Una región, todas las voces

Lecciones latinas para las elecciones de EUA

A medida que Estados Unidos sigue liderando al mundo en coronavirus (con cuatro por ciento de la población total y el 22 por ciento de los casos), se está haciendo cada vez más claro que el presidente Trump podría aprender mucho de muchas naciones sobre el seguimiento y las pruebas del virus, o incluso sobre fomentar el uso de cubrebocas y reforzar los hallazgos de la ciencia. Conforme se acercan las elecciones y el retador Joe Biden asume una amplia ventaja en popularidad, el presidente ha amenazado con no reconocer los resultados electorales.  

De hecho, Trump está tomando lecciones del libro de jugadas de algunos de los líderes más notorios de América Latina.  Pero líderes que comandaron a sus naciones como autoritarios durante el siglo XX.  Aquí en el siglo XXI, América Latina se ha democratizado, ha puesto un mayor énfasis en el Estado de Derecho y –al menos en muchos países- ha tratado de disminuir la desigualdad económica.  Hay varias lecciones que Estados Unidos podría aprender de América Latina esta temporada electoral.

Primero, si los perdedores electorales no se van, pueden ser arrastrados hacia fuera, por los militares si es necesario.  Las naciones del Cono Sur enfrentaron golpes militares en el siglo XX pero también experimentaron el apoyo militar para asegurar que presidentes debidamente electos pudieran asumir el cargo.  En Estados Unidos esperamos que el jefe de la Corte Suprema, John Roberts, no le tome juramente como presidente el 20 de enero de 2021 a un perdedor electoral.

Pero los jefes del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas pueden necesitar respaldar a Biden, si gana, para garantizar la salida pacífica de Trump (y eso podría depender en parte de las posiciones públicas tomadas por líderes militares pasados y actuales y por miembros prominentes del partido republicano de Trump, como aquellos en el Congreso).  Si bien muchos observadores de América Latina nunca imaginaron que el apoyo militar a los civiles sería tan vital en el hemisferio occidental en este siglo, yo nunca pensé que esto podría ser particularmente necesario en los Estados Unidos.

Una segunda lección de la historia política latinoamericana para Estados Unidos, obtenida de elecciones sin integridad como la de México en 1988 y la de Panamá en 1989, es que a veces “las elecciones sucias» deben ser limpiadas a través de los esfuerzos de una extensa movilización ciudadana y el testimonio de líderes nacionales e internacionales. Las leyes electorales estadounidenses son profundamente defectuosas, especialmente con respecto al Colegio Electoral que permite que unos pocos «estados oscilantes» (los llamados swing states) decidan los resultados. Tanto en 2016 como en 2000, el ganador del voto popular no tomo posesión en EUA..  

Además, los bolsillos sin fondo del financiamiento de campañas –después del caso judicial Citizens United – y el permitir a cada condado tener su propia ley electoral, son  tragedias que harían estremecer a los demócratas latinoamericanos. Tendremos que arreglar esos problemas después de las elecciones.  Pero en estos días previos, tal vez tengamos que tomar nuestra experiencia movilizadora con «Black Lives Matter» para organizar cacerolazos del tipo utilizado en Chile para llamar la atención sobre los dictadores en la década de 1980.

Una tercera lección de la historia política latinoamericana viene de los gobiernos de centro-izquierda del siglo XXI de Rousseff en Brasil, los Kirchner en Argentina e incluso  Correa en Ecuador y Morales en Bolivia (antes de que codiciara más periodos).  La globalización y el neoliberalismo tuvieron costos reales para la calidad de vida de la gente y la única manera de compensarla es convertirla en “accionista” de una nueva economía mediante la expansión del bienestar social y los servicios gubernamentales.  

En las pasadas dos décadas, la desigualdad de ingresos de los Estados Unidos ha empeorado dramáticamente, y ahora es la peor (por mucho) entre las economías desarrolladas.  Según las mediciones del coeficiente GINI de las Naciones Unidas, en los últimos años Estados Unidos ha clasificado número 51 de 160 en desigualdad, por debajo de las potencias económicas de Europa occidental y Asia, ligeramente arriba de Bolivia (36) y Perú (39), pero también inferior a Argentina (53), Uruguay (63) y El Salvador (73  más desigual).  Más importante aún, la mayoría de las naciones latinoamericanas están en una trayectoria hacia una menor desigualdad, mientras que Estados Unidos está yendo al lado opuesto.

Mi padre me enseñó a nunca usar públicamente el término «idiota» para describir a alguien, pero falleció antes de las “políticas COVID” de Trump.  Y Trump es – con disculpas a Alvaro Vargas Llosa y co-autores – “el perfecto idiota norteamericano.” Incluso antes de la pandemia, empezando por la pieza central de su campaña de 2016 de levantar un muro con México, Trump ha insultado a personas de todo el hemisferio (maldita sea, de todo el mundo). Joe Biden revertiría las políticas migratorias xenófobas de Trump  e integraría de nuevo a Estados Unidos en el sistema mundial en áreas importantes como el comercio y la mitigación del cambio climático.  

Y quizás lo más importante, él y Kamala Harris y su administración tendrían la empatía y la curiosidad de mirar a los demás en busca de ejemplos. Para aprender a arreglar sistemas electorales rotos y aumentar el bienestar social, no podrían hacer nada mejor que mirar a América Latina, que ha hecho un trabajo plausible para mejorar las elecciones y un trabajo razonable  para mejorar el bienestar de la ciudadanía.

La tarea de luchar contra la pobreza está lejos de terminar en América Latina, pero muchos gobiernos han dedicado recursos a las obras públicas y el bienestar ciudadano, lo que ayuda a mejorar la educación cívica de la gente, disminuye su interés en el clientelismo y la prepara para la participación electoral. Biden es nuestra última esperanza para el abrazo en las relaciones de Estados Unidos con las Américas, después de las pesadillas gemelas de COVID-19 y Donald Trump, y para convertir nuestra polarizada cámara de eco de las redes sociales en una democracia civil otra vez.

A mis compatriotas gringos fatigados por el giro autoritario en los Estados Unidos: recuerden los cánticos de nuestros vecinos latinoamericanos en sus duras luchas contra dictadores más brutales y opresivos en el siglo pasado: el pueblo unido, jamás será vencido.


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*Traducción del inglés de José Ramón López Rubí

Foto de Sniggie en Foter.com / CC BY-NC-SA

Trump y el escándalo van de la mano

Trump y el escándalo van de la mano, pero ¿será este último la gota que rebalsará el vaso de la tolerancia americana para un líder tan inepto y corrupto? A pesar de que en Estados Unidos muchos piensan que esto es así, la historia del autoritarismo y el fascismo nos muestran que es dudoso que así sea.

Analicemos brevemente los últimos escándalos. El New York Times acaba de demostrar sus mentiras sobre su situación financiera que a diferencia del mito de Trump como billonario nos muestra endeudamiento, conflictos de intereses y la potencial ilegalidad de sus estrategias situación impositiva. En suma, detrás de la propaganda se encuentra una verdad que lo hunde.

Lo mismo pasa con su anteúltimo escandalo, donde en diálogos grabados con el famoso periodista Bob Woodward a comienzos de febrero, Trump admitió que el virus era realmente “mortal.” Como se sabe en público, negó la gravedad del virus, habló de una “conspiración china” y prometió resultados milagrosos. Los efectos de este contraste entre realidad y fantasía: Estados Unidos es el país con más infectados y más muertos en todo el mundo, seis millones de casos y casi 200.000 muertos.

En países como Brasil y la India se dio esta discordancia entre evidencia y propaganda y esto no implicó un problema para sus líderes. De hecho, en Brasil, el caudillo Jair Mesías Bolsonaro incrementó sus números de popularidad a pesar de su fracasado manejo de la crisis.

En tiempos comunes y corrientes, estas cosas deberían ser tóxicas para un político, pero no vivimos tiempos normales.

