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Una región, todas las voces

Socioeconomía y crisis por la COVID-19

Por
León Padilla
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Lejos de generar oportunidades, generalmente los períodos de crisis desnudan problemas estructurales que en situaciones normales pueden pasar desapercibidos. La pandemia de la COVID-19 ha causado la mayor crisis económica y social en el último siglo. En este contexto, Latinoamérica ha sido una de las regiones más afectadas. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el PIB per cápita a finales del 2020 sería igual al de 2010 (lo que implica un retroceso de 10 años), se han cerrado 2,7 millones de empresas, el desempleo sería de 44 millones de personas y la pobreza extrema llegaría a niveles similares a 1990.

Además de las secuelas económicas, Latinoamérica también ha sido uno de los territorios con más altos índices de pérdidas humanas. De acuerdo con la información de la Universidad Johns Hopkins, al 28 de octubre de 2020, el total de casos confirmados de COVID-19 ascendían a 44 millones de seres humanos y 1,17 millones de muertes a escala mundial. De estos, 11 millones de casos y 394.000 muertes corresponden a América Latina y el Caribe. Es decir, la región concentra el 24,95% de los casos y el 33,8% de las muertes reportadas, y algunas naciones resultan ser las más afectadas.

Por ejemplo, los países con más muertes por cada 100 mil habitantes son: Perú, con 106,9 (primero a escala mundial); Bolivia, con 76,4 (cuarto); Brasil, con 75,4 (sexto); Chile, con 74,9 (octavo); Ecuador, con 73,7 (noveno), y México, con 71,2 (décimo). Además, México, Ecuador y Bolivia presentan altos niveles de fatalidad (fallecidos/casos confirmados) con el 10,0%, el 7,7% y el 6,1%, respectivamente. Cabe señalar que estas cifras contienen un grado de inexactitud, pues miles de contagios y muertes no pudieron ser confirmados por las limitaciones para realizar pruebas de COVID-19.

Algunas variables socioeconómicas revelan características propias de la realidad latinoamericana»

Pero ¿qué factores podrían explicar estas cifras? La respuesta a esta pregunta es extremadamente compleja. Por una parte, existen causas subjetivas que impiden su adecuada medición. A saber, factores idiosincráticos como el desconocimiento del alcance de la COVID-19, un inadecuado comportamiento frente a directrices emanadas por las autoridades, la falta de credibilidad frente a decisiones del poder político, el apego a relaciones sociales cercanas, entre otros. Por otro lado, también existen ciertos elementos que permiten un análisis más objetivo para establecer posibles causas para la crisis humanitaria. Mas precisamente, algunas variables socioeconómicas revelan características propias de la realidad latinoamericana.

Los siguientes indicadores reflejan la vulnerabilidad del grupo de naciones más golpeadas. Perú: ha destinado el menor gasto en salud en Sudamérica (4,9% con relación al PIB) entre 2010 y 2018; mantiene el segundo lugar de empleo vulnerable (50,9% del total del empleo); carece de un inadecuado proceso en el control de la corrupción y presenta una baja efectividad en el gasto de gobierno según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial.

En Bolivia, el acceso a las necesidades básicas son las más precarias en Sudamérica (medido por el índice de desarrollo humano); el empleo vulnerable es el más alto (58,1% del total del empleo); el 39,9% de la población vive en condiciones de pobreza; el número de camas de hospitales por cada 10 mil habitantes es de 11,5 (datos de 2015).

En Brasil, la desigualdad del ingreso es la más grande (el coeficiente de Gini fue de 0,53 en 2018); el acceso a la educación es sumamente inequitativo (23,8 en 2018) y, en Ecuador, el control de la corrupción es prácticamente nulo según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Esto quedó expuesto con los diferentes casos de corrupción en el manejo de los recursos destinados a la gestión de la salud pública durante la actual emergencia sanitaria.

En México, el gasto en salud es el segundo más bajo en Latinoamérica»

En México, el gasto en salud es el segundo más bajo en Latinoamérica (5,6% con relación al PIB entre 2010 y 2018). En Chile, a pesar de que es la economía con el mayor PIB per cápita y con el mejor índice de desarrollo humano en Latinoamérica, 16,8 personas de cada 100 habitantes es mayor de 65 años; la inequidad en la distribución del ingreso es una de las principales causas del descontento social en los años recientes. La información presentada corresponde a los últimos datos disponibles de la Cepal, las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

A pesar de que ninguna economía ha podido evitar pérdidas humanas, las singularidades latentes en Latinoamérica han contribuido a profundizar y magnificar los efectos de la COVID-19. La vulnerabilidad en el mercado laboral, los insuficientes sistemas de control de la corrupción, el inadecuado uso de los recursos destinados para la educación y la salud, la precariedad en el acceso a las necesidades básicas, la pasividad de las políticas públicas y la aguda desigualdad de los ingresos han sido problemas arraigados en estas sociedades.

Sin embargo, la crudeza con la que la pandemia ha golpeado a estos países obliga a acciones colectivas. A escala local, el papel del Estado es fundamental para establecer políticas, con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa. A escala regional, es indispensable establecer un proyecto real de integración con objetivos comunes que atenúen crisis similares, aunque esto implique una pérdida en la autodeterminación. La inacción ante esta compleja situación social y económica seguramente causaría tragedias similares.

Foto de Eneas en Foter.com / CC BY

La Cepal, respetada, pero no escuchada

Por
Esteban Caballero
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el principal órgano de las Naciones Unidas para la región, es una institución con hondas raíces en la historia del pensamiento económico y social. Desde su creación en 1948, sus informes, documentos de trabajo, reuniones y conferencias han desempeñado un papel importante en los modos de pensar y actuar de cuadros técnicos y políticos en posiciones de liderazgo.  

Del 26 al 28 de octubre de este año, la Cepal realizó, por primera vez, su período de sesiones de manera virtual. Todos los protocolos se hicieron normalmente bajo la presidencia de Costa Rica, que sucedió, así, a Cuba en dicho papel. Evidentemente, las sesiones en línea, con las consabidas dificultades ocasionales de sonido y sincronización, no tuvieron el mismo impacto que las sesiones presenciales. No lució igual. Pero no solo por la falta de lustre y energía que acaece cuando se hacen las cosas a través de una pantalla, sino también por cierta distancia entre el espíritu cepalino y el momento político por el que pasa la región.  

El informe presentado, que lleva por título “Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad”, representa el esfuerzo de la organización por estructurar una base para el debate y las resoluciones de la reunión. Ese es uno de los propósitos esenciales del documento.

La Cepal hace un llamado a conjugar la respuesta a la crisis por la pandemia por medio de una recuperación del desarrollo sostenible con igualdad y conciencia ambiental»

En el texto, la Cepal hace un llamado a conjugar la respuesta a la crisis por la pandemia por medio de una recuperación del desarrollo sostenible con igualdad y conciencia ambiental. La secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, argumenta en el prólogo que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles. La igualdad no es solo un tema de inclusión y derechos humanos, argumenta, sino que también es un modo de sostener los ingresos y la demanda agregada.

El texto recupera, así, los principios fundadores de la Cepal y se remite a la necesidad de una “propuesta de desarrollo basada en el estado de bienestar, el cambio técnico y la transformación productiva asociada al cuidado del medio ambiente, que fortalezca la igualdad y la democracia como el legado más preciado de la modernidad”.

