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Una región, todas las voces

«Deconstructing Diego»

Por
Francisco Sánchez
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El fútbol es un hecho global de tal magnitud que trasciende como ninguno las diferencias culturales. Su geopolítica puede simplificarse afirmando que Latinoamérica, aquí también, provee de materia prima a los clubes europeos pagados por los chinos, dueños de los derechos de televisión y petrodólares de jeques que compran equipos por hobby. Pero a diferencia de las commodities, en el fútbol hay revancha cuando Messi, Diego Maradona o Ronaldinho dejan de ser de sus clubes para ser de las selecciones de sus nacionales, de su pueblo. ¡Viva la soberanía!

La relación entre un “futbolero” ―la palabra aficionado queda aquí corta―, el juego y sus jugadores trasciende lo lúdico y lo racional para enraizar en algo más profundo, casi atávico, que explica las reacciones ante la muerte de Diego Maradona. Ahora bien, ¿cómo es que cayeron en la histeria colectiva personas infalibles en juzgar la obra por la conducta del autor? Gente que, por ejemplo, no volvió a ver películas de Woody Allen por las denuncias de su hija, a pesar de que cada vez que escuchan Rhapsody in Blue recuerdan el plano general de Manhattan en blanco y negro. O colegas de la universidad que se sumaron al “aguante”, cual “barra brava”, mientras rehúsan participar, con razón, en eventos no paritarios. Parece que este 25 de noviembre dejaron de lado la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.

Esas aparentes incoherencias no deberían sorprendernos, pues son la evidencia de que Diego Maradona dejó de ser un gran futbolista y una persona con claroscuros para convertirse en mito»

No obstante, y este es mi punto, esas aparentes incoherencias no deberían sorprendernos, pues son la evidencia de que Diego Maradona dejó de ser un gran futbolista y una persona con claroscuros para convertirse en mito. Como tal, se le atribuyen cualidades que no tiene, a fin de construir socialmente una narración maravillosa, fuera del tiempo histórico, en la que realidad y ficción se mezclan. Por eso, sus feligreses no le juzgan por su conducta, como no se juzgaba a Zeus por incestuoso comeniños. Y no solo eso. Igual que las acciones de los seres mitológicos se convierten en épicas y encuentran su lírica, por más irregulares que sean, el gol antirreglamentario del 86 fue divino y parte de la venganza por una guerra perdida. Mientras, otro gol marcado por la mano del mortal Henry, que clasificó a Francia al Mundial, terminó en disculpas del jugador y del presidente de la república.

¿Por qué fue mitificado? Ser un gran futbolista puede ser condición necesaria, pero no suficiente, incluso cuando su recuerdo se haya fortalecido con una selección de buenos momentos en YouTube, capaz de nutrir esa narración épica que ha calado incluso en los menores de 30 años, obligados ausentes de México 86 e improbables espectadores de USA 94, su último Mundial, el del doping, y antesala de su retirada tres años después. También parece insuficiente aquello de que, en realidad, nunca salió de Villa Fiorito ni se olvidó de los suyos ―el pueblo―. A los devotos no argentinos eso no les dice mucho y podría parecerles una visión muy conservadora en la que el talento no evita la condena a permanecer abajo o caer en la desgracia. Un gran aporte viene de la leyenda del rebelde ―del resabiado― que hábilmente se reconvirtió al compromiso político gracias a sus desintoxicaciones en Cuba, acercándose al Olimpo de la rebeldía presidido por Castro, Chávez y el Che. Como a las leyendas no se juzga, nadie vio inconsistencia política en su servicio a las dictaduras misóginas del Golfo. 

Lo que mejor explica la creación de este nuevo mito universal es que el fútbol es el último gran reducto del patriarcado»

Pero, en mi opinión, lo que mejor explica la creación de este nuevo mito universal es que el fútbol es el último gran reducto del patriarcado, que es cosa de hombres y de mujeres. En el juego y sus festejos los hombres pueden, sin ser juzgados, decir que aman a otro hombre, abrazarse, llorar, mostrarse sensibles, a la vez que aguerridos, además de alimentar el gregarismo de la tribu. El resumen perfecto de esa mezcla de sentimientos es Simeone agradeciendo a las madres de sus jugadores porque “los hicieron nacer con unos huevos así de grandes”.

Diego Maradona fue de los mejores en un deporte que significa esas y tantas otras cosas y por ello tiene admiración devota. La diferencia con otros buenos jugadores está en que supo transmitir a sus seguidores emociones dentro y fuera de la cancha, en todos los planos, ayudando a los hombres a liberar sentimientos y a manifestar pasiones. Esto le pasó al ateo vicepresidente español que oró por él un sacrílego Padre Nuestro ―la más patriarcal de las oraciones―, en el cual, el cielo era Cuba, y Dios Padre, Diego Maradona. Ni el líder de un partido que se nombra en femenino puede escapar del patriarcado, aunque seguro quiere, y finalmente acaba saliendo el macho alfa, como se autodefinió a la vez que fantaseaba con azotar a una señora hasta que sangrase.

Por último, y esto es lo importante, no olvidemos que los mitos siempre han tenido una función política y, aunque parezca que pertenecen al pueblo, cuando se trata de legitimar relaciones de poder, aparecen los sumos sacerdotes que lo reclaman. En el velorio de la Casa Rosada pudimos ver quiénes son.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Globovisión en Foter.com / CC BY-NC

Guatemala: el presupuesto y la rabia

Por
Kevin Parthenay
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El 12 de diciembre fue el tercer sábado consecutivo de protestas en Guatemala. Un millar de personas se juntaron frente al Palacio Presidencial para reclamar la dimisión del presidente Alejandro Giammatei y una reforma profunda del sistema político del país. Pocos días antes (el 9 de diciembre), agrupaciones civiles y organizaciones indígenas y sociales bloquearon carreteras en distintas zonas del país en contra de “actos y resoluciones del Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo, que atropellan al pueblo de Guatemala”.

Las protestas se iniciaron el 21 de noviembre (#21N) y se dirigían al Congreso tras el voto del presupuesto nacional. Y, si bien este fue suspendido algunos días más tarde por el mismo presidente, la rabia ciudadana había sido encendida.

El presupuesto de la república presentaba las prioridades del gobierno de Alejandro Giammatei para el año 2021. En un contexto de crisis sanitaria y de una acumulación de frustración social, los manifestantes denunciaron tanto el aumento significativo del presupuesto (y la perspectiva de un endeudamiento mayor del Estado) como el débil compromiso del Gobierno en materia de salud (a pesar de la crisis sanitaria), de derechos humanos y de educación.

Por otra parte, el presupuesto consolidaba las intervenciones estatales hacia sectores afectados por fuertes sospechas de corrupción, en particular, el sector de obras e infraestructuras.

Lo que ha ocurrido desde el #21N no es solo una cuestión de ‘presupuesto”

Sin embargo, lo que ha ocurrido desde el #21N no es solo una cuestión de “presupuesto”. La indignación en Guatemala, que se expresó de manera violenta con el incendio de una parte del Congreso, cuestiona profundamente el sistema político en su conjunto.

No obstante, la ola del #21N tiene antecedentes fundamentales para entender lo que está en juego. Ese déjà vu remite a la “primavera guatemalteca” de abril 2015, protesta social sin precedentes desde la revolución de octubre 1944, que ocurrió en contra del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, como respuesta a sus vínculos con una red de corrupción transnacional. El caso, mejor conocido con el nombre La Línea, se refería a una red que operaba a través de la desviación de tasas de aduana.

De abril a septiembre de 2015, salieron a la calle miles de guatemaltecos de todas las edades y los sectores sociales. Por primera vez, la ciudadanía se manifestaba masivamente contra un sistema de corrupción que tocaba directamente la cumbre del Estado. Las evidencias publicadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que despertaron la rabia social precipitaron la dimisión del presidente Otto Pérez Molina en septiembre 2015.

