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Una región, todas las voces

Los “golpes institucionales” son golpes de Estado

Por
Fabricio Pereira da Silva
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No se puede entender lo que pasa en Brasil hoy sin remitir al golpe institucional de 2016. No se puede alcanzar la dimensión de la actual crisis brasileña sin considerar aquella ruptura institucional. Su consecución simbolizó el fin del periodo democrático brasileño iniciado en la década de 1980 (la Nueva República) y abrió las puertas para la elección del gobierno ultraconservador y autoritario de Jair Bolsonaro. Como precondición para discutir “frentes amplios”, “frentes democráticos” y salidas para la crisis, no se puede olvidar aquel hecho.  

Golpes y Neogolpes

Golpe de Estado es un concepto que existe desde el siglo XVII y que tomó distintas formas a lo largo del tiempo. Si el concepto es cambiante, ¿por qué este cambio no debería seguir ocurriendo? La literatura especializada mantuvo su entendimiento de golpe como sinónimo de un tipo de fenómeno frecuente durante el siglo XX en América Latina. Sin embargo, es urgente que el paradigma del golpe militar sea matizado, para que se pueda comprender lo que está pasando. Por ejemplo, los neogolpes sufridos por Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016).

Es en el sentido de un nuevo tipo de golpe que adoptamos la definición de neogolpismo con el objetivo de comprender procesos de desestabilización y derrumbe de gobiernos legítimamente elegidos. Este nuevo tipo no implica el uso de la violencia física por parte de los militares y se procesa por medio de interpretaciones distorsionadas de las instituciones, combinando estrategias institucionales con la movilización de sectores de la sociedad civil a través de los medios de comunicación oligopolizados y de las redes sociales digitales. Estas características tienen la intención de revestir de alguna legalidad y legitimidad estrategias no-electorales de llegada al poder.

Un punto importante de los neogolpes es que son formas más procesuales y sutiles en el uso concentrado de la fuerza. Lo que se ha reforzado ahora es la utilización de las instituciones en su ejecución. Así, los neogolpes deben ser entendidos como un tipo de golpe que preserva ciertas apariencias legales, y que se procesa preferentemente por medio de las instituciones vigentes y del cumplimiento de ritos formales.

Estas formas más procesuales y sutiles son de más difícil identificación y condena. Sin embargo, son de hecho golpes, porque preservan su elemento esencial: son quiebres, rupturas, en las cuales sus agentes centrales integran el aparato estatal. Lo que ha cambiado desde la invención del concepto es en cierta medida la pluralización de sus agentes, pero principalmente el medio que se utiliza para su consecución: la apariencia de legalidad.  

Nuevas definiciones de golpe de Estado

Para una definición precisa se debe evitar nociones flojas como neogolpe o golpes del siglo XXI. Estos conceptos sólo definen el fenómeno por lo que no es: un golpe militar. Otros conceptos dan un paso adelante, definiendo el fenómeno por lo que efectivamente es, como la idea de “golpe parlamentario”.

Sin embargo, el parlamento no es su único agente. Tal vez no sea incluso el principal, dado el peso del poder judicial en la ejecución, reconocimiento y tintes de legalidad de todo el proceso. En los neogolpes se presentaron como agentes principales los sectores políticos conservadores, actuando por medio de los poderes legislativo y judicial con apoyo de la corporación militar.

Adicionalmente, son sustentados por la burguesía local, clases medias, sectores religiosos y oligopolios de comunicación con el soporte de think tanks internacionales de derecha y del gobierno estadounidense. Si tuviéramos que definir el concepto a partir de los agentes del golpe, podríamos terminar con un concepto descriptivo inutilizable: “golpe parlamentario-judicial-civil-militar…”.

Se debe buscar una definición centrada en el medio utilizado. Podemos hacer dos preguntas sobre un golpe: ¿quién lo hace? y ¿cómo se hace? A la primera pregunta, podemos contestar que siguen siendo agentes del mismo Estado, lo que es esencial al concepto de golpe desde el principio. La transformación que está ocurriendo guarda relación con la segunda pregunta, el ¿cómo se hace? De este modo, son conceptos mejores los de golpe blando o suave, que enfocan el “cómo se hace”: de un modo sutil, no violento.

El nuevo tipo de golpe procura principalmente simular que no es un golpe. Antes, los golpes podían parecerse a golpes. Ahora que la democracia tiene valor hegemónico, aunque sea en su concepción elitista, liberal, los golpes deben asemejarse a procesos democráticos. De esta manera, preservados ciertos simulacros formales, no se puede afirmar categóricamente que la democracia ha sido violada.

Si los neogolpes son aquellos que no pueden parecerse a golpes, eso se obtiene con su procesamiento (distorsionado) por parte de las instituciones. Por ende, mi sugerencia de llamarlos “golpes institucionales”.

El golpe institucional brasileño de 2016

Es precisamente lo que ha pasado en Brasil en 2016, con el derrumbe de un gobierno elegido un año y medio antes, sin denuncias de crímenes relacionados a la mandataria, más allá del oscuro argumento de las “pedaladas fiscales” realizadas en su gobierno y en todos los anteriores.

Con una larga campaña mediática anticorrupción y masivas manifestaciones callejeras protagonizadas por las clases medias, se obtuvo el clima para la consecución del golpe, una vez más, sin cualquier denuncia de corrupción a la mandataria objeto del juicio político. De hecho, se trató únicamente de un juicio político. Un voto de desconfianza a un gobierno minoritario, típico de regímenes parlamentaristas. Pero en este caso fue realizado en un régimen presidencialista…

Esto no sería posible sin la asociación criminal (ahora muy bien documentada) de fiscales federales y de un juez de primera instancia, con informaciones privilegiadas cedidas por el Estado norteamericano: la Operación Lava Jato. Con la divulgación de diálogos hackeados entre ellos, se percibe todo el arreglo y la condena previa establecidos desde el principio de aquella operación, así como sus objetivos políticos finales.

Y ahora se sabe también que se realizó con el apoyo de los militares y su movilización para articular la candidatura de Bolsonaro en 2018, así como la prisión y suspensión de la candidatura de su principal oponente: Lula. Un golpe sin violencia explícita no significa que se procesa sin la participación de los militares.

Las revelaciones del libro de memorias recién publicado de Eduardo Villas Bôas, en aquel momento Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, explicitan la participación de la corporación en todo el proceso. Simplifican la comprensión del papel de las Fuerzas Armadas brasileñas en el actual gobierno, que se configura cada día más como de naturaleza militar. Indican, una vez más, la tutela que los militares brasileños siempre ejercieron sobre el Estado, su veto a los procesos de democratización, su naturaleza autoritaria y anti-pueblo.

Con la explicitación de la militarización del gobierno Bolsonaro, se evidencia el callejón sin salida de la democracia brasileña. Para una redemocratización, será necesario revisitar el golpe institucional. Un principio auspicioso de esa revisión ha sido la anulación de las condenas de Lula en el Supremo Tribunal Federal, y la probable declaración de sospecha sobre los actos del exjuez Moro por el mismo Tribunal.

Ambas medidas constituyen, por ahora, las primeras buenas noticias en muchos años. Algo se mueve. Esperemos por la reacción del bolsonarismo y de los militares.

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Foto de midianinja em Foter.com / CC BY-NC-SA

Paraguayos indignados y autoconvocados

Por
Esteban Caballero
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Paraguay, esa isla rodeada de tierra y lejos del ruido mundano de la cual poco se escucha da señales de hartazgo. En la calle y en las redes se repite aquella simple y contundente expresión de rechazo “que se vayan todos”. En momentos en que la segunda o tercera ola —perdimos la cuenta— de la pandemia golpea con fuerza a este pequeño país que aparentaba estar gestionando la crisis sanitaria de manera razonable, la gente se topó con la falta de medicamentos, equipos para tratar a los pacientes y con un rezago escandaloso de vacunas par la población. La indignación terminó maternializandose en manifestaciones bajo la etiqueta del “hartazgo”.