El informe llama a un “pacto social” y pone al pensamiento cepalino del lado de aquellos que opinan que la crisis del 2008 marcó el principio del fin del neoliberalismo y agrega que la pandemia de la COVID-19 vino a poner aún más en evidencia dicha crisis. “La crisis de 2008 primero y, aun en mayor medida, la crisis de la pandemia, puso en jaque mitos que limitaban el espacio de las ideas y de las políticas públicas… Algunos años atrás, se consideraba que la igualdad y la eficiencia económica eran contradictorias…”.

Hay ‘un consenso creciente respecto a que la desigualdad es enemiga de la productividad, del aprendizaje y de la innovación»

Hoy en día, dice la secretaria, hay “un consenso creciente respecto a que la desigualdad es enemiga de la productividad, del aprendizaje y de la innovación. Hace algunos años, la política industrial era anatema; hoy en día hay un acuerdo amplio de que es clave para reducir las brechas tecnológicas, diversificar las exportaciones y desacoplar el PIB de las emisiones”.

El informe de la Cepal desarrolla aún más sus ideas y las sustenta con argumentación, datos y evidencias. Sin embargo, la recepción del informe tiene un tono poco entusiasta. Las resoluciones dicen que la comisión “toma nota del documento ‘Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad’ y acoge con beneplácito el enfoque integrado del desarrollo que ha caracterizado el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe desde su creación” y “reconoce la pertinencia de los temas examinados y comparte el tenor general de las conclusiones que ofrece el documento”. Este lenguaje un tanto seco no es tan inusual en las Naciones Unidas, pero a veces los Estados miembros ofrecen un estímulo, diciendo “toma nota con interés y aprecio por…”. Ese aditivo no tuvo lugar en este caso.

Sin embargo, lo que llama la atención es que, además de esa recepción fría y lacónica, hay como una falta de sinergia entre el informe de la Cepal y la llamada “declaración política sobre una recuperación sostenible, inclusive y resiliente en América Latina y el Caribe” que se formula en nombre de los ministros y ministras de Relaciones Exteriores y altos y altas representantes de América Latina y el Caribe.

Dicha declaración está mucho más volcada a la respuesta a la pandemia de la COVID-19 que a los temas de recuperación de un desarrollo sostenible, con igualdad y con una mayor participación del Estado tanto en términos redistributivos como de regulación. Se nota un fuerte interés de los Estados miembros por un mayor financiamiento, ya sea por medio de la ayuda externa al desarrollo o por cualquier mecanismo que implique suspensión o condonación de deuda.

En cambio, los conceptos de “pacto social” o “estado de bienestar” no son utilizados y, si bien se habla de espacio fiscal y de estímulos mediante el gasto y la inversión pública, no existen alusiones a políticas redistributivas. Tampoco se hace referencia explícita al tipo de transformación productiva que es preciso aplicar para conseguir una economía verde, quitándoles filo a los llamados a renovar el compromiso por la agenda 2030 y sus tres pilares: el económico, el social y el ambiental.  

En una época en la que la región está perdiendo instancias y espacios de diálogo multilateral, sería una pena que lo que identificamos como una falta de sinergia, esté significando que los Gobiernos pierdan la capacidad de entender la relevancia de la Cepal o simplemente no quieren evidenciar que están en desacuerdo con ella. Al mismo tiempo, sería desafortunado que los mismos equipos técnicos y la mancomunidad de expertos que le dan vida al trabajo de la Cepal se dejen de interesar por la falta de eco de sus recomendaciones y se convenzan de que solo cabe esperar un nuevo ciclo político.

Siempre ha habido una brecha entre el pensamiento cepalino y las políticas públicas de los Gobiernos, pero esta pasa de menor a mayor grado de intensidad, dependiendo de las épocas. No obstante, hay que hacer un esfuerzo por encontrar mejores puntos de encuentro tanto desde la perspectiva de los cambios internos que puede hacer la misma Cepal como desde la perspectiva de una mayor apertura al pensamiento cepalino de parte de los que toman decisión.

Foto de la Cancillería del Perú en Foter.com / CC BY-SA

El triunfo de Biden, el legado de Trump

Por
Fabián Bosoer
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Hemos escuchado y leído los más diversos análisis sobre los problemas que contribuyeron a que los resultados de los comicios más reñidos y polarizados de la historia de los Estados Unidos tuvieran al país y al mundo en vilo y al borde de un ataque de nervios durante los días que siguieron al 3/11, hasta desembocar en la victoria de Joe Biden. El sistema electoral con elección indirecta, en primer lugar, que hace que el voto popular a nivel nacional no se vea reflejado en la composición de los electores por estado que finalmente consagrarán al presidente en el colegio electoral. El voto anticipado por correo, masivo en este caso debido a la pandemia, que hizo más farragoso y complejo el escrutinio, en segundo lugar. Y finalmente, la polarización del electorado, azuzada por un presidente que hizo del escarnio a las bases de la democracia liberal uno de sus caballitos de batalla.

La tradición bipartidista de los EE.UU. tuvo siempre una tensión doble: demócratas y republicanos reflejando dos culturas políticas gravitantes que sus líderes se encargaban de moderar al momento de competir por la Presidencia. Todo cambió con Trump, que pateó el tablero, radicalizó el juego y potenció el factor populista, actuando como el líder de un pueblo que desprecia a sus políticos tradicionales.

Por eso, la contienda Trump vs. Biden se transformó en una encrucijada de otro tenor, casi existencial, en la que se pusieron a prueba cuestiones más profundas y fundamentales. Las dos parcialidades que se disputaron el alma de la “América profunda” en estas elecciones norteamericanas mostraron una llamativa paridad de fuerzas. No hubo nítido vencedor ni contundente derrota, y ya se pueden ver sus reflejos en la futura composición del Senado y la Cámara de Representantes, con una notoria paridad y diversidad. Las dificultades que demoraron la traducción en números de quién finalmente ha ganado la elección presidencial dejan algunas lecciones. 

algo que tiene que ver con lo que distingue –o debería distinguir- a las democracias de los regímenes oligárquicos o autocráticos: el principio de incertidumbre.

Por lo pronto, algo que tiene que ver con lo que distingue –o debería distinguir- a las democracias de los regímenes oligárquicos o autocráticos: el principio de incertidumbre. Reglas ciertas, resultados inciertos. Algo que debe resolverse cuantitivamente, contando voto a voto. Y volviendo a contar, si existen dudas al respecto.

Pero aún si esto se complica, como ha ocurrido en estos comicios, se abre una dimensión cualitativa en la resolución final. La reacción de los líderes ante este obligado alargue del conteo, el activismo de la gente en las calles y cercanías de los centros de votación exigiendo el respeto del sufragio popular, el papel de los medios de comunicación, replicando o neutralizando “fake news”, los lobbys partidarios y la intervención judicial, en última instancia, empañando o garantizando la validez del escrutinio.

Todos los resortes de una república democrática se ponen en máxima tensión, reflejando los intereses en juego, las intenciones de resguardar o manipular los resultados, de dar crédito o desestimar las denuncias de fraude. Pero también los “pesos y contrapesos” que evitan la imposición de un resultado contradictorio con el respeto a la voluntad popular, expresada en el voto de las mayorías y minorías. Les molesta este principio de incertidumbre a quienes –como Donald Trump- creen saber de antemano por quién votan las mayorías y cuando así no lo hacen sólo encuentran explicación en el engaño o el error.

