Escribo este artículo después de la juramentación de Manuel Merino como presidente de la República del Perú el 10 de noviembre. Recordemos que en julio de 2016 asumió la Presidencia, Pedro Pablo Kuczynski, por un periodo de cinco años, pero renunció en marzo de 2018 ante la inminencia de que el Congreso declarara la vacancia del cargo de presidente mediante la invocación de su “permanente incapacidad moral” (artículo 133 de la Constitución). El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la Presidencia, pero la confrontación con el Congreso no cesó, lo que desencadenó su disolución constitucional en septiembre de 2019 (y la renuncia de la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz) y la realización de nuevas elecciones legislativas en enero de este año. Es este Congreso el que ha declarado la “permanente incapacidad moral” de Vizcarra, en tanto, la segunda vicepresidenta ya había renunciado al cargo, por lo que el siguiente en la línea de sucesión era el presidente del Congreso, hoy presidente de la república.

Empecemos analizando las cosas, pero partiendo desde lo más inmediato, y tratemos de llegar hasta las implicancias de fondo. La mañana del 9 de noviembre, día en el que se sometería a votación la segunda moción de vacancia del presidente Vizcarra, la previsión era que no se aprobaría. La primera moción, el 18 de septiembre, obtuvo 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones y, en realidad, las cosas no habían cambiado en lo sustancial en esas tres semanas.

Se trata de denuncias serias que ciertamente merecen una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía, pero que todavía se encuentran en una fase preliminar»

Los medios de comunicación habían dado a conocer, al principio, diferentes denuncias sobre la contratación irregular de servicios profesionales en un ministerio que, presuntamente, involucrarían al propio presidente Vizcarra, y luego otras, sobre el supuesto pago de sobornos a este mientras ejerció el cargo de gobernador de la región Moquegua entre 2011 y 2014. En el último caso, se trata de denuncias serias que, ciertamente, merecen una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía, pero que todavía se encuentran en una fase preliminar.

Considerando que ya están convocadas elecciones generales para abril del próximo año; que, según las encuestas de opinión, un 95% de los entrevistados declara estar de acuerdo con que Vizcarra sea investigado por la Fiscalía y termine su gobierno (encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, de octubre), y que bancadas clave habían anunciado que votarían en contra de la vacancia, había cierta tranquilidad respecto al resultado de esta votación.

Sin embargo, un tanto inesperadamente, la ambición de poder de cortísimo plazo terminó primando, y así se llegó a una votación en la que la vacancia alcanzó 105 votos a favor (19 en contra y 4 abstenciones). Los cambios de posición y la alta votación obtenida es fruto de una suerte de acuerdo político, una suerte de “repartija” parlamentaria, que se expresará en el consejo de ministros del presidente Merino, y en los nombramientos de funcionarios que se planean para las próximas semanas y meses.

Pese a que la declaratoria de vacancia por parte del Congreso tiene una constitucionalidad muy dudosa en un régimen presidencialista, pues esta se basa en una interpretación exageradamente elástica y riesgosa (por la inestabilidad que implica para cualquier presidente sin mayoría parlamentaria), Vizcarra anunció la noche del 9 de noviembre que dejaría el cargo.

Podría haber pesado en esa decisión la constatación de que una impugnación de la constitucionalidad de la decisión del Congreso no habría impedido la juramentación del presidente Merino al día siguiente, algo similar, pero, en sentido contrario, ocurrió con la disolución del Congreso en setiembre de 2019: los congresistas denunciaron la inconstitucionalidad de la disolución, pero los recursos legales que interpusieron (y que al final perdieron) no pudieron evitar su cierre y la convocatoria a nuevas elecciones.

Si miramos las cosas con una perspectiva mayor, podría decirse que este episodio es parte de una serie, que empezó en julio de 2016, con la elección del presidente Kuczynski. En esa fecha, al mirar el Perú desde un ángulo político, podría haberse dicho que el rasgo más llamativo del país era la notable continuidad de políticas orientadas hacia el mercado, que empezaron en la década de los años noventa, a pesar de los triunfos de candidatos con discursos críticos con el neoliberalismo como Alan García en 2006 y Ollanta Humala en 2011. Y de la notable, para los estándares peruanos, continuidad democrática desde 2001, a pesar de la extrema precariedad de sus partidos, de la inexistencia de un sistema de partidos propiamente dicho y de la escasa legitimidad de las instituciones políticas.

¿Qué cambió? Primero, la desaceleración del crecimiento económico, elocuente desde 2014, que agrietó el consenso neoliberal, bastante cohesionado hasta ese momento; segundo, el fujimorismo, que había sido un “garante” de la economía de mercado en 2006 y 2011, cambió profundamente después de perder la elección presidencial de 2016, en la que obtuvo la mayoría absoluta de la representación parlamentaria. Lo que se percibía como una oportunidad para lanzar una “segunda generación” de reformas orientadas hacia el mercado, se convirtió en una creciente confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que dio lugar a la renuncia de Kuczynski y luego a la disolución del Congreso por parte de Vizcarra.

La elección del nuevo Congreso en enero de este año, en la que el Gobierno no presentó candidatos ni consiguió representación alguna, parecía calmar relativamente las aguas»

La elección del nuevo Congreso en enero de este año, en la que el Gobierno no presentó candidatos ni consiguió representación alguna, parecía calmar relativamente las aguas (un Congreso con mandato breve, en el que primó cierta fragmentación del voto y el predominio de posiciones moderadas), pero la COVID-19 cambió rápidamente el panorama: Perú fue uno de los países de la región más duramente golpeados por la pandemia tanto en lo sanitario como en lo económico, lo que alentó el desarrollo de posturas populistas (y bastante demagógicas) en todas las bancadas, que generaron una creciente distancia con el Poder Ejecutivo.

Así, empezaron a aparecer en el Congreso, con amplio consenso, iniciativas que en Perú no se habían visto en los últimos treinta años, que desafían abiertamente el consenso promercado que distinguía al Perú en el contexto de la región. Se desnudó una realidad en la que la representación parlamentaria es muy individualista, poblada de múltiples intereses particularistas, algunos de ellos vinculados a sectores muy contrarios a cualquier intento de cambio del statu quo.

Este tipo de representación, de un lado, encontraba un freno en las políticas del gobierno de Vizcarra, y, del otro, era efectado por algunas de sus iniciativas de reforma. Con todas sus limitaciones, Vizcarra impulsó una reforma judicial, una reforma política, una reforma educativa, que generan resistencias en sectores conservadores y también con algunas redes de corrupción en Perú. A esto se suman sectores cercanos al fujimorismo que perdieron con el cierre del Congreso del año pasado. El presidente Merino representa ahora esa constelación de intereses.

Es este enfrentamiento el que distanció al Congreso del presidente Vizcarra, y que lo hizo caer, sin herramientas para enfrentar una mayoría opositora. Así, no estamos solo ante un crisis coyuntural, sino ante la posibilidad de asistir al inicio del fin de un ciclo más largo, que empezó hace treinta años.

¿Qué vendrá en el futuro inmediato? Lamentablemente, no cabe mucho espacio para el optimismo respecto a la gestión del presidente Merino. Y solo queda cruzar los dedos para que las elecciones de 2021, que se realizan en medio de una gran dispersión e incertidumbre, den un resultado que le permita al próximo Gobierno una mínima viabilidad para enfrentar los retos que deja la emergencia sanitaria, la necesidad de reactivar la economía y la reconstrucción institucional.