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Una región, todas las voces

América Latina: la explosiva insatisfacción

Por
Hugo Borsani
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Los estallidos sociales de gran magnitud que han convulsionado en las últimas semanas a Ecuador, Chile y Bolivia, más las masivas manifestaciones que vienen sucediéndose en Haití, han sacudido a América Latina, estremeciendo a los Gobiernos y, en cierta medida, también al tejido social de dichos países. Estas movilizaciones no son un fenómeno exclusivo de América Latina. Regiones con contextos políticos tan diferentes como el Líbano, Hong Kong o Cataluña, ilustran un fenómeno que no se limita a una determinada región.

De estas manifestaciones sobresalen tres características comunes. En primer lugar, la dimensión de las multitudes congregadas, si bien comparables a las de la Primavera Árabe al comienzo de la década en la que las nuevas tecnologías facilitaron la acción colectiva, han tenido lugar en regímenes democráticos, salvo las de Hong Kong. El segundo aspecto por destacar es que no son el resultado de convocatorias de líderes políticos opositores y que, en general, carecen de claros liderazgos, a pesar de que, en algunos casos, líderes opositores han apoyado las movilizaciones una vez que estas han comenzado.

El tercer aspecto en común es que, si bien la amplia mayoría de los manifestantes ha participado de forma pacífica, la violencia de grupos radicales minoritarios ha sorprendido por su virulencia. Estos episodios tienen sus propios factores sociológicos explicativos. La anomia social no es desconocida para las sociedades modernas, especialmente en procesos de rápida transformación social. Si bien una buena parte de estas acciones violentas indican un fuerte grado de organización, no hay hasta ahora evidencias, al menos en los casos latinoamericanos, de actuaciones con objetivos políticos partidarios. Solo un genuino y amplio descontento genera movilizaciones de tal magnitud, independientemente del grado de planificación y organización que puedan tener las diferentes agrupaciones.

Más allá de esas características comunes, las causas desencadenantes de estos estallidos sociales no son las mismas, inclusive entre los países de América Latina. El descontento generalizado de los chilenos con el sistema económico de marcado perfil liberal, vigente desde la dictadura militar, ya sea, debido a la gran desigualdad, o al enlentecimiento del crecimiento económico que venía experimentando el país, no se asemeja a la revuelta popular que sacudió a Ecuador, producto del profundo malestar por un ajuste económico (en particular, por la eliminación del subsidio al combustible) que afectaba fuertemente la vida cotidiana de sectores sociales con gran capacidad de organización como los transportistas y las organizaciones indígenas que representan a los sectores menos favorecidos de la sociedad.

Substancialmente diferente es el caso de las manifestaciones en Bolivia, debido a las sospechas de fraude en la reelección del presidente Evo Morales. Allí las protestas se desenlazaron después de situaciones confusas en el conteo de los votos y en el contexto de una elección polarizada, debido a la rocambolesca decisión judicial que permitió al presidente candidatearse a un cuarto período tras perder un plebiscito para habilitar ese objetivo. Las fuertes protestas en Bolivia muestran, como ya lo viene haciendo la masiva emigración de venezolanos, que la insatisfacción en América Latina es independiente de las ideologías.

En los tres casos, así como en el resto de América Latina, a excepción de Uruguay, se trata de países con fuertes índices de desigualdad, cuyas sociedades han sido tradicionalmente poco homogéneas a pesar de los avances de las últimas décadas. Chile y Bolivia, por ejemplo, están entre los diez países que más rápido aumentaron los ingresos de la población pobre en el mundo en la presente década, según un informe reciente (2018) del Banco Mundial. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Chile tiene la segunda tasa más baja de pobreza de América Latina, después de Uruguay. Y tanto Bolivia como Ecuador están entre los que más han reducido la brecha salarial en la región. Pero, a pesar de la mejora de los indicadores de pobreza, antes de la caída de los precios de las materias primas, la paciencia parece haberse agotado con la persistente desigualdad.

La reducción de la desigualdad en las sociedades democráticas tiende a generar mayor indignación e impaciencia con la desigualdad persistente»

Alexis de Tocqueivlle, el filósofo político francés del siglo XIX, argumentaba en su principal obra, Democracia en América (1835), que la reducción de la desigualdad en las sociedades democráticas tiende a generar mayor indignación e impaciencia con la desigualdad persistente, porque esta se vuelve más notoria e intolerable. Las manifestaciones multitudinarias de Brasil en 2013, que pueden ser consideradas un precedente de las movilizaciones de estas últimas semanas en los países andinos, tuvieron lugar después de una década de continuo crecimiento y reducción de la desigualdad. Y, curiosamente, en las manifestaciones de Brasil de 2013, también se hablaba, así como en Chile hoy, del “despertar” del país.

La desigualdad se vuelve aún más intolerable cuando se le suma el estancamiento o la desaceleración económica y se evidencia el retroceso de las mejoras que habían vivido los sectores más pobres de la población. Esto es lo que ha pasado en América Latina en los últimos años por la reducción del valor de sus materias primas, que continúan siendo sus principales fuentes de divisas. A esto se suma una fuerte disociación entre las elites políticas y las demandas de la mayor parte de la ciudadanía. Es evidente que los canales de comunicación institucionales no han funcionado de forma efectiva, ya que las demandas no han sido escuchadas debidamente por los gobernantes. No en vano, la percepción de que las elites políticas no gobiernan para la mayoría llega al 70% en la región, según datos del Latinobarómetro. Esa disociación quedó en evidencia en las equivocadas reacciones iniciales de los presidentes de los tres países en cuestión, contribuyendo, con ello, a amplificar el descontento social.

No es posible saber si este fenómeno va a continuar propagándose por más países de la región. Sin embargo, no es improbable que América Latina, que tiene pendiente reducir más y con mayor celeridad las diferencias económicas, aumentar el crecimiento económico y diversificar la capacidad productiva, entre otras demandas urgentes, esté iniciando un período de frecuentes convulsiones políticas, sobre todo si las elites políticas siguen sin interpretar adecuadamente las demandas sociales y sin lograr acuerdos que posibiliten las reformas necesarias.

Foto de loco085 en Foter.com / CC BY-SA

Bolivia, entre el autoritarismo y la libertad

Por
Jorge Dulon
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A una semana de la elección general en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicó, mediante una conferencia, los resultados finales que se dieron en medio de un conjunto de protestas sociales.

Según estos resultados, el Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, obtuvo el 47,08%, mientras que su adversario opositor, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), obtuvo el 36,51%. Es decir, el MAS, según los datos oficiales, estuvo por encima de CC con una diferencia de 10,57 puntos.

