En los años 60 y 70 del siglo pasado eran recurrentes los golpes de Estado encabezados por militares en América Latina. En las primeras dos décadas del siglo XXI, sin embargo, las interrupciones de mandatos presidenciales han desarrollado otras características. De las catorce interrupciones solo dos fueron golpes de Estado y el resto fueron renuncias o destituciones llevadas adelante por los parlamentos. Si bien estas diferencias son sustanciales, pues no es lo mismo un régimen encabezado por militares que por civiles, la interrupción de un mandato presidencial siempre genera crisis en los sistemas políticos independientemente de las formas.

Entre el año 2000 y 2020 varios países latinoamericanos experimentaron crisis derivadas de la rigidez del presidencialismo. En este período se produjeron dos golpes de Estado exitosos —Jamil Mahuad en Ecuador (2000) y Manuel Celaya en Honduras (2009) — y uno fallido —Hugo Chávez en Venezuela (2002)—.

Además, se produjeron cinco destituciones a través de los parlamentos. En el año 2000 Alberto Fujimori renunció inicialmente desde el extranjero, pero el Congreso peruano terminó separándolo oficialmente del cargo. En 2005 Lucio Gutiérrez fue destituido en medio de una profunda crisis económica. Y más tarde, en 2012 Fernando Lugo fue destituido en Paraguay y en 2016 Dilma Rousseff en Brasil, en ambos casos como consecuencia del enfrentamiento entre las facciones que apoyaban a sus gobierno y aquellas que estaban en contra. El último presidente destituido por un Congreso fue Martín Vizcarra en Perú a fines de 2020, situación que generó rechazo de una parte de la ciudadanía.

Finalmente, seis presidentes renunciaron a su cargo a lo largo de los últimos 20 años. Fernando de la Rúa en Argentina en 2001, mientras que en Bolivia Gonzalo Sánchez de Losada renunció en 2003 y Carlos Mesa en 2005, los tres en medio de graves crisis económicas y políticas. Otto Pérez Molina en Guatemala en 2015 y Pedro Pablo Kuczynski en Perú en 2018 por acusaciones de corrupción. Y el último Evo Morales en 2019 por acusaciones de fraude electoral. La crisis presidencial en Venezuela de 2019, en torno a la legitimidad y el reconocimiento de dos presidentes, Juan Guaidó y Nicolás Maduro, requiere una clasificación separada, pero es parte del mismo conjunto de eventos críticos de los presidencialismos en la región.

Las debilidades del presidencialismo

El principal problema del presidencialismo latinoamericano es que su diseño es rígido, es decir, los periodos de gobierno son fijos, a diferencia de los sistemas parlamentarios y centra las capacidades de la acción gubernamental en una figura unitaria: el titular del poder ejecutivo. El presidente es jefe del gobierno y por lo tanto de la administración pública, pero también es jefe de Estado, y consecuentemente representante supremo de una comunidad política. Esta doble función genera problemas si los otros poderes no son autónomos e independientes.

Otros factores que debilitan el presidencialismo son un sistema de partidos poco institucionalizado y altamente fragmentado y una débil interiorización del rule of law lo que genera impunidad y consecuentemente desconfianza en el sistema político en su conjunto, algo evidente en América Latina, donde violar sistemáticamente la ley tiene costos muy bajos y beneficios muy altos, sobre todo para las élites.

En suma, en los sistemas presidenciales de los países latinoamericanos —una mala copia del modelo estadounidense— las crisis de gobierno se convierten generalmente en crisis de sistema. Y esto termina frecuentemente con una nueva destitución o renuncia presidencial.

El retorno de liderazgo populista

Cómo si no fueran suficientes las deficiencias mencionadas para hacer tambalear los sistemas políticos, los presidencialismos latinoamericanos cuentan con otro factor de riesgo: los presidentes en sí mismos. En nuestra región, quienes aspiran a la presidencia suelen presentarse en cada campaña ante la opinión publica y el electorado como la encarnación de la solución a todos los problemas sociales. Y cuando las situaciones se agravan esta lógica adquiere el matiz “cesarista” en sentido gramsciano.

Como señaló en 1939 el escritor chileno Ariel Peralta Pizzarro, el cesarismo es esa solución arbitraria y centrada en la personalidad que se presenta como necesaria ante la incapacidad de los actores colectivos de alcanzar acuerdos plurales para encontrar soluciones profundas. Esta lógica ha permanecido a lo largo del tiempo y aflora con fuerza cuando los sistemas políticos no logran procesar las demandas del sistema social.

