Relaciones China-Brasil: reflexiones sobre un centenario

Mauricio Santoro
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Relaciones China-Brasil: reflexiones sobre un centenario

El 1 de julio, el Partido Comunista Chino celebra el centenario de su fundación. China es el mayor socio comercial de Brasil, destino de más de un tercio de las exportaciones nacionales, pero en el país se debate poco sobre los impactos del sistema político de la nación asiática en las relaciones sino-brasileñas. El centenario del partido es una ocasión importante para reflexionar sobre el tema.

El Partido Comunista es el fruto de muchas corrientes distintas de pensamiento político: el marxismo y la Revolución Rusa de 1917, pero también la efervescencia del Movimiento del 4 de Mayo de 1919, una de las principales fuentes de renovación cultural china en el siglo XX.

Es heredero de una serie de intelectuales y grupos que trataron de fortalecer a China a lo largo del «siglo de humillaciones» de las intervenciones y ocupaciones extranjeras, desde la Guerra del Opio (1839) hasta la revolución de 1949. Estos antecedentes -más plurales de lo que se suele suponer- ayudan a comprender el papel que ha desempeñado el partido en el impulso del desarrollo chino desde el inicio del proceso de apertura y reforma de Deng Xiaoping en 1978.  

Cuando Jiang Zemin era secretario general (1989-2002), el partido adoptó la doctrina de las «tres representaciones», según la cual representa los intereses de la mayoría de la población china, el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas y la orientación de la cultura superior.

En términos prácticos, se trata de una formulación más inclusiva que la ortodoxia marxista, que permite la incorporación de los empresarios y una visión orientada a la potenciación nacional más que a instigar la lucha de clases.

Desde el inicio del gobierno de Xi Jinping (2012) se ha hecho mayor hincapié en el papel del partido en la supervisión de la labor del sector privado, con un mayor control sobre las empresas y una mayor atención a problemas sociales como la desigualdad, la pobreza y la preservación del medio ambiente.

Sin embargo, la visión a largo plazo sigue siendo que la misión del Partido Comunista es promover el desarrollo de China y volver a convertir al país en una gran potencia, respetada internacionalmente.

Los líderes del partido hablan de ser una «sociedad moderadamente próspera», es decir, un país que ha escapado de la trampa de la renta media y ha alcanzado una buena calidad de vida, aunque no a la misma escala que una nación rica. Los hitos de este proceso son dos centenarios: 2021 y 2049. Los aniversarios de los 100 años de la fundación del Partido y de la revolución comunista.

Implicaciones para Brasil

Brasil sigue teniendo el reto de formar una generación de expertos en China, con dominio del idioma, comprensión de la cultura y experiencia del país. Se trata de un proyecto a largo plazo, que se ha visto obstaculizado por la escasez de recursos para la investigación científica.

Gran parte de los conocimientos sobre temas chinos que se consumen en el país proceden de fuentes de Estados Unidos y Europa, y a menudo llevan la huella negativa de los conflictos chino-occidentales de los últimos años, las disputas sobre el comercio, los derechos humanos y las cuestiones militares.

Es difícil para los brasileños identificar cuáles son sus propios intereses nacionales en su diálogo con el Partido Comunista de China y qué es simplemente un reflejo de las preocupaciones en boga en Washington, Berlín, París o Pekín.

Sin embargo, esta reflexión es cada vez más necesaria. La diplomacia del partido chino ha ganado en importancia y ya no se limita a los grupos marxistas o de izquierda. También abarca a los conservadores, a los liberales, a todo el espectro ideológico.

El Partido Comunista Chino ya no busca exportar su modelo ideológico, como lo hizo en el periodo maoísta, sino que busca afirmar la legitimidad de su trayectoria nacional, contar su versión de los hechos y defenderse de las críticas.

Esta agenda tiene muchos puntos de convergencia con sus homólogos brasileños, como la identificación de oportunidades de comercio e inversión, iniciativas medioambientales como la lucha contra el cambio climático, la cooperación educativa y científica, y visiones sobre el desarrollo. Otros puntos merecen precaución, especialmente cuando implican conflictos con otros importantes socios brasileños, como Estados Unidos y la Unión Europea.

Estas conversaciones son también una buena ocasión para que los actores sociales brasileños reafirmen el compromiso de Brasil con la resolución pacífica de los conflictos, el respeto al derecho internacional y a las normas de las organizaciones multilaterales, en temas tan diversos como las disputas comerciales, los conflictos fronterizos o los conflictos sobre derechos humanos.

La pandemia ha demostrado la importancia fundamental de China para Brasil, desde el comercio exterior hasta la obtención de suministros médicos contra el coronavirus. También ha demostrado que la relación sino-brasileña se ha convertido en objeto de controversias partidistas, tensando los entendimientos entre ambos gobiernos.

En este contexto, es especialmente importante que los brasileños -en la administración pública, las empresas y las universidades- profundicen en la investigación y la reflexión sobre el papel del Partido Comunista en el Estado chino. Sólo con conocimiento e información será posible hacer frente a estas crisis.

Foto de Isac Nóbrega/PR

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Emisiones Cero: Una encrucijada para América Latina

Leonardo Stanley
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Emisiones Cero: Una encrucijada para América Latina

La comunidad científica nos plantea la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e impedir que se sigan acumulando gases en la atmósfera. ¿Como resolver la situación? ¿Quien debería liderar el proceso de transición?

Inicialmente la mayoría de las iniciativas se centraron en los mercados con el diseño de mecanismos de incentivos, fijando un precio a las emisiones de carbono, para así estimular la búsqueda de fuentes renovables. Independientemente de las intenciones y más allá de los mecanismos instaurados, las emisiones continuaron creciendo. La industria petrolera siguió expandiéndose, aproximando al planeta a una situación límite.

Algo debería hacerse, y de forma inmediata. La comunidad científica planteó un cambio de enfoque y comienza a popularizarse la idea de mantener las reservas en el subsuelo. En función de ello, resulta imprescindible limitar las tareas de prospección y explotación petrolera y asociarlas a un “presupuesto de carbono” – esto es, una cantidad determinada que un país, sector o ciudad, aún tiene para emitir GEI en un periodo de tiempo sin que ponga en riesgo la consecución de la meta de mantener un aumento de temperatura inferior a 1.5°C o 2°C. 

A nivel global, hablamos de un stock de carbono de 460 gtC02, lo remanente del “presupuesto del carbono” si el objetivo es mantener el aumento de temperatura por debajo de los 1.5°C. Al ritmo  actual de emisiones anuales (flujo : 41,5 gtC02), el citado presupuesto se agota en aproximadamente 11 años. Por eso la urgencia, sino las consecuencias resultarían irreversibles. Esto plantea la necesidad de un Estado que avizore los límites y que estimule la transición.

Durante mucho tiempo los líderes globales hicieron caso omiso del planteo de la comunidad científica y fueron sordos ante el llamado a la acción por parte de los jóvenes. Pero los riesgos que genera el calentamiento global son palpables. Ello explica el comportamiento de las compañías aseguradoras, que presurosas deciden abandonar “el barco del carbón”.

Los inversores también reaccionan presionando a las petroleras para que implementen planes de reconversión para que sus activos (acciones) no resulten afectados por la “burbuja del carbón”. Dicha burbuja se asocia a la idea de activos varados (stranded assets), y es la contra-cara financiera del riesgo previamente descripto. En la medida que nos acercamos al límite del presupuesto, mayor es el interés de los accionistas por abandonar su posición en la industria, lo que se ve reflejado en una venta acelerada de acciones.

Pocos creían en el peso del activismo en 2011, cuando por primera vez se escuchaba el reclamo por desinvertir en los campus universitarios estadounidenses. La idea de “dejar las reservas en el subsuelo” resultaba utópico, imposible. Tampoco la ecuación económica resultaba auspiciosa para los recursos renovables, lo cual forzaba al Estado a otorgar generosos subsidios al sector para así volverlo competitivo frente a los combustibles fósiles. Y las compañías petroleras se encontraban legalmente “blindadas”, independientemente del origen de la demanda, ya que la justicia siempre fallaba a su favor.