En tiempos comunes y corrientes, estas cosas deberían ser tóxicas para un político, pero no vivimos tiempos normales. Más bien, el presente se asemeja a un pasado en donde la conspiración, la paranoia y la necesidad de una personalidad autoritaria que nos gobierne eran moneda común. Es decir, parecemos volver a los tiempos del fascismo, en los cuales el dictador era considerado el dueño de la verdad, un mito viviente que podía decir cualquiera cosa y ser creído.

Woodward formó parte de la dupla que destapó el escándalo del Watergate y el presidente Richard Nixon tuvo que renunciar a la presidencia, pero nada de eso pasará en estas semanas, e incluso Trump sigue con buenas chances de ser reelegido.

Como se sabe, en estos últimos meses Trump apostó por una mezcla de xenofobia, racismo, promoción de la violencia y represión y negación sobre el virus. Así, Trump vinculó, como solución a la enfermedad, la construcción de su muro anti-migrante y la idea racista de un “virus chino” con sus promesas vacías de que todo estaría bien. A sus creyentes, Trump les pide fe en su liderazgo. A la evidencia de los medios y de sus propias acciones, Trump responde que son “fake news.”

Mientras que para muchos estadounidenses estas mentira reveladas por Woodward y el New York Times son más graves que las anteriores, para los trumpistas no son mentiras capitales (fuentes y síntomas de otros pecados) sino, en el peor de los casos, mentiras benignas que los protegen. Esta fue exactamente la explicación que Trump dio estos días a sus mentiras y lo hizo en el marco de una base de seguidores preparados en el terreno de la paranoia totalitaria.

se ha incrementado el número de republicanos y trumpistas que creen en una teoría de la conspiración con inspiraciones fascistas y antisemitas

Pensemos en un botón de muestra. En los últimos cuatro años se ha incrementado el número de republicanos y trumpistas que creen en una teoría de la conspiración con inspiraciones fascistas y antisemitas: QAnon.

Como señala el Washington Post, los creyentes en esta fantasía piensan que Donald Trump está involucrado en una guerra secreta “contra una camarilla de caníbales-pedófilos satánicos en el Partido Demócrata, Hollywood y las finanzas globales. Creen que esta camarilla es responsable de todos los problemas del mundo, pero que Trump pronto ordenará los arrestos y ejecuciones masivas de oponentes políticos como Hillary Clinton y Barack Obama en una purga masiva llamada ‘La Tormenta’.

Los creyentes de QAnon basan esta idea en pistas de ‘Q’, una figura anónima que ha estado publicando en foros de mensajes online desde 2017 que los fanáticos de QAnon creen que es una figura de alto rango de la administración Trump, ¡o tal vez el propio Trump!” En actos de apoyo a Trump y en contra de las máscaras faciales y las cuarentenas, los trumpistas qanonistas aparecieron por doquier. Una docena de candidatos republicanos al Congreso adhiere a QAnon y a pesar de que el propio FBI considera a QAnon como una potencial “amenaza terrorista nacional”, pues sus seguidores han cometido asesinatos y otros actos de violencia que se han incrementado con la crisis del Covid19, el propio Trump ha hecho mas de doscientos retweets de seguidores de QAnon. Y cuando fue cuestionado acerca de sus seguidores Trump dijo: “he oido que estas son personas que aman a nuestro país”.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca sostuvo “que realmente no sé nada más que el hecho de que supuestamente les agrado”. Con respecto a la teoría en sí misma que plantea el lugar central de Trump en la lucha contra un cabal de pedófilos y demócratas, el presidente dijo “¿Se supone que eso es algo malo o bueno?” respondiendo a un periodista que le preguntó si podía apoyar esa teoría. “Si puedo ayudar a salvar al mundo de los problemas, estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a exponerme “, agregó.

En este marco, pensemos lo inocuo de los escándalo recientes y porque no calarán a fondo en sus seguidores más fanáticos y también en los moderados que toleran formar parte de su movimiento. De hecho, que Trump admitiera en febrero una realidad empírica no significa que el caudillo no crea sus mentiras o sacrifique su seguridad por ellas. Lo mismo pasa con la justificación de su presentación como billonario cuando mas bien parece estar al borde del colapso financiero.

A pesar de admitir la seriedad de la transmisión aérea del virus, Trump se negó y continúa negándose a usar una máscara para protegerse en público. A pesar de las denuncias en su contra Trump no menguara sus conflictos de interés. La evidencia de un Trump manipulador cuya hipocresía elimina la creencia en la realidad no debería confundirnos. Trump no es un dictador fascista, pero se maneja con los mismos patrones que caracterizaron a los líderes del fascismo: fomentando la paranoia y la corrupción e incluso liderándolas.

Foto de www.cemillerphotography.com en Foter.com / CC BY-SA

Elecciones en Ecuador: entre pandemia y crisis económica

Varios países de la región están por renovar, mediante elecciones, los cargos de presidente y parlamentarios. En algunos casos, eventos de crisis preexistentes que desataron intensas movilizaciones entre octubre y diciembre de 2019 fueron drásticamente interrumpidas por la presencia de la pandemia del Covid-19. La coyuntura, para todos estos casos, gira en torno a la conexión entre crisis económica y crisis sanitaria. Son estas dos dimensiones las que incidirán en los procesos electorales que se avecinan.

En el caso del Ecuador, lo que está en juego es la salida de un ciclo político y el ingreso a otro. Este es un fenómeno que en la discusión política se reconoce como desmantelamiento del correísmo, esto es, de un modelo que se demostró responsable de procesos de corrupción institucionalizada, mediante el debilitamiento de los mecanismos de fiscalización y control político y administrativo, incentivadas en mucho desde el diseño hiperpresidencialista definido en la constitución de 2008.

La irrupción de la pandemia del Covid-19 llegó a profundizar estas dimensiones de la crisis.

Es este diseño institucional el que ha creado las condiciones para una profunda crisis económica instalada en el corazón del sistema, bajo la figura de déficit fiscal y endeudamientos crecientes e inmanejables. Es este mismo diseño institucional el responsable de la corrupción sistémica que ha debilitado la economía y la ética de la responsabilidad pública en el país. La irrupción de la pandemia del Covid-19 llegó a profundizar estas dimensiones de la crisis. Por un lado, agudizó el déficit de la caja fiscal al reducir drásticamente sus ingresos e incrementar los requerimientos de financiamiento del sector salud, del de protección social y seguridad.

Paradójicamente, la pandemia facilitó la aplicación del programa de ajuste fiscal: contrario a toda expectativa, en plena emergencia sanitaria, el gobierno optó por el pago de 340 millones de deuda, lo que desató las protestas de ciertos sectores pero le permitió abrir las puertas para el financiamiento de un programa de renegociación más amplio con el FMI y los acreedores privados. Esta operación alivió la presión de la deuda sobre el presupuesto público, redujo el riesgo país y mejoró el posicionamiento frente a los organismos multilaterales de crédito, posibilitando mejores márgenes de liquidez en lo inmediato, y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo.

Pero la pandemia también agravó el deterioro social que se manifestó en el incremento de los índices de desempleo y subempleo, y develó oscuras tramas de corrupción en el manejo de la misma emergencia sanitaria. A la crisis económica y sanitaria se añade este tercer componente que es el de la corrupción institucionalizada. Los tres completan el conjunto de desafíos a los cuales deberán responder los candidatos en el evento electoral de febrero de 2021.

la campaña electoral presenta un panorama de alta fragmentación política que se conduce con dificultad hacia la formación de grandes tendencias.

En sus fases iniciales, la campaña electoral presenta un panorama de alta fragmentación política que se conduce con dificultad hacia la formación de grandes tendencias. En los últimos años, la fragmentación se ha resuelto por la vía de la polarización: grandes coaliciones enfrentadas bajo premisas antagonistas con posturas maximalistas que dificultan cualquier convergencia. Si adoptamos la diferenciación ideológica izquierda-derecha se observa ya una primera articulación de fuerzas que unifica a los dos grandes partidos de la derecha histórica, el Partido Social Cristiano PSC y CREO (Movimiento Creando Oportunidades), una alianza que se circunscribe al apoyo de la candidatura presidencial del líder de CREO, Guillermo Lasso, mientras mantiene listas independientes para la elección de asambleístas. 