Ante los problemas del presidencialismo, han vuelto a resurgir en América Latina los liderazgos carismáticos con bases movimientistas en sustitución de los partidos y con tendencias populistas. Estos líderes fomentan una relación de dominio que trata de eliminar las mediaciones para crear un trato patrimonialista y personalista.

En Colombia, Álvaro Uribe promovió una reforma en 2004 que le permitió reelegirse de manera inmediata, mientras en Ecuador, Rafael Correa impulsó una nueva constitución en 2008 que le permitió reelegirse al año siguiente. En Bolivia, Evo Morales ya durante su segundo periodo y con una nueva constitución manipuló al poder judicial para que favoreciera su tercera reelección, lo cual derivó, en una crisis del sistema que terminó con su renuncia en 2019. En El Salvador, Nayib Bukele en febrero de 2020 tomó la Asamblea Legislativa con el apoyo de un sector militar y policial para intimidar a los congresistas para que apoyaran una de sus políticas. En Argentina, Cristina Fernández gobierna por encima del presidente en funciones y probablemente lo hacía también durante el segundo mandato de su esposo Néstor Kirchner. En México, Andrés Manuel López Obrador, y en Brasil, Jair Bolsonaro, gobiernan con lógicas proto-autoritarias, aceptan las reglas de la democracia, pero hacen lo posible para no guiarse por sus principios. Mientras que Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en un régimen autoritario.

Los procesos de democratización de las últimas décadas impulsaron reformas para reducir el poder de los ejecutivos. Se incrementar los controles de los legislativos sobre los gabinetes, se rediseñaron los mecanismos para la destitución o juicio político o se crearon órganos constitucionales autónomos para controlar las políticas y el actuar de los gobiernos. En algunos casos, se optó por la ampliación de la separación de poderes como en las constituciones de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Pero paradójicamente en la mayoría de los países también se reforzaron los sistemas de elección al incorporar la segunda vuelta electoral y permitir la reelección y se aumentaron igualmente las facultades de los ejecutivos para legislar. Estas lógicas crearon presidencialismos híbridos e institucionalmente débiles.

El presidencialismo opera en un contexto de una ciudadanía latinoamericana con un débil espíritu democrático que favorece los deslizamientos autoritarios. Mientras no se fomente una cultura democrática, nuestras sociedades seguirán confiando en que una sola persona podrá resolver mágicamente todos sus problemas.

_{Photo by Cancillería Ecuador on Foter.com}

Hace exactamente cuatro años, se debatía en la mayor parte de los países de la región la existencia de una lista de beneficiarios de sobornos o dádivas, por parte de la empresa brasileña Odebrecht. La historia no se repite pero rima. En el 2021, discutimos si hay algunos afortunados que, saltándose todos los protocolos acordados, han pasado a engrosar la lista de vacunados contra la Covid-19.

América Latina esperaba ansiosa la llegada de la vacuna. Sin embargo, a medida que han comenzado a llegar las primeras dosis, también han comenzado a aparecer las primeras denuncias de irregularidades en su distribución y utilización. El proceso de inmunización nos ha recordado de nuevo que la falta de transparencia y el manejo irregular de recursos son una alargada sombra que siempre acecha a la región.  La ausencia de un proceso claro, la opacidad y la detección de ciertas anormalidades en el acceso a la vacuna han convertido al proceso de inoculación en un nuevo dolor de cabeza para los ciudadanos latinoamericanos.

Pese a que las primeras dosis llegaron apenas hace unas semanas, ya son varios los países del subcontinente donde se ha registrado casos de vacunación irregular de ciudadanos. Por lo general, estos están relacionados directa o indirectamente con el poder de turno. La utilización de las vacunas adquiridas con recursos públicos para beneficio del círculo cercano de las autoridades, o el irrespeto a los turnos asignados para la vacunación, se han podido registrar en Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Chile.

Vacunación irregular

A pesar de liderar la tasa de vacunación a nivel mundial, en Chile, 37.000 personas menores de 60 años y sin morbilidades se han vacunado fuera de tiempo. La tercera parte de estas personas residen en la región metropolitana. Entre ellas se encuentra el alcalde de la comuna “La Florida”, Rodolfo Carter. En Argentina, el ex ministro de salud, Gines González García se reservó 3000 vacunas “Sputnik V” para uso discrecional. El periodista Horacio Vebitsky, afín al gobierno, anunció personalmente haber recibido al vacuna, gracias a la invitación del ex ministro. De igual forma, fueron vacunados familiares y amigos, lo que motivó la renuncia del ex – funcionario.