Los paraguayos habían acatado los sacrificios solicitados en la primera ola. Respetaron las restricciones y la cuarentena y a cambio perdieron el empleo o sus ingresos. Organizaron el trabajo doméstico para dar tiempo y espacio a las clases virtuales o a distancia, con una conectividad digital que evidenció las brechas entre pobres y ricos. Mientras, el Gobierno, obtuvo un préstamo para preparar la infraestructura sanitaria para cuando se retornara a las actividades. Todo ello fue acompañado de subsidios y transferencias, aplazamiento del pago de deudas y otras medidas diseñadas para alivianar el impacto. En los barrios más pobres, sin embargo, se arañaban las paredes y se formaban filas ante las ollas populares.

Sin embargo, con el pasar de los meses comenzaron a saltar diversos casos de corrupción. Camas y barbijos sobrefacturados, licitaciones amañadas, medicamentos faltantes que luego aparecían en el mercado privado. Casos directamente vinculados a la crisis sanitaria, pero también vinculados a gastos superfluos como un puente peatonal lujosamente decorado y con sobreprecio. El Paraguay que había sorprendido por su comportamiento ante la pandemia, volvió a ser el Paraguay de las desilusiones y picardías y terminó encendiendo la desconfianza entre la población, a pesar de las buenas intenciones del Gobierno.

Un presidente debilitado

Esta vez la indignación se dirige a un presidente tremendamente debilitado. Mario Abdo Benitez ya había estado al borde del juicio político en 2019 por una mala negociación con Brasil en relación a las cláusulas de los acuerdos sobre la represa binacional Itaipú. Pero ante esta crisis multidimensional, el presidente parece no entender la complejidad de los desafíos y se refugia en absurdos protocolos, cortando cintitas e inaugurando eventos. Un presidente sujeto a libretos mal concebidos.

Esta debilidad ha acentuado su dependencia a la unidad del partido de gobierno —Partido Colorado— para sortear los intentos de juicio político en el parlamento. El Partido Colorado tiene mayorías en el Congreso para contener dichos intentos, pero depende del apoyo de la facción del expresidente Horacio Cartes y de que este no se una al pedido de juicio político. Por otro lado, a medida que el presidente se debilita, su capacidad de convocar a “los mejores y más brillantes” a ocupar puestos claves en el gabinete para mantener un gobierno sólido va menguando.

El intento de juicio político llevado adelante por la oposición es una reacción a la devastadora e imprecisa consigna “que se vayan todos”. Sin embargo, los vasos comunicantes entre los indignados y los dirigentes político-partidarios de la oposición son inconsistentes. No se sabe realmente si ese “que se vayan todos” incluye a toda la clase política o solamente al partido de gobierno. La bronca es difusa y contra la “clase política”. Por lo tanto, un juicio político, lo único que haría es remover las piezas en la línea de sucesión y llamar a nuevas elecciones para terminar elegiendo a nuevos miembros de una clase política rechazada. Esta situación contradictoria es consecuencia del escenario que ha creado la propia indignación. Hay que ver cómo evoluciona.

Una nueva generación

El rechazo a la corrupción y la ineficiencia es, obviamente, más que legitima pero lo curioso es que las voces de la indignación expresen sorpresa ante los hechos. Probablemente este es un indicio de que una nueva generación está tomando la palabra. Una generación que toma conciencia de una realidad que ha corroído las bases del Estado y la sociedad durante décadas y avanza por la senda de la anticorrupción y la demanda de eficiencia para buscar reformas estructurales que transformen el país.

Por poner algunos ejemplos, en el 2019 solo algo más de la cuarta parte de la población tenía un seguro médico y el 71.3%  de los paraguayos recurre a un sistema de salud pública con enormes deficiencias. El bajo promedio de años de estudio de la población va emparejada a la mala calidad de la educación, reflejado en los pobres resultados en cuanto a logros de aprendizaje. El gasto social per cápita del Paraguay era de $422 en 2017, muy por debajo de sus vecinos ($2.160 Chile, $1.900 Uruguay, $1.300 Argentina, $1.300 Brasil). El gasto en salud esta muy por debajo de lo recomendado por la OMS-OPS y el FMI ha señalado que el sistema tributario es uno de los más regresivos de la región.

Es decir, hay elementos sistémicos y profundos que tienen relación con un modelo de desarrollo que prioriza una economía política poco inclusiva y que va de la mano con la corrupción y la ineficiencia. Ese factor aún no ha cajuado con fuerza dentro del movimiento de indignados, sin embargo, probablemente lo hará una vez que encuentren una articulación política, con propuestas de política pública.

El tiempo dirá si se podrá deshilvanar la voz de la indignación, como para poder perfilar el cambio que se quiere. Hay esperanzas de que las manifestaciones marquen una nueva coyuntura con capacidad de mover las placas de la cultura política del país. Pero, por el momento, es sólo una esperanza.

¿Un nuevo giro a la izquierda en América Latina?

Por
Mercedes García Montero
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Para responder a la pregunta que encabeza este artículo es preciso poner el foco en los resultados electorales de los últimos años. El centro izquierda y la izquierda han ganado a sus rivales de la derecha en diversos países de la región.

Así, en mayo de 2018 Carlos Alvarado de centro-izquierda venció, en unas reñidas elecciones, obteniendo la presidencia de Costa Rica. En julio de ese mismo año, Manuel López Obrador llegaba al poder en México. En 2019 el centro-izquierda obtuvo la presidencia de Panamá con Laurentino Cortizo. En octubre de 2019, Alberto Fernández ponía fin al gobierno de Mauricio Macri y a su intento de ser reelegido en Argentina. Más recientemente, en octubre 2020, Luis Arce, del MAS, vencía claramente en las elecciones presidenciales de Bolivia y, en febrero de 2021, el candidato apoyado por Rafael Correa en Ecuador, Andrés Arauz, ganaba la primera vuelta.

Si bien en México López Obrador puso fin a un largo período de presidencias que se pueden ubicar en el espectro del centro-derecha, en los casos de Argentina, Bolivia y Ecuador las fuerzas de izquierda que resultaron ganadoras no eran nuevas para los ciudadanos. Estos procesos electorales parecen indicar que no corren buenos tiempos para la derecha en América Latina.

Sin embargo, es conveniente matizar esta tesis ya que, en este mismo período —de 2018 a 2020—, también hubo importantes triunfos de candidatos del centro-derecha y de la derecha como los acaecidos a lo largo de 2018 en los comicios presidenciales de Paraguay, Colombia y Brasil.

Del mismo modo, en 2019, la victoria de Luis Lacalle Pou puso fin a 15 años de gobiernos de izquierda en Uruguay. En 2020, Luis Abinader, candidato de un nuevo partido dominicano (PRM) al que aún es difícil ubicar ideológicamente, pero con fuertes vínculos con el mundo empresarial de la isla, llevó a la finalización de tres lustros de gobiernos del PLD.

Escenarios electorales

Por tanto, si se observa globalmente a la región y, a la espera de lo que ocurra a lo largo de los próximos meses en los que se celebrarán diferentes comicios presidenciales (Perú, Nicaragua, Chile, Honduras y la segunda vuelta en Ecuador), no es posible afirmar contundentemente que la “marea rosa” —acaecida en la primera década del presente siglo—esté de vuelta.

Las elecciones previstas para este año volverán a celebrarse—al igual que muchos de los ejemplos anteriores— en un clima de aguda crisis económica y social, agravada por los efectos de la pandemia. En este sentido, cabe reformular la pregunta e intentar revelar si este escenario es más favorable para la izquierda o la derecha.

Hacer este ejercicio en términos transversales es arriesgado por la heterogeneidad y pluralidad de las fuerzas políticas de izquierda y de derecha de cada país. Si bien los países pueden compartir un ciclo y un contexto en términos económicos, son marcadas las diferencias y cada caso tiene su insoslayable particularidad. Por ello, los párrafos que siguen son una reflexión en torno a las tendencias y las secuencias políticas y no un análisis exhaustivo para el cual, necesariamente, debe ponerse el foco en cadapaís.

