberración que se observa hoy en el país: la ausencia de una oposición vigorosa a un gobierno que ha hecho tanto mal y ha afrentado al régimen democrático. Después de todo, ¿dónde están el PT y el PSDB?

De la observación de esta aberración se extrae una importante lección: la activación de los controles y equilibrios no depende de lo que esté escrito en la Constitución, sino de la percepción, por parte de los miembros del Congreso, de que pueden perder las próximas elecciones.

Si los miembros del Congreso pueden desligar tan completamente su destino electoral del de la presidencia de la República, ¿por qué deberían hacer algo con respecto a Bolsonaro? Al fin y al cabo, los miembros del Congreso han podido beneficiarse de la debilidad política del gobierno obteniendo grandes tajadas del presupuesto federal sin incurrir en grandes costes electorales.

Puede ser que el PT se mantenga al margen porque quiere dejar que Bolsonaro se cocine a fuego lento. Puede ser que el PSDB esté en la valla porque gran parte de su electorado votó por Bolsonaro en 2018 y, como el PT, también quiere ver al ex capitán lentamente asado. Es posible que ambos partidos teman el fanatismo bolsonarista y su ala militar. Además, hay que recordar que la polarización petismo-antipetismo no ha contribuido a la acción conjunta de los partidos y líderes que rechazan a Bolsonaro.

En cualquier caso, la ausencia de «frenos y contrapesos» es el resultado de la ausencia de un liderazgo en la oposición que movilice enérgicamente las fuerzas en el Congreso y en la sociedad contra el gobierno. Ningún país puede confiar sólo en el poder judicial para hacerlo.

Por eso, para arreglar los males políticos brasileños, creemos que la adopción del semipresidencialismo —sistema híbrido en el que un jefe de Estado elegido por votación popular comparte el poder ejecutivo con un jefe de gobierno responsable ante el poder legislativo—  es un paso en la dirección correcta, ya que hará coincidir el rendimiento electoral de la mayoría parlamentaria con el del jefe de gobierno.

Una reducción radical del número de partidos también facilitará la tarea. Reformas como las propuestas por Sérgio Abranches son ciertamente importantes. Sin embargo, se necesitan cambios constitucionales más profundos para llegar al corazón del problema institucional-partidista que aquí se describe.

*Este artículo expresa la opinión de los autores, y no representa necesariamente la opinión institucional de FGV y de la Universidad de Minnesota.

David Samuels es un politólogo estadounidense y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota, EE. UU. Doctor de la Universidad de California, San Diego. Se especializa en política comparada y política brasileña.

¿Quién es dueño del subsuelo? Perú y su constitución

Diego Salazar-Morales
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¿Quién es dueño del subsuelo? Perú y su constitución

Coautor José de la Torre Ugarte

La reforma constitucional, un aspecto central de la campaña del candidato electo Pedro Castillo, ratificado en recientes declaraciones es, sin embargo, a la luz de la movilización de los sectores contrarios —principalmente afincados en la capital— una idea inviable o al menos de un altísimo costo. Por ello, el próximo gobierno se enfrenta a un reto clave: implementar o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la constitución.

Esta discusión se enmarca dentro del debate sobre el fracaso de las políticas extractivas aplicadas durante los últimos 30 años que no han traído beneficios económicos ni social a las poblaciones circundantes de los proyectos mineros de la sierra, ni a los gasíferos y petrolíferos de la selva. Frente a este escenario, ¿puede realmente un cambio constitucional contribuir a distribuir de forma más equitativa los recursos?

El modelo económico del Perú

Gran parte del modelo económico peruano se basa en las reformas implementadas a inicios de los 90’. Durante el gobierno de Fujimori se derogó la “Ley de Reforma Agraria” implementada durante el gobierno de Velasco Alvarado (1968-1972) y se implementaron mecanismos de mercado que fomentaron la agricultura privada de exportación que produjo un retorno considerable para la economía. Esta política, sin embargo, concentró la riqueza en pocas manos y generó mayor exclusión económica y social en las comunidades afectadas debido a la falta de acceso a mecanismos de crédito y tecnología.