La norma boliviana establece que, para ganar en primera vuelta, la organización política debe obtener el 50% más uno, o bien, más del 40% y una diferencia de diez puntos con el segundo. En este caso, el MAS habría cumplido con los requisitos de haber obtenido más del 40% y una diferencia de un poco más de diez puntos con el segundo. No obstante, las cosas no son tan sencillas, ya que en el proceso electoral se produjeron muchas irregularidades que provocaron desconfianza en gran parte de la población boliviana y en la comunidad internacional, comenzando por los veedores internacionales. ¿Qué pasó? La entidad electoral boliviana llegó a las elecciones generales del 20 de octubre muy deslegitimada por varios errores cometidos, entre ellos, renuncias de sus autoridades, despidos a funcionarios estratégicos, cuestionamientos por no saber manejar los sistemas de bases de datos del padrón. Dos días antes de las elecciones generales, sus propias autoridades reconocían ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que la gran mayoría de los bolivianos no creía en ellos.

Decidieron entonces aplicar una herramienta que podía “salvarlos” y hacerles recuperar algo de credibilidad: el TREP (transmisión de resultados electorales preliminares). Un sistema de información no vinculante, que permitiría transparentar el resultado de las elecciones, dando a conocer, en el menor tiempo posible, los resultados preliminares de las votaciones realizadas. Este sistema era clave para que la ciudadanía, los medios de comunicación y los candidatos dispusieran con anticipación de la información de los resultados. Adicionalmente a esa medida, el TSE autorizó a una empresa para que realizara el ejercicio de conteo en boca de urna para tener resultados comparables entre las 19:00 y 21:00 horas. 

Llegado el momento de la verdad, la empresa autorizada, Vía Ciencia, mostró resultados del conteo rápido del 100% de los votos escrutados que aseguraban una segunda vuelta: Evo Morales (43,9%), Carlos Mesa (39,4%). Había 4,5 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Casi paralelamente, el TREP debía iniciar la transmisión de resultados a las 19:00 horas y, “casualmente”, se demoró casi cuarenta minutos en empezar dicha transmisión.

Pero eso no fue todo. Cuando había transmitido el 83% de los resultados, se produjo un “apagón” del sistema. Dos días después, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renunció a su cargo, aduciendo que hubo una “desatinada decisión de la sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados preliminares electorales-TREP».

Tal como se señaló, actualmente tenemos a un presidente que se proclama ganador con un resultado del 47,08% y quedó Carlos Mesa en segundo lugar con un 36,51%.

La gran mayoría de los bolivianos nos preguntamos por qué dejó de funcionar el TREP, sistema en el que todos confiábamos»

Las dudas persisten y crecen, ya que la diferencia es demasiado grande entre lo que sacó la empresa Vía Ciencia en el conteo en boca de urna y los resultados oficiales que se muestran ahora. Por otra parte, la gran mayoría de los bolivianos nos preguntamos por qué dejó de funcionar el TREP, sistema en el que todos confiábamos. El TSE, hasta la fecha, ha tratado de dar explicaciones sin mucho sustento y que a veces rayan en lo ridículo.

A partir de las susceptibilidades y dudas descritas, la población que está en desacuerdo ha hecho una serie de manifestaciones en contra de los resultados de las elecciones generales, aduciendo que no cesará en las medidas de movilización hasta que el presidente tome una decisión política que tenga que ver con: 1. Ir a segunda vuelta, tal como lo recomendó la OEA y la Unión Europea; o 2. Anular elecciones y refundar el TSE para que, en un tiempo prudencial, se puedan celebrar nuevas elecciones legítimas.

Conforme pasa el tiempo, el nivel de conflicto crece y las demandas cambian. De hecho, hay voces que comienzan a pedir la renuncia del presidente. Sin embargo, se percibe que Morales mide permanentemente la situación política y está dispuesto a quedarse a como dé lugar pensando inclusive en producir un enfrentamiento entre bolivianos.  

Foto de payorivero en Foter.com / CC BY-NC-ND          

América Latina, en crisis otra vez

Por
Alejandro Olivares
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El ocho de octubre, en un popular programa de la televisión chilena, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decía con orgullo, y algo de soberbia, que su país era un oasis en la región. Básicamente, argumentaba que América Latina estaba estancada. De manera resumida, Piñera señaló que Chile se destacaba hoy, dado que Ecuador estaba con grandes protestas por la eliminación del subsidio a la gasolina; Perú y Bolivia, con crisis política; Argentina y Paraguay, en recesión; México y Brasil, estancados, y «Colombia con este resurgimiento de las FARC y de las guerrillas» (sic).

No obstante, el 20 de octubre, es decir, solo doce días después de sus declaraciones sobre el oasis que era Chile, Piñera, flanqueado de militares, con toque de queda y estado de excepción declarados, señalaba que “Chile está en guerra”.

¿Cómo es posible que el presidente de uno de los países más institucionalizados de la región señale que un estallido social es una guerra?, ¿cómo es posible que en doce días un país transite de ser el ejemplo de la región a un estado de agitación social sin precedentes en su historia reciente? Si Chile, uno de los ejemplos de la región, lleva días convulsionado, ¿qué se puede esperar de los países que históricamente han sido contestatarios y que han sacado presidentes por protestas sociales? En este momento, ciertamente son más las preguntas que las repuestas. Y posiblemente cada caso tenga una en particular. No obstante, la crisis regional nos invita a tratar de buscar algunas explicaciones generales a estas realidades tan distintas.

La región está atravesando por problemas de distinta índole. Cada país tiene sus motivos específicos para el inconformismo y el malestar»

El informe 2018 del Latinobarómetro advertía una realidad compleja en la región. El documento iniciaba señalando lo siguiente: “Hace ocho años, desde el inicio de la década, los ciudadanos de América Latina se quejan de que había retroceso (…) En los 23 años que Latinobarómetro ha medido la región, nunca había habido esta percepción de retroceso tan grande”.

Esta realidad que algunos, convenientemente, no han querido ver, da cuenta de un malestar generalizado. La región está atravesando por problemas de distinta índole. Cada país tiene sus motivos específicos para el inconformismo y el malestar. Por citar algunos: los problemas de la elección presidencial de Bolivia, la crisis sociopolítica y humanitaria de Venezuela, los problemas de concentración de riqueza y desigualdad en Chile, la corrupción en Brasil, la desconfianza y la falta de institucionalización en Perú y la crisis política y económica de Ecuador.

