A poco más de una semana del inicio de la operación militar estadounidense «Furia épica», las reacciones de las cancillerías de América Latina sobre este conflicto en el Golfo Pérsico no se hicieron esperar. Estos pronunciamientos en su conjunto, además de mostrar las acostumbradas divergencias diplomática, reconocen la incapacidad manifiesta de las organizaciones internacionales, ante un conflicto que solo se ha agudizado con el paso de los años.Además de los habituales llamados a la desescalada en las hostilidades, reiterar el respeto al derecho internacional y procurar la recuperación de los canales de negociación, se evidencia la precaria capacidad de gestión de la comunidad internacional frente a este tipo de conflictos, y sus hondas repercusiones mundiales.
Detrás de cada comunicado oficial hay mucho más que un mensaje protocolar. Las reacciones de América Latina al conflicto en el Golfo Pérsico reflejan también prioridades estratégicas, vínculos con potencias globales, dependencias energéticas e incluso afinidades ideológicas entre gobiernos. Todo esto ocurre además en un momento en el que la política exterior latinoamericana se desarrolla en medio de una creciente competencia entre grandes potencias y de un escenario internacional cada vez más fragmentado y en contingente redefinición.
Dada la características del conflicto, la creciente beligerancia militar de los EEUU, el intervencionismo internacional de la teocracia y las implicaciones globales que tendrá para la economía esta inestabilidad regional, es necesario también preguntarnos ¿qué representará este conflicto para las relaciones interamericanas? ¿qué alcances reales ha tenido la teocracia iraní en el desarrollo político y económico de nuestra región? ¿qué posición han tenido los gobiernos de América Latina, sobre un régimen criminal que masivamente ha violado los derechos de sus propios ciudadanos?
En este episodio vamos a analizar las principales declaraciones de las cancillerías de la región y el significado político que radica detrás de cada una de ellas.En este sentido, ¿qué revelan realmente las reacciones de América Latina al conflicto en el Golfo Pérsico sobre la política exterior de la región?¿América Latina tiene algún rol que desempeñar en este cambiante orden mundial?
La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y el posterior respaldo de Washington a un gobierno encabezado por la chavista Delcy Rodríguez no constituyen un simple episodio de política exterior.
La operación —que implicó el ingreso de efectivos norteamericanos en territorio venezolano y la “extracción” del mandatario desde su residencia— reconfiguró de manera abrupta el tablero regional y reveló que, más allá de la retórica sobre la democracia, las prioridades estratégicas de la administración de Donald Trump eran otras: el objetivo del gobierno estadounidense era colocar un gobierno títere que le permita controlar la producción y la venta de los hidrocarburos. Para ser más exactos, lo que le interesaba era cortar los flujos de petróleo venezolano a China.
Es notable que, ante este acontecimiento, los aplausos de la nueva derecha hayan sido muy superiores a las críticas. En realidad, se ha dicho muy poco sobre el hecho de que el chavismo permanece incólume y exhibe un grado de servilismo frente al poder extranjero digno de la peor derecha militar que gobernó en los años setenta del siglo pasado.
En paralelo, Trump pidió a México que dejara de suministrar petróleo a Cuba. Contra todo pronóstico, la presidenta Claudia Sheinbaum accedió, lo que provocó que el flujo de hidrocarburos hacia la isla caribeña se detuviera y se desatara una serie de problemas en el país. De manera inmediata, tal como ocurrió con Venezuela, una parte de la nueva derecha latinoamericana se deshizo en elogios hacia Trump, afirmando que con esta medida se colocaba el último clavo sobre el ataúd marchito del régimen castrista.
Pero también se ha reflexionado muy poco sobre la crisis humanitaria que Cuba ya estaba viviendo a raíz del bloqueo económico norteamericano, una situación que ahora se ve profundamente agravada por la falta de carburantes. No se puede poner en riesgo la vida de una población a la que se dice defender mediante una política de escasez atroz.
Por otro lado, en marzo de 2022, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, empezó a encarcelar a todas las personas sospechosas de pertenecer a pandillas como única forma de luchar contra las maras y la delincuencia en las calles. Más tarde se descubrió que su verdadero objetivo no era fortalecer el estado de derecho, sino instaurar una férrea dictadura que lo mantuviera en el poder ad infinitum. Hoy existe seguridad en las calles de El Salvador, pero a cambio se ha erigido una de las dictaduras más severas. Muchos líderes de la nueva derecha aplauden esta deriva autoritaria, pero pocos se preguntan si la ciudadanía debería ceder libertades y soberanía a cambio de seguridad.
Parece que se quiere creer que los títeres chavistas de Venezuela, la crisis humanitaria en Cuba y la dictadura de Bukele son meros episodios pasajeros, como si fueran el necesario ocaso que precede a las libertades plenes futuras. Se piensa que, una vez que Venezuela se estabilice y alcance la prosperidad soñada, llegará un paraíso de democracia; que, tras el colapso de la población cubana y la renuncia de los tiranos que la gobiernan, vendrán tiempos de paz y bondad; o que, cuando Bukele se canse de gobernar y el último pandillero se haya podrido en la cárcel, vendrán tiempos luminosos en los que brillará la libertad.
Lamentablemente, nada indica que esto vaya a suceder, ya que a Donald Trump le interesa muy poco proteger la democracia, en la que, de hecho, no cree. Este personaje no libra una guerra contra las dictaduras ni por el progreso de América Latina; su verdadera batalla es contra las megapotencias China y Rusia, que son lo que de verdad le preocupa.
Recientemente Trump convocó a los presidentes que considera afines a sus políticas. Entre los invitados se encontraron Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador y Rodrigo Paz de Bolivia. De esta reunión surgió el compromiso para reducir la influencia económica de China en América Latina. Sin embargo, no será fácil para la nueva derecha latinoamericana cumplir con esta promesa, dada la dificultad de prescindir de las inversiones chinas en la región, que alcanzaron los 600.000 millones de dólares en 2023.
Una cosa es aplaudir a Trump; otra, cumplir sus deseos.
Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas dejaron un mensaje político claro: Colombia entra en una nueva etapa de fragmentación y competencia abierta con estructuras políticas tradicionales. Más que una victoria absoluta de una fuerza específica, lo que muestran los resultados es un sistema político dividido en varios bloques con capacidad de influencia, donde ninguna fuerza logra imponerse por completo. Este escenario anticipa un Congreso complejo y un proceso presidencial en el que las alianzas serán determinantes.
Aumento de la fragmentación política
En primer lugar, el principal mensaje político de estas elecciones es la confirmación de un Congreso fragmentado. De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, el oficialista Pacto Histórico sería la fuerza más votada en el Senado con más de 4,4 millones de votos, seguido por el Centro Democrático del ex presidente Uribe con cerca de 3 millones, y luego por partidos como el Liberal, el Conservador, y el Partido Verde.