En esos años se introdujo también reformas que liberalizaron la venta y comercialización de las tierras, incluido las devueltas por medio de la Reforma Agraria, ignorando las condiciones de las comunidades campesinas e indígenas. De hecho, se introdujeron requisitos adicionales para el acceso al crédito que terminaron beneficiando a un pequeño sector formal de la economía. Estas leyes, sumado a la definición constitucional de que parte de las tierras campesinas e indígenas “sin utilizar” debían retornar al Estado para “su adjudicación en venta”, llevaron a que cerca de 600 mil campesinos e indígenas quedaran fuera del mercado.

La propiedad del subsuelo

Otra de las reformas promercado implementadas fue la que asumió todos los recursos naturales como patrimonio de la nación, incluyendo la propiedad del subsuelo. De esta manera, las élites que gobernaron durante los últimos 30 años se apropiaron de los recursos extractivos, entregándolos en concesión, mientras excluían a las comunidades que habitaban los territorios donde se encontraban.

Por lo tanto, no es casualidad que en mayo de este año los conflictos sobre la tierra, la explotación minera y petrolera representen más del 70% —124 de 191— del total de los conflictos, según la Defensoría del Pueblo. Este es uno de los problemas claves del país que, de no resolverse a través de la formulación de nuevas políticas podrían generar una ingobernabilidad sostenida.

En este contexto, son varios los frentes que presionan al presidente electo para que lleve a cabo su propuesta de cambio constitucional. Su propio partido, Perú Libre, así como su bancada, presionan públicamente para que no se desvíe del ideario original. Pero, por otro lado, hay una oposición creciente que ve con suspicacia el cambio constitucional como una medida para perpetuarse en el poder. Por ello, para evitar una confrontación que ponga en juego la propia continuidad del gobierno es necesario plantear una salida realista que dé solución al problema histórico de la propiedad de las tierras campesinas e indígenas.

Una posible solución

El modelo actual dicta que es el Estado quien debe proveer de servicios públicos a los pueblos originarios y comunidades cuyos recursos son explotados a través de concesiones. Pero desde Lima se culpa a las comunidades de “obstruir la inversión privada”. Además, las comunidades no cuentan con herramientas legales para obtener réditos directos de la explotación de sus recursos y mucho menos para participar como empresarios en dicha actividad. Y las regalías o el canon minero distan de ser herramientas reales de empoderamiento de las comunidades ya que son simples entregas de dinero, pero no las hacen partícipes del negocio.

El problema de fondo sigue siendo el marco legal que no permite a las comunidades realizar transacciones económicas de compra, venta, ni obtener directamente réditos por la explotación de sus recursos. Perú muestra grandes brechas en la construcción de un mercado sólido y el fomento de la riqueza, lo cual contrasta con lo que sucede en algunos países desarrollados con presencia de comunidades indígenas. En Canadá y Estados Unidos, las comunidades indígenas son las propietarias de los recursos y como tal pueden negociar directamente con el Estado o con las empresas multinacionales y reciben directamente una compensación por la utilización de sus recursos.

Mientras la discusión constitucional se avecina, el nuevo gobierno debe plantear soluciones viables. Ya sea a través de una nueva Constitución, lo cual parece distante, o a través de una “cirugía” constitucional, que podría tener mayor respaldo. Es evidente que este tipo de “cirugía” no basta para garantizar el éxito, ni generar riqueza de forma inmediata. Por lo tanto,  un recurso clave que podría acompañar un posible referendo sobre la propiedad del subsuelo debería considerar la participación del gobierno en varios niveles para canalizar los acuerdos. Esto es especialmente relevante en un país montañoso, donde las actividades extractivas desarrolladas en cuencas altas tienen importantes repercusiones en otras áreas, lo cual podría desembocar en nuevos conflictos.

La propuesta de un plebiscito constitucional también conlleva riesgos. La proliferación de actividades mineras en un país con un Estado incapaz de controlar dichas actividades puede desembocar en un desastre aún mayor. Por lo tanto, este escenario demandaría una revisión detallada de los límites y alcances en los acuerdos de explotación entre privados, de tal forma que el Estado siguiera ejerciendo el rol rector. Para ello, se deberían fortalecer las capacidades de actores centrales como la OEFA, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, quienes deberán ejercer un estricto control.