Un cambio acelerado

Todo está cambiando rápidamente. El activismo se ha diseminado entre los inversores y las energias renovables resultan mucho más baratas, al tiempo que las petroleras empiezan a sentarse en los banquillos de los acusados. Esto no hace más que acelerar la transición, lo cual acerca la industria al abismo financiero y a que los inversores vean sus activos desvalorizados.

El pasado mes de mayo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó un informe destacando la necesidad de abandonar todo proyecto para así cumplir con los compromisos pautados. A fin de lograr una baja pronunciada en el nivel de emisiones, se deben abandonar las tareas de prospección y exploración en lo inmediato. La publicación generó un shock, un “golpe a la mandíbula” a la industria petrolera.

A fin de avanzar con la transformación y asegurar el cumplimiento de las metas (cero emisiones netas para el año 2050), Carbon Tracker destaca la necesidad de transparentar las acciones de las compañías.

Pero esto no es todo. El pasado 26 de mayo, una corte holandesa determinó que Royal Dutch Shell era plausible de condena, pues sus operaciones tradicionales (producción, distribución, comercialización) habían agravado el problema de cambio climático. La corte sostiene que los actores no-estatales como las empresas petroleras también resultan agentes responsables. La condena obliga a la petrolera a trazar un plan de transición más ambicioso y aumentar el recorte de emisiones originalmente prometido. Esta condena puede generar una reacción en cadena de proporciones mayúsculas.

¿Las petroleras comienzan a readaptarse?

El impulso por el cambio también llega a los boards de las grandes empresas petroleras, como lo demuestra la reciente reunión de accionistas de Exxon Mobil, donde un grupo terminó imponiendo un plan de adecuación más ambicioso a la compañía. Mientras algunos inversores adoptan una actitud activa, otros directamente se abstienen de participar, por lo que día tras día son más los fondos de inversión que deciden dejar de financiar la industria petrolera.

Recientemente también se conoció un informe de Naciones Unidas, que destaca los efectos nocivos que conlleva la emisión de gas metano en la atmósfera. A diferencia del dióxido de carbono que se mantiene por cientos de años, el metano perdura poco tiempo, aproximadamente una década, aunque resulta mucho más peligroso. Según el panel intergubernamental de expertos en cambio climático IPCC (siglas en inglés) el efecto del metano sobre el calentamiento del planeta resulta 86 veces más fuerte que el generado por el CO2, por lo que el metano es considerado como un “carbono con esteroides”. Por ello, y a fin de reducir rápidamente el calentamiento global, un creciente número de expertos sugiere abandonar también los proyectos gasíferos.

Paso a paso, el lobby climático va ganando fuerza. No sólo en las calles, sino también en las salas de reuniones y en los despachos de justicia. Todo ello debería hacer sonar la alarma y preocupar a quienes siguen apostando por la explotación petrolera en América Latina. Esto conlleva un tremendo desafío económico, pero también un riesgo financiero. Resulta urgente repensar cuales son los sectores que podrían generar divisas y como reinsertar esta região en el mundo.

Desconocer el problema y seguir invirtiendo en un sector destinado a desaparecer no haría más que agravar la crisis que inexorablemente debemos enfrentar.

Foto de freakyman en Foter.com

Coordenadas para despertar de la pesadilla brasileña

Fabricio Pereira da Silva
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Coordenadas para despertar de la pesadilla brasileña

Coautor Danilo Uzêda da Cruz

Para entender el Brasil de hoy y los peligros que se avecinan, es esencial considerar el avance del autoritarismo. No se puede entender este fenómeno sin tener en cuenta el golpe de Estado de 2016 y los años de «lavajatismo», la deconstrucción de las instituciones y las políticas sociales, el socavamiento de la Constitución de 1988 y el tratamiento criminal de la pandemia de Covid-19.

En este contexto, la suspensión de las condenas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y la sospecha del exjuez Sergio Moro definidas en el Tribunal Supremo sirvieron para empezar a reescribir la historia de aquellos años, pero sobre todo para establecer alguna vía de escape para salir de esta pesadilla.

La tercera vía y el falso mito de la polarización

Damos por sentado que no existe una «tercera vía». Por una razón muy sencilla: la polarización que el llamado «centro» y los grandes medios de comunicación pretenden promover entre una «extrema izquierda» y una «extrema derecha» no existe. Y es que si el presidente Jair Bolsonaro es efectivamente de extrema derecha (cercano al fascismo), Lula está lejos de cualquier extremo. De hecho, está más cerca del centro, y mientras escribimos estas líneas el ya candidato continúa su agenda de reuniones con partidos conservadores, líderes neopentecostales y expresidentes.

Nunca hubo nada que temer de Lula, y toda la mistificación que rodea el tema sólo demuestra la incapacidad de las élites brasileñas de renunciar siquiera a una migaja de sus privilegios.

Si un candidato ya es de centroizquierda y se mueve decididamente hacia el centro, no hay «tercera vía» posible. Sólo hay dos candidatos viables y, en condiciones normales, Lula ganaría fácilmente.

La cuestión es que estamos muy lejos de las condiciones normales: estamos en un país colapsado, en el que no queda mucho de las instituciones democráticas. Y en el que Bolsonaro ya anuncia que si pierde será por fraude.

En este contexto, lo ideal es que el gobierno no se acabe, lo que evitaría más deconstrucciones y muertes democráticas. Hay razones para docenas de impeachments. Sin embargo, sabemos que Bolsonaro conserva parte de su popularidad, el apoyo de los sectores armados legales e ilegales, una base parlamentaria debidamente rentada y un Fiscal General aliado y silencioso. A pesar de las crecientes protestas, es poco probable que se produzca una destitución. Así que, por ahora, vamos a ocuparnos de 2022. 

El lulismo en un contexto peor

Es importante reconocer los errores y los límites del período lulista y, principalmente, advertir sobre las dificultades que enfrentará una nueva etapa del lulismo si está marcada por el «pasadismo». Vivimos en otro Brasil comparado con el de hace veinte años. En muchos aspectos, un Brasil mucho peor: precario, individualista, cínico, endurecido, convulso. 

Si pretende reeditar el pasado glorioso de un Brasil que ya no existe, el lulismo puede a lo sumo bloquear el bolsonarismo, el desmantelamiento del Estado y de la democracia, mientras lucha por completar su mandato. Esto no sería poco.

Detener la degradación, la necropolítica y el genocidio es el primer paso fundamental. Pero será difícil tener condiciones estructurales para relanzar cualquier proyecto de futuro. Esto sólo sería posible con una renovación de las bases, nuevas políticas públicas, una política de «frente amplio» de partidos y movimientos sociales, un relanzamiento de la participación social. Y lo principal: con mucha gente en la calle. ¿Todavía hay tiempo? 

Algunas cuestiones siguen pesando sobre nuestros hombros y están en el menú político de la izquierda, en particular del lulismo como práctica. Las alianzas con las oligarquías regionales, conservadoras y fraccionadas; un modelo de desarrollo contradictorio, basado en una confusa (e inviable) idea de consenso entre sectores históricamente desiguales; y unas prácticas internas autoritarias, que fueron causas de un paulatino declive de la izquierda como opción política para las masas.

La cuestión central es que esta dificultad para dialogar con otras matrices políticas del campo de la izquierda no sólo aisló a la izquierda del partido del resto de la sociedad, sino que también abrió espacio para que el pensamiento y la práctica conservadores ganaran terreno para avanzar.

Crecieron en el vacío de proyecto que dejó la izquierda, demasiado preocupada por el pacto de gobernabilidad o por el gobierno de coalición, que al final resultó no tener sentido ante el golpe. Aquí es donde estamos atascados, inmersos en una pesadilla colectiva. 