Por el lado de la izquierda, la descalificación del expresidente Correa para participar en el evento electoral, ratificada en la instancia de casación, debilita las opciones de su partido. La dificultad de encontrar sustituto a la imagen del líder caudillísta, pesará seguramente en el decurso de la campaña.

Estas definiciones en los dos extremos del espectro, generan un posible escenario de polarización que podría verse mitigado por la emergencia de actores que apuestan a converger hacia el centro político. Desde la izquierda, la candidatura de Yaku Pérez aparece con opciones de atraer el voto de importantes sectores del movimiento indígena y de sectores medios sensibles a la reivindicación ecologista. En este mismo sector, pero más hacia el centro, es visible la candidatura de César Montúfar por la alianza Concertación-Partido Socialista, que incluye a figuras sobresalientes de la lucha contra la corrupción del correísmo. Además de estas candidaturas, otros 14 candidatos de ambiguo posicionamiento ideológico y con muy pocas opciones electorales completan lo que será la elección con más candidatos presidenciales en la historia del país.

Una campaña electoral puede ser el mejor camino para la definición del programa que el país requiere para enfrentar tanto los desafios coyunturales definidos por el cruce entre crisis económica sanitaria y ética, como la inauguración del nuevo ciclo político. La campaña no presenta todavía una clara definición de programa. Sin embargo, se han advertido ya importantes posicionamientos que dibujan los ejes que conducirán el debate electoral.

Desde la derecha, hay una apuesta por la reactivación económica del sector privado, al cual se ve como puntal para la salida de la crisis; la minería y el petróleo, junto con la monetización de los activos del Estado, se presentan como las fuentes de financiamiento fiscal. La izquierda insiste en una reactivación centrada en el Estado con recursos del sector privado: el candidato del correísmo, Andrés Arauz, generó polémica al plantear la repatriación de los capitales ecuatorianos depositados en el extranjero. El discurso del candidato de Pachakútik, Yaku Pérez, gira alrededor de la promoción de una economía sustentable, opuesta a las actividades extractivistas. Montúfar, en cambio, le apuesta a la reforma institucional como arma contra la corrupción.

Los desafíos que se desprenden de este cruce de tendencias críticas están allí. Mucho dependerá de la posibilidad de armar espacios de conjunción y acuerdo sobre el programa que el país requiere en esta compleja coyuntura. La construcción de programa requiere de grandes esfuerzos de reflexión desde los distintos campos político actoriales. Los reducidos espacios de maniobra que permite la actual coyuntura, exigen conexiones más inteligentes entre competitividad económica y equidad, y entre ambas y los desafíos de la sostenibilidad.


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Foto de Asamblea Nacional del Ecuador en Foter.com / CC BY-SA

El laberinto catalán entrampado

Septiembre es un mes de fiestas patrias en buen número de países de América Latina. El 7 en Brasil, el 15 en México y Centroamérica, el 18 en Chile… Días que permiten la exaltación de la nación y la excitación del entusiasmo identitario. Cataluña no ha sido ajena a ello. Quien fuera su presidente entre 2010 y 2016, el periodo en el que se incubó la crispación política entre esa Comunidad Autónoma y el estado central que estallaría en 2017, Artur Mas, declaró el 14 de septiembre pasado: “no puedo acabar mi trayectoria política en un proyecto que puede llevar a la separación”.

La separación a la que se refería no era de España sino con respecto a las fuerzas del nacionalismo independentista profundamente dividido. Su trayectoria política estaba acabada no solo desde que cedió la presidencia del gobierno catalán a Carles Puigdemont sino antes, aunque él pretendiese no saberlo, cuando se frustró la validación de su proyecto político. Esto sucedió en las anticipadas elecciones de noviembre de 2012 convocadas para ampliar su mayoría y que trajeron consigo la pérdida de 12 escaños de su formación. Una derrota que en cualquier democracia parlamentaria habría traído consigo la salida de la política del líder que convocó los comicios.

Este podría ser el cierre a las efemérides del catalanismo que se celebran en torno al 11 de septiembre. Esta es la fecha en la que la mitología nacionalista hace descansar los supuestos agravios de España contra Cataluña a resultas del pleito dinástico de 1714 para regir la monarquía española. Allí, los partidarios de la Casa de Austria, integrados por buena parte de los notables catalanes, fueron derrotados por los ascendentes Borbones.

La lánguida expresión popular de los eventos convocados para ese día como consecuencia, sin duda, de las restricciones a la movilidad que comporta la COVID-19 maquilló, no obstante, la seria fractura del frente independentista. Esta se debe, al menos, a tres factores que se hacen cada vez más perentorios.

En primer lugar, se encuentra la grieta ideológica que separa a sectores conservadores de otros centristas y de unos terceros que se ubican en una izquierda que a veces coquetea con expresiones antisistema. En segundo término, existe una pugna notoria en el liderazgo ya que se confrontan figuras de naturaleza muy diferente que, además, con el paso del tiempo han reflejado estilos de actuación opuestos.

Carles Puigdemont no solo es un político fugado que no confrontó su responsabilidad, como si lo hizo su vicepresidente, Oriol Junqueras, sino que maneja de manera vicaria al gobierno catalán

Carles Puigdemont no solo es un político fugado que no confrontó su responsabilidad, como si lo hizo su vicepresidente, Oriol Junqueras, sino que maneja de manera vicaria al gobierno catalán y, más en concreto, a su actual presidente, Quim Torra. Este en sus dos años de actuación ha mostrado una preocupante inoperancia política y se encuentra imputado por un delito de desobediencia judicial.

Finalmente, la pérdida de capital político que arrastran los casos de corrupción por financiación ilegal del partido y por enriquecimiento ilícito de quien fuera su líder incuestionable y presidente catalán por más de dos décadas, Jordi Pujol, mina las bases de la credibilidad de ciertos sectores del nacionalismo hoy independentista.

Todo ello no es óbice para que el 11 de septiembre fuera utilizado, una vez más, en el escenario ineficiente y enervante trazado en muchas ocasiones por el gobierno español, para intentar consolidar el relato de afrenta. Este es uno de los hitos sobre los que el independentismo catalán pretende consolidar su reclamo junto con mitos que exacerban las diferencias. Como bien enseñó Benedict Anderson en Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, si la nación es “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana… la magia del nacionalismo es la conversión del azar en destino”.

Es en esa dirección en la que hoy se elabora el discurso según el cual en España hay presos políticos o que es un país donde la violación de los derechos humanos es sistemática. Sin embargo, la evidencia muestra la existencia de políticos que han sido juzgados y condenados, no por cuestiones que atentaran contra la libertad de expresión, sino por serios delitos probados de sedición y malversación de fondos públicos en procesos con garantías plenas y total transparencia, habiendo sido transmitidas en directo las sesiones judiciales.

Sin embargo, la situación así descrita se aleja de una realidad más compleja que se inserta en un territorio en el que el independentismo, sumando sus diferentes familias, nunca ha tenido una mayoría social en una comunidad con unas cuotas de autogobierno superiores a los estados federales latinoamericanos. Cuotas como la elección por el voto directo de la ciudadanía de sus autoridades, amplia autonomía fiscal, respeto absoluto a su cultura con un uso del catalán como idioma oficial, que en muchas ocasiones ha relegado al castellano, y con fuerzas de seguridad pública propias.

Se trata de un proyecto independentista con políticas que proyectan expresiones xenófobas contra quienes, supuestamente, no se integran en la comunidad organizada

Se trata de un proyecto independentista con políticas que proyectan expresiones xenófobas contra quienes, supuestamente, no se integran en la comunidad organizada. Un acomunidad que ensalza exclusivamente lo diferente sobre la base de una constante manipulación de la historia, que propugnan la vía de una sola lengua y, en el caso de la ruptura, excluyen de la nacionalidad española a todos los catalanes que hubieran expresado su voluntad de querer ser españoles.