En síntesis, el presidente electo, Pedro Castillo, debe repensar quién es el dueño del  subsuelo en un país de pobres. Quizás lo que podría detener la conflictividad y cambiar la historia de las comunidades campesinas e indígenas del Perú es revisar la cesión del derecho sobre el subsuelo.

José de la Torre Ugarte ha trabajado como consultor en diversas instituciones del Estado, en agencias de comunicación y organizaciones sin fines de lucro. Posee un MBA de Pacífico Business School (Lima) e MS en Marketing de la EAE Business School (Madrid)

Lista Engel: Washington marca la cancha… pero no tanto

Dardo Justino Rodríguez
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Lista Engel: Washington marca la cancha… pero no tanto

El 1º de julio, el gobierno de EE.UU. divulgó la primera Lista Engel, señalando a 55 personas de los países del llamado Triángulo Norte —El Salvador (14), Honduras (21) y Guatemala (20)— por actos de corrupción, obstrucción a la Justicia o por socavar la democracia. Sin embargo, entre las personas incluidas –que serán sancionadas entre otras medidas con la inmediata cancelación de sus visas y la congelación de sus bienes en EEUU– no se encuentran personajes tan obvios como los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, o de Honduras, Juan Orlando Hernández.

El objetivo de la administración Biden

La administración Biden, que inaugura la lista creada a partir de una Ley del Congreso aprobada en 2020, atribuye a la corrupción en el Triángulo Norte centroamericano gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular hacia Estados Unidos, que desde hace algunos años provoca crisis humanitarias recurrentes. Según Anthony Blinken, secretario de Estado, “la corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”.

En los tres países surgieron alabanzas y críticas a este primer listado que debe ser actualizado cada seis meses. Por un lado se considera que es un primer paso para empezar a “limpiar la casa”, algo para lo cual no debería necesitarse el concurso de un país extranjero, que no hace más que resaltar la impunidad y complicidad de los estamentos de la Justicia en los tres países. Pero por otro lado, ha sido criticada debido a que deja afuera a numerosos corruptos de renombre.

El miedo de Washington a perder influencia

Las omisiones de altos funcionarios hondureños en el listado se debe, según el abogado y analista político Raúl Pineda, en declaraciones al periódico El Libertador, al miedo de Washington a perder influencia en la región. De acuerdo con Pineda, para Estados Unido lo más importante es mantener relación con los dos últimos países que aún le son fieles: Honduras y Guatemala, aunque signifique apoyar la impunidad.

En la lista no aparece ningún funcionario de alto nivel cercano al presidente Juan Orlando Hernández, ni se han incluido personajes del empresariado, de las iglesias católica y evangélica, del ámbito militar o de las ONGs, a pesar de que el Departamento de Estado había anunciado la inclusión de personas relacionados con esos sectores. De hecho, no se incluye a una sola persona del entorno del presidente, no obstante las numerosas acusaciones contra algunos de ellos, y del mismo Hernández, por narcotráfico, delito por el cual su propio hermano está enjuiciados en Estados Unidos.

Las ausencias en Guatemala

En Guatemala las ausencias también son notorias. En las estructuras de corrupción existen dos líneas de participación: los que aceptaron sobornos y los empresarios de alto nivel que sobornan. De estos últimos, ni uno ha sido incluido en la lista. Entre las grandes empresas señaladas por corruptelas están Claro y Tigo, además de Aceros de Guatemala. Sobre ellas y sus socios, nadie ha accionado. Las empresas se limitaron a cambiar a los representantes legales y siguieron adelante. Sus accionistas ni siquiera han sido mencionados.

La Lista Engel incluye en Guatemala también al congresista Boris Roberto España Cáceres, al ex primer secretario del Congreso Nacional, Felipe Alejos Lorenzana, al ex jefe de gabinete del presidente Álvaro Colom (2008-2012), Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y al ex candidato presidencial, condenado por una corte de Nueva York a 15 años de prisión, Mario Amílcar Estrada.

