La pandemia nos ha puesto ante una complejidad de retos cuyas urgencias se enfrentan al tiempo. El tiempo de la ciencia, el tiempo de la gestión pública, el tiempo de la gestión individual de nuestras necesidades y de nuestras necesidades más básicas, incluso el tiempo de nuestra inmediatez.
La capacidad de producir una política pública sostenible en el tiempo depende de diferentes factores como la coordinación de las acciones, el seguimiento de las condiciones de vida y de los impactos de las acciones públicas, la producción de conocimiento e información, la evaluación constante de los resultados y, finalmente, la buena comunicación con la población.
Gestión de la crisis sanitaria y de la buena salud
Al definir qué es la salud y cuáles son los comportamientos saludables, las políticas sanitarias dirigen un verdadero control de los cuerpos individuales y colectivos. Producen una avalancha de información, pautas y datos a disposición de los individuos, a través de aplicaciones para teléfonos móviles, para guiarlos en el cuidado de sí mismos y de la colectividad. Todo cuidadosamente calculado, planificado y comunicado.
El éxito de la gestión de una crisis social y sanitaria pasa necesariamente por la capacidad de comunicación de los gobiernos y la producción y difusión de información destinada a clarificar y orientar el comportamiento de la población. Requiere objetividad y una transmisión precisa de la información.
Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 el mundo ha buscado formas y alternativas para garantizar la normalidad, aunque sea señalando la promesa de una «nueva normalidad».
Esta búsqueda nos impide pensar en términos de ruptura. Las crisis son combustibles para una transformación. Sin embargo, la ruptura que motiva la búsqueda de nuevas formas de acción, de otros parámetros, de nuevos paradigmas y utopías, también nos sume en el miedo, la ansiedad y el duelo. Nos aprisiona en la gestión de la urgencia.
La necesidad de ofrecer garantías de normalidad ha impulsado el discurso político, las decisiones de política pública, los debates en los medios de comunicación y las elecciones de cada uno de nosotros. En varios países esto se suma a una gestión pública antidemocrática guiada por principios neoliberales: la urgencia del mercado, la eliminación de lo social, la austeridad fiscal, la manipulación de los miedos individuales y colectivos.
Chile es el país de América Latina que más ha avanzado en la vacunación de sus ciudadanos. Sin embargo, el mes pasado, cuando alcanzó casi el 40% de su población vacunada con la primera dosis se disparó el número de contagios. Los expertos en salud pública apuntan a un error de comunicación del gobierno de Sebastián Piñera.
Al centrarse en la campaña de vacunación y sus beneficios, y al mismo tiempo relajar las restricciones de circulación con la reapertura de escuelas y centros comerciales, el gobierno ha fomentado la reanudación de la rutina, potencializando la circulación del virus. La ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se ha disparado, hay un agotamiento de los trabajadores sanitarios y los pacientes son cada vez más jóvenes ya que carecen de resistencia inmunológica.
A pesar del avance de la vacunación la letalidad sigue siendo la misma. El virus sólo migró y se adaptó a un nuevo grupo que, además, por ser más joven, resiste más tiempo ante la gravedad. En resumen, el gobierno transmitió el mensaje equivocado, y la gente ansiosa de normalidad no se lo pensó dos veces.
La situación en Brasil más allá de la vacunación
La vacunación se ha convertido en una consigna en Brasil. Los esfuerzos y la comunicación de los gobiernos estatales se han volcado en la vacunación, que adquiere aires de pasaporte a la normalidad. Pero a esto se añade el «abrir y cerrar» de los colegios, el comercio, las zonas de ocio, los bares y los restaurantes.
En todo el país, lo que vemos es un ir y venir de recomendaciones sin sentido basadas en una lógica local y fragmentada. Todas estas medidas están centradas en el esfuerzo de mantener la rutina y no disgustar a los intereses económicos más poderosos, y sobre todo sin ninguna coordinación centralizada.
En los medios de comunicación se habla del número de camas y de las vacantes en las UCI como si fueran un recurso infinito, independiente del presupuesto o de los recursos humanos. La tasa de ocupación de camas es uno de los principales indicadores adoptados para el decreto de las «fases» que indican la gravedad de la pandemia que atraviesa cada municipio.
Estos indicadores han llegado a guiar nuestra vida. Cuando los índices suben, las restricciones aumentan, y cuando bajan, las restricciones se relajan. Este ir y venir de datos y decisiones parece darnos una frágil pero necesaria sensación de previsibilidad y control. Y la gente entiende el mensaje: si los bares, restaurantes o escuelas están abiertas uno puede asistir a ellos.
Estamos ante decisiones tomadas desde parámetros «fuera de lugar», guiadas por ideas y valores que no son capaces de dar respuesta a la crisis que vivimos.
Mientras la comunicación sobre los riesgos del Covid-19 no sea clara, y prevalezcan las acciones centradas en la vuelta a una «vida normal», la gestión pública se reducirá a la gestión de las urgencias impuestas por el numero de fallecidos. Un día necesitaremos camas, al siguiente oxígeno, luego sedantes, y más ataúdes.
Más allá del riesgo de normalizar la escalada de muertes, está en juego la credibilidad de la vacunación. La trampa está en hacer creer a la gente que la vacuna es la gran solución a una crisis que requiere mucho más que acciones y esfuerzos basados en una lógica de urgencia.
La vacuna es sólo una parte de la solución. Debe ir acompañada de medidas de distanciamiento, un largo periodo de aislamiento social, el uso de mascarillas, la realización de pruebas masivas y el seguimiento de los pacientes. Y sobre todo, de fomentar la aceptación de que se ha producido una ruptura definitiva con la vida que llevábamos.
Foto de Luis Zafra no Foter.com