Independientemente del motivo específico, al analizar efectos promedio en América Latina, tal como señala el Latinobarómetro 2018, se dice lo siguiente: “La ausencia de progreso es una buena medida del malestar generalizado del pueblo latinoamericano”.

No se trata de un progreso material, o de un aumento de los ingresos, o de más recursos para gastar. Se trata de un progreso integral. Se espera que el Estado, independientemente de su tamaño, sea capaz de erradicar la pobreza y no aumentarla, como ha ocurrido en Argentina. Se espera que la delincuencia sea perseguida y no que tenga impunidad como en algunos estados de México y Brasil. Se espera que los Gobiernos desarrollen políticas públicas con evidencia para responder a las necesidades de la ciudadanía y por las encuestas. Progreso implica la reducción de la corrupción o su baja tolerancia como en Uruguay, donde un vicepresidente deja el cargo por el uso de una tarjeta de crédito y por haber mentido con su profesión. Proceso es contar con las capacidades estatales para responder a las necesidades de la ciudadanía.  

Después de varios años de experimentos sabemos que no existen recetas mágicas, ni neoliberales, ni bolivarianas para el progreso integral. Sabemos que no existe una única forma de enfrentar las demandas ciudadanas. No obstante, las experiencias de algunos países pueden ayudar a hacer frente al contexto muy complicado que viven otros países de América Latina. La experiencia comparada puede ser muy útil para identificar prácticas que alivien en parte el inconformismo que enfrentan algunos de nuestros países. En este sentido, un camino es generar verdaderos mecanismos que aseguren diálogos entre los diferentes actores de la sociedad. No es normal que las organizaciones de empresarios tengan línea directa con los Gobiernos y que los ciudadanos solo puedan ser escuchados cuando hay un estallido social o protestas.

En este sentido, desde hace un tiempo, el politólogo David Altman, experto en democracia directa, ha señalado (pensando en Chile, pero también como algo generalizable para cualquier contexto de protesta) que no es normal que la única forma en la que las elites escuchen sea por medio de las protestas. Cuando esto ocurre se abre una suerte de camino alternativo a la institucionalidad donde los grupos con capacidades organizativas en algunos contextos pueden fijar la agenda. No está bien naturalizar que la única forma en que se escuche a las comunidades excluidas sea la protesta. Entonces, ¿cuál es la solución? Más democracia y más institucionalización de la democracia. En este sentido, una alternativa es incluir, como en Uruguay, mecanismos efectivos de democracia directa. Por ejemplo, referéndums revocatorios de las leyes o iniciativas populares de reforma constitucional, como propone Altman.

Del mismo modo, y en estrecha vinculación con el punto anterior, pareciera existir bastante evidencia de las consecuencias de los desequilibrios para la democracia. No es sano que un gobernante esté sin contrapesos institucionales tanto tiempo en el gobierno, ya que puede recaer en él o en ella la tentación mesiánica y terminar gobernando solo para sus intereses particulares. De estas experiencias tenemos varias en América Latina y sabemos de su impacto negativo. Genera inconformismo en las sociedades el que las decisiones se funden solo en tecnocracia o, en el otro extremo, solo sobre la base de la ideología. Se necesitan ambas y que estén en equilibrio.

Queremos decir que es necesario contar con un sistema de agregación de las preferencias que tienda al equilibrio. Parte del problema en Chile es que las elites no escuchan y que tienen una institucionalidad amparada en la Constitución, que le permite no escuchar. Parafraseando al politólogo Juan Pablo Luna, el exceso de tecnocracia de la década de los noventa causó una fractura que explica el hecho de que hoy la elite política no entienda qué quiere la sociedad civil. El excesivo discurso tecnocrático hace que los políticos pierdan la conexión con la base social y tomen decisiones completamente desconectadas de la realidad, lo que aumenta el inconformismo. Por el contrario, cuando la toma de decisiones es solo ideológica se corre el riesgo de avanzar a un sistema centrado en el líder o partido que representa esa ideología.

Por último, es clave considerar que para que las democracias funcionen son importantes las instituciones que aseguran la intermediación efectiva: los partidos políticos. Sin los partidos, no es posible canalizar adecuadamente las demandas de la ciudadanía. No estamos diciendo que solo deben existir las organizaciones partidarias como mecanismo de canalización de demandas. Lo que argumentamos es que los partidos deben estar institucionalizados, con bases sólidas en la sociedad, con militantes activos, presencia nacional y, sobre todo, con capacidad para entender las demandas crecientes de la sociedad para crear acuerdos que signifiquen políticas públicas y acuerdos con base social. Parte del éxito de Uruguay es que sus partidos políticos, sus políticos, canalizan las demandas de la sociedad, dado su trabajo de base, y sus instituciones permiten la revocatoria de leyes, entre otros elementos.

Parte importante de los problemas de Perú es que no tiene un sistema de partidos institucionalizado que evite el surgimiento de líderes populistas o tecnócratas, lo que, se ha demostrado, son fácilmente permeables a la corrupción. Parte de los problemas de Chile es que la Constitución no es legítima y no permite una real democracia.

Iniciamos esta reflexión con varias preguntas abiertas sobre América Latina. La intención era despertar una provocación para debatir sobre la crisis que, en gran medida, hubo por el inconformismo ante las respuestas estatales. Hemos argumentado que esta falta de respuesta se debe, en gran parte, a la baja institucionalización de instituciones claves, como la Constitución, el sistema de partidos, la misma democracia y los desequilibrios del sistema de agregación de preferencias. Aunque sabemos que no existe una respuesta única a las crisis, estas pueden tener un impacto menor o incluso ser evitadas cuando las instituciones formales e informales funcionan. También nos preguntábamos por el caso de Chile, esa democracia que parecía un oasis en el desierto.

Lamentablemente, nos damos cuenta de que la falta de enraizamiento de las instituciones conllevó un sistema que aparentaba ser mucho más de lo que verdaderamente es, más que un oasis un espejismo. Un espejismo fundado en la falsa premisa de la que las instituciones políticas están enraizadas. Recordemos como ejercicio para enfrentar los problemas que cuando los acuerdos sociales y equilibrios institucionales no están enraizados, hasta la democracia que parece más estable puede colapsar.

