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Una región, todas las voces

El triunfo de Biden, el legado de Trump

Por
Fabián Bosoer
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Hemos escuchado y leído los más diversos análisis sobre los problemas que contribuyeron a que los resultados de los comicios más reñidos y polarizados de la historia de los Estados Unidos tuvieran al país y al mundo en vilo y al borde de un ataque de nervios durante los días que siguieron al 3/11, hasta desembocar en la victoria de Joe Biden. El sistema electoral con elección indirecta, en primer lugar, que hace que el voto popular a nivel nacional no se vea reflejado en la composición de los electores por estado que finalmente consagrarán al presidente en el colegio electoral. El voto anticipado por correo, masivo en este caso debido a la pandemia, que hizo más farragoso y complejo el escrutinio, en segundo lugar. Y finalmente, la polarización del electorado, azuzada por un presidente que hizo del escarnio a las bases de la democracia liberal uno de sus caballitos de batalla.

La tradición bipartidista de los EE.UU. tuvo siempre una tensión doble: demócratas y republicanos reflejando dos culturas políticas gravitantes que sus líderes se encargaban de moderar al momento de competir por la Presidencia. Todo cambió con Trump, que pateó el tablero, radicalizó el juego y potenció el factor populista, actuando como el líder de un pueblo que desprecia a sus políticos tradicionales.

Por eso, la contienda Trump vs. Biden se transformó en una encrucijada de otro tenor, casi existencial, en la que se pusieron a prueba cuestiones más profundas y fundamentales. Las dos parcialidades que se disputaron el alma de la “América profunda” en estas elecciones norteamericanas mostraron una llamativa paridad de fuerzas. No hubo nítido vencedor ni contundente derrota, y ya se pueden ver sus reflejos en la futura composición del Senado y la Cámara de Representantes, con una notoria paridad y diversidad. Las dificultades que demoraron la traducción en números de quién finalmente ha ganado la elección presidencial dejan algunas lecciones. 

algo que tiene que ver con lo que distingue –o debería distinguir- a las democracias de los regímenes oligárquicos o autocráticos: el principio de incertidumbre.

Por lo pronto, algo que tiene que ver con lo que distingue –o debería distinguir- a las democracias de los regímenes oligárquicos o autocráticos: el principio de incertidumbre. Reglas ciertas, resultados inciertos. Algo que debe resolverse cuantitivamente, contando voto a voto. Y volviendo a contar, si existen dudas al respecto.

Pero aún si esto se complica, como ha ocurrido en estos comicios, se abre una dimensión cualitativa en la resolución final. La reacción de los líderes ante este obligado alargue del conteo, el activismo de la gente en las calles y cercanías de los centros de votación exigiendo el respeto del sufragio popular, el papel de los medios de comunicación, replicando o neutralizando “fake news”, los lobbys partidarios y la intervención judicial, en última instancia, empañando o garantizando la validez del escrutinio.

Todos los resortes de una república democrática se ponen en máxima tensión, reflejando los intereses en juego, las intenciones de resguardar o manipular los resultados, de dar crédito o desestimar las denuncias de fraude. Pero también los “pesos y contrapesos” que evitan la imposición de un resultado contradictorio con el respeto a la voluntad popular, expresada en el voto de las mayorías y minorías. Les molesta este principio de incertidumbre a quienes –como Donald Trump- creen saber de antemano por quién votan las mayorías y cuando así no lo hacen sólo encuentran explicación en el engaño o el error.

Una elección presidencial puede ser también una experiencia terapéutica de restitución democrática para una sociedad como la estadounidense

Una elección presidencial puede ser también una experiencia terapéutica de restitución democrática para una sociedad como la estadounidense partida en –por lo menos- dos mitades. La reconstrucción colectiva del «We The People» –la fórmula inscripta en su Preámbulo- con la que los constituyentes quisieron encarnar un principio de unidad en la extrema diversidad. El pueblo estadounidense es esto que se vio durante esta semana: los espejos multicolores astillados de un caleidoscopio que no para de girar, dificultando al extremo la “reducción a la unidad” que significa elegir a un Presidente. Este es uno de los legados que deja Trump, el pequeño presidente que se creyó emperador de la (todavía) principal potencia del mundo, a su sucesor, Joe Biden.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Gage Skidmore en Foter.com / CC BY-SA

La pandemia (varias en América Latina)

Por
Aldo A. Martinez-Hernandez
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A casi un año del inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, ¿qué sucede en América Latina? Después de lo acontecido en diferentes países del sur de Europa, como Italia y España, y lo observado en Estados Unidos, la preocupación se centró en el devenir de otras realidades como la latinoamericana. Desde su comienzo, el pronóstico por el desarrollo de la pandemia en la región era poco alentador. Las capacidades institucionales de estos países se iban a poner a prueba, la carrera se veía perdida. En términos comparados, la construcción de discursos, estrategias sanitarias, condiciones sociales y procesos políticos manifestaban toda una gama de condicionantes estructurales que definirían el fracaso latinoamericano frente a la COVID-19.

Antes de la pandemia, el índice de seguridad sanitaria de la Universidad Johns Hopkins evidenciaba que, en el mundo, la mayoría de los países carecía de herramientas suficientes para atender una emergencia sanitaria de este calibre. En específico en América Latina, había tres grupos de países diferenciados por sus capacidades sanitarias con las que enfrentarían la emergencia. En términos regionales, los países mejor preparados frente a la pandemia eran Brasil (22), Argentina (25), Chile (27) y México (28). Con un margen moderado de actuación se ubicaban Ecuador (45), Perú (49), Costa Rica (62), Colombia (65), El Salvador (65), Panamá (68), Nicaragua (73), Uruguay (81), República Dominicana (91), y los países con menor capacidad eran Bolivia (102), Paraguay (103), Guatemala (125), Honduras (156), Venezuela (176).

América Latina se ubicaba en 2019 como una de las regiones con menos posibilidades institucionales»

Ante estos números, América Latina se ubicaba en 2019 como una de las regiones con menos posibilidades institucionales, y que, por lo tanto, no tenía las estructuras de prevención, detección, respuesta, normativas y capacidad de atención al riesgo que se necesitaban para enfrentar una pandemia.

En este contexto, lo que sabíamos era que las capacidades sanitarias, en la mayoría de los países latinoamericanos, eran deficientes (comparativamente con la media mundial) y estaban claramente por debajo de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como estructuras necesarias para la atención médica. A lo anterior, se sumaban condicionantes de salud preexistentes, como las enfermedades asociadas a los grupos más vulnerables y que, como efecto, son más proclives al agravamiento de la COVID-19, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes o el tabaquismo.

Sin embargo, las preocupaciones anteriores no solo tenían que ver con el aparato necesario para la protección de la salud de los latinoamericanos. La Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford indicaba con tiempo que la falta de acceso al agua potable, la desnutrición, la mala alimentación, la desigualdad y la pobreza eran los principales factores de riesgo para la diseminación de los contagios, por lo que afectarían aún más en los países con problemas endémicos.

Las intervenciones

Durante la contingencia, los Gobiernos latinoamericanos han actuado de una manera diferente con modelos técnicos y políticos, que han sido nutridos por los requerimientos de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud para el contexto regional. La lógica gubernamental latinoamericana deja ver casos de toma de decisiones en cuanto a la evolución de la pandemia que se basan fundamentalmente en la toma de decisiones circunstanciales (para “salir del paso”) y en momentos de racionalidad técnica que se basan en la evidencia y mediante el empleo de intervenciones conforme a los lineamientos básicos del control y vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, la dicotomía entre economía y salud pública se posicionó como un continuo choque entre dos realidades, lo que ha agravado el problema. En esto se destaca la irresponsabilidad de la clase política que ha dejado ver las necesidades insoslayables para el replanteamiento de estas jóvenes democracias, lo que ha evidenciado la incapacidad de los representantes políticos, Gobiernos y oposiciones para dar soluciones. Los modelos de contingencia y mitigación en cada fase de la epidemia han impulsado diferentes resultados en la región. En estas se encuentra la preocupación principal de lo sucedido en el sur de Europa, pero ¿cómo evitarlo en Estados con estas incapacidades institucionales? Esas condiciones que olvidamos son una constante latinoamericana.