El giro a la izquierda anterior

Entre las diferentes causas del giro a la izquierda de la primera década de 2000, se han mencionado los efectos provocados por los ajustes estructurales enmarcados en el neoliberalismo de los años anteriores y que llevaron al incremento de la pobreza, de la desigualdad y del descontento social.

Los presidentes de izquierda protagonistas de ese período, pero también los de derecha ya que ésta siguió gobernando en diferentes países, se vieron favorecidos en términos económicos por el incremento del precio de las materias primas en el mercado internacional. Los ingresos generados fueron claves —en muchos casos— para llevar a cabo políticas redistributivas que redujeron la pobreza y la desigualdad.

No obstante, la situación económica comenzó a deteriorarse a partir de 2012 provocando la desaceleración económicaen la región. En el terreno político, este ciclo económico se vio acompañado por la salida del poder de algunos de los presidentes exponentes del giro a la izquierda, bien a través de derrotas electorales, o a través de cuestionados juicios políticos como el ocurrido en Paraguay en 2012 o en Brasil en 2016.

A raíz de estos acontecimientos se comenzó a debatir en torno al agotamiento de los gobiernos de izquierda y el viraje hacia liderazgos situados en la derecha. Aunque, más que un giro, lo que se produjo es un voto de castigo hacia aquéllos que habían ocupado el poder.

Crisis y pandemia: el papel del estado

El fin del boom de las materias primas, ha tenido efectos visibles en la economía latinoamericana desde 2014 y efectos dramáticos en términos sociales. El porcentaje de población en situación de vulnerabilidad ha crecido, incrementándose el número de personas que carecen de protección social en la región más desigualdad del mundo.

A su vez, en el terreno de los valores políticos, América Latina no ha escapado a la tendencia global de desarraigo con la política y de cuestionamiento de las élites políticas acuciadas por numerosos casos de corrupción. El malestar con la democracia representativa y las políticas desarrolladas, así como el incremento de la desafección se vio reflejado en una escalada de protestas que llevaron a que 2019 fuera un año de enormes estallidos sociales en diferentes países latinoamericanos.

Este es el escenario en el que aparece la COVID-19, la cual viene a agravar la desigualdad social a la vez que visibiliza el impacto negativo que tuvieron las políticas de recortes del gasto público en el sector sanitario y las privatizaciones defendidas por el neoliberalismo y, en términos generales, por actores políticos más próximos a la derecha.

En este sentido, si los ciudadanos asocian los niveles de desempeño del Estado a la hora de afrontar la pandemia con los ajustes estructurales del neoliberalismo, la derecha puede decaer en las preferencias de los ciudadanos.

Del mismo modo, la probabilidad de que se reproduzcan las protestas sociales cuando la incidencia del virus caiga son altas, pues los problemas no solo no han desaparecido, sino que se han visto agravados durante este durísimo año. De modo que los gobiernos deberán adaptarse a las demandas de los diferentes sectores sociales.

Para la derecha sería una estrategia peligrosa mantener la defensa de la austeridad y del status quo ante las reivindicaciones y necesidades sociales en tiempos tan difíciles.

Cabe recordar que la emergencia de nuevos actores y liderazgos que cuestionan la democracia liberal, y en América Latina hay ejemplos tanto a la derecha como a la izquierda, está relacionada —entre otras causas— con la incapacidad de canalizar las demandas de los sectores que no encuentran representación en los partidos tradicionales.

En este sentido, los indicadores de desafección ciudadana con la democracia representativa en la región son extremadamente alarmantes y deberían preocupar tanto a la izquierda como a la derecha si quieren sobrevivir a los embates del populismo.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿La política es un oficio?

Por
Manuel Alcántara
-
América Latina, Latinoamerica21, Politica L21, Borges, Manuel Alcantara

Uno de los raros consensos que existen en torno a la relevancia de alguien en el ámbito latinoamericano concibe a Jorge Luís Borges en el parnaso de la excelencia literaria de la región. Superando el sesgo de su nacionalidad y de su militancia política Borges se alza como el escritor indiscutible cuyo legado sigue maravillando. En 1981 Mario Vargas Llosa le entrevistó en su modesto departamento del centro de Buenos Aires donde vivía.

El prolijo diálogo da cabida al repaso de la vida quien tiene en ese momento 82 años, de su formación sentimental, sus gustos literarios, sus obsesiones. Vargas Llosa también formula a Borges dos preguntas que por su naturaleza y mi dedicación llaman mi atención. En la primera le pregunta por su régimen político ideal, en la segunda por si hay algún político contemporáneo que admire.

Se trata de dos cuestiones centrales en el orden político pues, como señalaría Giovanni Sartori en brillante metáfora, concernía a “las máquinas y a los maquinistas”, a las instituciones y a quienes las conducen. Dos cuestiones formuladas a un personaje capital del siglo pasado, cuyas respuestas no pueden pasar desapercibidas puesto que se enmarcan perfectamente en un acervo concreto y ayudan a definir el espíritu de los tiempos.

La primera tiene un componente más personal. Se refiere a cómo un individuo se sitúa en el mundo. Borges, que se reconoce desconcertado y descorazonado, —añade “como todos mis paisanos”— se declara viejo anarquista spenceriano que cree que el Estado es un mal, “pero por el momento es un mal necesario”. La segunda me interesa más a los efectos de este artículo. Quien muriera en Ginebra cinco años más tarde responde: “Yo no sé si uno puede admirar a políticos, personas que se dedican a estar de acuerdo, a sobornar, a sonreír, a hacerse retratar y, discúlpenme ustedes, a ser populares…”

Borges aparentemente duda en relación con la admiración que pudiera generarle la clase política, pero las premisas de su calificación le conducen a una obvia posición crítica. Sin embargo, dejando de lado la misma, creo que no se pueden enunciar mejor cinco características centrales del quehacer de los políticos. Vayamos por partes.

Quienes ejercen la política son “personas que se dedican a estar de acuerdo”. La política existe mientras haya conflicto, la gestión de este es su finalidad y el compromiso es una especie de solución, probablemente parcial y temporal. Alcanzar acuerdos supone paliar la confrontación; la polarización hoy tan en boga por doquier supone la quiebra de esa lógica.

Ahora bien, otra cosa es encapsularse bajo el paraguas de una casta política cerrada y excluyente. El régimen salvadoreño establecido tras los acuerdos de paz de 1992 confirió el poder a los antagonistas de la guerra que consolidaron un régimen político en el que ARENA y el FMLN monopolizaron el poder durante 27 años, algo que ya había sucedido en Colombia bajo el régimen del Frente Nacional entre el Partido Liberal y el Partido Conservador.

La clase política gestiona el presupuesto y opciones de poder, articuladas mediante decisiones de carácter administrativo, que pueden llegar a traspasar límites abusivos alcanzando al delito dando sentido al término “sobornar”, que apunta Borges. De ello hay sobrados ejemplos en la última década que van desde el Lava Jato brasileño, a los de José López, secretario de Obras Públicas, y de Julio De Vido, secretario de Planificación, ambos en el Gobierno de Cristina Fernández.

Tampoco se pueden olvidar los acontecidos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto con Emilio Lozoya director de PEMEX, y menos aún los ocurridos permanentemente en los regímenes de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega sin dejar de lado al hondureño de Juan Orlando Hernández. Los recientes casos de personal político y sus allegados en varios países saltándose el protocolo de vacunación son otro tipo de prueba del abuso de poder ejercido.