Foto de simenon en Foter.com / CC BY-SA

Argentina: una elección, múltiples decisiones

Por
Alexander Güvenel
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Argentina se encamina a unas elecciones con un nivel de movilización inusitado. La abultada diferencia que obtuvo el Frente de Todos en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), las cuales, más allá de definir algunas candidaturas a nivel municipal y provincial, funcionaron como un importante muestreo de voluntades, generó una fuerte reacción entre partidarios del oficialismo y temerosos del kirchnermismo que se materializó en un nivel de organización y movilización que pocos esperaban. El pasado 24 de agosto, una multitud se desplazó hacia el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para culminar en la emblemática Plaza de Mayo y encontrarse luego, en una decisión de último momento, con un presidente que se acercó a saludar y arengar a los autoconvocados dando inicio así a lo que algunos llamaron “la rebelión de los mansos” por tratarse de un sector de la sociedad que suele mantenerse al margen de este tipo de manifestaciones aunque conserva en la memoria las marchas de protesta contra el gobierno de Cristina Kirchner en los años 2012 y 2013. Desde este punto de partida, el gobierno organizó un exigente itinerario de encuentros populares en distintos puntos del país que contrastaron con la tibia recepción del día de su asunción en aquel 10 de diciembre de 2015. Paradójicamente, un presidente debilitado por una elección adversa, se encontró con la fuerza de cientos de miles de personas en las calles y un momento culmine el pasado sábado 19 de octubre en el Obelisco, cuando se produjo la mayor concentración desde los cierres de campaña luego del regreso de la democracia en el año 1983.

El cimbronazo que sintió el mercado financiero luego del inesperado resultado de las PASO (por la abultada diferencia en favor del frente opositor), con caída de acciones y bonos argentinos, una fuerte devaluación del peso y gran desconfianza en el programa de gobierno y las personas que conformarían un hipotético gobierno de Alberto Fernández hicieron revivir temores que, lamentablemente, están muy frescos en la memoria en los argentinos. Fue así que los bancos debieron trabajar fuera de sus horarios habituales para satisfacer la demanda de dólares de muchos argentinos que temían una nueva pesificación (recuerdos del 2002), no renovaban sus plazos fijos y hacían todo lo posible por salir de la moneda local. La paradoja de votantes del Frente de Todos que a su vez no confían en la voluntad y capacidad de sus dirigentes para evitar una mayor devaluación de nuestro peso sería un interesante tópico para que tome algún especialista de aquellas ramas de estudio que cabalgan entre la psicología y las ciencias sociales.

¿Qué se podría esperar de un segundo gobierno de Mauricio Macri en caso de conseguir revertir el resultado de las PASO? En primer lugar, habría un fuerte impacto sobre las variables financieras, reversión del precio de default que adquirieron los bonos argentinos y un freno a la constante caída de reservas que viene sufriendo desde el 12 de agosto el Banco Central pese a las restricciones impuestas en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Por lo demás, se espera una continuidad en sus políticas exterior, de seguridad, educación, salud y defensa, al tiempo de continuar con la reducción de un déficit fiscal que, ante la ausencia del crédito internacional, aparece como una de las pocas herramientas para sortear la restricción externa, un fenómeno frecuente en la historia económica del país.

Con poco margen (falta de recursos) para volver a políticas de corte populista, un futuro hipotético gobierno del Frente de Todos podría ser más ortodoxo que el actual en términos fiscales

¿Cuál sería el impacto si Alberto Fernández confirma la elección que realizó el 11 de agosto y se alza con la presidencia sin necesidad de acudir a un balotaje a mediados de noviembre? En principio, continuaría el empuje sobre el tipo de cambio y se intensificaría la presión de los distintos actores económicos para conocer cuál sería el programa de un futuro gobierno suyo. Los incentivos allí ya no encontrarían puntos de contacto entre oficialismo y oposición por lo que el actual gobierno intentará evitar una mayor devaluación de la moneda mientras que el gobierno electo propugnaría para que ese “trabajo sucio”, lo hiciese Mauricio Macri. Con poco margen (falta de recursos) para volver a políticas de corte populista, un futuro hipotético gobierno del Frente de Todos podría ser más ortodoxo que el actual en términos fiscales y utilizar la buena llegada que habitualmente tiene el peronismo con los grupos corporativos para realizar reformas tales como la previsional y la laboral, las cuales resultaron imposibles para un gobierno sin mayoría en las cámaras legislativas y con fuertes obstáculos impuestos por grupos de poder cercanos al sistema tradicional de hacer política y conservar privilegios. Donde sí es posible que un gobierno de Alberto Fernández haga un giro copernicano es en la política exterior. Quizás la vedette del gobierno de Mauricio Macri, reconocido por los principales países del mundo y por líderes de diversas extracciones políticas, es allí donde las diferencias se vislumbran más fácilmente. La relación con Brasil, Estados Unidos y Europa debería arrancar prácticamente desde cero. La distancia respecto al Grupo Lima y la negativa por parte de Fernández de señalar, como lo que efectivamente es, a la dictadura de Nicolás Maduro, atentan contra las posibilidades de mantener el camino emprendido por el presidente Mauricio Macri en cuanto a los alineamientos de una región ya de por sí muy convulsionada por estos días.

Foto de acdelp.8479 en Foter.com / CC BY-NC-ND

Chile: y como se sabía, explotó el polvorín

Por
David Altman
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Estoy escribiendo estas líneas a pocos minutos de que, por tercer día consecutivo, se instaure el toque de queda en Chile. Si me decían hace unos días que este fin de semana lo pasaría encerrado entre estados de emergencia y toques de queda, no lo hubiese creído. El polvorín chileno explotó y el detonante fue una tentativa de suba del precio del transporte público. Pero el que crea que el boleto es lo que está detrás de esto, le está errando y por mucho. El boleto es apenas la punta del iceberg.

En cuanto a la coyuntura, las instituciones están absolutamente desorientadas y desbordadas; y es difícil ver cómo esta situación continuará en un futuro inmediato. La Presidencia se empecina en hablar de “grupos de vándalos concertados” e inclusive Sebastián Piñera ha dicho que Chile se encuentra en guerra (sic). Lo que el Gobierno no quiere entender es que no hay concertación de vándalos. Estas manifestaciones han sido respuestas inorgánicas, espontáneas, transversales, y donde los que participan conforman un collage de intereses y aspiraciones (algunas de ellas, contradictorias). Y he aquí el drama: no hay una cabeza con quien negociar, no hay líderes, no hay estructuras orgánicas; es una explosión social inédita en Chile, en la región, y quizás, por su naturaleza, en el mundo.  