Sin embargo, ninguna de estas colectividades alcanza una mayoría única en el Congreso. Esta distribución confirma que el sistema político colombiano sigue transitando desde el esquema bipartidista que necesita de alianzas con los partidos tradicionales para alcanzar la gobernabilidad. Por lo cual, el próximo gobierno tendrá que construir coaliciones amplias para gobernar y sacar adelante sus reformas y evitar la parálisis que muchas veces se vivió durante este cuatrienio.
En segundo lugar, frente al Congreso anterior, el mapa político mantiene en términos generales la misma estructura. Las fuerzas progresistas mantienen un peso importante, especialmente con el Pacto Histórico como una de las bancadas más votadas, aumentando 5 curules de momento, lo que demuestra que el proyecto político que llevó a Gustavo Petro al poder conserva una base electoral significativa y reafirma la favorabilidad del mandatario.
A su vez, la derecha representada por el Centro Democrático logra mantenerse como una de las principales fuerzas del sistema, particularmente en regiones como Antioquia, donde obtuvo votaciones mayoritarias. Mientras tanto, los partidos tradicionales —Liberales, Conservadores y La U— siguen teniendo presencia suficiente para convertirse en actores bisagra dentro de la gobernabilidad del Congreso.
Gran expectativa despierta la postura que mantenga el Partido Alianza Verde, quién obtendrá 10 u 11 curules, ya que no tiene una tendencia ideológica clara y cuenta con candidatos que responden a estructuras políticas consolidadas en las regiones o que se han inclinado a partir de temas puntuales. Por lo tanto, la elección ha consolidado un sistema político de tres bloques: izquierda, derecha y centro ampliado que principalmente responde a las estructuras políticas regionales.
De cara a la elección presidencial
Las consultas interpartidistas reflejan, por otro lado, el panorama general de cara a las elecciones presidenciales. En la consulta de derecha se impuso la senadora Paloma Valencia; en la de ‘centro’ ganó la ex alcaldesa Claudia López; y en la consulta de ‘izquierda’ resultó vencedor Roy Barreras. Sin embargo, tanto López como Barrera no alcanzaron sus metas por lo cual deberán tomar definir sus posturas de cara a la primera vuelta.
Las consultas también evidencian el peso de las campañas mediáticas y de opinión. Un ejemplo claro fue el fenómeno alrededor del candidato de derecha Juan Daniel Oviedo, quien logró posicionarse como una figura competitiva dentro del escenario político, con una votación que sorprendió y que mostró la capacidad de movilización de candidaturas que se apoyan fuertemente en redes sociales y en discursos de renovación política. Este tipo de resultados revela que el electorado urbano y de opinión sigue teniendo un papel decisivo en la reconfiguración de liderazgos, algo que ya le había sucedido cuando fue candidato a la Alcaldía de Bogotá. Su participación en las elecciones de mayo dependerá de los acuerdos que logre con Paloma Valencia, líder del Centro Democrático a quién ya le ofreció acompañar como vicepresidente.
Abstención superior al 50 %
Otro dato relevante de la jornada electoral fue la baja participación. Las elecciones registraron altos niveles de abstención, superiores al 50 %, lo que vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas estructurales de la democracia colombiana: la distancia entre ciudadanía y la importancia de votar. Principalmente al Senado, que aún en las zonas apartadas es visto como una elección lejana. Este fenómeno no solo debilita la legitimidad de las instituciones, sino que también refuerza el peso de maquinarias políticas territoriales que logran movilizar electores en contextos de baja participación a cambio de transacciones económicas.
Desde una perspectiva estratégica, estos resultados anticipan un Congreso en el que el equilibrio de poder dependerá de las coaliciones. Esto implica que el próximo presidente necesitará negociar con partidos tradicionales y sectores independientes para construir mayorías legislativas. En ese sentido, el Congreso que surge de estas elecciones se perfila como un espacio de negociación permanente, donde los acuerdos políticos serán clave para la aprobación de reformas estructurales o una parálisis para cualquier sector.
Finalmente, el balance de estas elecciones muestra que Colombia continúa atravesando un proceso de transición política tendiente a la polarización a los extremos. Se castigaron las posiciones de centro. La llegada de nuevas fuerzas en los últimos años no ha eliminado a los partidos tradicionales, pero sí ha generado un sistema más competitivo y volátil. Además, Colombia sigue siendo un país políticamente segmentado por regiones, donde las dinámicas territoriales —liderazgos locales, estructuras políticas y agendas regionales— pueden pesar igual o más que los debates ideológicos.
En síntesis, las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas de 2026 no produjeron un ganador absoluto, sino un escenario político abierto que debe cerrar filas de cara a la primera vuelta. Sin embargo, las dos consultas han marcar una tendencia.
Dada la ventana de oportunidad que se abre para una eventual transición democrática en Venezuela y ante la demanda de elecciones generales para renovar todos los niveles de gobierno, es oportuno hacer un diagnóstico de las condiciones actuales del sistema electoral para identificar los cambios necesarios que garanticen elecciones libres, transparentes y democráticas.
El sistema electoral venezolano tiene sus bases en la Constitución de la República y leyes electorales, que establecen la forma en la que sus ciudadanos deben ejercer el derecho al sufragio activo y pasivo, los cargos a elegir y la periodicidad de los mismos, el calendario electoral, los requisitos de elegibilidad y las garantías que se deben cumplir en la organización de las elecciones y referendos, y los órganos de la administración electoral y de la jurisdicción contencioso electoral, entre los elementos más importantes.
Para la organización de las elecciones y referendos, el Poder Electoral, cuyo ente rector es el Consejo Nacional Electoral (CNE), automatizó el sistema de votación en 2004, incluyendo no solo la emisión del voto sino los actos de escrutinio y totalización. Sin embargo, la arquitectura del sistema electoral venezolano presenta una profunda paradoja técnica e institucional: cuenta con una plataforma tecnológica que ha sido calificada como una de las más avanzadas del mundo por su trazabilidad y seguridad, pero que opera dentro de un entorno institucional de desconfianza sistémica y falta de independencia.
La mayor fortaleza del proceso venezolano es su sistema de votación automatizado, que integra máquinas con pantalla táctil y un registro de auditoría en papel: las actas de escrutinio y el comprobante del voto impresos. Asimismo, incorpora el Sistema de Autenticación Integrado (SAI), que permite la identificación biométrica, con la finalidad de prevenir el sufragio múltiple, asegurando el principio de “una persona, un voto”.