Dos problemas: los militares y Washington

Más allá de las necesarias revisiones del proyecto, hay que tener en cuenta los obstáculos que puedan surgir. En primer lugar, el factor militar, y esto en concreto implicará dificultades para que la izquierda sea elegida, tome posesión y gobierne. Estamos en un gobierno militar: de las fuerzas armadas, la policía y las milicias. Estos sectores armados no aceptarán dejar el gobierno fácilmente. Podemos esperar acusaciones de fraude, disturbios y violencia policial contra los manifestantes que salgan a la calle para hacer respetar el resultado electoral.

No podremos contar con nuestras destrozadas instituciones como defensa. Será fundamental que se produzca una situación que desmonte de antemano el intento de golpe de Estado que se avecina. Antes de eso, eso garantiza la propia celebración de elecciones – y la elegibilidad y la propia vida del candidato de la izquierda.

Para llegar y poder gobernar, no basta con negociar con todos. Esto ya lo está haciendo Lula y, como un magistral encantador de serpientes, lo seguirá haciendo. Pero será fundamental la presión popular desde abajo y de forma continua.

También hay que tener en cuenta cómo se comportará Washington. Incluso con Joe Biden al frente, después de tanto lavajatismo y lawfare apoyado desde el exterior (y esto todavía en tiempos de Barack Obama), cabe esperar a ver cómo se enfrentarían al delicado retorno del Partido de los Trabajadores, o más exactamente del lulismo, que se cierne sobre cualquier partido.

La necesidad de una nueva izquierda

A corto plazo, es necesario detener los crímenes de Bolsonaro. A medio y largo plazo, necesitamos una nueva izquierda. Para volver a hablar el lenguaje del pueblo, debe disputar con los derechistas temas como la religiosidad, la solidaridad, la familia, la violencia. Como Lula sabe hacer personalmente.

En medio de la aparente contradicción que atraviesa el debate latinoamericano entre una izquierda desarrollista y una izquierda ambientalista e identitaria, es necesario tender puentes.

En cualquier caso, ya no es posible mantenerse dentro de los límites del desarrollo económico «clásico», que está llevando a la humanidad a un callejón sin salida, a las puertas del «fin del mundo». Debemos evitar insistir en las estrategias de desarrollo que depredan la naturaleza, que han sido reintroducidas incluso por el lulismo.

Pero ¿cuál será la alternativa? ¿Un nuevo gobierno de Lula intentará promover de nuevo las grandes obras, los grandes eventos, el extractivismo, el agronegocio y el crecimiento a través del consumo? ¿O habrá energías renovadas que emanen de nuevos movimientos, de la juventud, de las nuevas universidades, de las periferias, que puedan empujar al país (y al lulismo) a un nuevo momento? ¿Tendremos una reedición degradada y precaria de la era Lula, o una nueva etapa? Primero, tenemos que sobrevivir hasta 2022.

Coautor Danilo Uzêda da Cruz Doctor en Ciencias Sociales (UFBA), Historiador (UEFS). Investigador en DEPARE (UFBA) y Periféricas (UFBA).

Foto de Marcelo Camargo/Agência Brasil

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Vacunas y «verdades» en el mundo de la posverdad

Camila De Mario
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Vacunas y «verdades» en el mundo de la posverdad

Desde principios de 2020, especialmente tras el agravamiento de la pandemia de Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene alertando sobre la infodemia, como se conoce a la gran circulación de información sobre un tema. Gran parte de ella es precisa y procede de fuentes fiables. Otra es falsa o inexacta, elaborada con la intención deliberada de engañar, confundir y manipular la opinión y el comportamiento de la gente.

Pandemia, teorías de la conspiración y noticias falsas

Una pandemia es terreno fértil para las teorías conspirativas, la propagación del miedo y la profundización del odio hacia los demás. Entre las principales teorías conspirativas sobre el nuevo Coronavirus están las que especulan sobre su origen.

Hoy, más de un año y medio después de la identificación de los primeros casos en Wuhan (China), siguen circulando mensajes, vídeos y audios que apoyan la acusación del expresidente estadounidense Donald Trump, abrazada por el gobierno brasileño, de que el virus se originó en un laboratorio chino.

En un reciente artículo para BBC News, el reportero Andre Biernath mostró las tácticas de los influencers para difundir noticias falsas. Una de ellas es utilizar YouTube como depositario de vídeos que, de hecho, circulan en grupos cerrados de aplicaciones como Telegram.

Una táctica importante es hacer que el contenido llegue a los famosos que lo comparten. Es lo que ocurrió en Brasil con el rumor de que Covid-19 era un bulo y que los hospitales se estaban quedando sin pacientes. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, en junio de 2020, «denunció» el hecho en una transmisión en vivo, y animó a la gente a invadir las UCI de los hospitales públicos y de campaña para demostrar el supuesto engaño.

Recientemente, en vísperas de que el país alcance la marca de 500 mil muertos, Bolsonaro insistió en la idea de una manipulación de los datos. Según él, «sólo han muerto la mitad» de lo que dicen las estadísticas.  

Más allá de estas tácticas que tienen la clara intención de desinformar, las incertidumbres generadas por la pandemia propician la especulación de ideas que tal vez nunca sean probadas, pero que sirven a intereses políticos y económicos.

Diverso contenido publicado en los principales medios insiste en la hipótesis de que el virus haya «escapado de un laboratorio chino» a través del trabajo coordinado por la doctora Shi Zhengli, popularizada por los medios brasileños como «mujer murciélago».

Estas ideas se han visto fortalecidas con la desconfianza del presidente estadounidense, Joe Biden, y la opinión de espías británicos, que ven factible la hipótesis. En realidad, lo que da soporte a los artículos es el descontento de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, con el informe sobre los orígenes del coronavirus elaborado por el equipo enviado a Wuhan. Pero por ahora, todo son especulaciones que adquieren aires de noticia e información porque alimentan y retroalimentan las incertidumbres. 

Geopolítica y confianza en las vacunas

La cuestión de fondo es geopolítica. Estamos en medio de una guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos. Responsabilizar a China de iniciar una pandemia colabora con los esfuerzos por neutralizarla en la política mundial y sigue alimentando la imagen de una guerra entre «nosotros» y «ellos». Ellos, los chinos, el enemigo del momento.

La segunda corriente de teorías conspirativas es la que ataca directamente la credibilidad de las vacunas. Ya sea porque no son más que experimentos que «provocarán cambios en nuestro ADN» o porque «no son tan eficaces como prometen». 

El mes pasado asistimos a una carrera hacia los puntos de vacunación brasileños en busca de dosis de la vacuna estadounidense Pfizer. Esta fue impulsada por la divulgación de una investigación que indicaba una eficacia del 95% de inmunización, lo cual garantizaría el acceso al pasaporte vacunal, recientemente aprobado por la Unión Europea.

El riesgo de convertirse en caimán —como afirmó Bolsonaro— ya no era convincente. Desgraciadamente, tal vez no se pueda decir lo mismo de las especulaciones que minaron la confianza en la eficacia de las vacunas, especialmente de la «vacuna china» Coronavac.

En grupos de WhatsApp, Telegram y redes sociales proliferan los mensajes dedicados a cuestionar la eficacia de la Coronavac, vacuna de la farmacéutica china Sinovac, producida en Brasil por el Instituto Butantan.

En el último mes, la vacuna ha obtenido el estatus de la «peor disponible». Un audio grabado por un supuesto virólogo intentaba advertir a la población de que la Coronavac no es «ni segura ni eficaz». Pronto la duda se apoderó de las calles.

Manipulaciones como ésta son posibles por dos razones: la existencia de una creencia acrítica en cualquier información que se precie de ser científica; y la confianza en el interlocutor. Es habitual atribuir el valor de «verdad» al contenido transmitido en función de la relación personal establecida con su emisor, una dinámica exacerbada en las redes sociales. 

