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Una región, todas las voces

Maradona, el gladiador argentino

Por
Fabián Bosoer
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Murió el último gran ídolo popular argentino del siglo veinte, Diego Armando Maradona, el rey del fútbol que asoció su nombre al de su país en todos los rincones del mundo: una “marca registrada” de la Argentina. Fue la “crónica de una muerte anunciada” (no por eso menos imprevista) porque hace tiempo venía transitando la cornisa entre la vida y la muerte por la adicción de drogas, alcohol y medicamentos; lejanos ya los tiempos del deportista que deslumbró a multitudes en los estadios y campeonatos, desde sus orígenes modestos y plebeyos hasta su consagración internacional con todos los honores y reconocimientos.

Tras ganar el campeonato mundial juvenil en 1979, a los 19 años, con la selección argentina y triunfar dos años después en Boca Juniors, inició un periplo europeo que lo llevó al Barcelona (1982-84), el Nápoles (1984-91) y el Sevilla (1992-93). De regreso a Argentina jugó en Newell’s Old Boys y en Boca antes de retirarse en 1997. Con la selección argentina participó en cuatro Mundiales y se alzó con la Copa y el título en el de México (1986), en el que tuvo una inolvidable actuación. Allí fue el partido con Inglaterra, tal vez el más recordado de su carrera por los dos goles que le dieron la victoria, que pasaron a la historia como “el gol del siglo” y el de “la mano de Dios”, y por las implicancias extrafutbolísticas de esa contienda, a cuatro años de la guerra de Malvinas (1982), todavía con las heridas abiertas. En numerosas ocasiones, Maradona fue eso: el artífice de una recuperación del orgullo nacional.

El genial jugador de balompié y el muchacho de barrio que ganó fortunas devino un referente de tantas otras cuestiones, un ícono del “mundo fútbol” con toda la parafernalia que mueve a su alrededor y la farándula de la “pantalla caliente”; del espectáculo desde el que pareciera posible representar y explicar a la realidad misma en sus más variadas expresiones. 

El hombre que encarnó al personaje y lo cargó sobre sus espaldas hasta donde pudo, dijo ‘basta»

Superlativo, inigualable, pícaro e irreverente, polémico, controvertido, caprichoso, desmesurado, siguió participando en la escena pública tras su retiro del campo de juego: como director técnico y entrenador, como comentarista o estrella de televisión. Como actor de su propia historia, con sus juergas e infidelidades, amores y enojos. De esa última etapa se recordará su adhesión a las izquierdas populistas latinoamericanas representadas por Hugo Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva y por su simpatía hacia Néstor y Cristina Kirchner. El hombre que encarnó al personaje y lo cargó sobre sus espaldas hasta donde pudo dijo “basta” este 25 de noviembre a los 60 años. Una catarsis colectiva de tristeza y desconsuelo produjo su despedida. Catarsis, desconsuelo y revelación.

Porque al desaparecer el Maradona terrenal, de carne y hueso, se revela y cobra vuelo propio el Maradona mito y leyenda; nacional y universal, transversal y policlasista, que atraviesa las “grietas” y unifica las camisetas. Hay ahora un Maradona para cada uno. Donde poner los mejores recuerdos de nuestras vidas, los sueños y alegrías. Y las esperanzas y promesas de “redención”.

Desde el fútbol hasta la política, y desde las más remotas aldeas hasta las grandes ciudades de la aldea global se representa en su figura (en su surgimiento, ascenso, apogeo y declinación) el destino heroico (y, a la vez, trágico) de los gladiadores. Esos luchadores que representaban las grandes batallas en la arena del circo romano y también entretenían al pueblo y ofrecían a los espectadores un modelo; al combatir o morir con dignidad, podían inspirar admiración y reconocimiento popular. El gladiador, de Russell Crowe, película que cumplió veinte años este 2020 neomedioeval, es un auténtico guerrero convertido en esclavo, que se libera del yugo al que fue sometido ofrendando su vida.

“Nos hacía sentir que era el gladiador argentino ante el mundo. Nos llenó de alegrías, así actuaba. Fue un hombre que nos dio enormes satisfacciones como pueblo», dijo de él el presidente Alberto Fernández. El New York Times resumió en cuatro líneas la noticia del deceso: “El argentino que se convirtió en uno de los grandes jugadores de fútbol murió a los 60. Su leyenda fue estropeada por su adicción y excesos”. El politólogo y asesor presidencial Marcelo Leiras replicó en un teet: “Lo que es no entender nada”: la leyenda no fue estropeada, resiste sus manchas y opacidades.

Ese es el drama argentino: qué es lo que se ve en ese espejo de la argentinidad que encarnó Diego Armando Maradona»

Las resiste, pero a veces también las tapa e incluso la justifica. Ese es el drama argentino: qué es lo que se ve en ese espejo de la argentinidad que encarnó Diego Armando Maradona: la historia real con todos sus claroscuros, los mitos populares y las leyendas y narrativas que construimos sobre él. Todos son registros igualmente valederos y representativos de nuestra cultura.

El problema es cuando se confunden realidades con ficciones, defectos con atributos, hazañas con frustraciones. Maradona, recién ahora, descansa en paz. Pudo tener su definitivo responso en la intimidad del ámbito familiar que la fama hace mucho le había sustraído y no llegó a recuperar y disfrutar en vida. Mientras tanto, allí afuera, la Argentina toda lo llora y el mundo lo recuerda en sus momentos de gloria. No pudo tener el funeral multitudinario y en paz que el Gobierno había improvisado en la Casa Rosada, buscando emular el de Néstor Kirchner diez años atrás. Todo terminó penosamente, empañado por disturbios, barrabravas, corridas con gases lacrimógenos y duros cruces políticos que devolvieron esa otra imagen de la que Maradona fue imagen, y víctima: excepcional talento individual e incomprensibles desarreglos colectivos.

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Copyright Clarín y Latinoamérica21, 2020.

Foto de lainformacion.com en Foter.com / CC BY-NC

Perú: la hora del Quijote

Por
Fabián Bosoer
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La crisis política reciente en Perú muestra que ya no hay «salvadores de la patria» que se alcen con el poder a través de golpes de Estado y eso está bien; el Perú se rescata desde la literatura, la cultura y el puñado de políticos no enchastrados de corrupción. Parece que han encontrado a la figura indicada, un presidente interino (Francisco Sagasti) al que llaman «el Quijote», para encarrilar el proceso político tras la vacancia institucional por la destitución de Martín Vizcarra.

Es inevitable la referencia a la frase que Mario Vargas Llosa puso en boca de su personaje protagónico (Zavalita) en Conversación en la catedral: todos se preguntan: “En qué momento se jodió el Perú”, para abordar la crisis institucional por la destitución del presidente Vizcarra por una mayoría parlamentaria.

Todo comenzó a echarse a perder hace treinta años con la llegada de Alberto Fujimori a la Presidencia en 1990″

Todo comenzó a echarse a perder hace treinta años con la llegada de Alberto Fujimori a la Presidencia en 1990, cuando decidió cerrar el Congreso y convertirse en un dictador electivo en abril de 1992. Al cabo de casi una década en el poder, dejó una democracia estropeada. De los nueve presidentes que tuvo Perú desde el fin del régimen militar en 1980, siete fueron condenados, enchastrados por escándalos o con investigaciones judiciales en curso.