Las pandemias y sus consecuencias

América Latina enfrenta la pandemia en medio de un cúmulo de problemas endémicos, entre los que se encuentran las condiciones estructurales y sistémicas, incluyendo la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad, la informalidad y el desempleo en un entorno de poco crecimiento económico. También se destaca el contexto social y la diversidad política de la región. En países como México, Nicaragua, Argentina, se asientan Gobiernos con ideologías de izquierda; en Brasil, Colombia, El Salvador, Chile, Gobiernos vinculados a la derecha ideológica. A eso se suman los procesos político-electorales de Bolivia, República Dominicana, y próximos en Chile, Ecuador, Honduras, Perú y México. Además, las movilizaciones sociales antes y durante la pandemia, en gran parte de estos países, son un caldo de cultivo que prometen un cambio de rumbo de estas realidades.

Dos países de la región tienen la mayor cantidad de muertes en el mundo como consecuencia de la COVD-19: Brasil y México»

Hoy a casi un año del comienzo de la pandemia, dos países de la región tienen la mayor cantidad de muertes en el mundo como consecuencia de la COVD-19: Brasil y México. Dos países con liderazgos populistas que son hoy un distintivo, como el caso de López Obrador, en México, y Bolsonaro, en Brasil. También son los dos países con mayor capacidad económica de la región, los más poblados, son federaciones, y con estructuras de corrupción arraigadas en su aparato gubernamental. A estos casos se añade el agravamiento de la pandemia en Argentina, Perú y Chile, y las funestas intervenciones en Ecuador al comienzo de la emergencia.

En este contexto, las consecuencias de la pandemia serán puntos de inflexión en toda la región. El retroceso en la construcción y ampliación de la clase media que había evidenciado un marginal, aunque progresivo crecimiento después de tres décadas, el agravamiento de las condiciones de pobreza, el aumento de la desigualdad, la recesión y el estancamiento económico, la violencia de género, la pérdida de sectores productivos, el cambio en el paradigma turístico, etc., son un reto insalvable para Estados en donde la emergencia sanitaria llegó con más fuerza y para aquellos en donde aún está en crecimiento.

Según el Fondo Monetario Internacional, los países latinoamericanos no verán la recuperación y mejora de sus economías a niveles anteriores a la pandemia, en promedio, hasta mediados de 2023. En este contexto, ordenar a la sociedad latinoamericana a que se quede en casa para salvar su salud sentencia a las familias a costa de la generación de ingresos diarios para su subsistencia, la cual está condicionada, igualmente, por la incapacidad gubernamental para reducir la pandemia sanitaria, pero también la pandemia de pobreza, desigualdad y de corrupción que existe en la región. Para los latinoamericanos, no será más que un agravamiento de sus realidades preexistentes que causará más muertes, más pobres, más hambre, más desigualdad.

Finalmente, ¿qué elementos deberíamos evaluar la efectividad de las intervenciones gubernamentales de los países latinoamericanos? ¿La cantidad de muertes, la gestión de las camas de hospital, la cantidad de pruebas hechas, la dispersión de la enfermedad, el cierre de fronteras, el uso de la fuerza, la restricción de movilidad? Son preguntas que tendrán respuesta cuando demos por terminado este pasaje, que no será hasta la aplicación de la vacuna.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Eneas en Foter.com / CC BY

Elecciones: la táctica, demorar y deslegitimar en EE. UU.

Por
Laura Gamboa
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Las elecciones en EE. UU. tienen a su población, y al resto del mundo, en vilo. Al momento de escribir esta columna (miércoles en la tarde) no solo no sabemos quién va a ganar las presidenciales, sino que el hecho de que sea muy probable que no lo sepamos por un par de días, más. ¿Por qué un país con tantas ventajas económicas y tecnológicas se demora tanto en dar resultados electorales? La respuesta tiene dos partes. La primera tiene que ver con las reglas electorales. La segunda tiene que ver con las condiciones particulares de estas elecciones.

EE. UU. es la única democracia del mundo que elige la cabeza del Ejecutivo con un colegio electoral. Cada uno de los 50 estados (y el distrito de Columbia) tiene un número de votos electorales. No obstante algunas excepciones, en general, el candidato que obtiene la mayoría del voto popular en un estado determinado se lleva todos los votos electorales de dicho estado. Es imposible saber quién va a ganar las elecciones antes de que se contabilicen los votos en suficientes estados como para que uno de los candidatos gane 270 de los 538 votos electorales disponibles.

Adicional a eso, los EE. UU. no tiene una autoridad nacional electoral. Cada estado tiene sus propias autoridades, las cuales —dependiendo de las reglas del estado— pueden ser elegidas por voto popular, seleccionadas por el gobernador o la legislatura estatal, o compuestas por una comisión bipartidista. Las autoridades electorales estatales tienen vastos poderes. Estos individuos o cuerpos deciden cuáles son los requisitos y los mecanismos para votar (i. e., tipo de identificación, documentos para registrarse, voto por correo etc.), el margen de fechas para aceptar votos (i. e., si hay voto temprano, si hay registro el mismo día de la elección, etc.) y cómo se cuentan los votos (i. e., antes de las elecciones, el día de la elección, etc.).

EE. UU. sufre hoy de polarización extrema«

A pesar de que es cuestionable desde un punto de vista teórico y democrático, hasta 2000, ninguna de estas dos condiciones institucionales había sido particularmente problemática en términos de los resultados electorales. El país, sin embargo, ha cambiado mucho desde entonces. EE. UU. sufre hoy de polarización extrema. Republicanos y demócratas se conciben como enemigos. Las elecciones se han convertido en eventos de suma cero en las que la victoria del uno equivale a la desaparición del otro. Esa polarización ha tenido dos consecuencias. Primero, los estadounidenses están cada vez más geográficamente divididos. La gran mayoría de los estados de EE. UU. son sólidamente demócratas o sólidamente republicanos, lo cual ha concentrado la carrera electoral en un grupo limitado de estados, en este caso, Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Míchigan, Nevada, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Texas y Wisconsin.

Segundo, y tal vez más grave, la polarización ha aumentado la intensidad con la que se viven los resultados electorales, lo que ha producido incentivos perversos para desbalancear las reglas del juego en estados competitivos. En elecciones pasadas, estados como Texas o Georgia (tradicionalmente republicanos, pero donde los demócratas han mejorado sus oportunidades de ganar) han empleado leyes de identificación restrictivas que dificultan el voto de gente joven y minorías, han cerrado puestos de votación en zonas mayoritariamente hispánicas y afro (cuyos votos normalmente favorecen al Partido Demócrata) y han removido números significativos de votantes (mayoritariamente demócratas) del registro electoral.