La sonrisa es una evidencia de la empatía humana. Umberto Eco articuló sobre la risa su gran novela El nombre de la rosa. El protagonista Guillermo de Baskerville, resuelve el caso de unos frailes asesinados que, presumiblemente, habían tenido acceso a la escondida comedia griega (y reían). Un peligroso descubrimiento que podía trastocar el severo orden monástico medieval. Sin embargo, la risa es el puente que enlaza la compasión con la ironía que son parte de los cimientos de la representación. Borges, no obstante, lo deriva al comportamiento histriónico que es la antesala de la farsa y, por ende, del vacío de la representación, adquiriendo un sentido siniestro muchas expresiones sonrientes de políticos en primera página.

Por ello, el retrato es así mismo otra piedra de toque borgiana. No puede ser menos en la era de la comunicación. Políticos a la carta que han pasado todas las pruebas posibles de la mercadotecnia y cuya imagen es el instrumento de acceso al gran público consumidor. Lo saben Iván Duque al aparecer cada tarde en la televisión colombiana, Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, Jair Bolsonaro mediante el manejo de las redes sociales, o Nayib Bukele por su anterior profesión de publicista; lo sabía Peña Nieto icono construido por las agencias publicitarias. No hay político que eluda esta senda, la imagen supone lo sustantivo de su oferta si quiere llegar al poder y permanecer en él. Las palabras que enuncian los programas quedan al margen.

Por último, la política está articulada sobre la soberanía popular y el voto supone el ingente caudal de apoyo que toda opción política requiere y que es fundamental en la lógica de la democracia. La captura de sufragios es el mecanismo necesario y suficiente en la carrera política. El control del electorado se convierte en la clave del proceso. Las masas de seguidores canalizados por mecanismos innovadores de comunicación e información garantizan su pastoreo y hacen efectivo un nivel de popularidad vacuo, pero imprescindible, ajeno al siempre necesario apoyo en función del cumplimiento de promesas o de la realización de tareas demandadas por la gente.

Borges se interesó poco en la política, pero el escenario que proyecta América Latina en los últimos años actualiza aquella entrevista que forma ahora parte del libro de Vargas Llosa Medio siglo con Borges, publicado a mediados de 2020 por Alfaguara.

Foto de Biblioteca Nacional de la República Argentina, 1973

El trumpismo según Trump

Por
Federico Finchelstein
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President Donald Trump speaks inside the Vehicle Assembly Building following the launch of a SpaceX Falcon 9 rocket carrying the company's Crew Dragon spacecraft on NASA’s SpaceX Demo-2 mission with NASA astronauts Robert Behnken and Douglas Hurley onboard, Saturday, May 30, 2020, at NASA’s Kennedy Space Center in Florida. NASA’s SpaceX Demo-2 mission is the first launch with astronauts of the SpaceX Crew Dragon spacecraft and Falcon 9 rocket to the International Space Station as part of the agency’s Commercial Crew Program. The test flight serves as an end-to-end demonstration of SpaceX’s crew transportation system. Behnken and Hurley launched at 3:22 p.m. EDT on Saturday, May 30, from Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center. A new era of human spaceflight is set to begin as American astronauts once again launch on an American rocket from American soil to low-Earth orbit for the first time since the conclusion of the Space Shuttle Program in 2011. Photo Credit: (NASA/Bill Ingalls)

Trump finalmente dio su definición de qué es el trumpismo. El expresidente sostuvo que “mucha gente se ha preguntado: ‘¿Qué es el trumpismo?’ Un término nuevo que se utiliza cada vez más… No se me ocurrió a mí. Pero lo que significa son grandes deals.” Entre esos supuestos éxitos Trump enumera la reformulación del acuerdo comercial con México y Canadá, sus recortes de impuestos y su promoción de la desregulación económica. Pero Trump también vincula esta concepción neoliberal —que viene de la tradición de Reagan— con un desprecio por las normas democráticas que es más propia de los populismos de extrema derecha latinoamericanos como es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o Keiko Fujimori en Perú.

Así para el líder, el trumpismo “significa fronteras fuertes”, la promoción de las armas entre civiles y “que no habrá disturbios en las calles. Significa hacer cumplir la ley. Significa apoyo a los hombres y mujeres olvidados de los que se han aprovechado durante tantos años.” Viniendo de un hombre que convirtió a la democracia de Estados Unidos en víctima de su militarización de la política en el marco de una profunda crisis política, social y sanitaria, este tipo de definición solo puede presentarse en el mundo alternativo del relato mítico trumpista. 

Lo peculiar de la definición trumpista del trumpismo es que no tiene que ver con la realidad sino más bien con una representación alternativa de ésta. Gran parte de la definición no habla tanto de lo que es el trumpismo sino más bien de lo que le gustaría ser y también haber sido.

Trump presentó su definición en el marco de la reunión más importante de los conservadores republicanos (CPAC) quienes, como la gran mayoría de los republicanos, no hacen distinción alguna entre el viejo partido de Abraham Lincoln y el movimiento de extrema derecha que es hoy el trumpismo. En este sentido, el culto a Trump lo ha copado todo y explica porqué, a diferencia de todos los ejemplos anteriores de republicanos derrotados —quienes luego de hacer un postmortem de la derrota se dedicaron a oponerse a medidas concretas del gobierno entrante— el trumpismo sigue habitando el mundo mágico de su relato.

Es decir, sigue insistiendo en la gran mentira de que Trump fue quien ganó las elecciones. Esto impide oponerse y proponer medidas alternativas e insistir como lo hizo Trump en que Biden es anti-ciencia y antidemocrático, está en contra del imperio de la ley y es asimismo misógino. Todos atributos —o mejor dicho defectos— que siguiendo el carácter de proyección de la personalidad típicamente autoritaria, estudiada por el filósofo Theodor Adorno y sus colaboradores, en realidad pertenecen al mismo Trump.

El mismo fenómeno se ve con Bolsonaro, un líder que hace de la proyección,  la fantasía y la irrealidad el eje de su política, y el resultado no puede ser más irresponsable, generando la difusión de la enfermedad y la muerte de sus ciudadanos. Es de esperar que en su intento de mimetizarse con Trump, Bolsonaro quiera emular estos intentos “doctrinarios.”

Todos los gobiernos personalistas que presentan un culto al líder, en especial los fascismos y populismos, sienten eventualmente la necesidad de darse un marco doctrinario. Se quieren dar una idea que defina al movimiento y lo haga parecer más serio. Se pretende inscribirlo en la historia grande de las ideologías políticas para vestir un liderazgo momentáneo con ropaje trascendental.

Esto es necesario, pues a fin de cuentas una ideología basada en las opiniones de una sola persona tiene sus límites de legitimidad, tanto nacionales como internacionales, pero la pretensión de convertir al mito viviente en parte de la historia tiene sobre todo motivaciones de propaganda. Para decirlo de otro modo, los líderes quieren explicar el sentido teórico de su persona para justamente complementar y darle gravitas a un conjunto de berrinches, narcisismos y constantes vueltas de tuerca.

Este momento doctrinario no se vive como una contradicción con el culto al líder que siempre definió todo, sino más bien como el momento en que el líder decide que es hora de disfrazar con teoría política un conjunto de nociones sobre el poder, la obediencia y la violencia.

En general, el instante doctrinario no es más que eso, una fotografía altamente decorada con conceptos, ideas y caprichos de ese preciso momento. Es una representación del mundo ideal de líderes y seguidores. En el pasado se dio, cuando los líderes se sienten lo suficientemente cómodos en el poder para darse el lujo de atarse a algunas frases.  Al fascismo italiano le llegó ese momento en 1932, cuando ayudado por el filósofo Giovanni Gentile, Mussolini escribió su definición del fascismo.

Como tantas veces influenciado por el pensamiento del Duce, al peronismo argentino, la forma original de populismo en el poder, le llegó esa hora en el Congreso de Filosofía de Mendoza en 1949 con la canonización del slogan de la “comunidad organizada.” Otros líderes usaron libros y avisos televisivos para tratar darle profundidad a anécdotas y pensamientos más bien banales, pero en Mussolini, Perón y Trump se nota un deseo de vincular la obra personal con una obra trascendental y cuando ésta no es tal se apela a la fantasía.