Fujimori cumple condena por crímenes y corrupción. Alan García se suicidó antes de ser detenido; Alejandro Toledo, con libertad bajo fianza en los EE. UU.; Ollanta Humala, procesado en libertad condicional; y los más recientes, Pedro Pablo Kuczynski (destituido), bajo la lupa por el escándalo de Odebrecht; Vizcarra (también removido), investigado por supuestos sobornos cuando era gobernador, y el efímero Manuel Merino, por la muerte de dos manifestantes. Solo Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y Valentín Paniagua, que gobernó ocho meses en 2000-2001, salieron indemnes de este naufragio de su clase política.

La debacle de los partidos políticos tradicionales genera, además, que en el Congreso peruano primen los intereses personales y facciosos. Pero también se puede ver de otro modo, ampliando el foco de su historia: los últimos veinte años son uno de los períodos más prolongados de democracia en Perú, considerando que en los siglos XIX y XX predominaron los regímenes militares o civiles autocráticos.

Asimismo, como ocurrió en otros países de la región, las instituciones representativas y las reglas democráticas sobrevivieron en este período a tres derrumbes simultáneos, por el lado del régimen político, y por el lado del modelo socioeconómico: el del “presidencialismo de emergencia”, jugado como fórmula de gobernabilidad, el de las formas de representación política tradicionales dominadas por grandes partidos, y el de las reformas neoliberales, como programa que daba andamiento a la acción de gobierno.

En su conjunción, y en tren de agregar un artefacto conceptual más a las categorías con las que la ciencia política buscó explicar las derivas de las democracias latinoamericanas en aquellos años, llamamos al modelo que dominó durante la última década del siglo pasado como “presidencialismos de mercado” (un compuesto de decisionismo político y desestatización de la economía).

Las fórmulas de respuesta que sobrevivinieron al derrumbe de estos “presidencialismos de mercado” pueden denominarse tentativamente como “neoparlamentarismos de crisis” o “neoparlamentarismos de transición” y se definen como una forma híbrida de sistema presidencial con base parlamentaria y componentes variables de parlamentarismo en el funcionamiento del sistema político, con una búsqueda de nuevos equilibrios en el aspecto económico-social.

Otro factor por tener en cuenta es la tensión existente entre estos “parlamentarismos de transición” y el régimen político y la cultura política tradicional, que sigue siendo fuertemente presidencialista. El hecho de que presidentes surgidos del “poder parlamentario” puedieran contar con mayores recursos institucionales que presidentes consagrados por el voto popular, pero fuertemente desgastados en el ejercicio del gobierno, no deja de considerarse, en este caso, como una anomalía. En el caso peruano, si hace veinte años fue la crisis del hiperpresidencialismo consumado por Fujimori lo que llevó al esfuerzo de salvataje parlamentario, ahora es el propio Congreso el que debe reconstruir la institución presidencial menoscabada.

Las esperanzas del salvataje están depositadas en un nuevo presidente surgido del Congreso»

Las esperanzas del salvataje están depositadas en un nuevo presidente surgido del Congreso, Francisco Sagasti Hochhausler, un ingeniero industrial de 76 años, con vasta experiencia académica y de gestión en su país y en organismos internacionales, que aparece como una figura apropiada para conducir un Gobierno de transición hasta las elecciones de abril del año que viene: moderado, con capacidad intelectual y compromiso social, y no salpicado (hasta el momento) por denuncias de corrupción; hace tiempo que una figura de esta estatura no aparece en el firmamento del liderazgo político latinoamericano.

A Sagasti lo llaman “el Quijote” por su aspecto físico y su estilo. Y empezó bien: al asumir, expresó su vergüenza por el comportamiento de la clase política de su país y reivindicó a los jóvenes de “la generación del Bicentenario” que salieron a las calles a reclamar por el respeto a la voluntad popular. La nueva jefa del gabinete, que integrarán ocho mujeres de un total de 19 ministerios, es la abogada Violeta Bermúdez, de 59 años, una experta en temas constitucionales y de género. El elenco ministerial incluye, además, la primera mujer, Nuria Esparch, como titular del Ministerio de Defensa y a tres excolaboradores del destituido presidente Vizcarra.

Ya no hay más hombres o mujeres providenciales que se consideren «salvadores de la patria», es un dato por destacar. Acaso tampoco esté nada mal que el piloto de tormentas que pueda llevar ese barco a buen puerto tenga algo del ingenioso hidalgo, entre la literatura y la política, imaginando otros mundos posibles para abrirse paso entre tantas desventuras y calamidades.

Copyright Clarín y Latinoamérica21, 2020.

Foto por PCM Photo Gallery, Peru. em Foter.com / CC BY-NC-SA

Trump se va, sus semillas quedan

Por
Federico Finchelstein
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Ahora que Donald Trump perdió las elecciones, es importante hacer un análisis forense de lo que salió mal con la democracia estadounidense y, al mismo tiempo, reconocer sus “anticuerpos”.

Porque si bien Trump ha sido definitivamente derrotado, el caudillo sigue ampliando sus ataques a la democracia, negando los procedimientos electorales democráticos y fomentando una especie de intento de golpe de Estado, ridículo y probablemente fallido.

Trump se presenta no como el perdedor que en realidad es, sino como víctima de una traición a la patria»

En concreto, el trumpismo aumenta sus posibilidades de futuro a través de lo que siempre hizo: negar la realidad y fomentar la deslegitimación de la democracia en pos de los deseos y el mito movilizador de su líder. Pensando en su regreso triunfal, Trump se presenta no como el perdedor que en realidad es, sino como víctima de una traición a la patria.  La propaganda quiere reescribir la historia a través de la ficción deliberada, pero la historia basada en hechos continúa su curso.

En este marco, no solo debemos preguntarnos qué salió mal y qué estuvo bien en el análisis del fenómeno antidemocrático que representó este líder estadounidense, sino también pensar a partir de las experiencias pasadas del autoritarismo los posibles caminos del trumpismo. En particular, cuáles son sus posibilidades de futuro en el poder, ya sea a través de una nueva candidatura en 2024 o mediante “neotrumpismos” en el futuro.

No se debe equiparar una batalla perdida con una victoria total. Esto era exactamente lo que advirtió Hannah Arendt en junio de 1945. La filósofa judeoalemana creía que el fascismo no había terminado luego de su derrota y que las semillas de la internacional fascista estaban bien plantadas a escala global y, en particular, en América del Sur. Arendt pudo avizorar claramente la continuidad entre el fascismo clásico y la reformulación democrática del fascismo que fue el populismo.

De Juan Perón en Argentina a Silvio Berlusconi en Italia, el populismo dejó atrás los elementos constitutivos del fascismo como la xenofobia, la represión absoluta, las técnicas de propaganda y la dictadura totalitarias. Sin embargo, los nuevos populismos, con el trumpismo a la cabeza y seguido de cerca por Jair Bolsonaro en Brasil, Viktor Orban en Hungría y Matteo Salvini en Italia, han retomado muchos de esos elementos fascistas, con excepción, por supuesto, de la dimensión dictatorial.

El trumpismo, como estos nuevos populismos, se puede definir como el “momento posfascista” en que la libertad de pensar fue reemplazada por una mezcla de libertad de comprar, de racismo y xenofobia, de mentiras al estilo fascista, de pase libre para ignorar la salud propia y la de los demás y de obsecuencia total al líder.

Los costos de esta concepción fueron muchos, y muchas veces letales. Los años de Trump en el cargo han sido un desastre desde el punto de vista de la democracia, que ha sido profundamente denigrada, pero no, por cierto, destruida al estilo fascista.