Un escenario que no acoge el diálogo sino la imposición unilateral y cuya articulación ignora la complejidad, estructurando su quehacer en una permanente campaña publicitaria que oculta la realidad y la responsabilidad de personajes tan tristemente relevantes como Artur Mas. Un personaje que resulta que ahora ha dejado la política, como lo hizo su predecesor, Jordi Pujol, por la puerta falsa.

Foto de Fotomovimiento en Foter.com / CC BY-NC-ND

Negociar con el crimen organizado

¿Qué es legítimo y qué no? ¿los gobiernos deberían negociar con estructuras terroristas y criminales para reducir el crimen y los homicidios? ambas preguntas, y muchas otras, surgen bajo este tema. En materia de seguridad y de negociaciones hay una constelación amplia de casos entre Estados, grupos insurgentes y guerrillas, pero menos con terroristas o bandas de narcotraficantes.

Desde la cruzada internacional en contra del terrorismo global iniciada en septiembre de 2001, el adagio entre los gobiernos ha sido que con el terrorismo no se negocia. El argumento, un poco oxidado y anacrónico, responde a una lógica de legitimidad y de no dejar ver a las instituciones estatales como unidades débiles en las democracias. Una visión bastante reduccionista que minimiza incluso el papel del Estado en las relaciones sociales.

De tal manera, la única receta viable y al parecer legítima, estaba centrada en generar fórmulas de inteligencia, operaciones militares, alianzas estratégicas de coaliciones multilaterales y acciones policiales que anticiparan o neutralizaran las estructuras terroristas y criminales. Fórmulas que tan solo atacaban las consecuencias del terrorismo y no sus causas. Pues, evitar el estallido de una bomba en el metro o en un aeropuerto, es simplemente intentar curar el cáncer con un analgésico.

De hecho, tal como mencionó el IRA en 1984, tras el atentado en el Grand Hotel de Brighton, mientras los terroristas necesitan tener suerte una vez, los Estados la necesitan siempre. Los problemas de seguridad no convencional contemporáneos son una carrera por reducir los márgenes de error y evitar que el factor tiempo sea el principal enemigo de los bandos encontrados.

Contra todos los pronósticos, Donald Trump construyó un puente de negociación con el talibán en febrero de 2020. El acuerdo estuvo guiado por incentivos, el centro de gravedad de toda negociación. Según lo acordado, el talibán se comprometió en no permitir que Al Qaeda, ISIS o ningún otro grupo extremista opere dentro de las áreas que ellos controlan. A cambio, la OTAN y Washington retiran su presencia del lugar.

La ecuación está en la noción de victoria y ésta, ya no se traduce en los territorios conquistados o en el número de bajas del adversario, se determina por la construcción de legitimidades

Se trata de una ecuación básica y de madurez de conflicto en el que las partes saben que el estancamiento mutuo es la inviabilidad de éxito de alguna de las partes y el deterioro de sus objetivos. La ecuación está en la noción de victoria y ésta, ya no se traduce en los territorios conquistados o en el número de bajas del adversario, se determina por la construcción de legitimidades en los espacios geográficos, en la gobernanza y capacidad de agencia ante los problemas sociales. Situaciones que, a pesar de su naturaleza bárbara, los grupos terroristas de la zona empezaban a construir en la población afgana.

En El Salvador, Nayib Bukele lleva aproximadamente un año tejiendo escenarios de negociación desde las cárceles con las pandillas más peligrosas del mundo. Con su plan logró reducir los homicidios drásticamente luego del posconflicto producto de 30 años de guerra civil. Pero ¿por qué negociar con terroristas y criminales? Es, sin duda una pregunta compleja, pero con amplias razones estratégicas.

Mientras las clásicas insurgencias tienen en el radar suplantar al Estado, tomar el poder y administrar a su manera el establecimiento, los grupos criminales y terroristas suelen tener como objetivo el control de recursos subterráneos, disputas territoriales con el Estado y las economías ilegales. En últimas, éstos tienen, por un lado la idea de ser invisibles a los ojos del Estado y, por el otro, usar la violencia como un método para llegar a un fin político.

Entonces, frente a la anterior pregunta, la negociación con estos actores puede ser altamente costosa si no se alcanza, en un corto tiempo, la desarticulación de la organización y la reducción de sus operaciones. La respuesta está en que la negociación es una ventana de oportunidad ya que los actores irregulares han construido órdenes paralelos y gobernanzas criminales en los territorios que operan.

Está demostrado que con exclusivos métodos militares y policiales el narcotráfico no se elimina

Está demostrado que con exclusivos métodos militares y policiales el narcotráfico no se elimina, el terrorismo persiste y los grupos criminales se hacen cada vez más ricos y fungen como Estados subalternos. Entonces, la ecuación para mitigar dichos flagelos está en dos elementos. Por un lado, la metodología y por el otro, los incentivos. El método requiere, en principio, de los siguientes pasos: primero la mediación del Estado para poner un alto al fuego entre bandas, grupos armados y terroristas, y segundo una transformación de lo legítimo, en donde el Estado debe construir una contralegitimidad sobre los grupos ilegales.

Los incentivos recaen en calcular que las negociaciones solo podrán ser efectivas si el proceso se centra en los intereses de las partes, no en los efectos de sus actividades criminales o terroristas. En sociedades donde la violencia y el crimen son generados por pandillas, bandas y grupos de distintas naturalezas, las redes criminales suelen estar tan arraigadas que la negociación puede, de hecho, ofrecer la única solución viable. Por eso, en el momento en el que se descifren los códigos y patrones de engranajes del crimen y terrorismo, el Estado puede entrar a proponer una negociación sostenible. Negociar con terroristas y criminales puede ser el futuro del antiterrorismo y de la política criminal.

Foto de markarinafotos en Foter.com / CC BY-NC-ND

La desintegración latinoamericana, un problema político

Durante el superciclo electoral 2017-2019 Sudamérica vivió un “giro a la derecha”. Con la excepción de Argentina, los gobiernos progresistas dieron paso a una nueva ola neoliberal. Ecuador vivió una experiencia sui generis, pues el giro se dio más bien durante la gestión del presidente Lenin Moreno y no como resultado inmediato de las elecciones.

Durante las campañas, tanto en los debates presidenciales como en las entrevistas a candidatos, los temas prioritarios fueron nacionales. Aún así, se abordaron ciertos aspectos de las relaciones internacionales y hubo divergencias en torno al tema de Venezuela y la integración latinoamericana. La derecha estaba más enfocada en reconocer la presidencia de Juan Guaidó y negociar la «salida» de Nicolás Maduro y su gobierno, mientras que la izquierda estaba más inclinada a una transición negociada que implicaba el reconocimiento de ambas partes como interlocutores válidos.

Del mismo modo, la derecha rechazaba los procesos de integración regional considerados «ideologizados» como UNASUR, CELAC, ALBA y en menor medida el MERCOSUR, mientras que la izquierda no atinó a articular una alternativa que reconociese los pormenores de esos procesos de integración, pero que a la vez fuese capaz de salvaguardar el espíritu integracionista.

la integración pasa por uno de sus peores momentos y que no se avizora una pronta salida de Nicolás Maduro.

Al día de hoy y con estos gobiernos adentrados en los distintos períodos de gestión nos preguntamos cuál es el balance. La primera impresión es que la integración pasa por uno de sus peores momentos y que no se avizora una pronta salida de Nicolás Maduro.

La elección del candidato estadounidense Mauricio Claver-Carone como presidente del BID, haciendo caso omiso a la regla no escrita de que dicha función debería ser ejercida por un latinoamericano, es un síntoma del actual descalabro del espíritu integracionista latinoamericano. La región ha caído en una suerte de realpolitik en la que priman los intereses nacionales, con arreglos transaccionales cuyo único referente es la correlación de fuerzas. Iván Duque y Jair Bolsonaro se posicionaron a favor de Estados Unidos, a cambio de ventajas financieras y políticas, México mantuvo su línea de no importunar al vecino del norte, y no hubo una línea alternativa única con capacidad de negociación. Así, el BID se unió a la OEA en ser el otro gran órgano interamericano aquejado por un sinsabor postelectoral.