Sin embargo, los resultados de las investigaciones realizadas con la población vacunada con la Coronavac revelan otra realidad. Con respecto a la reducción de la mortalidad, se encontró un 97% de efectividad en Uruguay y un 80% en Chile. Otro importante estudio, el Proyecto S, coordinado por el Instituto Butantan de la ciudad de Serrana (SP), demostró que la eficacia de la Coronavac es muy superior a la obtenida en los ensayos clínicos. En este caso, con el 75% de la población de la ciudad vacunada, la eficacia verificada fue del 95% en la reducción de las muertes, del 86% de las hospitalizaciones y del 80% de los casos sintomáticos de infección por coronavirus.

Pero la fama de ser la peor vacuna no se debe únicamente a las noticias falsas. Estamos en medio de una avalancha de datos y artículos científicos relacionados con la comprensión de la pandemia y sus formas de control que incluye la vacunación, los tratamientos y las medidas de prevención y orientación del comportamiento.

La ciencia y los retos de la posverdad

Si por un lado la circulación casi inmediata de datos sirve a la ciencia para enfrentar la pandemia. Por otro, la inmediatez de la traducción de estos artículos en titulares produce una claridad que, sin embargo, ofusca a la esfera pública, provocando una especie de ceguera que impide el discernimiento y alimenta los temores y, paradójicamente, la producción de fake news.

Esta confusión hace que sea difícil para la gente discernir que la eficacia de una prueba de la fase III no es la misma que la eficacia de la vacunación en individuos que llevan su vida normalmente. Es en medio de la superabundancia que se pierden los datos sobre la eficacia de la Coronavac. El miedo y la incertidumbre prosperan.  

Lo que vemos es que la propagación de rumores que manipulan las creencias y los miedos sigue predominando sobre el esfuerzo de divulgación científica. Esta es una característica de nuestro tiempo, la era de la posverdad, y que necesitamos combatir de forma urgente. Está poniendo en riesgo la credibilidad del conocimiento científico, la confianza en las vacunas y, sobre todo, nuestra salud.

Foto de Christoph Scholz en Foter.com

El Mercosur y la disputa por su precarización

Leonardo Granato
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El Mercosur y la disputa por su precarización

Los últimos tiempos vienen siendo especialmente conflictivos para el Mercosur. Mientras que los gobiernos de Brasil y Uruguay integran un frente que pretende avanzar hacia una reducción amplia del Arancel Externo Común (AEC) y flexibilización de la norma que impide a los Estados miembros del bloque negociar acuerdos comerciales de forma individual, el gobierno argentino viene apelando al diálogo por medidas consensuales más moderadas, que preserven las capacidades industriales y de negociación de la región en el plano externo.

Estamos ante un Mercosur saludablemente en disputa, tensionado por proyectos económicos y políticos de desarrollo capitalista e inserción internacional que comportan visiones diferentes sobre el rol de la integración en nuestro Cono Sur. A diferencia de otras interpretaciones, que ven en estas tensiones una suerte de síntoma de estado terminal o de agotamiento del bloque, entendemos que las actuales divergencias no son sino expresión del siempre conflictivo y contradictorio funcionamiento del Mercosur en medio de un sistema capitalista permanentemente en crisis, así como de los desafíos a enfrentar de cara al futuro.

Las respuestas del Mercosur

Los esfuerzos para establecer consensos han girado históricamente en torno a las grandes cuestiones de para qué integrarse y de cómo integrarse. Sobre el para qué, en función del desarrollo desigual y combinado del capitalismo, podría decirse que el Mercosur históricamente ha buscado contribuir con los programas nacionales de desarrollo capitalista e inserción internacional de sus países. Pero ¿cómo cumplir con este objetivo en un contexto de clara dependencia comercial, productiva, financiera y científico-tecnológica? Diferentes respuestas pueden ser identificadas a lo largo de la historia del Mercosur.

A mediados de la década del ‘80 y en un contexto de recesión mundial, Argentina y Brasil dieron el puntapié inicial a través de sus “protocolos sectoriales de coordinación interindustrial”, apostando a la creación de una estrategia de desarrollo conjunto y solidario, donde las preferencias debían ser recíprocas. Se trataba de constituir un mercado común y de potencializar las capacidades de negociación en la arena internacional.

Pero ello no duró mucho, pues de la narrativa neoliberal de la crisis de esos años (crisis ésta supuestamente más asociada a factores domésticos que sistémicos), surgió un nuevo proyecto al que, junto con Paraguay y Uruguay, se lo llamó de Mercosur. Y con base en un programa de eliminación progresiva de barreras al comercio entre los socios y en el establecimiento de un AEC para la creación de un único territorio aduanero, el Mercosur de los años ‘90 vino a fortalecer los programas nacionales de ajuste estructural, fomentando la liberalización comercial y financiera.

Si bien el modelo de “regionalismo abierto” adoptado favoreció los números del comercio, a finales de esa década fue ese mismo modelo que dejó al Mercosur en una situación de fragilidad ante la crisis financiera global y sus impactos en las economías del bloque.

Ante las presiones del proyecto norteamericano ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) y de una China cada vez más presente en la región, el Mercosur de inicios de 2000 buscó en la Decisión 32, que reafirma el compromiso del bloque de negociar en forma conjunta acuerdos comerciales con terceros países y el reaseguro de una integración periférica expuesta en todo momento a abandonar el barco de la cooperación en función de intereses políticos y económicos de potencias extrarregionales.

Fue a partir de estos primeros años del nuevo siglo que, en un contexto de crisis de la hegemonía neoliberal y de una coyuntura externa favorable vinculada a la recuperación del crecimiento mundial, una renovación sobre “cómo integrarse” tuvo lugar en el Mercosur. Esto dio lugar a una nueva agenda que, sin abandonar la dimensión comercial preponderante del bloque, se ampliara y pasase a abrigar temas de integración productiva, política y social. De esta manera, se contribuyó a fortalecer el muchas veces “invisible” entramado de cooperación y coordinación en diversos temas de política pública entre los Estados miembros.

En su segunda década de vida, el Mercosur no sólo experimentó avances en materia comercial —donde el comercio intrarregional creció significativamente— sino en otros aspectos tales como integración productiva, convergencia estructural, política social y articulación estratégica con otros países sudamericanos.

Pero con la irrupción de la crisis mundial de 2008 y el cierre del ciclo de las commodities, la integración mercosureña multidimensional fue cediendo gradualmente a la recuperación del regionalismo abierto como modelo preponderante. Esto se dio en sintonía con el retorno del ideario neoliberal en los Estados parte, que justificaba la reconfiguración del bloque en función de un supuesto rezago institucional, estancamiento económico y aislamiento de sus países con relación a las cadenas globales de valor.

La actual disputa por un programa de corto plazo

En los últimos años surgió la narrativa cortoplacista de la “modernización” del Mercosur para superar una supuesta crisis. Un estancamiento, que, así como en la década del ’80, es nuevamente más asociada a factores domésticos que a restricciones o limitaciones sistémicas vinculadas a las dinámicas del propio capitalismo neoliberal. La revisión del AEC, la flexibilización de la Decisión 32 de 2000 y hasta una “revisión” de la estructura institucional del bloque para hacerla “más simple y eficiente”, encabezan las demandas modernizadoras.

El AEC previsto en el Tratado de Asunción ha venido siendo objeto de diversas excepciones que impiden al bloque avanzar hacia acuerdos de integración profunda, más equitativos y equilibrados. Actualmente, en sintonía con esa tendencia, los defensores de una “inserción competitiva en el comercio y la economía internacionales” quieren un tipo de asociación más próxima de una zona de libre comercio. Una asociación a imagen y semejanza de la metodología implementada por la Alianza del Pacífico, más que de una verdadera integración robusta y compleja desde el punto de vista de los compromisos e intereses en juego.