Una elección presidencial puede ser también una experiencia terapéutica de restitución democrática para una sociedad como la estadounidense

Una elección presidencial puede ser también una experiencia terapéutica de restitución democrática para una sociedad como la estadounidense partida en –por lo menos- dos mitades. La reconstrucción colectiva del «We The People» –la fórmula inscripta en su Preámbulo- con la que los constituyentes quisieron encarnar un principio de unidad en la extrema diversidad. El pueblo estadounidense es esto que se vio durante esta semana: los espejos multicolores astillados de un caleidoscopio que no para de girar, dificultando al extremo la “reducción a la unidad” que significa elegir a un Presidente. Este es uno de los legados que deja Trump, el pequeño presidente que se creyó emperador de la (todavía) principal potencia del mundo, a su sucesor, Joe Biden.

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Foto de Gage Skidmore en Foter.com / CC BY-SA

La pandemia (varias en América Latina)

Por
Aldo A. Martinez-Hernandez
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A casi un año del inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, ¿qué sucede en América Latina? Después de lo acontecido en diferentes países del sur de Europa, como Italia y España, y lo observado en Estados Unidos, la preocupación se centró en el devenir de otras realidades como la latinoamericana. Desde su comienzo, el pronóstico por el desarrollo de la pandemia en la región era poco alentador. Las capacidades institucionales de estos países se iban a poner a prueba, la carrera se veía perdida. En términos comparados, la construcción de discursos, estrategias sanitarias, condiciones sociales y procesos políticos manifestaban toda una gama de condicionantes estructurales que definirían el fracaso latinoamericano frente a la COVID-19.

Antes de la pandemia, el índice de seguridad sanitaria de la Universidad Johns Hopkins evidenciaba que, en el mundo, la mayoría de los países carecía de herramientas suficientes para atender una emergencia sanitaria de este calibre. En específico en América Latina, había tres grupos de países diferenciados por sus capacidades sanitarias con las que enfrentarían la emergencia. En términos regionales, los países mejor preparados frente a la pandemia eran Brasil (22), Argentina (25), Chile (27) y México (28). Con un margen moderado de actuación se ubicaban Ecuador (45), Perú (49), Costa Rica (62), Colombia (65), El Salvador (65), Panamá (68), Nicaragua (73), Uruguay (81), República Dominicana (91), y los países con menor capacidad eran Bolivia (102), Paraguay (103), Guatemala (125), Honduras (156), Venezuela (176).

América Latina se ubicaba en 2019 como una de las regiones con menos posibilidades institucionales»

Ante estos números, América Latina se ubicaba en 2019 como una de las regiones con menos posibilidades institucionales, y que, por lo tanto, no tenía las estructuras de prevención, detección, respuesta, normativas y capacidad de atención al riesgo que se necesitaban para enfrentar una pandemia.

En este contexto, lo que sabíamos era que las capacidades sanitarias, en la mayoría de los países latinoamericanos, eran deficientes (comparativamente con la media mundial) y estaban claramente por debajo de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como estructuras necesarias para la atención médica. A lo anterior, se sumaban condicionantes de salud preexistentes, como las enfermedades asociadas a los grupos más vulnerables y que, como efecto, son más proclives al agravamiento de la COVID-19, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes o el tabaquismo.

Sin embargo, las preocupaciones anteriores no solo tenían que ver con el aparato necesario para la protección de la salud de los latinoamericanos. La Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford indicaba con tiempo que la falta de acceso al agua potable, la desnutrición, la mala alimentación, la desigualdad y la pobreza eran los principales factores de riesgo para la diseminación de los contagios, por lo que afectarían aún más en los países con problemas endémicos.

Las intervenciones

Durante la contingencia, los Gobiernos latinoamericanos han actuado de una manera diferente con modelos técnicos y políticos, que han sido nutridos por los requerimientos de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud para el contexto regional. La lógica gubernamental latinoamericana deja ver casos de toma de decisiones en cuanto a la evolución de la pandemia que se basan fundamentalmente en la toma de decisiones circunstanciales (para “salir del paso”) y en momentos de racionalidad técnica que se basan en la evidencia y mediante el empleo de intervenciones conforme a los lineamientos básicos del control y vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, la dicotomía entre economía y salud pública se posicionó como un continuo choque entre dos realidades, lo que ha agravado el problema. En esto se destaca la irresponsabilidad de la clase política que ha dejado ver las necesidades insoslayables para el replanteamiento de estas jóvenes democracias, lo que ha evidenciado la incapacidad de los representantes políticos, Gobiernos y oposiciones para dar soluciones. Los modelos de contingencia y mitigación en cada fase de la epidemia han impulsado diferentes resultados en la región. En estas se encuentra la preocupación principal de lo sucedido en el sur de Europa, pero ¿cómo evitarlo en Estados con estas incapacidades institucionales? Esas condiciones que olvidamos son una constante latinoamericana.

Las pandemias y sus consecuencias

América Latina enfrenta la pandemia en medio de un cúmulo de problemas endémicos, entre los que se encuentran las condiciones estructurales y sistémicas, incluyendo la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad, la informalidad y el desempleo en un entorno de poco crecimiento económico. También se destaca el contexto social y la diversidad política de la región. En países como México, Nicaragua, Argentina, se asientan Gobiernos con ideologías de izquierda; en Brasil, Colombia, El Salvador, Chile, Gobiernos vinculados a la derecha ideológica. A eso se suman los procesos político-electorales de Bolivia, República Dominicana, y próximos en Chile, Ecuador, Honduras, Perú y México. Además, las movilizaciones sociales antes y durante la pandemia, en gran parte de estos países, son un caldo de cultivo que prometen un cambio de rumbo de estas realidades.

Dos países de la región tienen la mayor cantidad de muertes en el mundo como consecuencia de la COVD-19: Brasil y México»

Hoy a casi un año del comienzo de la pandemia, dos países de la región tienen la mayor cantidad de muertes en el mundo como consecuencia de la COVD-19: Brasil y México. Dos países con liderazgos populistas que son hoy un distintivo, como el caso de López Obrador, en México, y Bolsonaro, en Brasil. También son los dos países con mayor capacidad económica de la región, los más poblados, son federaciones, y con estructuras de corrupción arraigadas en su aparato gubernamental. A estos casos se añade el agravamiento de la pandemia en Argentina, Perú y Chile, y las funestas intervenciones en Ecuador al comienzo de la emergencia.

En este contexto, las consecuencias de la pandemia serán puntos de inflexión en toda la región. El retroceso en la construcción y ampliación de la clase media que había evidenciado un marginal, aunque progresivo crecimiento después de tres décadas, el agravamiento de las condiciones de pobreza, el aumento de la desigualdad, la recesión y el estancamiento económico, la violencia de género, la pérdida de sectores productivos, el cambio en el paradigma turístico, etc., son un reto insalvable para Estados en donde la emergencia sanitaria llegó con más fuerza y para aquellos en donde aún está en crecimiento.

Según el Fondo Monetario Internacional, los países latinoamericanos no verán la recuperación y mejora de sus economías a niveles anteriores a la pandemia, en promedio, hasta mediados de 2023. En este contexto, ordenar a la sociedad latinoamericana a que se quede en casa para salvar su salud sentencia a las familias a costa de la generación de ingresos diarios para su subsistencia, la cual está condicionada, igualmente, por la incapacidad gubernamental para reducir la pandemia sanitaria, pero también la pandemia de pobreza, desigualdad y de corrupción que existe en la región. Para los latinoamericanos, no será más que un agravamiento de sus realidades preexistentes que causará más muertes, más pobres, más hambre, más desigualdad.