En el fascismo no todo estaba dentro del Estado, mientras que en el peronismo la comunidad no estaba tan organizada ni tampoco homogeneizada como a Perón le hubiera gustado. En el caso de Trump, al poco tiempo de su derrota los efectos de su gobierno siguen siendo desastrosos y por eso se da la necesidad de una reescritura de su historia que la convierta en parte del mito del líder. Una nueva reescritura de su mito que solo puede ser tomada en serio por sus seguidores y creyentes. 

Por esto, Trump intentó hacer esta representación doctrinaria en un mundo de falta de poder y de vivencia en la fantasía. Solo les habla a sus fanáticos. Su mito convertido ahora también en doctrina se mantiene alejado de una realidad de múltiples crisis creadas y/o ampliadas por el líder saliente.

Para el líder derrotado, el trumpismo implica una opción de futuro para “salvar a América” del peligro “comunista”, ahora representado por el gobierno de Joe Biden. Y este delirio parece ser más importante que proteger de la pandemia a la población, terminar con la violencia, la profunda desigualdad y revivir la economía.

Foto de NASA/Bill Ingalls

Transformaciones electorales en Bolivia

Por
Julio Ascarrunz
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El pasado 7 de marzo Bolivia celebró un nuevo proceso electoral para elegir, en este caso, a las autoridades de los gobiernos subnacionales. Se trató de las onceavas elecciones municipales desde la transición democrática en 1982, aunque fueron las sextas después de las reformas de descentralización de mediados de 1990. Tras la victoria del MAS en las elecciones generales, en estos comicios los resultados en las capitales de departamento le han sido adversos con relación a elecciones pasadas y en un contexto marcado por una profunda fragmentación de las preferencias electorales.

La fragmentación, sin embargo, no es un hecho novedoso para Bolivia, pero para comprenderlo mejor debe ser analizado desde la fragmentación electoral y parlamentaria. Estos índices exhiben el nivel de dispersión de las preferencias electorales (del voto) en la versión electoral, y el grado en que se concentra (o no) el poder político en las instancias legislativas, en este caso concejos municipales, en su versión parlamentaria.

Un análisis pormenorizado de estos datos es el realizado por el blog Encuestas Elecciones Bolivia, apoyado por la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia y la Asociación Boliviana de Ciencia Política. Se trata de una de las tantas iniciativas desplegadas desde la sociedad civil, que surgieron tras un ciclo turbulento en la política boliviana, para monitorear el proceso electoral.

Este estudio se centró en los nueve municipios capitales de departamento más el municipio de El Alto, donde se concentra más de la mitad de la población de todo el país, según datos del INE. Y aunque al momento de escribir esta pieza, en tres de estos no se habían computado la totalidad de los voto (y en uno de ellos la carrera por la alcaldía municipal estaba sumamente reñida), el análisis se enfoca en la tendencia.

La Fragmentación electoral

La reciente elección significa un nuevo momento de fragmentación de las preferencias electorales, dentro de la “nueva” tendencia de mayor concentración inaugurada en 2010, luego de la reforma constitucional de 2009. Sin embargo, la fragmentación electoral promedio de estos diez municipios ha disminuido considerablemente respecto de los procesos electorales previos a la reforma.

Gráfico 1: Número Efectivo de Partidos Electorales

El Gráfico 1, muestra el nivel de dispersión del voto por municipio en las elecciones municipales de 1995, 1999, 2004, 2010, 2015, y 2021 y el promedio para cada año mencionado. Fuente: Elaboración propia

Según el estudio, todos los municipios con excepción de Santa Cruz de la Sierra, Potosí, y El Alto incrementan su fragmentación respecto de las elecciones de 2015. De las tres excepciones mencionadas, Santa Cruz y Potosí prácticamente mantienen sus niveles de fragmentación, y El Alto es el único caso que para este 2021 concentra su votación en menos opciones.

Las preferencias electorales, junto a la dispersión evidenciada a partir de ellas, están acompañadas de un escenario de renovación y, por ende, volatilidad. La mayoría de los municipios capitales han cambiado de actores protagónicos lo cual explica, en parte, los incrementos de la fragmentación electoral. Sin embargo, los casos donde no hay más dispersión del voto (El Alto, Santa Cruz, y Potosí), también están acompañados de cambios en las organizaciones políticas principales del municipio.

En términos generales, no sucedía un aumento de la fragmentación desde las elecciones de 1999, periodo que resultó como la antesala para el colapso y la reconfiguración del sistema de partidos a nivel nacional entre 2003 y 2005. 

La fragmentación parlamentaria

La fragmentación parlamentaria, por otra parte, mide qué tanto se concentra o dispersa el poder legislativo obtenido a partir de los votos. Respecto de la fragmentación legislativa, si bien los datos muestran un incremento en la dispersión del poder municipal, al igual que con la fragmentación electoral, la tendencia histórica no exhibe el mismo patrón.

En este caso se trata de un escenario de continuidad iniciado desde el proceso electoral de 2015, en el que la cantidad de organizaciones políticas efectivas al interior de cada concejo municipal empieza a incrementarse. Todos los casos, con excepción de tres, siguen dicha tendencia de fragmentar más las fuerzas políticas con representación municipal. Los municipios que no siguen esta tendencia son Oruro, Cochabamba, y El Alto, los cuales, más bien, concentran más las fuerzas políticas con poder legislativo, en comparación con los comicios de 2015.

Gráfico 2: Número Efectivo de Partidos Parlamentarios

Los datos del Gráfico 2 provienen de la composición no oficial de cada concejo municipal, calculada a partir de los resultados electorales hasta ahora computados.

Pero aparte de los niveles de fragmentación legislativa, en cinco de los diez municipios analizados hay una situación de gobierno dividido. En Sucre, Potosí, Santa Cruz, Trinidad, y Cobija no hay una fuerza política que tenga mayoría absoluta dentro del concejo municipal, por lo que los respectivos alcaldes en cada uno de estos municipios no van a tener mayoría en el legislativo. Al menos no de manera natural e independiente, por lo que deberán recurrir a la negociación y el pacto.

Más allá de la diversidad de las nuevas autoridades, los gobiernos municipales que se inaugurán a prtir de esta elección tienen varias tareas urgentes. La atención de la pandemia y el desarrollo oportuno del plan de vacunación es la más urgente. Pero hay cuestiones más “cotidianas” que deben ser priorizadas como la provisión de servicios básicos o la cuestión del transporte urbano, entre otras.

Sin embargo, además de las varias aristas administrativas, los municipios, junto con las demás entidades autónomas, tienen, una vez más, la ardua tarea de profundizar las autonomías en el país.

Foto de Marc Davis

No hubo falsos positivos, hubo terrorismo de Estado

Por
Jerónimo Ríos Sierra
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“Si miramos a la izquierda, vemos a los insurgentes. Si miramos a la derecha, vemos a los paramilitares. Si levantamos la vista al cielo para rogar a Dios, vemos los helicópteros del Gobierno”. Tan lapidaria como dramática, esta frase se recogía en uno de los informes del Secretario General de Naciones Unidas, publicado hace catorce años, sobre los derechos humanos de los desplazados internos. Era en pleno auge de la popularidad de Álvaro Uribe Vélez, en 2006, recién reelegido presidente en Colombia con una mayoría abrumadora. Su popularidad era absoluta. Gracias a su proximidad con el código geopolítico estadounidense y su cercanía con George W. Bush redefinió un Plan Colombia que, con más de 10.000 millones de dólares transformaría y modernizaría como nunca las capacidades operativas de la fuerza pública colombiana. Durante ese período, fueron asesinados a mano de agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública, 6.402 civiles inocentes que fueron presentados ante la opinión pública como falsos exguerrilleros.