Por cierto, existe anomia. Mucha. Existen individuos que se aprovechan del desconcierto imperante para saquear. Esto ha llevado a que, como reacción al vandalismo, grupos organizados de vecinos tomen la ley en sus manos y se conformen como grupos de autodefensa, “los chalecos amarillos”. El Gobierno de Chile ha mirado con buenos ojos a estos grupos; de hecho, les ha dado luz verde. Esto es muy peligroso porque tácitamente acepta compartir el monopolio del poder.

Hasta hace pocos años, mucha gente estaba convencida de que Chile era el país modelo, el “tigre de Sudamérica.” Se crecía, disminuía la pobreza, se jugaba limpio y, supuestamente, había instituciones sólidas. Sin embargo, estas realidades, que fueron llevadas a una categoría de mito en algunas instancias, han ido colapsando una a una. Casos de triangulación de dineros públicos con fines espurios, corrupción profunda en Carabineros y la institución militar, financiamiento oculto de la política y un profundo sentir de injusticia justamente al aplicar justicia (cuando a unos se les aplican penas draconianas, a otros simplemente los castigan con penas simbólicas).

Una de las cosas que duele es que la debilidad del acuerdo social imperante fue alertada una y otra vez»

Pero la realidad es que el modelo “no goteó” como se había prometido. Una de las cosas que duele es que la debilidad del acuerdo social imperante fue alertada una y otra vez, y desde hace muchos años. La indolencia y el negacionismo de un sector mayoritario y transversal de (todas) las élites quedaron en evidencia.

Hace años se alerta que la democracia chilena tiene enormes problemas de representación. No es normal que la única forma de que las élites gobernantes escuchen a un grupo (sean estudiantes, mujeres, medioambientalistas o, simplemente, “ciudadanos de a pie”) sea solo por medio de cocktails molotov, el corte de avenidas o cosas peores. Pero las instituciones ahora no dan para mucho más.

Así como es imposible saber cómo se desarrollarán los eventos, también es difícil recomendar una solución. Quizás, me pregunto si no será un momento oportuno de consultarle a la ciudadanía si convocamos una Asamblea Constituyente verdaderamente representativa para que le dé al país una Constitución que esté en sintonía con los principios que la ciudadanía apoya mayoritariamente.

Pero temo que eso es demasiado riesgoso para los tradicionales ganadores.

Foto de simenon en Foter.com / CC BY-SA

Ecuador, en la encrucijada regional

Por
Julio Echeverría
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La crisis política que ha vivido Ecuador en los últimos días le ubica en el centro de definición de cruciales tendencias regionales sobre cómo abandonar modelos económicos que combinan extractivismo y rentismo de los recursos naturales, y sobre cuya lógica se sustentan sistemas políticos basados en el clientelismo y la corrupción.

América Latina no logra salir de su tradicional vocación de ser proveedora de materias primas al sistema de la economía mundial, lo que la vuelve sumamente dependiente de ciclos expansivos y recesivos; esto hace que la búsqueda de financiamiento público conduzca a exacerbar la sobreexplotación de la naturaleza. Es el caso del Brasil y la Amazonía, o del mantenimiento de privilegios que debilitan las cuentas fiscales, como es el caso de las graves distorsiones de la economía petrolera venezolana.

En la realpolitic regional, el enfrentamiento tiende a polarizarse entre aquellos modelos políticos que redistribuyen por medio de la intervención del Estado y aquellos que apuntan a liberalizar las fuerzas del mercado. Ambas líneas parecerían servirse a su manera del extractivismo; las unas, para incrementar los márgenes de utilidad de sus empresas; las otras, para reproducir formas clientelares y corporativas de distribución económica. Ambas utilizan al Estado de distinta forma y reducen sus capacidades de regulación y control o amplían los marcos de su intervención.  

Las medidas económicas ejecutadas por el gobierno de Lenín Moreno intentaron, de alguna forma, alterar esta lógica política. Además, estaba obligado por el agobiante déficit público, producto de la gestión rentista de la última década. Las medidas llevaron a una movilización social de enormes proporciones hasta el punto de poner en riesgo la estabilidad democrática del país. La política de eliminación de los subsidios a los combustibles compartía tanto la certeza de ser técnicamente correcta como políticamente costosa, de allí que el fracaso en aplicarla pueda ser atribuida, entre otros factores, a una percepción equivocada del mismo Gobierno sobre la magnitud y complejidad de esta operación. De hecho, esta acción devolvió el protagonismo al movimiento indígena del Consejo Nacional de Organizaciones Indígenas (Conaie) que había sido neutralizada y atacada fuertemente durante el periodo correísta.

Habiendo empezado como paro de transportistas, el país se enfrentó a una movilización indígena en el país, pero con fuerza principalmente en la región sierra. Pero a diferencia de otras ocasiones, la violencia, el vandalismo y la acción delincuencial se presentaron con fuerza. ¿Estas acciones son adjudicables a los indígenas? Una somera revisión de sus anteriores movilizaciones registran su firmeza y contundencia, pero no la utilización de formas de violencia extrema y de vandalismo. Para el Gobierno y para muchas voces de la sociedad civil, junto a la protesta indígena se ubicaba una clara intención de desestabilización por parte del expresidente Rafael Correa y su movimiento, ahora denominado Revolución Ciudadana. 

La medida adoptada tenía, sin duda, impactos diferenciales: la reacción inicial fue de los sindicatos del transporte; el impacto mayor era, sin embargo, en las economías rurales que proveen de alimentos a bajos costos a la economía urbana. Una lógica en la cual se vuelve patente la inequidad campo-ciudad y que, paradójicamente, es reforzada por el subsidio. El impacto también es significativo en los sectores medios y altos que hubieran debido pagar los combustibles a precios internacionales, a las economías del contrabando, a las empresas navieras vinculadas a la pesca industrial, a las economías vinculadas a la minería ilegal, al narcotráfico y, en particular, a la producción de cocaína. La medida, además, se ubicaba a la altura de las exigencias contemporáneas de combate al cambio climático: el Estado no tiene por qué subsidiar la emisión de CO₂ a la atmósfera.

Para el Gobierno, además, la eliminación del subsidio significaba dejar de depender del crédito oneroso y poner bajo control la ecuación perversa de déficit público y endeudamiento, que venía caracterizando al manejo de la política económica. La situación de la economía del país no es de fácil solución: niveles de endeudamiento a tope de lo permitido, petróleo comprometido en preventas petroleras hasta el año 2024, pérdida de la capacidad de inversión pública. En definitiva, la tormenta perfecta.