Finalmente, ¿qué elementos deberíamos evaluar la efectividad de las intervenciones gubernamentales de los países latinoamericanos? ¿La cantidad de muertes, la gestión de las camas de hospital, la cantidad de pruebas hechas, la dispersión de la enfermedad, el cierre de fronteras, el uso de la fuerza, la restricción de movilidad? Son preguntas que tendrán respuesta cuando demos por terminado este pasaje, que no será hasta la aplicación de la vacuna.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Eneas en Foter.com / CC BY

Elecciones: la táctica, demorar y deslegitimar en EE. UU.

Por
Laura Gamboa
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Las elecciones en EE. UU. tienen a su población, y al resto del mundo, en vilo. Al momento de escribir esta columna (miércoles en la tarde) no solo no sabemos quién va a ganar las presidenciales, sino que el hecho de que sea muy probable que no lo sepamos por un par de días, más. ¿Por qué un país con tantas ventajas económicas y tecnológicas se demora tanto en dar resultados electorales? La respuesta tiene dos partes. La primera tiene que ver con las reglas electorales. La segunda tiene que ver con las condiciones particulares de estas elecciones.

EE. UU. es la única democracia del mundo que elige la cabeza del Ejecutivo con un colegio electoral. Cada uno de los 50 estados (y el distrito de Columbia) tiene un número de votos electorales. No obstante algunas excepciones, en general, el candidato que obtiene la mayoría del voto popular en un estado determinado se lleva todos los votos electorales de dicho estado. Es imposible saber quién va a ganar las elecciones antes de que se contabilicen los votos en suficientes estados como para que uno de los candidatos gane 270 de los 538 votos electorales disponibles.

Adicional a eso, los EE. UU. no tiene una autoridad nacional electoral. Cada estado tiene sus propias autoridades, las cuales —dependiendo de las reglas del estado— pueden ser elegidas por voto popular, seleccionadas por el gobernador o la legislatura estatal, o compuestas por una comisión bipartidista. Las autoridades electorales estatales tienen vastos poderes. Estos individuos o cuerpos deciden cuáles son los requisitos y los mecanismos para votar (i. e., tipo de identificación, documentos para registrarse, voto por correo etc.), el margen de fechas para aceptar votos (i. e., si hay voto temprano, si hay registro el mismo día de la elección, etc.) y cómo se cuentan los votos (i. e., antes de las elecciones, el día de la elección, etc.).

EE. UU. sufre hoy de polarización extrema«

A pesar de que es cuestionable desde un punto de vista teórico y democrático, hasta 2000, ninguna de estas dos condiciones institucionales había sido particularmente problemática en términos de los resultados electorales. El país, sin embargo, ha cambiado mucho desde entonces. EE. UU. sufre hoy de polarización extrema. Republicanos y demócratas se conciben como enemigos. Las elecciones se han convertido en eventos de suma cero en las que la victoria del uno equivale a la desaparición del otro. Esa polarización ha tenido dos consecuencias. Primero, los estadounidenses están cada vez más geográficamente divididos. La gran mayoría de los estados de EE. UU. son sólidamente demócratas o sólidamente republicanos, lo cual ha concentrado la carrera electoral en un grupo limitado de estados, en este caso, Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Míchigan, Nevada, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Texas y Wisconsin.

Segundo, y tal vez más grave, la polarización ha aumentado la intensidad con la que se viven los resultados electorales, lo que ha producido incentivos perversos para desbalancear las reglas del juego en estados competitivos. En elecciones pasadas, estados como Texas o Georgia (tradicionalmente republicanos, pero donde los demócratas han mejorado sus oportunidades de ganar) han empleado leyes de identificación restrictivas que dificultan el voto de gente joven y minorías, han cerrado puestos de votación en zonas mayoritariamente hispánicas y afro (cuyos votos normalmente favorecen al Partido Demócrata) y han removido números significativos de votantes (mayoritariamente demócratas) del registro electoral.

Un desbalance similar ha sucedido con el voto por correo. Para limitar la propagación del coronavirus de la COVID-19 en EE. UU., este año hubo un impulso considerable para permitir que un mayor número de personas votaran por correo. La politización de la pandemia, sin embargo, dejó claro que eran los demócratas, y no los republicanos, quienes iban a tomar ventaja de esos cambios, lo que acarreó una serie de batallas políticas y legales sobre la elegibilidad para votar por correo y las condiciones para contar esos votos. Los demócratas, por un lado, trataron de ampliar la elegibilidad para votar por correo, aumentar los plazos para contar los votos (i. e., contar votos que lleguen después del 3 de noviembre) y crear reglas que agilizaran el conteo de esas papeletas. Los republicanos, por el otro lado, trataron de mantener los límites de la elegibilidad para votar por correo, acortar los plazos para contar los votos y proteger reglas que demorarían el conteo de esas papeletas.

En el pasado, la forma como se contaban los votos por correo en estados de EE. UU. donde esta era una práctica minoritaria había sido irrelevante. No eran suficientes para cambiar los resultados en dichos estados. Este año, sin embargo, el número de votantes por correo creció de forma notoria. En 2016, hubo alrededor de 65 millones de votos por correo; este año se calcula que va a haber 92 millones. En los tres estados más importantes para estas elecciones (Pensilvania, Wisconsin y Míchigan) el voto por correo aumentó 2.807%, 797% y 277% con respecto a 2016. Es imposible saber quién ganó en estos estados hasta que no se cuenten los votos por correo que, encuestas y otros datos electorales, sugieren, son mayoritariamente demócratas.

La estrategia del Partido Republicano y de Donald Trump ha sido retrasar y deslegitimar»

Con esto en mente, la estrategia del Partido Republicano y de Donald Trump ha sido retrasar y deslegitimar en EE. UU. La tendencia inicial en Pensilvania, Wisconsin y Míchigan fue a favor del presidente. Dicha tendencia, no obstante, se basa en los votos que se recibieron en persona el 3 de noviembre (mayoritariamente republicanos) y no cuenta (aún) los que se recibieron por correo (mayoritariamente demócratas). Estos últimos votos les dan a los demócratas una posibilidad real de ganar en por lo menos dos de esos tres estados. Siguiendo la línea de otros presidentes con tendencias autoritarias, sin embargo, el presidente declaró el miércoles en la madrugada que había ganado los tres estados competitivos, estableció que cualquier cambio en la tendencia era fraudulento y pidió que pararan de contar los votos. Su discurso preparó el escenario para controvertir y deslegitimar cualquier cambio que generaran los votos por correo.

Qué pase de ahora en adelante es incierto en EE. UU. Si Joe Biden gana dos de los tres estados que definen la elección (Wisconsin, Pensilvania o Míchigan) y se mantiene en Arizona y Nevada, va a conseguir los 270 votos que necesita para ganar. Eso no significa, sin embargo, que el presidente acepte esos resultados. Es muy probable que el mandatario decida demandarlos (usando las semillas que planteó el 3 de noviembre en la madrugada). Esta es una mala noticia para la democracia de EE. UU. Cuatro años de cooptación y ataques por parte del presidente y sus aliados han debilitado instituciones claves del marco democrático estadounidense. Si las cortes fallan a favor del presidente, van a profundizar la deslegitimación por el proceso cada vez más partidista y abrasivo con el que se han nominado los últimos jueces. Si fallan en contra del presidente, sus partidarios van a tomarle la palabra y creer que los demócratas (en alianza con las autoridades electorales) se robaron las elecciones. En ese sentido, no obstante una victoria de Biden le corta el paso a un populista autoritario como Trump (y eso es positivo), cualquiera de estas situaciones va a agudizar inevitablemente los problemas estructurales democráticos que enfrenta este país.