Las garantías de este sistema automatizado permitieron a la oposición democrática articulada alrededor de la candidatura de Edmundo González demostrar el fraude masivo registrado el 28 de julio de 2024. Aunque el CNE anunció resultados falsos desconociendo la victoria de González, la oposición resguardó un gran porcentaje de las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación, y las digitalizó, procesó y publicó en apenas horas, dejando al descubierto el fraude.
Sin embargo, estas fortalezas no son suficientes en un contexto de cooptación del Poder Electoral. Como se evidenció en los procesos de 2024 y 2025, el CNE tiene la capacidad de sortear las garantías técnicas al negarse a publicar resultados desagregados por mesa de votación, amparándose en ataques cibernéticos no comprobados y cancelando auditorías vitales. La eliminación de mecanismos técnicos de seguridad, como el código QR en las actas impresas en las elecciones de 2025, demuestra que la tecnología, sin garantías políticas y supervisión independiente, no asegura resultados creíbles.
Para impulsar una elección democrática deben mitigarse los riesgos críticos que han erosionado la integridad del sufragio en la última década. Algunos de ellos son:
Sanciones administrativas para inhabilitar a candidatos. El riesgo predominante es la inseguridad jurídica. La Contraloría General de la República (CGR) ha despojado de derechos políticos a ciudadanos mediante procedimientos administrativos opacos, violando el mandato constitucional que exige una sentencia judicial firme para tales inhabilitaciones. A esto se suma la intervención judicial de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que limita arbitrariamente la oferta electoral.
Registro Electoral (RE) y exclusión de la diáspora. Aunque el Registro Electoral debería ser de carácter continuo, durante los últimos años se ha obstaculizado el registro y la actualización de los datos de los electores. Se estima un subregistro de entre dos y tres millones de jóvenes, aunque la exclusión más grave afecta a la diáspora: de los casi 8 millones de venezolanos en el exterior, solo 69.000 están habilitados para votar debido a requisitos de residencia legal excesivos no contemplados en la Constitución.
Equidad en la contienda. La competencia actual es incompatible con estándares internacionales debido al ventajismo oficialista. El uso sistemático de recursos del Estado, la hegemonía de medios públicos y la aplicación de leyes restrictivas (como la “Ley contra el Odio” y la “Ley Simón Bolívar”) generan una asimetría determinante que silencia a la oposición.
Irregularidades durante la jornada electoral. La presencia del Plan República genera un entorno militarizado que, en ocasiones, deriva en la restricción del acceso a testigos y observadores. Además, se han documentado prácticas de coacción social, abuso del voto asistido y compra de votos mediante beneficios económicos.
Cualquier convocatoria electoral que pretenda verdaderamente conducir a una transición democrática debe estar precedida por las siguientes reformas, categorizadas por su urgencia y profundidad:
Restablecimiento de la independencia del CNE y del Poder Judicial. Es imperativa una renovación institucional del CNE con rectores designados según lo establecido en la Constitución, garantizando una participación plural y transparente sin intervención discrecional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La despolitización de los órganos internos y de las Oficinas Regionales Electorales (ORE) es fundamental para romper la cadena de mando centralizada que resta autonomía a las juntas municipales y regionales electorales, que son los órganos subalternos del CNE, encargados de organizar los procesos electorales en sus respectivos ámbitos geográficos.
Garantías plenas de transparencia y verificabilidad. La ley debe exigir la publicación inmediata de resultados desagregados por mesa de votación en formatos abiertos. Es necesario restituir todas las auditorías postelectorales y reincorporar el código QR en las actas de escrutinio para garantizar la trazabilidad completa del proceso.
Reforma integral del Registro Electoral y voto en el exterior. El Registro Electoral debe transformarse en un sistema permanente de inscripción accesible en todo el territorio. El voto en el exterior debe ser reconocido como un derecho exigible, simplificando requisitos y ampliando los centros de votación bajo supervisión internacional.
Eliminación de inhabilitaciones y restauración de libertades. Se debe derogar la potestad de la Contraloría para inhabilitar candidaturas sin sentencia judicial firme y revisar las inhabilitaciones vigentes para restituir derechos políticos. Asimismo, es crucial el cese de la persecución política y la derogación de normas que incentivan la autocensura, garantizando la libertad de expresión, reunión y movilización.
Observación internacional independiente. Una elección creíble requiere la invitación sin condiciones a misiones calificadas (OEA, UE, Centro Carter y ONU) y la derogación de figuras restrictivas como la “veeduría” o “acompañamiento”, permitiendo el acceso irrestricto a todas las fases del ciclo electoral.
El sistema automatizado de votación y la identificación biométrica podrían mantenerse únicamente bajo condiciones de gobernanza democrática y control independiente. La biometría debe contar con garantías legales explícitas de no vinculación entre identidad y voto. Igualmente, la infraestructura logística del CNE es aprovechable solo si se asegura la neutralidad e imparcialidad política de su personal técnico.
Es pronto para saber si estamos a las puertas de una transición democrática, ya que, aunque ha habido muestras de que se está avanzando en esa dirección, quienes detentan el poder son los mismos que bajo la administración de Maduro. Así, no hay garantías de una democratización, pero hay que aprovechar la oportunidad que se presenta para exigir una apertura, la restitución de los derechos políticos y la mejora de las condiciones de competitividad electoral.
La integridad electoral es un concepto integral que requiere autoridades electorales independientes, profesionales y técnicas, un registro electoral inclusivo y un entorno de libertad política. Sin estas reformas estructurales previas, cualquier proceso comicial carecería de la legitimidad necesaria para estabilizar al país.
Perú ha tenido ocho presidentes en diez años. Ninguno de los elegidos en las urnas ha logrado terminar su mandato. El Congreso, la institución más desprestigiada del país (con un 93% de desaprobación), se ha convertido en el verdadero centro del poder. Y mientras la política es un ring de boxeo sin árbitro, la economía crece por encima del promedio regional. Esta combinación explosiva —caos político y estabilidad macroeconómica— no es una casualidad. Es el combustible de un proyecto que busca instalar en Perú algo inédito en el mundo: un autoritarismo de origen parlamentario.
No habrá golpe de Estado ni cierre del Congreso. Se trata de usar las instituciones democráticas para volverlas irreconocibles: habrá elecciones, partidos y debates, pero el poder real se concentrará en una coalición de partidos que, desde el Legislativo, ha capturado todos los contrapesos del Estado. El Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría, la Junta Nacional de Justicia… casi todo ha pasado a ser controlado por un grupo de partidos que, además, han blindado su propia impunidad.