Un desbalance similar ha sucedido con el voto por correo. Para limitar la propagación del coronavirus de la COVID-19 en EE. UU., este año hubo un impulso considerable para permitir que un mayor número de personas votaran por correo. La politización de la pandemia, sin embargo, dejó claro que eran los demócratas, y no los republicanos, quienes iban a tomar ventaja de esos cambios, lo que acarreó una serie de batallas políticas y legales sobre la elegibilidad para votar por correo y las condiciones para contar esos votos. Los demócratas, por un lado, trataron de ampliar la elegibilidad para votar por correo, aumentar los plazos para contar los votos (i. e., contar votos que lleguen después del 3 de noviembre) y crear reglas que agilizaran el conteo de esas papeletas. Los republicanos, por el otro lado, trataron de mantener los límites de la elegibilidad para votar por correo, acortar los plazos para contar los votos y proteger reglas que demorarían el conteo de esas papeletas.

En el pasado, la forma como se contaban los votos por correo en estados de EE. UU. donde esta era una práctica minoritaria había sido irrelevante. No eran suficientes para cambiar los resultados en dichos estados. Este año, sin embargo, el número de votantes por correo creció de forma notoria. En 2016, hubo alrededor de 65 millones de votos por correo; este año se calcula que va a haber 92 millones. En los tres estados más importantes para estas elecciones (Pensilvania, Wisconsin y Míchigan) el voto por correo aumentó 2.807%, 797% y 277% con respecto a 2016. Es imposible saber quién ganó en estos estados hasta que no se cuenten los votos por correo que, encuestas y otros datos electorales, sugieren, son mayoritariamente demócratas.

La estrategia del Partido Republicano y de Donald Trump ha sido retrasar y deslegitimar»

Con esto en mente, la estrategia del Partido Republicano y de Donald Trump ha sido retrasar y deslegitimar en EE. UU. La tendencia inicial en Pensilvania, Wisconsin y Míchigan fue a favor del presidente. Dicha tendencia, no obstante, se basa en los votos que se recibieron en persona el 3 de noviembre (mayoritariamente republicanos) y no cuenta (aún) los que se recibieron por correo (mayoritariamente demócratas). Estos últimos votos les dan a los demócratas una posibilidad real de ganar en por lo menos dos de esos tres estados. Siguiendo la línea de otros presidentes con tendencias autoritarias, sin embargo, el presidente declaró el miércoles en la madrugada que había ganado los tres estados competitivos, estableció que cualquier cambio en la tendencia era fraudulento y pidió que pararan de contar los votos. Su discurso preparó el escenario para controvertir y deslegitimar cualquier cambio que generaran los votos por correo.

Qué pase de ahora en adelante es incierto en EE. UU. Si Joe Biden gana dos de los tres estados que definen la elección (Wisconsin, Pensilvania o Míchigan) y se mantiene en Arizona y Nevada, va a conseguir los 270 votos que necesita para ganar. Eso no significa, sin embargo, que el presidente acepte esos resultados. Es muy probable que el mandatario decida demandarlos (usando las semillas que planteó el 3 de noviembre en la madrugada). Esta es una mala noticia para la democracia de EE. UU. Cuatro años de cooptación y ataques por parte del presidente y sus aliados han debilitado instituciones claves del marco democrático estadounidense. Si las cortes fallan a favor del presidente, van a profundizar la deslegitimación por el proceso cada vez más partidista y abrasivo con el que se han nominado los últimos jueces. Si fallan en contra del presidente, sus partidarios van a tomarle la palabra y creer que los demócratas (en alianza con las autoridades electorales) se robaron las elecciones. En ese sentido, no obstante una victoria de Biden le corta el paso a un populista autoritario como Trump (y eso es positivo), cualquiera de estas situaciones va a agudizar inevitablemente los problemas estructurales democráticos que enfrenta este país.

Foto de Gage Skidmore en Foter.com / CC BY-SA

El problema no es Trump

Por
Joaquín Roy
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El empate, sea cual sea el resultado final, que se ha revelado, no es un fenómeno temporal. El protagonista de la resistencia de Donald Trump no es el inquilino de la Casa Blanca de los últimos cuatro años. El agente real, aunque al final el ganador constitucional sea Joe Biden, es ese sector que durante décadas se consideraba una anormalidad. La cruda realidad es que la percepción general en el exterior de Estados Unidos no llegó a entender el mensaje de 2016. Y quizá todavía no lo entienda ahora. Y, peor, no lo entenderá nunca, si no se presta atención a las peculiaridades de esta sociedad, que son dramatizadas por Trump.   

En cuanto se difuminó la gloria de haber vencido en la Segunda Guerra Mundial, la aparente cohesión nacional de Estados Unidos desapareció. Una parte siguió creyendo que había monopolizado el alma del país, cimentada en el excepcionalismo, “la luz del faro en la colina”. Pero algunas señales de alarma comenzaron a sonar con la represión de los supuestos comunistas de Hollywood.

Nixon lo llamó ‘la mayoría silenciosa»

Acallados los disidentes ya en los sesenta, el asesinato de Kennedy no se consideró un peligro para el consenso nacional. Pero un sentimiento soterrado reclamaba salir del armario. Nixon lo llamó «la mayoría silenciosa». Permaneció mudo durante la tragedia de Vietnam. Se drogó convenientemente con la satisfacción del fin de la Guerra Fría y de la historia.

Apenas entonces un puñado de novelistas se había preguntado como Zavalita, el personaje secundario de Conversación en la catedral: “En qué momento se jodió el Perú”. Algunos osados comentaristas se atreverían demasiado tarde a aludir a la reacción por el hundimiento del Maine en La Habana, que impelió a Estados Unidos a esparcirse por toda América Latina, lo que irritó a los patriotas cubanos. La consecuencia medio siglo después fue la revolución castrista.

El establishment de Washington apenas se inmutó y creyó recuperarse con el final de la Guerra Fría y también “de la historia”, según la mitificación de Fukuyama. Pero esa gloria efímera no logró esconder los problemas internos que sucesivos presidentes norteamericanos no pudieron corregir. Se detectaban desequilibrios, discriminación, marginación, incomodidad y básico desconsuelo por la aparición de defectos en el sueño americano.

El problema era que las víctimas ya no eran exclusivamente los tradicionales perdedores (negros, hispanos, nativos), sino también los componentes de las anteriormente capas intermedias de la sociedad. Además, se habían añadido los componentes de la élite económica que parecía no contentarse con las ventajas fiscales que habían disfrutado. También pretendían controlar el devenir político sin implicarse en las contiendas electorales, función ordinaria que dejaban en manos de profesionales.    

El resultado de las elecciones es un retrato nítido de tres Américas, cada una a su manera creyendo que tiene derecho a ser “grande de nuevo”, según el eslogan de Trump. Ya se advirtió con la doble elección de Obama: el potencial electorado se había dividido nítidamente en tres.

Un tercio se ha quedado en casa, siempre»

Un tercio se ha quedado en casa, siempre. Otra tercera parte ha votado por las diferentes opciones del Partido Demócrata. El resto se ha refugiado históricamente en los republicanos, arropados por ese sector que no parece responder a unas líneas partidistas concretas. Ahora se ha equipado de toda la parafernalia que ha capturado la mitad del voto en las recientes elecciones.    

Pero la novedad de la última década, tras la defenestración del tradicionalismo de los Bush y afines, no es la aparición de Trump. La noticia es la consolidación del protagonismo del tercio que Trump ha despertado. No es un fenómeno temporal. En realidad, existía desde que el mito fundacional de Estados Unidos se cuestionó por ese tercio que ha permanecido latente, tímido de protagonismo.

Como una princesa adormecida, solamente le faltaba el beso de un príncipe audaz, al que no le ataran convenciones partidistas. Da igual que la princesa se haya comportado como una bruja para los otros dos tercios del electorado. Esa peculiaridad no le ha importado a Trump, que ha capturado el papel del príncipe.