Ese es el Mercosur más “moderno” y “flexible” por el que los gobiernos de Brasil y Uruguay vienen abogando. Un Mercosur que deje de lado la construcción de un programa de solidaridad, reciprocidad y autonomía estratégica en el largo plazo, y que favorezca, en contrapartida, más “libertades” en el corto plazo para jugar individualmente “en cancha grande”, tal como lo reivindica el presidente uruguayo.

Ahora bien, en condiciones de vulnerabilidad y fuerte volatilidad internacional, donde la tan mentada libertad se revela de hecho más mítica que real, nos preguntamos: ¿la precarización del Mercosur es el camino para nuestros países? Esa parece ser la pregunta que debería estar en el centro del debate intelectual y político regional.

Foto de Palácio do Planalto

Vacunas: claves para abordar un tema global

Mónica Nieves Aguirre
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Vacunas: claves para abordar un tema global

Coautora Magdalena Bas Vilizzio

Con el inicio de la vacunación contra la Covid-19, el 2020 finalizaba proyectando el primer paso hacia el fin de la pandemia. Sin embargo el 2021 ha planteado nuevas incertidumbres y desafíos. Partiendo de la idea de “una salud” humana, animal y del planeta, la expansión del virus se enraíza en inequidades previas que se reflejan en débiles sistemas de salud, informalidad laboral o acceso a la educación, al tiempo que pone en descubierto los efectos del cambio climático. Ante la crisis del multilateralismo, de la Covid-19 y de la globalización ¿Cuáles son las claves de la disputa por las vacunas?

La seguridad humana

La primera clave es la seguridad humana, aunque las medidas colectivas y nacionales presentan claroscuros. Mientras las muertes continúan aumentando, la apropiación “masiva” de las vacunas por parte de ciertos Estados da cuenta de nuevas formas de inequidad global.

Según el anuario del El Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ), el médico Fernando Lamata sostiene que los países más ricos, que representan al 14% de la población mundial, han acaparado el 84% de las vacunas lo cual podría catalogarse como un “apartheid vacunal”. Además, el mecanismo COVAX, creado para la compra y distribución de las vacunas a países en desarrollo, terminó siendo una “linda idea que se quedó corta”, como señala la periodista Ann Danaiya Usher en The Lancet.

Los claroscuros también se aprecian desde el lente de la geopolítica con la llamada “diplomacia de las vacunas”, instrumentada a través de las donaciones de Estados desarrollados a otros en desarrollo, tal como se anunció en la última cumbre del G7. Si bien estas medidas ayudan a construir el andamiaje para situaciones de urgencia, son puntuales y parciales y no resuelven el problema de fondo, al tiempo que profundizan las relaciones asimétricas centro-periferia.

Teniendo en cuenta que menos del 25% de la población mundial recibió al menos una dosis, las grandes diferencias entre continentes y que aún se requieren unas diez mil millones más para lograr la inmunidad de rebaño a escala global, la decisión del G7 de donar mil millones de dosis resulta insuficiente.

La gobernanza global

La segunda clave es la gobernanza global, tanto a nivel de salud como de comercio, porque la regulación del mercado es fundamental en términos de propiedad intelectual y vacunas. En este marco, algunas acciones multilaterales han propuesto alternativas auspiciosas. Entre ellas, la reciente resolución sobre el Fortalecimiento en la preparación y respuesta de la Organización Mundial de la Salud frente a emergencias sanitarias, donde se evidencia la necesidad de crear normas internacionales que protejan la seguridad humana.

En materia de comercio internacional, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha discutido la propuesta de India y Sudáfrica sobre la suspensión temporal de derechos de propiedad intelectual de la vacuna y otros productos y tecnologías vinculadas a la Covid-19. La propuesta es apoyada por cerca de una centena de países de renta media y baja.

Después del rechazo inicial, Estados Unidos, el Parlamento Europeo, China y otros Estados están dispuestos a discutir el tema y en la última reunión en la OMC se decidió seguir ese camino. ¿Es la gobernanza global eficiente? ¿Discutir el tema es suficiente? No, pero los cambios se inician con una discusión.

La ausencia de normas internacionales

La gobernanza global descansa en el Derecho Internacional, como conjunto de normas que se encargan de construir un espacio público donde las voces de los más débiles sean escuchadas, como afirma el jurista finés Martti Koskenniemi. Por tanto, la tercera clave para comprender el tema se encuentra en el Derecho Internacional.

¿Por qué es necesaria una discusión jurídica sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en medio de una emergencia sanitaria global? La clave tal vez no sea el Derecho Internacional, sino su ausencia. No existen normas internacionales en materia de pandemias o sindemias —la suma de dos o más epidemias— que establezcan límites a la propiedad intelectual en caso de una emergencia global.

Por lo tanto, se celebra la propuesta de un instrumento internacional para la preparación ante futuras pandemias, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, el Presidente del Consejo Europeo y más de 30 Jefes de Estado. Esto demuestra, que para un asunto global la respuesta necesariamente debe (y deberá) ser global. Y a pesar de que el recorrido jurídico apenas se inicia y de que es imprescindible potenciar el multilateralismo para darle recorrido, el documento pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el Derecho Internacional frente a acciones individuales.

Otras opciones para salir de la crisis

Ahora bien, frente al creciente peso de las empresas transnacionales, surgen otras opciones para la fabricación de vacunas que se basan en la colaboración entre el sector público y el privado: la denominada “tercera vía”. Estas ideas, citadas por la economista Mariana Mazzucato en su libro “El Estado emprendedor”, se acercan a lo que hoy está haciendo AstraZeneca.

La capacidad productiva de algunos países de América Latina y el Caribe —Argentina, Brasil, México, por ejemplo— podría viabilizar alternativas ante un factor apremiante como el tiempo. Sobre todo, teniendo en cuenta los plazos de la discusión en la OMC, así como de los procesos de transmisión del know how y la logística que se requerirán a posteriori, en caso que la suspensión temporal se concrete.

En suma, es necesario abordar tres aspectos para alcanzar la accesibilidad de las vacunas: los claroscuros de la protección de la seguridad humana, la ausencia de normas internacionales y los desafíos de una gobernanza global eficiente. Abordar estos tres aspectos de forma multilateral constituye la base para construir resiliencia en un mundo cada vez más inequitativo y vulnerable.

Magdalena Bas es profesora de la Universidad de la República, Uruguay e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora en Relaciones Internacionales por la Univ. Nacional de La Plata (Argentina).

Foto por Galería fotográfica PCM Perú. em Foter.com

El fujimorismo tensa una vez más la democracia

Carlos Ugo Santander
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El fujimorismo tensa una vez más la democracia

El arbitraje de los órganos nacionales —el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales— y los observadores internacionales, entre ellos la OEA, han declarado que las elecciones peruanas han sido inobjetables, limpias y transparentes. Pero el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que viene perdiendo la elección, ha desarrollado una estrategia legal bajo la tesis de que existe un fraude masivo. Es decir, no habría un fraude sistemático, sino en algunas cuantas mesas en la que la candidata no se vio beneficiada, lo cual, en el supuesto caso de ser anuladas, podría revertir los 44,240 votos que la distancian de Pedro Castillo.

Los plazos para interponer las nulidades están definidos en ley. Así, de las 943 solicitudes de impugnación 594 se encuentran pendientes de apelación. Estas fueron desestimadas en primera instancia por el órgano electoral debido a que se encontraban fuera de plazo. Pero la defensa de Fuerza Popular insiste que el plazo es una mera formalidad y lo que se debe discutir son las cuestiones de fondo.

En Perú, uno de los principios en el que se fundan los procesos electorales es que estos son preclusivos, o sea, que el acto que no se realizó dentro del tiempo previsto no podrá llevarse a cabo, y perentorios, o sea, sin prórroga. Es decir que si los actos no se sujetan a los criterios establecidos afectarían el propio calendario electoral y se abriría una brecha para que se desarrollen acciones jurídicas de forma infinita, descaracterizando el proceso electoral en prejuicio del adversario y de la propia institucionalidad democrática.