La década que lo cambió todo
Perú no llegó a este punto de la noche a la mañana. La crisis actual tiene una fecha de inicio: 2016. Ese año, Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia por un estrecho margen, pero en el Congreso el fujimorismo obtuvo mayoría absoluta. Lo que siguió no fue una simple disputa entre poderes, sino una guerra de aniquilación. El Congreso utilizó todos los mecanismos a su alcance para bloquear al gobierno, hasta que Kuczynski renunció en 2018.
Le siguieron Martín Vizcarra (vacado en 2020), Manuel Merino (cinco días en el poder), Francisco Sagasti (presidente de transición) y, finalmente, la elección de Pedro Castillo en 2021. La victoria del maestro rural fue un terremoto político que tomó por sorpresa a todo el establishment. Demostró que, en un contexto de fragmentación extrema, el voto popular podía escapar al control de las élites tradicionales.
Esa lección no pasó inadvertida para la coalición de partidos que, aunque enfrentados entre sí, compartían el objetivo común de mantener el control del Estado. Comprendieron que podían detentar el poder incluso sin contar con respaldo popular, siempre que lograran concentrar suficientes facultades en el Legislativo para neutralizar al Ejecutivo.
El fallido autogolpe de Castillo, el 7 de diciembre de 2022, fue el catalizador perfecto. Detenido cuando intentaba huir, fue vacado inmediatamente por el Congreso. Pero la coalición no se conformó con reemplazarlo: capitalizó el momento para acelerar las reformas constitucionales que limitaran al Ejecutivo, blindaran al Congreso y designaran autoridades afines en organismos autónomos.
El pacto y la captura institucional
La sucesión de Dina Boluarte y la continuidad de la coalición parlamentaria —conocida en la prensa como el «pacto mafioso» que integran ocho partidos: Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular y Avanza País— demostraron que el centro de gravedad del poder se había desplazado definitivamente al Legislativo.
Este «pacto» no busca implementar un programa de gobierno, sino garantizar la impunidad de sus integrantes. Y para ello han utilizado sus facultades para controlar los contrapesos institucionales: designación de magistrados del Tribunal Constitucional en procesos opacos, elección de un Defensor del Pueblo con conflictos de interés, recorte de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia y destitución de fiscales clave que lideraban investigaciones de alto perfil.
La paradoja peruana
Aquí viene la pregunta del millón: si la política es un caos, ¿por qué la economía no se ha hundido? Entre 2016 y 2025, el PIB peruano solo cayó en 2020 (por la pandemia) y en 2023 (por El Niño). En 2025 creció un 3,2%, una de las cifras más altas de la región.
La respuesta tiene varios ingredientes. Primero, el Banco Central de Reserva y su presidente, Julio Velarde, veinte años en el cargo, ratificado por diez presidentes distintos. Su autonomía ha mantenido la inflación bajo control. Segundo, el superciclo de precios de los metales: Perú vive del cobre, y los precios internacionales se mantuvieron altos impulsados por la demanda china. Tercero, la inversión extranjera, especialmente china, con megaproyectos como el puerto de Chancay. Cuarto, y quizás más importante, la informalidad: el 75% de los trabajadores peruanos son informales, lo que ha funcionado como amortiguador social.
Esta combinación ha creado un «desacople» entre economía y política. Y ese desacople es el mejor aliado de la coalición autoritaria. Puede gobernar mal, puede ser corrupta, puede capturar instituciones, pero mientras la macroeconomía se sostenga sola, el castigo electoral no será inmediato.
El plan maestro
La pieza central de esta arquitectura es el retorno a la bicameralidad mediante una reforma promulgada en marzo de 2024, que modificó 53 artículos de la Constitución y entrará en vigor tras las elecciones del 12 de abril de 2026. Pero la nueva configuración no restablece el equilibrio del pasado: crea un Senado con poderes hipertrofiados, un «Súper Senado» que no puede ser disuelto por el presidente y que tiene la última palabra en la aprobación de las leyes, sin mecanismo de reenvío ni comisión conciliadora. El titular del Poder Ejecutivo queda reducido a una figura decorativa, mientras el poder real se ejerce desde el Parlamento.
La función más crítica del Senado reside en su potestad exclusiva para designar a los titulares de los organismos autónomos clave: Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional, Contralor, miembros del Directorio del Banco Central, Superintendente de Banca y miembros de la Junta Nacional de Justicia. En la práctica, la coalición que controle el Senado controlará todo el aparato del Estado.
Paralelamente, la misma coalición ha modificado las reglas electorales: redujo los requisitos para la inscripción de nuevos partidos (para las elecciones de 2026 se presentan 36 candidaturas presidenciales), reintrodujo la reelección inmediata de congresistas (cerca del 70% de los actuales postulan a la reelección) y aprobó leyes que buscan otorgar impunidad a sus miembros.
Con 36 candidatos presidenciales, es muy probable que ninguna fórmula obtenga la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta. En este escenario, la clave del poder político se centra en la elección de los senadores. Cualquier presidente que resulte elegido lo hará sin una bancada propia en el Senado. La vacancia presidencial por «incapacidad moral» seguirá siendo la espada de Damocles.
Las grietas del proyecto
Ningún proyecto político, por más perfecto que parezca sobre el papel, está libre de fracturas. El «pacto mafioso» no es un monolito. Son ocho partidos con intereses y liderazgos distintos, a menudo contrapuestos.
La imprevisibilidad del electorado es otra grieta. Con un Congreso que tiene 93% de desaprobación, el «voto de castigo» puede concentrarse paradójicamente en figuras outsider que prometan «limpiar la casa», como ocurrió con Alberto Fujimori en 1990 o Pedro Castillo en 2021.
El riesgo de estallido social tampoco puede descartarse. Las masivas movilizaciones que forzaron la renuncia de Manuel Merino en 2020 y las protestas posteriores a la asunción de Dina Boluarte, que dejaron decenas de fallecidos, son un recordatorio de que la tolerancia social tiene límites.
Conclusión
Perú no se encamina hacia una dictadura clásica, con tanques y toques de queda. Se dirige hacia algo más sutil y, quizás, más perverso: un régimen que mantiene las formas democráticas pero vacía su contenido. Un autoritarismo ejercido no por un caudillo, sino por una coalición de partidos que, desde el Senado, controlará todas las palancas del Estado.
En las últimas semanas, Perú ha encendido alarmas en toda la Región por una convergencia de decisiones políticas y judiciales que ponen en entredicho los derechos más básicos de niñas y mujeres. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el panorama resulta especialmente preocupante: desde la obstaculización del acceso al aborto legal en caso de violación, hasta el reconocimiento judicial de prácticas reproductivas sin una regulación clara, en medio de persistentes violencias físicas y exclusiones educativas.