Pero los personajes más llamativos son Nester Vásquez, recientemente juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, institución que está por encima de la Corte Suprema de Justicia y que es fundamental para solventar asuntos constitucionales y políticos, y Ricardo Méndez Ruiz, miembro de la muy cuestionada Fundación Contra el Terrorismo, que según la lista es señalado por “obstaculizar procesos penales contra ex funcionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental”.

El caso de El Salvador

En El Salvador, a diferencia de los primeros dos países, la lista, si bien obviamente no ha incluido al presidente a pesar de sus atropellos a la democracia, sí incluye a personas de su entorno. Uno de los señalamientos más relevantes es el de la jefa del Gabinete, Carolina Recinos, por haber incurrido en “corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal” y por participar en un esquema de lavado de activos.

Otro de los citados del entorno de Bukele es su actual asesor jurídico, Conan Castro, por socavar “los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general”. Mientras que el actual viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, es señalado por “importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos”.

La lista salvadoreña, la más breve de las tres, también incluye al actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Wellman, señalado de alterar resultados “para su beneficio personal” y “permitir la influencia maligna de China durante las elecciones salvadoreñas”. Estas acusaciones evidencian que la Casa Blanca pretende cercar —sin ahogar— al presidente Bukele, el único díscolo de los tres mandatarios del Triángulo Norte, y que aprovecha cualquier situación, por ridícula que parezca, para favorecer sus propios interese geopolíticos.

Como conclusión, el principal aspecto a destacar de la Lista Engel son las notorias omisiones en los tres países, sobre todo en los casos de Guatemala y Honduras. Habrá que esperar a la segunda lista, dentro de seis meses, para ver si la administración Biden habla en serio cuando se refiere al combate a la corrupción y la defensa de la democracia o si seguirá utilizando la Lista como herramienta para condicionar eventuales insubordinaciones.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El “arancel” del carbono y la agenda latinoamericana

Julieta Zelicovich
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El “arancel” del carbono y la agenda latinoamericana

Coautor Leonardo E. Stanley

Según el último Reporte de Riesgo Global (WEF, 2020), los aspectos climáticos se ubican entre los cinco mayores riesgos que deberá confrontar la economía mundial en el futuro. El informe apunta a considerar los efectos asociados con dos episodios. Por un lado, la irrupción de “cisnes verdes” como se denomina a las crisis financieras que afectan el sistema socio-político provocadas por el cambio climático. Por otro, la imposición de nuevas barreras en el comercio basadas en la huella del carbón.

La huella del carbón y nuevas barreras al comercio

La continua emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en el último siglo ha generado un incremento en la temperatura promedio del planeta. La gravedad de este fenómeno ha sido clave para avanzar con la introducción de una serie de mecanismos de mercado a nivel global, regional y local.

En particular, los mecanismos de precios han ido ganando adeptos, aunque desde sus inicios existe una fuerte dispersión. Estos mecanismos predeterminan los niveles de emisiones permitido, lo que a la par de buscar un impacto ambiental positivo intenta establece un sendero para la reconversión. Tras este objetivo, en 2005 la Unión Europea introdujo un régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE – UE), el cual funciona según el principio de “limitación y comercio”.

Este mecanismo impone un límite máximo a la cantidad total de emisiones (decreciente en el tiempo) por debajo del cual las empresas pueden negociar sus excedentes. Y la reducción paulatina del limite encarece la cotización, lo cual debería inducir a inversiones en tecnologías limpias. Actualmente la tonelada de carbón ronda los 50€ y el record fue alcanzado el pasado 14 de mayo cuando llegó a los 56,90€.

Europa ha impulsado la inclusión de la perspectiva ambiental de manera transversal a sus políticas públicas, incluida la comercial. Así en febrero 2021 Bruselas lanzó su plan de una “política comercial, abierta, sostenible y firme”, en la que impulsa una adecuación de los instrumentos comerciales a la transición global “hacia una economía climáticamente neutra”. También avanza con la instauración del programa verde (EU Green Deal), comprometiéndose a lograr la neutralidad climática en 2050.

¿Qué es el ajuste de carbono en frontera?