Esa “primavera” era un primer acto de resistencia frente a una tendencia estructural y de largo plazo de captura del Estado guatemalteco por la elite política o económica del país. Pancartas como “se equivocaron de generación”, “fuera delincuentes disfrazados de gobernantes”, “estamos hartos de su mentira”, “guatemaltecos, rompamos la cultura del silencio” lo atestaban. Esa contestación impulsada por el movimiento #JusticiaYa agrupó a sectores muy diversos de la sociedad mediante una misma prioridad: acabar con un sistema político articulado en torno a la corrupción. Ese precedente creó fisuras en la cultura de la impunidad consolidada en torno al Estado. 

Las elecciones consecutivas de Jimmy Morales (2015) y de Alejandro Giammatei (2019) se pueden entender como intentos de transiciones por el Estado al dirigir la atención hacia el funcionamiento regular de las contiendas electorales para bajar la presión social. Sin embargo, el problema se sitúa lejos de la democracia electoral. Sin ocultar nuevos casos y un fuerte nivel de protesta social durante la administración Morales (2015-2019), se intentó normalizar la vida político-institucional sobre un terreno inhóspito.

El nuevo ‘despertar guatemalteco’ es producto de un proceso histórico de acumulación de frustración y exclusión sociales»

Más allá del asunto presupuestario, el nuevo “despertar guatemalteco” es producto de un proceso histórico de acumulación de frustración y exclusión sociales frente a un sistema político inoperante. También, de un contexto inmediato caracterizado por un estado de crisis multisectorial (salud, ambiente, económico).

A escala electoral, se organizó en 2019 una elección general en un contexto de una gran politización y judicialización del proceso electoral (anulación de candidaturas de Thelma Aldana, Zury Ríos y Edwin Escobar) y de bajísima calidad de la oferta electoral, haciendo eco de la debilidad estructural de los partidos políticos de Guatemala. La elección se hizo sin canalización de las demandas sociales mayoritarias y hubo un declive masivo de la participación, 61,8% en la primera ronda y 42,7% en la segunda. Así, la disfuncionalidad de la democracia electoral en un contexto de fuertes demandas y expectativas sociales era terreno fértil para que se desencadenara la rabia social. 

El voto del presupuesto fue la gota que derramó el vaso y que transformó el hartazgo de la población en un nuevo ciclo de protestas, unas violentas (incendio del Congreso), unas pacíficas (#5D para las manifestaciones del 5 de diciembre, y el #12D). El hartazgo ciudadano ha favorecido una convergencia cada vez mayor de sectores sociales tradicionalmente independientes: asociaciones indígenas, empresas, universidades públicas y privadas y organizaciones de derechos humanos, etc.

A escala político-institucional, el #21N representa el hartazgo con un Gobierno deslegitimado por una gestión crítica de la pandemia de la COVID-19 y por una atención tardía hacia poblaciones afectadas por los huracanes Eta e Iota. Por otro lado, el Poder Legislativo también sufre de un importante descrédito, debido a la acumulación de asuntos de corrupción e instrumentalización de nombramientos de funcionarios (ver el caso reciente de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones).

En este marco, las protestas revelaron fracturas en las élites, con una ruptura política profunda entre el presidente Giammatei y su vicepresidente Guillermo Castillo, quien propuso de inmediato una dimisión conjunta frente a la ola de protestas “por el bien del país”. Este, además, cuestionó la invocación de la Carta Democrática Interamericana (de la Organización de Estados Americanos, OEA) por parte del presidente.

Con la declaración de la Procuraduría de los Derechos humanos de que durante las protestas del #21N ocurrieron violaciones de derechos humanos, el sistema político de Guatemala parece aún más debilitado. Día a día, el Gobierno demuestra incapacidad para proteger tanto a las personas como al territorio, y para ejercer de manera legítima su soberanía. Y la disfuncional democracia guatemalteca se enfrenta a cada vez mayores exigencias ciudadanas y sociales.

Como en el caso de Chile, queda claro que no se trata de una indignación puntual»

A fin de cuentas, como en el caso de Chile, queda claro que no se trata de una indignación puntual, ya que las voces se alzan ahora por un cambio profundo del sistema político. Unos reclaman un cambio del funcionamiento electoral con una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para lograr una verdadera representación política. Otros reclaman cambios más profundos a través de una reforma de la Constitución (la Constitución vigente data del 1985).

No se puede anticipar ni vislumbrar el futuro de esas protestas, pero sí podemos decir que estas se inscriben en una trayectoria ascendente de demandas ciudadanas y sociales frente a un Estado colapsado. Indudablemente, la democracia de Guatemala se encuentra en una encrucijada.  

Foto de Surizar em Foter.com / CC BY-SA

América Latina: vacíos e incapacidades

Por
Adrián Albalá
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Recientemente se ha iniciado en el Reino Unido el plan de vacunación general de la población contra la COVID-19. Alemania viene preparándose desde noviembre, lo que supone, entre otras cosas, una concertación entre el Estado federal y los estados subnacionales para que su propio plan (se prevé que empiece en enero) sea lo más eficiente, rápido y general posible. Muchos otros países, sobre todo desarrollados, también están organizándose para preparar su salida de la pandemia. Esos planes, sin embargo, están lejos de materializarse en América Latina, que, sin haber superado la primera ola de la COVID-19, comienza a ser azotada por la segunda.

¿A qué se debe esta tardanza? ¿A una supuesta indolencia latinoamericana? La respuesta es, básicamente, política e institucional.

La gestión de la pandemia —que llegó a América Latina después de Europa y Asia— y la de su eventual salida ponen en evidencia tres carencias endémicas en la región: de liderazgo; de calidad de las políticas públicas; y, más generalmente, de capacidad del Estado. En algunos casos, esas carencias se solapan. Y en otros —los menos— son mitigadas.

Las carencias de liderazgo tienen que ver directamente con la —falta de— actitud de los jefes de Gobierno como en Brasil y Chile»

Las carencias de liderazgo en América Latina tienen que ver directamente con la —falta de— actitud de los jefes de Gobierno como en Brasil y Chile. Allí, a la minimización de la gravedad de la pandemia se agregó una conducción errática tanto de las acciones de contingencia como de la propia comunicación acerca de esas acciones. Esto ocasionó cacofonías y descrédito de la acción del Gobierno.

El segundo tipo de carencia, el de la calidad de las políticas públicas, es más estructural, como es el caso de Perú, Ecuador y, en menor medida, la Argentina. En esos casos, las medidas de contención del virus han sido mal planificadas o poco seguidas por autoridades locales y, como consecuencia, por la población. Esto hizo que, a pesar de la organización de cuarentenas o lockdowns, las autoridades no consiguieran contener la propagación del virus o lo consiguieran muy tardíamente.

En el caso de la Argentina, el problema ha sido la extensión de la cuarentena. El país fue uno de los primeros en emplear un confinamiento estricto y uno de los que más tiempo lo extendió, lo que parecía mantener la propagación del virus relativamente baja. Sin embargo, a partir de agosto, cinco meses después de que se estableciera el confinamiento, el virus parecía fuera de control y había un aumento exponencial de contagios y muertes.

Los Gobiernos de Chile y, sobre todo de Brasil, han sido muy eficaces en ‘no hacer nada”

Si bien pareciera que Chile y Brasil podrían estar en este grupo, lo cierto es que en esos casos estamos más bien frente a una ausencia de política pública. Sin embargo, es preciso señalar que la ausencia de política pública (o una “no-acción”) es, en sí, una política pública. Y, en ese caso, los Gobiernos de Chile y, sobre todo de Brasil, han sido muy eficaces en “no hacer nada”.