Sea cual sea el resultado oficial de las elecciones, lo cierto es que esa América antes oculta seguirá al acecho (con más ahínco si gana Trump). Presionará para el abandono de las alianzas tradicionales de Estados Unidos, rechazará todo esquema de integración regional (apenas reducida a una pragmática nueva Nafta), seguirá rechazando el reingreso en la Unesco, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), e incluso no se aprovechará pragmáticamente de su lugar de privilegio en la ONU.

En el terreno militar no sabrá usar sabiamente el poder “suave” de la superioridad militar, jugará peligrosamente con el abandono de la OTAN, se puede implicar en peligrosas operaciones en el Medio Oriente, equivocando fatalmente sus útiles aliados. La continuación de la apuesta de apoyo incondicional para el Gobierno israelita actual sería una apuesta con beneficio nulo. Cualquier mal cálculo con China y Rusia se puede pagar caro, sobre todo de cara a una sociedad norteamericana que está harta de excursiones bélicas que no revierten réditos sociales y solamente rellenan las tumbas disponibles en Arlington.

Pero, en el caso de una victoria final efectiva de Biden, la agenda que el nuevo presidente deberá encarar incluiría precisamente la latente y permanente presencia de la América hasta ahora silenciosa por gracia de Trump. En ese escenario no podrá evitar el espectáculo de destrucción social, la división en bandos irreconciliables, la urgente instalación (con permiso de residencia tendiente a sublimarse en la ciudadanía) de los enormes grupos de recientes inmigrantes.

Y, en general, en el exterior se deberá entender con frialdad que el nuevo Gobierno estadounidense no va a ser radicalmente diferente de lo que se considera esencial en los prácticamente inamovibles intereses norteamericanos. Biden deberá responder a las demandas no solamente de sus votantes, sino también de los razonables intereses del país y las consiguientes presiones de su sociedad.

Europa, por ejemplo, deberá entender que la demanda de una implicación de sus Gobiernos en la defensa continental no responde simplemente a un capricho del dirigente de turno, sino a una reconstitución del entramado militar. La sociedad norteamericana seguirá presionando a su Gobierno para obtener beneficios legítimos en cuanto a los resultados de los acuerdos de comercio. Se deberá, por lo tanto, conseguir una sintonía beneficiosa para ambas partes.

Por fin, América Latina deberá esforzarse en presentar un mínimo frente común si quiere obtener nuevas ventajas, pero que no estén basadas en arbitrarias decisiones de origen temporal. Para tratar con Estados Unidos, sea con Biden o con Trump, la división será siempre perjudicial, sobre todo para los intereses de los latinoamericanos.

Foto de JSmith Photo en Foter.com / CC BY-ND

¿Voto remoto en Latinoamérica?

Por
Adrián Albalá
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Los resultados del plebiscito chileno del pasado 25 de octubre siguen produciendo comentarios y análisis. La victoria aplastante del “apruebo” con el 78% de los sufragios, así como la —más sorprendente— opción por la Constituyente, ciento por ciento electa con el 79%, han sido recibidas con bastante entusiasmo y satisfacción tanto por la prensa como por la comunidad académica en toda Latinoamérica. Un dato, sin embargo, ha quedado en entredicho: el de la participación. El Servel, ente que organiza y fiscaliza las elecciones, comunicó que el plebiscito tuvo una movilización histórica, con poco más de 7.5 millones de votos. Sin embargo, el nivel de participación no deja de ser modesto: 51%.

Pese a que el pleito fuera considerado como el más importante desde la vuelta a la democracia (1988), los chilenos no votaron más»

Aunque el nivel de votación sea el más alto desde la adopción del voto facultativo (2012) —en las elecciones de 2014 y 2018 la participación fue de 43% y 49%, respectivamente—, llama la atención que, pese a que el pleito fuera considerado como el más importante desde la vuelta a la democracia (1988), los chilenos no votaron más. A pesar del ya conocido desánimo de la sociedad chilena con las elecciones y, más particularmente con sus partidos, los números a la baja en diferentes comunas, entre otras con mayoría indígena, no dejan de sorprender. Esos números relativamente modestos no deberían quitar legitimidad al resultado, pero sí constituyen verdaderos desafíos, en particular para la elección de constituyentes de abril de 2021.

Para tratar de remediar esta situación y hacer que participen y se movilice a un número mayor de chilenos para futuros comicios, varias opciones podrían ser barajadas. Una opción sería la reintroducción temporaria, o definitiva, del voto obligatorio. Recordemos que en Chile esa era la regla hasta 2012, aunque con el “truco” de la inscripción voluntaria. Esa medida, manteniendo la inscripción automática, probablemente tendría un efecto directo mediante el aumento significativo de la participación.

¿Pero a qué precio? No podemos descartar el impacto de la pandemia del coronavirus a escala global, el cual puede haber impedido o desestimulado a millares de chilenos a ir a votar, sobre todo, sabiendo que Chile ha sido uno de los países, en proporción a su población, más tocados por la pandemia.

¿Qué otra alternativa se presenta?

La literatura clásica en ciencia política indica que la participación está directamente correlacionada con dos elementos: el interés del ciudadano con el pleito o con la política, y el costo que la acción de ir a votar implica. Dicho de otra manera, el hecho de ir a votar debería contener una dimensión simbólica relevante para el ciudadano o suponer un desplazamiento limitado tanto en términos de distancia como de costo.

Suponiendo que la elección para elegir a los convencionales de la constituyente interesara a un número relevante de chilenos —particularmente a las minorías étnicas que tendrían cupos reservados—, ¿cómo podríamos entonces volver “barato” el desplazamiento? ¿Y qué pasa si, hasta entonces, el país aún estuviese padeciendo los efectos de la pandemia? ¿Sería razonable pensar que más chilenos fueran a votar? Probablemente no.

Una solución que las autoridades podrían barajar es la introducción del voto remoto, sea digital o no»

Una solución que las autoridades podrían barajar es la introducción del voto remoto, sea digital o no. Asimismo, vale la pena señalar que diferentes países del mundo han adoptado ese formato de elección o han incluido esa opción en su normativa electoral. Suiza ha sido uno de los pioneros al incluir el voto remoto por correo. Esa medida no solo habría contenido una tendencia a la baja en la participación, tradicionalmente en torno al 43%, sino que también habría tenido cierto impacto posterior con un crecimiento del 4.1%.

Estados Unidos es otro país que incluyó el voto remoto, postal, en su ley electoral. De la misma forma, se notó un crecimiento en la participación ahí donde el nivel de la participación era tradicionalmente bajo, inferior al 50%. Estonia, por su parte, introdujo el voto remoto (electrónico) hace una década, sin que se produjeran problemas de legitimidad o contestación de los resultados. En este caso, el voto remoto (electrónico) supuso, además, una baja en los costos de la organización de las elecciones.

De cualquier forma, la introducción del voto remoto, particularmente en el caso del voto electrónico o e-voto, supondrá ciertos problemas y potenciales desigualdades. No todas las personas poseen conexiones estables a internet o un aparato adecuado. Además, la introducción de esa modalidad no dejaría de producir problemas de seguridad/confiabilidad del voto, lo que dejaría espacio para sospechas de manipulación o trampa.

Sin embargo, en sociedades donde la penetración celular y de smartphones llega a pasar el 100% de la población, esa opción supondría, sin duda, una disminución del costo de votar. Además, ofrecería un canal nuevo de votación para sectores en los que el voto supone un costo, sea de tiempo o de locomoción. Estas consideraciones nos permiten pensar, por lo tanto, que esta medida podría incidir en los índices de participación.