La virtual imposición del movimiento indígena en la mesa de negociaciones obligó al Gobierno a retroceder»

El desenlace, tras 12 días de un conflicto desgastante y que amenazaba con desestabilizar al régimen, parecería devolverle al país al momento previo y dejó la sensación de que el intento por racionalizar la economía fue infructuoso; la virtual imposición del movimiento indígena en la mesa de negociaciones obligó al Gobierno a retroceder. Si bien la pacificación que resultaba del acuerdo fue saludada por todos, la sensación de que «no todos ganaron» comenzó a aparecer de inmediato; el conflicto dejó pérdidas humanas y materiales incalculables y su salida despertó viejos fantasmas que permanecían dormidos, los del racismo y el regionalismo, en particular entre las clases medias de las principales urbes, las cuales observaron el conflicto desde la comodidad de sus dispositivos tecnológicos.

Distintas preguntas se desprenden del análisis: existen varias disyuntivas que pueden ser comunes a distintos Gobiernos y países de América Latina: cómo crear e implementar políticas que arreglen las cuentas fiscales y resuelvan, a la vez, ancestrales problemas de inequidad; cómo impulsar el crecimiento sostenible que no se apoye sobre la sobreexplotación de riquezas naturales. Las salidas al conflicto nos revelan que la movilización en Ecuador y su desenlace están fuertemente implicadas en la definición de modelos políticos de gestión que se apoyan en antagónicas fuerzas políticas, que los conflictos ya no son locales, sino que pertenecen a complejas lógicas de la geopolítica mundial y regional. El escenario es muy complejo, pero no por ello la necesidad de nuevos arreglos y soluciones deja de ser impostergable.

Foto de André Gustavo Stumpf en Foter.com / CC BY

¿Qué se debate en esta elección?

Por
María Teresa Zegada
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A menos de una semana de las elecciones generales en Bolivia, el debate está descentrado de los temas que debieran ocupar a la opinión pública que son, por defecto, las propuestas programáticas de los partidos. Existen una serie de espacios de debate creados por los medios de comunicación; la prensa escrita ha realizado el esfuerzo de sistematizar los programas de gobierno por áreas temáticas; la televisión organiza diálogos y entrevistas a los candidatos; los jóvenes y las mujeres organizan sus preguntas; las redes están inundadas de sitios donde se difunden ideas extraídas de los programas, pero estos no logran instalarse en la agenda política ni generan argumentos que convencen a la ciudadanía.

Los planeamientos en Bolivia son, en unos casos, reiterativos; en otros, indiferenciados unos de otros, o, en muchos casos, cada candidato arma una argumentación distinta a la de otros de la misma tienda política; en los peores casos, desconocen sus propios programas de gobierno presentados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En realidad, la agenda política preelectoral está enfocada en confrontaciones y posicionamientos de los candidatos y los electores respecto a las contingencias de la historia reciente.

Un hecho que ha marcado la agenda política desde hace un par de años y continúa vigente en el debate electoral es el posicionamiento sobre los resultados del 21F. El rechazo mayoritario a la reforma constitucional que buscaba la reelección presidencial indefinida (se llevó a cabo de todos modos) ha partido las aguas entre oficialismo, junto a sus organizaciones afines que apoyan el liderazgo de Evo Morales y las diferentes oposiciones políticas que defienden la institucionalidad y el respeto al voto que se expresa mediante comunicados del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), movilizaciones cívicas, plataformas ciudadanas y en el discurso de al menos tres candidatos: Carlos Mesa, Óscar Ortiz y Víctor Hugo Cárdenas.

Han vuelto a despertar las tensiones regionalistas que habían sido atenuadas desde la aprobación de la Constitución»

Otro eje de confrontación discursiva se ha instalado alrededor de los incendios en la Chiquitania, donde en medio de esta tragedia de la humanidad, se han revelado aristas políticas y visiones de país enfrentadas respecto a la preservación de los bosques, la madre tierra y los territorios indígenas versus el desarrollo, la producción agrícola intensiva y la depredación del medio ambiente por los nuevos asentamientos, pero sobre todo entre quienes exigen que el Gobierno declare “desastre nacional” como una reacción obvia a la impotencia frente al fuego, y la resistencia a realizar esta acción.

Al mismo tiempo, han vuelto a despertar las tensiones regionalistas que habían sido atenuadas desde la aprobación de la Constitución, y ahora, después de una década, presenciamos la reactivación de discursos federalistas y el grito de “la tierra es de los cruceños y va a ser de los cruceños”, por ejemplo, en la reciente asamblea de la cruceñidad. La X Marcha indígena también es un reflejo político de este acontecimiento, pero desde otro ángulo: la defensa de su hábitat, de la “casa grande” de los pueblos indígenas frente a la devastación por las políticas gubernamentales.

De manera bastante curiosa, el órgano electoral también se ha convertido en un objeto de disputa política, pues ante sus recientes actuaciones, claramente se posicionan dos discursos: el de quienes cuestionan la parcialidad de sus decisiones, la falta de transparencia y de aplicación equitativa de la norma versus el de quienes lo defienden y justifican señalando que está ejerciendo sus funciones adecuadamente. Entonces, los programas de gobierno están eclipsadas por los acontecimientos políticos y las emergencias que impone la propia realidad.

Foto de auldhippo en Foter.com / CC BY-NC

En octubre no hay milagros para Vizcarra

Por
Álvaro Zapatel
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El título parafrasea el paradójico nombre de un libro escrito por el novelista Oswaldo Reynoso. Y es paradójico porque, en la cultura popular peruana, octubre es el mes dedicado a la veneración del Señor de los Milagros, a quien se le confieren numerosos actos divinos que salvaron a la ciudad de Lima de terremotos y otras calamidades. En esa misma línea, el desenlace de la crisis que llevó en dirección de colisión a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Perú el pasado 30 de septiembre dista mucho del acto milagroso que los peruanos solemos esperar en octubre, aunque se quiera pensar lo contrario.

La disolución del Congreso de la república del Perú ha gozado de masiva aprobación popular, el respaldo de las Fuerzas Armadas y la venia de la comunidad internacional. Así, el presidente Martín Vizcarra tendrá, hasta enero, la delicada responsabilidad de administrar el exceso de poder en sus manos en tanto espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre lo que el mandatario denominó “negación fáctica de la cuestión de confianza” que el Ejecutivo planteó al Legislativo (interpretación “vizcarriana” que, por su carácter inédito, resulta controversial).