Finalmente, la tercera carencia es de orden institucional y tiene que ver con la capacidad de los Estados de América Latina en emplear políticas públicas, hacer aplicar y respetar las leyes o mantener cierto orden sobre el territorio. La noción de “capacidad estatal” ofrece herramientas analíticas para identificar las causas estructurales y crónicas de una mala gestión. En otras palabras, permite entender el origen del buen o mal Gobierno.

La literatura apunta a que las capacidades de los Gobiernos latinoamericanos son, en general, mediocres o bajas. Esa baja capacidad impacta directamente en la forma en que los países se están preparando para la salida de la pandemia y sobre cómo están o, mejor dicho, no están realizando planes de vacunación.

Hay cuatro países que cuentan con altos niveles de capacidades estatales: Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay»

Hay cuatro países que cuentan con altos niveles de capacidades estatales: Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. Sin embargo, ninguno de los cuatro, que en términos de gestión pública serían “la crême de la crême” de la región, tiene plan de salida ni de vacunación. Pero al menos Uruguay y Costa Rica supieron contener la propagación del virus y presentaron niveles de mortalidad casi tan bajos como los de Corea del Sur.

De nuevo, Brasil y, particularmente Chile, se destacan para mal. Estos dos países suelen ser presentados como los que tienen los servicios públicos mejor capacitados y las instituciones más sólidas de la región. Pero sus mandatarios se las han ingeniado para sortear esos atributos con ataques repetidos a los demás poderes Legislativo y Judicial en el caso de Jair Bolsonaro, y manipulando datos oficiales en el caso de Sebastián Piñera. De esta manera, ambos mandatarios son responsables del debilitamiento de las instituciones.

Asimismo, si América Latina no pone remedio a su errática gestión de la pandemia (véase el ejemplo de Estados Unidos o, en menor medida, Italia y España), reflejada en su manifiesta incapacidad para contener la propagación del virus y su falta de preparación de planes de salida, se harán más que evidentes las limitaciones de sus Gobiernos.

De hecho, la elaboración y aplicación de políticas públicas consiste en la materialización de la presencia del Estado. A su vez, el pacto democrático supone, entre otras cosas, un voto de confianza de la sociedad para que el Gobierno enfrente este tipo de eventualidades. Sin embargo, América Latina alberga grandes “zonas marrones” —áreas en las que el Estado está ausente—, donde el Estado no tiene capacidad para controlar la pandemia y ofrecer protección social y sanitaria a su población. Esto augura momentos críticos en la era pospandemia. Si es que esa era ha de llegar algún día.

Foto de Eneas en Foter.com / CC BY

Venezuela y las elecciones parlamentarias

Por
Xavier Rodríguez-Franco
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La última instancia democráticamente electa que le quedaba a Venezuela ha quedado sentenciada a muerte con las recientes elecciones parlamentarias. Estos comicios, definidos desde el Palacio de Miraflores, marcan el final de una serie de ataques ininterrumpidos contra la mayor victoria política que haya tenido la oposición en dos décadas. Ha sido un agresivo asedio por todos los flancos que duró toda la legislatura: persecuciones y encarcelamientos de diputados, asaltos armados al pleno de sesiones, cortes presupuestarios, bloqueo a todas las facultades constitucionales y hasta el secuestro de las competencias parlamentarias para el nombramiento de la autoridad electoral. Se trata del mayor despliegue autoritario —con diferencia— contra un Parlamento durante las últimas décadas en América Latina.

Esto ocurre a medida que avanza la violación masiva a los derechos humanos, la destrucción del tejido productivo y el recrudecimiento del aislamiento internacional de Venezuela. Una actuación gubernamental en la que la integridad electoral, los derechos civiles, los servicios públicos o la seguridad alimentaria de la ciudadanía parecieran preocuparle casi nada ante su aspiración de control total del Estado.

La convocatoria a las elecciones de la Asamblea Nacional resultaba la oportunidad para dar la estocada final al ámbito institucional»

Ante este contexto y frente a la versión más agresiva del chavismo, la convocatoria a las elecciones de la Asamblea Nacional resultaba la oportunidad para dar la estocada final al ámbito institucional en el que la oposición logró sus más importantes avances políticos. A pesar del asedio, desde enero de 2019, y gracias principalmente a la legitimidad electoral del 2015, la oposición pudo incidir de manera considerable tanto nacional como internacionalmente. Sin embargo, el creciente abstencionismo gestado desde el 2017 terminó favoreciendo la deriva autoritaria y el desmantelamiento de la institucionalidad.

Elección sin electores ni ganadores

Concluido el conteo de los pocos votos válidos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció los resultados en la madrugada del 7 de diciembre. A pesar de la precaria credibilidad, los datos muestran un inocultable desplome de la participación desde el 74% del 2015 al 30,5% actual. Una reducción aproximada del 44% del electorado, la mitad de los electores de la pasada elección. Este dato supera al 31% de las reducción electoral por el retiro de la oposición en las elecciones parlamentarias del 2005.

De esta manera, el oficialismo, sin algarabías ni festejos, retoma la mayoría del Parlamento de Venezuela no para avanzar en su agenda política, sino básicamente para que no se haga más oposición desde esa tribuna. Un espacio menos que silenciar. Después del manejo arbitrario que se hizo con la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, queda claro que la conducción política del chavismo no requiere órganos deliberantes, sino tribunales populares de castigo y escarnio público. Aún así, que de cada diez venezolanos hayan votado tres, y que de estos, muy probablemente dos hayan sido obligados por su condición de funcionario, no invita a grandes celebraciones.

Una vez más, el gobierno de Nicolás Maduro deja en clara evidencia la antidemocrática sobrerrepresentación de la mayoría en el proceso comicial del 2020, consolidando, además, el 93% de los escaños con el 60% de los pocos votos registrados por el CNE. La misma manipulación electoral que hizo en las elecciones del 2010. De modo que para el 2021, Venezuela tendrá un arco parlamentario monocolor, similar al del 2005, y solo comparable con la Asamblea del Poder Popular de Cuba, la Asamblea Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo de Kirguistán o la Duma Estatal rusa.

Pronunciamientos internacionales

Con los días, fueron surgiendo expresiones de rechazo desde las principales democracias del mundo. Un grupo de actores ciertamente minoritario en el concierto de las naciones, pero influyente, que, además de reconocer la ilegitimidad de estas elecciones, aún sigue sin tener planteamientos claros sobre la crisis de Venezuela. De momento, mantienen su apoyo a Juan Guaidó, pero se desconoce cuál será el manejo diplomático o la agenda  mínima de coordinación internacional ante la oleada migratoria más grande que haya conocido la región.

En la primera semana posterior a la elección, ya se habían pronunciado desconociendo los comicios la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y buena parte de Hispanoamérica, salvo Argentina, México y Bolivia. Mientras, del lado del apoyo, se cuentan los esperables respaldos de Cuba y Rusia, Gobiernos que no se caracterizan precisamente por la pluralidad de sus Parlamentos ni por la transparencia electoral.

El apoyo de más de 40 democracias a la oposición, sin embargo, servirá de poco si no hay una renovación estratégica que brinde alternativas más allá de la abstención»

El apoyo de más de 40 democracias a la oposición, sin embargo, servirá de poco si no hay una renovación estratégica que brinde alternativas más allá de la abstención, ya que la asimetría y el ventajismo electoral son esperables en una dictadura. Es necesario un replanteamiento que fomente una mayor coordinación con la diáspora y los Gobiernos americanos y un rediseño de las formas de activismo político comunitario dentro del país, considerando el riesgo creciente de hacer política, y teniendo en cuenta, además, las zonas rurales y urbanas donde el Estado brilla por su ausencia. Esta situación plantea un dilema para el Gobierno interino, pues, a medida que pase el tiempo, la continuidad y sostenibilidad del apoyo exterior se ve seriamente amenazado.