Perú fue el primer país en registrar la vacunación de funcionarios que no tenían relación alguna con el personal médico y de primera línea en la contención del virus. En los ensayos de la vacuna “Sinovac”, realizados a 12.000 voluntarios en el país, se pudo conocer que alrededor de 2000 dosis fueron destinadas a la vacunación de funcionarios del gobierno peruano. Entre los afortunados se encontraban personajes tan ilustres como el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano -todo queda en familia-, la ex ministra de salud Pilar Mazzetti, la canciller Elizabeth Astete, el nuncio apostólico, rectores de las universidades San Marcos y Cayetano Heredia, y hasta el médico de cabecera del ex presidente Fujimori. En Colombia, el periodista y empresario Óscar Medina anunció a través de sus redes sociales, haber sido vacunado, por gestión del hospital en el cual es contratista.

Ecuador es talvez uno de los peores casos. En el país andino no sólo se han vacunado de manera irregular autoridades y sus familiares, sino que el protocolo se lo han saltado también personal administrativo de hospitales, dirigentes deportivos, tiktokers, un periodista afín al gobierno actual y hasta un chef. Mientras que el personal de salud que trabaja en primera línea y los adultos mayores de centros geriátricos esperaban su turno, otros iban avanzando en el camino de la inmunización. Rodrigo Paz, ex alcalde de Quito y ex presidente del equipo de fútbol “Liga Deportiva Universitaria”, habría recibido la vacuna a finales del mes de febrero. Dos tiktokers conocidos, Salomon Doumet y María del Alma Cruz, anunciaron, sin ningún empacho, haber sido vacunados a inicios del mes de marzo gracias a la influencia del padre del primero.

El lastre de la corrupción

En América del Sur no sólo tenemos problemas relacionados con el acceso a las vacunas.  Una vez más, debemos lidiar con la corrupción, la cual no está únicamente enquistada entre los funcionarios del Estado, también forma parte de la cultura de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países.

Hace unos años, el escándalo de corrupción de Odebrecht afectó a casi la totalidad de los gobiernos de América Latina. Su impacto fue tan fuerte que motivó la alternancia en el poder y entró con fuerza en la agenda pública, tanto desde el punto de vista de los medios de comunicación como por las autoridades judiciales. Pese a que, como consecuencia de esta trama de corrupción, se sentenciaron a funcionarios estatales y empresarios privados, parece que no se aprendió lo suficiente. Hoy nos encontramos frente a una nueva lista, la de vacunados irregulares,  que evidencia las malas costumbres persistentes en la región.

Lamentablemente, la ley del más vivo parece ser la regla y no la excepción.  La vemos todos los días en los noticieros y en las redes sociales, cuando un alto funcionario de gobierno, diputado, autoridad local, líder religioso o dirigente sindical, está involucrado en pagos indebidos por contratos, votos para aprobar leyes o por recibir beneficios por fuera de la ley. Pero también tenemos a ciudadanos que se saltan la fila para realizar un trámite, jefes que no pagan lo que le corresponde a sus empleados, o trabajadores que se llevan los materiales de oficina a sus casas.

La naturalización de la corrupción

La corrupción nos tiene infectados hasta la médula. Hemos naturalizado comportamientos que infringen las leyes, y se han vuelto parte de los códigos de conducta y marcos de interpretación de la realidad. Si nos miramos al espejo, y nos comparamos con nuestros gobernantes, éstos solo serán un reflejo de cómo concebimos la política, al Estado y a sus instituciones. Esto no quiere decir que sea cierta aquella trillada frase sin sentido que dice “si cambiamos individualmente, cambiaremos al país”, pero tenemos que ser conscientes que al irrespetar la ley, también somos corresponsables de la debilidad institucional que aqueja a nuestros países.

El Covid 19, desde sus inicios hace un año en América Latina, ha puesto en evidencia no solo la incapacidad de los sistemas políticos de nuestros países para resolver problemas. También nos ha mostrado que la débil institucionalidad es producto de una cultura que legitima la corrupción y que incluso la normaliza para poder sobrevivir. Sus efectos no se limitan a la baja confianza hacia las instituciones, el auge del populismo o la cascada de escándalos que se quedan impunes. Tal vez el más grave de todos sea una cultura política que parece concebir al Estado no como un acuerdo para garantizar una voluntad colectiva, sino más bien una oportunidad para conseguir la voluntad individual.

_{Fotod de Juanpa Azabache}

Coautor Kevin S. Tiburcio

A más de 1500 km. de Buenos Aires, en un rincón perdido del Chaco argentino en la provincia de Formosa, más de 80 mujeres embarazadas de la comunidad idígena wichi denunciaron persecución policial y traslados forzosos a centros de aislamiento gubernamentales para ser sometidas a cesáreas. Las mujeres, escondidas supuestamente en el monte, denunciaron ante las cámaras que, tras las cesáreas forzosas, las mujeres son separadas sin aviso y hasta por 14 días de sus bebés que son llevados a centros de neonatología en los hospitales de la capital provincial.