Tras años de inestabilidad política, cambios presidenciales sucesivos y una profunda crisis de representación, el actual Congreso se ha convertido en un escenario donde las agendas conservadoras han ganado una decisiva influencia. En ese clima de fragmentación institucional y debilitamiento del debate público, las políticas vinculadas a género y derechos reproductivos se han transformado en terreno fértil para la polarización.
Lo que verdaderamente importa aquí es que lo que está en discusión no es únicamente la aplicación de una norma específica, sino la elección del modelo de un Estado que garantice derechos conforme a estándares internacionales o uno que subordine esas garantías a convicciones religiosas y cálculos electorales.
Aborto terapéutico: derecho legal, acceso negado
Aunque el aborto terapéutico está legalmente permitido en Perú desde 1924 cuando la gestación representa un riesgo grave para la vida o la salud de la persona gestante, en la práctica miles de niñas víctimas de violencia sexual no acceden a este derecho básico. Un informe reciente reveló que desde 2014 hasta 2023 más de 2.600 niñas menores de 15 años víctimas de violación no recibieron la intervención pese a que estaba legalmente autorizada.
A esto se suma un grave episodio político: la congresista Milagros Jáuregui, figura del ultraconservador partido Renovación Popular, fue acusada de exhibir públicamente a niñas con sus bebés en eventos organizados por su refugio, como si eso fuese un mérito. Feministas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas acciones revictimizan a niñas violentadas y reflejan cómo el discurso religioso y moral se infiltra en la toma de decisiones sobre cuerpos ajenos.
En medio de este debate, la candidata presidencial Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, generó una ola de indignación con unas declaraciones que revelan cómo la cuestión de los derechos reproductivos se vuelve también un tema electoral. En una entrevista televisiva, Fujimori afirmó que, ante un caso hipotético de violación sexual a una de sus propias hijas, les diría que “tengan al bebé”, y reiteró que solo apoyaría el aborto cuando la vida de la madre esté en riesgo, rechazando su aplicación en casos de violación.
Este pronunciamiento, que expone su postura ultraconservadora frente a los derechos sexuales y reproductivos, es señal de peligro, dado que se trata de una aspirante a la presidencia que está buscando claramente cambiar el rumbo de políticas dirigidas a proteger a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual.
Gestación subrogada: un vacío legal con impacto real
En paralelo, el Tribunal Constitucional de Perú emitió un fallo a finales del año pasado que reconoce la filiación de una menor nacida mediante la llamada gestación subrogada y que ordena corregir su acta de nacimiento, abriendo una brecha para la discusión legal de esta práctica en un país donde no existe una regulación clara que proteja derechos reproductivos, ni a las madres gestantes ni a los niños nacidos bajo estas técnicas.
La decisión ha sido interpretada por algunos juristas no como una aprobación total de la subrogación, sino como un llamado a legislar para proteger “el interés superior del niño” y evitar vacíos que expongan a menores y familias a inseguridad jurídica. Sin embargo, este limbo legal plantea desafíos éticos y sociales, ya que, mientras que algunos sectores abogan por su regulación como parte de los derechos reproductivos, las feministas alertamos sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres y la falta de protecciones específicas en un país sin marco normativo adecuado.
Violencia y desigualdad estructural
Pero los problemas no terminan en hospitales y tribunales. Las cifras oficiales muestran que Perú registra unos niveles altísimos de violencia de género, con más de 168.000 casos de violencia contra mujeres y grupos vulnerables, incluidos miles de casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Esta violencia también se expresa en barreras a su derecho a la educación y la autonomía personal.
Hablar de derechos reproductivos en Perú también es hablar de desigualdad económica. En un país donde más del 70% del empleo es informal y la pobreza golpea con mayor fuerza a mujeres y niñas en zonas rurales e indígenas, las decisiones sobre la maternidad están profundamente condicionadas por precariedad, falta de servicios públicos y brechas educativas persistentes.
Por ello, cuando el Estado limita el acceso a la interrupción legal del embarazo o posterga la regulación de prácticas como la gestación subrogada, no lo hace en un vacío neutral, sino en un contexto en el que las mujeres con menos recursos son quienes cargan con las consecuencias más duras. La autonomía reproductiva, en ese sentido, no es solo un debate moral o jurídico, sino, además, una cuestión de justicia económica y distribución de poder.
¿Retroceso o punto de inflexión?
Perú ha sido condenado repetidamente por órganos de la ONU por violar los derechos de niñas embarazadas producto de violencia sexual, incluido el Caso Camila, una niña indígena de 13 años a la que no se garantizó acceso a un aborto seguro pese a estar dentro de los supuestos legales. Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que el Estado peruano sigue sin poner en marcha cambios sustantivos pese a estas sanciones y recomendaciones internacionales.
El caso peruano expone un choque dramático porque, frente a estos ataques a los derechos humanos de las niñas y mujeres, el Estado enfrenta demandas internacionales, la indignación de la sociedad civil y una opinión pública mayoritariamente favorable a respetar los derechos reproductivos básicos.
En efecto, pese a la resistencia institucional, algunas encuestas realizadas en 2024 indicaron que hasta el 74% de peruanos respalda que niñas víctimas de violación puedan acceder al aborto terapéutico, mostrando una clara desconexión entre el clamor popular y la acción política. A pesar de ello, algunos sectores políticos y religiosos tratan de imponer un marco jurídico que restringe derechos ya ganados, mientras se abren puertas legales inquietantes en áreas como el alquiler de vientres, una industria que se ceba básicamente sobre las mujeres más pobres.
Lo que está en juego, entonces, no es solo una cuestión de política pública, sino de dignidad, autonomía y justicia para quienes históricamente han sido marginadas de sus cuerpos y sus historias. El desafío para Perú y la región es claro: consolidar derechos, no revocarlos.
En enero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, pronunció un discurso ampliamente elogiado en Davos, que muchos interpretaron como una luz de esperanza ante un orden internacional basado en la ruptura de reglas. El discurso fue especialmente bien recibido por los analistas de asuntos exteriores, entre otras cosas porque Carney se basó en lecciones de Tucídides y Václav Havel, vinculando las perspectivas históricas sobre el poder, la opresión y el conformismo con los desafíos contemporáneos. En él, instó a las potencias intermedias como Canadá a actuar con mayor honestidad y coherencia, aplicando los mismos estándares a aliados y rivales para que los estados puedan coexistir en un orden que realmente funcione como se anuncia.
El discurso de Davos generó grandes expectativas. Sin embargo, estas se están desvaneciendo a medida que el gobierno de Carney duda en enviar una ayuda considerable al pueblo cubano y en denunciar las recientes medidas coercitivas ilegales impuestas por Estados Unidos.