La oposición consulta

En cuanto a la oposición, esta ha puesto en marcha la consulta popular. Se trata de un mecanismo que busca recoger la voluntad de la ciudadanía sobre la permanencia de Nicolás Maduro en la Presidencia, la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, y la petición a la comunidad internacional para que colabore con la causa democrática. Sin embargo, la misma redacción de las preguntas denota la falta de ideas y la imprecisión de los cursos de acción por tomar. Una declaración de intenciones, con tres preguntas, sin ningún efecto político inmediato o tangible.

Más allá del debate en torno a la participación y abstención, lo que busca la oposición con la consulta es renovar parte de la legitimidad perdida, además de justificar, de alguna manera, la posibilidad de prorrogar la continuidad de su mandato después del 5 de enero del 2021 (fecha en la que concluye constitucionalmente la legislatura). Un desafío político importante de cara a la continuidad política del propio Gobierno interino que lidera Juan Guidó, quien por más que se siga considerando presidente encargado, debe su legitimidad a su condición de presidente de la Asamblea Nacional y a su origen electoral precedente.

En suma, estas amañadas elecciones legislativas agudizan aún más el colapso y alejan a Venezuela de una transición democrática con la supresión de la pluralidad del Parlamento y el valor político del voto como instrumento de transformación social. De esta manera, se vacía la vía electoral de cualquier contenido colectivo, desarticulando el diálogo de una sociedad diezmada, desterrada y reprimida. En 2021 Venezuela tendrá un Parlamento ajeno al padecimiento humanitario del país, sin respuestas ni disensos. Tendrá más escaños, pero representarán a 7.5 millones de electores menos, muchos de ellos caminando por el mundo en busca de mejores oportunidades.

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Foto de huguito en Foter.com / CC BY-NC-SA

La tormenta que acecha a Bolsonaro

Por
Gaspard Estrada
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Electo con más del 55% de los votos en 2018 y sobre la base de una plataforma antipolítica, y teniendo como telón de fondo la célebre operación Lava Jato, Jair Bolsonaro llegó al poder con una fuerza política innegable. Después de dos años de gobierno, su popularidad se mantiene por encima del 30% de aprobación, a pesar de su pésima gestión de la crisis sanitaria, así como de sus acciones abiertamente contrarias a la democracia y los valores de la Constitución de 1988. Sin embargo, el año 2021 luce mucho más complicado para el excapitán del Ejército.

Contrariamente a sus antecesores, que habían visto crecer el número de alcaldías gobernadas por sus partidos después de su llegada al Palacio del Planalto, Bolsonaro desaprovechó las recientes elecciones municipales para reforzar su estructura territorial. Su incapacidad para formar una nueva agremiación, luego de haber dejado en 2019 el partido que lo llevó al poder (Partido Social Liberal, PSL), lo deja en una posición de fragilidad frente a un mosaico de partidos de derecha y centroderecha que se impusieron en estas últimas elecciones.

Los resultados de este escrutinio dejan en evidencia una pérdida del impulso del discurso antipolítica»

Si bien los votantes se pronunciaron principalmente en función de asuntos locales, los resultados de este escrutinio dejan en evidencia una pérdida del impulso del discurso antipolítica que se instaló progresivamente en Brasil a partir de 2013. Sin embargo, los principales partidos de la política brasileña desde la redemocratización —Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Partido de los Trabajadores (PT)— no supieron sacar provecho de la onda continuista del ciclo electoral de 2020.

Paradójicamente, fueron los partidos provenientes del partido oficialista durante la dictadura militar (la Alianza Renovadora Nacional, Arena), el Partido Demócrata (DEM) y el Partido Progresista (PP) los que tuvieron los mayores avances. Esto les permitió, junto con el Partido Social Democrático (PSD), ser vistos como los grandes triunfadores de esta elección. Y es probable que dos de sus líderes —el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del DEM, y el líder del PP en la Cámara, Arthur Lira— se vuelvan los dos principales polos de poder en la Cámara con respecto a la renovación de la presidencia de la cámara baja en febrero de 2021.

Dicha elección siempre es un termómetro de la fuerza política del Ejecutivo frente al Legislativo. De hecho, fue a partir de la elección en 2015 de Eduardo Cunha (PMDB) como presidente de la Cámara de Diputados que Dilma Rousseff comenzó a perder progresivamente el control de su base política en el Congreso. Esto llevó a su destitución un año después.

Por su régimen político —presidencialismo de coalición, para retomar el término del politólogo Sergio Abranches—, Brasil siempre ha sido un país difícilmente gobernable. A partir del 2006, con el fin de la llamada “verticalización de las alianzas”, que imponía una política de coaliciones común a escala estatal y federal, el número de partidos aumentó considerablemente, fragmentó aún más el Congreso y dificultó la construcción de mayorías en su seno.

Bolsonaro ha evitado que el Congreso apruebe la apertura de un proceso de destitución, gracias a la entrega de diferentes ministerios a varios partidos del centroderecha»

Hasta el momento, Bolsonaro ha evitado que el Congreso apruebe la apertura de un proceso de destitución, gracias a la entrega de diferentes ministerios a varios partidos del centroderecha. Sin embargo, esta base de apoyo es frágil.

Las perspectivas económicas del próximo año se han degradado. El fin programado del “auxilio de emergencia”, creado durante el mes de abril a instancias de la oposición en el Congreso, causará una pérdida considerable en el ingreso de las familias más pobres del país, lo cual se traducirá en un aumento del desempleo. Según el instituto de estadísticas de Brasil, entre mayo y octubre, casi 4 millones de personas se declararon desempleadas, por lo que la tasa de desocupación fue estimada en 14,1%, la mayor desde que existe la serie estadística.

Esto tiene consecuencias en la popularidad del presidente: si gracias al “auxilio de emergencia”, Bolsonaro logró su mejor tasa de popularidad del año —40% durante el mes de septiembre, según el instituto Ibope—, desde entonces su aprobación ha venido cayendo paralelamente a la disminución del valor del subsidio estatal. De acuerdo con una encuesta publicada hace algunos días, la tasa de desaprobación pasó del 43% al 48% y se volvió mayoritaria de nueva cuenta (la aprobación pasó del 45% al 42%).

Es probable que esta tendencia se mantenga si el Gobierno es incapaz de encontrar una fórmula capaz de continuar el “auxilio de emergencia”. En un contexto de rebrote de la pandemia de la COVID-19 —ya ha costado la vida a más de 170.000 personas— y de creciente aislamiento internacional tras la derrota en noviembre de su principal aliado, Donald Trump, es posible que los partidos aliados del Gobierno en el Congreso reclamen más dividendos a Bolsonaro para mantener su fidelidad.

Pero con las arcas vacías, y sin un programa político definido, será mucho más complejo sortear las nubes que se acumulan sobre la economía, la política o la salud. Y, esta vez, será difícil invocar al “peligro del comunismo” para sortear la tormenta que se avecina.

Foto de jeso.carneiro en Foter.com / CC BY-NC

Energía: una oportunidad ante la crisis

Por
Daniela Delgado
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Mucho se ha discutido sobre el impacto de la COVID-19 en las economías de los países de la región y el mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó la contracción económica para América Latina en -9,1%.  Se han estimado tasas de crecimiento negativas para todos los países de la región, pero poco se ha debatido sobre la importancia del sector energético, que bien puede representar el segundo factor de impacto para la crisis actual.

Aunque la crisis de la COVID-19 comenzó en China a finales de 2019, es a principios del año 2020 cuando se empiezan a sentir los estragos en América Latina no solo de los efectos de la pandemia, sino también de los desacuerdos entre los principales miembros del sector petrolero. Esto, sumado a otros factores, ha tenido como resultado una guerra de precios del petróleo desde entonces.