En reglas más generales y ampliando la mirada hacia el resto de América Latina, el voto remoto, particularmente el electrónico, podría ser una opción realista ante nuevas oleadas de COVID-19, sobre todo, teniendo en cuenta que en el próximo año habrá elecciones relevantes en países como Brasil (municipales, en noviembre), Argentina y México (legislativas), Chile (presidenciales + legislativas + constituyentes), Perú y Ecuador (presidenciales)….

Foto de la Asociación Profesional de Milwaukee Public Educa en Foter.com / CC BY-NC

La pesadilla de Colombia o la paz que no fue

Por
Jerónimo Ríos Sierra
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Este mes de noviembre se cumplen cuatro años de la firma del acuerdo de paz de Colombia con las FARC-EP. Sin embargo, son cuatro años que parecen, indudablemente, muchos más en lo que respecta a la dimensión de la violencia y del conflicto armado interno. Claro está que la firma de un acuerdo de paz siempre es un aspecto complejo y con muchos matices, con innegables recelos y expectativas en juego. Más, si cabe, si hablamos del conflicto armado más longevo de América Latina. Así, lo verdaderamente complejo es mantener los compromisos, desarrollar las transformaciones que estos implican y superar los condicionantes estructurales, político-institucionales y simbólicos que en más de cinco décadas sirvieron de base para la violencia.

Ineludiblemente, es posible pensar que el acuerdo de paz, suscrito por las FARC-EP —que para buena parte de la comunidad académica es el más completo sobre el papel de los últimos treinta años—, parte de un mito que supera cualquier atisbo de realidad futura, sobre todo en la tierra de Macondo como es Colombia. Es decir, incluso si después de la presidencia de Juan Manuel Santos se hubieran dado las mejores condiciones para su empleo, posiblemente estaríamos hablando hoy de diferencias entre lo acordado, lo previsto y lo hecho.

El primer gran saboteador del acuerdo fue el mismo gobierno del inefable Iván Duque»

O como me dijo hace unas semanas un buen amigo: “Entre la paz que pudo ser, la paz que finalmente debía ser y la paz que, por desgracia, está siendo”. Como es de esperar, no juega a nuestro favor —en donde incluyo a todos los que verdaderamente anhelamos la superación de la violencia en Colombia— que el primer gran saboteador del acuerdo haya sido el mismo gobierno del inefable Iván Duque.

Un acuerdo de paz, como alguna vez me confesó en una conversación privada el exvicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, “es un acuerdo entre perdedores”. Expresado en términos más académicos, es la solución negociada, que se basa en intercambios cooperativos, resultado de que las partes en liza no han podido responder unilateralmente a sus intereses en el conflicto. En el caso de Colombia, el acuerdo integraba demandas históricas de las FARC-EP como una reforma rural, aspectos comunes en todo acuerdo de paz como la participación política o la justicia transicional y, asimismo, condiciones del Gobierno, como la entrega de las armas o la colaboración en la mitigación del negocio de la droga y su impacto sobre la violencia.

En este caso en particular, el actual Gobierno colombiano se ha erigido como el principal impedimento a la aplicación deseada del acuerdo. Es decir, según todos los informes de seguimiento, destacándose entre ellos el del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, existen aspectos que apenas han comenzado a desarrollarse, como la reforma rural integral o la mitigación del problema de las drogas ilícitas, cuyos niveles de cumplimiento son inferiores al 5%.

El mismo Ejecutivo hizo todo lo posible en el Congreso para evitar la aprobación de las 16 curules que debían dar voz política a los territorios más golpeados de Colombia por la violencia»

Por otro lado, el mismo Ejecutivo hizo todo lo posible en el Congreso para evitar la aprobación de las 16 curules que debían dar voz política a los territorios más golpeados de Colombia por la violencia, y hasta el mismo presidente invocó todos los reparos posibles para impedir que la Jurisdicción Especial para la Paz, prevista en el acuerdo, se materializara. No lo consiguió, pero a cambio consiguió desfinanciarla en más de un 30%.

Mientras todo lo anterior sucede, la condiciones que han mantenido la violencia durante décadas continúan inalterables en uno de los países más desiguales del mundo en términos sociales (0.54 de coeficiente de Gini) y territoriales (0.85 de coeficiente de Gini, de acuerdo con la distribución de la propiedad de la tierra). Los cultivos cocaleros siguen presentando, aún con todo, una superficie que supera las 150.000 hectáreas, según las Naciones Unidas. Y en un Estado que tradicionalmente ha tenido más territorio que soberanía, la geografía de la violencia previa al diálogo de paz que comenzó en La Habana, en 2012, resulta prácticamente la misma. Esto es una violencia periférica sobre departamentos mayormente cocaleros, fronterizos y que han vivido a espaldas de los intereses de un centralismo que está al servicio de las elites políticas y económicas del país.

A excepción del departamento de Antioquia, que tiene una serie de particularidades propias, los departamentos más violentos de Colombia son exactamente los mismos que hace una década: Chocó, Cauca y Nariño, en el litoral Pacífico; Caquetá y Putumayo, en el sur; y Arauca y Caquetá, en el nororiente. No es casualidad que estos mismos departamentos —a excepción de Arauca— sean los que concentran el 80% de la superficie cocalera. Allí es donde, principalmente, se condensa un porcentaje aún mayor de las mal llamadas disidencias de las FARC-EP (en tanto que la mayor parte de sus integrantes no son excombatientes de las FARC-EP).

Tales disidencias son grupos criminales que se cuentan por decenas y que disponen de más de 2.000 integrantes. Estos han fragmentado y desideologizado el sentido del conflicto armado, partiendo de una lógica, si cabe, aún mucho más compleja y en donde la vieja interpretación simplista de la violencia deviene completamente inútil.

Por si fuera poco, a ello, además, hay que sumar el Clan del Golfo, en parte, heredero de un paramilitarismo desmovilizado hace 15 años y con un grueso que supera los 1.800 integrantes. Es cierto que está muy atomizado y sujeto a las dinámicas locales de la violencia y de la criminalidad, pero tiene un especial arraigo en el Magdalena Medio, Antioquia o la región Caribe.

También estaría el ELN, una guerrilla que vive fracturada entre una vieja comandancia política, que se encuentra en Cuba y que sigue viendo pertinente una solución negociada de la violencia, y una nueva comandancia más joven, beligerante y desideologizada, la cual ha aprovechado buena parte del vacío de las FARC-EP —que nunca fue ocupado por la Fuerza Pública colombiana—, para incrementar su presencia territorial, su número de miembros y sus recursos de la financiación ilícita.

Dadas las circunstancias, el resultado es patente. La Colombia que pudimos soñar hace cuatro años es, en la actualidad, una preocupante distopía en la que cada día que pasa, el anhelo de la paz se aleja un poco más. Desde que se firmó el acuerdo han sido asesinados más de 230 exguerrilleros de las FARC-EP y 700 líderes sociales. Solo en 2020 se contabilizan un total de 70 masacres y 278 asesinados.

El responsable, en esencia, es un Gobierno que siempre estuvo cómodo en el discurso de la guerra, de la militarización, de la lógica amigo y enemigo, y en donde el caudal electoral y político permite entender figuras tan nefastas para Colombia, como la de Álvaro Uribe. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Las reivindicaciones y necesidades de la sociedad colombiana van más allá de una estrechez de miras que, esperemos, termine en agosto de 2022, tiempo en el que el actual Gobierno estará fuera de la Presidencia. Mientras tanto, ojalá que no sea lo suficientemente tarde como para que, dentro de unos años, tengamos que hablar de la paz que no pudo ser.