Hasta el momento, las autoridades canadienses se han comprometido a enviar 8 millones de dólares adicionales, que se canalizarán a través de organizaciones internacionales de ayuda que operan en Cuba. Esto representa un compromiso modesto e indirecto, especialmente en comparación con las iniciativas de otros países. México ha enviado más de 2000 toneladas de ayuda humanitaria directa mientras continúa las conversaciones diplomáticas para reanudar el suministro de petróleo, y se informa que otros países del Sur Global están preparando respuestas similares y más tangibles.
Esto ocurre a pesar de que Canadá es uno de los mayores contribuyentes humanitarios del mundo y uno de los mayores productores de petróleo. También a pesar de los vínculos históricos y económicos del país con Cuba. Canadá fue uno de los pocos aliados de Estados Unidos que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba tras la Revolución de 1959. Cuba es también el principal mercado de Canadá en el Caribe, y Canadá es la mayor fuente de turistas del país, así como su segunda fuente de inversión directa.
Tres mecanismos causales superpuestos ayudan a explicar esta brecha entre la retórica y la política en el caso de Cuba.
En primer lugar, las restricciones internacionales son significativas. Al igual que otras potencias intermedias, la libertad de Canadá para actuar en abierto desafío a la potencia hegemónica regional está estrictamente limitada. Esto es especialmente cierto dados los duraderos vínculos económicos y de seguridad de Canadá con Estados Unidos, que es poco probable que cambien a corto plazo. Estos vínculos exponen a Canadá a un alto riesgo de represalias estadounidenses si decide ayudar a Cuba. Por ejemplo, las principales compañías petroleras canadienses también operan en Estados Unidos y podrían ser vulnerables a sanciones secundarias.
En segundo lugar, la política interna influye en las decisiones de política exterior. Contrariamente a los supuestos simplificados de la teoría clásica de las relaciones internacionales, el comportamiento del Estado no solo está determinado por incentivos sistémicos, sino también por los electorados nacionales y la relevancia de los temas. En Canadá, actualmente, no existe un amplio movimiento público que exija una ayuda gubernamental sólida a Cuba. En cambio, electorados mucho más numerosos y activos, movilizados en apoyo a Ucrania, han contribuido a mantener la relevancia política y la prioridad administrativa de la asistencia a ese país.
En tercer lugar, las preferencias institucionales son importantes. Los diplomáticos de Asuntos Globales de Canadá, el ministerio federal encargado de los asuntos exteriores de Canadá, han favorecido durante mucho tiempo lo que consideran un enfoque pragmático hacia La Habana. Esta postura ayuda a explicar la reiterada reticencia de Ottawa a brindar asistencia directa y de alto perfil durante situaciones de escasez o crisis agudas, como se vio cuando Canadá no intervino durante la crisis del apagón eléctrico en Cuba en 2024. Por otro lado, este mismo enfoque también ha llevado a Canadá a ser menos franco sobre temas políticos en Cuba, a diferencia de su postura más firme hacia la Venezuela de Maduro o la Nicaragua de Ortega.
En conjunto, este enfoque ha permitido, en general, a Canadá mantener un nivel básico de interacción diplomática, al tiempo que salvaguarda sus intereses económicos y estratégicos. Con el tiempo, esta postura se ha institucionalizado parcialmente en Asuntos Globales de Canadá y se considera la línea política más viable y sostenible.
En los últimos años, Canadá ha preferido enviar asistencia a Cuba a través de organizaciones internacionales de ayuda, pero es poco probable que estos esfuerzos sean eficaces o sostenibles dada la magnitud de las necesidades humanitarias que el país podría enfrentar. Actualmente, las aerolíneas canadienses han suspendido sus vuelos a Cuba hasta nuevo aviso, y el gobierno ha recomendado a los canadienses que viajan allí que regresen a casa. Aún no está claro si Canadá desarrollará una estrategia para apoyar a la población cubana. Si bien enfrenta sus propias limitaciones, es más probable que los líderes de países del Sur Global como México, China y Brasil tomen medidas al respecto.
El resultado es doble. El gobierno de Carney no solo no está a la altura de los valores que promovió a nivel mundial, sino que la comunidad internacional también aplaudió un discurso de Davos que fue a la vez contradictorio y algo ingenuo. En ocasiones, Carney fue realista e incisivo, exponiendo las debilidades del orden basado en normas liderado por Estados Unidos y su funcionamiento. Sin embargo, en momentos clave, Carney sugirió que Canadá aún apoyaba esas normas y estaba dispuesto a defenderlas mediante un enfoque más honesto y equitativo. En este caso, la tensión entre el diagnóstico y la prescripción nunca se resolvió.
Esta contradicción en el discurso de Davos de Carney es de particular importancia. Si se deja claro que la orden se aplica de forma selectiva, reafirmar el compromiso con sus normas y reglas clave sin abordar los factores estructurales internacionales, nacionales e institucionales que sustentan esta selectividad corre el riesgo de afianzar las mismas inconsistencias que expuso.
En este sentido, el discurso reflejó un patrón habitual en la política exterior canadiense: franqueza retórica sobre las desigualdades globales, combinada con una reticencia pragmática a cuestionarlas cuando hacerlo conlleva costos materiales o diplomáticos.
América Latina y el Caribe es una región atravesada por múltiples transiciones. Aunque el término ha sido utilizado sobre todo para hablar de las transiciones hacia la democracia, hoy la noción va mucho más allá de lo político. Se habla de transiciones energéticas, ecosociales, urbanas y digitales, entre otras, para subrayar que el cambio no supone únicamente nuevos recursos o tecnologías, sino también la transformación de modelos productivos, patrones de consumo y visiones de mundo. En la región más desigual del planeta, una expresión que ha adquirido creciente notoriedad y urgencia es la de transición justa. Y es que el 10 % más rico concentra el 77 % de la riqueza regional, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En este contexto, cualquier proceso de cambio enfrenta un desafío central: que la transición no profundice las brechas históricas, sino que abra el camino hacia una transformación verdaderamente equitativa.
¿Por qué hablar de transiciones justas hoy?
La crisis climática que estamos enfrentando es también una crisis de desigualdad. Las personas superricas y las grandes corporaciones contribuyen de forma desproporcionada al calentamiento global debido a sus elevados niveles de emisiones y a su poder económico y político, según un informe de Oxfam (2025). De hecho, el 86% del 0,1% de las personas más ricas del planeta residen en el Norte Global. Mientras que el cambio climático afecta sobre todo a los países del Sur y a colectivos tradicionalmente vulnerabilizados como indígenas, afrodescendientes y mujeres. Por ello, la crisis climática actúa como multiplicador de desigualdades.