Los países de América Latina, con economías dependientes de las fluctuaciones de los precios de los commodities, presentan una limitada capacidad de respuesta ante la actual coyuntura»

Los países de América Latina, con economías dependientes de las fluctuaciones de los precios de los commodities, presentan una limitada capacidad de respuesta ante la coyuntura actual. Esa situación se dificultó aún más por la contracción de la demanda en China y por distintas presiones sociales y protestas en países como Chile, Colombia, Ecuador y una profundización de la crisis humanitaria en Venezuela.

La incertidumbre sobre la reacción de los mercados frente a la crisis, las pocas probabilidades de una rápida recuperación de la economía y la contracción del consumo en general vienen presionando negativamente al sector fiscal. La imposibilidad de recolectar impuestos y la baja de los precios del petróleo han limitado la respuesta de los Estados ante la crisis multidimensional del 2020.

En tanto, el sector energético presenta una correlación positiva con la pandemia, que ha causado una contracción importante en la demanda de energía a escala mundial, y por tanto, de los precios de esta. Dentro de la cadena de producción, las afectaciones en el transporte por el confinamiento, así como la baja en las importaciones de bienes intermedios en países como México y Brasil representaron shocks de importancia para dos de las economías más grandes de la región, y sin mencionar la contracción del sector turístico en todos los países.

Otro sector gravemente impactado a escala regional es el eléctrico»

De acuerdo a la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), otro sector gravemente impactado a escala regional es el eléctrico. Los Gobiernos han buscado asegurar el servicio durante el período de confinamiento implantado en todos los países de la región, y en algunos casos se han empleado reducciones en las tarifas. Estas decisiones políticas afectaron el sector fiscal de forma negativa, ya desde el principio de la pandemia.  

Ecuador fue el primer país de América Latina en realizar ajustes fiscales, que incluyeron la reducción del aparato estatal, recortes en la burocracia y la liberalización del precio de algunos combustibles. Cada país de la región ha puesto en marcha distintas políticas con el mismo fin, por ejemplo, renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional en el caso de Argentina.

Las ya complicadas economías de la región requerirán soluciones fiscales creativas, dado que la recaudación de impuestos sigue siendo compleja, así como otras reformas estructurales, debido a la necesidad de garantizar, al menos, el funcionamiento de los sistemas de salud mientras dure la pandemia. En un contexto de bajos ingresos, estas necesidades deberán ser cubiertas de alguna manera, sin descuidar la estabilidad en los presupuestos gubernamentales.

Todas estas condiciones han vuelto a poner en la palestra dos temas fundamentales: la dependencia de las economías de los inestables precios de los commodities y la necesidad cada vez más imperativa de nuevas formas o fuentes de energía. Por ejemplo, el acelerado avance de la tecnología y su uso cada vez más intensivo en todas las fases del proceso productivo hace que la atención esté centrada en el cobre como commodity y en energía con fuentes eólica, geotérmica o hidráulica.

Resulta urgente pensar en alternativas de producción sostenibles para la economía y para la naturaleza»

Una vez más, el crecimiento estará supeditado a recursos naturales. Resulta urgente pensar en alternativas de producción sostenibles para la economía y para la naturaleza. Es apremiante encontrar procesos más eficientes de producción, pero también producir bienes que no solo favorezcan a las economías y empresas, sino también al planeta.

La estabilidad fiscal de muchas economías depende fuertemente de los precios del petróleo. Encontrar alternativas sostenibles se vuelve imperativo para que a largo plazo se puedan asegurar los presupuestos, fuentes de trabajo digno que dependen del sector energético, y el adecuado uso de los réditos del petróleo o industrias relacionadas en los países de la región.

Muchas inversiones serán requeridas a mediano plazo, mientras que a corto plazo se requerirá de respuestas provenientes del gasto gubernamental para seguir enfrentando la pandemia y la crisis. Sin embargo, no hay que perder de vista que las inversiones en la diversificación de las economías traerán buenos resultados en el futuro.

Finalmente, las inversiones no deben centrarse en proyectos energéticos únicamente. Los países deben pensar en forma holística al respecto, desde la preparación de profesionales para el sector, el desarrollo de tecnología y el apoyo gubernamental en forma de subsidios por lo menos al comienzo de la transición. La reorganización de la arquitectura del sector energético en la región, las alianzas estratégicas y los cambios progresivos de las matrices energéticas traerán eventualmente resultados positivos para las economías de América Latina.

Foto de PhotoLanda en Foter.com / CC BY-NC-SA

Ecuador: ¿se podría desdolarizar?

Por
León Padilla
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El 9 de enero de 2000 el Gobierno del Ecuador anunció la adopción del dólar estadounidense como moneda de curso legal, luego de una profunda crisis económica, financiera y social. Entre 1998 y 2000 el PIB nominal disminuyó 35% y el PIB per cápita cayó un 33%. El sucre se devaluó 359,7% como consecuencia de las políticas adoptadas. La pobreza pasó del 56% en 1995 al 69% en 2001; el desempleo subió del 8% al 17%. Los salarios reales se redujeron aproximadamente 40%. La decisión fue unilateral, desesperada y carente de un proceso de coordinación política y económica.

A principios del siglo XXI varios economistas plantearon la posibilidad de que más países de Latinoamérica se dolarizaran para palear la inestabilidad cambiaria de los años ochenta y noventa»

Aunque a principios del siglo XXI varios economistas plantearon la posibilidad de que más países de Latinoamérica se dolarizaran para palear la inestabilidad cambiaria de los años ochenta y noventa, luego de la dolarización en El Salvador en 2001 ningún otro país de América Latina acogió este sistema. Lo cierto es que la dolarización, como cualquier otro régimen cambiario, supone beneficios y costos.

Por una parte, un esquema de dolarización facilita la estabilidad macroeconómica y de credibilidad internacional, la reducción de costos de información, una estabilidad de los precios relativos, la eliminación del riesgo cambiario, la disminución del riesgo país y de las tasas de interés y el incremento del comercio con Estados Unidos.

Por otra parte, un sistema de dolarización también implica la pérdida de la emisión monetaria y de la política cambiaria, la renuncia de los ingresos de señoreaje, un deterioro de la soberanía, la ausencia de un prestamista de última instancia y la ausencia de una fuente de financiamiento fiscal.

En el período posdolarización los principales agregados macroeconómicos han evolucionado favorablemente»

En el caso del Ecuador, en el período posdolarización los principales agregados macroeconómicos han evolucionado favorablemente. La inflación se ha situado en rangos menores a un dígito, el desempleo ha presentado niveles moderados, el riesgo soberano ha sido inferior en comparación con la época de autonomía monetaria y la inversión ha crecido a una mayor velocidad.

Sin embargo, otros indicadores no han presentado el desempeño esperado. La inversión extranjera directa ha sido mínima. El cambio de la matriz productiva no ha podido consolidarse. La economía refleja una mayor dependencia del petróleo en comparación con el período de predolarización. Además, y más importante, los desequilibrios externos (como la apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo o la actual pandemia de la COVID-19) magnifican la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana ante la imposibilidad de utilizar herramientas de política monetaria.

El punto relevante es que, aunque la dolarización proporciona un ancla para la inflación, esta no garantiza la resolución de problemas estructurales e institucionales.

Lejos de una discusión con sólidos argumentos técnicos, la desdolarización ha sido utilizada como bandera para la descalificación política»

A principios del 2021, el Ecuador elegirá el nuevo gobierno. En este contexto, nuevamente entra en la palestra del debate político la posibilidad de desdolarizar la economía. Sin embargo, lejos de una discusión con sólidos argumentos técnicos, la desdolarización ha sido utilizada como bandera para la descalificación política al generar preocupación en la población.