Es cierto que las instituciones democráticas son relativamente más fuertes que en el pasado y, sin embargo, no debemos asumir que son tan formidables como para rechazar el regreso de Trump»

Es cierto que las instituciones democráticas son relativamente más fuertes que en el pasado y, sin embargo, no debemos asumir que son tan formidables como para rechazar el regreso de Trump, o de los futuros trumpistas de turno, como su hija Ivanka Trump, Mike Pence o los senadores Marco Rubio, Tom Cotton o Ted Cruz. Con o sin Trump, la democracia se verá nuevamente atacada desde adentro. A pesar de sus fracasos, el trumpismo seguirá siendo una característica de la política estadounidense.

Debemos pensar que líderes como Trump fueron posibles porque la democracia se manifestó a la sociedad como menos participativa, contemplativa ante la injusticia, elitista. En otras palabras, contra el populismo de extrema derecha se necesita que la democracia sea más justa y representativa.

La democracia constitucional debe defenderse del fascismo y el trumpismo, pero también debe ampliarse, ser solidaria y ser menos desigual. Con base en su historia reciente, es posible decir que el trumpismo propone para el futuro una terrible e implacable oposición, ni deliberación ni diálogo: más mentiras y teorías conspirativas, el mito movilizador de una derrota injusta y “falsa” y, quizás, más militarización de la política, la violencia y la insistencia en el culto de su líder como figura redentora que necesita ser redimida constantemente del fracaso electoral y de los futuros procesos judiciales en su contra.

Para finalizar, detengámonos en este punto: ¿Trump será investigado por negligencia grave en el cumplimiento del deber, e incluso por la promoción de enfermedades en condiciones de una pandemia de salud, y también por los supuestos casos de corrupción y la incitación a la represión y la violencia?

Es muy pronto para predecir si la futura administración Biden no se opondrá a estas opciones para solidificar la democracia y brindar una advertencia a los futuros trumpistas.

El caso opuesto es el famoso perdón presidencial de Gerald Ford a Richard Nixon para que no se investiguen sus delitos, que parecen tenues comparados con los embrollos legales que puede enfrentar Trump. Una cosa es clara: las historias pasadas de reconstrucción democrática enseñan la necesidad de que la defensa de la legalidad y la política legítima vayan de la mano.

Foto de Fibonacci Blue en Foter.com / CC BY

La democracia de A. L. sin Trump

Por
Laura Gamboa
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La victoria de Joe Biden en la carrera presidencial contra Donald Trump es una buena noticia para la democracia de Estados Unidos, pero aún es mejor noticia para la democracia latinoamericana.

Politólogos han mostrado que el papel de Estados Unidos es importante para entender las transiciones y rupturas democráticas en América Latina. De forma directa o indirecta, durante la Guerra Fría, EE. UU. catalizó golpes de Estado y dictaduras a lo largo y ancho de la región. De la misma manera, una vez caído el Muro de Berlín en la década de los ochenta, EE. UU. dirigió su influencia diplomática y recursos para facilitar transiciones democráticas en diferentes países latinoamericanos.

No todas las rupturas democráticas son consecuencia de las acciones de EE. UU. y no todas las transiciones a la democracia tuvieron ayuda del gigante del norte»

No todas las rupturas democráticas son consecuencia de las acciones de EE. UU. y no todas las transiciones a la democracia tuvieron ayuda del gigante del norte. Sin embargo, la actitud normativa de sus gobernantes frente a la democracia es un factor importante al analizar el ascenso y colapso de dictaduras y democracias en la región.

Donald Trump es un líder con valores autoritarios: para él, la democracia no tiene un valor intrínseco. Su agenda política e intereses personales son su prioridad y está dispuesto a sacrificar democracias o apoyar dictaduras para alcanzarlos.

Las consecuencias de dicha actitud han impactado considerablemente a sus vecinos del sur. Desde 2016, América Latina ha visto el ascenso de —por lo menos— tres presidentes con tendencias autoritarias: Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Nayib Bukele en El Salvador, y la consolidación de dos dictaduras: la de Nicolás Maduro en Venezuela y la de Daniel Ortega en Nicaragua. No se puede culpar a EE. UU. por la habilidad de estos líderes de llegar o sostenerse en el poder, pero el desdeño con el cual Trump trata la democracia les ha facilitado la labor.

Como bien señala Héctor Silva Ávalos, el presidente estadounidense les ha dado la mano a líderes centroamericanos corruptos y autoritarios a cambio de promesas y acuerdos en temas migratorios. En 2017, EE. UU. se hizo el de la vista gorda cuando Juan Orlando Hernández ganó las elecciones en Honduras bajo sospechas de fraude bien documentadas y le prestó apoyo diplomático esencial en su momento para sortear la presión internacional y las protestas en el país.

EE. UU. también ha ignorado los avances autoritarios de Bukele en El Salvador. Se ha negado a rechazar la invasión temporal del Legislativo con el Ejército, las violaciones de los derechos humanos y el desacato del presidente salvadoreño de órdenes judiciales.

En Guatemala, Trump le quitó el apoyo diplomático a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Dicha comisión, creada en un esfuerzo multilateral sin precedentes, había investigado varios casos de corrupción e impunidad de alto nivel. Cuando las investigaciones tocaron la puerta del entonces presidente Jimmy Morales, el Ejecutivo decidió atacar a la comisión y acabar con la iniciativa. Sin el respaldo de EE. UU., la comisión no logró resistir la presión y cerró sus puertas en 2019. Dadas las deficiencias institucionales en Guatemala, la Cicig estaba cumpliendo un papel esencial para el desarrollo democrático del país.

Estos países no fueron las únicas víctimas de Trump. Desde 2016, Nicolás Maduro se ha afianzado en el poder. Si bien la profundización autoritaria en Venezuela se debe en buena parte a factores internos, la torpe y miope política exterior de EE. UU. dilapidó oportunidades preciosas de cambio y ha generado condiciones para solidificar el control del presidente de facto. En 2019, aprovechando una coyuntura muy particular, Juan Guaidó se posicionó como presidente interino. Fue un movimiento inteligente que agarró al Gobierno desprevenido y le dio a la oposición reconocimiento internacional. Guaidó había logrado lo imposible: catalizar una oposición fragmentada alrededor de una estrategia única.

Donald Trump amenazó al Gobierno venezolano con una invasión improbable, fomentó el fracasado levantamiento de abril de 2019 y boicoteó los intentos de Noruega para una negociación

Con el respaldo de EE. UU. y decenas de países alrededor del mundo, esta era una oportunidad sin precedentes para sentar al Gobierno a negociar. Desafortunadamente, en vez de trabajar en mecanismos que obligaran a la negociación (i. e. neutralizar el apoyo de Cuba, Rusia y China, y fortalecer facciones de oposición moderadas), Donald Trump amenazó al Gobierno venezolano con una invasión improbable, fomentó el fracasado levantamiento de abril de 2019 y boicoteó los intentos de Noruega para una negociación.

Como si fuera poco, Trump instauró sanciones que no han servido para doblegar al gobierno de Maduro, pero sí han aumentado la dependencia de los venezolanos del Gobierno disminuyendo las posibilidades de protestas que puedan desestabilizarlo en el futuro. Más allá de la retórica guerrerista para ganar votos en Florida, Trump no ha hecho nada para fomentar la democracia en Venezuela. Dos años después de que Guaidó se posicionara como presidente interino, la oposición está aún más fragmentada y Maduro ha afianzado aún más su control sobre el país.

Joe Biden no tiene las mismas preferencias normativas por la democracia que Donald Trump. Todo indica que para el futuro presidente la democracia tiene un valor intrínseco y vale la pena tener vecinos democráticos, incluso, si estos están en desacuerdo con EE.UU. Más importante aún , Biden deja la sensación de que para él la democracia en el continente tiene un valor estratégico fundamental y ese valor es el que augura cambios importantes para la región. De Biden podemos esperar no una política más (o menos) dura que la planteada por Donald Trump, pero sí una más inteligente.