Los recursos de Keiko Fujimori

Este es el objetivo que busca la defensa de Fuerza Popular al presentar este conjunto de recursos. Uno de ello es el Habeas Data presentado para obtener el padrón electoral y crear procesos paralelos con la finalidad de probar un «fraude» de firmas falsas. Otros ejemplos son las solicitudes de nulidad de mesas con varios vicios procesales, como el no pago de las tasas oficiales, la solicitud de una pericia del sistema informático -el mismo que ya había sido validado por todos los partidos previo a las elecciones- y la presentación de supuestos peritajes con interpretaciones ajustados a sus intereses y sin criterio técnico o según lo establecido por la ley.

La iniciativa del partido derrotado es buscar dilatar el proceso electoral. De hecho, los órganos electorales consideran que anular mesas va contra el propio sentido jurídico de un estado de derecho y aplicar una decisión que vulnere los derechos como anular votos, va contra el sentido mismo de la ley.

El trasfondo de la demanda es que una de las partes busca ganar a cualquier costo en detrimento de la voluntad popular y sin pruebas, como lo exige la ley. Por lo menos hasta ahora, los órganos electorales vienen actuando de forma neutral. Casi todas las solicitudes que fueron aceptadas dentro del plazo fueron desestimadas por que no se ajustaban a la ley. Sin pruebas no existe fraude, apenas especulación.

No se cambian las reglas en medio del juego

Existe consenso en que las reglas que rigen una elección no se alteren en medio del proceso en beneficio de una de las partes. Alterarlas sería ir contra el orden constituido. Pero más allá de la estrategia legal, existe una estrategia más peligrosa que es la de buscar subvertir el orden constitucional e impedir la proclamación como Presidente de la República a Pedro Castillo, lo que implicaría un golpe de estado.

En este marco, algunos pocos medios de prensa contrarios al profesor Castillo que apoyan movilizaciones populares a favor de Keiko Fujimori, buscan presionar para que los órganos electorales transgredan sus propias resoluciones, la ley orgánica de elecciones e inclusive aquellas resoluciones que se sustentan en la jurisprudencia del tribunal Constitucional.

El primer movimiento que azuzó subvertir el orden constitucional fue el del congresista y ex almirante Jorge Montoya, de extrema derecha, quien llamó a la sedición y a que no se reconocieran los resultados electorales. Montoya fue denunciado inmediatamente por el Ministerio Público, institución que actuó de forma ponderada —dado el momento político delicado—al no pedir la prisión preventiva o encuadrarlo en la ley de delitos de terrorismo.

Sin embargo, a los pocos días, más de 300 ex oficiales de las tres armas firmaron una carta diciendo que desconocerán como presidente a Castillo. El Presidente Francisco Sagasti fue enérgico e ordenó que todos los firmantes sean investigados y procesados por el Ministerio Público.

Por otro lado, en un reciente editorial, el diario El Comercio, uno de los más influyentes de Perú y que apoyó la candidatura de Keiko Fujimori, manifestó la necesidad de respetar el orden constitucional y las decisiones de los órganos electorales. Los poderes fácticos, como los militares en servicio se han manifestado contrarios a tomar partido de los eventos electorales, fundamentalmente porque no son fuerzas deliberantes. El sector empresarial también apuesta por el camino de la institucionalidad, a la vez que presiona a Castillo para que modere su programa político.

En todo caso, lo que se visualiza en el corto plazo son dos escenarios. Uno de obstrucción al gobierno de Castillo en una lógica de un juego de suma cero, donde el Legislativo no coopere y se arriesgue a ser disuelto de acuerdo a los preceptos constitucionales. En ese marco el presidente podría llamar a nuevas elecciones legislativas y con ello tendrá la oportunidad de cambiar la correlación de fuerzas.

El otro escenario es que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo sean una extensión de la contienda electoral actual, en donde los opositores a Castillo busquen sabotear el país y lo empujen hacia posiciones más radicales, con la finalidad de provocar una ruptura que pueda ir en detrimento de la propia democracia.

Foto del Congreso de la República del Perú

El remanente de Sendero Luminoso en Perú

Dardo Justino Rodríguez
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El remanente de Sendero Luminoso en Perú

Cuando faltaban dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones en las que se enfrentaron Pedro Castillo y Keiko Fujimori, un ataque de remanentes del grupo armado maoísta Sendero Luminoso, dejó al menos catorce muertos. El ataque se produjo en la aldea San Miguel, provincia de Vizcatán, en la zona conocida como El Vraem, un valle enmarcado por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Se trata de una apartada región montañosa entre los Andes y la Amazonia, al sureste del Perú, principal zona productora de hojas de coca, con una nutrida presencia del narcotráfico. Allí opera la última columna disidente de Sendero Luminoso. Mensajes dejados en el lugar llamaban a boicotear las elecciones del 6 de junio.

El pasado de Sendero Luminoso

Para los más jóvenes, los nombrs de Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre u Osman Morote y los apelativos Camarada Feliciano, Camarada Artemio o Presidente Gonzalo, son totalmente desconocidos. Estos son algunos de los líderes históricos del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, de ideología marxista-maoísta, que utilizó en el país prácticas similar a la de los Jemeres Rojos en Camboya.

A pesar de que todos ellos están presos desde hace muchos años, la organización que fundaron siguió su curso bajo el mando de nuevos cuadros refugiados entre las selvas y los cerros del interior peruano. Con el tiempo, esta organización, “revolucionaria” según sus postulados fundacionales, fue convirtiéndose en una banda criminal relacionada con el narcotráfico, olvidando por completo sus ideas de toma del poder y de generar una nueva sociedad comunista.

En el año 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú concluyó que la llamada “guerra popular” promovida por la organización subversiva Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso “fue la causa fundamental para el desencadenamiento del conflicto armado interno”. Este grupo fue “el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos” en el país entre los años 1980 y 2000, aunque la intensidad de la misma decreció notoriamente después de 1992, cuando fueron apresados el líder Abimael Guzmán y varios de sus principales referentes.

Aquel informe, sin embargo, casi que no mencionaba las numerosas violaciones a los derechos humanos y otros abusos contra la población cometidos por las fuerzas armadas y policiales, además de los grupos irregulares afines al gobierno durante la administración de Alberto Fujimori y su principal funcionario durante esos años, Vladimiro Montesinos.

El remanente del Militarizado Partido Comunista del Perú 

Dos décadas después, un remanente de Sendero Luminoso sigue irrumpiendo en los pueblos, disponiendo de tierras e imponiendo su justicia en una zona de la selva peruana donde sobrevive gracias al narcotráfico. La ausencia del Estado y una geografía impenetrable permiten que los restos de aquel grupo armado hayan establecido un orden criminal en un valle que cobija cinco regiones del Perú.

El grupo, actualmente conocido como Militarizado Partido Comunista del Perú, somete a su arbitrio a las comunidades asentadas en los circuitos de la droga en el seno del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Impone a sus habitantes su propia justicia, los obliga a migrar o los somete a su voluntad para explotar los cultivos y las demás actividades en la región.

Según el jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) peruana, este grupo custodia los laboratorios y el tránsito de cocaína en la zona, a cambio de cuantiosos pagos que impone a las redes del narcotráfico. El último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), indica que el Perú alberga 54.655 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 26.028 están en el Vraem. Se trata del sector con más plantaciones de coca y donde se elabora la mayor cantidad de clorhidrato de cocaína en el país.

Lejos de la insurrección popular

Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, antiguo integrante del Comité Regional Principal de Sendero Luminoso y su hermano Jorge, alias ‘Raúl’ están al mando de este grupo. Estos entendieron que la extorsión a las bandas del narco que operaban en la zona sería un negocio rentable y comenzaron a presionarlas para pagar tributo a cambio de no interferir en sus negocios.