Esta nueva corriente ha perdido de vista las ventajas a largo plazo de construir las relaciones internacionales en el entendimiento de que es mejor un orden internacional que nos permita enfrentar, de manera conjunta y coordinada, los desafíos de la modernidad. Desde la pandemia del Covid-19 hasta la deforestación y el cambio climático. Esta es la perspectiva que Ikenberry llama el “internacionalismo liberal”, en su reciente obra, “A world safe for democracy”.

En contraposición al realismo político, Ikenberry propone un orden que se plasme en un sistema de organizaciones y reglas internacionales basadas valores y principios definidos. Valores que incluyen la defensa de las democracias representativas, los derechos humanos, la legalidad y las libertades públicas, así como una economía de mercado. No un orden “neoliberal”, sino un liberalismo en evolución que debería incluir todos los derechos humanos, así como una visión del desarrollo del capitalismo marcado por fórmulas de justicia redistributiva con plena vigencia de sistemas de protección social sólidos. Donde la importancia dada al comercio internacional no sea un alegato a favor de zonas de libre comercio sin ninguna regulación, sino todo lo contrario.

Hoy se requiere más que nunca entender que el éxito de cada quien depende de la vigencia de una comunidad latinoamericana.

El camino elegido por la derecha ha sido el de aspirar al éxito transaccional, caso por caso. Sin embargo, la crisis de la pandemia y la pos pandemia es tan grave que difícilmente se encontrará solución a través de dicho enfoque. Hoy se requiere más que nunca entender que el éxito de cada quien depende de la vigencia de una comunidad latinoamericana. El menú de preocupaciones en la región es muy variado, pero se puede comenzar por abordar temas en los cuales haya consenso político entre la centroizquierda y la centroderecha. Temas tales como la evasión fiscal, la corrupción, la seguridad ciudadana, la formalización de la economía, el empleo, la transición hacia una economía basada en el conocimiento, el control de los impactos ambientales, el desarrollo de infraestructuras, la salvaguarda de la democracia, el imperio de la ley y el combate al crimen organizado, la reducción de la pobreza y la inclusión, entre otros. Un acervo de temas que se podrían enfrentar de mejor manera a través de un orden del tipo que preconiza el internacionalismo liberal.

Este es un enfoque de alcance regional que requiere de un cierto tipo de liderazgo. Uno que se nutra de una visión de Estado y por ello mismo entienda que la política exterior no es algo que se puede concebir desde un posicionamiento político particular. El mismo superciclo de elecciones demostró que el mundo político sudamericano y hasta cierto punto latinoamericano se manifiesta mayoritariamente dentro de un espectro de centro izquierda a centro derecha. Y es ese gran centro político plural el que debería construir una política integracionista de larga duración. Un proyecto integracionista que perdure más allá de los sucesivos gobiernos y partidos.

Finalmente, diríamos que una parte importante de este esfuerzo político tiene que ver con el tratamiento del tema Venezuela. Este es uno de los escollos que divide e impide avanzar a la región con consensos más amplios. Durante las campañas el tema fue utilizado como un parteaguas político, estableciendo falsas equivalencias entre reconocer a Guaidó y estar a favor de la democracia y no reconocer a Guaidó y apoyar al socialismo del siglo XXI.

El dilema para la gran mayoría de las fuerzas políticas, sin embargo, es más bien metodológico ¿Cómo recomponer la democracia en Venezuela? En su reciente discurso inaugural ante la reunión del Grupo de Lima, Iván Duque repetía que el primero de los cuatro objetivos del Grupo es que se “dé el cese de la usurpación, el cese de la dictadura” y a partir de ahí se proceda a la transición. ¿Es así? ¿Si lo pensáramos en otro orden, no tendríamos mejores chances de robustecer el alineamiento y compromiso de los países con el retorno de la democracia en Venezuela?

Luego del entusiasmo inicial de hace un año y medio cuando Juan Guaidó se declaró presidente legítimo de Venezuela y lograra un importante reconocimiento internacional, la salida del usurpador se ha venido alejando. ¿Es quizás el momento de reconsiderar el orden de los factores? La pregunta adquiere actualmente mayor relevancia a la luz de las nuevas divisiones dentro de la oposición venezolana.

Quizás llegó el momento de un cambio de estrategia que reúna un frente regional más amplio para que proponga una negociación que enfatice la transición para el cese de la dictadura, y de esta manera cesar también la agudización de las diferencias políticas en la región. Sería un paso importante.

Foto de la Casa de América en Foter.com / CC BY-NC-ND

Mike Pompeo en la isla de las Guyanas

Por primera vez en la historia, un Secretario de Estado de los Estados Unidos pondrá un pie en la isla marítima fluvial más grande del mundo. De inmediato, Mike Pompeo estará en Georgetown, Paramaribo y Boa Vista, tres de las principales ciudades de la isla de Guyana. La mayor parte de la cobertura periodística y el análisis de esto se ha centrado en el intento de Donald Trump de presentar una agenda más dura y efectiva sobre Venezuela para la búsqueda de votos de los republicanos en Florida. Pero hay otros factores que explican esta visita sin precedentes anunciada en el último minuto.

El contexto de fragmentación política y desintegración comercial en América del Sur hace de nuestro subcontinente un escenario abierto para las luchas de poder extraregionales. La división entre Brasil y Colombia, por un lado, y Argentina, México y Chile, por otro, hizo posible, también por primera vez en la historia, que el pasado sábado (12 de septiembre) un estadounidense fuera elegido para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Hijo de madre cubana, Mauricio Claver-Carone fue asesor especial de Donald Trump y director ejecutivo para asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Su principal argumento de campaña fue la instrumentalización del banco como contrapunto a la expansión china en América Latina. El martes (15 de septiembre), se anunció la visita de Pompeo a América del Norte y del Sur.

La isla de las Guyanas es única, pero la integración de su infraestructura es muy deficiente y nunca fue planeada en conjunto. Sus 1,7 millones de km² equivalen al territorio europeo de Alemania, Francia, España e Italia juntos. Situado en el norte de Sudamérica, es, al mismo tiempo, Atlántico, Caribe y Amazonas, teniendo como principales demarcaciones los dos principales ríos del norte de Sudamérica, el Amazonas y el Orinoco, y la interconexión natural entre ellos por el canal de Cassiquiare y el río Negro; su parte norte está dividida en el medio por el río Esequibo. Además de Surinam y Guyana, este territorio es compartido por Brasil – los estados de Amapá, Roraima y la vega norte del Amazonas desde todo el estado de Pará y Amazonas hasta el Río Negro -, Venezuela – los estados de Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas – y Francia – el territorio de ultramar de Guyana.

A principios de este año hubo elecciones generales tanto en Guyana como en Surinam. En ambos países la elección fue muy pareja y los derrotados tardaron en reconocer los resultados. La victoria de Irfaan Ali en Guyana sólo se formalizó después de cuatro meses. Por el contrario, en las elecciones de 2015, la ya abandonada y moribunda Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) había enviado misiones electorales con la participación del Brasil y los resultados fueron inmediatamente aceptados por todos los actores políticos de ambos países.

Es posible que en unos pocos años la producción de petróleo de Guyana supere a la de Venezuela.

Desde el punto de vista económico, Guyana y Surinam tienen pocas relaciones con América del Sur. Sólo el 2% de su comercio exterior se realiza con los otros diez países de la región. En los dos últimos años ha habido un auge del petróleo en Guyana que la convierte en el único país de América que tendrá un crecimiento económico positivo en 2020. También se espera que la producción marítima de petróleo se amplíe en Surinam. Es posible que en unos pocos años la producción de petróleo de Guyana supere a la de Venezuela. Aunque tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela ha visto caer su producción de petróleo debido a la propia ineficiencia y al embargo de los Estados Unidos en los últimos años.