La corrupción y la impunidad han fomentado la violencia que ha llevado a miles de centroamericanos a abandonar sus países para migrar a EE. UU. Apoyar iniciativas que disminuyan la corrupción y la impunidad en Guatemala, El Salvador y Honduras es, por lo tanto, no solo normativamente importante, sino un paso fundamental para solucionar temas de inmigración.

De forma similar, la dictadura venezolana amenaza intereses claves de Estados Unidos en Suramérica, incluyendo asuntos de seguridad y narcotráfico. Acabar con la dictadura no es para Biden un problema electoral: es un problema de seguridad hemisférica. Lograr la caída del régimen es más importante para él que parecer “duro” frente al dictador.

Si bien los latinoamericanos tenemos, generalmente, buenas razones para sospechar de la política exterior estadounidense, es esperable, por lo menos en asuntos de democracia, que los próximos cuatro años sean más favorables que los que acabamos de pasar. No solo porque Biden —a diferencia de Trump— valora la democracia, sino porque tiene una visión más amplia y estratégica de lo que significa para EE. UU. la presencia de regímenes democráticos en América Latina.

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Foto de jorgemejia en Foter.com / CC BY

Política: caudillos más que líderes

Por
Manuel Alcántara
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En una entrevista concedida a un diario madrileño el pasado 9 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva manifestó con énfasis: “Mira, en España, el presidente puede permanecer lo que quiera, Felipe González estuvo 12 años. O mire a [Ángela] Merkel o a Margaret Thatcher. ¿Por qué en el sistema presidencialista no se puede estar más de ocho años?”. Se trata de un argumento cuando menos ingenuo que se ha venido repitiendo en los últimos años y en el que se han incorporado los mismos ejemplos del parlamentarismo europeo y que se enraíza en un asunto añejo en la política latinoamericana en torno a la cuestión de la reelección presidencial y al consiguiente estilo caudillista. Algo tan señero que estuvo en gran medida en la base de la Revolución mexicana en 1910 cuando el grito de “sufragio efectivo y no reelección” movilizó a la sociedad mexicana para poner punto final al régimen de 35 años liderado por Porfirio Díaz.

El asunto de la reelección en cualquier tipo de régimen, y con relación a no importa qué cargo, tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos de naturaleza diferente. El primero se refiere al hecho de que la elección se realice de manera directa o no por parte del electorado, mientras que el segundo concierne al carácter y a la forma de conducción de las personas que se someten a la renovación de su cargo en la política.

Una elección directa del electorado, como sucede en los regímenes presidenciales, confiere a la persona electa una enorme dosis de legitimidad que se concentra estrictamente en su persona»

Una elección directa del electorado, como sucede en los regímenes presidenciales, confiere a la persona electa una enorme dosis de legitimidad que se concentra estrictamente en su persona. Solo mecanismos extraordinarios pueden abrir un juicio político ante causales muy concretas por parte del Legislativo (para lo cual se requiere una mayoría claramente opositora de la jefatura del Estado) como aconteció en Brasil con Dilma Rousseff en 2016 o hace unos días en Perú. También, en muy pocos países, un complejo proceso de revocatoria popular puede poner fin a la carrera política presidencial como se intentó en Venezuela cuando se interpuso este mecanismo sin éxito para deponer a Hugo Chávez en 2004.

Sin embargo, en una elección indirecta, como es el caso de los regímenes parlamentarios, el electorado elige a una cámara que, sucesivamente y en función de las mayorías que allí se articulen, vota a la persona que ocupará la Presidencia del gobierno. En este caso, aunque pudiera llegar a tener un poder similar al que gozan los que tienen su rango bajo el presidencialismo, su futuro no está garantizado.

En efecto, puede ser derrocada durante su mandato por decisión de su propio partido, como ocurrió con la propia Margaret Thatcher cuando el partido Conservador la reemplazó en medio de su mandato por John Major en 1990. O porque triunfase una moción de censura gestada en el propio Parlamento, tal como acaeció en España en 2018 cuando Mariano Rajoy debió ceder ante Pedro Sánchez.

Con independencia del mecanismo institucional diferente que hay en ambos tipos de regímenes, un elemento complementario que ha venido teniendo una relevancia notable es el sistema de partidos existente en lo que se refiere su grado de institucionalización. Así como a otra dimensión como lo es la cohesión interna que tienen y que se refleja en la disciplina de sus miembros y en la solidez compartida de sus ideas. Normalmente, la evidencia muestra que los regímenes presidencialistas tienden a tener partidos menos institucionalizados y poco cohesionados que en los de naturaleza parlamentaria (aunque Uruguay sea una excepción a esta relación).

El segundo aspecto que hay que tener en cuenta se refiere al perfil y al talante de quienes buscan la reelección, algo muy vinculado a un aspecto de la naturaleza humana muy presente en la figura del personal político como es la ambición. Una pulsión que en el ámbito de la dominación Max Weber teorizó con precisión al referirse a tres modelos. Dejando de lado el concerniente a la dominación tradicional, la cuestión se centra en la contraposición entre la de carácter carismático frente a la de signo legal-racional. Mientras que la primera se vincula con una relación afectiva entre la gente y el liderazgo y la consideración por parte de este de su potencial salvífico e imprescindible, la segunda atiende a unas reglas acordadas y aceptadas por la comunidad.

Los últimos veinte años en América Latina han testimoniado una profusión de líderes que no están dispuestos a dejar el poder, pues están convencidos de ser irremplazables»

Este aspecto toca, por tanto, la línea medular del poder y el papel que desempeña en su seno el liderazgo. Los últimos veinte años en América Latina han testimoniado una profusión de líderes que no están dispuestos a dejar el poder, pues están convencidos de ser irremplazables en la conducción de distintos procesos en los que tuvieron un papel protagónico y sobresaliente en sus inicios. Los casos de Daniel Ortega, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Uribe, Leonel Fernández, Lula da Silva, Cristina Fernández, Juan Orlando Hernández y Evo Morales son paradigmáticos. Este último violó la decisión popular que le negó en un referéndum celebrado en 2016 la posibilidad de presentarse a la reelección, su temerario empecinamiento contribuyó a causar un año de parálisis institucional en Bolivia.

No todas las experiencias presidenciales del último cuarto de siglo tienen ese carácter megalómano, hay excepciones que conviene resaltar como las testimoniadas por las recientes palabras de Julio M.ª Sanguinetti, expresidente uruguayo en dos ocasiones, quien afirmó: “En la democracia es más importante salir que entrar y bajar que subir, porque en definitiva la democracia se basa en una ética de la derrota, en asumir en tu interior la verdad del voto popular”.

La combinación del presidencialismo y de la ambición política confluyen en una vieja figura de raíz hispanoárabe como es la del caudillismo. Si el siglo XIX es por antonomasia el siglo de los caudillos, en afortunada expresión del historiador John Lynch, aquella añagaza parece no haber desaparecido de la política actual en América Latina. Los profundos efectos de la pandemia de la COVID-19 en el orden socioeconómico, que traen consigo sociedades más pobres y desiguales, así como las democracias fatigadas, acosadas por la corrupción y el alejamiento de la gente de la política, dan alas a quienes llegan al poder y piensan mantenerse en él a toda costa.