Con el tiempo, estos grupos formaron una alianza por la cual Sendero Luminoso ofrece protección a los cultivos, laboratorios y “mochileros”, —quienes transportan la droga— para evitar que sean detectados por las autoridades ya que la región carece de caminos adecuados para sacar la producción con rapidez y seguridad. Los mochileros cuentan con una red de protección a lo largo de sus rutas mediante elementos armados que cuentan con una extendida y muy eficiente red de inteligencia.

La Dirección Antiterrorista peruana calcula que unos 400 hombres y mujeres están bajo el mando de los hermanos Quispe Palomino en el Vraem. La fuerza principal, conformada por 30 miembros y columnas de 10 o 12 integrantes, permanecería en Vizcatán del Ene. Para las autoridades, estos componen un grupo encapsulado sin posibilidad de expandirse.

La amenaza que implica esta organización armada, sin embargo, se expande al ritmo del negocio de la droga. Su subsistencia se debe al narco, por lo cual actúa cuando éste cae en situaciones de riesgo. De hecho sus miembros, al igual que los antiguos cuadros de hace unos 40 años, son sumamente desconfiados al punto de espiar, perseguir y hasta ejecutar incluso a miembros de las familias de sus propios componentes. Y es que las autoridades ofrecen muy buenas recompensas monetarias a quienes brinden información que lleve a la captura de sus integrantes o incluso desarticule alguna columna.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señala que el relevo de mandos del remanente de Sendero Luminoso es muy complicado por lo que la desarticulación de una columna llevaría, eventualmente, a su extinción. Por lo tanto, la agrupación no es considerada como una amenaza para el país en la dimensión que sí lo es el narcotráfico. Aunque ambos operen en perversa complicidad.

El juego a dos niveles de Ortega y Murillo

Kai Thaler
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El juego a dos niveles de Ortega y Murillo

El gobierno nicaragüense -controlado por el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, y su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- está utilizando nuevas leyes para arrestar a sus rivales políticos y acosar a los medios de comunicación independientes de cara a las elecciones previstas para noviembre. En el último mes, el gobierno ha detenido a cinco precandidatos de la oposición, a los líderes del partido sandinista disidente UNAMOS y a varios líderes de la sociedad civil y del mundo empresarial.

A la vez que ejerce represión en el ámbito nacional, el gobierno busca negociaciones internacionales, probablemente para eliminar las sanciones selectivas contra funcionarios del gobierno y miembros de la familia Ortega-Murillo. Aplastar a la disidencia interna ha sido fácil, pero es poco probable que se consigan concesiones internacionales.

Represión y detención de miembros de la oposición

Sin pruebas reales para sus acusaciones, el gobierno se dedica a hacer acrobacias, publicando documentos falsos para implicar a los medios de comunicación, los grupos de la sociedad civil y los precandidatos en una conspiración golpista.

El gobierno afirmó que las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por el extranjero. Ahora Ortega y Murillo, a pesar de controlar las instituciones del Estado y las fuerzas de seguridad, intentan convencer a sus seguidores de que los «golpistas» están conspirando de nuevo, ayudados por Estados Unidos y «otras potencias imperialistas».

A nivel local, Ortega y Murillo están eliminando a los principales candidatos de la oposición antes de las elecciones. También están demostrando su impunidad y su capacidad para amenazar a cualquiera, incluso a integrantes de las familias más poderosas.

La tensión ha vuelto a aumentar entre la oposición y el camino a seguir no está claro. Cualquier candidato que se presente a las urnas en noviembre será probablemente sospechoso de cooptación o considerado como la oposición «elegida» por el gobierno. Muchos empresarios se mantienen callados por miedo a perder beneficios o activos. El banco Banpro respondió tímidamente a la detención de Luis Rivas, su director ejecutivo.

Estrategias políticas y respuestas de Estados Unidos

La política, sin embargo, es siempre un juego a dos niveles: los gobiernos actúan pensando en el público nacional e internacional. En Nicaragua, el propagandista del gobierno y periodista William Grigsby ha revelado el plan de Ortega-Murillo durante el último mes, primero amenazando con más arrestos tras las detenciones iniciales. Luego, tras las detenciones de UNAMOS, Grigsby declaró que el gobierno estaba buscando negociaciones con Estados Unidos.

La plataforma de noticias gubernamental El 19 Digital, también publicó una columna italiana pro-Ortega en la que se afirmaba que «si hubiera que encontrar una solución a la crisis, ésta debe ser entre Nicaragua y Estados Unidos», ya que el gobierno considera a los detenidos como agentes estadounidenses. Al igual que el régimen revolucionario del FSLN a principios de los 80’, Ortega y Murillo no reconocen el descontento interno, y cualquier amenaza es considerada como un complot imperialista.

Desde esta perspectiva internacional, Ortega y Murillo se dedican a la toma de rehenes como estrategia diplomática. Es difícil que funcione.

En primer lugar, a pesar de las acusaciones, los detenidos no son agentes estadounidenses. En segundo lugar, Estados Unidos se juega menos en Nicaragua que en otras partes de Centroamérica, donde la migración sigue siendo su objetivo. La migración nicaragüense hacia el norte ha aumentado desde abril de 2018, pero sigue siendo baja en comparación con la de El Salvador, Guatemala y Honduras.

En tercer lugar, la nueva administración de Biden está tratando (aunque de manera inconsistente) de volver a enfatizar los derechos humanos y la democracia, así que ¿por qué recompensaría la toma de rehenes? En cambio, Estados Unidos ha ampliado las sanciones a Ortega, a la hija de Murillo, Camila, y a otros funcionarios del gobierno.

Legisladores estadounidenses están trabajando para endurecer las sanciones y para investigar la corrupción del gobierno. Incluso se discute la posibilidad de suspender la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana- América Central, aunque esto o las sanciones generalizadas podrían perjudicar en lugar de ayudar al pueblo nicaragüense.

Otras reacciones internacionales y escenarios futuros

Las instituciones internacionales se han sumado a la postura de Estados Unidos. Costa Rica lideró a 59 países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exigir el fin de la represión y el respeto de los derechos humanos, haciéndose eco de la posición del Secretario General de la ONU, António Guterres.

La Organización de Estados Americanos votó por una abrumadora mayoría «condenar inequívocamente la detención, el acoso y las restricciones arbitrarias impuestas a los candidatos presidenciales, los partidos políticos y los medios de comunicación independientes», y pidió «la inmediata liberación de los candidatos presidenciales y de todos los presos políticos». El Parlamento Europeo está estudiando la posibilidad de suspender los acuerdos de cooperación.

Grupos de la sociedad civil internacional han condenado la represión y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no demoraron en pronunciarse. Más de 750 académicos e investigadores (entre los que me incluyo) firmaron una declaración pidiendo al gobierno la liberación de los presos políticos, el fin de las restricciones a las libertades civiles y la celebración de elecciones libres y justas. Los miembros centroamericanos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales firmaron una declaración específica. Y las asociaciones empresariales centroamericanas condenaron las detenciones y las amenazas a la estabilidad regional.

Sin embargo, algunas instituciones internacionales de Centroamérica han guardado un llamativo silencio, sobre todo el Sistema de la Integración Centroamericana. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica pasó por alto la crisis, tuiteando que el banco «no condiciona su ayuda a valoraciones distintas de las económicas». Los gobiernos de El Salvador y Honduras también se han mantenido callados, en medio de la profundización de su propio autoritarismo y corrupción.

Los gobiernos de Argentina y México trataron de mantener la posibilidad de ser mediadores, condenando las crecientes detenciones, pero absteniéndose en la votación de la resolución de la OEA y llamando a consultas a sus embajadores. Pero ¿qué implicaría una negociación internacional? Si el gobierno nicaragüense quiere que se levanten las sanciones, debería relajar las restricciones y avanzar hacia unas elecciones libres.

O bien Ortega y Murillo están profundamente equivocados o el llamamiento a las negociaciones es una cortina de humo y el público interno ha sido siempre su objetivo. Después de todo, ¿qué mejor manera de «demostrar» a sus partidarios que están defendiendo a Nicaragua de la intervención imperialista que provocando una protesta internacional?