Foto de Gage Skidmore en Foter.com / CC BY-SA

El problema no es Trump

Por
Joaquín Roy
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El empate, sea cual sea el resultado final, que se ha revelado, no es un fenómeno temporal. El protagonista de la resistencia de Donald Trump no es el inquilino de la Casa Blanca de los últimos cuatro años. El agente real, aunque al final el ganador constitucional sea Joe Biden, es ese sector que durante décadas se consideraba una anormalidad. La cruda realidad es que la percepción general en el exterior de Estados Unidos no llegó a entender el mensaje de 2016. Y quizá todavía no lo entienda ahora. Y, peor, no lo entenderá nunca, si no se presta atención a las peculiaridades de esta sociedad, que son dramatizadas por Trump.   

En cuanto se difuminó la gloria de haber vencido en la Segunda Guerra Mundial, la aparente cohesión nacional de Estados Unidos desapareció. Una parte siguió creyendo que había monopolizado el alma del país, cimentada en el excepcionalismo, “la luz del faro en la colina”. Pero algunas señales de alarma comenzaron a sonar con la represión de los supuestos comunistas de Hollywood.

Nixon lo llamó ‘la mayoría silenciosa»

Acallados los disidentes ya en los sesenta, el asesinato de Kennedy no se consideró un peligro para el consenso nacional. Pero un sentimiento soterrado reclamaba salir del armario. Nixon lo llamó «la mayoría silenciosa». Permaneció mudo durante la tragedia de Vietnam. Se drogó convenientemente con la satisfacción del fin de la Guerra Fría y de la historia.

Apenas entonces un puñado de novelistas se había preguntado como Zavalita, el personaje secundario de Conversación en la catedral: “En qué momento se jodió el Perú”. Algunos osados comentaristas se atreverían demasiado tarde a aludir a la reacción por el hundimiento del Maine en La Habana, que impelió a Estados Unidos a esparcirse por toda América Latina, lo que irritó a los patriotas cubanos. La consecuencia medio siglo después fue la revolución castrista.

El establishment de Washington apenas se inmutó y creyó recuperarse con el final de la Guerra Fría y también “de la historia”, según la mitificación de Fukuyama. Pero esa gloria efímera no logró esconder los problemas internos que sucesivos presidentes norteamericanos no pudieron corregir. Se detectaban desequilibrios, discriminación, marginación, incomodidad y básico desconsuelo por la aparición de defectos en el sueño americano.

El problema era que las víctimas ya no eran exclusivamente los tradicionales perdedores (negros, hispanos, nativos), sino también los componentes de las anteriormente capas intermedias de la sociedad. Además, se habían añadido los componentes de la élite económica que parecía no contentarse con las ventajas fiscales que habían disfrutado. También pretendían controlar el devenir político sin implicarse en las contiendas electorales, función ordinaria que dejaban en manos de profesionales.    

El resultado de las elecciones es un retrato nítido de tres Américas, cada una a su manera creyendo que tiene derecho a ser “grande de nuevo”, según el eslogan de Trump. Ya se advirtió con la doble elección de Obama: el potencial electorado se había dividido nítidamente en tres.

Un tercio se ha quedado en casa, siempre»

Un tercio se ha quedado en casa, siempre. Otra tercera parte ha votado por las diferentes opciones del Partido Demócrata. El resto se ha refugiado históricamente en los republicanos, arropados por ese sector que no parece responder a unas líneas partidistas concretas. Ahora se ha equipado de toda la parafernalia que ha capturado la mitad del voto en las recientes elecciones.    

Pero la novedad de la última década, tras la defenestración del tradicionalismo de los Bush y afines, no es la aparición de Trump. La noticia es la consolidación del protagonismo del tercio que Trump ha despertado. No es un fenómeno temporal. En realidad, existía desde que el mito fundacional de Estados Unidos se cuestionó por ese tercio que ha permanecido latente, tímido de protagonismo.

Como una princesa adormecida, solamente le faltaba el beso de un príncipe audaz, al que no le ataran convenciones partidistas. Da igual que la princesa se haya comportado como una bruja para los otros dos tercios del electorado. Esa peculiaridad no le ha importado a Trump, que ha capturado el papel del príncipe.

Sea cual sea el resultado oficial de las elecciones, lo cierto es que esa América antes oculta seguirá al acecho (con más ahínco si gana Trump). Presionará para el abandono de las alianzas tradicionales de Estados Unidos, rechazará todo esquema de integración regional (apenas reducida a una pragmática nueva Nafta), seguirá rechazando el reingreso en la Unesco, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), e incluso no se aprovechará pragmáticamente de su lugar de privilegio en la ONU.

En el terreno militar no sabrá usar sabiamente el poder “suave” de la superioridad militar, jugará peligrosamente con el abandono de la OTAN, se puede implicar en peligrosas operaciones en el Medio Oriente, equivocando fatalmente sus útiles aliados. La continuación de la apuesta de apoyo incondicional para el Gobierno israelita actual sería una apuesta con beneficio nulo. Cualquier mal cálculo con China y Rusia se puede pagar caro, sobre todo de cara a una sociedad norteamericana que está harta de excursiones bélicas que no revierten réditos sociales y solamente rellenan las tumbas disponibles en Arlington.

Pero, en el caso de una victoria final efectiva de Biden, la agenda que el nuevo presidente deberá encarar incluiría precisamente la latente y permanente presencia de la América hasta ahora silenciosa por gracia de Trump. En ese escenario no podrá evitar el espectáculo de destrucción social, la división en bandos irreconciliables, la urgente instalación (con permiso de residencia tendiente a sublimarse en la ciudadanía) de los enormes grupos de recientes inmigrantes.

Y, en general, en el exterior se deberá entender con frialdad que el nuevo Gobierno estadounidense no va a ser radicalmente diferente de lo que se considera esencial en los prácticamente inamovibles intereses norteamericanos. Biden deberá responder a las demandas no solamente de sus votantes, sino también de los razonables intereses del país y las consiguientes presiones de su sociedad.

Europa, por ejemplo, deberá entender que la demanda de una implicación de sus Gobiernos en la defensa continental no responde simplemente a un capricho del dirigente de turno, sino a una reconstitución del entramado militar. La sociedad norteamericana seguirá presionando a su Gobierno para obtener beneficios legítimos en cuanto a los resultados de los acuerdos de comercio. Se deberá, por lo tanto, conseguir una sintonía beneficiosa para ambas partes.

Por fin, América Latina deberá esforzarse en presentar un mínimo frente común si quiere obtener nuevas ventajas, pero que no estén basadas en arbitrarias decisiones de origen temporal. Para tratar con Estados Unidos, sea con Biden o con Trump, la división será siempre perjudicial, sobre todo para los intereses de los latinoamericanos.

Foto de JSmith Photo en Foter.com / CC BY-ND

¿Voto remoto en Latinoamérica?