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Foto do Palácio do Planalto em Foter.com / CC BY

La crisis del Amapá y la integración energética sudamericana

Por
Pedro Silva Barros
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Amapá es un estado en el extremo norte de Brasil. Su capital, Macapá, está en la latitud cero, sobre el ecuador. No hay comunicación por carretera a Brasilia ni a ninguna de las otras 25 capitales de estado del país. Y aunque es posible conducir 10 horas para llegar a Cayena, capital del territorio de ultramar de la Guayana Francesa, un brasileño solo puede cruzar la frontera con un visado, que no sería necesario si la visita fuera a París.

El aislamiento de 850.000 brasileños que viven en los 142.000 kilómetros cuadrados de Amapá se ha intensificado en las últimas semanas.

Desde el 3 de noviembre, el estado ha sufrido la mayor crisis energética de su historia»

Desde el 3 de noviembre, el estado ha sufrido la mayor crisis energética de su historia. Han sido cuatro días de oscuridad. Luego, dos semanas más de suministro intermitente, lo que ha afectado al 80% de la población. La crisis ha comprometido el acceso a Internet, a los cajeros automáticos, a las gasolineras y ha dañado la salud pública. Las elecciones municipales de Macapá, que se celebrarían el 15 de noviembre, se pospusieron. El 17 de noviembre hubo otro apagón total. Después de 20 días el suministro de energía aún no se ha normalizado.

Las reflexiones sobre la crisis energética de Amapá en las últimas semanas se han centrado en el precario desempeño del concesionario, los altos costos y la baja calidad de los servicios de distribución de energía en algunas regiones del país y la lentitud de la acción gubernamental.

La empresa española Isolux controló hasta 2019 la concesionaria Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), responsable de la subestación que se dañó y se convirtió en el epicentro de la crisis. La gestión de la LMTE fue transferida a Gemini Energy, controlada por Starboard Asset, un fondo especializado en la gestión de activos pero que se encuentra en dificultades financieras. Este tipo de transferencia de activos de grupos que tienen en la ingeniería su actividad principal a conglomerados especializados en la gestión financiera ha sido recurrente en los últimos años.

Sin embargo, la seguridad energética permanente de Amapá solo se garantizará con la construcción de un anillo de infraestructura en todo el Arco Norte o la isla de Guyana, que incluya, además de la Guayana Francesa y Amapá, a Guyana, Surinam, el sur de Venezuela, Roraima y la arteria norte de los estados de Amazonas y Pará. El Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Brasil funcionaría mejor si contara con el potencial de generación de energía hidroeléctrica de Guyana y Surinam.

La mayor parte de la producción hidroeléctrica de la Amazonia brasileña se concentra en su cuenca meridional (como Tucuruí, Belo Monte, Jirau y Santo Antônio), cuyo régimen pluviométrico es complementario del de Guyana (la estación con mayor incidencia de lluvias) y la producción hidroeléctrica es diferente en el sur de la Amazonia y en el escudo del norte de la Guayana. Brasil podría vender energía en el período de mayor producción de Belo Monte y comprar en los meses en que su producción es insuficiente.

Este movimiento sería decisivo para generar una interdependencia económica y vincular el desarrollo de las Guayanas al del Brasil. Debido al aumento de la producción de petróleo, Guyana será el único país de América con crecimiento económico este año. Sin embargo, Brasil representa menos del 2% de todas las exportaciones e importaciones de Guyana. Esta presencia económica tan baja del Brasil también se da en la Guayana Francesa y en Surinam.

Hay varias experiencias positivas de la integración energética del Brasil con sus vecinos»

Hay varias experiencias positivas de la integración energética del Brasil con sus vecinos. La construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú ha vinculado definitivamente a Paraguay con el estado de Paraná; el gasoducto Brasil-Bolivia (Gasbol) ha convertido a Brasil en el mayor socio comercial de Bolivia tanto en importaciones como en exportaciones. La cooperación nuclear entre Brasil y Argentina fue decisiva para la distensión de las relaciones entre ellos, lo que permitió la creación del Mercosur. Antes de estos proyectos, Brasil no era el principal socio económico, comercial o político de ninguno de estos tres países.

Hasta el año 2023 se renegociará el Anexo C del Tratado de Itaipú, que obliga a la venta del excedente de energía paraguaya al Brasil, hasta que se pague la deuda relacionada con la construcción de la central hidroeléctrica binacional. Paraguay tiene derecho al 50% de la energía total de Itaipú (consume poco más del 10%, lo que corresponde a casi el 90% de su demanda interna). Pronto, Paraguay habrá pagado toda la deuda y podrá vender la parte de la energía que no consume a otros países, como Chile.

El acuerdo de 1999 para suministrar gas de la empresa estatal boliviana YPFB a Petrobras a través de Gasbol recibió un aditivo en 2020. Las obligaciones de compra y venta entre las dos empresas estatales han disminuido y se ha permitido a otras empresas brasileñas utilizar la infraestructura para comprar gas directamente. Mientras el Brasil aumenta su producción de gas natural y puede importar menos, Bolivia tiene ahora más excedentes para exportar a otros mercados.

En los últimos tres años, América del Sur ha experimentado un período sin precedentes de caída del comercio entre sus países y de crisis en la gobernanza regional. La fragmentación se está intensificando tanto entre los países como dentro de ellos. Si hace cinco años el 17% de las exportaciones de Brasil se dirigían a los países vecinos, en la primera mitad de 2020 eran solo el 10%.

La primarización y especialización de las exportaciones sudamericanas y la desindustrialización de sus principales economías (Brasil y Argentina) en los últimos años dificultan la reanudación del comercio intrarregional a corto plazo. Para la estabilidad regional sería importante recuperar programas positivos que pudieran beneficiar a todos los países y generar una mayor complementariedad e interdependencia.

Durante la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), entre 2008 y 2018, hubo debates entre los doce países de la región para promover la integración energética. Se negoció un tratado regional de energía, aunque no se formalizó, que sería la base de un mercado energético sudamericano.

En 2001, Brasil atravesó una crisis energética generalizada, mucho más grave que la actual, que se concentra en un solo estado. En los años siguientes, se reestructuró la planificación energética en el país y se fortaleció el sistema con la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y mejoras significativas en la transmisión e interconexión de las diferentes redes. Sin embargo, los estados de Amapá, y especialmente Roraima, siguen siendo vulnerables.

La crisis energética de Amapá debería llevar a la reanudación del debate sobre un mercado energético sudamericano, necesario tanto desde el punto de vista de la seguridad energética como el de la estabilidad política y económica regional.

Foto de Sebastián Criado en Foter.com / CC BY-NC-SA

COVID-19: ¿crisis alimentaria en A. L.?

Por
Gustavo Cuesta Rugel
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Por su capacidad y diversidad productiva, América Latina y el Caribe es considerada por muchos el “granero” del planeta. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre 2015 y 2019 los países de la región exportaron cerca de 223 mil millones de dólares anuales en alimentos. Esto representa el 25% del total de las exportaciones regionales y pone a América Latina como la principal abastecedora de alimentos a escala mundial; esto, en medio de la COVID-19.

A pesar de esta ventaja relativa en la producción y exportación de alimentos con relación a otras regiones, un número importante de personas de América Latina y el Caribe no pueden acceder a una alimentación adecuada.

El número de latinoamericanos que presentan dificultades de acceso físico o económico a alimentos inocuos y con calidad nutritiva pasó de 157 millones en 2015 a 205 millones en 2019″

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el número de latinoamericanos que presentan dificultades de acceso físico o económico a alimentos inocuos y con calidad nutritiva (inseguridad alimentaria) pasó de 157 millones en 2015 a 205 millones en 2019, lo que representa cerca del 32% de la población regional. Adicionalmente, en el mismo período la tasa de prevalencia de subnutrición (aporte calórico que no cubre necesidades mínimas para mantener peso y talla) se incrementó del 6,2% al 7,4% de la población.