La estrategia de derrocar al gobierno venezolano con el aislamiento político y la asfixia económica diseñada por los Estados Unidos y el Grupo de Lima en 2017 tuvo como resultados concretos el colapso de la producción petrolera, la profundización de la crisis social venezolana y el fortalecimiento político y económico interno de los militares leales a Nicolás Maduro. Viéndose distante de sus aliados tradicionales, Venezuela se convirtió en el mayor deudor chino de América Latina. Con cada paso que dan EE.UU. y la OTAN en el entorno ruso, Moscú refuerza sus lazos económicos, políticos y militares con Caracas.

En 2002, cuando la dirección de la empresa petrolera estatal PDVSA intentó derrocar al gobierno, Hugo Chávez se dirigió a Brasil para enviar barcos para asegurar el suministro interno de gasolina. Ahora es Irán el que cumple este papel. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, ganadas por la oposición a Maduro, la principal misión de observación electoral externa fue de Unasur. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, con una baja participación de la oposición, Turquía debería ocupar este espacio.

No es la primera vez que Guyana y Surinam se encuentran en medio de grandes disputas geopolíticas. Guyana se independizó del Reino Unido en 1966 y heredó antiguas disputas territoriales entre los británicos y los venezolanos. Surinam se independizó de los Países Bajos sólo en 1975 y fue reconocido rápidamente por Brasil. Guyana y Surinam nacieron amenazadas por las tesis de la internacionalización de la Amazonia, que iban cobrando fuerza en Europa y en diversas organizaciones internacionales, y por la sombra de la guerra fría.

En 1978, bajo la dirección de los presidentes Ernesto Geisel del Brasil y Carlos Andrés Pérez de Venezuela, se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica con el objetivo de promover el desarrollo integral de la región y sus poblaciones y reafirmar la soberanía exclusiva de los ocho países de la región sobre la gestión de la mayor reserva de biodiversidad del mundo. Bolivia, el Brasil, Colombia, el Ecuador, Guyana, el Perú, Surinam y Venezuela vetaron la posibilidad de que las potencias extrarregionales participaran en el tratado en ese momento y en el futuro.

En 1983, el Gobierno de Surinam fue acusado por los Estados Unidos y los países europeos de graves violaciones de los derechos humanos. Tanto la antigua metrópoli como la potencia hemisférica trataron de aislar al país política y económicamente para derrocar a su gobierno. Cuba y otros países de orientación socialista han aumentado sus actividades en Surinam. La Unión Soviética aumentó su presencia en el Caribe. Los Estados Unidos, gobernados por el republicano Ronald Reagan, buscaron el apoyo del Brasil de João Figueiredo para una intervención en Paramaribo. Brasil se negó y, alternativamente, envió una misión diplomática dirigida por el General Danilo Venturini a Surinam. Se inició una amplia cooperación brasileña para la organización del Estado de Surinam, que se distanció de los países socialistas, evitó la invasión americana y garantizó una relativa estabilidad al país en los últimos decenios. Meses más tarde, debido a una situación similar, los Estados Unidos invadieron la isla caribeña de Granada y mataron a su presidente Maurice Bishop.

La acción del Brasil en el norte de América del Sur fue eficaz para disuadir la presencia extrarregional

La acción del Brasil en el norte de América del Sur fue eficaz para disuadir la presencia extrarregional, tanto si actuó mediante consultas regionales con el tratado de cooperación con la Amazonia como si lo hizo bilateralmente con la misión Venturini. Los gobiernos de Geisel y Figueiredo sabían que el mayor perdedor en un conflicto impulsado por intereses extrarregionales en América del Sur sería el propio Brasil.

La presencia de Mike Pompeo en Guyana, Surinam, Roraima y Colombia en el mismo viaje sólo puede entenderse en este contexto de fragmentación de la gobernanza regional sudamericana y menos protagonismo brasileño.

El nacionalismo en disputa

Tras décadas de ser marginado y vilipendiado el nacionalismo está nuevamente de moda. Su demonización fue en gran medida promovida y difundida por los dos grandes exponentes ideológicos de la geopolítica global durante el período post-segunda guerra mundial. En primer lugar, quienes pregonaban la ideología liberal, liderada por Estados Unidos, promoviendo valores universales en relación a la democracia y los mercados sin fronteras. Segundo, desde las visiones marxistas, lideradas por la Unión Soviética, desde donde se buscaba la construcción de un socialismo mundial. Ambas corrientes combatían al nacionalismo, considerado como arcaico, elitista, proteccionista, estatista o fascista.

Los grandes adversarios ideológicos del ‘nacionalismo’ están hoy en crisis, al igual que la idea de la ‘globalización’. Esto abre la puerta al retorno de visiones culturales nacionales, en algunos casos empaquetadas dentro de dimensiones civilizatorias. El objetivo es agrupar sociedades o comunidades más allá de un espacio territorial nacional, a modo de fundamentar proyectos de expansión geopolítica. No es que no quieran ser globales, su problema es que hoy en día carecen de fuerza para serlo.

hay un intento de reconstrucción desde abajo, proyectándose transnacionalmente en espacios ‘civilizatorios’

En este contexto, hay un intento de reconstrucción desde abajo, proyectándose transnacionalmente en espacios ‘civilizatorios’. Un ejemplo reciente fue el intento de construir un nuevo ‘estado islámico’ en el marco de una suerte de civilización árabe-musulmana. Otro, es la reconstrucción de Rusia en una dimensión nacional (y geopolítica) euroasiática. Es interesante también la autoidentificación de China como una ‘estado-civilización’. Se trata de proyectos que buscan ir más allá del formato occidental de estado-nación Westfaliano, algo en cierta forma anunciado durante los años noventa por Samuel Huntington.

Se mantiene una tendencia a simplificar al nacionalismo como un fenómeno fascista y ‘populista’, que hoy en día se ve ligado a la llamada ‘derecha alternativa’ (conocida en inglés como alt-right) estadounidense. La hegemonía global de Estados Unidos está debilitada y la potencia busca recomponer su dominio bajo un nuevo modelo. Por un lado, reconstruyendo una dimensión nacional estadounidense en el llamado ‘America first’. Por otro, conectándolo a una proyección a escala global denominada ‘civilización judeo-cristiana’. Pero el nacionalismo no es monopolio de las grandes potencias y puede y debe ser también una herramienta para pensar geopolítica y desarrollo desde la periferia.

Dimensiones del nacionalismo

El ‘nacionalismo’ no debe ser visto en forma ‘unidimensional’. Existe en espacios de ‘estados nacionales’, así como en proyecciones regionales o globales que se pueden denominar espacios ‘supra-nacionales’ o de ‘quinta frontera’. El sentimiento nacionalista puede ser usado para fomentar rivalidades, así como promover esfuerzos conjuntos, valorando el bienestar del compatriota como propio. De ahí que los estados, especialmente las grandes potencias, busquen ampliar su esfera de poder con nacionalismos de quinta frontera. Es una forma efectiva de generar lazos de solidaridad y comunidad nacional que permiten ejercer formas de ‘poder blando’ (soft power) o hegemonía cultural.

El nacionalismo ha sido, y es, también vital para los países en desarrollo a modo de generar lazos de solidaridad que faciliten la integración interna en un estado. Por ejemplo, en el marco de un proyecto de desarrollo social e industrial a largo plazo. Una forma de compensar las limitaciones nacionales periféricas es por medio de la ‘integración regional’, cuyo éxito a largo plazo depende de la construcción de un nacionalismo de ‘quinta frontera’.

Ninguna de las grandes potencias, desde el surgimiento del sistema capitalista, ha llegado a la supremacía sin medidas proteccionistas.

Un tercer aspecto a resaltar es la conexión del nacionalismo a lo económico. Tradicionalmente se ha criticado desde el Marxismo su falta de ‘solidaridad’ con respecto a perspectivas de ‘clases sociales sin fronteras’. Y desde lo ‘liberal’ se lo ha contrapuesto al homo economicus y la ‘racionalidad’ de un equilibrio ‘optimo’ de las fuerzas de mercado. Pero esta demonización del nacionalismo es desigual. Ninguna de las grandes potencias, desde el surgimiento del sistema capitalista, ha llegado a la supremacía sin medidas proteccionistas justificadas por planteos nacionalistas y civilizatorios.