La mayoría de las personas mantienen una posición contraria a un sistema con moneda propia, ya que varias encuestas demuestran que, en general, los ecuatorianos están a favor de la dolarización. Pero esta percepción, errada o no, está influenciada, en gran medida, por episodios pasados, en especial por el manejo errático de la política monetaria a finales del siglo XX.

Pero ¿desdolarizar la economía del Ecuador es una posibilidad real? Pese a que la dolarización en el Ecuador presenta debilidades en su construcción y funcionamiento, a corto plazo la decisión más adecuada sería mantenerla. Si bien es necesario precisar que la situación ideal para el manejo económico es contar con una autonomía monetaria y la posibilidad de realizar ajustes al tipo de cambio, la aplicación de este sistema ha coincidido con un prolongado período de estabilidad macroeconómica, pese a varios eventos adversos que han sucedido en el transcurso de estas dos décadas.

No obstante, para mantener la dolarización es indispensable que a mediano plazo se establezcan ciertas condiciones que permitan fortalecer este régimen. Estas son: fomentar el desarrollo de sectores productivos más sustentables, al mismo tiempo que reducir la dependencia petrolera; establecer mecanismos legales para evitar un manejo irresponsable de los recursos fiscales y evitar el crecimiento de la deuda pública; procurar un papel pasivo del Banco Central en el manejo de la política monetaria; incrementar la presencia de instituciones financieras internacionales para evitar eventos inesperados de iliquidez; y fomentar un mayor grado de flexibilidad en el mercado laboral.

Es necesario que el Ecuador establezca alternativas monetarias a largo plazo«

Finalmente, es necesario que el Ecuador establezca alternativas monetarias a largo plazo. La historia ha demostrado que incluso los regímenes cambiarios rígidos pueden romperse. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que en el futuro una opción monetaria sea la adopción de una moneda regional frente a una hipotética salida de la dolarización, incluso más conveniente a la opción de regresar a un esquema de moneda propia.

No obstante, un proyecto de tal magnitud debería estructurarse con los más estrictos criterios técnicos y tomando como referencia el proceso de integración monetaria de la Eurozona y la realidad latinoamericana.

Foto de Cocoabiscuit en Foter.com / CC BY-NC-ND

Protección a venezolanos en Sudamérica

Por
Leiza Brumat
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Coautora Luisa Feline Freier / Los países sudamericanos han recibido muchos más venezolanos que el número de solicitantes de asilo que la mayoría de los países europeos recibieron durante la crisis de los refugiados del Mediterráneo. Mientras que la Unión Europea (EU), con una población total de alrededor de 450 millones de personas, recibió 1,5 millones de sirios en el punto álgido de la crisis, los países sudamericanos, con una población similar (430 millones), recibieron más de 4,5 millones de venezolanos en los últimos cuatro años. Aunque el éxodo de venezolanos se redujo debido a la pandemia de la COVID-19, nunca cesó y los expertos esperan que el flujo de salida aumente significativamente una vez que se reabran las fronteras de la región.

La UE publicó recientemente el Pacto sobre la Migración y el Asilo, que hace una distinción clara entre «refugiados» y «migrantes irregulares», lo que significa que hay algunos que merecen protección y otros que deberían ser detenidos y devueltos.  Sugerimos que América del Sur presenta un caso interesante —y contrastante— para la movilidad y la protección de los refugiados. El régimen sudamericano hace la distinción entre entrada y estancias irregulares, y solicitantes de asilo y refugiados, casi irrelevante en la práctica, ya que los migrantes irregulares tienen acceso a los derechos básicos y a la residencia legal, en muchos casos.

El régimen formal de protección de refugiados de América Latina

La Declaración de Cartagena es el instrumento representativo de la liberalización de la gestión del asilo en América Latina. La definición de refugiado, de Cartagena, amplía la protección a «las personas que han huido de su país porque su vida, su seguridad o su libertad se han visto amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público».

Hasta la fecha, la mayoría de los países sudamericanos han incluido en su legislación nacional la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, junto a un enfoque de la protección de los refugiados que está centrado en los derechos humanos.

En general, las leyes de América Latina son muy progresistas»

En general, las leyes de América Latina son muy progresistas. En América del Sur, Brasil y Argentina ofrecen casos interesantes, ya que las Constituciones de ambos países incluyen el derecho de asilo. Las leyes sobre refugiados de ambos países extienden a los refugiados los mismos derechos de los nacionales, excepto el derecho a votar en las elecciones nacionales. También conceden, tanto a los refugiados como a los solicitantes de asilo, el derecho a trabajar, exigen una rápida acreditación de los títulos extranjeros y ofrecen pleno acceso a la sanidad pública y a la educación.

Protección de hecho a través del régimen de movilidad regional

Actualmente, hay dos asuntos polémicos en relación con la situación jurídica de los venezolanos en la región. La primera es el punto de si los venezolanos deben considerarse migrantes o refugiados, dado que no hay consenso regional sobre si se debe ampliar la condición de refugiado a ellos sobre la base de la definición de Cartagena. Hasta ahora, solo el Brasil y México han aplicado la definición de refugiado de Cartagena a un número importante de solicitantes de asilo venezolanos. La mayoría de los países de América del Sur decidieron adoptar diferentes medidas ad hoc, como visados temporales y tarjetas de movilidad en la frontera.

El segundo punto es que Venezuela fue el único país que no ratificó el Acuerdo de Residencia (RAM) del Mercado Común del Sur (Mercosur) de 2002, un hito en la gobernanza regional de la migración en América del Sur, que podría dar una condición migratoria legal a la mayoría de los venezolanos que viven en otros países de América del Sur.

El RAM crea un régimen de residencia libre al otorgar un derecho de residencia de hasta dos años, tras los cuales los migrantes pueden solicitar la residencia permanente. Garantiza un amplio conjunto de derechos que incluyen un trato igual al de los nacionales, la reunificación familiar y derechos especiales para los niños nacidos en uno de los Estados miembros (incluyendo el acceso a la educación).

En el RAM, la situación regular frente a la irregular de los migrantes no determina el acceso de los migrantes a los derechos y la regularización. Esto constituye una diferencia fundamental con el Pacto de la Unión Europea, que se centra en el «control» y el «retorno» de los migrantes irregulares. Sin embargo, solo Argentina y Uruguay aplican (unilateralmente) el RAM a los venezolanos.

Conclusión: lecciones del Sur

América del Sur presenta un caso interesante que podría ofrecer algunas lecciones para otras regiones del mundo. El régimen de América del Sur funciona de maneras diferentes, y a veces contradictorias. Por un lado, la legislación es excepcionalmente progresista, incluyendo la definición ampliada de refugiados de Cartagena y la integración socioeconómica de los refugiados y migrantes. Por ejemplo, en toda la región, los venezolanos pueden trabajar tan pronto como llegan a la mayoría de los países de acogida, independientemente de su condición de migrantes o refugiados.

Países como el Ecuador y el Perú han limitado la entrada legal por razones políticas»

Por otra parte, también hay espacio para el aprendizaje, dado que la legislación oficial sobre refugiados coexiste con diferentes prácticas políticas, algunas de las cuales son restrictivas y violan las obligaciones internacionales. Por ejemplo, países como el Ecuador y el Perú han limitado la entrada legal por razones políticas. En cualquiera de los casos, existe una conciencia regional de que las fronteras son porosas y de que no es posible impedir la migración de las personas.

Es cierto que las similitudes culturales, incluyendo las diferencias lingüísticas y religiosas prácticamente inexistentes entre los venezolanos y sus vecinos regionales, facilitan su integración, mientras que las diferencias entre los migrantes del Medio Oriente y Europa septentrional y los europeos son más amplias.