Frente a este escenario, es urgente articular saberes diversos y repensar la organización de nuestras sociedades dentro de los límites planetarios. Aunque muchos sectores sostienen que la transición energética y el llamado capitalismo verde ofrecerían una solución integral, lo cierto es que, bajo estas etiquetas, gobiernos y empresas, especialmente del Norte Global, impulsan una nueva carrera por tierras raras, minerales estratégicos y energías renovables para producir baterías, vehículos eléctricos y abastecer tecnologías como la inteligencia artificial.
No obstante, la paradoja es evidente: la fabricación de estas soluciones “verdes” exige enormes cantidades de energía y minerales extraídos en el Sur Global, lo que intensifica impactos y conflictos socioambientales, mientras reproduce dependencias históricas. Lejos de superar las asimetrías, las actuales propuestas de transición energética, tal como están siendo implementadas, tienden a profundizar desigualdades y a consolidar nuevas formas de colonialismo verde.
En un contexto de tensiones geopolíticas y competencia por recursos estratégicos, América Latina, rica en litio, petróleo, cobre y tierras raras, se convierte en territorio de disputa entre grandes potencias, además de reafirmar su inserción periférica como exportadora de recursos naturales hacia China y Estados Unidos. De forma premonitoria, la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela y el control de las reservas petroleras del país, en flagrante violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional, establece un precedente preocupante para la región.
Por otro lado, a pesar de los graves efectos de la crisis climática, persisten el negacionismo, la desinformación y diversos esfuerzos orientados a retrasar o impedir la adopción de medidas efectivas contra el calentamiento global. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y los procesos de desregulación ambiental y climática promovidos por países como India, Argentina o Ecuador ponen en riesgo los avances ecológicos alcanzados durante las últimas décadas. Para evitar una catástrofe mayor, es imprescindible impulsar una transición hacia un modelo económico, político y social verdaderamente sostenible.
Implicaciones de una transición justa en América Latina y el Caribe
El concepto de “transición justa” es deudor de las luchas del movimiento obrero y surgió en la década de 1980, cuando sindicatos estadounidenses de industrias dependientes de los combustibles fósiles lo emplearon para defender a trabajadores que estaban siendo afectados o que estaban perdiendo sus empleos debido a nuevas regulaciones ambientales. La noción hace hincapié en la necesidad de considerar quién gana y quién pierde en un proceso de transición, así como cuáles son los beneficios e impactos negativos generados por este proceso.
En los últimos años, el concepto ha adquirido centralidad en el debate climático global, destacando que el camino hacia la descarbonización debe situar en el centro a toda la sociedad: comunidades, trabajadores y grupos históricamente vulnerabilizados. Aunque su interpretación varía según el país o la región, el principio es claro: ningún proceso de transformación será legítimo si deja a sectores enteros atrás.
En América Latina y el Caribe, abordar la crisis climática y concretar la transición hacia una economía sostenible y baja en carbono requerirá inversiones anuales de entre US$ 470.000 millones y US$ 1,3 billones (equivalentes a entre el 7 % y 19 % del PIB regional) en infraestructura y gasto social, lo cual tendrá profundas implicaciones económicas y sociales. Entre otros efectos, implicará el cierre de empresas vinculadas a los combustibles fósiles, cambios geográficos en los patrones de producción y pérdidas de empleo en algunos sectores, al tiempo que generará nuevas oportunidades en áreas como las energías renovables. Asimismo, exigirá mayores niveles de capacitación y el desarrollo de nuevas competencias por parte de los trabajadores.
El abandono de los combustibles fósiles tendrá también efectos en la infraestructura regional y en los sistemas productivos, así como en el costo de vida, debido al posible aumento de los precios de los alimentos y del transporte. Al mismo tiempo, reducirá los ingresos fiscales disponibles para financiar inversiones sociales, lo que plantea desafíos adicionales para los Estados.
En este contexto, los países de la región deben garantizar que estos procesos sean planificados de manera adecuada, participativa y justa, y que sus beneficios se distribuyan equitativamente. Paralelamente, es clave prevenir sus impactos negativos y adoptar medidas para mitigarlos y compensarlos mediante políticas de protección social, redistribución y empleo, especialmente dirigidas a los hogares de menores ingresos y a los grupos históricamente marginados.
Lejos de ser solo un ideal, existen propuestas concretas surgidas en América Latina y el Caribe. Una de ellas es el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que sostiene que una verdadera transición no debe ser únicamente energética o tecnológica, sino una transformación integral del régimen socioecológico que busque garantizar condiciones de vida digna, poniendo en el centro la justicia social y el combate a las desigualdades. Sin ello, la transición no sólo será incompleta, sino también ineficaz.
Las elecciones se tienen que cuidar, se tienen que defender y, lo más importante, sus resultados se deben respetar como hasta ahora ha pasado. Si bien líneas como estas no deberían ser necesarias en un país democrático como Colombia, el nivel de visceralidad que ha tomado el debate político desde todos los frentes —incluyendo los institucionales— y las amenazas directas a las convocatorias a urnas por parte de los grupos criminales que se niegan a dejar el narcotráfico y otras fuentes ilegales, obligan a insistir en ellas.
Los organismos electorales están siendo objeto de ataques desde orillas diversas, con insinuaciones de una supuesta intención de interferir en los resultados que saldrán de las votaciones del 8 de marzo (Congreso y consultas) y del 31 de mayo (Presidencia). Incluso se han llegado a cuestionar los mecanismos de transparencia que se están aplicando, pese a que se calcula que habrá más de seis millones de testigos electorales y vigilancia directa de unos 150 observadores internacionales, incluidas la Unión Europea y el Centro Carter de Estados Unidos.
Sería ridículo afirmar que nuestro sistema electoral no tiene muchas cosas por mejorar. Por ejemplo, la falta de legitimidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo de carácter partidista que surge de postulaciones y votaciones de los congresistas. Ello hace que sus decisiones —todas de carácter administrativo— siempre tengan una carga de intereses detrás, y cómo los intentos por reformarlo fracasan legislatura tras legislatura por esa misma razón. Males adicionales han sido imposibles de erradicar, como el trasteo de votos, el clientelismo o la coerción violenta, por mencionar algunos.
Ese sistema imperfecto por muchos años ha entregado, empero, resultados aceptados por todos, con correcciones en el camino cuando se han detectado problemas, y esos resultados han mantenido nuestra democracia funcionando. Hace cuatro años nomás, ese mismo sistema imperfecto permitió una transición significativa del poder para llevar al primer gobierno de izquierda revolucionaria a la Casa de Nariño. Un gobierno al cual ahora parecerían estorbarle esos procedimientos que lo llevaron al poder.
Por más que legítimamente se aspire a la continuidad inmediata de ese proyecto de izquierda hoy en el poder, o que otro de derechas quiera recuperar los espacios perdidos en urnas hace cuatro años, esa operatividad electoral que ha sostenido nuestra democracia debe cuidarse. Las oportunidades de mejora no van a surgir de la eliminación del contrario, sino desde la defensa de la democracia misma.