Foto da Presidência da República Mexicana em Foter.com / CC BY

Venezuela: las dictaduras nunca pierden

Por
Nastassja Rojas Silva
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Revisar el futuro de Venezuela, las posibles salidas a la inestabilidad política y a la dramática situación social y humanitaria no es una tarea sencilla ante la avalancha de noticias diarias y decisiones del régimen de Nicolás Maduro. Es así que, ante el anuncio de “adelantar la Navidad”, la entrada en vigencia de la Ley Antibloqueo y los resultados de la investigación realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, parece que las elecciones organizadas por el régimen pasarán a un segundo plano. Sin embargo, no hay que perder de vista que cada una de sus decisiones y pronunciamientos están encaminados a mantener dicho proceso, el cual ha sido armado a su medida.

Tal vez el recuerdo de Chile, en donde la salida del régimen dictatorial se dio por medio de las urnas, nubla con frecuencia las decisiones políticas de quienes anhelan una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. Pero es importante tener presente que la salida de Pinochet no estuvo determinada solamente por un proceso electoral y que la situación de Chile en aquel momento era muy diferente a la situación de la Venezuela de hoy.

Nos encontramos ante un régimen vinculado con el narcotráfico que se enfrenta a numerosas presiones internacionales»

Nos encontramos ante un régimen vinculado con el narcotráfico que se enfrenta a numerosas presiones internacionales, las cuales se extienden desde lo económico hasta lo relacionado con su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Ante esta realidad, sus incentivos para una salida negociada en Venezuela son pocos, por no decir que inexistentes.

Es necesario recordar que desde la llegada de la revolución bolivariana se han realizado más de 15 procesos electorales. De estos, el régimen supo calcular con precisión cuáles eran los movimientos necesarios para asegurar su victoria. Solo en los contados casos en los que concedió una victoria aparente, no fue más que para demostrar cierta transparencia y participación de la oposición de Venezuela. Sin embargo, en esos casos, el Gobierno ya tenía claramente fijada la ruta para lidiar con estos resultados y que en la práctica no se viesen afectados.

Uno de los ejemplos más claros de esta manipulación electoral fue el referéndum constitucional de 2007, en el que, pese a perder la consulta, se justificó por medio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la realización de una enmienda con los mismos fines que la reforma. Y el segundo, la declaración de nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional (AN), electa para el período constitucional 2016-2021, al declararla en desacato, lo que significaba que la oposición contaría con una mayoría calificada.

Estas manipulaciones se lograron gracias a una Constitución hecha a la medida de la revolución, producto de las bases comiciales que fueron fijadas por el Ejecutivo nacional para el proceso constituyente de 1999, las cuales le permitieron al chavismo obtener el 95% de los escaños con el 60% de la votación. Pero, paradójicamente esta estructura resulta ahora ser demasiado ajustada para sus propósitos, llevándolos a hacer un nuevo llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, que, además de ser convocada y electa de forma inconstitucional, se crea con el propósito de usurpar funciones de la AN.

Es así que se llega a una nueva y fraudulenta designación de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la suspensión de las directivas de partidos de oposición, sin olvidar que previamente se habría hecho el proceso de (in)validación de los partidos políticos opositores al régimen y una constante limpieza del partido único de gobierno. Es a partir de este reciente CNE que fueron convocadas las elecciones legislativas que no son libres ni justas y ante una inexistente división de poderes y una limitada libertad de expresión en Venezuela.

Uno de los puntos más importantes por considerar es el de las limitaciones impuestas y las persecuciones contra cualquier voz opositora»

Por ello, uno de los puntos más importantes por considerar es el de las limitaciones impuestas y las persecuciones contra cualquier voz opositora. Esta presión, que ya se venía ejecutando desde el gobierno de Hugo Chávez, ahora se ampara bajo la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la cual, además de ser emitida por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene las competencias para ello, es usada para suprimir cualquier dejo de libertad de expresión. Y como no es suficiente con eliminar cualquier pronunciamiento disidente a las acciones del régimen, es aplicada de forma discrecional, y sus sanciones son completamente desproporcionadas, por lo que la pena por homicidio intencional es mucho menor que la impuesta por las supuestas incitaciones al odio. 

Así, no existen condiciones mínimas para considerar un proceso electoral de esta naturaleza, teniendo en cuenta que es una de las tantas acciones ejercidas por el régimen de Nicolás Maduro, de Venezuela, para legitimar su permanencia en el poder ante la comunidad internacional.

Estas son razones más que suficientes para no dudar de que se está frente a una dictadura que, por su naturaleza, no estará dispuesta a apartarse del poder y menos aún por la vía electoral.

Foto de DJANDYW.COM en Foter.com / CC BY-SA

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Peligro de deriva autoritaria si gana Trump

Por
Federico Finchelstein
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En un contexto de crisis mundial, Jorge Luis Borges se preguntaba en 1939 cuáles serían los efectos de una victoria de Hitler. Su respuesta no dejaba ninguna duda sobre las dimensiones del mal que se avecinaba. “Es posible que una derrota alemana sea la ruina de Alemania”, sostenía el gran escritor, pero agregaba que “es indiscutible que su victoria sería la ruina y el envilecimiento del orbe”. Borges, que en esos tiempos se presentaba como un intelectual argentino y latinoamericano antifascista comprometido con el mundo en el que vivía, no temía embarcarse en un ejercicio de predicción sobre los efectos de un triunfo de Hitler. Salvando las distancias, en estos tiempos de racismo, autoritarismo y crisis planetaria es necesario preguntarse qué pasará con la democracia estadounidense en el futuro cercano y cuáles serán los efectos globales (en caso de que gane Donald Trump).

A pesar de las encuestas, los fracasos y las mentiras constantes, es todavía posible considerar que Donald Trump gane las elecciones»

A pesar de las encuestas, los fracasos y las mentiras constantes, es todavía posible considerar que Donald Trump gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y si bien está claro que los efectos no serán los mismos que Borges pensaba para Hitler (la ruina de su país y el triunfo absoluto del odio y la intolerancia), una victoria de Trump legitimaría un incremento de su autoritarismo y su xenofobia.

Antes que hacer un ejercicio de historia contrafáctica, al estilo del excelente intento de la novela La conjura contra América, de Philip Roth, ahora también está una muy buena serie de HBO sobre los efectos totalitarios de un triunfo profascista en Washington D. C., ejercicio que nosotros los historiadores profesionales tenemos prohibido, es necesario pensar en las continuidades y rupturas entre pasado, presente y futuro.

En términos de continuidades, está claro que un triunfo del presidente republicano apañará, y seguirá justificando a sus aliados internacionales como Narendra Modi en la India, Jair Mesías Bolsonaro en Brasil y Viktor Orban en Hungría.

El Gobierno de Estados Unidos seguirá felicitando a sus líderes y consolidando sus ataques a la independencia de los medios de prensa independientes, a las minorías y al sistema democrático constitucional en su conjunto.

Asimismo, el trumpismo que aumentó la represión, la desinformación, el verticalismo y el racismo, en tiempos electorales seguirá siendo un modelo por seguir para llegar al poder para los populistas de extrema derecha en países como Italia, Colombia, Bolivia o España. También seguirá la negación del papel de la ciencia en el manejo de la enfermedad de la COVID-19, lo que sin duda seguirá ampliando las muertes por el virus. Y, por último, seguirán los escándalos y la corrupción, que se verían refrendados a través del voto.

En términos de rupturas, muchos analistas y expertos en dictaduras y populismo entre los que me cuento, plantean la posibilidad, ojalá remota, de una veta fujimorista en Perú (autogolpe), madurista en Venezuela (progresiva destrucción de los últimos vestigios de democracia) o un peligro fascista diferente pero emparentado con los del pasado.