Sin embargo, la lógica del régimen sudamericano es diferente, puesto que considera que la solución a la migración irregular no es la deportación, sino la regularización. Los migrantes en situación regular son más fáciles de integrar en la sociedad y la economía formal. La regularización es especialmente importante en los tiempos de la COVID-19, cuando el acceso a la atención sanitaria es crucial.

Aunque existen importantes diferencias entre los países y una creciente resistencia a la regularización, debido al gran tamaño del desplazamiento de venezolanos en algunos países, en general esto se opone a la lógica de bloqueo de la llegada de migrantes que prevalece en la UE.

*Una versión extendida y en inglés fue publicada en el foro del proyecto ASILE (Global Asylum Governance and the European Union’s Role)

Foto de UNICEF Ecuador en Foter.com / CC BY

COVID-19 y patologías del poder

Por
Pía Riggirozzi
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Coautora Belén Herrero / Mientras los principales ensayos clínicos llegan a su fin, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en 2021 se necesitarán 2.000 millones de dosis contra la COVID-19. Todo indica que, una vez disponibles las primeras vacunas, lo que primará será la lógica del mercado. ¿Quiénes acceden primero?  

A nueve meses de haber empezado la pandemia, no se han hecho acciones para declarar a esas vacunas como un bien público mundial. Se estima que las naciones ricas —con solo el 13% de la población mundial— ya han preadquirido la mitad del suministro potencial de vacunas en el mundo. A esto se suma que los distintos laboratorios vinculados a la fabricación continúan exigiendo la exclusividad y la protección de la propiedad intelectual. Esto impide a los países de ingresos bajos y medianos prepararse más rápidamente para producir y exportar versiones genéricas. 

El debate sobre soberanía sanitaria en América Latina cobra un protagonismo central»

Aquí el debate sobre soberanía sanitaria en América Latina cobra un protagonismo central. Por un lado, está el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (iniciativa Covax, por sus siglas en inglés), una iniciativa público-privada, codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS. Covax apunta a convertirse en un mecanismo global para la compra de vacunas. Por el otro, la vacuna contra el coronavirus, producida por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, estará disponible, sin fines de lucro y «a perpetuidad», para países de ingresos bajos y medianos por medio del programa Covax.

Si bien esto puede convertirse en un mecanismo mundial para la compra de vacunas, no garantiza el acceso equitativo permanente o su relación con el cuestionado sistema de patentes. Aquí, dos datos novedosos que reposicionan a América Latina en el debate sobre soberanía sanitaria: uno, Argentina y México serán los países encargados de fabricar la vacuna Oxford-Astra-Zeneca. Segundo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, apoyado por 37 países, ha impulsado una propuesta en el seno de la Asamblea Mundial de la Salud para un pool de licencias voluntarias de medicamentos, vacunas y tecnologías para compartir libremente.

En el momento más crítico de la integración regional, ¿podrán Argentina y México ser pivotes para construir relaciones regionales en torno a la vacuna como bien público regional, con el fin de abordar los desafíos sanitarios y sus determinantes sociales, políticos y económicos? ¿Podrá la región convertirse en un factor clave en esta nueva etapa de la pandemia, en la búsqueda de mecanismos para garantizar el acceso equitativo?

La COVID-19 como espejo de las deudas sociales y sanitarias en la región

La COVID-19 en América Latina revela y ahonda desafíos sanitarios inmediatos en Estados débiles, o debilitados, con sistemas de salud frágiles, así como retos a mediano y largo plazo que están relacionados con el combate a la pobreza y la desigualdad e inequidades socioeconómicas y de género. Recordemos que la COVID-19 se suma a epidemias como el dengue, cuya tasa es de, en lo que va del año, más de 1,6 millones de casos, mayoritariamente en Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia. A esto se suman casos de chikunguña, zika y malaria, con Venezuela a la cabeza desde 2017.

Ciertamente, las crisis sanitarias exacerban todas las formas de injusticia social manifiestas en desigualdades en el acceso a servicios sanitarios, a la educación, al acceso a la protección social, y justicia de género. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha apelado a la reconstrucción de un pacto social regional que, como máximo propósito, promueva un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo; y como mínimo propósito, mitigue la pérdida en el progreso de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esto es una expresión lozana en un contexto donde hasta ahora ha primado la salida individual para contener la expansión de la covid en la mayoría de los países.

A diferencia de la década pasada, no hay motor común, sino retracción del regionalismo por la pérdida de liderazgo regional»

De hecho, la pandemia irrumpe en una región que da cuenta de una clara incongruencia entre, por un lado, el incremento de problemas regionales y fronterizos, y, por el otro, la disminución de respuestas concertadas. A diferencia de la década pasada, no hay motor común, sino retracción del regionalismo por la pérdida de liderazgo regional. Además, hay una absoluta agenda de mínima, que está vinculada al comercio que explica la ausencia de respuestas regionales sólidas frente a crisis y, sobre todo, frente a la COVID-19.

También hay tensión en términos político-ideológicos e importantes diferencias entre los Estados sobre cómo responder al contexto geopolítico internacional. Aun así, la carrera por la vacuna contra la covid aceleró, a su vez, la carrera por la articulación y concertación en lo que en rigor sería la reconstrucción de la soberanía sanitaria.

¿Vacuna como motor de integración? Hay legado

Una década atrás, la Unasur y el Mercosur hubieran permitido una coordinación y cooperación ante la crisis sanitaria, así como una estrategia conjunta para la compra de medicamentos, incluyendo la vacuna. Basta recordar acciones comunes en el marco de la pandemia de influenza de H1N1, cuando los ministros de Salud se reunieron en Ecuador y acordaron emprender acciones conjuntas para establecer mecanismos de negociación y compra conjunta de la vacuna, aspectos para asegurar el acceso equitativo, la capacidad de producción regional, los antivirales y los kits diagnósticos.

En el área de acceso a los medicamentos, por ejemplo, se desarrollaron proyectos como el Banco de Precios de Medicamentos y tanto la Unasur como el Mercosur han motorizado la negociación conjunta de precios de medicamentos de alto costo. Incluso, a escala global, los países de la región defendieron como bloque en la Asamblea Mundial de la Salud los derechos de propiedad intelectual sobre el acceso a medicamentos. Y en ese contexto denunciaron el monopolio que ejercen las empresas farmacéuticas, especialmente en la definición de precios.

América Latina cuenta con sobradas experiencias y mecanismos para recrear soberanía sanitaria a través de la cooperación. Una articulación más efectiva entre los mecanismos de integración regional podría permitir la ampliación del intercambio de datos epidemiológicos y de vigilancia, así como la adopción de incentivos para la innovación tecnológica. Las estrategias de negociación y compra conjunta de vacunas y tratamientos para la COVID-19 también podrían beneficiarse enormemente si los mecanismos pudieran desarrollarse de forma articulada.

La vacuna no remueve lo que el médico y antropólogo Paul Farmer denomina las patologías del poder ni diferencias político-ideológicas que debilitaron las estructuras regionales como base de estrategias comunes. Tampoco resuelve problemas de desvío comercial ni mucho menos es antídoto para que los Gobiernos no repitan las muchas prácticas discriminatorias mostradas durante el abordaje de la pandemia. Como ejemplo, las políticas que excluyen refugiados y migrantes indocumentados del acceso a servicios de salud y sistemas de protección social.

La vacuna es un incentivo comercial, si se quiere. Sin embargo, también puede ser un incentivo para dinamizar un nuevo pacto social y regional, que se base en sinergias entre redes de laboratorios y comunidades científicas regionales, así como una articulación de esfuerzos públicos y privados que privilegie la responsabilidad compartida en el acceso universal y equitativo a la vacuna como bien público regional, y a la salud, como derecho universal.