Todo ello habla de una acción muy ambiciosa en materia climática. En esta dirección se enmarca la idea de introducir un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, conocido como CBAM por sus siglas en inglés. Esta política, si bien está pensada en el marco de la búsqueda de la neutralidad de carbono, también conlleva una amplia repercusión geopolítica

El Parlamento Europeo planteó la inmediata inclusión de los sectores del cemento, el acero, aluminio, refinerías petroleras, papel, vidrio, químicos, fertilizantes, y electricidad, considerando el contenido de carbono en bienes intermedios, así como en el producto final. Pero son las industrias del cemento y el acero las que suenan en una grilla inicial.

En todo caso, los importadores se verían obligados a comprar un certificado cuyo valor se asocia al adoptado en el RCDE – UE. Así, el CBAM no sólo equilibraría los precios internos con los de importación, sino que también evitaría ser calificado como discriminatorio. Por otra parte, al calificar como un mecanismo de ajuste en frontera, el CBAM puede ser aprobado a nivel comunitario.

Además de los objetivos económicos —evitar la “fuga de carbono” — y ambientales —reducir el nivel de emisiones globales—, la UE también busca poner un piso a los estándares internacionales. Así, el CBAM termina condicionando los espacios de política de los socios extrazona y lider el “club del clima”.

Pero mientras algunos países podrían, eventualmente sumarse, otros directamente se oponen. EEUU estaría en el primer grupo, aunque por el momento la administración demócrata se mantiene cautelosa, Japón podría eventualmente sumarse y Rusia se muestra más reticente. China por otro lado considera al esquema como una traba comercial destinada a perjudicar su ascenso, visión compartida por las principales economías emergentes como Brasil, India o Sudáfrica.

¿Y las necesidades de los países en desarrollo?

Las criticas también apuntan a la incongruencia que dicha normativa tendría con la normativa consagrada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la necesidad de considerar las necesidades especiales de los países en desarrollo. Resulta discutible si el CBAM cumplirá con estos dos requisitos, y no se trate en cambio, de una nueva versión de “patada a la escalera”. Esto debido a que la decisión se estaría adoptando cuando las industrias de los países desarrollados ya han iniciado las transiciones a la producción descarbonizada.

Toda resolución que finalmente se adopte será política. Vale recordar el rotundo éxito de los partidos verdes en las elecciones que tuvieron lugar en 2019, y su efecto en la decisión adoptada por Ursula von der Leyen de avanzar con el tributo. Que las autoridades en Beijing hayan decidido lanzar su propio mercado de carbono no solo refleja un mayor compromiso ambiental, también responde al lugar que actualmente ocupan las empresas chinas en los mercados globales de energías renovables.

Independientemente de la probidad de la normativa, de aprobarse, el esquema afectaría a los países sin regímenes de emisión o donde los derechos se coticen a valores muy bajos. Las exportaciones de cemento originadas en Colombia o Venezuela, o las de acero del Brasil podrían confrontar un mayor costo, asumir una externalidad que hasta el momento favorecía a su ecuación de negocios.

Aun cuando la pandemia aceleró la introducción del esquema, podemos decir que la idea no resulta novedosa. De implementarse, sus efectos serán globales. La dispar proyección de la recuperación económica post-pandemia agrega elementos significativos a la evaluación de estas políticas. Sin embargo, una adopción apresurada, sin contemplar los desequilibrios globales, podría terminar consolidando una nueva geo-economía.

Lo que sí queda claro es que si bien los modos de este proceso —quién, cuándo y cómo se hacen las reglas— pueden resultar cuestionables, su implementación próxima parece ineludible. Los países latinoamericanos no pueden ignorar ambos componentes y a la vez bregar por mecanismos de gobernanza más equitativos. Deben poner en agenda otros recursos para reducir la brecha de desarrollo asociada al cambio climático. En esta agenda incluimos el financiamiento, la transferencia de tecnología, pero también la consistencia de las políticas macroeconómicas actuales (políticas de inversión y de energía) con sus consecuencias de futuro, más sustentable desde el compromiso ambiental. Todo ello plantea la necesidad de reconocer el problema e involucra urgentemente a la dirigencia local para contener el problema climático.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

 Leonardo E. Stanley es Investigador Asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad – CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press, 2020.

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