Finalmente, la dimensión ideológica del nacionalismo no es un fenómeno de ‘derecha’ o ‘izquierda’ ya que lo encontraremos en la ‘imaginación’ de todos los estados nacionales modernos. Lo vemos en la invocación del ‘sueño americano’, en las visiones europeas de supremacía civilizacional, en el ejército rojo peleando por la ‘gran madre patria’. El nacionalismo es un instrumento efectivo que apela a sentimientos profundos, conmueve a las masas, confronta y también une. Todo depende del uso que se le dé.

Nuestra cosa (latino) Americana

América ha tenido naciones (y naciones-estado) de diferentes dimensiones desde antes de la colonización. A partir de la llegada de los europeos se regeneraron las ideas nacionales y surgió la conexión entre ideas nacionales y proyección global. Quizás, la más potente en este sentido fue la identidad nacional y global católica. Con la independencia hubo un nuevo proceso de imaginación y reconexión. Surgieron nuevos estados-nacionales y Estados Unidos logró crear un exitoso proyecto de desarrollo económico y unidad. En el caso Hispanoamericano se construyó lo que Felipe Herrera llamó la ‘nación fragmentada’ que buscaba compensar las limitaciones geopolíticas con nuevos lazos supra-nacionales de integración regional.

Inicialmente Estados Unidos intentó proyectar su dimensión nacional en una quinta frontera americana, creando el Panamericanismo. Pero durante el siglo XX este proyecto perdió prioridad ante el proyecto de hegemonía global estadounidense. En la actualidad, el retorno al ‘América primero’ no es un proyecto continental americano. La pregunta es si Estados Unidos puede prescindir de esa ambición, tomando en cuenta su pérdida de supremacía geopolítica y la creciente rivalidad de potencias extranjeras, para actuar en su esfera más interna de poder; el continente americano.

El viejo nacionalismo estadounidense no es suficiente para generar apoyo y solidaridad, ni siquiera a nivel nacional. Si el proceso de multipolaridad global continúa y se acentúa su pérdida de poder global, no hay que descartar el retorno de Estados Unidos a buscar una nueva cohesión regional. El viejo camino panamericano del siglo XIX podría ser un camino a seguir, si el ‘América primero’ hiciera referencia al continente. Por ahora este no es el caso, se ha optado por la línea de ‘Estados Unidos first’, no por la construcción de una comunidad americana.

En América Latina, el declive de sus proyectos de integración regional se produce al mismo tiempo que se enfrentan múltiples crisis; económica, pandemia y confrontaciones globales entre Estados Unidos y China. Ante estos desafíos comunes es vital concebir un proyecto de desarrollo nacional  conectado a la dimensión regional y global. Pero el éxito de un proyecto regional supranacional está ligado a una ‘comunidad imaginada’, una dimensión nacional de ‘quinta frontera’. El que América Latina haya perdido la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se debe fundamentalmente a una falta de visión sobre el papel del banco y. sobre todo, de la región con respecto sí misma. Vale la pena recordar las ideas del primer presidente del BID, el chileno Felipe Herrera, que veía al banco como “más que un banco”. El BID era para Herrera el “banco de la integración”, un instrumento de desarrollo del “pueblo continental” latinoamericano en la construcción de un estado común.

Foto de Gage Skidmore en Foter.com / CC BY-SA

Macondo en ebullición

Se sabía que iba a ocurrir, pero no sabíamos cuando. La calle volvería a hacerse sentir en un país que no tiene costumbre de hacerlo: protestar ha sido un verbo sospechoso de afinidades con la guerrilla y los colombianos se caracterizan por la resiliencia, actitud indispensable para sobrevivir al realismo trágico de Macondo.

Y ahora, casi un año después de que el país se estremeciera por un paro nacional pausado por las vacaciones de fin de año y las maniobras gubernamentales, fue un incidente policial en una calle de Bogotá, análogo al caso de George Floyd en Estados Unidos, el que desató la indignación acumulada contra una institución que durante los cinco meses de confinamiento fue noticia por sus arbitrariedades. Javier Ordóñez, estudiante de derecho y padre de dos niños, fue asesinado a golpes por siete uniformados en una estación de policía donde lo llevaron después de que le impusieran, a la vista de una cámara de celular, varias descargas eléctricas y lo sentenciaran a muerte con un fatal “de esta no se salva”.

Abuso policial y protestas callejeras

La errática forma como se manejó la pandemia dejó a Colombia con una democracia maltrecha y un saldo social inédito: desempleo del 20% e informalidad laboral del 48%. Incapaces de equilibrar los valores políticos en juego, los gobernantes justificaron la extensa cuarentena con un “estamos salvando vidas”, un artículo de fe que demandaba confianza y encierro. Pero llegó la hora de pagar la cuenta.

El fetichismo por la ley convive con una impunidad superior al 90%

A pesar de la persistencia de la anacrónica guerrilla del ELN y de las bandas criminales residuales, Colombia es la democracia más antigua y estable de América Latina. Sin embargo, y quizás por eso, su clase dirigente tiende al inmovilismo, la Justicia se niega sistemáticamente a reformarse, el Congreso y los partidos tienen un alto desprestigio asociados como están, al clientelismo y a la corrupción. El fetichismo por la ley convive con una impunidad superior al 90% y una caída en picada de la confianza en las instituciones judiciales por cuenta de su ineficacia y politización.

El predominio de una visión estrictamente jurídica impide tomar decisiones de política pública más audaces y darle lugar a la ética y a otras disciplinas en la conversación pública. Por eso, para algunos incautos o cínicos, los anuncios de “investigaciones exhaustivas” y de “cero tolerancia” contra quienes se apartan de la ley –como hizo Duque frente al caso de Ordóñez– deberían zanjar cualquier discusión. ¿Para qué hablar de injusticia o inequidad o porqué expresar solidaridad y compasión si lo que necesitamos es aplicar la ley y defender las instituciones? parecen pensar muchos dirigentes.

En este contexto, cuando la calle habla, muy pocos saben interpretar sus reclamos. Y con frecuencia, ni siquiera son escuchados. Además de las sospechas de motivaciones insurgentes –reforzadas por el Ministro de Defensa con supuesta información de inteligencia de complots nacionales e internacionales– y del inmovilismo de la dirigencia, está el factor vandálico, que hace que buena parte del establecimiento político, económico y mediático del país se centren casi exclusivamente en el vandalismo contra bienes públicos y asuman que éste es el hecho más relevante de las manifestaciones. Por eso, aún las protestas ciudadanas más justificadas como las que suscitó el asesinato de Ordóñez y varios civiles más por parte de la Policía no son vistas como un asunto de derechos y democracia, sino como un problema de orden público.

Duque, rehén de la Fuerza Pública

En junio de 2018, Colombia eligió a un candidato inexperto y casi desconocido para dirigir los destinos del país. Su mayor logro, como en las dinastías, era ser el designado por Álvaro Uribe, el fenómeno electoral más importante en lo que va del siglo. El discípulo, sin embargo, ha demostrado estar muy lejos de la estatura política de su mentor. Y si su maestro gobernaba como un General del Ejército, su discípulo lo hace apenas como un patrullero de la Policía. Si su maestro heredó un país en el momento más crítico de la amenaza insurgente y ante el abismo de ser un Estado fallido, el discípulo lo recibió cuando acababa de firmar la paz y tenía el desafío de llevar el Estado a todo el territorio. Pero no supo cómo hacerlo.

Iván Duque tiene un libreto para otro país y un discurso solo para sus bases –incluida la Fuerza Pública –, una versión del conservadurismo de derecha cuya deriva autoritaria los lleva a exhibir como mayores logros la aprobación de la cadena perpetua para violadores de niños y haber copado las cabezas de los organismos de control. Populismo punitivo y burocracia, básicamente. Y aunque su gobierno tiene mayorías en el Congreso ha sido incapaz de pasar una sola reforma de envergadura, a pesar de que el país reclama reformas estructurales a la justicia, a la salud y al sistema pensional, entre otras.