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Foto da Presidência Peru en Foter.com / CC BY-NC-SA

Encuestas, medios y democracia

Por
Leonardo Magalhães
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Quienes trabajan en el campo profesional de la opinión pública en América Latina saben que existe un embargo mediático a la publicación de encuestas de opinión, superado solo por los tradicionales institutos de demoscopia en sus respectivos países. En los grandes medios de comunicación tradicionales son pocas las encuestadoras que tienen siempre las puertas abiertas para la difusión de encuestas de intención de voto, mientras que las empresas más recientes, a menudo, no logran publicar sus datos. Esta exclusividad no se apoya en criterios de calidad o capacidad de predicción, ya que las encuestadoras más recientes han mostrado mejores resultados que las tradicionales en las últimas elecciones.

La tradición de publicar encuestas de algunas pocas fuentes, que se remonta a una época en la que solo existían tales encuestadoras, ya no tiene sentido. Esta actitud desalienta el libre mercado en el ámbito de la opinión pública, no estimula el aumento de la calidad de los sondeos e impide el acceso público a una mayor pluralidad de fuentes de información fiable.

Los institutos de investigación tradicionales de América Latina nacieron y se consolidaron en el siglo XX cuando existían muy pocas instituciones con capacidad técnica e intelectual para la ardua labor de comprender el clima social de poblaciones enteras.

La politóloga de la Universidad de Harvard, Pippa Norris, afirma que uno de los rasgos característicos de la evolución de las campañas electorales a lo largo del siglo XX es identificable, entre otras cosas, por la centralidad que las encuestas de opinión ganaron en la política. La autora explica que en las campañas premodernas los candidatos se presentaban con sus propias propuestas y buscaban el consenso del público sin recurrir a los sondeos de opinión. Según Norris, con la llegada de las campañas posmodernas en los últimos decenios, los políticos comenzaron a utilizar las encuestas para comprender a los votantes y, así, construir una amplia variedad de discursos personalizados que se adaptaran a cada segmento del electorado.

En los últimos diez años han surgido nuevas empresas de investigación que, si bien son relativamente menos conocidas, han demostrado una mayor capacidad en materia de previsión electoral»

En este contexto, los principales medios de comunicación se asociaron con las encuestadoras tradicionales en un momento en que estos estudios eran sumamente costosos, complejos y accesibles para muy pocos. Hoy en día el panorama es mucho más complejo, dado que en los últimos diez años han surgido nuevas empresas de investigación que, si bien son relativamente menos conocidas, han demostrado una mayor capacidad en materia de previsión electoral que los institutos tradicionales de varios países, sobre todo, gracias al uso de métodos de estratificación muestral más precisos y analíticos, que tienen en cuenta aspectos de lo social que las antiguas encuestadoras todavía no utilizan.

Un ejemplo significativo es el del instituto de investigación brasileño AtlasIntel, que realiza encuestas exclusivamente por internet. La encuestadora logró el mejor desempeño en las elecciones municipales de Brasil de 2020 según el diario O Antagonista y fue la única encuestadora que acertó el resultado de la elección presidencial de Argentina de 2019, según El Clarín. AtlasIntel también fue la mejor encuestadora en las recientes elecciones presidenciales de EE. UU. Según los datos de FiveThirtyEight, Atlas quedó en primer lugar y superó a encuestadoras tradicionales como YouGov, Gallup, Pew Research e Ipsos. En este contexto, otras encuestadoras también fueron más exactas que las tradicionales en sus pronósticos, pero hubo resistencia por parte de los medios estadounidenses en publicar sus resultados.

Si bien los periódicos estadounidenses asumieron que sus encuestadoras fallaron en las predicciones en 2020, las encuestadoras que obtuvieron mejores resultados fueron silenciadas y se transmitió la idea errónea de que esa elección no podía predecirse adecuadamente.

Lo que está ocurriendo es una enorme resistencia por parte de los medios en entender que se está produciendo una renovación generacional de encuestadores. Esta resistencia está reforzando una especie de “oligopolio de la publicación”, en el que las encuestadoras con una capacidad de predicción incontestable se enfrentan a enormes dificultades para divulgar sus investigaciones, debido a una decisión editorial explícita a favor de los institutos tradicionales.

No es raro escuchar a periodistas de diferentes países afirmar que no pueden divulgar datos de «otras» encuestadoras por decisión editorial. Esta elección, en algunos casos, se justifica por un acuerdo de exclusividad entre los medios y el instituto y, en otros, por temor a represalias en el acceso a futuros datos.

Hay casos en los que los medios se autocensuran para evitar posibles recortes de fondos públicos de publicidad»

En otros casos, existe una orientación editorial explícita de no divulgar encuestas que puedan «tocar» los intereses de ciertos políticos o partidos. Hay casos en los que los medios se autocensuran para evitar posibles recortes de fondos públicos de publicidad.

Las investigadoras Belén Amadeo y María Eugenia Tesio, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizaron en 2015 un estudio sobre cómo los medios argentinos abordan la publicación de encuestas electorales, y citaron a empresas como Poliarquía, Management & Fit y CEOP. El estudio revela que los medios terminan utilizando las encuestas como herramientas que reproducen la postura editorial sobre determinados candidatos, pero sin analizarlas debidamente con profundidad técnica.

Según la politóloga ecuatoriano-brasileña María Villarreal, de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO), en el caso de Ecuador existe una línea más enfocada en apoyar u oponerse a determinadas fuerzas políticas en la elección de las encuestas por publicar. Los institutos destacados son Cedatos, Celag, Opecuador, Informe Confidencial y Market. Además, Villarreal afirma que, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de febrero de 2021, circulan en los medios algunas encuestas completamente contradictorias, lo que tiende a aumentar la desconfianza del elector.

Un caso representativo es el de la empresa First Análisis y Estudios en Paraguay, considerado como el instituto tradicional de los grandes medios de comunicación. En 2018 esta empresa publicó tres encuestas que fueron consideradas las más confiables, pero que fracasaron con un error de alrededor del 20% en relación con el resultado de la elección presidencial.

El politólogo Alejandro Moreno, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), afirma que en su país los márgenes de error han ido aumentando paulatinamente en las últimas dos décadas y que “caería bien un reemplazo generacional de encuestadores públicos”.

Esta situación es perjudicial para el desarrollo del sector de la opinión pública, ya que limita la libertad de mercado, favorece la concentración y debilita el profesionalismo. Además, esta preferencia por los institutos tradicionales, cuyos análisis son muchas veces erróneos en sus predicciones, termina por socavar la credibilidad de todo un campo profesional y alimentando teorías de la conspiración.

Desde el punto de vista de los medios de comunicación, en tiempos de posverdad, la reproducción sistemática de pronósticos equivocados aumenta la desconfianza en las instituciones, en especial en los propios medios de comunicación.

Algunos medios, además, no están dispuestos a celebrar un debate abierto sobre la calidad de las encuestas y a comparar sus resultados. Esto, a pesar de que la exposición pública de los errores y aciertos fomenta el aumento de la calidad de las investigaciones.

En general, la calidad de la comunicación pública afecta directamente a la calidad de la propia democracia, como afirma la profesora Maria Helena Weber, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Ufrgs). La comunicación pública es la mejor fuente de información disponible para que el público se oriente y tome decisiones de naturaleza política.

Las encuestas tienen el poder de afectar el voto. Por ello, los medios de comunicación, como guardianes de la democracia, tienen el deber de guiar al público publicando encuestas de diferentes y contrastadas fuentes, para que los votantes puedan formarse su propia opinión. Por último, y especialmente en estos tiempos de «terraplanismo ideológico», es importante iniciar un debate técnico sobre cómo se hacen las encuestas y por qué sus resultados varían tanto entre encuestadoras.

Foto por Iván PC en Foter.com / CC BY

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