Con la pandemia de la COVID-19 y sus repercusiones económicas y sociales, las dificultades de los sectores más vulnerables en la región para acceder a una alimentación adecuada podrían profundizase y elevar las tasas de subnutrición, desnutrición y sobrepeso, por lo que se convertiría en un problema adicional de salud pública y amenazaría la seguridad alimentaria regional.

En este contexto, se vuelve fundamental para los Gobiernos de América Latina y el Caribe analizar, evaluar y mitigar los factores de riesgo que ha traído la COVID-19 en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.

En el contexto de la COVID-19 la oferta alimentaria se ha visto afectada en varios países latinoamericanos»

Debido al volumen de producción agropecuaria regional y al comercio intrarregional, la disponibilidad de alimentos en la mayor parte de los países debería estar garantizada. Sin embargo, en el contexto de la COVID-19 la oferta alimentaria se ha visto afectada en varios países latinoamericanos. De acuerdo con un primer estudio del impacto de la COVID-19 en los sistemas alimentarios de la región, que fue publicado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la FAO, la disponibilidad de productos agropecuarios está teniendo problemas, principalmente, por dos factores.

En primer lugar, debido a las disrupciones en las cadenas de suministro de alimentos. Actividades como transporte, logística, procesamiento y almacenamiento se han visto fuertemente afectadas por la COVID-19. En segundo lugar, la crisis económica y la falta de liquidez está haciendo menos viable la producción de alimentos para pequeños y medianos productores y microempresas, lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la oferta.

Como se mencionó, el acceso económico y físico a alimentos mostraba cifras preocupantes antes de la crisis sanitaria. La población en zonas con mayor pobreza presentaba dificultades para obtener una alimentación adecuada, debido a la carencia de ingresos o a la distancia a centros de expendio. La contracción de la economía regional, el deterioro de los indicadores sociales y la reducción del ingreso familiar, producto de la crisis sanitaria, dificulta aún más el acceso a dichos alimentos, sobre todo en la población más vulnerable. A esto se suma el incremento de los precios de bienes esenciales como el arroz, las frutas y los huevos en varios sitios de la región durante la pandemia. De acuerdo con la Cepal, entre enero y mayo de 2020 el componente alimentario del índice de precios al consumidor presentó un aumento de 4,6%.

En la última década, la región ha logrado disminuir ciertos indicadores de malnutrición»

La tercera dimensión de la seguridad alimentaria es la utilización adecuada de los alimentos y su calidad nutricional. En la última década, la región ha logrado disminuir ciertos indicadores de malnutrición. De acuerdo con la FAO, la tasa de retraso del crecimiento infantil en niños menores de 5 años pasó de 11,4% en 2012 al 9% en 2019. Sin embargo, el sobrepeso infantil se incrementó del 7,2% al 7,5% en el mismo período y la obesidad en adultos pasó de 22,2% en 2012 al 24,2% en 2016. La COVID-19 trae el riesgo de que estos y otros indicadores relacionados con la malnutrición presenten retrocesos, producto de la dificultad para acceder a alimentos con la suficiente calidad nutricional.

La última dimensión para garantizar la seguridad alimentaria es la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores. El cambio climático, los desastres naturales y la vulnerabilidad que tienen los productos agropecuarios a la fluctuación de los precios siguen siendo los principales factores de riesgo para la estabilidad alimentaria en América Latina y el Caribe. La incertidumbre y la crisis socioeconómica por la COVID-19 están generando mayores dificultades en la oferta y el acceso a alimentos. En esta coyuntura se encuentran en mayor riesgo los países del Caribe e importadores netos de alimentos, ya que son más vulnerables a las fluctuaciones en los precios.

Ante esta situación tan compleja, el riesgo de que la COVID-19 traiga una crisis alimentaria no es menor. Para evitar esto se requiere una intervención oportuna de los Gobiernos de la región»

En este contexto, la reactivación productiva necesita de políticas que permitan mitigar el impacto de la pandemia a escala económica y social, pero que no pierdan de vista la seguridad alimentaria. Es urgente hacer sostenible la oferta de alimentos en la región y garantizar su acceso, sobre todo a la población más vulnerable. También se requiere dotar de liquidez a pequeños agricultores y empresas, fortalecer el consumo y la agricultura familiar, y reducir la especulación en las cadenas de distribución.

A pesar de la COVID-19, la pronta y oportuna acción de los países e instituciones regionales permitirá reducir los riesgos que amenazan la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.

Foto por Eneas en Foter.com / CC BY

El daño que causa la democracia

Por
Marcelo Moriconi
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Una vez más, politólogos ortodoxos y demócratas internacionales se asustaron y, mientras aprendían que esa puntita allá arriba se llama Michigan, y al lado está Guisconsi, y todas tienen muchos electores, y cómo tanta gente vota a Donald Trump, y cuánto tardan en contar los votos, volvió a la agenda el punto de si la democracia está en peligro.

Una gran parte de la ciencia política se convirtió en ciencia de, por y para la democracia. Democracia como fin, no como medio. Democracia reificada. Y mientras se discuten procedimientos y conceptualizaciones, la democracia disemina valores preocupantes. Y es ahí donde está el mayor problema de su sustentabilidad. La democracia le causa daños fuertes a la democracia.

Hace años discuto estas cuestiones con colegas, y por qué no debutar en Latinoamérica 21 ampliando el campo de combate.

Cuando Fukuyama estableció el triunfo de la democracia y el final de la historia, se refería al régimen como condición de posibilidad de una vida digna»

Cuando Fukuyama estableció el triunfo de la democracia y el final de la historia, se refería al régimen como condición de posibilidad de una vida digna. La democracia era el medio, pero lo importante son los valores (simbólicos y materiales) de una vida que vale la pena ser vivida. Diferentes trabajos (junto a Carlos Peris hablamos de eso en Merging legality with illegalities) muestran cómo la tolerancia social a los mercados ilegales se consolida cuando garantizan fines que la democracia debería garantizar, pero para los cuales se ha demostrado inefectiva: generar trabajo y rendimiento económico, protección, justicia, previsibilidad y perspectiva de un futuro mejor.

Nadie quiere democracia para morirse de hambre. La discusión sobre calidad o sustentabilidad de la democracia es una cuestión burguesa, que, no obstante, se torna divertida después del cuarto whisky (de malta y de por lo menos 15 años, por favor).

  • Libertad, por ejemplo. A la democracia subyace la idea de libertad ―me responde un politólogo que sabe tanto de democracia como de fiestas.

Lógico, en un momento dado de su vida, él debió huir de su país. Yo tuve la suerte de decidir dejar el mío. Libremente. La libertad, en este caso, es un valor. ¿Está dispuesta la ciudadanía a perder libertad en las democracias actuales?

Cuando los reality shows comenzaron a ofrecer vida pública y, si te portas bien, fama, millones de jóvenes se postularon para el encierro. Lo ridículo llegó en 2005, cuando en Alemania se anunció que se realizaría un Gran Hermano de por vida en un pueblo artificial de 15.000 metros cuadrados. La propuesta tuvo más de 25.000 candidatos.