Por aquellos años, el ciclo expansivo de la economía colombiana, tras años de crisis, era acompañaba de un rechazo mayoritario a las guerrillas, especialmente a las FARC-EP, tras el fracaso estrepitoso del proceso de diálogo del Caguán, desarrollado bajo la presidencia de Andrés Pastrana, entre 1999 y 2002. Uribe, conocedor del particular contexto político y social que heredaba, lo tuvo claro desde el principio. Como me comentó una vez en una entrevista en 2015, el problema de Colombia no era el conflicto armado o las guerrillas, pues éstas solo surgen en contextos de dictaduras. Colombia era una democracia formal y, por ende, su problema era el narcoterrorismo.

Esta transformación discursiva, al albor de la afectación en el orden geopolítico que supusieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, en realidad, era mucho más que un artificio semántico. Era negar la dimensión estructural de la violencia y, por extensión, la corresponsabilidad del Estado en la misma. Asimismo, era desproveer de cualquier atisbo de reconocimiento al conflicto armado y, por tanto, negar su significado político. Ante esta tesitura, como es de esperar, no sólo se obviaba cualquier posibilidad formal de negociación, sino que la aspiración máxima del Estado debía ser la derrota sin paliativos de las guerrillas.

A tal efecto, el fin justificaba los medios. Nada mejor que militarizar la vida cotidiana. Evitar cualquier atisbo crítico, en tanto que todo cuestionamiento a la Política de Seguridad Democrática era susceptible de ser considerado como colaboracionismo en favor de la guerrilla. Este fervor patrio cuyo éxtasis era la derrota militar de quienes habían sido concebidos como enemigos del Estado desde hacía décadas se logró instaurar en casi todos los extremos de la sociedad.

Los medios de comunicación afines al uribismo intentaban abrir sus espacios informando de nuevos golpes a las guerrillas y evocando una imagen casi mesiánica de Uribe. La población civil, a través de diferentes programas gubernamentales, fueron incorporados al proceso de lucha contra las guerrillas.

Al interior de las Fuerzas Militares hubo distintos batallones y estructuras que no dudaron en coaligarse contra el paramilitarismo, en tanto que compartían al enemigo común: las guerrillas de las FARC-EP y el ELN. Incluso, a partir de la directiva 029 de 2005 promulgada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, se llegaron a reconocer remuneraciones y retribuciones por la consecución de bajas al interior de los grupos armados.

En conclusión, todo lo anterior, sumado a una cooptación de buena parte del poder judicial y una criminalización de las posiciones críticas de la ciudadanía, tan marginales como escasamente protegidas, servía de tesitura óptima para materializar una política de seguridad que, lejos de ser democrática, se sirvió del terror, patrimonializó sus instituciones, y operó bajo una peligrosa máxima simplista: primero la seguridad, después, llegado el caso, el resto de derechos.

Si ello justificaba alianzas con grupos paramilitares, hacer uso de un aparato de inteligencia, como era el Departamento Administrativo de Seguridad, para realizar escuchas ilegales y obtener pruebas para presionar las voces críticas de periodistas o magistrados, cualquier cosa valía. Mientras, se cometían, al menos 6.402 asesinatos de civiles inocentes que, gracias a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hemos sabido que fueron perpetrados por agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública y presentados ante la opinión pública como falsos exguerrilleros.

El carácter violento, impune, deliberado, en nombre de la institucionalidad, sistemático y amparado bajo una naturaleza extorsiva que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho tiene una definición tan ilustrativa como incontestable: terrorismo de estado. La mayoría de los 6.402 asesinatos que en estos días han sido revelados se cometieron bajo la presidencia de Álvaro Uribe, y casi triplican las cifras oficiales de asesinatos extrajudiciales que, hasta ahora, había conseguido, no sin dificultades, investigar la Fiscalía General de la Nación.

Esto obliga a un tratamiento jurídico diferente, desde la sistematicidad y la responsabilidad de mando, para el cual no vale la vieja idea de “pequeñas manzanas podridas”, que, como hasta ahora, mayormente, es como se había tratado de despachar tan grave asunto.

Es momento de seguir avanzando en el esclarecimiento de la responsabilidad, la trazabilidad de las decisiones y la imputación de los perpetradores. Tal vez, por todo lo anterior es que Álvaro Uribe –una suerte de Fujimori colombiano- y el actual presidente, Iván Duque, como buenos saboteadores del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC-EP, siempre se han mostrado contrarios a respaldar cualquier institución que, como la JEP o la Comisión de la Verdad, tenga como cometido saber qué sucedió verdaderamente, durante los años más duros del conflicto armado en Colombia

¿El regreso de Lula a la política brasileña?

Por
Guilherme Simões Reis
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Brasil se hunde en el negacionismo, la militarización, el anticientificismo, el fundamentalismo religioso, la desinformación, el empobrecimiento, la destrucción de derechos y la actividad miliciana. La caída libre del país se produce desde el impeachment sin delito de responsabilidad de Dilma Rousseff, un golpe de Estado con apariencia institucional. La elección de Jair Bolsonaro, notorio defensor de la dictadura militar y de la tortura, aceleró la implosión, un poco porque es parte de su proyecto político, un poco por incompetencia de gestión. En este contexto, la vuelta a la escena política del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva cambia por completo el panorama político brasileño.

La anulación de los juicios de Lula

El 8 de marzo, el juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal (STF), consideró que el entonces juez Sergio Moro y la Justicia Federal de Paraná no tenían competencia para juzgar los procesos en los que el expresidente Lula fue condenado. Estos procesos deberán volver a realizarse ante el Tribunal Federal del Distrito Federal. Las condenas fueron anuladas, Lula ya no es inelegible y el STF sigue investigando la supuesta imparcialidad del juez Moro.

Como reconoció recientemente el juez del Tribunal Supremo Gilmar Mendes, la condena de Lula por corrupción y lavado de dinero fue un proceso viciado. El periodo elegido para la investigación fue aquel en el que el Partido de los Trabajadores (PT) estaba en el gobierno, a pesar de las evidencias de que la corrupción en Petrobras y en las empresas contratistas comenzó décadas antes.

Las sombras de la Operación Lava Jato

El ex juez Sergio Moro, en un accionar completamente imparcial, trazó una estrategia para condenar a Lula. Los fiscales de la Operación Lava Jato fueron instruidos por él mismo sobre cómo actuar y formaron un equipo inquisitorial en el que el juez era el fiscal jefe.

Según una columna publicada en The New York Times, el caso Lava Jato «se vendió como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se convirtió en el mayor escándalo judicial de la historia de Brasil». Los problemas de la operación salieron a la luz, a partir de 2019 con la “Vaza Jato”, una serie de informes basados en conversaciones privadas que involucraban a los fiscales de Lava Jato y a Sergio Moro.

Los informes destacaban una persecución política de la operación e incluso intereses económicos privados de sus operadores. La primicia de The Intercept se complementó cuando la Policía Federal detuvo a los hackers sospechosos de piratear los teléfonos móviles de Moro, los fiscales y otras autoridades.

La condena comprometió la elección presidencial de 2018, que puso a Bolsonaro al frente del gobierno federal. Desde 2016, Lula había liderado las intención de voto con unos 15 puntos por encima del segundo candidato. A mediados de 2017 Bolsonaro ya aparecía en segundo lugar y ambos estaban en una tendencia ascendente.

Cuando un mes antes de las elecciones Fernando Haddad debió sustituir a Lula como candidato, tenía un 6% de intención de voto, frente al 39% de Lula trece días antes. Y finalmente terminó perdiendo la elección. La prisión política de Lula determinó la victoria de Bolsonaro y como recompensa, este nombró al ex juez Moro ministro de Justicia.

El fiscal que dirigió la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, publicitó su acusación en una conferencia de prensa en 2016 con una diapositiva en la que Lula encabezaba la banda criminal y dijo tener «convicción» de que Lula era un delincuente. La condena de Moro se basó principalmente en testimonios y en la supuesta posesión de bienes inmuebles que no están a nombre del expresidente y que tampoco se ha demostrado que estén relacionadas con sobornos relacionados con contratos de Petrobras.