Por
Adrián Albalá
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Los resultados del plebiscito chileno del pasado 25 de octubre siguen produciendo comentarios y análisis. La victoria aplastante del “apruebo” con el 78% de los sufragios, así como la —más sorprendente— opción por la Constituyente, ciento por ciento electa con el 79%, han sido recibidas con bastante entusiasmo y satisfacción tanto por la prensa como por la comunidad académica en toda Latinoamérica. Un dato, sin embargo, ha quedado en entredicho: el de la participación. El Servel, ente que organiza y fiscaliza las elecciones, comunicó que el plebiscito tuvo una movilización histórica, con poco más de 7.5 millones de votos. Sin embargo, el nivel de participación no deja de ser modesto: 51%.

Pese a que el pleito fuera considerado como el más importante desde la vuelta a la democracia (1988), los chilenos no votaron más»

Aunque el nivel de votación sea el más alto desde la adopción del voto facultativo (2012) —en las elecciones de 2014 y 2018 la participación fue de 43% y 49%, respectivamente—, llama la atención que, pese a que el pleito fuera considerado como el más importante desde la vuelta a la democracia (1988), los chilenos no votaron más. A pesar del ya conocido desánimo de la sociedad chilena con las elecciones y, más particularmente con sus partidos, los números a la baja en diferentes comunas, entre otras con mayoría indígena, no dejan de sorprender. Esos números relativamente modestos no deberían quitar legitimidad al resultado, pero sí constituyen verdaderos desafíos, en particular para la elección de constituyentes de abril de 2021.

Para tratar de remediar esta situación y hacer que participen y se movilice a un número mayor de chilenos para futuros comicios, varias opciones podrían ser barajadas. Una opción sería la reintroducción temporaria, o definitiva, del voto obligatorio. Recordemos que en Chile esa era la regla hasta 2012, aunque con el “truco” de la inscripción voluntaria. Esa medida, manteniendo la inscripción automática, probablemente tendría un efecto directo mediante el aumento significativo de la participación.

¿Pero a qué precio? No podemos descartar el impacto de la pandemia del coronavirus a escala global, el cual puede haber impedido o desestimulado a millares de chilenos a ir a votar, sobre todo, sabiendo que Chile ha sido uno de los países, en proporción a su población, más tocados por la pandemia.

¿Qué otra alternativa se presenta?

La literatura clásica en ciencia política indica que la participación está directamente correlacionada con dos elementos: el interés del ciudadano con el pleito o con la política, y el costo que la acción de ir a votar implica. Dicho de otra manera, el hecho de ir a votar debería contener una dimensión simbólica relevante para el ciudadano o suponer un desplazamiento limitado tanto en términos de distancia como de costo.

Suponiendo que la elección para elegir a los convencionales de la constituyente interesara a un número relevante de chilenos —particularmente a las minorías étnicas que tendrían cupos reservados—, ¿cómo podríamos entonces volver “barato” el desplazamiento? ¿Y qué pasa si, hasta entonces, el país aún estuviese padeciendo los efectos de la pandemia? ¿Sería razonable pensar que más chilenos fueran a votar? Probablemente no.

Una solución que las autoridades podrían barajar es la introducción del voto remoto, sea digital o no»

Una solución que las autoridades podrían barajar es la introducción del voto remoto, sea digital o no. Asimismo, vale la pena señalar que diferentes países del mundo han adoptado ese formato de elección o han incluido esa opción en su normativa electoral. Suiza ha sido uno de los pioneros al incluir el voto remoto por correo. Esa medida no solo habría contenido una tendencia a la baja en la participación, tradicionalmente en torno al 43%, sino que también habría tenido cierto impacto posterior con un crecimiento del 4.1%.

Estados Unidos es otro país que incluyó el voto remoto, postal, en su ley electoral. De la misma forma, se notó un crecimiento en la participación ahí donde el nivel de la participación era tradicionalmente bajo, inferior al 50%. Estonia, por su parte, introdujo el voto remoto (electrónico) hace una década, sin que se produjeran problemas de legitimidad o contestación de los resultados. En este caso, el voto remoto (electrónico) supuso, además, una baja en los costos de la organización de las elecciones.

De cualquier forma, la introducción del voto remoto, particularmente en el caso del voto electrónico o e-voto, supondrá ciertos problemas y potenciales desigualdades. No todas las personas poseen conexiones estables a internet o un aparato adecuado. Además, la introducción de esa modalidad no dejaría de producir problemas de seguridad/confiabilidad del voto, lo que dejaría espacio para sospechas de manipulación o trampa.

Sin embargo, en sociedades donde la penetración celular y de smartphones llega a pasar el 100% de la población, esa opción supondría, sin duda, una disminución del costo de votar. Además, ofrecería un canal nuevo de votación para sectores en los que el voto supone un costo, sea de tiempo o de locomoción. Estas consideraciones nos permiten pensar, por lo tanto, que esta medida podría incidir en los índices de participación.

En reglas más generales y ampliando la mirada hacia el resto de América Latina, el voto remoto, particularmente el electrónico, podría ser una opción realista ante nuevas oleadas de COVID-19, sobre todo, teniendo en cuenta que en el próximo año habrá elecciones relevantes en países como Brasil (municipales, en noviembre), Argentina y México (legislativas), Chile (presidenciales + legislativas + constituyentes), Perú y Ecuador (presidenciales)….

Foto de la Asociación Profesional de Milwaukee Public Educa en Foter.com / CC BY-NC

La pesadilla de Colombia o la paz que no fue

Por
Jerónimo Ríos Sierra
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Este mes de noviembre se cumplen cuatro años de la firma del acuerdo de paz de Colombia con las FARC-EP. Sin embargo, son cuatro años que parecen, indudablemente, muchos más en lo que respecta a la dimensión de la violencia y del conflicto armado interno. Claro está que la firma de un acuerdo de paz siempre es un aspecto complejo y con muchos matices, con innegables recelos y expectativas en juego. Más, si cabe, si hablamos del conflicto armado más longevo de América Latina. Así, lo verdaderamente complejo es mantener los compromisos, desarrollar las transformaciones que estos implican y superar los condicionantes estructurales, político-institucionales y simbólicos que en más de cinco décadas sirvieron de base para la violencia.

Ineludiblemente, es posible pensar que el acuerdo de paz, suscrito por las FARC-EP —que para buena parte de la comunidad académica es el más completo sobre el papel de los últimos treinta años—, parte de un mito que supera cualquier atisbo de realidad futura, sobre todo en la tierra de Macondo como es Colombia. Es decir, incluso si después de la presidencia de Juan Manuel Santos se hubieran dado las mejores condiciones para su empleo, posiblemente estaríamos hablando hoy de diferencias entre lo acordado, lo previsto y lo hecho.

El primer gran saboteador del acuerdo fue el mismo gobierno del inefable Iván Duque»

O como me dijo hace unas semanas un buen amigo: “Entre la paz que pudo ser, la paz que finalmente debía ser y la paz que, por desgracia, está siendo”. Como es de esperar, no juega a nuestro favor —en donde incluyo a todos los que verdaderamente anhelamos la superación de la violencia en Colombia— que el primer gran saboteador del acuerdo haya sido el mismo gobierno del inefable Iván Duque.

Un acuerdo de paz, como alguna vez me confesó en una conversación privada el exvicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, “es un acuerdo entre perdedores”. Expresado en términos más académicos, es la solución negociada, que se basa en intercambios cooperativos, resultado de que las partes en liza no han podido responder unilateralmente a sus intereses en el conflicto. En el caso de Colombia, el acuerdo integraba demandas históricas de las FARC-EP como una reforma rural, aspectos comunes en todo acuerdo de paz como la participación política o la justicia transicional y, asimismo, condiciones del Gobierno, como la entrega de las armas o la colaboración en la mitigación del negocio de la droga y su impacto sobre la violencia.