Vizcarra llegó al poder, debido a las agobiantes circunstancias que enfrentó su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski. Hoy, el presidente carece de operadores políticos en campo y de legisladores leales a su liderazgo. Son estas características las que impiden pensar en un Vizcarra con pretensiones dictatoriales. El peligro está en la “caja de Pandora” (como la denominó el semanario The Economist) que se abrió con la “negación fáctica” interpretada por el presidente. Quizá Vizcarra no tiene aspiraciones autocráticas, pero un potencial candidato de plataforma radical —nada extraño en estas tierras del sol— puede amenazar con llegar al poder e interpretar a su antojo la novedosa “negación fáctica de la cuestión de confianza”.

Recientes declaraciones del presidente parecen evidenciar que no hay un plan definido hacia el 2021″

La gran mayoría de los partidos políticos legalmente inscritos han decidido participar en el proceso electoral de enero del 2020, lo que contribuirá a dar legitimidad política a la medida empleada por Vizcarra. En el intermedio, el presidente podrá legislar por decretos pendientes de aprobación del nuevo Congreso. Ello le permitirá, en principio, conducir las grandes reformas que, desde la retórica antifujimorista, fueron boicoteadas por el obstruccionista Congreso disuelto. No obstante, recientes declaraciones de Vizcarra parecen evidenciar que no hay un plan definido hacia el 2021, lo que podría redundar en un desenlace decepcionante para una población que espera con urgencia las medidas que permitan reactivar el crecimiento económico, la generación de empleo y la lucha contra la delincuencia.

Por otro lado, existe la gran probabilidad de que el Congreso electo para el periodo 2020-2021 no cuente con la capacidad requerida para proponer y emprender las reformas pendientes, lo que decantaría en otra decepción para la opinión pública. Además, según allegados, Keiko Fujimori, lideresa del fujimorismo y actualmente con prisión preventiva, pendiente de juicio por el presunto delito de lavado de activos, tendría interés en postularse a este Congreso. De tener éxito, ella podría ser una locomotora electoral que permita el reingreso de recalcitrantes fujimoristas al Poder Legislativo para reeditar la confrontación con el gobierno de Vizcarra. Tal posibilidad, que no lo dude el presidente, sería el peor con miras hacia el venidero proceso electoral.

En octubre no hay milagros, y es fundamental que el presidente Vizcarra lo tenga claro.

Foto de Cancillería del Perú en Foter.com / CC BY-SA

Ecuador: crisis política y responsables

Por
Santiago Basabe
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La eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel en Ecuador es la primera decisión económica de trascendencia que asume el gobierno de Lenín Moreno. A pesar de que la crisis económica que vive el país ameritaba el que esa medida y otras colaterales se tomaran hace mucho tiempo, lo cierto es que al fin está en vigencia. Sin embargo, y como toda decisión que afecta al bolsillo de la ciudadanía, genera conflictividad y así lo debió entender el Gobierno.

Desafortunadamente, da la impresión de que en Carondelet no tenían un plan de contingencia para afrontar la arremetida de diferentes sectores sociales. También da la impresión de que la noticia de la eliminación del subsidio fue conocida con muchísimo tiempo de antelación en los exteriores del palacio de Gobierno. No se entiende de otra forma que las protestas de transportistas y, posteriormente de indígenas, se hubieran hecho visibles a las pocas horas de que se hizo pública la decisión de eliminar el subsidio. Cualquier movilización de ese tipo requiere tiempo para su correcta articulación.

No se trata solo de falta de previsión para crear una estrategia de respuesta política ni tampoco de omisión en cuanto al debido control de la lealtad de quienes rodean al presidente de Ecuador. También se trata de una deficiente estrategia de exposición pública de la medida adoptada. En efecto, al sumar el asunto del subsidio al resto de las propuestas de reforma que irían a la Asamblea Nacional, la idea que hubo entre la población fue que, al igual que la eliminación del subsidio entró en vigencia inmediatamente, un curso similar asumían el resto de las medidas, como el recorte de las vacaciones en el sector público o las modificaciones del régimen laboral.

Por ello, ahora las demandas de diferentes sectores se refieren al “paquetazo” económico, cuando, en realidad, lo único que hay ahorita es la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel. Si la aplicación de las medidas tenían velocidades diferentes, quizás una opción también era exponerlas a la ciudadanía por cuerda separada. 

El Gobierno no tiene otra alternativa que mantenerse en su posición de defensa de la eliminación del subsidio, pues claudicar implicaría no solo afectar al proceso de reestructuración de la economía nacional, sino también debilitarse políticamente»

Pero lo hecho, hecho está. Ahora el Gobierno no tiene otra alternativa que mantenerse en su posición de defensa de la eliminación del subsidio, pues claudicar implicaría no solo afectar al proceso de reestructuración de la economía nacional, sino también debilitarse políticamente hasta el punto de que dicha decisión debería ir acompañada de la renuncia del presidente Moreno.

Como nadie en Ecuador desea inestabilidad y caos, salvo los prófugos y atracadores de los recursos públicos que nos gobernaron durante diez años, es necesaria una actitud conciliadora de parte y parte. Sin embargo, esa no parece ser la lógica que ahora mismo orienta a las organizaciones indígenas. Situadas en el punto extremo de pedir el retorno del subsidio como punto de partida de cualquier acercamiento, su posición no es la de quien cede y negocia, sino la de quien, de forma intransigente, quiere para sí todo lo que está en disputa. No solo eso. Hace pocas horas han privado de la libertad a varios policías y amenazan con aplicar justicia indígena. Los indígenas han pasado de la protesta y el reclamo a conductas delictivas.

En una situación como la descrita, el Gobierno de Ecuador no solo debe buscar la mediación de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o las universidades, sino también crear una estrategia de fina política en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En dicha operación se deberá evaluar si realmente todos los sectores que están agremiados ahí están en una posición francamente extremista, poco cívica y que compromete los intereses de todo un país o, si por el contrario, la actitud intransigente corresponde solamente a unos cuantos dirigentes con pretensiones electorales.

En vista de la evolución de la organización indígena durante los últimos años, da la impresión de que la segunda opción es la más cercana a la realidad. En todo caso, con miras a dicha operación política, al Gobierno no solo le favorece el advenimiento de un feriado nacional, sino también el respaldo de diferentes sectores sociales y, esencialmente, de las Fuerzas Armadas. De hecho, la sólida posición que han mantenido los militares en los últimos días debe ser asumida, casa adentro, como una forma de evidenciar al país de que efectivamente son demócratas y respetan el orden constituido.