Esta estrategia reafirma la postura de aproximadamente el 20% de la población que aún apoya al gobierno, pero la oposición sabe que no puede confiar en el gobierno. Lo aprendió en 2018, cuando Ortega y Murillo abandonaron la mesa de negociación para «limpiar» las calles de manifestantes.

Es probable que los debates sobre la participación en el proceso electoral continúen, pero la planificación de la oposición debe centrarse ahora en lo que sucederá después de noviembre, ya que Ortega y Murillo no van a abandonar el poder. Cualquier plan futuro de desobediencia civil necesita un amplio apoyo y unos objetivos claros y centrados en el ámbito nacional.

La atención mundial está ahora en Nicaragua, pero es efímera. Y aunque los actores internacionales deben apoyar a la oposición, las soluciones a la crisis y la alternativa democrática deben provenir de los propios nicaragüenses.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

De barcos y racismo en América Latina

Emmanuel Guerisoli
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De barcos y racismo en América Latina

Coautor Federico Finchelstein

El pasado 9 de junio, en una conferencia entre el presidente de España Pedro Sánchez y el de Argentina, Alberto Fernández, este último afirmó que “los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa”. La frase esconde la fantasía de que la población argentina, a diferencia de otras latinoamericanas, es exclusivamente un producto de la migración europea lo que supuestamente le confiere un vínculo cultural único con el viejo continente.

Estas palabras desataron un escándalo a nivel continental. Y si bien el presidente argentino se disculpó rápidamente, su declaración deja entrever un supuesto racismo y una incómoda ignorancia. Lo más grave, sin embargo, es que estas palabras reflejan el sentir en varios países de América Latina, no sólo en Argentina, se generan, reproducen, refuerzan, y legitiman a partir de los procesos históricos. Dicho esto, la declaración de Fernández, que no es nativista ni fascista, debería diferenciarse de otras realizadas por Jair Bolsonaro o Donald Trump, ya que en estos casos los comentarios se enmarcan dentro de ideologías post-fascistas populistas.

Para la mayoría de los argentinos, la racialización y las prácticas coloniales son ajenas a su historia y no tienen cabida en la sociedad actual. Pero al mismo tiempo, estos creen que su ascendencia europea es única en América Latina, y que esto les hace superiores. Para las élites políticas, intelectuales y culturales de Argentina, el sujeto arquetípico argentino es blanco y sus antepasados pueden rastrearse ​​hasta los barcos transatlánticos que partieron de Génova o Barcelona en la década de 1890.

Alberto Fernández no fue el primer presidente en hacer una afirmación así. En 2018, Mauricio Macri dijo que “en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”, en 2015, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que los argentinos “somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes” y en 1996 Carlos Menem dijo que en Argentina no había negros y que eso era un “problema” brasileño.

De acuerdo a este mito, los argentinos siempre han sido blancos por lo que, a diferencia de México, en Argentina el mestizaje nunca fue exaltado. Esto, sin embargo, tampoco libera a México de culpa ya que debe recordarse que la creación de lo que José Vasconcelos definió como la “raza cósmica” de sangre mestiza europea y nativa se basó en la exclusión de linajes puramente indígenas y negros.

En esta línea, el imaginario nacional argentino se ha construido en torno a los inmigrantes europeos como agentes modernizadores de la nación, borrando de un plumazo la existencia, aportes e identidades de afroargentinos, mestizos, comunidades indígenas e inmigrantes de China, Corea del Sur, Siria, Líbano, Armenia, Angola, Guinea y países de América Latina. De hecho, existe la creencia generalizada de que los mestizos y los negros son en realidad migrantes de primera o segunda generación de Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Esta narrativa francamente racista consolidó y naturalizó aún más una supuesta blancura argentina donde los argentinos genuinos, cuyos padres y abuelos bajaron de los barcos, eran parte de la clase media educada y moderna. Mientras que aquellos, producto del mestizaje con los pueblos indígenas o los hijos de inmigrantes que “acaban de entrar” de los países vecinos eran miembros de la clase trabajadora, rural, ignorante y atrasada.

Este discurso se origina durante las políticas de “europeización” de los fundadores modernos como Domingo F. Sarmiento, Bartoleme Mitre y Julio A. Roca a mediados y fines del siglo XIX que consistieron en la progresiva erradicación de las poblaciones indígenas de la Patagonia y el Chaco argentino, y la promoción de la inmigración europea con el fin de reemplazar a los nativos con colonos blancos.

Para estos políticos y pensadores, una nación moderna requería “gente civilizada” y no “salvajes”. La predilección por los inmigrantes de Europa se constitucionalizó en 1853 y permanece allí hasta el día de hoy. Sin embargo, debe decirse, que Argentina fue el único país de las Américas que nunca instituyó una prohibición o cuota étnica o racial específica a la inmigración. Todos los demás habían prohibido en determinados momentos la entrada de chinos o limitado la recepción de judíos. En ese sentido, Argentina sí desarrolló una de las políticas migratorias más progresistas del mundo, a diferencia de Estados Unidos que tuvo múltiples prohibiciones y cuotas de exclusión racial y eugenésicamente legitimadas hasta 1965 y fue copiada por países como Canadá, Cuba, Australia, Ecuador y Chile.

Esto no significa que no haya habido intentos similares a lo largo de la historia argentina. Santiago Peralta, quien estudió antropología en Alemania en los años 30, fue el jefe del Instituto Nacional de Inmigración y director del Instituto Nacional Étnico, que se modeló sobre la base de la Oficina Nazi para la Ilustración en Políticas de Población y Bienestar Racial durante la primera administración de Perón, bloqueó administrativamente, y de manera secreta, parte de la inmigración judía y desarrolló una serie de políticas de inspiración eugenista para limitar la entrada de los llamados indeseables.

El Instituto Nacional Étnico consideró que el “tipo étnico nacional” era el “tipo racial mediterráneo de la raza blanca” y promovió una serie de políticas de hibridación dirigidas al blanqueamiento racial de las comunidades indígenas mediante la aplicación del mestizaje, la remoción de niños y una vigilancia eugenésica programada. Se desarrolló una taxonomía de grupos indígenas clasificándolos de acuerdo con los niveles de indigenidad extranjera o no autóctona.

El Instituto concluyó que la original y única comunidad indígena en Argentina eran los Tehuelches, que se habían extinguido ya sea por la aniquilación por parte de «tribus extranjeras», como los Mapuches (de Chile) o los Guaraníes (de Paraguay), o por mestizaje por ellos definida como araucanización. Supuestamente, ya no había pueblos indígenas en Argentina. Si quedaban algunos, se habían mezclado con colonos blancos o se habían hibridado con nativos no argentinos.

Es esta idea de tribus extranjeras la que legitimó el asesinato en masa de entre 2.000 y 3.000 personas pilaga en Ricon Bomba, en la provincia nororiental de Formosa, por órdenes de Perón en 1947. Según las Fuerzas Armadas, las plantaciones de caña de azúcar habían sido ocupadas por comunidades indígenas de Paraguay, aunque fueran trabajadores rurales que protestaban por los derechos laborales básicos. Pero este evento y muchos otros, han sido borrados de la memoria y solo ahora está siendo revisado después de que un juez argentino lo considerase como un crimen de lesa humanidad.

La re-mitificación de Argentina como un país exclusivamente blanco y el borrado de comunidades indígenas, mestizas, negras y no europeas por parte de Alberto Fernández muestra lo importante que es tener un debate serio sobre la racialización en Argentina y también en otros países latinoamericanos.

Federico Finchelstein es profesor de historia de New School for Social Research (Nueva York). Fue profesor en Brown University. Doctor por Cornell Univ. Autor de varios libros sobre fascismo, populismo, dictaduras y el Holocausto. Su último libro es «Brief History of Fascist Lies» (2020).

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