Por eso, justo ahora que el país asiste a una reconfiguración de su mapa político y que la ilegalidad ha ganado terreno al punto de generar riesgos electorales en más de 700 municipios, cobra vigencia lo que recientemente dijo el registrador Nacional, Hernán Penagos, al periódico El Espectador: “No hay norma en Colombia que pueda lograr que se suspendan o cancelen las elecciones nacionales; por ningún motivo, ni de orden público, ni circunstancias derivadas con emergencias de una u otra naturaleza. (…) Se elegirá a un nuevo Congreso y a un nuevo presidente con transparencia e integridad”.
Así debe ser. Los ojos del país están con razón sobre la Registraduría y el CNE porque de su idoneidad dependerá en gran parte la tranquilidad democrática que se requiere para que la tradicional sucesión del poder los 7 de agosto cada cuatro años se siga dando sin contratiempos. Pero pasar de ahí a lanzar sospechas sin fundamento fáctico para dejar en el aire la idea de que se está orquestando un fraude mayor es una irresponsabilidad enorme. Nos negamos a aceptar que, como hay quienes lo advierten, esta sea, además, una estrategia planeada para desconocer después los resultados.
La ciudadanía debe estar segura de que su Estado, el que permite que como país funcionemos, tiene la suficiente madurez para sortear tanto caudillismo y populismo en esta que tal vez vaya a ser la campaña más polarizante de las últimas décadas. No juguemos con nuestras elecciones, pilar central de nuestra democracia que nos ha permitido tener una serena transición del poder cada cuatro años. Respetando sus resultados, el perfeccionamiento del sistema es todavía posible. Sin reconocerlos, moriría nuestro sistema democrático.
Con la captura de Nicolás Maduro resulta pertinente preguntarnos si este es el fin de los años salvajes del populismo de izquierda iniciado a principios de este siglo. La pregunta es obligada, entre otras cosas, porque esta ola comenzó con un discurso anti estadounidense, anti globalización y anti neoliberal: el de Hugo Chávez.
A partir de esas directrices surgió lo que se denominó como el socialismo del siglo XXI, una ola de populismos de izquierda que, de manera general, estuvo marcado por un conjunto de discursos y políticas sociales que se presentaron como alternativas progresistas a las desigualdades producidas por prácticas neoliberales implementadas en la región hacia finales del siglo XX.
Para cumplir su promesa de igualdad social y radicalización de la democracia, esta forma de populismo se basó en liderazgos personalistas que creyeron encarnar la voluntad popular con un discurso de polarización moral que dividió a la sociedad entre pueblo y élite, algo que también está presente en el discurso de líderes populistas de extrema derecha. A esto se sumaron programas sociales para la redistribución de la riqueza y la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana.
Si bien esta corriente populista, también denominada en su momento como “marea rosa”, tuvo sus avances y retrocesos en la región, sus efectos, tanto teóricos como prácticos en este primer cuarto de siglo han sido intensos en América Latinay a nivel global. Por ello, no sería exagerado afirmar que hemos sido testigos de los años salvajes del populismo de izquierda.
En la práctica, los triunfos electorales convirtieron a estos movimientos en una fuerza social que generó una vorágine de disputas, ataques, polémicas y discursos políticos, académicos y cotidianos. En su dimensión teórica, el análisis de este populismo nos ha dejado defensas grandilocuentes, diversidad de definiciones, aproximaciones teóricas heterogéneas, datos duros para defenderlo o criticarlo y una que otra mirada conciliadora.
Al centro de esta vorágine populista, se encuentra el debate sobre su relación con la democracia: hay quienes están convencidos de que el populismo de izquierda es una clara amenaza para la democracia, mientras que para otros expresa tanto la promesa de inclusión de los sectores populares como la fragilidad de las instituciones democráticas.
Si bien puede haber un amplio espectro entre uno y otro polo, esta oleada de izquierda nos enseña que el populismo, sea de un lado o del otro, no puede ser concebido como una anomalía, como algo que no existiría si la democracia “funcionara bien”. Por el contrario, lo intenso del debate y su penetración social revela que el populismo -en sus diferentes rostros- es una de las gramáticas recurrentes de la historia política de América Latina. De tal suerte que, por su paso arrollador y carácter polarizador, lo mismo en las aulas universitarias que en las conversaciones callejeras, parece obligado hacer un balance crítico de los yerros quehan conducido a este populismo de izquierda hacia callejones sin salida.
En el caso de Bolivia se desarrolló un movimiento populista, el MAS liderado inicialmente por Evo Morales, que reivindicó la necesaria inclusión simbólica y política de sectores históricamente marginados, uno de los rasgos positivos del populismo. Sin embargo, este ejemplo reveló una de las principales debilidades del populismo de izquierda: la excesiva dependencia hacia la figura del líder y la dificultad de distinguir entre proyectos personalistas y democráticos.
En México, si bien podemos hablar de un populismo de izquierda decididamente redistributivo y respetuoso de algunas reglas del juego democrático, la construcción moral de un “pueblo bueno” y sus “enemigos” mostró que, si bien no destruye la democracia, la desgasta a través de polarizar a la sociedad y generar tensiones entre el gobierno y organismos autónomos, prensa y sociedad civil, algo que también se observa en los actuales populismos de extrema derecha.
Venezuela quizá sea, por haber mostrado el camino a los demás países latinoamericanos, el modelo arquetípico. Si bien comenzó con una narrativa de “democracia participativa” que cimbró sus engranes políticos y sociales -al menos esbozando que la promesa de transformar a la democracia podía ser real-, ese mismo discurso terminó por justificar la concentración progresiva del poder.
El populismo de izquierda tiene la cualidad de interpelar a la democracia, pues la obliga a revisar quiénes son reconocidos como parte del pueblo y quiénes quedan fuera de su promesa de igualdad. Sin embargo, estos movimientos populistas terminaron creando sus propias condiciones paradójica, ya que bien mantenían intactas las estructuras y lo encubrían con un discurso moralizante, o bien revelaban su incapacidad para darle espacio en lo político a quienes dicen representar.
Esta condición paradójica del populismo de izquierda en el poder nos obliga a preguntarnos si éste ha agotado su capacidad para ofrecer igualdad y futuro o si será capaz de rehacerse sin devorarse a sí mismo.
Si hay algo que nos dejan estos años salvajes del populismo de izquierda, al igual que los de derecha, es que son un reflejo de la profunda crisis política en que vivimos. Por lo tanto, si estos no pueden mantener su promesa de mejorar la democracia ¿qué deberíamos hacer?