El escándalo Odebrecht generó un terremoto en la región por sacar a la luz lo que todos sabíamos que pasaba (y que sigue pasando). Mientras la democracia peruana agoniza por sus secuelas, por ejemplo, el propio Odebrecht cumple prisión domiciliaria en su mansión. Millones de latinoamericanos saldrían a causar más de un holocausto si les garantizaran que deberán cumplir su reclusión en una mansión como la de Odi. Ay, la democracia.

Libertad sí o sí, clama un candidato libertario en Argentina, mientras, libremente, unos políticos chilenos se olvidan de actualizar sus datos catastrales. Libertad sí o no, ironiza Alejandro Dolina: si no, no tenemos libertad de escoger.

  • ¿Qué tiene de difícil el concepto de democracia? ―me preguntó otro que de análisis políticos sabe más que la mayoría y casi tanto como Osvaldo Soriano―. El que pierda las elecciones, se va sin chistar. Eso es.

¡Cagamos! ¿Qué vamos a hacer ahora que la democracia se esfumó en los iunaitestei?

Otro que también sabe mucho dice que la democracia contemporánea está caracterizada por la libertad de expresión, los partidos políticos y las elecciones regulares. Menos mal que están las últimas dos, porque los canales gringos censuraron en vivo ¡al presidente!

  • Está mintiendo ―dijeron, y Evo Morales se conectó a la red porque pensó que entonces no quedaría rastro de la OEA en Google.

Con libertad democrática, los medios de comunicación les negaron a los ciudadanos la posibilidad de ver en vivo una parte significativa de la historia: su vergonzoso presidente diciendo cosas que avergüenzan»

Con libertad democrática, los medios de comunicación les negaron a los ciudadanos la posibilidad de ver en vivo una parte significativa de la historia: su vergonzoso presidente diciendo cosas que avergüenzan (pero que esta vez avergüenzan de una manera que una elite no quiere ser avergonzada). Libertad de decidir lo que deben ver y lo que no. China democrática. Compre Huawei.

Quedan los partidos políticos. En un estudio junto a Miguel Ramos (Corruption in Latin America: Stereotypes of Politicians…) mostramos cómo los políticos son estereotipados a partir de una moralidad negativa (corruptos, mentirosos, ladrones). Esto es bastante lógico y conocido. Lo preocupante es que esta estereotipación afecta directamente a la percepción de la justicia e indirectamente a los afectos, emociones y estados de ánimo. ¡Grieta!

Estamos en el horno, y encima tenemos liberad de expresión. Hoy todo queda grabado. Los jugadores de futbol se dieron cuenta de que era mejor hablar tapándose la boca con la mano. Los políticos, aún no: sus incoherencias son repetidas una y otra vez por las redes sociales. Estos son mis principios: si no les gustan, tengo otros. Depende del lado del Gobierno que me encuentre y de la oferta que me haga. Prudencia y virtud no están invitadas. Con tanto trabajo de archivo circulando, tomarse a la política (y su democracia) como una cuestión seria es absolutamente absurdo.

Por suerte, nos queda la igualdad: todos iguales a la procura de una vida digna, cueste lo que cueste, y siguiendo el camino más efectivo. Al resto, que le den, mientras la democracia se da solita. Y en cuanto ridiculiza a unos, enfada a todos, excluye a demasiados y condena solo a los que pierden el poder. Por eso, su sustentabilidad está en el relato, no en las evidencias. Pero para eso habrá que esperar hasta el próximo texto. Porque democráticamente, me limitaron el espacio. Todo tiene un límite, aunque algunos demócratas no quieran aceptarlo.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de arribalasqueluchan! en Foter.com / CC BY-NC-SA

América Latina y su dependencia exterior

Por
Melany Barragán
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Desde que en 1823 el presidente James Monroe proclamara la consigna “América para los americanos” y declarase ante el Congreso que cualquier intervención de los europeos en el continente sería visto como una agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos, las relaciones entre el país norteamericano y América Latina han sido complicadas y cambiantes. Por ello, tras el triunfo de Joe Biden, es pertinente preguntarse cómo influirá la nueva administración en la política exterior latinoamericana y en su posición global.

La existencia de estrechos vínculos económicos, acompañada de intereses expansionistas, comerciales e ideológicos, han convertido a Estados Unidos en un país clave en las agendas de los Estados latinoamericanos. Durante décadas, al tener que tomar decisiones, era impensable dejar fuera de la ecuación la posición del vecino país del norte. Sin embargo, el declive de la hegemonía estadounidense y la tensión interna que atraviesa tras la última jornada electoral suponen una ventana de oportunidad para marcar un nuevo rumbo en la agenda internacional de América Latina.

Estados Unidos aparece hoy en día como un gigante con pies de barro, a la vez que China asciende de manera imparable»

Estados Unidos aparece hoy en día como un gigante con pies de barro, a la vez que China asciende de manera imparable y Rusia se convierte en un aliado del gigante asiático para recuperar su estatus de actor global. Mientras la presencia militar norteamericana sigue siendo incontestable, la dependencia económica, comercial y económica de América Latina de China es creciente. Rusia, aunque no puede competir a escala económica ni con China ni con Estados Unidos, sí que es un socio estratégico desde el punto de vista político. Una gran parte de los países latinoamericanos cuentan con afinidades políticas e intereses geoestratégicos más cercanas a Rusia que a Estados Unidos.

La pandemia de la COVID-19 no ha hecho más que acusar el fortalecimiento de los lazos, lo que ha hecho que las potencias extranjeras vean en la crisis una oportunidad para empujar a América Latina a diversificar sus relaciones exteriores. Se ha abierto un nuevo escenario en el que los países latinoamericanos ya no pueden articular sus estrategias y capacidad negociadora mirando únicamente a Estados Unidos, sino que deben ser capaces de articular diplomacias de nicho. Esto es, ser capaces de establecer coaliciones ad hoc sobre temas concretos como salud, recursos naturales, medioambiente o financiamiento externo con diferentes socios estratégicos. Esto contribuye a generar un orden mucho más multipolar que China, y Rusia no piensa desaprovechar para ejercer su poder.

En un momento de profunda crisis económica, sanitaria y, hasta cierto punto, social, la capacidad de adaptación y anticipación van a ser claves para calibrar el destino de la política exterior latinoamericana. El hecho de que la crisis golpee a Estados Unidos como nunca antes lo había hecho debilita su supremacía y la crisis institucional por el frontal enfrentamiento entre republicanos y demócratas hace que ni siquiera haya una sola voz. Pero no debemos obviar que el hecho de que esa fuerza tradicionalmente hegemónica esté en declive no significa necesariamente que deje de ser un actor de especial relevancia. Estamos en un sistema que se encuentra en plena transición, con complejas agendas y dinámicas externas, en el que la existencia de un tablero de juego claro y estable aún está por llegar.

Este contexto hace que, pese a que muchos hayan querido centrar el debate en cómo se articularán las relaciones entre América Latina y Estados Unidos en la era Biden, la cuestión especialmente relevante gire en torno a la búsqueda de nuevos espacios en el orden internacional aprovechando el declive del gigante norteamericano. Primero, porque es muy probable que, pese a que adopte un discurso alejado del de Donald Trump, América Latina no sea una prioridad para la nueva administración. Y, segundo, porque también es previsible que América Latina aproveche la coyuntura para diversificar sus relaciones exteriores.

América Latina no ha sido capaz de consolidar alianzas internas efectivas y aún muestra de gran dependencia de terceros países»

El asunto es complicado por todas las inercias que vinculan a Estados Unidos y a Latinoamérica, y por la debilidad estructural que caracteriza a la región. A esto se le suma su cada vez menor relevancia sistémica y la incapacidad para resolver crisis internas de manera autónoma. Ni siquiera las alianzas regionales han servido para buscar salidas a los conflictos que afectan al continente, y a menudo la sombra de potencias extranjeras sobrevuela la política interna.