En los acuerdos de aceptación de culpabilidad, los delincuentes obtienen ventajas a cambio de delatar a presuntos cómplices y esta fue una herramienta crucial en el caso. En las conversaciones, se escucha a Dallagnol mencionando que las malas condiciones de la cárcel llevaran a la cooperación de Aldemir Bendine, ex presidente de Petrobras y del Banco do Brasil, en la denuncia. El ministro del STF, Gilmar Mendes, afirmó en 2019 que se sabía “muy claramente que utilizaron la prisión preventiva como elemento de tortura”.

El impeachment sin crímenes de 2016

Cuando Dilma Rousseff fue derrocada, el Supremo Tribunal Federal (STF) consideró legal la acusación sin delito, absteniéndose de defender la esencia de la Constitución y limitándose a observar que los ritos eran seguidos por el Legislativo.

Los opositores al golpe siempre recuerdan que los interesados ​​en sacar al PT del poder de manera antidemocrática tenían colaboración con el STF. Mucho antes de la Vaza Jato, esto quedó en evidencia en un diálogo del senador -después ministro de Michel Temer- Romero Jucá con Sergio Machado, presidente de Transpetro, subsidiaria da Petrobras.

Jucá reveló una conversación con “unos ministros del Supremo”, quienes afirmaron que con Dilma no habría estabilización. Machado señaló que “la solución más fácil” sería que Michel Temer asumiera la presidencia, “en un gran acuerdo nacional”, a lo cual Jucá complementó: “Con el Supremo, con todo”.

En este escenario, el STF estaba dividido sobre si condenar o apoyar los abusos de la Operación Lava Jato. En 2016, refiriéndose al ministro del STF, Luiz Fux, Dallagnol informó a los fiscales en Telegram: “Queridos, hablé con Fux una vez más, hoy. Reservado, por supuesto […] dijo que contáramos con él para lo que necesitemos ”. El exjuez Sergio Moro comentó a Dallagnol: “En Fux we trust”. En 2015, Dallagnol se reunió con el juez Fachin y celebró con otros abogados: «Aha uhu Fachin es nuestro».

El regreso de Lula y el comienzo de un nuevo capítulo

Ahora que el juez del Tribunal Supremo, Edison Fachin ha devuelto a Lula al ruedo, proliferan las interpretaciones sobre por qué un lavajatista como él tomó tal decisión: ¿busca evitar así su futura derrota en el STF? ¿intentó salvar a Moro y a la Operación Lava Jato? o ¿cree que Lula será condenado en el Distrito Federal?

En cualquier caso, ahora el clima es diferente: Lula no está acorralado, Bolsonaro está perdiendo popularidad y las motivaciones del caso Lava Jato están en tela de juicio. En las elecciones antidemocráticas de 2018, sin Lula y bajo la influencia de las fake news, Brasil, impulsado por el antipetismo, eligió el fascismo.

Ahora, una reciente encuesta del Instituto Ipec, que indaga el apoyo en una teórica votación entre diez posibles candidatos presidenciales y el nivel de rechazo a cada uno de ellos, muestra a Lula con el mayor potencial de victoria. Y a pesar de la impresionante resistencia de casi un tercio de los brasileños fieles al proyecto fascista, hay una nueva oportunidad. Para los que sobrevivan a la pandemia.

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Foto de Lula Marques/Agência PT

Manga ñembosarái: los guaraníes inventaron el fútbol

Por
Philippe Raposo
-

El fútbol nació en Paraguay. No fueron los ingleses quienes crearon el fútbol, como afirma la literatura europea dominante. Fueron los guaraníes quienes lo inventaron. Esta es la tesis del cortometraje documental Los Guaraníes inventaron el Fútbol (2014), dirigido por el cineasta paraguayo Marcos Ybáñez y basado en la investigación del español Bartomeu Melià (1932-2019), especialista en la historia de los guaraníes. Melià afirma que éstos ya jugaban al fútbol en el siglo XVII en los reductos jesuitas de San Ignacio Guazú, en el actual departamento de Misiones, a 230 km de Asunción. Existen registros de la práctica del manga ñembosarái —“jugar a la pelota con los pies” en guaraní— que se remontan a 1639, mucho antes de la independencia de Paraguay en 1811 y de la reglamentación del fútbol por los británicos en 1848. Según el documental, el manga ñembosarái fue el precursor del fútbol moderno y los guaraníes son los padres del fútbol. En este sentido, Paraguay reclama la paternidad del fútbol en el mundo.

Lo que dice la historia

Se dice que el primer registro de la práctica del manga ñembosarái es el “Tesoro de la Lengua Guaraní”, un diccionario bilingüe guaraní-español publicado por el jesuita peruano Antonio Ruiz de Montoya en 1639. Allí, “mangaì” se define como “árbol que da las pelotas que llaman de neruio”, una referencia a las pelotas de goma con las que los guaraníes jugaban al manga ñembosarái los domingos después de misa.

Otros registros de este deporte aparecen en los libros Breve relación de las Misiones del Paraguay (1771) y La República de Platón y los Guaraníes (1793), escritos por los jesuitas españoles José Cardiel y José Manuel Peramás, respectivamente. Estos registros sugieren la práctica de este juego -muy similar al fútbol actual- que consistía en que dos equipos jugaban y tocaban la pelota, sin dejarla parar.

En el manga ñembosarái no había límite de tiempo ni objetivos. Los partidos siempre terminaban en cero a cero. El perdedor era el equipo que se cansaba primero y abandonaba el juego, algo que podía durar horas. Había quienes apostaban sobre qué equipo ganaría, así como espectadores y simples curiosos. El balón era difícil de controlar, lo que exigía habilidad a los jugadores. Hecha de arena húmeda, la pelota se cubría con caucho —resina extraída del árbol de mango— y se hinchaba con bambú hasta alcanzar el tamaño deseado.

El municipio de San Ignacio Guazú, donde se fundó la primera reducción jesuita en la Cuenca del Plata en 1609 y donde se reunían los indígenas guaraníes, reivindica el fútbol como su cuna y lo asocia a su historia cultural. En 2010, la tesis de que el fútbol fue una invención de los guaraníes fue publicada en el periódico vaticano L’Osservatore Romano, aumentando la legitimidad de la reivindicación paraguaya.

Los precursores del fútbol contemporáneo

Desde entonces, el tema ha sido tratado en publicaciones periódicas argentinas, españolas y paraguayas. Sin embargo, es razonable pensar que el manga ñembosarái no es el único deporte precursor del fútbol actual, sino sólo uno de ellos, entre otros innumerables que se remontan a épocas más antiguas. Adoptar una perspectiva histórica global —en lugar de una geográficamente restringida, como las nacionalistas— parece ser más apropiado para comprender la evolución de las ideas y las prácticas en todo el mundo.

Hay otros casos que, como el manga ñembosarái guarani, también pueden considerarse precursores del fútbol contemporáneo. Como ejemplo, cito el ts’uh Kúh (cuju) practicado en China dos mil años antes de Cristo que consistía en una actividad de entrenamiento militar muy similar a la lógica actual del fútbol. El Episquiro practicado en la antigua Grecia estaba compuesto por dos equipos de once o más jugadores, marcado por la violencia. El balón era de arena con vejiga de buey y se permitía el uso de las manos, a diferencia del manga ñembosarái, donde estaba prohibido.

Existía también el fútbol precolombino de los pueblos maya y azteca en Mesoamérica, practicado hace más de tres mil años, con pelotas de goma y rituales de sangre en los que se sacrificaba al capitán del equipo perdedor. Menciono también el Harpastum, practicado en la época dorada del Imperio Romano, cuyo objetivo era lanzar el balón al campo del equipo contrario. Y el kemari, practicado en Japón desde el siglo VII, en el que estaba prohibido el contacto corporal, dada su mística religiosa y ceremonial. La literatura indica que el kemari fue influenciado por el ts’uh Kúh chino.