En este caso en particular, el actual Gobierno colombiano se ha erigido como el principal impedimento a la aplicación deseada del acuerdo. Es decir, según todos los informes de seguimiento, destacándose entre ellos el del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, existen aspectos que apenas han comenzado a desarrollarse, como la reforma rural integral o la mitigación del problema de las drogas ilícitas, cuyos niveles de cumplimiento son inferiores al 5%.

El mismo Ejecutivo hizo todo lo posible en el Congreso para evitar la aprobación de las 16 curules que debían dar voz política a los territorios más golpeados de Colombia por la violencia»

Por otro lado, el mismo Ejecutivo hizo todo lo posible en el Congreso para evitar la aprobación de las 16 curules que debían dar voz política a los territorios más golpeados de Colombia por la violencia, y hasta el mismo presidente invocó todos los reparos posibles para impedir que la Jurisdicción Especial para la Paz, prevista en el acuerdo, se materializara. No lo consiguió, pero a cambio consiguió desfinanciarla en más de un 30%.

Mientras todo lo anterior sucede, la condiciones que han mantenido la violencia durante décadas continúan inalterables en uno de los países más desiguales del mundo en términos sociales (0.54 de coeficiente de Gini) y territoriales (0.85 de coeficiente de Gini, de acuerdo con la distribución de la propiedad de la tierra). Los cultivos cocaleros siguen presentando, aún con todo, una superficie que supera las 150.000 hectáreas, según las Naciones Unidas. Y en un Estado que tradicionalmente ha tenido más territorio que soberanía, la geografía de la violencia previa al diálogo de paz que comenzó en La Habana, en 2012, resulta prácticamente la misma. Esto es una violencia periférica sobre departamentos mayormente cocaleros, fronterizos y que han vivido a espaldas de los intereses de un centralismo que está al servicio de las elites políticas y económicas del país.

A excepción del departamento de Antioquia, que tiene una serie de particularidades propias, los departamentos más violentos de Colombia son exactamente los mismos que hace una década: Chocó, Cauca y Nariño, en el litoral Pacífico; Caquetá y Putumayo, en el sur; y Arauca y Caquetá, en el nororiente. No es casualidad que estos mismos departamentos —a excepción de Arauca— sean los que concentran el 80% de la superficie cocalera. Allí es donde, principalmente, se condensa un porcentaje aún mayor de las mal llamadas disidencias de las FARC-EP (en tanto que la mayor parte de sus integrantes no son excombatientes de las FARC-EP).

Tales disidencias son grupos criminales que se cuentan por decenas y que disponen de más de 2.000 integrantes. Estos han fragmentado y desideologizado el sentido del conflicto armado, partiendo de una lógica, si cabe, aún mucho más compleja y en donde la vieja interpretación simplista de la violencia deviene completamente inútil.

Por si fuera poco, a ello, además, hay que sumar el Clan del Golfo, en parte, heredero de un paramilitarismo desmovilizado hace 15 años y con un grueso que supera los 1.800 integrantes. Es cierto que está muy atomizado y sujeto a las dinámicas locales de la violencia y de la criminalidad, pero tiene un especial arraigo en el Magdalena Medio, Antioquia o la región Caribe.

También estaría el ELN, una guerrilla que vive fracturada entre una vieja comandancia política, que se encuentra en Cuba y que sigue viendo pertinente una solución negociada de la violencia, y una nueva comandancia más joven, beligerante y desideologizada, la cual ha aprovechado buena parte del vacío de las FARC-EP —que nunca fue ocupado por la Fuerza Pública colombiana—, para incrementar su presencia territorial, su número de miembros y sus recursos de la financiación ilícita.

Dadas las circunstancias, el resultado es patente. La Colombia que pudimos soñar hace cuatro años es, en la actualidad, una preocupante distopía en la que cada día que pasa, el anhelo de la paz se aleja un poco más. Desde que se firmó el acuerdo han sido asesinados más de 230 exguerrilleros de las FARC-EP y 700 líderes sociales. Solo en 2020 se contabilizan un total de 70 masacres y 278 asesinados.

El responsable, en esencia, es un Gobierno que siempre estuvo cómodo en el discurso de la guerra, de la militarización, de la lógica amigo y enemigo, y en donde el caudal electoral y político permite entender figuras tan nefastas para Colombia, como la de Álvaro Uribe. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Las reivindicaciones y necesidades de la sociedad colombiana van más allá de una estrechez de miras que, esperemos, termine en agosto de 2022, tiempo en el que el actual Gobierno estará fuera de la Presidencia. Mientras tanto, ojalá que no sea lo suficientemente tarde como para que, dentro de unos años, tengamos que hablar de la paz que no pudo ser.

Foto da Presidência da República Mexicana em Foter.com / CC BY

Venezuela: las dictaduras nunca pierden

Por
Nastassja Rojas Silva
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Revisar el futuro de Venezuela, las posibles salidas a la inestabilidad política y a la dramática situación social y humanitaria no es una tarea sencilla ante la avalancha de noticias diarias y decisiones del régimen de Nicolás Maduro. Es así que, ante el anuncio de “adelantar la Navidad”, la entrada en vigencia de la Ley Antibloqueo y los resultados de la investigación realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, parece que las elecciones organizadas por el régimen pasarán a un segundo plano. Sin embargo, no hay que perder de vista que cada una de sus decisiones y pronunciamientos están encaminados a mantener dicho proceso, el cual ha sido armado a su medida.

Tal vez el recuerdo de Chile, en donde la salida del régimen dictatorial se dio por medio de las urnas, nubla con frecuencia las decisiones políticas de quienes anhelan una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. Pero es importante tener presente que la salida de Pinochet no estuvo determinada solamente por un proceso electoral y que la situación de Chile en aquel momento era muy diferente a la situación de la Venezuela de hoy.

Nos encontramos ante un régimen vinculado con el narcotráfico que se enfrenta a numerosas presiones internacionales»

Nos encontramos ante un régimen vinculado con el narcotráfico que se enfrenta a numerosas presiones internacionales, las cuales se extienden desde lo económico hasta lo relacionado con su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Ante esta realidad, sus incentivos para una salida negociada en Venezuela son pocos, por no decir que inexistentes.

Es necesario recordar que desde la llegada de la revolución bolivariana se han realizado más de 15 procesos electorales. De estos, el régimen supo calcular con precisión cuáles eran los movimientos necesarios para asegurar su victoria. Solo en los contados casos en los que concedió una victoria aparente, no fue más que para demostrar cierta transparencia y participación de la oposición de Venezuela. Sin embargo, en esos casos, el Gobierno ya tenía claramente fijada la ruta para lidiar con estos resultados y que en la práctica no se viesen afectados.

Uno de los ejemplos más claros de esta manipulación electoral fue el referéndum constitucional de 2007, en el que, pese a perder la consulta, se justificó por medio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la realización de una enmienda con los mismos fines que la reforma. Y el segundo, la declaración de nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional (AN), electa para el período constitucional 2016-2021, al declararla en desacato, lo que significaba que la oposición contaría con una mayoría calificada.