Como ejemplo, el apoyo de China y Rusia al gobierno de Nicolás Maduro, la presión de Francia para intervenir en la gestión del Amazonas después de los incendios del año pasado o el papel activo en la gestión del proceso de paz en Colombia. América Latina no ha sido capaz de consolidar alianzas internas efectivas y aún muestra una gran dependencia de terceros países. Por ello, aun cuando Estados Unidos desapareciera del planeta, los países latinoamericanos seguirían mostrando una gran dependencia del exterior, lo que dificulta el desarrollo y la consolidación de un proyecto autónomo.

Los cambios en el tablero pueden ser una oportunidad para la región. Pero solo si es capaz de aprovechar la competencia entre las grandes potencias para fortalecer su capacidad negociadora, equilibrar la balanza y ganar mayor autonomía. Si únicamente se limita a sustituir de manera progresiva su dependencia de Estados Unidos por una nueva con el eje China-Rusia, poco habrá cambiado en términos estructurales.

La autonomía política y económica debe ser un objetivo para la política latinoamericana. La dependencia de grandes centros de poder ha sido una constante a lo largo de su historia y, parece que, al menos a corto plazo, una realidad de su presente.

Foto de Presidencia de la República Mexicana en Foter.com / CC BY

Proceso constituyente e indígenas de Chile

Por
Victor Tricot
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Un año se cumplió esta semana del denominado Acuerdo por la Paz que fue firmado por casi todos los partidos políticos del Congreso y que elaboró el actual derrotero constitucional en el que se encuentra Chile. Es importante puntualizar que dicho acuerdo fue producto de las multitudinarias movilizaciones acaecidas a partir de octubre de 2019 en todo el país.

El acuerdo estableció que se haría un plebiscito para consultarle a la ciudadanía si optaban por remover la actual Constitución (la impuesta por la dictadura). También se debía decidir por dos opciones, en el caso de triunfar la alternativa de cambiar la Constitución vigente: mediante una convención constitucional (enteramente elegida por votación popular); y una convención mixta (compuesta la mitad por parlamentarios y la otra mitad, los electos por la ciudadanía). Triunfaron ampliamente las opciones: cambiar la Constitución de Pinochet mediante una convención constitucional. Para esta se ha asegurado paridad de género, no así escaños reservados para pueblos indígenas.

La semana pasada se suspendió de nuevo la discusión acerca de los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional»

Y es que la semana pasada se suspendió de nuevo la discusión acerca de los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Esto ha causado problemas políticos, ya que el mismo día que se postergó la votación de escaños reservados, el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado (tercero desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera) viajó junto al presidente Piñera a la región de la Araucanía en el sur del país. La visita oficial buscaba utilizar una vez más el ya centenario conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche como contexto para demostrar una fuerza y control que perdió de forma vergonzosa desde la revuelta de octubre pasado.

Esta situación puede parecer a priori como algo habitual, o incluso lógico en cuanto a los procedimientos parlamentarios o de gobierno. Sin embargo, representa las últimas expresiones de una relación colonial que ha establecido el Estado con los pueblos indígenas. Un imaginario instaurado desde la consolidación territorial de Chile como país y en el cual nunca se consideró la presencia y, menos aún, la influencia de los pueblos indígenas que, a la postre, fueron fagocitados por la idea de un Estado para una nación. El Estado decimonónico, uninacional, unicultural y asimilacionista persiste aún, sin haber variado en lo sustancial.

Se trata de una relación asimétrica de dominación con manifestaciones concretas, una naturalización de jerarquías territoriales, raciales, epistémicas en cuanto a la institucionalidad del país. Esta situación tiene su expresión política en la falta de experiencias sistemáticas de participación de los indígenas en la vida política del país. Un repaso de las autoridades designadas o elegidas en el país desde 1990 hasta la actualidad evidencia que la presencia indígena en cargos de importancia es marginal, con contadas y ocasionales excepciones.

Por eso, no sorprenden las sucesivas suspensiones de la votación acerca de los escaños reservados para los indígenas. Esta actitud no solo responde a cuentas coyunturales y electorales de los parlamentarios, sino que también es una expresión de un continuum en cuanto a la forma de relacionarse con los pueblos indígenas que son constantemente relegados a puestos secundarios, simbólicos y sin incidencia real. Esto, pese a que según el último censo de 2017, un 12,8% de la población se autoidentifica como miembro de algunos de los pueblos originarios existentes en el país. Aun así, jamás han sido reconocidos constitucionalmente.

Este  punto de inflexión de la discusión constitucional debería ser una oportunidad, no solo para un más que tardío reconocimiento de los pueblos originarios, sino que, como plantean diferentes organizaciones indígenas, para debatir el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. Una forma de contribuir a ello (no la única obviamente) es aprobar y asegurar la participación de los diez pueblos indígenas existentes en el país a través de escaños reservados.

Por lo pronto, dicha discusión se encuentra entrampada. Esto, pese a que el pasado 30 de octubre se aprobó en la comisión constitucional del Senado la propuesta de la oposición que plantea crear 24 curules reservados que se sumarían a los 155 convencionales generales que fueron aprobados en el plebiscito de octubre. Para que la propuesta sea aprobada se necesitan 26 votos, pero la oposición cuenta únicamente con 24.

Queda por verse cuál será el desenlace. Si se alcanzan los votos necesarios o si, por el contrario, se cederá a las exigencias de la coalición gobernante cuyos líderes utilizan argumentos falaces, como la presidenta de la UDI (partido de derecha y oficialista), quien afirma que, si se dan cupos a los indígenas, también deberían otorgársele a la Iglesia evangélica. Esta visión colonialista y racista ignora, sin duda, la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos originarios, debido al despojo al que han sido sometidos. Esta visión ignora, además, que son naciones diferentes, sujetas a derechos colectivos, tal como lo reconoce el derecho internacional.

En otras organizaciones, particularmente mapuches, existen voces disonantes que no concuerdan con ninguna de las propuestas. Estas plantean que no necesitan ser reconocidos por el Estado y que no participan en el proceso constituyente porque no lo entienden como un nuevo modo de asimilación, ya que no se considera la autonomía. Estas facciones afirman que continuarán con su lucha en sus territorios del sur de Chile. 

Se puede argumentar, como plantea el historiador mapuche Fernando Pairican, que lo que está en juego es ‘una profundización de un poder político indígena autónomo de las naciones originarias”

Hay varios aspectos del proceso que pueden ser criticados. Por ejemplo, que se haya votado el plebiscito sin haberse establecido previamente los detalles de los escaños reservados, la falta de participación de algunas organizaciones en el debate, o incluso los cálculos electorales que los partidos políticos de Chile están realizando de manera estratégica. Pero, por otra parte, se puede argumentar, como plantea el historiador mapuche Fernando Pairican, que lo que está en juego es “una profundización de un poder político indígena autónomo de las naciones originarias”. La presencia de voz y voto indígena proporcional a su población en la Constituyente representaría un cambio significativo.

La encrucijada abierta a partir de octubre 2019 representa un potencial cambio de paradigma en cuanto a la forma en la cual el Estado se relaciona con los pueblos indígenas de Chile. Y aunque la historia reciente y pasada no es demasiado alentadora, podría ser un punto de inflexión. Esto, pese a la sombra gatopardista de la transición (cambiar para permanecer) que se cierne sobre el proceso constituyente.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de membros do Parlamento em Foter.com / CC BY-NC-ND

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