Esta escandalosa denuncia de violencia obstétrica —violencia ejercida por profesionales de la salud que afecta el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres— ha sido rechazado por el Gobierno de la provincia como un acto mediático de una cadena de televisión. La politización del tema y la ausencia de denuncias formales han puesto la denuncia en tela de juicio. Sin embargo, como sucede en otros casos, el miedo a éstas y otras prácticas de violencia frecuentemente reprimen a los afectados.

Más allá del caso específico del grupo de mujeres wichi, lo cierto es que en Argentina el número de cesáreas se encuentra en un 45% del total de los nacimientos, una proporción tres veces mayor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto demuestra un abuso por parte de las autoridades políticas y sanitarias de este tipo de práctica que muchas veces se basa en motivaciones económicas.

Los derechos de la mujer

El pasado 8 de marzo, cuatro días antes que la denuncia saliera a la luz, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, fecha anual en que especialistas, colectivos, organizaciones y la sociedad civil se replantean el alcance de los derechos de las mujeres. Y si bien en Argentina y en América Latina lentamente se van alcanzando nuevos logros, lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar estos derechos, entre ellos los reproductivos.

Actualmente, si bien muchos casos de abusos se mantienen en la oscuridad, otros salen a la luz gracias a denuncias o investigaciones en profundidad. Hace algunos años, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM de México denunció que cuatro de cada cinco mujeres indígenas padecen maltrato, humillación, ridiculización y agresiones psicológicas, físicas y verbales durante el embarazo, parto o cuando solicitan atención en los servicios de salud.

Fujimori y la esterilización forzada en Perú

Si bien las esterilización forzadas y las cesáreas obligatorias son prácticas cada vez menos frecuentes, en el pasado fueron utilizadas por el estados en muchos países de la región. En Perú, a lo largo del periodo presidencial de Fujimori, se practicó sistemáticamente la esterilización forzada, como se conoce al procedimiento que hace a las mujeres incapaces de reproducirse sexualmente, sin su consentimiento.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, como se conoció al plan estatal peruano, se basaba en la necesidad de que las mujeres accedieran al control natal gratuito. El plan también proponía la salud sexual y reproductiva como un derecho para mujeres y hombres. Sin embargo, la aplicación de las medidas anticonceptivas o de control natal recayeron únicamente sobre las mujeres.

Según el informe basado la investigación en el caso de las esterilizaciones involuntarias realizadas en el Perú, entre el año 1996 y 2001 se realizaron 272,028 esterilizaciones. El año 1997 fue que el que registró el mayor número de casos con 109,689 esterilizaciones realizadas, en su mayoría, a mujeres indígenas y campesinas sin su consentimiento.

El papel del Estado

¿Cuál es la relación entre la esterilización en el Perú y la situación denunciada por las mujeres wichí en Formosa?

La violencia obstétrica puede ser interpretada como la violencia sistemática por parte del Estado al omitir y desarticular el cuidado de la salud materna y los derechos de las mujeres. La misma se presenta cuando existen omisiones, atención inadecuada, malos tratos, procedimientos innecesarios o injustificados durante la atención del parto y puerperio. Es un tipo de violencia directa que generalmente viola los derechos reproductivos de mujeres pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En Argentina actualmente se cuenta con diversos instrumentos normativos que reconocen esta violencia y la necesidad de que los partos sean respetados. El parto respetado tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno de la libre decisión de las mujeres para el proceso en el mismo y reivindica la implementación de los métodos menos invasivos. Sin embargo, uno de los principales problemas que se siguen presentando en la atención materna es que la línea principal o la columna vertebral de los programas públicos y las políticas de salud recaen solamente sobre la condición reproductiva de la mujer.

Hay una necesidad urgente de que los servicios de atención materna tomen en consideración también las necesidades emocionales y fisiológicas de las mujeres. La mayoría de los casos de mortalidad materna podrían ser prevenidos si los servicios de atención se adecuaran a las necesidades de las madres y no estas a las necesidades institucionales.

En todo caso, estas prácticas terminan siendo un determinante que inhibe los deseos de las mujeres de procreación o sus expectativas familiares. Este tipo de violencia llevadas adelante desde el Estado, que tienen como víctimas a las mujeres por su condición biológica para la gestación, va en contra de su obligación de garantizar el respeto y acceso a los derechos.

_{Foto de Eneas De Troya}

_{Kevin Sander Tiburcio Zamudio es Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).}