Estas manipulaciones se lograron gracias a una Constitución hecha a la medida de la revolución, producto de las bases comiciales que fueron fijadas por el Ejecutivo nacional para el proceso constituyente de 1999, las cuales le permitieron al chavismo obtener el 95% de los escaños con el 60% de la votación. Pero, paradójicamente esta estructura resulta ahora ser demasiado ajustada para sus propósitos, llevándolos a hacer un nuevo llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, que, además de ser convocada y electa de forma inconstitucional, se crea con el propósito de usurpar funciones de la AN.

Es así que se llega a una nueva y fraudulenta designación de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la suspensión de las directivas de partidos de oposición, sin olvidar que previamente se habría hecho el proceso de (in)validación de los partidos políticos opositores al régimen y una constante limpieza del partido único de gobierno. Es a partir de este reciente CNE que fueron convocadas las elecciones legislativas que no son libres ni justas y ante una inexistente división de poderes y una limitada libertad de expresión en Venezuela.

Uno de los puntos más importantes por considerar es el de las limitaciones impuestas y las persecuciones contra cualquier voz opositora»

Por ello, uno de los puntos más importantes por considerar es el de las limitaciones impuestas y las persecuciones contra cualquier voz opositora. Esta presión, que ya se venía ejecutando desde el gobierno de Hugo Chávez, ahora se ampara bajo la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la cual, además de ser emitida por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene las competencias para ello, es usada para suprimir cualquier dejo de libertad de expresión. Y como no es suficiente con eliminar cualquier pronunciamiento disidente a las acciones del régimen, es aplicada de forma discrecional, y sus sanciones son completamente desproporcionadas, por lo que la pena por homicidio intencional es mucho menor que la impuesta por las supuestas incitaciones al odio. 

Así, no existen condiciones mínimas para considerar un proceso electoral de esta naturaleza, teniendo en cuenta que es una de las tantas acciones ejercidas por el régimen de Nicolás Maduro, de Venezuela, para legitimar su permanencia en el poder ante la comunidad internacional.

Estas son razones más que suficientes para no dudar de que se está frente a una dictadura que, por su naturaleza, no estará dispuesta a apartarse del poder y menos aún por la vía electoral.

Foto de DJANDYW.COM en Foter.com / CC BY-SA

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Peligro de deriva autoritaria si gana Trump

Por
Federico Finchelstein
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En un contexto de crisis mundial, Jorge Luis Borges se preguntaba en 1939 cuáles serían los efectos de una victoria de Hitler. Su respuesta no dejaba ninguna duda sobre las dimensiones del mal que se avecinaba. “Es posible que una derrota alemana sea la ruina de Alemania”, sostenía el gran escritor, pero agregaba que “es indiscutible que su victoria sería la ruina y el envilecimiento del orbe”. Borges, que en esos tiempos se presentaba como un intelectual argentino y latinoamericano antifascista comprometido con el mundo en el que vivía, no temía embarcarse en un ejercicio de predicción sobre los efectos de un triunfo de Hitler. Salvando las distancias, en estos tiempos de racismo, autoritarismo y crisis planetaria es necesario preguntarse qué pasará con la democracia estadounidense en el futuro cercano y cuáles serán los efectos globales (en caso de que gane Donald Trump).

A pesar de las encuestas, los fracasos y las mentiras constantes, es todavía posible considerar que Donald Trump gane las elecciones»

A pesar de las encuestas, los fracasos y las mentiras constantes, es todavía posible considerar que Donald Trump gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y si bien está claro que los efectos no serán los mismos que Borges pensaba para Hitler (la ruina de su país y el triunfo absoluto del odio y la intolerancia), una victoria de Trump legitimaría un incremento de su autoritarismo y su xenofobia.

Antes que hacer un ejercicio de historia contrafáctica, al estilo del excelente intento de la novela La conjura contra América, de Philip Roth, ahora también está una muy buena serie de HBO sobre los efectos totalitarios de un triunfo profascista en Washington D. C., ejercicio que nosotros los historiadores profesionales tenemos prohibido, es necesario pensar en las continuidades y rupturas entre pasado, presente y futuro.

En términos de continuidades, está claro que un triunfo del presidente republicano apañará, y seguirá justificando a sus aliados internacionales como Narendra Modi en la India, Jair Mesías Bolsonaro en Brasil y Viktor Orban en Hungría.

El Gobierno de Estados Unidos seguirá felicitando a sus líderes y consolidando sus ataques a la independencia de los medios de prensa independientes, a las minorías y al sistema democrático constitucional en su conjunto.

Asimismo, el trumpismo que aumentó la represión, la desinformación, el verticalismo y el racismo, en tiempos electorales seguirá siendo un modelo por seguir para llegar al poder para los populistas de extrema derecha en países como Italia, Colombia, Bolivia o España. También seguirá la negación del papel de la ciencia en el manejo de la enfermedad de la COVID-19, lo que sin duda seguirá ampliando las muertes por el virus. Y, por último, seguirán los escándalos y la corrupción, que se verían refrendados a través del voto.

En términos de rupturas, muchos analistas y expertos en dictaduras y populismo entre los que me cuento, plantean la posibilidad, ojalá remota, de una veta fujimorista en Perú (autogolpe), madurista en Venezuela (progresiva destrucción de los últimos vestigios de democracia) o un peligro fascista diferente pero emparentado con los del pasado.

Es decir, destrucción de la democracia desde adentro e instauración de formas autocráticas con rasgos dictatoriales, en el sentido de atacar y cerrar instituciones, lo que fagocitaría los “check and balances” (contrapesos y equilibrios).

Esto conllevaría la eliminación de esa gran fuente de democracia que es la esfera pública norteamericana, con sus discusiones, sus publicaciones, sus medios independientes y su periodismo de investigación, sus universidades, sus libros y su aceptación y promoción de lo distinto.

La eliminaría el fanatismo, la intolerancia y esa mezcla también tan norteamericana de fanatismo religioso e idealización de los millonarios y del consumo por el consumo en sí mismo. En concreto, es esa idea de Estados Unidos la que llevó a Trump a la Casa Blanca.

La hipótesis de ficción de Roth sobre una denigración casi absoluta de la democracia y la cultura democrática americanas no puede ser descartada tampoco de antemano»

La hipótesis de ficción de Roth sobre una denigración casi absoluta de la democracia y la cultura democrática americanas no puede ser descartada tampoco de antemano. El mismo Borges luego escribiría sobre la desolación de un futuro en el cual el legado de Hitler y sus cámaras de gas formaban parte de la vida cotidiana. Tanto Borges como Roth adoptaron una perspectiva antifascista para llamar la atención sobre los peligros de futuros totalitarios e historias contrafácticas y en este punto, en nuestro presente, también se dan semejanzas.

Enfrentando a Trump, se encuentran Joe Biden y Kamala Harris, y con ellos, una coalición de izquierda, centro y derecha (que incluye a muchos republicanos). Esta coalición intenta defender la democracia de sus enemigos.

El mismo Biden sostiene que decidió ser candidato luego de que Trump dijera que también había “buena gente” entre los neonazis de la infame marcha de Charlottesville en Virginia en 2017. En concreto, estas elecciones norteamericanas y sus efectos globales no están tan alejados del mundo de ficción que escritores como Roth y Borges nos brindaron para sobresaltarnos un poco, pero además para hacernos pensar en los futuros que la intolerancia y la inacción, y también la apatía propia y ajena, pueden depararnos. Del lado de Trump se encuentra el peligro de un futuro de fantasías autoritarias que se puede volver realidad; del otro lado, la promesa de una recuperación y afianzamiento de la democracia.

Foto de Gage Skidmore em Foter.com / CC BY-SA

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