Además, está el calcio fiorentino que se practica desde el siglo XVI en Florencia, una especie de renacimiento del harpastum romano. Con el tiempo, se introdujeron toros en la arena para aumentar la adrenalina de jugadores y espectadores. Los juegos se asemejaban al terreno de combate, ya que se permitían los puñetazos, patadas y cuchilladas entre los jugadores, lo que no pocas veces desencadenaba peleas generalizadas. Aun así, el objetivo era marcar goles.

Ya en el siglo XVII, los nativos norteamericanos practicaban el pasuckuakohowog, cuyos partidos podían reunir hasta mil jugadores, con festejos conjuntos al final. En Australia, los nativos practicaban el marn grook. En Alaska, los esquimales jugaban al asqaqtuk, algo parecido al fútbol sobre hielo. Estas y otras formas de juego con el pie pueden considerarse precursoras del fútbol contemporáneo.

Es razonable concluir que el manga ñembosarái guaraní no explica toda la historia del fútbol. Incluso así, es un legítimo precursor del fútbol contemporáneo -al igual que los demás ejemplos (sin intención de agotar el inventario)- y un legado histórico de la admirable cultura guaraní.

Sería inexacto atribuir la paternidad del fútbol a un pueblo concreto. Si no fueron los paraguayos quienes inventaron el fútbol, tampoco fueron los británicos. Australianos, chinos, esquimales, griegos, italianos, japoneses, mesoamericanos y norteamericanos, entre otros, han contribuido positivamente a la construcción de esta historia, de la que también forman parte los guaraníes-paraguayos. Lejos de ser un producto exclusivamente guaraní o británico, el fútbol tiene una paternidad múltiple e interminable. Paraguay es otra pieza de este elenco.

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Foto, Copyright – AP2011

¿Quién derrotó al masismo en Bolivia?

Por
Mauricio Blanco Cossío
-

Los resultados electorales del domingo 7 de marzo en Bolivia representan, sobre todo, una acentuada redistribución del poder político que el Movimiento al Socialismo (MAS) había recuperado en las últimas elecciones generales en noviembre. El masismo, obtuvo, en aquella elección, una victoria de 55% en las urnas y, además de reconquistar la presidencia, mantuvo una sólida mayoría en ambas cámaras. Los resultados de las elecciones para gobernador y alcalde, por el contrario, propinan una pérdida electoral innegable e importante para el oficialismo.

Esta derrota actualiza la pulseada entre la Bolivia del poder central y la Bolivia del poder local y regional. Destrincar algunos argumentos ayuda a apuntar un escenario electoral futuro que puede traer elementos nuevos en la dinámica del poder en el país.

El primer aspecto es que el masismo se consolida como el único partido político de expresión nacional en los moldes tradicionales. Esta elección confirmó la ya conocida organicidad y estructura del MAS. Presente como fuerza electoral en todo el territorio nacional, disputó en los nueve departamentos y en prácticamente las diez ciudades más importantes del territorio nacional entre los primeros lugares, mantuvo su predominio rural y participó de la contienda sin alianzas con otros partidos. Sin embargo, el masismo ha perdido de forma significativa a nivel de gobiernos locales.

Parafraseando a casi todos los gobernantes del planeta en el marco del combate al COVID-19, los dirigentes del MAS podrían decir: “Luchamos contra un enemigo invisible”, puesto que tras un primer vistazo es difícil identificar a una fuerza política convencional o tradicional como vencedora.        

¿Qué dicen los números?

Entre las nueve gobernaciones en disputa, el MAS venció en primera vuelta en tres departamentos: Cochabamba, Oruro y Potosí. Perdió definitivamente en Santa Cruz ante el populista de extrema derecha Fernando Camacho (CREEMOS, 55%) y virtualmente perderá también en el departamento del Benipara, frente a Alejandro Unzueta (MTS, 49%). Habrá segunda vuelta en cuatro gobernaciones el 10 de abril: La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. En las cuatro el MAS participará contra diferentes partidos rivales. Si bien en La Paz tiene un cierto favoritismo, en Pando, Chuquisaca y Tarija está indefinido y el MAS no es el favorito. Así, en un escenario optimista el partido oficialista puede ganar cinco departamentos y en el peor escenario puede tener tres o cuatro.

En el caso de las elecciones municipales, la Constitución no prevé la segunda vuelta. Con casi 90% de los votos contados oficialmente, el MAS perdió en siete de las nueve capitales de departamento, además de la ciudad de El Alto. Las 2 ciudades que le dieron la victoria fueron Oruro y Sucre, y en esta última la diferencia es tan pequeña que aún puede cambiar.

La Paz, El Alto y Cochabamba son tal vez las derrotas más sentidas para el masismo, ya que, en las tres ciudades, de gran importancia poblacional, los candidatos opositores ganaron con resultados muy expresivos. En otras tres ciudades importantes (Potosí, Trinidad y Santa Cruz) el MAS no alcanzó ni la segunda colocación. Es verdad que el masismo ha tenido, históricamente un desempeño mediocre en las capitales del eje troncal (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz), pero ciudades como Potosí y El Alto siempre fueron reductos electorales del MAS y ahora serán gobernadas por la oposición.

¿Quién ganó al MAS?

El MAS enfrentó a una oposición fragmentada y atomizada. Prácticamente, no hay nexos orgánicos o partidarios entre los diferentes vencedores. De oriente a occidente, de norte a sur no hay un clivaje partidario sólido, mucho menos ideológico. Por ejemplo, el partido Jallalla, que venció en El Alto e irá a la segunda vuelta en el departamento de La Paz, no tiene ninguna correlación ideológica con el frente SUMATE, vencedor en la ciudad de Cochabamba, que congregó a los sectores urbanos de clase media y alta. La dinámica política regional y local fue compuesta únicamente por actores sociales territoriales, mientras que las estructuras partidarias nacionales estuvieron ausentes.

El MAS enfrentó adversarios totalmente diferentes y con características distintas en cada territorio. Nunca fue tan inadecuado, desde la óptica masista, que la dirigencia central —encabezada por el ex-presidente Evo Morales— determinara la estrategia y la lista de candidatos a participar en todo el país. La estrategia única frente a rivales atomizados y fragmentados solo podía dar ese resultado.

Los frentes de oposición en estas elecciones fueron movimientos cívicos, organizaciones juveniles y plataformas que defienden la cuestión ambiental, la defensa de la democracia y los derechos civiles. Cada uno de ellos tiene pautas diversas en cada departamento y en cada ciudad. Los partidos políticos fueron espectadores meros o directamente irrelevantes.

¿Cómo se perfila el futuro?

En materia de geografía electoral, de estas elecciones surge un acentuado mosaico multicolor de frentes atomizados y características diversas. Sin embargo, a nivel de candidaturas individuales, en el campo de la oposición hay actores políticos que deben perfilarse como figuras presidenciables para el futuro. Todos esos personajes fueron figuras de peso nacional en el pasado. Reyes Villa (Cochabamba) fue, al inicio del periodo masista, uno de los más notables opositores que terminó exilado por muchos años. Arias (La Paz) fue uno de los ministros más prominentes del gobierno transitorio de Añez. Eva Copa (El Alto) era presidenta del Senado por el MAS y recientemente expulsada del partido. Finalmente, Camacho (Santa Cruz) adquirió renombre nacional al ser uno de los protagonistas de la derrocada de Morales en 2019. Al Mas le queda enfrentar la reorganización interna y la necesidad de encarar la renovación de su dirigencia.

Las elecciones le dejan una enseñanza al país. La representación político-partidaria en el ámbito nacional no influyó al elector y las dinámicas regionales impulsaron una lógica totalmente distinta, estableciendo un equilibrio de fuerzas para los próximos años. Desde la óptica democrática, este panorama puede ser el preámbulo de buenas noticias a futuro.

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