Es decir, destrucción de la democracia desde adentro e instauración de formas autocráticas con rasgos dictatoriales, en el sentido de atacar y cerrar instituciones, lo que fagocitaría los “check and balances” (contrapesos y equilibrios).

Esto conllevaría la eliminación de esa gran fuente de democracia que es la esfera pública norteamericana, con sus discusiones, sus publicaciones, sus medios independientes y su periodismo de investigación, sus universidades, sus libros y su aceptación y promoción de lo distinto.

La eliminaría el fanatismo, la intolerancia y esa mezcla también tan norteamericana de fanatismo religioso e idealización de los millonarios y del consumo por el consumo en sí mismo. En concreto, es esa idea de Estados Unidos la que llevó a Trump a la Casa Blanca.

La hipótesis de ficción de Roth sobre una denigración casi absoluta de la democracia y la cultura democrática americanas no puede ser descartada tampoco de antemano»

La hipótesis de ficción de Roth sobre una denigración casi absoluta de la democracia y la cultura democrática americanas no puede ser descartada tampoco de antemano. El mismo Borges luego escribiría sobre la desolación de un futuro en el cual el legado de Hitler y sus cámaras de gas formaban parte de la vida cotidiana. Tanto Borges como Roth adoptaron una perspectiva antifascista para llamar la atención sobre los peligros de futuros totalitarios e historias contrafácticas y en este punto, en nuestro presente, también se dan semejanzas.

Enfrentando a Trump, se encuentran Joe Biden y Kamala Harris, y con ellos, una coalición de izquierda, centro y derecha (que incluye a muchos republicanos). Esta coalición intenta defender la democracia de sus enemigos.

El mismo Biden sostiene que decidió ser candidato luego de que Trump dijera que también había “buena gente” entre los neonazis de la infame marcha de Charlottesville en Virginia en 2017. En concreto, estas elecciones norteamericanas y sus efectos globales no están tan alejados del mundo de ficción que escritores como Roth y Borges nos brindaron para sobresaltarnos un poco, pero además para hacernos pensar en los futuros que la intolerancia y la inacción, y también la apatía propia y ajena, pueden depararnos. Del lado de Trump se encuentra el peligro de un futuro de fantasías autoritarias que se puede volver realidad; del otro lado, la promesa de una recuperación y afianzamiento de la democracia.

Foto de Gage Skidmore em Foter.com / CC BY-SA

Paulatina participación militares en la política

Por
Manuel Alcántara
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Justo hace un año en que las Fuerzas Armadas bolivianas tuvieron un notable protagonismo al convertirse en el jugador decisivo que precipitó la salida del entonces presidente Evo Morales del país tras un proceso electoral tenso y tres semanas de mucha polarización y disturbios. La intervención militar se limitó a una escueta declaración: “Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. De esta manera, se recuperaba una función arbitral del Ejército, que, no se debe olvidar, fue tradicional antes del periodo 1964-1989 cuando la institución militar ocupó el poder en un buen número de países de América Latina.

La presencia armada boliviana, bajo los focos, coincidió con otras similares en un trimestre de gran turbulencia callejera en América Latina. En Ecuador, los militares acompañaron al Gobierno en su traslado desde Quito hasta Guayaquil por la presión de las masas del palacio de Carondolet, donde se ubica el Ejecutivo; en Perú, posaron en una foto histórica con el presidente cuando este anunciaba la disolución constitucional del Congreso y se convocó a elecciones a uno nuevo.

Todos ellos fueron síntomas de gestos irregulares que evidenciaron un encaje extraño de la corporación militar en el orden político cotidiano»

Poco después, en febrero de este año, el presidente Nayib Bukele irrumpió con un grupo de militares en la Asamblea Legislativa para regañar a sus señorías y, más adelante, siguió haciendo todo lo posible para impedir el acceso a los archivos militares sobre la masacre en 1981 de 1.000 salvadoreños en El Mozote. En cuatro ocasiones el Ejército salvadoreño ha bloqueado la realización de inspecciones judiciales en los archivos militares con la anuencia presidencial a pesar de haber sido “desclasificados” por decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Todos ellos fueron síntomas de gestos irregulares que evidenciaron un encaje extraño de la corporación militar en el orden político cotidiano.

Paralelamente, aunque con un componente diferente, en Brasil y México, los dos principales países de América Latina en términos demográficos y económicos, se ha ido consolidando poco a poco una presencia en el ámbito público de las Fuerzas Armadas que tiene evidentes rasgos de protagonismo privilegiado en su ejecución.

Así, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, exmilitar a su vez, tiene como vicepresidente al general en la reserva, Hamilton Mourão, y siete de las carteras ministeriales, que suponen la tercera parte del gabinete, también están en manos de militares, así como su portavoz, un general en activo. Más de una veintena de áreas de la administración, incluyendo la petrolera estatal Petrobrás, también están encabezadas por militares. Se estima que hoy algo más de 6.100 oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas ocupan estos puestos, cifra que en 2019 se situaba por encima de 2.700 personas (lo que significa un incremento en un año del 120%). De aquella cifra, cerca de 2.000 son oficiales en situación de retiro que han sido asignados temporalmente al INSS para ayudar a aliviar el atraso que ha habido en su gestión del día a día.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha dejado de impulsar el papel del Ejército en la lucha contra la delincuencia»

Por su parte, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha dejado de impulsar el papel del Ejército en la lucha contra la delincuencia para seguir con la decisión de su predecesor Felipe Calderón, que entonces fue muy criticada. Lo novedoso, sin embargo, ha sido la encomienda a las Fuerzas Armadas de la ejecución de obra civil como la realizada en el aeropuerto de Santa Lucía, una vieja base militar que será la nueva terminal aérea, con lo que se intenta paliar, así, la paralización de la ampliación del aeropuerto de la capital. Además, a principios de mes, AMLO anunció la construcción de un aeropuerto en Tulum (Riviera Maya), también asignado a los militares. Igualmente se ha apoyado en la ingeniería castrense para la elaboración de partes substantivas del megaproyecto del tren Maya.

Un último paso en esta dirección lo ha constituido la decisión de suprimir 109 fideicomisos para la financiación de instituciones públicas sobre la ciencia, la cultura y el deporte, que suponían algo más de 3.000 millones de dólares, pero manteniendo, no obstante, los cuatro fideicomisos con que cuenta la Secretaría de la Defensa por un valor de unos 1.500 millones de dólares. Estos fideicomisos son disponibles fundamentalmente para la compra de equipo militar, así como para haberes de retiro, pensiones y compensaciones, subsidios a hijos y a familiares del personal del Estado Mayor Presidencial y de militares fallecidos en misiones de alto riesgo.

Este uso espurio de las Fuerzas Armadas también se evidenció cuando Evo Morales fue conducido en un avión militar desde Bolivia hasta México. Una concepción añeja y con ciertos aires románticos del Ejército como “pueblo uniformado”, en términos del propio presidente, y en detrimento de la administración civil del Estado.

El golpe que AMLO ha recibido por la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa del gobierno de Peña Nieto y quien ahora fue acusado de haber incurrido en actividades vinculadas al narcotráfico, no parece haber debilitado la confianza castrense del presidente, que tildó de “muy lamentable” este hecho. Quizá las palabras del propio Cienfuegos en diciembre pasado contribuyan a dar luz sobre la presencia de los militares en la política: “¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”. ¿Estaba sugiriendo el mando militar que su quehacer no era constitucional?