En medio del conflicto y de las condenables violaciones de los derechos humanos que se han verificado, y para que el acuerdo llegue lo más pronto posible, el Gobierno tendrá que necesariamente ampliar el espectro de asuntos por negociar con las organizaciones sociales. En ese punto, seguramente muchas de las posibles reformas que iban a ser sometidas a la Asamblea Nacional quedarán truncadas o, al menos, modificadas de forma tal que resulten inviables en la práctica. Quizás también las cabezas de algunos ministros deberán rodar. Esos son los costos que tendrá que pagar el presidente Moreno, en parte, por sus desprolijidades, y, en parte, por la intransigencia de los movilizados. Peor aún, ese es el costo que tendrá que pagar el país por la década de desgobierno de las mentes lúcidas y las manos limpias. Sí, las mentes lúcidas que destruyeron la economía nacional. Sí, las manos limpias que ahora están entre barrotes o buscando el caos para evitar la posibilidad de terminar con sus huesos en el presidio.

Foto de  germunchis em Foter.com / CC BY-NC-SA

Desafío: la creciente división política

Por
Hugo Borsani
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A fines de la década de los ochenta, el sociólogo brasileño Sergio Abranches definió el sistema político de Brasil como “presidencialismo de coalición”, sintetizando una de sus características principales y que lo hacía sui géneris en relación con la mayoría de los regímenes presidencialistas, y con predominancia de Gobiernos de un solo partido. Esa peculiaridad del presidencialismo brasileño, Gobiernos integrados por más de un partido, respondía a la gran fragmentación del sistema político del país. Esta fragmentación se agudizó desde entonces y Brasil ha pasado de 18 partidos con al menos un diputado en 1998 a nada menos que 30 partidos en esas condiciones en la elección de 2018. Con esto también aumentó el número de partidos relevantes o efectivos. Pero ese aumento de la fragmentación política no es exclusivo de Brasil. Desde la última década del siglo pasado, en gran parte de las democracias de América Latina se registra un incremento de la fragmentación de sus sistemas políticos, aunque de menor magnitud que la observada en Brasil.

Argentina, Chile, Colombia, Perú, México y la tradicionalmente bipartidista Costa Rica han visto acrecentarse en las últimas décadas el número de partidos representados en el Legislativo, así como el número de partidos relevantes. Excepciones destacadas a ese proceso son Bolivia y Ecuador, cuyos sistemas políticos han caminado en los últimos años en sentido opuesto: hacia una menor fragmentación. Uruguay, uno de los países con un sistema político más estable de la región, y tres partidos notorios desde la redemocratización, probablemente incremente ese número en la elección de octubre de este año, y es un hecho que el próximo presidente no contará con mayoría absoluta en el Parlamento, como fue el caso de los últimos tres gobiernos del Frente Amplio.

Ese es precisamente uno de los principales efectos del aumento de la fragmentación política en regímenes presidencialistas con representación proporcional: una menor representación del partido del presidente en el Congreso, y con ello se incrementa, obviamente, la dificultad de la gestión de gobierno.

En Brasil, en 1998 el partido del presidente Henrique Cardoso, el PSDB, tenía el 19% de los diputados. Hoy, el PSL de Jair Bolsonaro tiene el 10% y es uno de los dos partidos con más representantes en la Cámara Baja. En Argentina, en la elección de 1995, el Partido Justicialista (Peronista) del presidente Carlos Menem tenía el 51% de los diputados. Veinte años después, en 2015, el partido del electo presidente Mauricio Macri, el PRO, abarcaba aproximadamente el 16% de la Cámara y su coalición electoral, Cambiemos, el 33%. El Partido Justicialista (aglutinado en el Frente para la Victoria), que continuaba siendo el principal partido político del país, veía reducir su representación a aproximadamente el 37% de las bancas. En Chile, la coalición vencedora en 1993, Concertación para la Democracia, conseguía aquel año el 58% de los diputados, y el partido del presidente Eduardo Frei, la Democracia Cristiana, el 30%. Veinticinco años después, la coalición de gobierno presidida por Sebastián Piñera, el Chile Vamos, cuenta con el 46% de los diputados y, el partido del presidente, Renovación Nacional, el 23%. En Colombia, con una histórica tradición bipartidista entre liberales y conservadores hasta comienzos de este siglo, el partido del presidente electo en 1994, el Partido Liberal, obtuvo el 54% de los diputados. En la actual legislatura, electa en 2018, el partido del presidente Iván Duque, el Centro Democrático y el segundo con mayor representación en la Cámara, cuenta con poco más del 18% de los diputados.

La tendencia predominante de las últimas décadas en gran parte de las democracias de América Latina»

Mayor fragmentación política y partidos del presidente con menos representación. Esa es la tendencia predominante de las últimas décadas en gran parte de las democracias de América Latina. No obstante, exceptuando Chile, con un sistema bien establecido de dos grandes coaliciones electorales y de gobierno (y, en cierta medida, la experiencia de la coalición Cambiemos en Argentina, pero minoritaria en el Parlamento), los gobernantes latinoamericanos se muestran poco dispuestos a formar coaliciones de gobierno o ampliar sus coaliciones electorales, o poco hábiles para gestionarlas eficazmente. En Brasil, la mala gestión de Dilma Rousseff de su amplia coalición de gobierno, o la negativa del actual presidente Bolsonaro a buscar una coalición con otros partidos, son dos ejemplos de ambas dificultades. La opción del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczinsky, o del actual presidente colombiano Duque, por gabinetes ministeriales minoritarios, conformados básicamente por miembros del partido de gobierno y ministros de perfil técnico no partidario, son otros dos ejemplos.

En sistemas presidencialistas, los gobernantes tienen mandato fijo y no precisan mayoría legislativa para mantenerse en el cargo durante todo el mandato, excepto cuando enfrentan procesos de impeachment. No obstante, la dificultad de aprobar las políticas de gobierno, especialmente las que implican reformas significativas, son mayores en situaciones de fuerte fragmentación política. En un reciente evento en la ciudad de San Pablo, el politólogo argentino Daniel Zovatto recordó que la mayoría de los presidentes latinoamericanos electos recientemente enfrentaron un rápido desgaste de su capital político por no contar con mayoría en el Parlamento y tuvieron consecuentes dificultades en la aprobación de reformas y la gobernabilidad.

La tendencia a una creciente fragmentación política —todo indica que continuará— requiere una gran capacidad de negociación por parte de los presidentes latinoamericanos con diferentes fuerzas políticas, incluyendo la capacidad de formar coaliciones de gobierno y una gestión eficaz de estas. Desafío complejo, pero cada vez más necesario, en el presidencialismo crecientemente multipartidario de las democracias latinoamericanas.

Foto de chavezcandanga en Foter.com / CC BY-NC-SA

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