Como es previsible, un gobierno con la retórica del conflicto armado no ha podido interpretar al país del posacuerdo de paz. Aún con más de una decena de muertos y casi dos centenares de heridos en las calles de varias ciudades durante las protestas, una situación que la alcaldesa de Bogotá Claudia López llamó “masacre” y “lo más grave que le ha pasado a Bogotá desde la Toma del Palacio de Justicia”, Duque ha insistido en su defensa acérrima de los policías, a quienes llama “héroes y heroínas”.

Quizás sea mucho pedirle a un gobierno de derecha que pida sinceramente perdón a las familias de las víctimas de la violencia policial. Pero es difícil de entender que se niegue a reformar estructuralmente un Frankenstein institucional: una institución civil que depende del Ministerio de Defensa, cuyos abusos los juzga –es un decir– la justicia penal militar y que sigue anclada en la lógica operacional amigo-enemigo de la época del conflicto armado.

su desfavorabilidad ha pasado del 14% en julio de 2008 al 57% de agosto.

Pero más allá del diseño institucional, es incomprensible también porque los abusos policiales se volvieron parte del paisaje y su desfavorabilidad ha pasado del 14% en julio de 2008 al 57% de agosto. Sin embargo, no es solo un problema de praxis: el Código de Policía aprobado por el Congreso en 2016 le dio más facultades a los uniformados, algunas de ellas tan invasivas de las libertades como que pueden ingresar a una vivienda sin permiso del residente, multar a los ciudadanos por consumir licor en las calles o si tienen sucia la fachada de su casa.

Por eso, aislado en la Casa de Nariño, donde solo gobierna con sus amigos de Universidad y sus excompañeros del BID, y se comunica con el país desde que empezó la pandemia a través de un programa de televisión diario que recuerda el “Aló Presidente” de Chávez, Duque sigue intentando convencer al país de que los abusos policiales son obra de “manzanas podridas” y expresa, cuantas veces le haga falta a quienes parecen tenerlo de rehén, su solidaridad de cuerpo y su apoyo irrestricto. Y así, donde hay reclamos de ciudadanos indignados, ve un problema de orden público; donde hay peticiones de reformas, ve amenazas de desestabilización; y donde hay expresiones de inconformismo sólo atina a responder: “¿de qué me hablas, viejo?”.

Foto de El Turbión en Foter.com / CC BY-NC-SA


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Veneno y poder

Infinidad de veces hemos visto aparecer en el mundo de las intrigas personales y políticas, las disputas por el poder, el honor y la ira del enemigo, el veneno como personaje de la historia.

No vamos a hablar aquí del uso masivo de armas químicas, que son parte de legados de guerras que esperamos no volver a ver, ni del uso de gases en campos de concentración como en la Alemania nazi y napalm en la guerra de Vietnam, por parte de Estados Unidos, o del gas sarín utilizado para asesinar cobardemente a 1.500 civiles, un tercio niños, ocurrido en el caso del atentado de Ghouta, en las afueras de Damasco, en 2013.

Estos, entre otros casos, son acciones visibles y asumidas sin escrúpulos en un intento de eliminar al que se ve como enemigo en situaciones de guerra. Hay innumerables casos que involucran el envenenamiento como arma de guerra y son acciones cobardes y excesivas ante fuerzas asimétricas o condiciones de resistencia. A pesar de la relevancia del tema, las guerras estarán fuera del foco de este artículo.

Las muertes por envenenamiento pueblan fantasías de secretos, acciones astutas y cobardes, denuncias y buscan reparar la reputación y la dignidad a través de la humillación o la injusticia.

Pensemos en tiempos de paz, cuando los suicidios y asesinatos impregnan narrativas simbólicas que revisamos en la historia no probada, como la condena de Sócrates, el suicidio de Cleopatra o las intrigas de Lucrécia Borges. Las muertes por envenenamiento pueblan fantasías de secretos, acciones astutas y cobardes, denuncias y buscan reparar la reputación y la dignidad a través de la humillación o la injusticia.

De la literatura de Shakespeare a Gustave Flaubert. De Hamlet a Romeo y Julieta, intereses y escapes de las desgracias de la vida, como hizo Emma Bovary, los dramas pueblan algunas de las historias más leídas y escenificadas de la literatura clásica. Sin embargo, historias reales más recientes han competido con la ficción, enfatizando el carácter protagónico del veneno.

El suicidio por envenenamiento es una estrategia tradicional para guardar secretos de Estado o de guerra, evitando el sufrimiento de la tortura o el riesgo de sucumbir al dolor, como era el caso de las cápsulas suicidas de agentes secretos en la guerra fría. La novedad en este tema es la píldora de eutanasia (píldora drion) para ancianos o enfermos terminales, que tiene el mismo fin: acortar el sufrimiento del cuerpo, ya sea mediante la tortura del enemigo o mediante los dolores de una muerte segura.

En 2017, vimos la cicuta en la transmisión en vivo del suicidio de Slobodan Praljak. Praljak dio visibilidad a su juicio contra los crímenes cometidos en la guerra de Bosnia, al buscar demostrar su indignidad a través de su condena a 20 años de prisión por parte del Tribunal Internacional de La Haya para la ex Yugoslavia, el TPII. El exgeneral bosnio convirtió su muerte en un acontecimiento del mundo digital, sustituyendo su sentencia por un brindis por el descontento con la justicia internacional.

El veneno es quizás el personaje más antiguo en las historias de intrigas, engaños o acciones sin escrúpulos que se mantiene en cuerpos sacrificados, ya sea por sus propios dueños o por terceros que quieren callarlos.

La operación Lava Jato, lanzada en Latinoamérica desde 2014, generó denuncias de corrupción que vinculaban a políticos y empresarios. A diferencia de Brasil y Perú, países donde las investigaciones por corrupción y lavado de activos involucraron detenciones e incluso el suicidio del presidente Alan García en 2019, en Colombia el impacto de las acusaciones no ha derribado ninguna fuerza política.

Sin embargo, los informes de denuncias de envenenamiento de testigos clave en las investigaciones de Lava Jato en el país han sido noticia internacional. En 2018, el ex auditor Jorge Pizano murió de un paro cardiopulmonar y Rafael Merchán, exsecretario de transparencia, se suicidó con cianuro. Cuatro días después de la muerte de Jorge Pizano, su hijo Alejandro también murió, tras ingerir agua intoxicada con cianuro de una botella de su padre. Las quejas sobre una historia no provocada llevaron a una pregunta sobre las causas reales de tantas muertes relacionadas con las investigaciones en curso que habrían cambiado el rumbo de la política de Bogotá.

En Rusia, los casos de intoxicación se mezclan entre probados y no probados, viejos y nuevos.

En Rusia, los casos de intoxicación se mezclan entre probados y no probados, viejos y nuevos. Los activistas anti-Kremlin, como Vladimir Kara-Murza, con una larga historia de oposición a Putin y Pyortr Verzilov (vinculado a Pussy Riot) tienen historias que contar, como sobrevivientes y denunciantes del uso reciente del método de intoxicación como una forma de silenciar a la cometencia.

En medio de la Pandemia COVID-19, en tiempos de resguardarnos en casa por miedo a morir por un virus que aún no conocemos bien, hemos podido seguido el último capítulo en el que nuestro personaje vuelve a escena. Este es el segundo intento de asesinato de Aleksei Navalny por envenenamiento.

No es la primera vez que se intenta embriagar la palabra de protesta y de denuncia. Tampoco será la última vez que un gobierno que no acepta la alternancia y competencia de ideas, la incertidumbre del desenlace, o incluso, la crítica de sus errores, recurra al envenenamiento de todo lo que pueda amenazar su permanencia.

En la Rusia zarista, cuando ya no fue aceptado, Rasputin resistió el cianuro. En la Inglaterra del Brexit, los Skripals sobrevivieron al novichok. Sin embargo, aún no se sabe si Nalvany sucumbirá al mismo veneno y se convertirá en un personaje más en la historia de una experiencia de poder donde se busca silenciar la palabra, destruyendo, desde dentro, la posibilidad de una oposición.

Foto de Xavier P. Garcias en Foter.com / CC BY-NC-SA