El desmantelamiento del Estado en un número importante de países de América Latina, la precaria Administración Pública, poco dotada presupuestariamente y sin haberse desarrollado un servicio civil que se base en el mérito y en su independencia, han abierto un espacio a los militares que gozan de mayor confianza de presidentes con vocación caudillista. Ven en ellos a una institución aparentemente dócil de manejar, pero es su paulatina politización la estructura de oportunidades de su mayor involucramiento público. Esta situación avizora una peligrosa tendencia hacia la consolidación de expresiones autoritarias en América Latina.

Foto del Palacio del Planalto en Foter.com / CC BY

El MAS-IPSP, estructura en resistencia

Por
María Reneé Barrientos
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“Somos Jenecherú, somos fuego, el fuego que nunca se acaba”, dijo David Choquehuanca, vicepresidente electo de Bolivia. Los bolivianos afrontaron el pasado 18 de octubre un proceso electoral que fue pospuesto hasta en tres ocasiones por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a la pandemia de la COVID-19, precisamente en un país azotado por el virus: con casi 141.167 contagios y más de 8.000 personas fallecidas, una tasa de decrecimiento del 11,11% del producto interno bruto (PIB) y la falta de políticas públicas eficientes para enfrentar la crisis sanitaria. Pese a este panorama, el 87% de los bolivianos participó en estos comicios y el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) repitió una nueva victoria electoral, esta vez con más del 55% de los votos. Con esto dejó atrás a Comunidad Ciudadana, con el 29%, y Creemos, con el 14% de los votos.

Uno de los factores más relevantes de esta victoria fue la reconfiguración interna del MAS, luego de la renuncia de Evo Morales»

Así, el binomio masista conformado por Luis Arce y David Choquehuanca se sobrepuso al movimiento ciudadano del 2019 que condenó el fraude electoral, a la ausencia de Evo Morales en la papeleta de votación y a la virtual segunda vuelta anunciada por las encuestadoras y esperada por la oposición. Uno de los factores más relevantes de esta victoria fue la reconfiguración interna del MAS, luego de la renuncia de Evo Morales y la cúpula de este partido, y la construcción de alianzas a partir de la profundización del clivaje étnico y regional.

Tras la interrupción presidencial en 2019, el MAS quedó sin ningún liderazgo visible en el Legislativo y en las calles. El Gobierno de transición de Jeanine Áñez inició una persecución política a la dirigencia y funcionarios masistas y desarticuló (momentáneamente) a este partido. Sin embargo, a diferencia de las alianzas políticas que surgieron en el último año para competir en las elecciones, tales como Comunidad Ciudadana y Creemos, el MAS contó desde su fundación con una estructura política comunitaria y sindical, que con los años se consolidó como un partido poco convencional, representado por el MAS-IPSP como sigla para fines electorales y por el Pacto de Unidad, que reúne a las organizaciones sociales afines a este partido y define las estrategias de defensa del proceso de cambio como estructura popular.

El MAS nació como un movimiento político (1994) de las organizaciones campesino-indígenas, y luego del primer gobierno (2006) llegó a aglutinar a un gran número de sectores sindicales, obreros, empresariales y de clase media, ya sea a partir de su afinidad ideológica o por una lógica de intereses. Una de las principales razones por las que este partido consiguió una hegemonía electoral a escala nacional fue la conformación de nuevas alianzas con sectores conservadores y opositores a Evo y al MAS, asentados territorialmente en el oriente boliviano. Así, el partido de los movimientos sociales se erigió como una máquina electoral de la mano de un líder caudillista y con una democracia interna débil, pero con una militancia leal.

Para las elecciones de 2019, la figura de Evo y la falta de renovación de los liderazgos hicieron que el MAS sufriera un profundo desgaste»

Para las elecciones de 2019, la figura de Evo y la falta de renovación de los liderazgos hicieron que el MAS sufriera un profundo desgaste. La repostulación de Morales, por cuarta vez consecutiva, a los comicios en contra de los resultados del referéndum del 21F, comenzaba a mostrar el carácter autoritario de este Gobierno, y aquellas alianzas con los sectores conservadores, sin ninguna militancia y lealtad a este partido, se alejaron. El Pacto de Unidad también sufrió un desgaste porque gran parte de la dirigencia se burocratizó en puestos gubernamentales, sin contar con ninguna renovación.

Sin Evo, tras la crisis política y social, durante los primeros meses surgieron en el MAS muchas contradicciones internas, principalmente entre aquellos que optaron por el camino del exilio y quienes no renunciaron a sus cargos. Uno de esos momentos fue la selección del binomio presidencial. En Bolivia, y desde la militancia del altiplano, apoyaban una candidatura indígena, campesina, encabezada por David Choquehuanca, excanciller, y el joven líder de los productores de hoja de coca en El Chapare, Andrónico Rodríguez, alejándose, así, de la clase media, que era condenada por las bases del partido, debido a su alejamiento del proceso de cambio. Sin embargo, al igual que en otros comicios, los candidatos fueron finalmente designados por Evo y la cúpula de este partido en el exilio y, así, nació el binomio Arce-Choquehuanca en Bolivia.

El binomio del MAS trató de alejarse del fantasma de Evo para lograr de nuevo el apoyo de la clase media, pero Evo, además de ser el jefe de campaña del MAS, acompañó este proceso electoral desde Argentina. Las plataformas sociales fueron el nuevo espacio de interacción, especialmente con el movimiento cocalero y las organizaciones fundacionales de este partido y que están arraigadas en El Chapare.

Estas desafecciones solo pudieron superarse a partir de un enemigo común: una fuerza opositora profundamente racista y discriminatoria encarnada por el gobierno de Áñez. Si para el 2002, el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, fue el mejor jefe de campaña del MAS, en este proceso electoral fue el gabinete de Áñez, y principalmente su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien asumió este papel. Pues, lejos de tender lazos para la resolución de los problemas políticos y sociales, profundizó las rupturas étnicas y regionales que caracterizan a Bolivia.

El MAS, en 2019, había perdido el apoyo popular en las calles, pero en agosto de este año se rearticuló y aglutinó las fuerzas sociales que estaban fuera del partido (pero sí en el seno del Pacto de Unidad), para asegurar la fecha de las elecciones nacionales y evitar la prórroga del gobierno de Áñez. Además, se estableció una inusitada alianza con el sector indígena campesino que estaba liderado por Felipe Quispe “el Mallku”, quien históricamente fue crítico con el proceso de cambio. Sin embargo, se acabó generando una alianza implícita frente a los discursos y políticas públicas discriminatorias, que solo atentaban contra la economía en el área rural y los pobres. Entre ellas, una de las más polémicas era la clausura del año escolar.

Estas confrontaciones internas y externas sirvieron para que el Pacto de Unidad reconfigurara una nueva visión dentro del MAS de “no sometimiento” interno, un pacto que, según las afirmaciones de las organizaciones, ayude a sumar a todas las fuerzas sociales originarias, asentadas en la renovación de liderazgos como una promesa hacia el futuro tanto dentro del partido como de las organizaciones, a fin de convertirse en un partido que logre seducir la lealtad del voto de la clase media de Bolivia.

El MAS, de nuevo, aprovechó su estructura orgánica y las prácticas que le dieron su primer triunfo electoral en 2005: una campaña de puerta por puerta y multitudinarios mítines (a pesar de la pandemia de la COVID-19), sin contar, esta vez, con el aparato estatal que sostuvo las campañas de Evo en los últimos 14 años. Con todo ello, lograron capitalizar el desgaste de las alianzas opositoras, que se centraron en un discurso del miedo y la negación del otro, lo que hizo que confluyeran, nuevamente, en los orígenes del MAS.

Foto de eskararriba en Foter.com / CC BY-NC

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